BRASIL.

 

El desgaste de la imagen de los 

militares

Por Eric Nepomuceno, Resumen Latinoamericano, 22 de abril de 2022.

Foto: Jair Bolsonaro, junto con los militares Hamilton Mourao y Braga Neto. Créditos: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil]

Desde la redemocratización de Brasil, en 1985, luego de 21 años de rigurosa dictadura militar apoyada por amplios sectores del empresariado y de los medios de comunicación, la imagen de las Fuerzas Armadas fue siendo reconstruida de manera lenta pero constante y firme.

Hubo un solo momento en que esa imagen sufrió un desgaste específico. Fue en 2018, cuando el entonces comandante en jefe del Ejército, general Eduardo Villas-Boas, presionó de manera clara y contundente a los integrantes del Supremo Tribunal Federal, en vísperas de la votación de un pedido de hábeas corpus por parte de la defensa del expresidente Lula da Silva, quien se encontraba preso.

La manifestación de un jefe militar sobre cuestiones que deberían ser restringidas a la Justicia es algo inadmisible en una democracia. Las palabras del general Villas-Boas causaron impacto en la sociedad, ya entonces dividida entre los derechistas, que apoyaban al actual presidente Jair Bolsonaro, y los demócratas, tanto progresistas como conservadores.

Fue, vale reiterar, un acontecimiento aislado, y muchos analistas y observadores entendieron el mensaje del militar como una especie de venganza contra Lula y el Partido de los Trabajadores, a raíz de la instalación, durante  la presidencia de Dilma Rousseff, de la “Comisión de la Verdad”, que denunció un aluvión de casos de tortura, violación, asesinatos y “desapariciones” durante la dictadura.

Al omitirse y mantener a Lula en la cárcel, los integrantes de la corte suprema de Justicia colaboraron para la victoria de Bolsonaro.

Ya en la campaña electoral de 2018 el claro respaldo de militares retirados y algunos en activo a Bolsonaro llamó la atención. En ninguna de las elecciones anteriores las casernas se manifestaron.

Una vez iniciado su mandato, el primer día de 2019, el nuevo presidente esparció militares activos y retirados por todo el gobierno. Además de ministerios importantes, varios fueron nombrados para presidir estatales o integrar sus consejos de administración.

En total, existen hoy unos ocho mil militares distribuidos por la estructura del gobierno. Ni siquiera en la dictadura fueron tantos.

El discurso agresivo de Bolsonaro, cuyo blanco principal suelen ser las instituciones, primero alejó a varios de los generales que, teóricamente, deberían funcionar como frenos para su desequilibrio irremediable. Y luego empezó a promover, en sectores muy amplios de la opinión pública, un severo desgaste en la imagen de las Fuerzas Armadas.

Los tres generales que lo rodean y que tienen poder efectivo en el gobierno son oriundos de su mismo grupo de formación en el Ejército. Es decir, formados bajo el periodo más sangriento de la dictadura.

Tienen algún peso en la tropa activa, y peso especial entre los sectores más radicales de seguidores el ultraderechista.

Por esos días Bolsonaro reitera con insistencia cada vez más intensa su plena confianza en las Fuerzas Armadas, “que saben lo que es lo mejor para el país”, mientras destila su desconfianza al sector judicial, en especial a la Justicia Electoral.

Son evidencias de un cambio drástico en la postura de los militares a partir de la llegada de Bolsonaro al poder. Y con eso crece, en varios sectores de la sociedad y con especial énfasis en partidos políticos no alineados con el extremismo del presidente y sus secuaces, el temor a lo que podrá ocurrir cuando se confirme la derrota del actual mandatario en las elecciones de octubre.

Para enturbiar aún más el ambiente, y acelerar el desgaste de la imagen de las Fuerzas Armadas, fueron difundidas, el pasado fin de semana, grabaciones realizadas entre 1975 y 1985 en sesiones del Supremo Tribunal Militar. Lo que se oye son críticas a la práctica de tortura en cuarteles, bien como de asesinatos.

Causó especial impacto la admisión, por parte de un alto general de la dictadura, de la muerte de una muchacha embarazada de tres meses luego de recibir descargas eléctricas en sus genitales.

Al ser preguntado sobre el material divulgado, el vicepresidente, general retirado Hamilton Mourão, optó por reírse.

Y ayer el presidente del Supremo Tribunal Militar, Luis Carlos Gomes Mattos, dijo que la divulgación de las grabaciones fue una iniciativa “tendenciosa” que no “estropeó mi domingo de Pascua”.

La diferencia entre los dos es que Gomes Mattos, gran defensor de Bolsonaro, es un general en actividad. Se trata de otro claro indicio de hasta qué punto el Ejército está contaminado por la política.

“Grave abuso de poder”: indulto de 

Bolsonaro a Silveira genera 

repercusiones negativas

Por Cristiane Sampaio. Brasil de Fato // Resumen Latinoamericano, 22 de abril de 2022.

El indulto constitucional otorgado el jueves 21 por el presidente Jair Bolsonaro (PL) al diputado Daniel Silveira (União Brasil-RJ) generó repercusiones negativas en diferentes sectores del mundo jurídico y político. En la práctica, la decisión significa el indulto de la pena impuesta al parlamentario por el Supremo Tribunal Federal (STF). Expertos del mundo jurídico y político señalaron “desviación de propósito”; los partidos van a recurrir al STF

Diputados, senadores y especialistas expresaron un conjunto de críticas y consideraciones a la actitud del Jefe del Ejecutivo, que ahora deben ser evaluadas por el propio STF. La Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD) expresó su rechazo a la iniciativa que, según la entidad, desvirtúa el objetivo de un indulto de esta naturaleza.

“La idea doctrinal del indulto individual se basa en razones humanitarias, no como una revisión jurídica del mérito en beneficio de los aliados políticos, lo que va en contra de las normas de derecho y la estabilidad de las decisiones judiciales”, dijo, en una nota, y agregó que hubo desviación de propósito y “abuso grave de poder” por parte de Bolsonaro.

En entrevista con el diario Brasil Atual de la RBA , el juez Marcelo Semer, del Tribunal de Justicia de São Paulo (TJSP), siguió la misma línea. Dijo que hay problemas técnicos y políticos en la actuación de Bolsonaro.

“El indulto o gracia individual debe ser provocado, solicitado, conforme a la Ley de Ejecuciones Penales. El acto de Bolsonaro, rompiendo las formalidades y al día siguiente del juicio, tuvo la intención inequívoca de deslegitimar la decisión del STF”, destacó el magistrado, agregando que el episodio abre otro capítulo de la crisis institucional.

“Bolsonaro pretendía no solo otorgar un favor a un amigo, sino, al mismo tiempo, colocarse como el supremo intérprete de la Constitución y demostrar que puede hacer más que el STF. Una vez había dicho ‘la Constitución soy yo’. Ahora ha entrado en acción. Sin duda, será interrogado en los tribunales y, para su frustración, será el Tribunal Supremo el que tendrá la última palabra”.

Si la decisión del presidente se hace efectiva, Silveira queda liberada de la obligación de cumplir la pena de ocho años y nueve meses de prisión impuesta este pasado miércoles 20, cuando el pleno de la Corte juzgó el proceso en el que se incrimina al diputado por atentar contra la democracia y contra el Poder Judicial.

Los ministros también definieron, entre otras cosas, que debe perder su mandato y sus derechos políticos. Estas últimas medidas siguen siendo aplicables, incluso con el indulto de Bolsonaro, lo que no ocurre con la pena de prisión.

El asunto fue rechazado por diferentes parlamentarios. El líder de la minoría del Senado, Jean Paul Prates (PT-RN), dijo que “los gobiernos autoritarios siempre alimentan el germen de la corrupción”.

“Bolsonaro cree que puede hacer cualquier cosa mientras esté en el puesto que ocupa, pero hay límites. Desgraciadamente, estábamos acostumbrados a ocultar las malas acciones de padres y aliados, y por eso desprestigió las instituciones que daban cobijo a sus anhelos. El pueblo brasileño debe repudiar con vehemencia esta actitud de un hombre incapaz de honrar la silla de Presidente de la República”.

También el jueves (21), el líder de la bancada del Psol en la Cámara, Samia Bomfim (SP), anunció en las redes sociales que el partido presentará un proyecto de decreto legislativo (PDL) para suspender los efectos del indulto. Este viernes (22) la sigla presentó la solicitud.

En una nota entregada a la prensa, la leyenda decía que hubo una violación de la separación entre los Poderes, una afrenta a los principios de moral e impersonalidad, así como una desviación de propósito.

“En el estado democrático de derecho, el Presidente de la República, los ministros y los diputados federales deben someterse a la Constitución Federal ya las leyes vigentes, y deben respetar el libre ejercicio de los poderes y las libertades democráticas. Ningún derecho constitucional es absoluto”, argumentó el partido.

El PDT también anunció, el jueves (21), que presentaría una demanda ante el STF contra el acto del Jefe del Ejecutivo. “No aceptaremos esta afrenta al carácter imparcial e impersonal de la justicia”, dijo en Twitter el presidente de la sigla, Carlos Lupi.

Los miembros del PCdoB también atacaron la iniciativa del presidente. “Bolsonaro apuesta por la confrontación y por romper el orden institucional. ¡Autoritario!”, dijo, por ejemplo, el diputado federal Orlando Silva (SP), uno de los principales articuladores políticos de la sigla.

Este viernes (22), el senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) interpuso una PDL en el Senado y una acción por incumplimiento de precepto fundamental (ADPF) ante la Corte para intentar invalidar la iniciativa del presidente.

“Bolsonaro quiere prender fuego a Brasil, otorgando gracia a un delincuente condenado a más de ocho años, incluso antes del juicio final”, dijo Randolfe en las redes sociales.

“Daniel Silveira fue condenado por intentar impedir el libre funcionamiento de los Poderes . ¿Qué hace el Presidente de la República? Usa uno de los Poderes para perdonar al criminal. La misión de Bolsonaro y del bolsonarismo es estropear la Constitución. No lo permitiremos”, agregó el senador.

El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), tomó una posición menos enfática y evitó criticar la iniciativa de Bolsonaro. Pese a repudiar los actos antidemocráticos, afirmó que el indulto es una prerrogativa del Jefe del Ejecutivo. “Bien o mal, expresión de impunidad o no, este es el mandato constitucional que debe observarse y cumplirse”.

“Tampoco es posible que el parlamento suspenda el decreto presidencial, lo que solo se permite en relación con actos normativos que excedan la facultad de regular o legislar por delegación. Pero, luego de este insólito precedente, la Asamblea Legislativa podrá evaluar y proponer mejoras constitucionales y legales para tales institutos penales, aun así que no se promueva la impunidad”, concluyó Pacheco.

Traducción: Resumen Latinoamericano

Fuente: Brasil de Fato

MST ocupa latifundios en Rio Grande 

do Norte y Ceará en el marco del 26° 

aniversario de la Masacre de Eldorado 

do Carajás

Por Gabriela Moncau. Brasil de Fato // Resumen Latinoamericano, 22 de abril de 2022.

Las ocupaciones en los municipios de Rio do Fogo (Rio Grande do Norte) e Ipueiras (Ceará) formaron parte de la jornada nacional de luchas en «Abril rojo».

Cerca de 200 familias sin tierra ocuparon un área improductiva de aproximadamente 950 hectáreas en el municipio de Rio do Fogo, en la costa de Rio Grande do Norte, este pasado domingo 17 de abril. Horas después, en la madrugada del lunes 18 ya unos 800 km, en Ipueiras, Ceará, otro latifundio de 500 hectáreas fue ocupado, esta vez por 80 familias.

Las acciones forman parte de la Jornada de Luchas por “Tierra, Techo, Trabajo y Pan” del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). Ese fue el nombre elegido para la edición 2022 de Abril Rojo, mes en que la Masacre de Eldorado do Carajás cumple 26 años, y que presenta acciones como marchas, cortes de ruta, campamentos juveniles y un acto ecuménico.

No en vano el nombre elegido por las familias de Rio Grande do Norte para la nueva dirección, que está casi en la frontera con Piauí, es Ocupação Paraíso dos Carajás. Las mujeres acampadas en Ceará aún no han nombrado el área de la Fazenda Lagoa dos Veados, que, según el MST, también fue abandonada.

“Ipueiras es un municipio donde ahora está llegando el MST”, dice Gene Santos, de la dirección estatal del movimiento en Ceará. “Hasta ahora la situación está tranquila, la gente está organizando las carpas y ya establecimos contacto con el gobierno del estado”, dice.

Está prevista una reunión de negociación entre los representantes de la nueva ocupación y el gobierno de Ceará, bajo la dirección de Izolda Cela (PDT). Miembros de la Secretaría de Desarrollo Agrario (SDA) y del Instituto de Desarrollo Agrario de Ceará (Idace) confirmaron su presencia.

En la reunión, el MST pretende exigir la aplicación de la Ley 17.533/2021, que, aprobada el año pasado en Ceará , permite la adquisición de áreas por parte del gobierno estatal para destinarlas a asentamientos rurales. Denominada Ley Wilson Brandão, la ley es compatible, a nivel estatal, con el Plan Nacional de Reforma Agraria.

Fotos: MST

Fuentes: MST y Brasil de Fato

Envio:RL