Cumbre de la Región Centro con críticas a la política nacional de subsidios
Se tenía que decir y se dijo
Los gobernadores Perotti, Schiaretti y Bordet acordaron "trabajar para que el país no tenga una región privilegiada como el AMBA".
Desde Santa Fe
La cumbre de los gobernadores de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos se convirtió en una parada política. Omar Perotti, Juan Schiaretti y Gustavo Bordet se entienden porque los tres son contadores públicos, pero más allá del oficio, ayer dejaron a la vista su relación de “amigos” y “compañeros”. Así que aprovecharon el acto en el que Perotti cedió a Schiaretti la presidencia pro témpore de la Región Centro para repasar números y pasarle varias facturas al gobierno de Alberto Fernández por su trato especial al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De paso, sellaron el primer acuerdo tripartito: “Trabajar para que la Argentina no tenga una región privilegiada como el Amba” y que los recursos nacionales se inviertan con un “sentido federal”. Las demandas son las históricas: los “subsidios al transporte público” que rebajan el boleto urbano en Amba al tercio de lo que cuesta en Rosario, Santa Fe y Córdoba, dijo Schiaretti. El costo de la energía: “Edenor y Edesur le deben a la proveedora mayorista 204.000 millones de pesos”. Y el agua potable: la empresa AySA que sólo opera en CABA y en la provincia de Buenos Aires recibió transferencias del Estado nacional por 193.000 millones de pesos”, reveló el mandatario cordobés.
La cumbre se realizó en dos escenarios. Perotti recibió a sus colegas en la Casa del Brigadier López, en el casco histórico, a dos cuadras de la Casa Gris. Y luego entregó la presidencia a Schiaretti, en el Museo de la Constitución Nacional, a orillas del riacho Santa Fe.
El gobernador de Córdoba asumió el cargo con críticas al gobierno de Fernández por los subsidios al AMBA, a las que luego se sumó Perotti. “Nadie se tiene que ofender”, pidió Schiaretti. “Nuestra mirada es desde el interior y no la del Amba. Nuestras tres provincias forman parte el corazón productivo de la Argentina, de la cultura del trabajo, la justicia social. Y tienen un profundo sentido federal desde el nacimiento de la patria”.
Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos “son provincias con un peso específico”. “Jamás vamos a abandonar el planteo del federalismo”, advirtió Schiaretti. “Nuestra mirada de la Argentina es desde el interior productivo y no la del AMBA”.
“Y hoy subsisten privilegios para el AMBA en detrimento del interior. Debemos trabajar para que la Argentina no tenga una región privilegiada y que las cosas se hagan” con un sentido federal.
Schiaretti pasó la primera factura por los subsidios al transporte. “Si el boleto urbano en Buenos Aires cuesta un tercio de lo que vale en Rosario, Santa Fe y Córdoba es porque hay una distribución de subsidios que favorece al AMBA. Esto hay que cambiarlo y nadie se tiene que ofender por eso”.
Siguió con las eléctricas. “Edenor y Edesur le deben hoy” a la distribuidora mayorista “más de 204.000 millones de pesos”, que “es muchísimo más de lo que debe cualquier empresa eléctrica en el interior”. “En cualquier lugar del mundo, comprar sin pagar o vender sin cobrar es subsidio”.
“Y pasa lo mismo con la empresa Agua y Saneamiento Argentinos (Aysa), que es del Estado nacional, pero sólo presta servicios en el Amba”, dijo Schiaretti. Y reveló que la compañía que dirige Malena Galmarini –esposa del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Sergio Massa- recibió transferencias del Estado nacional por 193.000 millones de pesos.
“Lo natural es que lo subsidios se repartan con parámetros objetivos”, insistió Schiaretti. “Que Edenor y Edesur pasen a la jurisdicción de CABA y la provincia de Buenos Aires, como ocurre en el resto del país. Y que Aysa pase a manos de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia. Eso sería avanzar en el camino del federalismo. Y esto no es hablar en contra de los habitantes que viven en CABA o en el conurbano. Es simplemente poner equilibrio en cómo se reparten los recursos y las responsabilidades con un sentido federal, como precisa nuestra patria”.
“Nosotros celebramos el avance de la Región Centro. Y lo vamos a hacer planteando estas cosas, más allá de las pertenencias políticas que tengamos cada uno porque hay consenso en el interior para eso”, agregó.
Perotti coincidió que “estas son las cosas que hay que poner arriba de la mesa” en el debate con la Casa Rosada. “Esto no es en contra del gobierno nacional o de tal o cual funcionario”, se trata de “discusiones políticas y presupuestarias más allá de la pertenencia partidaria que cada uno tiene”.
“Juan (por Schiaretti) habló de los fondos de todos los argentinos que van a empresas eléctricas y de servicios” que operan en el AMBA –dijo Perotti-, mientras Santa Fe y Córdoba construirán un acueducto biprovincial –con fondos de Kuwait- para “llevar agua a nuestros pueblos y ciudades”, que “vamos a pagar nosotros”.
“Es difícil explicarle a la gente que mientras en Santa Fe, hacemos una enorme inversión en el Boleto Educativo Gratuito (BEG) para garantizar la educación” en la provincia, “en otros lugares” como el AMBA, “el costo del boleto es el tercio” de lo vale en Rosario, Santa Fe o en Córdoba. “Estas cosas hay que ponerlas sobre la mesa: cómo se distribuyen los subsidios al transporte, a la energía, al gas y al agua. Y esto no va a en contra del gobierno nacional”, aclaró.
Audiencia pública en la facultad de Derecho de Rosario
Javkin quiere ser autónomo ya
El intendente aseguró que con ese cambio de estatus para Rosario “se podrán resolver un montón de temas". Y pidió "hagámoslo".
El intendente Pablo Javkin reclamó ayer por la autonomía del municipio. “Necesitamos herramientas prácticas para solucionarle la vida a la gente”, dijo en el ingreso a una audiencia pública realizada en la Facultad de Derecho. Y añadió que con ese cambio de estatus para Rosario “se podrán resolver un montón de temas. Tenemos una ley que regula el régimen municipal y lo que se busca es reformarla. Todos los partidos políticos presentamos proyectos para la autonomía municipal en distintas circunstancias con contenidos parecidos. Hagámoslo”. El mandatario local argumentó también que una nueva ley de régimen municipal en la Provincia permitiría emitir bonos de obra pública sin que necesite de autorización de la Casa Gris, así como también recaudar localmente impuestos inmobiliarios y patentes.
“Legalmente deberíamos pedirle permiso a la Provincia hasta para talar un árbol, algo que en la práctica obviamente no sucede, pero sí ocurre que nos debe autorizar la emisión de bonos de obra pública pese a contar con recursos propios”, se quejó Javkin e insistió con la necesidad de cambiar la misma.
El jefe del Palacio de los Leones volvió a señalar que Rosario, al gozar de autonomía, podría enfrentar mejor muchísimos problemas como el de la violencia y la inseguridad. “Tenemos dos esquemas de delitos: uno más complejo y otro que molesta al vecino como los robos a las salidas de las escuelas o que suceden en espacios públicos. Ahí la policía tiene que estar. El delito se mueve de lugar, tiene una lógica que cambia rápidamente. Quien mejor que el intendente que recibe las quejas de los vecinos para disponer de los efectivos. Tenemos mesas de trabajo semanales, pero en una semana cambia mucho, el delito se desplaza”, remarcó.
“Por eso, la inmediatez es básica. Cuando uno ve cómo se dan delitos en un determinado barrio, es decir una serie de hechos en un mismo día, ¿por qué se da justo en dos días en una misma geografía? A veces porque se sabe que no habrá persecución. No me gusta enredarme en un debate sobre traspaso de policía como ocurrió en Buenos Aires. En Capital ya hace siete años y todavía no terminó”, agregó.
Javkin consideró que “es mucho más sencillo lo que proponemos con la autonomía municipal. Hay un Consejo de Seguridad. Hay que institucionalizar ese lugar y que el intendente tenga potestad ahí, para que distribuya la policía en el territorio. Eso es mucho más sencillo y será más efectivo”.
En rigor, el intendente viene reclamando una modificación de le Ley 2756 del régimen municipal en la Provincia para poder abordar desde la ciudad cuestiones inherentes a la seguridad, como contar con facultades sobre la policía y la designación de jueces. Pero también consideró necesario hacerlo por temas económicos. “Hoy no podemos avanzar por ejemplo con la emisión de un bono de obra pública sin autorización provincial aun teniendo recursos nosotros, ni tenemos poder sobre patentes e impuesto inmobiliario”, planteó Javkin y agregó que esta lógica centralizada en la Provincia "termina perjudicando a la gente".
Consultado respecto a qué cambiaría en materia impositiva de prosperar esta propuesta, respondió: “No se trata de crear impuestos sino de cómo se recauda, quién es más eficiente y más lógico. Acá la coparticipación debería ser inversa: recaudar municipios y coparticipar la Provincia”, consideró.
Finalmente Javkin reconoció que son varios los proyectos de autonomía presentado en estos años, pero opinó que es ahora cuando debe abordarse el tema de una vez. “La gente ya no aguanta más que le tiremos los problemas, este es un año no electoral, por lo menos debemos avanzar en la modificación de la ley para estas cuestiones prácticas que planteamos, y después quedará la reforma constitucional”, manifestó.
El proyecto de la intendencia no convence al PJ y a Ciudad Futura
Objeciones opositoras a la ordenanza antilavado
Norma López dijo que la reforma es más permisiva que la letra vigente. Monteverde propone crear una Agencia de Justicia Urbanística.
Desde la oposición salieron a marcarle la cancha al intendente Pablo Javkin sobre el proyecto de ordenanza antilavado que la semana pasada envió al Palacio Vasallo para su tratamiento. Si bien celebró la decisión de avanzar en un proyecto de esas características, el concejal Juan Monteverde (Ciudad Futura), señaló: "Es un muy buen primer paso, pero no estamos dispuestos a votar cualquier cosa". A diferencia de la iniciativa del Ejecutivo, el bloque impulsa debatir la creación de un cuerpo específico de inspectores cuya tarea sea la de relevar la información enviada por las distintas áreas del municipio, y que a partir de ahí se encare una investigación. "Es más permisiva que la ordenanza actual, es increíble pero relaja los controles a los grandes inversores", disparó la concejala Norma López (Frente de Todos-PJ) luego de analizar el proyecto del oficialismo. "Nos encontramos con varias inconsistencias y omisiones al menos preocupantes”, planteó la edila justicialista.
Luego que el intendente Javkin enviara su proyecto de ordenanza antilavado, que comenzará a tratarse en la Comisión de Gobierno que preside la concejala Caren Tepp (Ciudad Futura), desde su bloque, el más numeroso con cinco representantes, el concejal Monteverde celebró que la máxima autoridad de la ciudad le dé a la cuestión del lavado de activos la importancia que tiene, pero anticipó que propondrán modificaciones.
"Hace 10 años, por nuestras propias luchas y nuestros propios muertos, venimos diciendo que Rosario cuadruplica la tasa de homicidios a nivel nacional porque es la capital nacional del lavado de dinero. También nos decían que desde el municipio no se podía hacer nada, un poco la batalla que damos siempre. Pero no era tan así porque el municipio está actuando", dijo Monteverde, para quien uno de los pocos consensos transversales en todas las fuerzas políticas es que para terminar con la violencia en serio "hay que ir contra el delito de guante blanco".
Según Monteverde, se diferenció del proyecto de Javkin que propone la creación de una Unidad de Control integrada por representantes de las secretarías de Gobierno y Hacienda, y de un miembro del Tribunal de Cuentas, y de las iniciativas presentadas por la concejala Marina Magnani y Martín Rosúa, e incluso el de la ordenanza vigente. La propuesta de Ciudad Futura es conformar una Agencia de Justicia Urbanística, plantea crear un cuerpo específico de inspectores formados e idóneos, y que los pliegos pasen por el Concejo para que cuenten con todo el respaldo político.
"Así como hay inspectores que salen a las calles a controlar que los comercios tengan habilitación, proponemos que haya inspectores de la exGUM a disposición de la división antilavado que cuando observen alguna maniobra extraña, que no cierre el patrimonio con lo que se esté presentando, en habilitaciones y construcciones, puedan ir hasta el lugar y clausurar preventivamente por maniobras sospechosas", explicó.
"Estamos de acuerdo con que se controlen la mayor cantidad de actividades posibles, pero si esto implica controlar remiseros y taxistas y dejar de hacerlo con los grandes inversores, como los fideicomisos, el objetivo de estos instrumentos se convierte en puro humo, señaló la concejala López, para luego afirmar que "se corre un enorme riesgo: que se termine persiguiendo a trabajadores y se alivie el camino a los criminales organizados”.
La concejala peronista puso énfasis puntualmente en el artículo 4 de la ordenanza 9204 en vigencia, que exige una importante cantidad de documentación a personas jurídicas y fideicomisos para conocer el origen de los fondos, algo que el nuevo proyecto del Ejecutivo no contempla. "Los fideicomisos, así como otros fondos de inversión y/o sus administradores, se han popularizado en la ciudad por el boom de la construcción, se trata de enormes cantidades de dinero invertido de las que hay que tener información fehaciente y clara acerca de su origen", apuntó.
"Si bien los objetos que alcanza el proyecto oficialista se amplían, se reducen considerablemente los controles sobre los fondos patrimoniales que conforman los fideicomisos, por ejemplo, algo que sí contempla la norma vigente. Un ejemplo claro es que ya no se solicitará, ni a las empresas, ni a los inversores o socios constancias que acrediten que no están concursados o fallidos”, agregó López.
"La ordenanza vigente es un instrumento legal que jamás se utilizó como correspondía, incluso se reglamentó dos años después de aprobarse y es una de las tantas normativas incumplidas por esta gestión. Ahora proponen otra para derogar la que nunca cumplieron y con estos relajamientos en los controles a los grandes inversores. Nos preocupa y nos pone en alerta; vamos a modificar el proyecto del intendente", concluyó.
Protesta de los transportistas de carga se sintió en la región
Es el paro pero también la falta de gasoil
Los camiones que deben llevar la cosecha gruesa a puerto se plantaron en las rutas. Protestan por el precio y la escasez de combustible, y por sus tarifas de flete
Los transportistas de cargas cerealeras cumplieron ayer las primeras 24 horas de su medida de fuerza y paralizaron el flujo de granos a puertos en plena cosecha gruesa. El reclamo se integra de varios motivos: quieren reabrir la discusión por las tarifas de los fletes, pero también plantean el cuello de botella que les depara la fuerte suba de costos, entre ellos, el del combustible que, para colmo, escasea y les impide trabajar de manera sostenida.
Los mitines camioneros se multiplicaron durante toda la jornada en las autopistas Brigadier López y Aramburu, las rutas 11, 33, 34, y A-012 en la región, y en toda la geografía agrícola. Hasta ayer, permitieron el tránsito vehicular, pero mantuvieron bloqueados los ingresos a los puertos y aceiteras del cordón industrial.
Con el correr de las horas y la permanencia de la medida de fuerza, hubo camiones que directamente ni salieron a las rutas. "Algunos se quedan en sus casas porque, simplemente, no tienen combustible. No queremos perjudicar a nadie, pero nuestra actividad hoy es inviable, nos llevaron a una situación límite, no nos dejan trabajar", resumió Pablo Agolanti, vicepresidente de la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra).
La entidad no precisó de manera oficial si la medida de fuerza concluyó ayer o si continuarán y hasta cuándo con el paro.
Los titulares de camiones (un sector donde conviven grandes empresas de logística con flotas numerosas y pymes o dueños de uno o dos vehículos de carga) alegan que no pueden con el encarecimiento del combustible, que hoy se paga hasta 180 pesos por litro según la zona, y encima con racionamiento y problemas de abastecimiento. En este sentido, afloró la denuncia de la existencia de precios "blue" en el gasoil.
"El problema es que uno espera la cosecha para trabajar bien y poder entonces pagar las cuentas, o cambiarle las cubiertas, que de 90.000 pesos pasó a valer 180.000 pesos cada una", explicó Roberto Guarnieri, presidente de la Fadeeac, la federación que nuclea a todas las cámaras de todo los rubros en el país.
Un informe de esta federación empresaria señala que en marzo los costos aumentaron 9,2% y acumulan 20% en el trimestre, y 54% interanual. Asimismo, la entidad refutó la teoría de que un aumento de tarifas de flete causaría un incremento en los precios de alimentos al consumidor. "La incidencia del flete en el precio final de un producto es del 2 al 4%", concluyó.
La Fadeeac no adhiere al paro de los cerealeros porque, entre sus 4000 afiliados hay transportistas de combustible, precisamente. "Hay estaciones ya con cupo para cargar, otras que llenan tanques sin racionar y deja camiones sin cargar. La actitud es dispar. Dicen que el litro se irá a 200 pesos. Será un impacto tremendo, pero es verdad que necesitamos trabajar, hay que levantar la cosecha y cumplir. La situación es grave, porque además hay muchos piquetes de autoconvocados y eso es difícil de controlar", señaló Guarnieri.
Un camionero, dueño de un modesto Mercedes Benz 1114, sintetizó la situación ante la consulta de Rosario/12. "Hoy para engomar un camión gastás lo mismo que vale un acoplado. Es el mismo problema de la falta de combustible. Tengo un 1114 cerealero, espero la cosecha para comprarle gomas, reparar algo, siempre hace falta, pero me dan el gasoil a cuentagotas, no puedo trabajar y no puedo cumplir con los compromisos que tengo. Es comprensible los que han parado, algunos por voluntad otros porque los paran en la ruta, pero también tenemos que laburar. Nos estamos perdiendo una plata que hace falta", dedujo el transportista sin mirar más allá de lo que le deparó el día.
Mujeres fiscales y funcionarias del MPA reúnen avales
Piden paridad en los puestos de decisión
Un grupo de mujeres -fiscalas y funcionarias- del Ministerio Público de la Acusación reúne avales para exigir el cumplimiento de la paridad de géneros en puestos de decisión dentro del organismo que funciona desde 2014 en la provincia. La idea es llevar un petitorio formal al Consejo de la Magistratura y la Secretaría de Justicia, de cara al inicio de los concursos para renovación de autoridades que se dará el año que viene. Aseguran que es "indispensable el acceso de mujeres especialmente capacitadas y sensibilizadas en materia de género y violencias contra las mujeres y disidencias" sexuales. La nota (que puede ser firmada por cualquier persona interesada) ya reúne firmas de apoyo de organizaciones de mujeres y asociaciones relacionadas con el derecho.
"Desde la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal se renovaron por concurso en dos oportunidades las máximas autoridades del MPA, siendo ocupados la totalidad de los cargos gerenciales de la institución", indica el petitorio respecto a los puestos que ocupan varones tanto en la Fiscalía General como en las regionales, ya que en el caso de la fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, se trata de un cargo interino, tras la salida del denunciado Paricio Serjal, en 2020.
La nota agrega que "en la provincia se sancionó en el año 2020 la Ley Nro 14.002 que obliga a cubrir los cargos del Poder Judicial garantizando paridad de género, cumpliendo de esta manera con la obligación estatal de remover obstáculos en el acceso de mujeres a cargos jerárquicos que se deriva de instrumentos y recomendaciones internacionales", tales como la del Comité de CEDAW y la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Para fiscalas y funcionarias de la provincia, "este acceso a la justicia paritario a los fines de garantizar una efectiva protección a los derechos de las mujeres se conforma además con la acreditación de esa idoneidad específica entendiendo la misma no sólo en conocer tratados internacionales y leyes, sino en poder demostrar una trayectoria de compromiso social y de intervenciones respetuosas de los derechos humanos de las mujeres y personas LGTBI en su experiencia profesional y formación", dice el petitorio.
"Por concurso nunca fue nombrada una mujer. Incluso, sabemos que tampoco solían anotarse porque muchas veces pensaban que no iban a ser habilitadas. Lo que estamos pidiendo es que se respete lo que dice la ley porque el año que viene deberían designarse las nuevas autoridades y este año inician los concursos", destacaron a este diario desde el grupo que impulsa el petitorio y que ayer se reunieron con la comisión de Feminismos del Concejo Municipal, y con el decano de Derecho de la UNR.
Entre las instituciones que avalaron el pedido figuran la Asociación de Fiscales y Funcionaries del MPA, el Rectorado Universidad Nacional de Rosario y organizaciones como Inecip, Insgenar, Indeso Mujer y el Colectivo Ni Una Menos Rosario.
Fuente:Rosario12
Reforma en la primaria
La decisión de la ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero, de avanzar en la
extensión horaria en las escuelas primarias “es unilateral”, alerta el secretario de
Educación de la Ctera, Miguel Duhalde. Asegura que en la reunión mantenida con las
ministras y ministros del área de todo el país el viernes pasado “no se firmó nada”, en
cambio sí se acordó abrir “mesas de diálogos” en cada provincia para tratar el tema. El
referente de la docencia también critica la medida anunciada por el gobierno nacional,
y sobre la que ahora se adelanta Santa Fe, por ser “totalmente improvisada” y alerta
que “más horas de clases sin un plan es para que se haga cualquier cosa”.
La novedad de que Santa Fe avanzaba en extender el tiempo de clases en las escuelas
primarias no fue bien recibida por Amsafé ni por Ctera. “Es una decisión unilateral de
Santa Fe, todas las ministras y los ministros se fueron de la última reunión de Consejo
Federal, con el acuerdo de hacer mesas de diálogo en sus provincias, para analizar las
distintas situaciones que tienen, incluso de hablar con los gremios docentes. La misma
ministra (Adriana Cantero) lo aceptó y después sale con esta noticia por los medios”,
reclama Duhalde de la actitud tomada por Cantero.
Es que de Ushuaia a Santa Fe, la funcionaria de Perotti cambió de opinión y en lugar de
llamar a las maestras y maestros a debatir declaró por los medios santafesinos que se
avanzaría con la extensión horaria en las escuelas primarias santafesinas, empezando
por las rurales. Incluso dio detalles de números de establecimientos involucrados.
“Quieren instalar una noticia”, opina el referente de Ctera y también secretario de Cultura
de Amsafe. Una idea que también atribuye al ministro Perczyk cuando la semana pasada
lanzó por los medios masivos el plan de extender una hora de clases.
Ante las novedades -nacional y provincial-, que efectivamente se hicieron titulares de
todos los medios, tanto la Ctera como Amsafé exigieron que se llame a paritaria para
discutir los alcances de esta política anunciada.
De Ushuaia a Santa Fe
La última reunión del Consejo Federal de Educación, realizada en Ushuaia el viernes 8 de
abril pasado, se convirtió en un encuentro que, al parecer por la belleza del escenario
convocante, ninguna ministra ni ningún ministro se quisieron perder de estar presentes.
La Ctera, en cambio, participó a la distancia.
El tema estrella de la agenda de ese día fue el tratamiento de la extensión de las clases
en la educación primaria. “Durante la reunión, tanto quienes estaban a favor o en contra
(de la medida), manifestaron la incomodidad de haberse enterado por los medios y no
haberlo tratado previamente”, repasa Duhalde de cómo se tomó la novedad.
Además -agrega- se dejó en claro que era una decisión que no se podía aplicar de un día
para otro y menos sin abordarlo en paritaria. “A nosotros nunca nos plantearon esta
medida, ni siquiera en una reunión informal, también nos enteramos mediáticamente”,
resalta de cómo llegó la novedad a las y los trabajadores de la educación.
Duhalde lamenta que la idea de extender la jornada de clases no se haya debatido con
antelación, por ejemplo junto a la vuelta a la presencialidad que ya por enero se hablaba. Así planteada resulta “una medida que es totalmente improvisada”.
Pone ejemplos de esa improvisación, como el dinero anunciado para acompañar la
implementación de la extensión horaria -18 mil millones de pesos- y dice que “no cierra
para el aumento salarial prometido” ni tampoco para más recursos. También agrega que
la medida “implica modificar la organización institucional” y que haya “directivos,
secretarios y porteros que se tendrán que quedar una hora más de trabajo”, entre otros
ejemplos. Y nada de eso se hace de un día para otro.
O bien invita a analizar qué pasa con la organización familiar, para que estas medidas no
se piensen como “una guardería”, y en cambio se discuta qué se hace en la escuela en
ese tiempo.
Duhalde habló de cómo esa improvisación se traslada a Santa Fe. Durante la reunión del
Consejo Federal de Educación, la ministra Cantero -detalla el dirigente- comentó que “la
provincia iba a comenzar por las escuelas rurales que eran las que más lo necesitaban,
algo atendible desde lo pedagógico”. “Pero, luego están las maestras y maestros de la
ruralidad que tienen que viajar”, advierte el referente de Ctera apuntando a un tema
que sí o sí debe abordarse en forma conjunta como es el del puesto de trabajo y la
jornada laboral docente.
El secretario de Educación de Ctera va por más y se pregunta sobre la decisión
santafesina de sumar media hora más a la jornada escolar: “¿Qué significa aumentar
media hora más de clase? ¿Qué sentido tiene?”. Una razón más por la que se reclama la
paritaria docente.
Medidas a la bartola
Para Duhalde, avanzar en la extensión horaria sin un diseño nacional previo, que marque
qué hacer en este tiempo, “da pie para que se haga cualquier cosa”: desde “la clásica de
inglés y computación” hasta lengua y matemática o educación ambiental. “O sea no hay
nada previsto, lo dejan al libre albedrío, a la bartola, a que cada provincia haga cualquier
cosa”, remarca el dirigente.
Por el contrario, “nosotros desde Ctera estamos exigiendo que se cumpla con la ley de
manera urgente respecto de la implementación de la jornada completa, queremos eso y
no estos parches provisorios”. Se refiere así a las metas relacionadas con más horas de
clases, ya fijadas en las leyes de financiamiento educativo (26.075) y de educación
nacional (26.206) con las que el Estado está en mora.
Pide “hablar con número reales, con metas en cada año, analizar cómo se hace en cada
lugar y no cosas tiradas al voleo”.
Los reparos de la docencia organizada a la medida que impulsan Nación y provincia
también se centran en las condiciones laborales. La extensión horaria, así como fue
presentada, “precariza las actuales condiciones de trabajo y en lo pedagógico no
resuelve nada: más tiempo no es más calidad educativa” necesariamente, aclara
Duhalde.
Recuerda que, desde hace buen tiempo, reclaman una mayor inversión “primero para
construir las escuelas y las aulas que faltan; para que todas las aulas estén en
condiciones; que se invierta en infraestructura, en equipamiento y en conectividad,
también en seguridad e higiene, que preparen a las escuelas para la jornada completa”.
El dirigente de Ctera expresa junto a estas demandas la necesidad de discutir “qué
enseñar y qué aprender en estos nuevos tiempos”, de pensar “nuevos diseños
curriculares”. “Si algo quedó y aprendimos en la pandemia es que pusimos en remojo
qué enseñar y qué aprender, qué lugar tienen la educación ambiental, la educación para
la salud, que otros valores como la solidaridad se aprenden, y que no es solo más
matemática y lengua”.
Fuente:RedaccionRosario
Nueva ley de Alquileres: pasan al frente inmobiliarias e inquilinos
El puntapié lo darán los protagonistas directos. Finalmente se retocarán los artículos de la extensión del contrato y del índice de actualización de la renta.
La Cámara de Diputados iniciará el debate en comisión de los proyectos que buscan
modificar la Ley de Alquileres, con la exposición de asociaciones de alquileres,
inquilinos, propietarios y de inmobiliarias. La intención del oficialismo es avanzar en
el debate para modificar los dos artículos más polémicos y llegar al recinto de la
Cámara baja el mes próximo.
El encuentro, que fue convocado para las 13 y se extenderá hasta las 17, se realizará
en forma virtual y luego pasará a cuarto intermedio hasta la semana próxima, tras
los feriados de Semana Santa. En esas cuatro horas está previsto que expongan 43
invitados, con preponderancia de representantes de cámaras inmobiliarias y de
asociaciones de inquilinos del interior del país. En menor cantidad participarán tres
asociaciones de defensa del consumidor, una cámara de propietarias y un par de
centros de estudios.
Todos los bloques coinciden en la necesidad de avanzar sólo con la derogación de
los dos artículos más cuestionados a menos de dos años de su sanción y de uno de
su implementación. Se trata de las dos cuestiones más objetadas de la norma
impulsada durante el gobierno de Mauricio Macri.
Una de las cuestiones más objetadas pasa por los plazos de los contratos, que se
extendieron a un mínimo de tres años, en lugar de los dos que regían anteriormente;
y la otra fue la implementación de la metodología de actualización de las rentas,
basada en un promedio entre el Índice de Precios al Consumidor y el salario promedio
, con un intervalo de ajuste anual.
Fuente:RosarioPlus
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