Segundo incendio intencional en El
Bolsón, esta vez en una propiedad
de una activista por la defensa del
agua y la tierra
Resumen Latinoamericano, 3 de abril de 2022.
Ocurrió en la madrugada de domingo en Mallín Ahogado. Las llamas destruyeron la vivienda que estaba sin moradores. El dueño pertenece a la Asamblea en Defensa por el Agua y la Tierra, que rechaza los proyectos de urbanización vinculados con el magnate Joe Lewis. Días atrás se había producido otro hecho parecido cuando el fuego consumió una estructura de madera en un camping que gestiona el gremio estatal, a la vera de la ruta nacional 40, en el ingreso a la ciudad. En esa ocasión ATE afirmó que se trataba de «un atentado».
Un incendio que se desató por causas desconocidas en la madrugada de este domingo redujo a cenizas una vivienda de madera en Mallín Ahogado, cuyo propietario pertenece a la Asamblea en Defensa por el Agua y la Tierra de ese paraje. El damnificado manifestó este domingo su convicción de que se trató de un ataque intencional.
La misma sospecha había deslizado la secretaria general de ATE, Sandra Contreras, cuando hace doce días un incendio similar destruyó una cabaña perteneciente a ese gremio, que no tenía calefacción ni instalación eléctrica.
Contreras dijo el sábado que la Justicia realizó investigaciones y pidió informes, pero hasta ahora no les notificó de avance alguno. La dirigente gremial había relacionado el incendio (ocurrido el 21 de marzo) con los reclamos de los que había participado su organización contra la estancia Lago Escondido por el bloqueo del camino de Tacuifí.
El sábado, Contreras volvió a reiterar que para ellos el incendio de la casilla fue “claramente intencional” y dijo que en las últimas horas había ocurrido lo mismo “en la casa de Alejandro Vautier, un asambleísta que vive en Mallín Ahogado”.
Este diario se comunicó con Vautier, quien dijo que el incendio se desató a la 1.30 de este domingo en la casa que actualmente sirve de morada a su hija, la pareja de ésta y su pequeño nieto. Pero que no estaban en el lugar.
“La instalación eléctrica es muy segura y la hizo un matriculado, no había fuego encendido y la chimenea igual está bien aislada. Así que no había motivos para que se inicie el fuego” refirió Vautier, un docente de reconocida participación en las marchas de protesta por los proyectos de urbanización en la pampa de Ludden, donde también tiene intereses la empresa Hidden Lake (Lago Escondido), del magnate Joe Lewis.
Señaló que los integrantes de la asamblea contabilizan ya siete incendios que interpretaron como represalias por su campaña contra el proyecto de Pampa de Ludden. “Se quemaron en el último tiempo el centro comunitario de Mallín Ahogado, la salita, dos radios y otras viviendas”, aseguró.
Dijo que la policía ya hizo una primera revisión de la casa quemada y su entorno, y que esperará los resultados de las pericias judiciales que comenzarán mañana. Desde la Asamblea ya manifestaron públicamente su preocupación y exigen “una investigación a fondo”, subrayó Vautier.
Refirió que en la comunidad de Mallín Ahogado y también en El Bolsón “todos están movilizados” para ayudarlos, porque debido al incendio la familia perdió todas sus pertenencias, incluidos muebles, ropa y hasta juguetes. “Estamos agradecidos y emocionados” por los gestos de solidaridad, aseguró el docente.
Un intento para intimidar
Contreras, por su parte, dijo que “hasta ahora la Justicia no tiene nada” sobre el incendio de ATE, o al menos no se lo comunicaron. La secretaria general de ese gremio para la zona Andina/Sur afirmó que lo ocurrido no es ajeno a la presentación que realizó ella misma unos días antes en el Confederal de ATE, donde denunció “la extranjerización de las tierras en la Patagonia”, con fuertes críticas contra Lago Escondido.
Dijo que difundió su ponencia por redes sociales y poco después ocurrió el presunto ataque. Agregó que el incendio pudo haber sido un intento de “intimidar” a los que sostienen esa postura. “Los poderes concentrados usan esta modalidad, tienen mano de obra para esto”, aseguró.
“Hasta ahora la Justicia no tiene nada, o al menos no nos han informado -afirmó Contreras-. Esta semana vamos a pedir acceso al expediente a ver qué pasó con las pericias”.
Dijo que además del incendio de la casilla les robaron un baño químico que habían alquilado y en el predio quedaron huellas de una camioneta en el que presuntamente cargaron ese artefacto. Señaló que “no hay cámaras y los vecinos no vieron nada, pero dicen que los perros toreaban”.
Agregó que la casilla no estaba terminada y carecía de electricidad. Por la misma razón tampoco tenía cuidador. “Necesitamos saber, y que se esclarezca el hecho -reclamó Contreras-. Cuando ocurrieron los incendios del Club Andino Piltriquitrón o la oficina de Turismo encontraron bidones, panfletos, enseguida, como si hubiera un montaje. Acá el tiempo pasa y no aparece nada. Es bastante raro”.
fuente: Daniel Marzal
Envio:RL
Faltan solo dos semanas para la fecha límite que fijó la Corte Suprema
El reino de la incertidumbre en el futuro Consejo de la Magistratura
El Congreso debe aprobar una nueva ley que modifique su composición y reduzca su representación política o, en su defecto, el organismo volverá a la integración que tenía hace más de veinte años, que incluía al presidente del máximo tribunal. Según el actual titular del Consejo, Alberto Lugones, al 15 de abril "no se llega con ninguna de esas dos opciones". Las medidas para evitar una paralización del organismo. La cuestión del supremo dentro del Consejo divide aguas entre oficialismo y oposición. La Corte juega su propio partido.
La incertidumbre sobre el futuro del Consejo de la Magistratura es absoluta cuando faltan apenas dos semanas para la fecha límite que fijó la Corte Suprema para que el Congreso apruebe una nueva ley que modifique su composición y reduzca su representación política o que, en su defecto, el organismo vuelva a la integración que tenía hace más de veinte años, que incluía al presidente del máximo tribunal. El problema, anuncia el actual titular del Consejo, Alberto Lugones, es que "al 15 de abril no se llega con ninguna de esas dos opciones". La pelea política y judicial de fondo es enorme porque lo que se juega es el reparto de poder y de cargos dentro de una institución que elige a jueces y juezas federales o puede promover su remoción, pero que también maneja un presupuesto millonario. La oposición y sus aliados judiciales muestran desesperación por conseguir más lugares en el cuerpo de consejeros. Como quedó al desnudo durante el gobierno de Mauricio Macri, a través de todo tipo de maniobras para poner y sacar magistrados/as, anhelan un Poder Judicial a medida. La Corte, que provocó todo este enredo, también juega su propio partido.
Por estos días una de las frases más repetidas sobre el Consejo vaticina que "quedará paralizado", porque el fallo supremo que declaró inconstitucional su formato actual de 13 miembros dice que si no hay una nueva composición "equilibrada" una vez pasados 120 días, que se cumplen el 15 de abril, todos sus actos serán nulos. Para paliar esa situación y con la certeza de que para entonces no habrá solución plena alguna, un sector del Consejo, que incluye a Lugones, trabaja en la redacción de un reglamento especial "que garantice el funcionamiento", explica el presidente. Es posible que se vote en el plenario del 11 de abril, o en otra reunión posible el 13. Se aplicaría dada la emergencia y para el período de transición para aquellas actividades del organismo que no pueden parar: pagar todos los sueldos del Poder Judicial, los servicios, alquileres, insumos y licitaciones en marcha. Quedarán en el freezer los concursos y los procesos disciplinarios y de acusación.
"Por supuesto que el mejor escenario sería que se legisle, pero no sabemos si va a suceder. La Corte Suprema no puede ni debe hacer nada más, no puede ni siquiera estirar plazos. Si no hubieran fijado los 120 días y se indicaba una nueva ley, no teníamos este problema", le dijo Lugones a Página/12.
Corte y oposición, un solo corazón
El fallo de los supremos, de diciembre del año pasado, declaró inconstitucional la composición que el Consejo de la Magistratura tiene desde 2006, cuando se aprobó una ley promovida por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, que se caracterizó por recortar el peso de la corporación judicial en el organismo. El dato de la autoría de CFK es relevante porque fue usado por los medios y la oposición para resaltarlo como una derrota. Los medios dejaron en un segundo plano que el tribunal estaba desempolvando un planteo de dieciséis años atrás. La sentencia, si bien señalaba que se debía aprobar una nueva ley que le diera más equilibrio al Consejo (entre sus estamentos), agregaba una vuelta sorprendente: en caso de no lograr una nueva norma se debe volver al modelo de 20 consejeros, que incluye como su presidente al de la propia Corte. Uno de los jueces, Ricardo Lorenzetti, hizo notar en su voto que, más allá de estar de acuerdo con lo sustancial, no se podía reponer una ley que había sido derogada. Como sea, sus compañeros lo hicieron.
En Juntos por el Cambio ven con agrado esa vuelta al pasado por una doble aspiración: creen, en especial entusiasmo desde el radicalismo, que podrían reclamar por lo menos un lugar adicional entre los representantes legislativos en el Consejo, lo que implica una lectura retorcida porque la ley reimplantada en realidad prevé una representación para la segunda minoría, que se les debería asignar (claro que luego vendrá la discusión sobre si quiénes encarnan a esa minoría ¿la izquierda? ¿los libertarios?). También apuestan a complacer a los supremos, dueños de la última palabra en las causas calientes que comprometen a sus líderes políticos, así como en las que están implicados exfuncionarios del kirchnerismo, la mayoría de los cuales son enjuiciados por la persecución que desató el gobierno de Macri que, por cierto, se apoyó mucho en el Consejo de la Magistratura donde otrora dominaban la mayoría de votos.
Calendario del Consejo
Durante el verano el Consejo se reunió y trabajó fuera de programa para reglamentar los mecanismos para elegir a los consejeros que faltarían para completar sus bancas con la ley vieja y derogada. La buena noticia fue que introdujo un criterio novedoso de paridad de género. Sin contar al presidente supremo, Horacio Rosatti, que en función del fallo ya se eligió a sí mismo, quedan otros seis lugares a cubrir: dos abogadas, una jueza, un/a académico/a, un/a senador/a y un/a diputado/a. Por ahora el cronograma electoral prevé que el estamento de abogados y abogadas elija a sus representantes el 5 de abril. Las candidatas que encabezan las listas son María Fernanda Vázquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora, y por otro lado Jimena de la Torre, una exfuncionaria de la AFIP del gobierno de Macri. Jueces y juezas eligen consejeras el 7 de abril y las candidatas son Agustina Díaz Cordero, jueza civil, también exfuncionaria del macrismo (Lista Bordó), Viviana Dobarro, jueza del Trabajo (Lista Celeste) y María Jimena Monsalve, jueza de Ejecución Penal (Compromiso judicial).
Hasta ahí está todo dentro de los plazos cortesanos. Pero el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) no elegirá hasta el 18 de abril y lo que pueda pasar con representantes de la Cámara de Diputados y de Senadores, es un completo enigma. Quienes manejan los hilos de este tema en el Congreso, en especial en el oficialismo, están más enfocados en la buscar el modo de que salga una ley, una tarea titánica. En la Cámara Baja, quien renueva semana a semana gestiones para intentar mandar representantes anticipando la hipótesis de que no habrá ley, es el radical Mario Negri, que apuesta a que le den a Juntos por el Cambio, o mejor dicho a la UCR, al menos un lugar más en el Consejo, asunto que será obvio objeto de disputa.
Las aspiraciones del macrismo/larretismo en el Consejo se dejan ver en una escena que ya se repitió en ciertos plenarios: bloquear la votación de las ternas de candidatos/as para cargos claves en Comodoro Py. La Comisión de Selección ya elevó a fin de año los nombres posibles para tres juzgados federales y para la Cámara Federal, donde serían reemplazados los jueces trasladados por Macri, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi (este último intenta mantener el puesto por concurso pero obtuvo bajo puntaje). El interés por sostener a estos dos últimos jueces en ese lugar es ostensible. De esas trabas participan los representantes políticos, pero también dos de los jueces, Ricardo Recondo y Juan Manuel Culotta. "Es una vergüenza que los jueces no estén aprobando ternas para cubrir las vacantes del Poder Judicial", protestó Lugones sobre sus colegas. Hay muchas más ternas pendientes, de juzgados federales de otras provincias. Quizá para que el papelón no se extremos, voten algunas de ellas.
¿Y el Congreso?
Dos semanas atrás las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia del Senado aprobaron como dictamen de mayoría el proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo para reformar el Consejo y llevarlo a 17 miembros, con un criterio de paridad de género pero sin ningún integrante de la Corte Suprema. La cuestión del supremo dentro del organismo es lo que divide aguas entre el oficialismo y la oposición. Pero cuando ya estaba todo casi listo para pasar al recinto, Alberto Weretilneck puso reparos y obligó a dar marcha atrás. No alcanzarían los votos para la media sanción. La semana pasada se elaboró un nuevo dictamen, que introdujo un criterio federal en la elección de consejeros, a pedido del rionegrino. Esto demoró todo y hasta el miércoles próximo no habrá tratamiento. Incluso en ese caso habrá que ver si se incorporan en el debate más modificaciones. Aún ante el mejor de los panoramas, Diputados tampoco llegará a votar nada antes del 15 de abril, ya que está Semana Santa en el medio.
La mayoría requerida para la aprobación de esta reforma es de la mitad más uno: 37 votos en el Senado y 129 en la Cámara Baja. La realidad es que en el segundo caso se suman complejidades: el oficialismo tiene 117 votos propios más 5 aliados. Necesita negociar con el Interbloque Identidad Bonaerense, que comanda Alejandro "Topo" Rodríguez, aunque en este tema quien lleva la voz cantante es Graciela Camaño quien, además, integra el Consejo de la Magistratura y allí coincide con el oficialismo en numerosas oportunidades. Juntos por el Cambio quiere volver a la antigua ley y que el presidente supremo esté en la presidencia del cuerpo. Camaño, en cambio, está dispuesta a negociar una salida alternativa. “Voy a ver como sale la ley del Senado y voy a participar del tratamiento. En mi opinión, la Corte Suprema debe ser parte del Consejo pero no creo que lo deba presidir, a diferencia de lo que plantea Cambiemos. Me baso en la doctrina, la jurisprudencia y la Constitución", le dijo Camaño a este diario. El camino, como sea, pinta largo y sinuoso. Si cambia el proyecto, podría volver al Senado. No será fácil la negociación, pero será una nueva puesta a prueba para el sistema político, para ver si esta vez puede transitar una negociación a fondo.
El ex empleado de JP Morgan analiza el proyecto para "recuperar dinero de la evasión"
Hernán Arbizu: "Hay varios estimulantes para que el FMI y Estados Unidos cooperen"
Arbizu trabajó durante 25 años en bancos facilitando que argentinos ricos saquen sus ahorros del país y no paguen más impuestos. En esta nota explica cuáles son los mecanismos de evasión y detalla qué tiene y qué le falta al Estado para poder encontrar los capitales no declarados en el exterior.
"En Argentina cualquier persona sabe lo que es el dólar blue o escuchó hablar del contado con liqui. Son palabras que se conocen perfecto, pero no se conoce el mecanismo que las causa, que es la fuga de dólares. Y tenemos que mostrarlo". Hernán Arbizu trabajó durante 25 años en bancos facilitando que latinoamericanos ricos, y sobre todo a argentinos, saquen sus ahorros del país y no paguen más impuestos. Fue empleado de la unidad Banca Privada de JP Morgan, Deutsche Bank, Citi y UBS. La unidad de negocios banca privada está diseñada para ofrecer un servicio diferenciado y personalizado a clientes con elevado poder de ahorro. "Era un facilitador de esquemas para evadir", se autodefine el ex banquero que, tras una denuncia por estafa de su propio empleador, desde el 2008 denuncia y visibiliza las múltiples formas que puede tomar la evasión. A propósito del proyecto que presentó el bloque de senadores del Frente de Todos para sancionar a quienes cuentan con capital no declarado en el extranjero y con esa plata pagar parte de la deuda con el FMI, Arbizu explica cuáles son los mecanismos de evasión y detalla qué tiene y qué le falta al Estado para poder encontrar los capitales no declarados en el exterior.
- ¿Lo que usted hacía era legal?
- Yo trabajaba desde Nueva York y desde ahí me pagaban el sueldo. Pero venía a buscar los clientes a Argentina y les ofrecía en Argentina productos de inversión no aprobados por la Comisión Nacional de Valores de aquí. Como la cuenta estaba radicada en Nueva York el banco se respalda legalmente diciendo que no brinda servicios de banca privada en Argentina. Y es verdad que no los brinda, pero los ofrece.
Argentina, divino tesoro
Existen unos 400.000 millones de dólares en el exterior de residentes argentinos y menos de una tercera parte están declarados ante la AFIP. Así lo demuestran los Panamá, Paradise y Pandora Papers entre otros informes de organismos públicos y privados. La evasión no es un fenómeno excluyente de Argentina, aunque el país es un buen mercado para la unidad de negocios banca privada: "En todos los países de hispanoamérica incluido México, el país al que más recursos le asignan todos los bancos a su unidad de banca privada es a Argentina. Históricamente Argentina ha sido pescar en la pecera", afirma Arbizu.
"Del total de la fuga, se calcula que entre 40 y 50 mil millones fue durante el macrismo. Incluso con el blanqueo", sostiene el ex JP Morgan. "Fueron 100 mil millones de dólares, de los cuales el 85 por ciento quedaron en el extranjero y no se repatriaron. Esa plata que blanqueaste la podes volver a poner en negro en un segundo", agrega.
- ¿Donde está la plata?
- El 70 por ciento de los bienes no declarados está en Estados Unidos. En el imaginario de la gente están en lugares exóticos como las Islas Caimán o las Vírgenes. Nunca estuvieron ahí. Es que ¿quién va a confiar sus ahorros en el sistema financiero de Bélice? Tenés una sociedad offshore constituida en Caimán o Maldivas y la cuenta de los activos en Miami, Nueva York, Suiza.
- ¿Que hace el resto de los países para rebatir la fuga y evasión?
- Estados Unidos lo enfrentó. Sólo los bancos debieron pagar 15.000 millones de dólares por dinero fugado del país. Todo a raíz de un banquero norteamericano que vivía en Zürich y hacía lo mismo que yo pero con norteamericanos. Un día un cliente le pidió que, con la plata que tenía afuera, le compre diamantes y se los traiga a Estados Unidos en su próximo viaje. Ese es el tipo de tareas que hace un asesor de Banca Privada. Bueno, el tipo los entró por Miami en un pomo de dentífrico y lo descubrieron. Ahí contó todo su negocio y el gobierno llamó a un blanqueo diciendo "muchachos, este tipo ya confesó como arrepentido, tres clientes reconocieron su culpabilidad, vamos a llamar a un blanqueo hasta dentro de tres meses, después del límite los hacemos mierda”.
Blanquearon tantos que a este banquero arrepentido le dieron 100 millones de recompensa. Mientras tanto IRS, la AFIP de Estados Unidos, hizo público que contaban con información de evasores. Bajo el argumento de que si algunos magnates confesaron tener cuentas en bancos suizos no debían ser los únicos, presentó una demanda por evasión. La justicia americana intimó al gobierno suizo a que levante el secretario bancario para clientes norteamericanos. Al día de hoy si sos ciudadano norteamericano no podes abrir una cuenta en Suiza ni que te de los papeles el Papa.
Facilitar la evasión
El trabajo de Arbizu consistía en transferir el dinero de sus clientes al exterior evitando los caminos oficiales y administrarlo vía triangulaciones entre paraísos fiscales, centros financieros y las principales capitales europeas. A la pregunta sobre cuáles son las alternativas con las que cuenta una persona o una empresa para sacar plata del país sin declarar, la primera respuesta de Arbizu es simple: "Hay muchas". "Una de las más comunes es subdeclarar. Es decir, declarar la venta de una empresa o propiedad a un valor menor que el real y a la diferencia sacarla al extranjero sin rastro alguno. También para ahorristas menores las casas de cambio son un buen mecanismo para cambiar efectivo y sacarlo del circuito legal", remarca.
"Mismo a través del Banco Central se puede ir dinero si no hay regulaciones", continúa el ex banquero: "Fue muy conocido el mecanismo de transferencia de dinero de empresas bajo el concepto de pago de deuda en el exterior. Una vez que el dinero sale, puede no estar cancelando ninguna deuda sino que va a otra cuenta del mismo propietario en el exterior. A esa plata se le perdió el rastro y fue un mecanismo muy común durante el macrismo y lo primeros meses de este gobierno. Ahora está regulado pero es probable que siga pasando, aunque en menor medida".
También está la posibilidad de fugar dinero a través de transferencia entre bancos comerciales de Argentina y el resto del mundo. Los bancos comerciales tienen la obligación de hacer un análisis previo a autorizar transferencias de divisas al exterior y detectar operaciones que resultan sospechosas. "El tema es que la calificación de sospechosa varía de acuerdo a las regulaciones. Durante el macrismo cayeron drásticamente esos reportes", afirma.
Otro de los mecanismos que menciona Arbizu es la compra de dólar contado con liquidación. A través de este mecanismo, una persona o empresa puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda. "No afecta a las reservas, pero es una forma de sacar ahorros del país que en principio pueden estar declarados y después no estarlo. Las transferencias de CCL que hacen directamente los bancos comerciales sí son difíciles de rastrear. Es decir el banco compra con su patrimonio y a su nombre, y luego se los deposita a clientes en su cuenta en el exterior a cambio de efectivo. Imposible de rastrear".
Finalmente, la creación de fideicomisos: " Yo tenía una clienta que tenía 100 palos en blanco y con un compañero del JP Morgan le dijimos que empiece a ocultarlo. Es simple: tenés 100 millones, hacemos un fideicomiso que esté a cargo de una unidad de Morgan y en AFIP vos vas a mostrar a fin de año que redujiste tu patrimonio, antes pagabas sobre 100 y ahora vas a pagar sobre 50. La AFIP te va a preguntar dónde está el otro 50 y vos decís que está en un fideicomiso, que sos beneficiaria, no titular. ¿Qué quiere decir? Que vos vas a recibir dividendos de, por ejemplo 10 mil dólares al año, entonces vos pagarías impuestos sobre 10 mil, y si no recibís nada no pagas nada. A la guita la negreaste, es así de fácil y ridículo, una nube gris en el sistema que nadie quiere atacar".
Ley y acuerdos
- ¿Qué herramientas tiene el Estado para empezar a investigar?
- En el Estado está disponible el famoso listado de la OCDE que le llegó a la AFIP por intercambio de información, tiene las 4.040 cuentas del HSBC, tiene el listado del Banco Central de las transferencias durante el gobierno de Macri. Tiene información a analizar y armar una causa sobre esta información.
- ¿Qué debería hacer para que el nuevo proyecto de ley sea exitoso?
- A mí me parece que en un inicio nadie va a venir voluntariamente a blanquear. Todo depende de lo que consigamos respecto a la cooperación de los países extranjeros o el nivel de compromiso asuma el FMI. Esto es costo beneficio. Si ven que el FMI se involucra probablemente se avoquen a pagar el 20 por ciento en vez del 35 o el 50. No olvidemos que son responsables los evasores y los bancos que los ayudan.
- Tras ese objetivo de acuerdos de cooperación fue la reunión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con el embajador estadounidense.
- Sí, es que Estados Unidos se encuentra combatiendo este mecanismo. Aunque muchas veces borraron con el codo lo que escriben con la mano. El problema con Estados Unidos es que a cada intercambio se afilia con reparos. Y los reparos significan que nosotros tenemos la obligación de darles la información, pero Estados Unidos tiene la potestad de decir qué información te quiere compartir y cuál no. Por eso es importante que esto se de en el marco de una ley.
- ¿Qué permitirá la ley?
- Esto es una película que tiene un principio en la Justifica Federal Argentina. La otra parte y el final son en jurisdicción de un tercer país. La ley permite modificar por ejemplo el secreto bancario y el fiscal para destrabar esa primera parte de la película. Después depende de una contraparte que colabore, para seguir filmando.
- ¿Es posible eso?
- Yo creo que hay varios estimulantes para que el FMI y Estados Unidos cooperen. Le estás diciendo al FMI que hay un delito de evasión cuando el FMI te dice en el mismo acuerdo que hay que mejorar las medidas para combatir la evasión y aumentar la recaudación. Además le decís al FMI que hay otro delito grave que es el lavado de activos y el mismo acuerdo exige mejorar las medidas para prevenir el lavado de activos. Además le estas diciendo que va a cobrar si la ley es exitosa. Es todo ganancia para el FMI.
Será de 6000 pesos para los que cobran el haber mínimo
Anuncian el bono para los jubilados
El presidente Alberto Fernández anunciaría este lunes el bono de 6000 pesos para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo o incluso menos. El pago se efectivizaría en la segunda semana de abril.
Los precios treparon 8,8 por ciento en promedio durante el primer bimestre y acumulan una suba de 12,8 por ciento en el rubro Alimentos y bebidas, según informó el Indec. A su vez, las consultoras privadas afirman que la suba se aceleró todavía más en marzo. A raíz de ello, el gobierno se prepara para anunciar un bono extraordinario destinado a compensar la pérdida de poder adquisitivo sufrida por los jubilados.
La jubilación mínima se encuentra hoy en 32.630 pesos, monto que rige desde marzo hasta junio de este año de acuerdo a la actualización trimestral de la ley de movilidad. El último aumento, decretado en febrero, resultó del 12,28 por ciento. En ese momento se estimaba que la inflación para enero-marzo sería de 12,49 por ciento, es decir, un porcentaje similar al de la movilidad. Sin embargo, el cambio de escenario internacional llevó al Gobierno a tomar la decisión de avanzar con el bono.
La ley de movilidad jubilatoria que rige desde 2021 se determina según un índice que combina un 50 por ciento de la evolución de los salarios del Indec y del Ripte (Remuneración Imponible de Trabajadores Estables) - el mayor de ambos- y otro 50 por ciento de la recaudación tributaria de la Anses. Como el aumento de los precios no está contemplado en la fórmula, el Estado tiene la posibilidad de compensar con bonos fijos cuando es necesario.
En 2021, la ley de movilidad concretó subas en marzo (8,07 por ciento), junio (12,12), septiembre (12,39) y diciembre (12,11 por ciento), acumulando un 52,7 por ciento, apenas por encima de la inflación, del 50,9 por ciento de 2021.
Fuente:Pagina12
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