Cómo sigue el reclamo de los colectiveros por el sueldo
A igual tarea igual remuneración dice la UTA
Los choferes rosarinos piden una equiparación en sus salarios con los de Buenos Aires. Mañana habrá una negociación clave a nivel nacional.
El paro de transporte lanzado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en corta y media distancia se levantó ayer en Rosario en horas del mediodía, tras la notificación de la conciliación obligatoria, pero los colectivos recién comenzaron a verse en el centro de la ciudad recién a mitad de la tarde. Se espera que mañana, en una reunión nacional, se destrabe el conflicto salarial en la paritaria y como dijo Sergio Copello, secretario general del gremio, "no se permitirá que haya en el país trabajadores de primera y de segunda".
El gremio de choferes había organizado un gran acto en la plaza San Martín, frente a la delegación local de Gobernación, para pedir que los choferes del interior del país tengan las mismas condiciones salariales que sus compañeros del área metropolitana de Rosario. "Tenemos esperanza de que el jueves se pueda hacer una reunión para ir destrabando esta situación, con sumas para ir cerrando la paritaria en tramos por la inflación que tenemos. En ese encuentro estarán funcionarios de Trabajo, compañeros del Consejo Directivo Nacional y delegados de UTA de todo el país", dijo Copello.
Unos minutos antes de conocerse el acatamiento de la conciliación obligatoria, el dirigente de la UTA rosarina advirtió que la masiva concentración de choferes en el Paseo del Siglo demostraba "el descontento de los colectiveros" y la decisión "en todo el país de no permitir que haya trabajadores de primera y de segunda".
Micrófono en mano, Copello afirmó: “El incremento salarial se lo pedimos a los empresarios. No somos gestionadores de subsidios. Si los aportes nacionales y provinciales no alcanzan, también serán oídos nuestros reclamos. Pero no vamos a permitir que para nuestros compañeros de Buenos Aires se hagan acuerdos con sumas no remunerativas y con porcentajes para lograr un sueldo que medianamente nos permita vivir y a nosotros no nos incluyan, y pelearle a la inflación, eso que nos corroe todos los días. Nuestros salarios apenas alcanzan para vivir. Desde enero estamos planteando esto y desde enero no nos escuchan”.
Por su parte Osvaldo Miatello, secretario de Transporte de Santa Fe, defendió el reclamo de los choferes de transporte del interior del país, quienes piden una equiparación en sus salarios con los de el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba). Sin embargo, reconoció que la negociación está trabada por la diferencia en los subsidios que existe entre la capital y el resto del territorio.
El funcionario advirtió que “están lejos las partes”, sindicato y empresarios, de llegar a un acuerdo salarial “porque tiene que ver con cómo se financia hoy el transporte”. “El pedido de aumento de los trabajadores es razonable, tiene que ver con el proceso inflacionario, no lo cuestiono. El tema es que los empresarios dicen que no pueden pagarlo si no hay aumento o de tarifas o de subsidios. Entonces, estamos en una discusión complicada, porque en tarifas tenemos una asimetría muy grande con el Amba que se hace intolerable: el nivel de subsidios que tienen hacen que la tarifa allá pueda estar a 18 pesos, y nosotros en el interior la tenemos a 60, 70 o 80 pesos, entonces no se puede seguir aumentando la tarifa”, explicó Miatello.
Asimismo, el secretario de Transporte insistió con la diferencia en el dinero del Estado que recibe el sistema en el Gran Buenos Aires en comparación al resto del país. “Un colectivo en Buenos Aires recibe cuatro veces más de subsidios que un colectivo del interior, y esa disparidad hace muy difícil que podamos discutir en serio el problema salarial. Los trabajadores plantean con criterio que igual tarea igual remuneración, así que quieren ganar lo mismo que los choferes de Buenos Aires, y está bien, el problema es que los subsidios no son lo mismo. Se produce un tema muy difícil de resolver”, detalló Miatello.
TROVA
Funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Rosario
Perotti tiene colaboradores
El gobierno anunció que recibirá "asesoramiento" de la embajada norteamericana para investigar delitos federales.
El gobierno de Omar Perotti anunció ayer que recibirá el “asesoramiento” de la Embajada de Estados Unidos para la investigación y el juzgamiento del narcotráfico, el crimen organizado y otros delitos federales como el contrabando y la falsificación de moneda. “Es un aporte para destacar”, celebró el secretario de Justicia Gabriel Somaglia tras reunirse con tres altos funcionarios de la Embajada: la fiscal federal Josie Thomas, la asesora legal Florentina Beltrami y Jérémie Swinnen, un especialista en criminalidad organizada transnacional del Departamento de Estado. Somaglia ratificó que el objetivo de Perotti es que Santa Fe sea la próxima provincia en la que se aplique el sistema acusatorio en el fuero federal, donde la investigación está a cargo de los fiscales del Ministerio Público y no de los jueces, como hasta ahora. El nuevo Código Procesal Penal de la Nación fue aprobado en 2015, pero el gobierno de Mauricio Macri suspendió su aplicación en casi todas las provincias, entre ellas Santa Fe, así que la reforma está pendiente desde hace siete años.
El intercambio de ayer entre el gabinete de Perotti y funcionarios de la Embajada es la continuidad del que arrancó hace dos meses. El 24 de febrero, la ministra de Gobierno Celia Arena, su colega de Seguridad Jorge Lagna y el propio Somaglia comenzaron a negociar el acuerdo. “Avanzamos sobre líneas de cooperación vinculadas a la capacitación y a todo lo que tiene que ver con la transición al sistema acusatorio” en el fuero federal. “Creemos que Santa Fe podría incorporarse ya este año” al nuevo sistema, dijo entonces la ministra Arena, que fue lo mismo que planteó ayer el secretario de Justicia. Las dos reuniones se realizaron en la sede de la Gobernación, en Rosario.
Somaglia explicó que el objetivo del gobierno de Perotti es aprovechar la “experiencia” de Estados Unidos que tiene “un servicio de justicia que funciona” y “capitalizarla” para la provincia. La fiscal federal Josie Thomas, la asesora legal Florentina Beltrami y el experto en criminalidad organizada transnacional Jérémie Swinnen “vinieron a colaborar y participar en la transición hacia el sistema acusatorio federal” en Santa Fe, que encarga a los fiscales federales la investigación del “narcotráfico, el crimen organizado, el contrabando y la falisifación de monedas”, entre otros delitos.
El “aporte” de los funcionarios de la Embajada “es para destacar”, enfatizó Somaglia. “Estados Unidos es un país rico, con un extenso contenido en material judicial y un sistema que funciona”. Por lo tanto, “es bueno captar las experiencia de ellos, incluso con sus errores, para poder capitalizarla en Santa Fe”.
En el diálogo de ayer, el secretario de Justicia estuvo acompañado por dos funcionarias del círculo de confianza de Perotti: la directora provincial de Cooperación, Nerea Álvarez y la delegada del gobierno de la provincia en Rosario, Marianela Blangini.
Desde la reunión del 24 de marzo, funcionarios de la Embajada mantuvieron contactos con sus colegas de Santa Fe “con el objetivo de trabajar en la capacitación de policías y operadores del sistema judicial para enfrentar el crimen organizado”.
Incluso, en la primera mesa de trabajo participó el propio Perotti y luego hubo encuentros con “temarios específicos” con la asistencia la ministra de Gobierno, el ministro Lagna y Somaglia.
En esa línea, el 30 de marzo, la Embajada anunció el lanzamiento en Rosario de un “nuevo programa de asistencia, junto con la Organización Mundial de Aduanas, para fortalecer el control efectivo de contenedores marítimos que servirá para trabajar junto con Argentina contra el crimen organizado transnacional”.
La ministra de Gobierno explicó el intercambio con Estados Unidos como parte de la “agenda conjunta de trabajo en materia de seguridad, gobierno y justicia federal y provincial, que inició el gobernador Perotti”.
Arena dijo que la idea era avanzar en “líneas de cooperación vinculadas a la capacitación y a todo lo que tiene que ver con la transición al sistema acusatorio federal”. “Creemos que Santa Fe se podría incorporar ya este año” al nuevo sistema.
“Vamos a poner un énfasis muy fuerte en la formación de formadores y en la transferencia de tecnología. Pudimos avanzar en reuniones concretas de agenda para instrumentar ya en el corto y mediano plazo acciones conjuntas.”, dijo la ministra. Y mencionó el programa “Santa Fe+ Conectada, ya que todo el tema de conectividad con respecto a la seguridad tiene un impacto muy fuerte porque también puede haber una colaboración en ese sentido”.
Tacheros analizan levantar el servicio nocturno
Piden garantías para circular
Horacio Yannotti.Ante la versión de que habría un quite de colaboración de los taxistas, el Sindicato de Peones de Taxis (SPT) se encargó de desmentirla. “De ninguna manera el gremio ha dispuesto un quite de colaboración", dijo Horacio Yannotti, secretario general del SPT. De todas maneras, remarcó dos puntos que son de preocupación y que mantiene en alerta al sector: "La necesidad de un pronto aumento de la tarifa y otro es la insegurida, sobre todo en la noche". Yannotti volvió a insistir en la posibilidad de levantar el servicio nocturno “hasta tanto las medidas no aparezcan”.
El SPT pide por un lado que el Concejo de la ciudad retoque la tarifa la semana próxima. "De esa manera, aumentarán los ingresos de los trabajadores”, dijo Yannotti. Asimismo, el dirigente gremial fue muy claro al señalar que "se evalúa seriamente", la medida de levantar el horario nocturno en la ciudad “debido a la creciente inseguridad”. “Los robos a la noche se hacen muy frecuentes y los muchachos tienen miedo de salir a trabajar”, apuntó Yannotti. “Estamos evaluando suspender el horario nocturno hasta tanto desde la provincia nos den mas garantías para poder trabajar”, remarcó.
Por lo pronto, se viene una nueva reunión con funcionarios del área de Seguridad de la provincia y autoridades policiales.
Recarga de tarjeta MOVI mediante el teléfono celular
Propuesta de la concejala Gigliani
Debido a las dificultades que se les presentan a los vecinos de la ciudad de Rosario en el uso la tarjeta MOVI del Transporte Público de Pasajeros, la concejala Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular), presentó un pedido para que la Municipalidad habilite el uso del teléfono celular al sistema de recarga.
La medida obedece a la falta de puestos de recarga en la vía pública y a la demora de hasta 48 horas para quienes utilizan el sistema Home Banking.
La intención es poder sincronizar la app MOVI con distintas entidades bancarias para cargar la tarjeta desde el celular.
Por otra parte, la edila presentó un pedido al Ejecutivo local para que la aplicación habilite a los usuarios a denunciar quejas y o reclamos vinculados con el uso del transporte público.
Hoy las funciones con las que cuenta la APP están vinculadas a servicios como: Cuando Llega, Recorridos, Puntos de venta y recargas, Cuanto Tengo, Como Llego y Noticias.
Gigliani explicó que “hoy los vecinos solo pueden expresar quejas o hacer reclamos sobre el servicio llamando al 147” y agregó: “Queremos darle facilidades al usuario para poder platear reclamos desde la misma aplicación, sin tener que llamar”.
El objetivo es que mediante el uso de la APP MOVI se puedan realizar reclamos. Para esto, la misma plataforma debería estar conectada con el número de atención al ciudadano, con la finalidad de unificar en una sola base de datos todos los reclamos efectuados por los usuarios.
“De esta manera se brindará un canal directo a la ciudadanía para expresar sus críticas y reclamos, generando un mecanismos de participación activa por parte de los usuarios”, finalizó Gigliani.
Voces rosarinas en el debate por la Ley de Alquileres
De los derechos a los negocios
Cuatro expositores de la ciudad llevaron a la Comisión de Legislación Laboral sus propuestas para modificar la legislación.
La concejala Norma López fue una de las expositoras de la ciudad. . Imagen: Andres MaceraEn la continuidad del debate por las modificaciones a la ley de alquileres en la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de la Nación expusieron ayer la subsecretaria de Hábitat municipal, Josefina del Río, la concejala del Frente de Todos, Norma López, la especialista en diseño e implementación de políticas urbanas de la UNR, Patricia Nari, y el rector de la UNR, Franco Bartolacci. La subsecretaria Del Río planteó gravar la vivienda ociosa pero también generar "un régimen de beneficios y promoción impositiva para que más propietarios pongan sus viviendas en alquiler". La concejala López consideró que las modificaciones a la ley tienen que ser muy precisas "para no caer en ningún tipo de riesgo jurídico, y para seguir protegiendo al eslabón más débil, inquilinos y propietarios de una o dos viviendas que están alejados de la especulación". Nari apuntó a transparentar las operaciones y a que "las regulaciones al mercado inmobiliario tiendan a reducir y eliminar sus prácticas especulativas". Por su parte, Bartolacci se refirió a la problemática de los estudiantes que vienen a Rosario y no consiguen alquilar: "La posibilidad de acceso a la vivienda es sustancial para poder continuar con el sueño de convertirse en profesional universitario", subrayó.
"El país atraviesa una crisis habitacional y Rosario no es ajena a ella", dijo la subsecretaría del Río. La funcionaria estimó que el 20% de la población alquila, y que en ese marco se creó en el 2016 Centro de Asesoramiento Social en Alquileres para facilitar apoyo y asesoramiento de inquilinos y propietarios. La funcionaria precisó que entre 2020 y 2021 recibieron 14 mil consultas vinculadas al tema, 18 de esos 24 meses fueron bajo la vigencia de la actual ley, y el 73% buscó asesoramiento legal. "Esto no indica por sí mismo un fracaso de la ley, sí un profundo desconocimiento y la falta de aplicación de gran parte de la normativa", afirmó.
Según la funcionaria, "el problema no son los 3 años de duración de los contratos si no la seguridad jurídica, y eso alcanza a ambas partes del contrato. Además, discutir el precio supone discutir el mercado. En estas semanas hubo un punto de coincidencia: Hablar de alquileres es hablar de mercado inmobiliario, y hablar de mercado inmobiliario es hablar de suelo. En las ciudades, que tienen que ser compactas y sostenibles hay que gravar la vivienda ociosa, pero también es fundamental generar un régimen de beneficios y promoción impositiva para que más propietarios se inclinen a ubicar sus viviendas en alquiler".
Por su parte, la concejala López expresó: "Esta ley de alquileres nos ha permitido una herramienta para salir de la emergencia, es necesario hacer modificaciones pero tienen que ser muy precisas". La edila justicialista subrayó que en Rosario "hay un nivel muy importante de dinero en negro, de evasión fiscal, de granos, dinero de economías delictivas mezclado con el tema narco que van a parar a las construcciones de alta gama. Por eso necesitamos de más y mejores políticas públicas de parte de los tres niveles del Estado para poder abordar estos temas y ejercer los controles".
Para la concejala del Frente de Todos, es indispensable sostener los artículos referidos a las reparaciones, la resolución anticipada y el de expensas claras. También planteó la necesidad de mantener los tres años de contrato, evitar lo que significa el ajuste por indexación y la dolarización. López dijo que hay que trabajar mucho más el alquiler social: "Esta ley tiene muchas ventajas en ese sentido, pero hay que implementarla".
"No hay que olvidar que esta ley se implementó en tiempos de pandemia, con un decreto que congelaba los alquileres y otro que, afortunadamente, impedía los desalojos, pero en un marco de gran incertidumbre. Resulta entonces sesgado y falaz hacer una evaluación de esta ley como si no hubiera pasado nada", manifestó Nari. "Es ingenuo pensar que la realidad agobiante del 20% de los hogares que están en situación de inquilinos se pueda resolver con una ley de alquileres", agregó.
La especialista en diseño e implementación de políticas urbanas de la UNR consideró que hay que avanzar en "transparentar las operaciones, resulta clave que las regulaciones al mercado inmobiliario tiendan a reducir y eliminar sus prácticas especulativas, es necesario y urgente que exista el registro de contratos en la Afip".
Nari fue más allá al señalar que este tema en Rosario "cobra una enorme relevancia porque el mercado inmobiliario está atravesado por economías delictivas; el narcotráfico efectivamente, y a las pruebas me remito: un desarrollador inmobiliario estrella está detenido por narcotráfico", en referencia al financista Gustavo Shanahan.
Sin desconocer el impacto que la problemática tiene en varios sectores, Bartolacci expresó su preocupación por la situación de los estudiantes universitarios, ya que el 50% no son de la ciudad. El rector entregó un informe realizado por el Observatorio Económico y Social de la Universidad que tiene como apartado una encuesta que recaba modalidad, características y dificultades de los estudiantes de la UNR en el contexto actual. "Entiendo que es un insumo relevante para el debate", añadió.
En el cierre del debate, la diputada Cecilia Moreau, presidenta de la comisión de Legislación General, informó que la semana próxima se reunirán los integrantes de la comisión e invitará a aquellos que presentaron proyectos sobre la temática.
INQUILINOS
Asamblea en La Toma
Este viernes, a las 18:30, se realizará una Asamblea Inquilina en La Toma (Tucumán 1349). Convocada por Inquilinos Agrupados Rosario, la iniciativa se enmarca en los debates que se están llevando adelante en la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de la Nación y el dictamen que estaría por salir en los próximos días. “Llegamos a esta instancia por una presión muy fuerte del mercado inmobiliario sobre el Congreso”, sostuvo Sebastián Artola, referente de Inquilinos Agrupados Rosario y responsable de la Federación de Inquilinos Nacional en la provincia de Santa Fe. “Nos preocupa cuál puede ser el dictamen de la comisión, por eso estamos convocando a movilizarnos de ser necesario”.CELULOSA
Premio para vigiladores
Trabajadores de seguridad privada que cumplen funciones en la empresa Celulosa, en Capitán Bermúdez lograron el pago de un bono de 50 mil pesos. El Sindicato Único de Trabajadores de Vigilancia Privada (Sutravip), llegó a un acuerdo con la empresa, luego de semanas de tensión. El pago del bono corresponde al premio de fin de año de 2021 y se pagará en siete veces comenzando con la primera cuota en los sueldos de abril, con pagos de 7.200 pesos. Así, se evitó la medida de fuerza que parecía inminente. "Logramos llegar a un entendimiento de la situación con la empresa y unos 50 compañeros cobrarán su premio", consideró el secretario general del gremio del cordón industrial, Cristian Rodríguez.Investigan la seguidilla de amenazas de bomba
Por intimidación pública
La semana pasada fueron dos llamados al 911 que alertaron sobre la presencia de explosivos en una sede del Ministerio Público de la Acusación y en el Centro de Justicia Penal, de Mitre y Virasoro. Tras revisar los edificios, personal calificado indicó que fue una falsa alarma. Esta semana comenzó con otra amenaza de bomba en el Concejo Municipal y ayer se concretaron comunicaciones al 911 con la misma advertencia sobre la Terminal de Ómnibus y el Aeropuerto Islas Malvinas. El vocero del MPA, Sebastián Carranza, dijo este martes que se realiza una investigación conjunta (excepto el caso del aeropuerto ya que corresponde al Federal), y adelantó que existen "coincidencias" en las llamadas, pero que se mantienen en reserva esos datos.
La seguidilla de comunicaciones al servicio de emergencias 911 generó una sola investigación conjunta que quedó a cargo de la unidad fiscal de Investigación y Juicio. “Se logró detectar coincidencias en las llamadas. Estamos a la espera de resultados en las próximas horas”, dijo Carranza en Canal 3.
Con respecto a qué pena podría afrontar la persona que resulte identificada por estos hechos, explicó que la misma "puede variar", y que las acciones cometidas encuadrarían en el delito de "intimidación pública”.
Tanto este martes, como el lunes y la semana pasada, debió intervenir personal de la Brigada de Explosivos. Por protocolo, se desalojaron los edificios de forma momentánea hasta que se realizara una inspección de rutina. En ninguno de los casos se hallaron artefactos como los mencionados en las comunicaciones telefónicas.
Fuente:Rosario12












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