Esteban Echeverría: Marcha por la
aparición de María Luján Barrios
Resumen Latinoamericano, 4 de abril de 2022.
Familiares de María Luján Barrios, marcharon este lunes exigiendo justicia. El 3 de diciembre la joven de 24 años salió en un remis desde su casa, ubicada en la ciudad de Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires. A partir de aquel momento no se la volvió a ver. Barrios llevaba puesta una campera negra con azul, un pantalón oscuro y zapatillas negras.
En este contexto, familiares de la joven, acompañados por organizaciones sociales se concentraron cerca de las 18 horas y marcharon hacia la estación de El Jagüel. Allí, pidieron por la aparición de Barrios y exigieron a las autoridades que escuchen sus reclamos y avancen en la investigación.
“Hace un mes que no aparece, la justicia es muy lenta y dio pocas respuestas para nosotros. Queremos más rastrillaje en la zona. Pedimos que los hicieran y se hizo uno solo donde se encontró el documento”, aseguró María, la madre de la joven. En enero se encontró el documento de identidad de Barrios en las inmediaciones de un basural ubicado en las cercanías del Monte Grande Rugby Club. Se realizó un rastrillaje en la zona pero dio negativo.
“Quiero que los medios me ayuden a difundir porque hace un mes que mi hija no está y sus hijos la esperan. Una Navidad y Año Nuevo sin su mamá es muy doloroso para mi y para toda nuestra familia”, agregó María.
Los hechos
En el partido de Esteban Echeverría continúa la búsqueda de María Luján Barrios. El día 3 de diciembre, Barrios salió de su casa en Luis Guillón y no volvió a saberse de ella. Ese día tomó un remis; llevaba puesta una campera negra con azul, un pantalón oscuro y zapatillas negras. La joven de 24 años es madre de cuatro niñes; de nueve, ocho, seis y un año.
Ese día Barrios salió de su casa en un remis y dejó a uno de sus hijos en la casa de su madre, y a otro niño al cuidado de una niñera. Más tarde sus amigas recibieron pedidos de dinero desde su celular que luego fue bloqueado y no tuvieron más respuestas.
La investigación hasta el momento
En principio había sido sospechoso el remisero que llevó a Barrios; pero este declaró que la llevó a una fiesta, su vehículo fue secuestrado y luego lo liberaron y lo descartaron como sospechoso. En el domicilio donde presuntamente se llevó a cabo la fiesta, declararon dos ciudadanos de nacionalidad colombiana, que vivían en el lugar.
Ambos dijeron que la joven se había retirado del lugar a la 1.30 de la madrugada en un vehículo gris. Pero más tarde unos videos desmintieron esta versión y se observó que la joven se retiró a las 4 de la mañana e iba acompañada de uno de ellos en una moto, por lo que ambos quedaron detenidos por falso testimonio. La investigación está a cargo de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora. Hasta el momento no hay pistas certeras para dar con la ubicación de la joven.
El apoyo de las organizaciones sociales
La organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) de Esteban Echeverría, estuvo presente. Una de sus integrantes, María José expresó: “vamos a seguir buscando a María Luján hasta que aparezca porque no queremos que nos falte ninguna; tiene que aparecer, vamos a seguir buscando donde sea; tiene que aparecer”.
“Vamos a apoyar a la familia en todo lo que podamos. No nos tiene que faltar ninguna más, esto se tiene que terminar, no podemos estar con este miedo de que si salimos no volvemos. Tenemos que luchar todas juntas”, sostuvo.
Las Organizaciones también se solidarizaron: “como venimos haciendo, venimos apoyando a la familia de Marilú y exigimos fuertemente la aparición inmediata. No queremos más pibas desaparecidas en los barrios y exigimos su búsqueda a la justicia y a todos quienes estén implicados porque nos queremos vivas y también libres de toda violencia”.
Y adelantaron que “seguiremos en las calles por el tiempo que sea necesario y tomaremos las medidas que sean necesarias, para seguir luchando hasta que Marilú aparezca. Así que a seguir con fuerza y a no aflojar”.
Gatillo Fácil: Piden perpetua para
un ex comisario que mató a un
joven en Lanús
Resumen Latinoamericano, 4 de abril de 2022.
Una fiscal de Lomas de Zamora solicitó la pena de prisión perpetua para un ex comisario de la policía bonaerense que estuvo prófugo cinco años por el homicidio de Nicolás Vázquez (18), un joven ejecutado de un balazo en el cuello en septiembre de 2013 por hurtarse una camiseta de fútbol. La sentencia se dará a conocer el próximo miércoles 6 de abril a las 11.
El pedido que formuló este jueves la fiscal Viviana Giorgi recayó sobre Héctor Alejandro Amarilla quien está siendo sometido a juicio oral desde el 8 de marzo pasado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Lomas de Zamora.
Giorgi lo imputa por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego, por alevosía y por ser el sujeto activo miembro de las fuerzas policiales abusando de su función y de su cargo en concurso real con tenencia de arma de guerra”.
Además, para el caso de que los magistrados no compartan la calificación, la fiscal pidió que se lo condene a 30 años de prisión por el delito de “homicidio agravado por cometerse con el empleo de arma de fuego, en concurso real con tenencia de arma de guerra”.
Por su parte, la abogada Marina Pirro, representante de la Particular Damnificada, adhirió a la solicitud del Ministerio Público Fiscal, mientras que la defensa de Amarilla pidió que se lo condene por “homicidio culposo por negligencia e imprudencia”.
En su argumentación, la representante de Ministerio Público sostuvo que “Amarilla tenía consciencia de que estaba excediendo o abusando de sus funciones y de su cargo al cometer el crimen de Nicolás”.
La fiscal también mencionó como evidencia las dos armas que Amarilla tenía en su poder luego del hecho. “Una de las armas era de él y la otra dijo que se lo había sacado a la víctima, pero quedó comprobado que Nicolás no tenía arma”, explicó Giorgi.
Y amplió: “El arma fue aportado luego por Amarilla. No hubo forcejeo contaron los testigos, mientras que Amarilla dijo que sí. Amarilla se fue del lugar de los hechos antes de que llegaran los policías. Se fue sin un disparo y volvió con una herida”.
Por su parte, Diego José Martín Raidán, el defensor del acusado, rechazó el planteo de la fiscalía y pidió que sea condenado, pero por “homicidio culposo por negligencia e imprudencia”, porque “no existió” la intención de matar. “Nunca existió el agravante de la alevosía”, indicó el letrado.
En sus últimas palabras ante el Tribunal y en presencia de la madre y de la hermana de la víctima, el imputado expresó: “Yo traté de cumplir con mi deber”.
Concluidos los alegatos, el miércoles próximo a las 11 por la plataforma Microsoft Teams, se escuchará la sentencia.
El caso
De acuerdo a la acusación, el 25 de septiembre de 2013, cerca de las 15, Nicolás Vázquez ingresó a un local de ropa deportiva de la peatonal 9 de julio y Oncativo, en Lanús, donde se probó unas camisetas de fútbol y se fue. Amarilla comenzó a correrlo tras acusarlo del robo de una camiseta.
A las pocas cuadras, la víctima se detuvo e intentó mostrar que no estaba armado, pero no alcanzó. Amarilla le apoyó el arma en el cuello y gatilló.
El policía terminó con un balazo en una pierna y dijo en esa oportunidad que Vázquez le había disparado.
Con un nuevo “Atlanticazo”,
ambientalistas rechazaron la
exploración petrolera
Resumen Latinoamericano, 4 de abril de 2022.
La Asamblea “Por un mar libre de petroleras” volvió a movilizarse este lunes 4 de marzo en rechazo a la explotación petrolera que impulsa el gobierno nacional frente a las costas de Mar del Plata. La convocatoria fue a las 17 en la Plaza Almirante Brown, en la Rambla.
“Decimos al gobierno y a todos sus operadores que no nos vendan humo. La Secretaría de Energía, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, YPF, Equinor, el Clúster de Energía, el Colegio de Ingenieros, la CGT, y los medios de incomunicación cómplices del extractivismo, mienten descaradamente”, expresaron desde el sector a través de un comunicado de prensa.
Compartimos convocatoria:
Decimos al gobierno y a todos sus operadores que no nos vendan humo. La Secretaría de Energía, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, YPF, Equinor, el Clúster de Energía, el Colegio de Ingenieros, la CGT, y los medios de incomunicación cómplices del extractivismo, mienten descaradamente.
Con promesas de miles de puestos de trabajo, derrame económico y un supuesto control estatal para que “todo salga bien”, salieron a vender el proyecto petrolero que pretenden instalar en nuestro mar.
Se aprovechan de la necesidad de trabajo que existe en nuestra ciudad para generar la licencia social que necesitan para avanzar.
Pero la explotación petrolera offshore sólo traerá ganancias para unos pocos y mientras, a las comunidades costeras nos quedara la contaminación y el saqueo del mar, la destrucción de nuestras economías regionales, nuestro trabajo y nuestro territorio.
NUESTRA LA LUCHA ES AHORA! Y no la podrán frenar porque la instalación de plataformas petroleras en el mar *NO TIENE LICENCIA SOCIAL*.
Nuestro reclamo crece y se extiende, multiplicandose en asambleas de las comunidades costeras, que nos unimos para ponerle un freno al extractivismo petrolero, y gritar cada vez más fuerte: NO A LAS PETROLERAS EN EL MAR!
Nos fortalece el acompañamiento y la solidaridad de las asambleas socioambientales de distintos territorios en lucha, y de cientos de científicos e intelectuales que ya salieron públicamente a repudiar este proyecto de mal desarrollo.
El pueblo está de pie, luchando contra el extractivismo, en defensa del mar y por la vida en nuestros territorios.
PETROLERAS EN EL MAR NO PASARAN
«Como los barrabravas, la Policía
corrupta es funcional a la clase
política»
por Mariano Pagnucco, Resumen Latinoamericano, 4 de abril de 2022.
En su libro «Desaparecer en democracia», la periodista Adriana Meyer reconstruye más de 200 casos de desapariciones forzadas registradas desde 1983. La impunidad de las fuerzas de seguridad, el rol cómplice del Estado y las historias desconocidas de víctimas de pueblos originarios.
Fotos: Agustina Salinas
La última vez que lo vieron con vida a José Luis Franco (23) fue el día de Nochebuena de 1983. Catorce días después de la asunción de Raúl Alfonsín como Presidente de la Nación, el joven fue detenido en Rosario y trasladado a la Comisaría 11a. Tiempo después, cuando su cuerpo apareció masacrado en un descampado, la Policía provincial comunicó que había sido asesinado “en un enfrentamiento”.
Con la recuperación de la democracia, Argentina entró en un período complejo en el que prosperó la perspectiva de Memoria, Verdad y Justicia que impulsaron los organismos de derechos humanos. Pero más allá de que la cifra de 30.000 detenidos-desaparecidos se convirtió en una bandera de la memoria social, las desapariciones forzadas continuaron. Desde el caso de Franco en Rosario, en 1983, hasta el de Facundo Astudillo Castro en Pedro Luro (Buenos Aires), en 2020, transcurrieron casi cuatro décadas con un total de 218 desapariciones forzadas en democracia. Esa cifra y ese recorrido son el cuerpo y el alma de Desaparecer en democracia, el libro de la periodista Adriana Meyer publicado por Marea Editorial el año pasado.
Si bien es el debut como autora de Meyer, una colega con larga trayectoria en gráfica, radio y televisión, en las casi 460 páginas del libro están volcados años enteros de investigación y seguimiento de casos judiciales, de derechos humanos y represión estatal. Una semilla posible de Desaparecer en democracia puede encontrarse en las cajas con apuntes, fotocopias y documentación que Meyer fue llenando tras la desaparición de Jorge Julio López en septiembre de 2006. Una caja similar se fue nutriendo tras la desaparición de Santiago Maldonado en agosto de 2017.
Ambos casos, que cubrió con interés periodístico y personal para diversos medios, la llevaron a revisar el listado de la CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional) sobre desapariciones forzadas en democracia: el recuento daba 204 casos. Con ese punto de partida se gestó un volumen que es un documento histórico insoslayable para pensar los derechos humanos del siglo XXI en la Argentina.
–¿Cómo fue el trabajo minucioso de investigación para llegar a rescatar información de todas las desapariciones en democracia?
–Yo tenía mucha información acumulada del caso de Jorge Julio López, que fui recopilando en cajas: recortes, libros de referencia… Con el caso de Santiago Maldonado se armó otra caja similar con materiales. Después, el mayor trabajo fue dejar afuera información para el libro. Con los casos más conocidos, lo que me propuse es contar otra historia. Por ejemplo, el caso Maldonado está contado por las voces mapuche, por sus amigos menos conocidos, aparece su costado anarquista, la voz de su hermano Germán, que no es tan conocido como Sergio… En el caso de Facundo Castro, están las voces de los pescadores, que no habían aparecido. Me propus e sumar datos nuevos y contar esos casos conocidos desde otros ángulos. El libro está organizado por gobiernos, siguiendo algo que dice Norita: cada Gobierno tiene sus desaparecidos en democracia, que se haga cargo. Tuve como ayuda una base importante que es la lista de la CORREPI. Fui viendo capítulo por capítulo, revisando los casos de los que no tenía información. Ahí era empezar de cero, conseguir contactos, llamar. En algunos casos no pude avanzar mucho pero está documentado lo que salía en los medios, aunque mi intención era ir más allá.
–Hay un capítulo entero dedicado a desaparecidos de pueblos originarios.
–Siempre me llamó la atención algo que decía Moira Millán: hay 415 desaparecidos pertenecientes a distintas comunidades originarias del país. Dimos vuelta cielo y tierra con Gioia Claro, compañera de Cítrica, para tener más datos. Hablamos tanto con el territorio como con la Academia, gente que ha realizado investigaciones sobre pueblos originarios. Finalmente dimos con 12 casos inéditos de desapariciones forzadas de miembros de comunidades originarias. Ese capítulo es novedoso.
Continuidades de la historia
Meyer reconoce que cuando se adentró en las historias de vida truncadas detectó la complejidad de la tarea investigativa: “Hubo casos en los que viajé a los territorios, como el de Maldonado. Cuando me di cuenta del material que tenía, un poco me temblaron las piernas: el listado era muy largo, así que me dije hay que hacer equipo”. Las otras personas que le dieron vida a Desaparecer en democracia son Daniel Satur (dedicado al caso de Facundo Castro, “el expediente más denso y más caliente”), Gioia Claro (desapariciones originarias), Soledad Segade (los casos de Mendoza), Juan Pablo Csipka (“para rescatar del olvido los casos de Andrés Núñez y Miguel Bru”, además de una antigua historia de anarquistas) y Martín Cosarini (edición fotográfica “para que aparecieran todas las caras”).
Sobre el criterio utilizado para incorporar los casos: “La línea divisoria que yo establecí en el libro es que esté probada la participación de una fuerza de seguridad en las desapariciones. El listado de CORREPI, que es muy riguroso, menciona 204 casos y yo le sumé 12 casos de originarios. ¿Qué pasa con las víctimas de la trata? Bueno, según el criterio que yo utilicé, están Otoño Uriarte y Marita Verón, pero no María Cash, porque no hay pruebas, hay sospechas. Así pasa con la mayoría, por eso preferí no meterme”.
–Después de todo el trabajo de investigación, ¿qué pensás de las desapariciones forzadas? ¿Es un sótano de la democracia, un resabio de la dictadura o una red de complicidades dentro del Estado que hace que no tenga tanta difusión lo que sucede?
–Bueno, es complejo, es la pregunta central del libro. Hay un agujero, una deuda de la democracia, porque si bien los casos no suceden con la sistematicidad que había en la dictadura, las cifras son altas y sí hay prácticas cotidianas y sistemáticas como las torturas en comisarías que, en muchos casos, derivan en desapariciones. Si el Estado es responsable, la asignatura pendiente es elaborar desde el Estado los mecanismos para que no vuelva a suceder. El libro ofrece un montón de aristas de cosas que se podrían haber hecho y que todavía se pueden hacer, porque es una cuestión de implementación. Ahí tenés otro problema, que es la voluntad política. Todo el mundo declama sobre este tema mientras hay un desaparecido, pero después el tema vuelve a desaparecer de la agenda. Pongo un caso: cuando León Arslanian quiso implementar ciertas purgas en la Policía Bonaerense, el mismo día que los anuncios hubo cientos de llamados de los intendentes. El poder político de la Provincia de Buenos Aires en ese momento necesitaba de esa Policía corrupta. Sobre cómo llamarlo… a mí no me gusta hablar de los sótanos, es la superficie de la democracia.
–¿Por qué se repiten los casos en los sucesivo gobiernos?
–Lo que explica que esto siga pasando es, más bien, una ley no escrita de las fuerzas, que no hay cursito ni nuevas generaciones que la cambien. Todos piensan que las mentes siniestras de Videla y compañía generaron el mal y lo perpetraron hacia abajo, pero en realidad ya lo decía Rodolfo Walsh en un artículo para el diario de la CGT de los Argentinos: la Bonaerense es la secta del gatillo alegre y de la mano en la lata, o sea, una Policía corrupta que no te mata por ideología, sino por guita. Entonces, los intendentes del conurbano quieren esta Policía y esto no es tema de agenda en las campañas electorales. Algo parecido pasa con los barrabravas. Estas fuerzas son funcionales a algunos sectores, si no a toda la clase política. Es una especie de patota, no paraestatal, sino estatal al servicio del mejor postor. Eso para mí responde a la ley no escrita de las fuerzas.
–¿Cómo funciona esa ley?
–Por ejemplo, hay un discurso que se repite de generación en generación de policías según el cual hay que esperar 24 horas para denunciar una desaparición. ¿Dónde está escrito eso? Los expertos coinciden en que esa ley no escrita es más fuerte que la ley. Si te ponés a pensar, no hay que esperar un solo segundo para denunciar una desaparición. ¿Cómo va a cambiar esto si el tipo que tiene que tomar la denuncia no sabe o no quiere saber que la búsqueda debe ser inmediata? Por eso CORREPI recomienda ir directamente a las fiscalías.
–El accionar de las fuerzas de seguridad está atravesado por la impunidad.
–A mí me quedó picando algo del caso de la violación grupal en Palermo, cuando entrevistaron a una referenta feminista y dijo “el violador viola porque puede”. Con los desaparecedores pasa algo similar: desaparecen porque pueden, porque es casi gratis, casi no hay condenas. Imaginate que no hay casi condenas por gatillo fácil, menos por desapariciones forzadas. Sobran los dedos de la mano para contar los casos que llegaron a juicio y tienen condena. El caso López, empantanado; el caso Bru, ni siquiera está el cuerpo; caso Núñez, todavía hay un prófugo 30 años después, que saben dónde vive pero nadie lo va a buscar. El delito está tipificado en el Código Penal, que antes no existía, y los jueces no lo aplican. La impunidad es eso: desaparecen porque pueden. También hay una rémora de la dictadura que es la construcción de la víctima culpable.
–Algo habrán hecho.
–Y… Maldonado estaba tirando piedras, era un terrorista que corta rutas; los de Tablada, ¿qué fueron a hacer ahí? Entonces, tenés una mitad de la sociedad que cree que está bien, aunque también hay una mitad que juzgó el genocidio. A ese mitad que juzgó el genocidio uno le habla cuando propone que se cree un listado de NN para cruzarlo con un banco de desaparecidos que no hay. Esto lo dicen los especialistas en el libro, como muchas otras cuestiones que se pueden implementar y no se han implementado hasta hoy.
Sobre Adriana Meyer: Periodista oriunda de Miramar (1970) con amplia trayectoria en gráfica, radio y televisión. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación y docente universitaria en la UBA. Se ha especializado en temas judiciales, de derechos humanos y represión estatal. Integra el equipo de «Marca de Radio». Desde 1998 es cronista en Página/12 y actualmente también escribe en Cítrica, La Izquierda Diario, Acción y Agencia Presentes. Es madre de mellizos.
Fuente: Revista Cítrica
Violación grupal: comienza el juicio
por el ataque a Paula Martínez en
Florencio Varela
Por Silvina Freira, Resumen Latinoamericano, 4 de abril de 2022.
Las verdaderas guerreras no se rinden. Paula Martínez, que fue drogada con burundanga y violada grupalmente por al menos cinco varones en una casa de Florencio Varela en diciembre de 2016, luchó durante cinco años para que el delito no quedara impune. En el camino soportó el hostigamiento y las amenazas de los familiares de los cuatro detenidos por la violación, que viven en el mismo barrio. Paula estaba aterrada, angustiada y también demasiado cansada por el abandono del Estado, que no la acompañó ni le brindó asistencia económica ni psicológica. A fines del año pasado, a los 23 años, se suicidó. Esa guerrera sembró a una madre, Sandra Zapata, que ahora continua la pelea, “de pie” y “empoderada”, ante el Tribunal Oral en lo Criminal 4 de Quilmes en el juicio que comenzará mañana contra Cristian Chávez, Rubén Chávez, Diego Domínguez y Gustavo Carbonel, imputados por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas. Hay otro imputado de violación suelto, prófugo, Mauro Nair Goncalves, y una recompensa de 4 millones de pesos para quien pueda aportar información sobre su paradero.
Nunca más
“Mi hija era una guerrera y por eso sigo la lucha”, dice Sandra en la sala Borges de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, donde se realizó una conferencia de prensa en la que participó junto con su padre, Ramón Zapata, el abuelo de Paula, y Romina Doncel, coordinadora del equipo de profesionales que está acompañando a la familia. En la primera fila estaba Andrea Lescano, la presidenta de la Fundación Micaela García “La Negra”, en un día muy especial para ella: el viernes 1° de abril se cumplieron 5 años del femicidio de “La Negra”. También estuvieron presentes la Red Se Trata de No Más Trata y las Mariposas AUGe. “La guerra está declarada; así como me ven, con lágrimas en mis ojos, con el alma partida y el corazón roto, sigo de pie y sigo la guerra. Voy a luchar hasta el último día de mi vida para que mi hija tenga justicia, para que los violadores paguen por lo que hicieron. Ellos se reían a carcajadas mientras la abusaban y la filmaban; quiero que ese video aparezca. Ellos la mataron desde el día que la violaron y ella siguió muerta en vida”, resume la madre de Paula, una guerrera que llora y emociona.
A Zapata le preocupa el futuro porque ella con los tres hijos de Paula y sus propios hijos, siete niños en total, siguen viviendo en el mismo barrio en Florencio Varela, rodeada de los familiares de los cuatro acusados y que infringen sistemáticamente las restricciones perimetrales ordenadas por un juez. “Yo pido la reclusión perpetua para los violadores porque por ellos mis nietos están sin su mamá y yo sin mi hija; ella me decía que no quería que nunca más le hicieran daño a ninguna chica. No voy a parar; le arruinaron la vida a mi hija. Si luché tanto por una, imagínense si no voy a luchar por siete, para que mis hijos y mis nietos tengan una vida digna”, agrega Zapata y asegura que Paula estaba “muy cansada”, tenía pánico y terror y necesitaba estar acompañada todo el tiempo. “Hoy la entiendo más; el miedo que da estar sola y cómo los pensamientos y los recuerdos te atormentan -reconoce-. Ella quería justicia y durante todos estos años vivió un calvario desde el día que la violaron. El dolor es desgarrador y no se lo deseo a nadie, pero también me da paz porque ella ya no sufre… Hija, descansá en paz, volá alto que mamá se encarga”.
“El miedo que te carcome el cerebro”
A Ramón Zapata, el abuelo de Paula, le cuesta hablar. No le resulta fácil algo paradójico: pedirle a la justicia que haga justicia. “Tenemos que ir a los colegios para enseñar y para que nunca más el hombre haga este tipo de aberraciones, porque hoy me tocó a mí, a mi familia y a mi nieta, pero esto sigue; lo están viendo todos los días. El hombre sigue involucionando. La mujer tiene una fortaleza tremenda; detrás de cada familia hay una guerrera, una luchadora”, compara el abuelo y precisa que no puede ser que nadie sepa dónde está el prófugo. “Los familiares de los Chávez se bajaron de dos motos y amenazaron a otro de mis hijos con fierros y palos, y mi hijo se tuvo que meter en la casa de un vecino, y le rompieron toda la bicicleta en la que él andaba”, comenta el abuelo de Paula y aclara que la consigna de la familia fue no contestar las agresiones y los agravios. “El miedo que te carcome el cerebro es malo y ojalá que se nos quiten esos miedos”, desea Ramón.
Complicidad policial
Romina Doncel, especialista en género y trata de personas, va al grano de dos cuestiones fundamentales. “Queremos que le crean a Paula; ninguna sobreviviente está encerrada en su casa cinco años porque está mintiendo”, sintetiza Doncel y sobre el prófugo, Mauro Nair Goncalves, revela que hace un mes se hizo un allanamiento en la casa de la hermana porque un chofer declaró que lo había llevado a ese domicilio. Pero no lo encontraron. La especialista pidió urgente una reunión con Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. “No podemos entender cómo una persona que corta el pasto, sin medios económicos, está prófugo durante cinco años. Tenemos la certeza de que hay complicidad policial”, subraya Doncel.
¿Por qué se tardó más de cinco años para llegar al juicio?, pregunta Página/12. “Varios de los imputados decidieron estar en desobediencia hasta que fueron encontrados. Hubo desidia judicial -confirma Doncel-. No en todas las violaciones hay pruebas de ADN; es importante entender que no podemos seguir pensando como en 1810”. La especialista destaca el papel que tuvieron el juez de Garantías, Diego Agüero, titular del Juzgado Nº 6 de Florencio Varela, y su secretario Martín Grizzuti, que acompañaron a Paula Martínez y Sandra Zapata y recuerda cómo los familiares de los imputados han pedido que se lo destituya a Agüero y lo han acusado de “feminazi” por tener perspectiva de género y empatía hacia la víctima. Una pregunta lanzada por Doncel resuena desde la sala Borges hacia la sociedad argentina: ¿Qué tipo de jueces queremos? ¿Qué tipo de justicia queremos?
Del lado de la víctima
Doncel advierte que el Tribunal Oral en lo Criminal 4 de Quilmes “no garantiza que podamos asistir” porque la familia no tiene abogado particular, en cambio los acusados sí tienen; el equipo de profesionales que ella coordina está pidiendo estar presentes en el juicio. “Siempre que una mujer es abusada se espera que se calle. Paula no se quedó callada, los increpó y los señaló con nombre y apellido a los que pudo identificar. No queremos más abusadores sueltos en las calles”, plantea la especialista en género y trata de personas. “No es la primera vez que una sobreviviente pide justicia y la justicia no llega. El Estado no da respuestas y deja a las sobrevivientes sin asistencia económica y sin asistencia habitacional; no pueden salir de las casas de los ataques de pánico que tienen”, explica Doncel. Paula tenía sueños, esperanzas, quería estudiar. “Confiamos que va a haber un juicio con perspectiva de género. Creemos que la condena puede ser ejemplar”, concluye la especialista. Las mujeres de Mariposas AUGe gritan: ¡Paula Martínez presente, ahora y siempre, ahora y siempre”. Las guerreras saben convertir el dolor en acción.
Las guerreras de “La Morena”
Por Carlos del Frade, Resumen Latinoamericano, 4 de abril de 2022.
En “La Morena”, en el lejano oeste rosarino, con solamente 18 mil pesos mensuales, un grupo de mujeres convirtió un garaje en un comedor comunitario donde durante los cinco días de la semana hábil, le dan de comer y tomar la leche a 728 chiquitas y chiquitos de familias que, mayoritariamente, viven del cirujeo como principal actividad económica de sobrevivencia. En trincheras cotidianas que no deben ni figurar en la guerra contra la inflación.
Pero ellas están ahí. Con sonrisas amplias y una garrafa gigante que sale 8 mil pesos y para la que les dan solamente dos mil pesos. Pero ahí está la garrafa y las ollas a las que permanentemente llegan chicas, chicos, mamás y papás para cargar las jarras de plástico con la leche que ya no está en sus casas.
Rosario crece hacia el oeste en una zona que alguna vez se pensó como extensión de su parque industrial pero hoy, luego de tantas políticas económicas basadas en lo financiero y sepultureras del mercado interna y la producción, devino en territorio para asentamientos irregulares que padecen la falta de agua potable a pesar de estar cerca del río Paraná.
Hasta se dan el lujo estas mujeres guerreras de presentar “La Morena” como lugar de estudio, manualidades y rudimentos para acceder a la computación.
No tienen consignas para decir lo que hacen todos los días. Simplemente lo hacen. Comida los lunes, miércoles y viernes; leche calentita los martes y los jueves.
Desde hace años vienen intentando construir un espacio de alegría y solidaridad, aunque los barrios que rodean al centro comunitario suele ser atravesado por balas y negocios mafiosos de larga data.
-Tenemos todos los datos de las chicas y los chicos. La leche suele estar lista a las cinco de la tarde pero a veces las colas se empiezan a formar a las tres porque evidentemente hay mucho hambre en los barrios. Así que empieza el desfile antes del horario…-dice Rosa con su amplia sonrisa, mientras muestra la cocina de varias hornallas y renueva los pedidos de ayuda para hacer frente a tanta necesidad ajena a las estadísticas oficiales.
Hace algunos años, en 2016, el barrio soportó una represión feroz de parte de La Santafesina SA porque varias familias tomaron un terreno que nunca terminaba de definir para quiénes era, quiénes iban a vivir allí. Los cartuchos de las municiones se juntaron en bolsas que luego se denunciaron ante la Legislatura de Santa Fe.
La familia de Rosa y las vecinas hacen el trabajo sin recibir nada a cambio y ninguna de ellas tiene un empleo estable.
En tiempos de profundo individualismo y exacerbación de la salvación personal, el centro comunitario “La Morena”, como tantos otros en la ex ciudad obrera y en diversos lugares del país hecho de pan y carne y que ahora soporta precios impagables de ese pan y esa carne, en esos costados y arrabales de los negocios pulcros todavía crece una esperanza concreta, real y hasta ilógica.
Ni a Rosa ni a sus compañeras guerreras se les escucha pedir algo de manera personal.
-Sería lindo que pongan una escuela porque los barrios van creciendo cada vez más y se necesitan que las chicas y los chicos estudien. Que no cirujeen solamente – dicen las mujeres de “La Morena”.
Mucho más allá de las noticias policiales, del boom inmobiliario y la guerra contra la inflación, en un punto perdido de la geografía rosarina, las mujeres guerreras de “La Morena” cocinan comida y leche para decenas y decenas de familias, al mismo tiempo que inventan un sentido optimista en medio de tanta desesperanza.
Hay que agradecerles a las que hacen posible este esforzado triunfo cotidiano que es “La Morena”.
Fuente: Entrevistas del autor en la tarde del jueves 31 de marzo de 2022.
15 años de lucha, resistencia y
compromiso: ¡ Carlos Fuentealba
Presente !
Por Sonia Alesso, Resumen Latinoamericano, 4 de abril de 2022.
Hace 15 años las y los docentes argentinos, recibíamos la dolorosa e indignante noticia del asesinato de un maestro en Neuquén. Pronto su nombre circuló por todas las redes y portales de noticias: Carlos Fuentealba.
Por la tarde de ese 4 de abril de 2007, una frase que se multiplicó por miles y se iba a transformar en la bandera de nuestra lucha: «Las tizas no se manchan con sangre».
Desde ese mismo día, ATEN, entidad de base de CTERA en Neuquén, se puso al frente de la lucha, junto a Sandra y sus hijas. Nuestra organización, junto a la CTA, la IEAL – Internacional de la Educación para América Latina- y la IE -Internacional de la Educación -, puso todo su compromiso para que se hiciera Justicia. Las entidades docentes de todo el mundo, nucleadas en la Internacional de la Educación, se movilizaron a las embajadas argentinas de sus respectivos países para exigir Justicia; del mismo modo que el Congreso Internacional que dicha organización realizó en nuestro país, sesionó bajo el nombre de Carlos Fuentealba.
Lo que pasó ese 4 de abril en Arroyito, donde las y los docentes neuquinos reclamaban por sus derechos, fue la muestra cabal de que la derecha, ejerciendo una represión descomunal y salvaje, no tolera los reclamos y las luchas de las y los trabajadores.
Desde ese triste día hasta hoy, no hemos dejado de acompañar, con paros, movilizaciones nacionales y provinciales, jornadas de protesta, firma de petitorios, radios abiertas, festivales con músicos, entre otras acciones, la lucha de ATEN, Sandra y su familia; y del mismo modo, hemos estado presentes en las audiencias judiciales.
Las y los maestros han impulsado en las escuelas de todo el país la realización de murales, monumentos, canciones; así como también se le ha puesto el nombre de Carlos a escuelas, bibliotecas, salones, plazas, y calles, entre otros.
Cada año que se cumple un nuevo aniversario del asesinato de Carlos, la CTERA se suma a las acciones que ATEN realiza en su provincia, recordando la presencia de todos los sindicatos docentes del país en el paro nacional y la multitudinaria movilización el 4 de abril de 2008.
Queremos destacar el invalorable compromiso de los organismos de Derechos Humanos: Madres, Abuelas, HIJOS, el CELS, entre tantos, que pelearon codo a codo junto a nosotros durante todos estos años
.La presión ejercida por el conjunto de estas acciones posibilitó que el asesino material de Carlos esté, desde el 2007, en la cárcel, condenado a cadena perpetua.
Pero la Justicia no fue completa: ni el gobernador Sobisch, que dio las órdenes, ni los altos mandos policiales han sido juzgados y condenados, cuestión que visibiliza el pacto entre el poder político y judicial neuquino.
Ante esta situación, hemos recurrido a la Corte Suprema y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se sentaron las bases para que este crimen no quedara impune. Todo esto provocó que en noviembre de 2021 la Justicia de Neuquén fallara a favor de que se avance en el juicio a todos los responsables de la represión en Arroyito.
El incansable coraje y compromiso de Sandra sostuvo la lucha ante las innumerables adversidades y retrocesos. Ha puesto el cuerpo y el corazón en esta batalla contra la impunidad. Vaya nuestro abrazo a ella y sus hijas, que forjaron este presente más justo.
A 15 años del asesinato de Carlos, la lucha por Memoria, Verdad y Justicia sigue siendo nuestro objetivo.
Desde CTERA seguiremos luchando para que se haga Justicia completa.
¡Carlos Fuentealba Presente!
* Secretaria General de CTERA.
Resumen Latinoamericano, 4 de abril de 2022.
Hace 15 años las y los docentes argentinos, recibíamos la dolorosa e indignante noticia delasesinato de un maestro en Neuquén. Pronto su nombre circuló por todas las redes y portales de noticias: Carlos Fuentealba.
Por la tarde de ese 4 de abril de 2007, una frase que se multiplicó por miles y se iba a transformar en la bandera de nuestra lucha: «Las tizas no se manchan con sangre».
Desde ese mismo día, ATEN, entidad de base de CTERA en Neuquén, se puso al frente de la lucha, junto a Sandra y sus hijas. Nuestra organización, junto a la CTA, la IEAL – Internacional de la Educación para América Latina- y la IE -Internacional de la Educación -, puso todo su compromiso para que se hiciera Justicia. Las entidades docentes de todo el mundo, nucleadas en la Internacional de la Educación, se movilizaron a las embajadas argentinas de sus respectivos países para exigir Justicia; del mismo modo que el Congreso Internacional que dicha organización realizó en nuestro país, sesionó bajo el nombre de Carlos Fuentealba.
Lo que pasó ese 4 de abril en Arroyito, donde las y los docentes neuquinos reclamaban por sus derechos, fue la muestra cabal de que la derecha, ejerciendo una represión descomunal y salvaje, no tolera los reclamos y las luchas de las y los trabajadores.
Desde ese triste día hasta hoy, no hemos dejado de acompañar, con paros, movilizaciones nacionales y provinciales, jornadas de protesta, firma de petitorios, radios abiertas, festivales con músicos, entre otras acciones, la lucha de ATEN, Sandra y su familia; y del mismo modo, hemos estado presentes en las audiencias judiciales.
Las y los maestros han impulsado en las escuelas de todo el país la realización de murales, monumentos, canciones; así como también se le ha puesto el nombre de Carlos a escuelas, bibliotecas, salones, plazas, y calles, entre otros.
Cada año que se cumple un nuevo aniversario del asesinato de Carlos, la CTERA se suma a las acciones que ATEN realiza en su provincia, recordando la presencia de todos los sindicatos docentes del país en el paro nacional y la multitudinaria movilización el 4 de abril de 2008.
Queremos destacar el invalorable compromiso de los organismos de Derechos Humanos: Madres, Abuelas, HIJOS, el CELS, entre tantos, que pelearon codo a codo junto a nosotros durante todos estos años
.La presión ejercida por el conjunto de estas acciones posibilitó que el asesino material de Carlos esté, desde el 2007, en la cárcel, condenado a cadena perpetua.
Pero la Justicia no fue completa: ni el gobernador Sobisch, que dio las órdenes, ni los altos mandos policiales han sido juzgados y condenados, cuestión que visibiliza el pacto entre el poder político y judicial neuquino.
Ante esta situación, hemos recurrido a la Corte Suprema y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se sentaron las bases para que este crimen no quedara impune. Todo esto provocó que en noviembre de 2021 la Justicia de Neuquén fallara a favor de que se avance en el juicio a todos los responsables de la represión en Arroyito.
El incansable coraje y compromiso de Sandra sostuvo la lucha ante las innumerables adversidades y retrocesos. Ha puesto el cuerpo y el corazón en esta batalla contra la impunidad. Vaya nuestro abrazo a ella y sus hijas, que forjaron este presente más justo.
A 15 años del asesinato de Carlos, la lucha por Memoria, Verdad y Justicia sigue siendo nuestro objetivo.
Desde CTERA seguiremos luchando para que se haga Justicia completa.
¡Carlos Fuentealba Presente!
* Secretaria General de CTERA.
20 años después, la misma pregunta:
¿Dónde está Marita Verón?
Resumen Latinoamericano, 4 de abril de 2022.
Tenía 22 años cuando un 3 de abril fue secuestrada. Hubo investigaciones, juicios, sentencias, búsquedas infinitas y su madre armó una fundación. Pero Marita nunca apareció. Hoy, 20 años después, su paradero sigue siendo un misterio.
La Justicia dictó condenas y dispuso absoluciones pero aún no logró descubrir el paradero de la joven que fue raptada desde un automóvil el 3 de abril de 2002 en la ciudad de San Miguel de Tucumán. A 20 años del secuestro y desaparición, la pregunta sigue siendo ¿Dónde está Marita Verón?
María de los Ángeles Verón, a quienes sus seres queridos siempre llamaron «Marita», tenía 22 años cuando fue raptada. La historia conmocionó a toda la Argentina y también traspasó las fronteras: su madre Susana Trimarco llevó adelante, en soledad, una investigación que permitió a la justicia arribar a la conclusión de que la joven había sido captada por una red de trata de personas, que operaba en La Rioja con fines de explotación sexual. Esa red estaba vinculada con el clan Ale, un grupo delictivo de Tucumán, según lo recolectado por la investigación judicial.
En 2012, el juez de Instrucción Víctor Manuel Pérez elevó a juicio la causa contra 13 acusados por el secuestro de Marita: los hermanos María Jesús y Víctor Rivero -vinculados al clan Ale -; la dueña de prostíbulos riojanos Irma Lidia Medina; los hermanos José Fernando y Gonzalo José Gómez; Daniela Natalia Milhein, Andrés González, Carlos Alberto Luna, Domingo Pascual Andrada, María Azucena Márquez; Humberto Derobertis, Mariana Bustos y Cynthia Gaitán.
Durante ese año se desarrolló el juicio oral, que culminó en diciembre con la absolución de todos los imputados. A finales de 2013, la Corte Suprema provincial revocó en forma parcial ese fallo y ordenó que una nueva sala fije una pena a 10 de los 13 acusados, ya que confirmó la inocencia de los hermanos Rivero, y Medina había fallecido.
Así, la justicia consideró coautores del delito de retención y ocultamiento agravado para el ejercicio de la prostitución de la joven a los hermanos Gómez, que fueron condenados a 22 años de prisión, y a Milhein y González (18 años). También se condenó como partícipes necesarios a Luna y Andrada (17 años); Márquez (15 años); Derobertis (12), Bustos y Gaitán (10 años).
La sentencia no quedó firme, por lo que a finales de abril de 2017, la sala II de la Cámara Penal ordenó la detención de los condenados, quienes recién entonces comenzaron a cumplir su pena. Trimarco había dicho en ese momento a Télam que desde la desaparición de su hija «cada día ha sido un calvario, llevo 15 años luchando contra esta gente que no dice qué hicieron con Marita» y resaltó que esa medida judicial «alivia un poco la vida».
A los pocos meses, los hermanos Rubén «La Chancha» Ale y Ángel «Mono» Ale, a quienes Trimarco siempre vinculó con la desaparición de su hija, fueron detenidos junto a otras cuatro personas en una causa por lavado de activos que investigaba el juez federal Fernando Poviña, impulsada por la Unidad de Investigación Financiera (UFI) a partir de las denuncias realizadas por la madre de Marita.
En abril de 2018, los hermanos Ale fueron condenados a 10 años de prisión por ser considerados jefes de una asociación ilícita dedicada al lavado de activos, mientras María Jesús Rivero recibió una pena de 6 años. Las penas de los Ale y de Rivero fueron ratificadas por Cámara Federal de Casación Penal en julio de 2021.
Actualmente, los Ale se encuentran en libertad condicional tras haber cumplido parte de su pena en prisión, incluida la detención condicional, que exige el código penal. «Los Ale cumplirán la totalidad de su pena en el 2024», informó el fiscal Federal, Pablo Camuña, mientras que Rivero fue excarcelada luego de cumplir la totalidad de su pena. Marita Verón tiene 42 años, y hace 20 que se la busca.
*Línea 145: para denunciar delitos de trata y explotación de personas. Las 24 horas. Gratuita, anónima y nacional.
Envio:RL
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