Doble femicidio en Jujuy: la provincia
con la tasa mas alta de casos
Resumen Latinoamericano, 19 de abril de 2022.
El viernes por la noche en la localidad de Yuto ubicada en el departamento de Ledesma, provincia de Jujuy dos mujeres fueron asesinadas por Javier Reinaldo Broi (24). Los hechos ocurrieron cuando el joven se presentó en la casa de su ex pareja y madre de sus dos hijos, Pamela Noemí Gorosito (23) y la mató con un arma de fuego. Al oír los gritos y los disparos Ramona Gorosito (27) hermana de Pamela, corrió hacia el lugar para ver que sucedía y en el camino al cruzarse con Broi, éste también la asesinó. Luego hirió a golpes a la madre de ambas y se dio a la fuga. Pamela había denunciado al menos en tres ocasiones al femicida por violencia, incluso había estado detenido luego de que ella lo acusara de “violación de domicilio en un contexto de violencia de género”. Jujuy es uno de los distritos con la tasa más alta de femicidios del país. En los últimos cinco años se contabilizaron 1.343 femicidios, según datos recabados por la ONG Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá).
El viernes por la noche en la localidad de Yuto ubicada en el departamento de Ledesma, provincia de Jujuy dos mujeres fueron asesinadas por Javier Reinaldo Broi (24).
Los hechos ocurrieron cuando el joven se presentó en la casa de su ex pareja y madre de sus dos hijos, Pamela Noemí Gorosito (23) y la mató con un arma de fuego.
Pamela había denunciado a Broi al menos en tres oportunidades por violencia de género, según confirmaron fuentes judiciales a distintos medios jujeños, incluso había estado detenido luego de ella lo acusara de “violación de domicilio en un contexto de violencia de género”.
Luego de terminar la relación y por las reiteradas amenazas la joven tuvo que mudarse a Salta, sin embargo éstos últimos días se encontraba en Jujuy. Según allegados a la víctima revelaron que «a todo el mundo él le decía que donde la encuentre la iba a matar. Cuando se quedó sola, entró a la casa y la mató».
La noche que ocurrió el fatal episodio su hermana Ramona Gorosito (27) al oír los gritos y los disparos, corrió hacia la casa de Pamela para socorrerla, en el camino se cruza con el femicida y también le dispara con el arma de fuego asesinándola. Al ver a su ex suegra quien también fue a proteger a sus hijas, ya sin balas le propina una golpiza. La mujer tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital Oscar Orías, de Libertador General San Martín, donde quedó internada.
El femicida se dio a la fuga tras cometer los delitos. “De momento, son varios los cuerpos designados de la Policía que están afectados a la tarea de búsqueda de Broi, sin que hasta el momento se conozca el paradero del doble homicida”, dijo ayer a la agencia de noticias Télam una fuente policial y agregó que las tareas se profundizaron en una zona de montes en Yuto, y en los alrededores.
Jujuy: la provincia con alta tasa de femicidios
Mediante un informe presentado por Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) con datos recabados durante el período entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2021, Jujuy es uno de los distritos con la tasa más alta de femicidios del país.
En el relevamiento contabilizó 1.343 femicidios en los últimos cinco años, de los cuales distinguió en 1.162 los femicidios directos, mientras que 152 fueron catalogados como femicidios vinculados y otros 29 al colectivo travesti-trans.
“Pese a los datos y a la demanda del creciente movimiento de mujeres y LGBTIQ+, los estados y los gobiernos siguen teniendo deudas pendientes con nuestras vidas”, opinó la vocera nacional de Mumalá Victoria Aguirre.
Fuente: ANRed
Ley de Etiquetado en vigencia:
¿Cómo sigue el camino a una mejor
alimentación?
Resumen Latinoamericano, 19 de abril de 2022.
A fines de agosto, las góndolas y publicidades mostrarán el primer gran cambio del cumplimiento de una norma que busca combatir la malnutrición. Los alcances de la ley exceden al Ministerio de Salud y deberán modificar también las currículas escolares y las campañas de donación. ¿Primer paso para un cambio del modelo de producción de alimentos? ¿Qué rol ocupará la sociedad civil?
Ilustración: Sebastián Damen
El 23 de marzo, a través del Decreto 151/2022, el Gobierno nacional reglamentó la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida popularmente como Ley de Etiquetado Frontal. Se trata de una normativa pionera en América Latina que propone un tratamiento integral sobre el derecho a la alimentación y el acceso a la información. Un tratamiento que comienza en el etiquetado frontal obligatorio, con sellos negros de advertencia en los envases, pero continúa en la regulación de los entornos escolares, la educación alimentaria, las publicidades y las licitaciones del Estado para desplegar una política pública que haga frente a la epidemia de obesidad y Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT), asociadas a la alimentación inadecuada por exceso de nutrientes críticos: grasas, sodio y azúcares.
Los productos ultraprocesados —diseños comestibles y bebibles que contienen exceso en “nutrientes críticos”, denominados así por el impacto negativo que tienen sobre la nutrición y la salud de la población— son el producto estrella de un modelo agroindustrial extractivista que expulsó a los pequeños productores de los campos, alejó los alimentos frescos de las mesas y no solo daña la salud humana —con productos provenientes de monocultivos rociados de transgénicos– sino también la salud ambiental –desde la contaminación por agroquímicos hasta el descarte de envases—. Esta normativa es el primer paso para problematizar nuestros consumos alimentarios y entender que la revolución hoy está en nuestras cocinas.
Las muertes por causas relacionadas a las ECNT —como diabetes, obesidad, cáncer, hipertensión, enfermedades cardiovasculares— son 140 mil al año en la Argentina, según cifras oficiales. Según la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, realizada en 2018, el exceso de peso es el problema de malnutrición con mayor prevalencia en Argentina, afectando al 13,6 por ciento en menores de 5 años, al 41,1 por ciento en el grupo de 5 a 17 años y al 67,9 por ciento de población adulta (18 años o más).
Para abordar la malnutrición y, en particular, la malnutrición por exceso, la Ley 27.642 cuenta con múltiples herramientas destacables que comenzarán a modificar la cotidianidad cuando la norma se aplique. Para esto será clave el seguimiento por parte de la sociedad civil para acompañar la acción del Estado, ante los recurrentes intentos de interferencia de la industria alimenticia.
¿Cómo impactará la Ley de Etiquetado en las góndolas, la escuela y la televisión?
La ley es integral e incluye múltiples regulaciones. Durante los meses de debate parlamentario se dio difusión a medidas centrales como la prohibición de promoción, publicidad y patrocinio de alimentos y bebidas no saludables para aquellos productos que contengan, al menos, uno de los siete sellos de advertencia posibles.
Estos sellos pueden ser octógonos negros de advertencia, que serán hasta cinco, señalando (según corresponda): “exceso en azúcares”, “exceso en grasas totales”, “exceso en grasas saturadas”, “exceso en sodio” y (solo para productos que contengan exceso en nutrientes críticos) “exceso en calorías” . Además, si los productos contienen cafeína o edulcorantes, deberán llevar sellos rectangulares indicando su presencia, buscando desalentar su consumo en las infancias.
De acuerdo a la reglamentación, la implementación del etiquetado frontal se realizará en dos etapas. En la primera, las grandes empresas de la industria alimentaria y de bebidas sin alcohol tendrán 9 meses desde la entrada en vigencia de la ley (que fue promulgada en noviembre 2021) para adaptarse a la nueva legislación, mientras que las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) tendrán un plazo de 15 meses.
Esto significa que, a fines de agosto de este año, ya comenzaremos a ver el etiquetado frontal en las góndolas. La segunda etapa (que se hará efectiva a los 18 meses para las grandes empresas y a los 24 para las PyMEs) contiene los puntos de corte definidos por el Modelo de Perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud -OPS- (la Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud), tal como lo establece la Ley.
La presencia de los sellos van a condicionar las estrategias comerciales dirigidas a los niños, niñas y adolescentes, pero también al público general. Los envases en las góndolas cambiarán como también las publicidades. Ya no podrán utilizar personajes animados, celebridades, deportistas, logos de sociedades científicas. Tampoco se podrán entregar regalos o promocionar concursos, entre otras acciones ampliamente utilizadas por la industria para aumentar las ventas. Así, en poco más de cuatro meses, comenzaremos a decirle adiós a muchas estrategias de marketing que hasta hoy veíamos cotidianamente.
En los productos de envases pequeños los sellos no se multiplicarán sino que habrá un octágono negro que indique con un número del 1 al 7, cuántas advertencias debería llevar. Y será obligatorio que el consumidor cuente con información complementaria para saber a qué refiere este número: por ejemplo, exceso en azúcares. Otra incorporación de la norma, que se mantuvo en la reglamentación, será la obligatoriedad (dentro de la información nutricional) de la declaración de azúcares, para poder conocer la cantidad que contienen los productos, información que hasta ahora la industria no estaba obligada a informar.
Otro punto relevante para una política de salud integral será la protección de los entornos escolares, que impedirá que productos con, al menos, un sello de advertencia puedan venderse en los kioscos o bufetes escolares, o entregarse como parte de las prestaciones alimentarias escolares. Según la Segunda Encuesta Mundial de Salud Escolar, el 91,4 por ciento de los kioscos escolares en la Argentina ofrecen productos de bajo valor nutritivo, como bebidas azucaradas, golosinas, helados, snacks, galletitas dulces, panchos, entre otros.
Pero la protección de los entornos escolares no termina en la posibilidad de cancelar la compra o entrega de alimentos o bebidas con exceso en nutrientes críticos dentro de la escuela sino que el Ministerio de Educación deberá incorporar la educación alimentaria nutricional en las currículas de todo el sistema educativo nacional, desde nivel inicial hasta el secundario.
La Ley también obliga al Estado a priorizar la compra de alimentos sin sellos en todas las licitaciones públicas y define que estos diseños comestibles con uno o más sellos de advertencia no podrán donarse ni entregarse gratuitamente. Sin embargo, aún resta definir cómo este aspecto de la norma se articulará con otra ley preexistente, la Ley 25.989 “Régimen especial para la donación de alimentos”, conocida como Ley Donal.
Si ambas se articulan priorizando la salud pública, esta condición podría abrir un cambio en las políticas públicas tal como las conocemos hoy en día, y comenzar a acercar a las personas más vulnerables y a organizaciones que habitualmente reciben donaciones (ejemplo comedores comunitarios) a otro tipo de productos y alimentos, incluso a aquellos provenientes de pequeños productores o procedentes de economías regionales. Alimentos frescos, que salen de la tierra, podrían empezar a recuperar su presencia en las comidas de la población de menores recursos, frente a los diseños comestibles cargados de aditivos y conservantes que hoy colman sus platos.
La participación de la sociedad civil para asegurar la aplicación de la Ley de Etiquetado
El decreto reglamentario de la Ley de Etiquetado respetó los estándares establecidos en la norma aprobada por la Cámara de Diputados el 26 de octubre pasado —12 meses después de la media sanción en el Senado—, algo para destacar al observar la experiencia de otros países de la región donde existe leyes o decretos de etiquetado, donde desde la aprobación hasta su reglamentación o puesta en marcha pasaron años —como sucedió en Chile, Perú, Uruguay— en los que se intentó transformar el espíritu de la normativa para conseguir estándares más flexibles, en beneficio de la industria de alimentos, que replicaron sus estrategias de lobby en todos los países.
Es para celebrar que la reglamentación haya cumplido con los tiempos estipulados (90 días hábiles) y que el decreto respete el espíritu de la normativa. Cabe destacar que, si bien las organizaciones de la sociedad civil tuvieron un papel protagónico durante el proceso de discusión parlamentaria; a este sector se le otorgó una participación marginal durante el proceso de redacción del decreto, habiendo sido convocado solo a dos reuniones presenciales en el Ministerio de Salud de la Nación. Hasta donde sabemos, solo dos organismos internacionales (OPS Argentina y UNICEF Argentina) tuvieron acceso al texto borrador del decreto.
La primera reunión fue en diciembre del año pasado, cuando se dio lugar a las organizaciones de la sociedad civil a enviar sugerencias y recomendaciones, pero desde entonces no hubo respuestas a las comunicaciones ni a los pedidos de nuevas reuniones solicitadas por este sector. Finalmente, la cartera de Salud llamó a un segundo encuentro: el martes 22 de marzo. Se leyó el texto del decreto reglamentario e informaron que sería publicado en el transcurso de la semana para cumplir con los plazos establecidos por la ley. El decreto ya estaba escrito y fue publicado en el Boletín Oficial en la madrugada del 23 de marzo.
Los alcances de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable exceden las tareas del Ministerio de Salud y su cumplimiento dependerá también de las normativas complementarias que definan y pongan en marcha el Ministerio de Educación —como la regulación de entornos escolares—, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) —en materia de reglamentación para las publicidades en medios audiovisuales— y la ANMAT —como ente regulador de los alimentos—, entre tantos múltiples organismos que están implicados, tal como explicita el decreto reglamentario. Todavía quedan muchos aspectos por definir, por lo que serán importantes los mecanismos de participación que se planteen para continuar avanzando en la misma línea de protección de derechos de la población.
¿Qué desafíos se presentan para la implementación de la ley frente al lobby empresarial?
Con la reglamentación publicada en el Boletín Oficial, se empieza a escuchar por parte de representantes de la industria alimentaria que la norma es inconstitucional y que afecta sus derechos, por ejemplo sus derechos de marca y de propiedad intelectual. Lo que sucede en la Argentina es lo mismo que ocurrió en el resto de los países de la región, donde se avanzó con este tipo de marcos regulatorios.
En primer lugar, la industria impone una fuerte resistencia al avance de este tipo de normativas, buscando interferir el proceso de debate parlamentario y el alcance de las regulaciones; como así también intentando evitar que se utilicen los mejores estándares, por ejemplo, en cuanto al perfil de nutrientes.
En este sentido, cabe destacar que la norma argentina incluye como perfil el modelo desarrollado por OPS, que es el mejor estándar regional. La importancia del perfil que se utiliza es que determina los “puntos de corte”, es decir define cuándo un producto deberá llevar una advertencia sobre exceso de nutrientes críticos. Hasta ahora, solo México había conseguido incorporar este modelo en su normativa de etiquetado frontal de advertencia, incluido en 2020 en la modificación de la NOM-051 que había sido originalmente publicada en 2010.
Si se utilizan puntos de corte más flexibles, como el estándar que se aplica en Chile –cuya norma se sancionó en 2012, cuatro años antes de que se publique el perfil elaborado por OPS–, donde se analiza la presencia de nutrientes críticos cada 100 gramos o 100 mililitros, termina por calcularse a partir de las necesidades nutricionales de una persona adulta y permite que la industria alimentaria utilice otras estrategias de diseños comestibles para evitar los sellos y, de esta forma, el resto de las regulaciones (que, también, se aplican solo a productos que contengan al menos 1 sello).
En cambio, el modelo creado por la OPS tiene una base calórica, es decir toma como base la energía que aporta el producto comestible o bebible. De esta manera, estos puntos de corte contemplan las necesidades diferenciales que tienen niños, niñas y adolescentes, protegiéndolos especialmente.
Cuando la industria observa que existe una decisión firme de legisladores y funcionarios en avanzar con estas regulaciones y, más aún, cuando la norma se aprueba, ponen sus energías en demorar la reglamentación e interferir en su futura aplicación. En Chile, la ley se aprobó en 2012, se reglamentó en 2015 y entró en vigencia en 2016. En Perú, la norma se aprobó en 2013 y se reglamentó entre 2017 y 2018.
En Argentina, logramos la aprobación y su reglamentación en tiempo y forma respetando el espíritu de la ley votada en el Congreso. Ahora lo esperable es que la industria busque obturar la aplicación de la ley judicializando casos de productos determinados, alegando afectación a derechos de marca o derechos de propiedad intelectual. Por suerte, también tenemos experiencia y jurisprudencia en otros países, donde al momento de la sentencia se priorizó la salud pública y el interés colectivo, por encima de los intereses privados y de las ganancias de las grandes corporaciones.
¿Dónde será más efectivo el etiquetado frontal?
El primer paso, el primer cambio que introducirá la norma será hacer evidente para la población en su conjunto que muchos de los productos que compramos creyendo que son opciones saludables, no lo son. La norma se mostrará más efectiva en los productos (falsamente) percibidos como saludables.
Para ilustrarlo con un ejemplo, Argentina es uno de los países con mayor consumo mundial de bebidas azucaradas. Ahora bien, en general la gente no compra gaseosas para nutrir(se), sino porque es dulce, le genera placer y porque quiere comprar felicidad, como le vende la publicidad. El principal problema, el engaño más crítico en materia de salud es que, muchas veces, las personas quieren elegir una opción más nutritiva (para sí o para darle a otres) y optan por un agua saborizada (creyendo que es “agua”) o bien un jugo comercial de frutas, pensando que están consumiendo (u ofreciendo) frutas cuando en realidad es lo que menos tiene.
Casi todas las opciones disponibles en el mercado de este tipo de productos, solo tienen aromatizantes, saborizantes, colorantes, edulcorantes, entre otros ingredientes. Es decir, un montón de aditivos que hacen que parezca que estamos consumiendo fruta cuando (la mayor parte de las veces) la única que contiene es la que está dibujada en el envase.
En los países que ya tienen políticas de etiquetado vigentes, esto ha permitido problematizar las elecciones de consumo alimentario y transformar las decisiones de compra hacia otras opciones más saludables y nutritivas. Más aún, al transformar los entornos escolares, también se logra que niños y niñas problematicen su alimentación e incidan positivamente en la alimentación de sus familias.
En Chile y México, por ejemplo, se evidenció que aún en edades tempranas, incluso con niñes que no saben leer ni escribir, el octágono negro permite identificar rápidamente que es desaconsejable consumir esos alimentos o bebidas. Entonces, son los chicos y chicas quienes, en lugar de pedir que les compren los cereales azucarados que tienen el “Tigre que da fuerzas para el desayuno”, dicen “no los compres porque tienen el cosito negro”.
El desafío que nos plantea la Ley de Etiquetado como sociedad es el de reconocer que somos mucho más que consumidores, comprender que como ciudadanos tenemos derecho a una alimentación adecuada y saludable y lo podemos ejercer con la elección alimentaria de cada día. Ese puede ser el punto de partida para avanzar en nuevas leyes que permitan transformar el modelo productivo desde la incorporación de etiquetas para advertir sobre la presencia de transgénicos en los alimentos –Brasil y Uruguay ya cuentan con legislación al respecto– hasta el fomento a la agroecología.
Fuente: Agencia Tierra Viva
Del 19 al 26 de abril, semana contra
las detenciones arbitrarias
Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 19 de abril de 2022.
La sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Bulacio, el 18 de septiembre de 2003, ordenó al estado argentino a derogar todo el sistema de detenciones arbitrarias, tanto las facultades normadas como las nos normadas.
Desde la Coordinadora contra la Represion Policial e Institucional (Correpi) «exigimos el cumplimiento de esa sentencia», cierra el comunicado del organismo de derechos humanos..
¿Qué sabes de Walter Bulacio?
Hace 31 años, Walter Bulacio era llevado por la Policía Federal en una razzia a la salida de un recital de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota en el Estadio Obras. No hubo comunicación con su familia ni con las autoridades judiciales sobre su detención. A la mañana siguiente, fue trasladado de la comisaría 35°, a cargo del comisario Miguel Ángel Espósito, al Hospital Pirovano, donde el joven les explicó a los médicos que había sido golpeado por los policías. Tenía traumatismo de cráneo.
Walter murió días después, el 26 de abril. Tenía 17 años.
Ante la impunidad en la Argentina, la causa llegó a instancias internacionales. El juzgamiento y condena a Espósito por la detención ilegal de Bulacio recién ocurrió en 2013, 22 años después. Fue condenado solamente a 3 años de prisión sin cumplimiento efectivo y sólo por el delito de privación ilegítima de la libertad.
Repudia “demostración de fuerza”
de Londres en las Malvinas
Resumen Latinoamericano, 19 de abril de 2022.
Argentina censuró los ejercicios del Reino Unido en las islas ocupadas Malvinas y los catalogó de una “injustificada demostración de fuerza” del país europeo.
El Reino Unido llevará a cabo entre los días 18 y 29 de abril unas maniobras militares en las islas Malvinas con el fin de demostrar la habilidad del personal del contingente militar británico “para coordinar y realizar recursos para un ejercicio a gran escala”, según el contingente militar británico.
En un comunicado emitido el lunes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Argentina rechazó “en los términos más contundentes” tales ejercicios en las islas “ilegítimamente” ocupadas y señaló que “constituyen una injustificada demostración de fuerza”.
Asimismo, condenó la presencia militar británica en las referidas islas, lo que, a su juicio, “se contrapone categóricamente con la permanente voluntad” de Buenos Aires de resolver la disputa a través de medios pacíficos y de conformidad con el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
De hecho, en su texto Argentina recuerda que las maniobras británicas en dicha región ponen de relieve el “deliberado apartamiento de los llamamientos de las numerosas resoluciones de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, que instan tanto a la Argentina como al Reino Unido a reanudar las negociaciones, a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía que involucra a ambos países en la Cuestión de las Islas Malvinas”.
Al hacer hincapié en la soberanía de Argentina sobre las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, la Cancillería aseguró que el país latinoamericano está dispuesto a reiniciar las negociaciones.
El 2 de abril, el ministro argentino de Asuntos Exteriores, Santiago Cafiero, reprochó la postura de Londres de seguir “actuando como si la disputa estuviera resuelta”, mientras sigue sin solución.
Desde el año 1833, Argentina y el Reino Unido están implicados en una disputa territorial sobre las Malvinas, ocupadas por los británicos. Desde entonces, Buenos Aires ha reivindicado en reiteradas ocasiones la soberanía sobre las islas en distintos foros internacionales y ha instado a Londres a negociar para resolver la disputa, a lo que los británicos se niegan.
Foto Portada: Queman banderas británicas frente a embajada del Reino Unidos por guerra de las Malvinas en Buenos Aires, 2 de abril de 2022.
Fuente: HispanTV
Vecinos y vecinas de recuperaciones
de tierra realizarán jornada de lucha
por el derecho habitacional
Resumen Latinoamericano, 19 de abril de 2022.
Vecinos y vecinas de recuperaciones de tierra del conurbano bonaerense de Tigre, Escobar, Marcos Paz, La Matanza, La Plata, La Matanza, Guernica y Claypole, acompañadas por organizaciones sociales, realizarán una «Jornada de lucha por el derecho habitacional» este miércoles 20 de abril de 10 a 12.45 en el Obelisco porteño, con el eje temático central del «acceso al suelo urbano y las recuperaciones de tierra». Allí visualizarán su situación de crisis habitacional, la necesidad de tierra para vivir y el derecho a una vivienda digna. Habrá paneles académicos temáticos con especialistas, música en vivo, poesía, intervenciones artísticas y de vecinos y vecinas de las diferentes tomas de tierra. La jornada es el inicio de una serie de diferentes jornadas que se realizarán a lo largo del año.
Foto de portada: Germán Romeo Pena (ANRed).
El eje temático de la jornada del mes de abril, que tendrá lugar este miércoles 20 de abril de 10 a 12.45 en el Obelisco porteño, será el de «acceso al suelo urbano y las recuperaciones de tierra.
Allí vecinos y vecinas de tomas de tierras, junto a organizaciones sociales que acompañan su lucha, visualizarán su situación de crisis habitacional, la necesidad de tierra para vivir y el derecho a una vivienda digna.
En la jornada de este miércoles habrá paneles académicos temáticos con especialistas, música en vivo, poesía, intervenciones artísticas y de vecinos y vecinas de las diferentes tomas de tierra.
Según el cronograma de actividades que informaron los espacios vecinales y las organizaciones, la apertura de la jornada será a las 10, para que, luego, de 10.30 a 11, comiencen los paneles académicos temáticos sobre recuperaciones de tierras, con las participaciones de Juan Pablo Venturini (IG, UBA), Julieta Pacheco (Conicet, UBA) y María Maneiro (IIGG, UBA).
Luego, de 11 a 11.15 se espera que haya sesión de música en vivo con Raperos de Taripay.
De 11.15 a 11.40 está prevista la intervención de vecinos, vecinas y organizaciones de las tomas de tierra de Barrio Ferroviario (Tigre), Barrio Stone (Escobar), Barrio COPA (Marcos Paz) y Barrio Guernica (Presidente Perón).
A las 11.40 a 11.45 habrá una sesión de Poesía, a cargo del Colectivo «Esquina Trejo» y Poemario «Tierra para Vivir».
De 11.45 a 12.10 tendrá lugar la segunda parte de la intervención de vecinos, vecinas y organizaciones del Barrio 1° de Noviembre (La Matanza), Barrio Aeropuerto (La Plata), Barrio La Nueva Unión (La Matanza) y Barrio Norita Cortiñas sin tierra (Claypole).
Además, de 12.10 a 12.30, habrá un megáfono abierto y relatoría a cargo del Servicio Paz y Justicia (Serpaj).
Finalmente, la jornada culminará de 12.30 a 12.45, con una «ronda de los trompitos» alrededor del Obelisco con bengalas.
Fuente: ANRed
Cita en defensa de la soberanía, con
el Paraná como referencia fundamental:
este miércoles movilizan al Ministerio
de Transporte
Resumen Latinoamericano, 19 de abril de 2022.
EL PARANÁ ES ARGENTINO – LA SOBERANÍA NO SE LICITA
CONVOCATORIA A MARCHAR AL MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN EN DEFENSA DEL PARANÁ, EL CANAL MAGDALENA Y NUESTRA SOBERANÍA NACIONAL
El Río Paraná y el Río de la Plata representan nuestra principal vía navegable y nuestros dos ríos más importantes. Ambos están en peligro. A través del Decreto 949, el Gobierno Nacional, con la firma de Alberto Fernández ha decidido reprivatizar esta vía troncal de navegación por donde se llevan todos nuestros bienes comunes naturales y por donde se desangra la Argentina.
En este sentido, desde el Frente por la Soberanía Nacional representado en la Coordinadora por la Soberanía del Rio Paraná y el canal Magdalena que integramos los distintos foros y frentes en rechazo al decreto 949/20 y en defensa de nuestra soberanía nacional, convocamos a la unidad de acción y sin sectarismos a la marcha que tendrá lugar el día 20 de abril y se dirigirá al Ministerio de Transporte, encargado de concesionar nuestros Ríos. Hacemos un llamado a toda la ciudadanía y a todas sus organizaciones políticas, territoriales, ambientales, feministas, sindicales, gremiales, y de toda índole, para que sean parte de este justo y soberano reclamo por todo lo que nos pertenece y nos fue arrebatado por políticas antipopulares en desmedro de nuestra madre naturaleza y nuestra soberanía como pueblo.
En estos momentos se está llevando a cabo un proceso licitatorio plagado de irregularidades donde empresas multinacionales se pelean para ver quién se queda con lo de todos y todas los y las argentinas y argentinos. El momento de impedir que el capital extractivista, financiero, y colonialista se quede por décadas con nuestros ríos, es ahora.
La única salida y respuesta al Gobierno Nacional por la aplicación de las políticas dictadas por el FMI, debe ser en la calle y con un grito en defensa de nuestra soberanía, incluyendo la construcción del canal Magdalena para terminar con la actual dependencia del puerto de Montevideo.
● Exigimos la derogación del Decreto 949/20 sancionado el 26/11/2020 que reprivatiza el control de nuestras vías navegables.
● NO al dragado del Paraná Bravo que lleva barcazas y barcos al puerto de Nueva Palmira (Uruguay) y del Canal Punta Indio, porque entrega el control de la navegación al puerto de Montevideo (Uruguay), sin participación argentina.
● Exigimos la construcción y el dragado del Canal Magdalena, de doble circulación con control nacional y salida soberana al Mar Argentino y a nuestros puertos del Sur. Esta obra impedirá que nos internacionalicen los ríos como pretende el Decreto 949/20 y permitirá la circulación de productos entre puertos argentinos que hoy deben pasar por Nueva Palmira o Montevideo
● Requerimos el funcionamiento bajo control estatal de todos los puertos a través de profesionales, técnicos y obreros argentinos.
● Planteamos la creación de una empresa estatal, para que se ocupe del dragado de las vías navegables (mal llamadas hidrovías), y de los accesos e interiores de los puertos.
● Proponemos la creación de la flota mercante nacional y estatal, con plena reactivación en sus tareas específicas de los astilleros y talleres nacionales.
El Gobierno formalizó los nuevos controles
Exportación de carne bajo la lupa
Las empresas exportadoras de carnes, granos y lácteos deberán presentar información sobre sus envíos y planes de producción.
El Ministerio de Agricultura estableció nuevos requisitos para las empresas exportadoras de granos, carnes y productos lácteos. El objetivo oficial es "reducir al máximo la existencia de operadores informales" y se encuadra en un esquema de mayores controles sobre las exportaciones como forma de impulsar la oferta local y así contener la suba de los precios de los alimentos, con fuerte impacto en la inflación.
“Se han constatado ciertas modalidades de actuación en la operatoria comercial exportadora, de las distintas cadenas de productos, que generan distorsiones en la actividad comercial y dificultan el pleno ejercicio de las potestades tributarias y de control cambiario a cargo de las autoridades competentes”, dice la resolución 60/2021 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, publicada este lunes en el Boletín Oficial. Todavía se esperan detalles sobre las nuevas exigencias dirigidas a la exportación de carne vacuna.
La norma modifica el Reglamento para la Inscripción en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA), que fue creado en febrero de 2017 para establecer los requisitos para la matriculación de empresas agroalimentarias.
Define que las empresas deben “exhibir un plan de trabajo proyectado para el próximo año, con detalle de mercadería a exportar, volúmenes, proveedores y destinos” así como también “facilitar el detalle del personal en relación de dependencia y compañía aseguradora de riesgos de trabajo contratada y constancia de las entidades bancarias donde se depositan los haberes de los trabajadores”.
Además, “deberán acompañar el último estado contable certificado para las personas jurídicas y manifestación de bienes actualizada y certificada para las personas humanas o socios y accionista para el caso de personas jurídicas de reciente constitución y constancia de ingresos de divisas del último año, para el caso de haber realizado operaciones de exportación”.
La medida fue adoptada luego de que se conozca que la inflación fue del 4,8 por ciento en marzo y forma parte de un grupo de decisiones tendientes a controlar la suba de precios en los próximos meses.
Agricultura justifica que “ante la imperiosa necesidad de alcanzar una más amplia formalización, transparencia y control de una actividad tan sensible como la exportación dentro de la matriz de producción agropecuaria nacional, se estima conveniente establecer nuevas exigencias”. Subrayó que “los requisitos a incorporar tienden a reducir al máximo la existencia de operadores en circuitos marginales, informales e insolventes, que son los que mayores distorsiones producen en el adecuado funcionamiento del mercado interno y exportador”.
Por otro lado, la norma advierte que "los titulares de los establecimientos matriculados que presten servicios de exportación a terceros matriculados en este registro, serán mancomunada y solidariamente responsables por los incumplimientos de los requisitos y demás condiciones".
En paralelo a los nuevos requisitos del RUCA, el gobierno informó que avanzará en un nuevo esquema de funcionamiento de la comercialización interna de carne vacuna, estableciendo la obligación del troceo a partir del 1º de enero de 2022 para todo el mercado nacional. “Esta medida mejora el funcionamiento de la producción y el acceso a los diferentes cortes", explicaron en el comunicado.
En el primer trimestre creció 4,3 por ciento con respecto a hace dos años
La industria mejora incluso contra 2019
La comparación se realiza con 2019 para evitar las distorsiones provocadas por la pandemia de coronavirus, pues las comparaciones contra marzo de 2020 dan subas extraordinarias.
La actividad industrial creció en el primer trimestre 4,3 por ciento más que en el mismo período de 2019, según adelantó el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI), que dirige Daniel Schteingart. Los datos anticipados surgen del consumo de energía. De un total de 14 sectores, 13 sectores industriales consumieron igual o más energía en marzo que en 2019. La excepción fue madera, papel y edición, que operó 2,8 por ciento por debajo. A su vez, en lo que va de abril sigue con un ritmo sostenido de crecimiento.
La comparación se realiza con 2019 para evitar las distorsiones provocadas por la pandemia de coronavirus que forzó la implementación de una cuarentena en marzo de 2020. A partir de marzo está claro que las comparaciones que se realicen contra 2020 van a dar subas extraordinarias porque la economía prácticamente se paralizó desde mediados de marzo y fue reactivándose lentamente con el paso de los meses y la flexibilización gradual de as restricciones.
“Las comparaciones a partir de marzo van a dar muy altas por la comparación con meses de restricciones. Aun así, de acuerdo a nuestras primeras estimaciones, en marzo la industria operó aproximadamente 6 por ciento por encima del mismo mes de 2019 y 27 por ciento de 2020”, había asegurado el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, la semana pasada.
Los sectores de mayor crecimiento comparado con el promedio de 2019 son:
Metalmecánica: trepó 16,7 por ciento impulsada por maquinaria agrícola y electrodomésticos.
Automotriz: creció 19,7 por ciento. Se produjeron 43.160 vehículos, el mayor número desde agosto de 2018; 125,2 por ciento por encima de marzo de 2020 (mes muy afectado por la pandemia) y 48 por ciento por encima de marzo de 2019.
Materiales para la construcción: los despachos de cemento aumentaron 93,5 por ciento respecto del primer mes de la pandemia y 3,4 por ciento contra marzo de 2019. Según el índice Construya la producción de marzo fue la mejor para ese mes en por lo menos 19 años, aunque en términos desestacionalizados se contrajo 5,1 por ciento respecto a febrero.
Por último, según datos del Ministerio de Trabajo el empleo asalariado formal privado creció 0,3 por ciento mensual desestacionalizado en enero (16 mil puestos más de trabajo), una magnitud mensual considerable (la mayor desde 2015). El empleo industrial tuvo su octava suba consecutiva (10 mil puestos más que antes de la pandemia).
Fuente:Pagina12
19.04.2022 / Declaraciones
"Causal de mal desempeño": el viceministro de Justicia no descartó juicio político a la Corte
Juan Martín Mena afirmó este martes que el máximo tribunal "está arrogándose facultades que son de otro Poder del Estado". "Es verdaderamente escandaloso", enfatizó en medio de la polémica por la autoproclamación de Horacio Rosatti como titular del Consejo de la Magistratura.
Pese a las críticas del Gobierno y letrados, este lunes el máximo tribunal ordenó el funcionamiento "de manera inmediata" del nuevo Consejo de veinte miembros con la presidencia de Horacio Rosatti, quien forma parte de la Corte y también firmó el acta.
"A partir del dictado de la presente decisión, el Consejo de la Magistratura de la Nación deberá continuar funcionando de manera inmediata y de pleno derecho según las pautas fijadas por el Tribunal en su sentencia firme del 16 de diciembre de 2021", remarcó la resolución que contó con las firmas de Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz.
Al respecto, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, aseguró que el accionar de la Corte "es un descalabro" que tiene consecuencias con la democracia.
"El descalabro que generó la Corte con esta decisión tomada en diciembre del año pasado y las posteriores a veces cuesta explicárselo a abogados así que imagínate para el público en general", aseguró el funcionario de declaraciones radiales.
Y agregó: "Lo más importante es que la Corte está arrogándose facultades que son de otro Poder del Estado, luego de 6 años estudiando una ley que llevaba 16 años de vigencia, concluyó que esa ley era inconstitucional por no respetar el artículo 14 de la Constitución".
Para Mena, lo que "no registra antecedente" es la decisión que "toma de seguido la Corte de recuperar la vigencia de una ley derogada".
"No ocurrió nunca y eso es lo que le da la gravedad. Son pequeños pasos que degradan el sistema democrático", señaló.
Consultado sobre la postura del Gobierno, marcó: "No descarto juicio político, no puedo comprometer la posición del Poder Ejecutivo pero claramente hay una causal de mal desempeño. Es verdaderamente escandaloso".
"No se explica la decisión de la Corte, no solo en reponer una ley derogada; no se explican los plazos, no se explica que se ponga en vigencia la ley derogada que los ponía justamente a ellos al frente del Consejo de la Magistratura. En el año 2014 avalaron esta ley que estuvo vigente hasta diciembre y lo vienen a considerar 6 años después. Paralizan el funcionamiento del Consejo de la Magistratura", argumentó el funcionario.
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