Otra causa que duerme en la Corte Suprema
Muchos homenajes se han hecho en estos días a los ex combatientes de Malvinas, pero subsiste una enorme deuda con quienes sufrieron vejaciones y maltratos por parte de oficiales. La causa judicial se encuentra a resolución de la Corte Suprema desde hace un año.
IRINA SANTESTEBAN
En esa guerra hubo combatientes heroicos, desde oficiales hasta conscriptos. El soldado Oscar Ismael Poltronieri, de 20 años, cubrió él solo, con una ametralladora, la retirada de su pelotón en la batalla del monte Dos Hermanas, permitiendo que sus compañeros se replegaran a zonas más seguras. Es el único soldado conscripto vivo en recibir la máxima condecoración militar argentina: la Cruz al Heroico Valor en Combate. Su valiente accionar contradice a quienes sostienen la teoría de que eran "niños" que fueron mandados a pelear una lucha para la que no estaban preparados. Aunque es cierto que la mayoría de las tropas no tenían el entrenamiento suficiente ni el armamento necesario para ganar esa guerra, con los años y de la propia versión de oficiales británicos, se sabe que hubo combates donde el lado argentino opuso una gran resistencia al invasor.
Pero también hubo otros comportamientos, propios de quienes integraban unas Fuerzas Armadas que seis años antes habían dado un golpe militar, y mantenían a la población bajo un régimen de terrorismo de Estado.
Torturas.
En 2006 se presentó una denuncia de un ex soldado de Malvinas, ante la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y luego ante el Ministerio Público Fiscal. A esta denuncia se sumaron otras, como la presentada en 2007 por el abogado Pablo Vassel, en ese entonces subsecretario de DDHH de Corrientes. Fue por violaciones a los derechos humanos cometidos en el Regimiento de Infantería N° 3 de esa provincia, a un grupo de ex combatientes que fueron víctimas de vejaciones y torturas por parte de sus superiores.
Los hechos denunciados eran golpes y palizas, estaqueamientos a bajas temperaturas, incluso bajo bombardeo enemigo (así perdieron la vida dos soldados), enterramientos hasta el cuello, obligar a los soldados a meterse desnudos en el mar helado, entre otras vejaciones. Todas ellas eran represalias por los reclamos que hacían los combatientes por la falta de alimento y abrigo que padecían.
En 2015, la Corte Suprema dejó firme la prescripción decretada respecto de la denuncia por torturas que efectuara el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, para que se revea el rechazo al recurso extraordinario deducido contra la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal que había negado el carácter de delitos de lesa humanidad a esas torturas.
Hasta ese año, las pruebas que había en esas causas remitían a testimonios de las víctimas, pero luego de la desclasificación de archivos militares relativos a Malvinas, ordenada por la presidenta Cristina Fernández y llevada adelante por la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, se tuvo acceso a información rigurosa, que le dio a esos testimonios elementos respaldatorios para la reconstrucción de los hechos denunciados.
La causa judicial.
Las Islas Malvinas se encuentran dentro de la jurisdicción de la Fiscalía Federal de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Por ello intervino el fiscal Marcelo Rapoport, quien en 2017 solicitó la colaboración de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a cargo de María Ángeles Ramos. Ambos fiscales presentaron el requerimiento de instrucción para la investigación de esos delitos, en mayo de 2018, cometidos en el ámbito del Regimiento de Infantería N° 5, dependiente de la Brigada de Infantería III, que estaba instalado en la Isla Gran Malvina. Se trata de 22 hechos, con 26 oficiales y suboficiales denunciados.
Hasta el momento sólo se tomaron cuatro declaraciones indagatorias por la jueza federal Mariel Borruto, contra Miguel Angel Garde, Belisario Affranchino Rumi, Gustavo Calderini y Eduardo Grassino, quienes fueron procesados por los delitos de tormentos y amenazas. Además la magistrada calificó a los hechos ventilados en la causa como delitos de lesa humanidad.
Rechazo.
En mayo de 2021, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, resolvió por mayoría hacer lugar al recurso de la defensa de los imputados, quienes negaron que los crímenes por los cuales son acusados puedan encuadrar en la categoría de "lesa humanidad", y por ende, se encontrarían prescriptos. La misma Cámara había fallado en tal sentido en 2015, pese a que un juez federal y la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, habían rechazado la defensa de prescripción interpuesta por los acusados. Ese año, ante la resolución de Casación, el CECIM interpuso un recurso extraordinario para que resolviera la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Casación negó ese recurso y tuvieron que recurrir en queja, pero el máximo Tribunal dejó firme el fallo casatorio, con lo cual esos delitos fueron declarados prescriptos.
De nuevo a la Corte.
Ahora, la causa que llevan adelante los fiscales Rapaport y Ramos parece seguir el mismo derrotero. La jueza Borruto, en febrero de 2020, dictó el procesamiento de los cuatro indagados, por tormentos y amenazas, y calificando a los hechos como delitos de lesa humanidad. Pero en mayo del año pasado, la misma Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, hizo lugar a la defensa de prescripción de los acusados. Ese fallo fue recurrido por el Ministerio Público Fiscal y los querellantes ante la Corte Suprema, y hasta que esta no resuelva la cuestión planteada (si esas torturas son considerados delitos de lesa humanidad), la investigación se encuentra paralizada. Por ello, han sido suspendidas las indagatorias al resto de los imputados.
¿Cuánto tiempo más tendrán que esperar los ex combatientes para que se haga justicia?
La dictadura militar de la llamada "Revolución Argentina", con el golpe del 28 de junio de 1966 dijo que "no tenía plazos, sino objetivos", según palabras del dictador Juan Carlos Onganía. El Cordobazo barrió con él. Aunque hoy no estamos en dictadura, para la Corte Suprema tampoco parece haber plazos, si nos atenemos a los tiempos que se toman sus integrantes para dictar sentencias. En la causa por las torturas a los ex combatientes, ya tuvieron un fallo vergonzoso en 2015, convalidando la prescripción de esos delitos. Ahora repiten esa vergüenza, cajoneando una resolución que lleva un año esperando sentencia.
Fuente:LaArena
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