La señalización del centro clandestino que funcionó en Acindar
Memoria y justicia para la lucha de Villa Constitución
La señalización de la planta de la empresa metalúrgica Acindar en Villa Constitución que llevaron adelante autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe y las autoridades del municipio, junto a sobrevivientes, organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales y políticas, es un hecho histórico de enorme importancia. Este caso se convirtió en un ejemplo clave de la articulación empresarial-militar durante la última dictadura en Argentina, por varios motivos.
En primer lugar, por la magnitud del operativo represivo con la participación de diversas fuerzas militares y de seguridad que se inició el 20 de marzo de 1975, un año antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. De acuerdo al informe sobre responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad (Infojus, 2015), en la totalidad del proceso represivo que tuvo lugar desde 1975, al menos 21 personas vinculadas con Acindar fueron asesinadas, 9 se encuentran desaparecidas y 66 estuvieron privadas de su libertad y luego fueron liberadas. Ese informe analiza una gran cantidad de fuentes que muestran que la empresa puso a disposición del aparato represivo recursos logísticos y materiales, financiamiento, e información clave para la represión. El aporte más extremo fue que un espacio conocido como “Albergue de Solteros”, situado dentro del predio de Acindar, fue cedido a las fuerzas de seguridad y utilizado como centro clandestino de detención (CCD). La existencia de este CCD, denunciada por las víctimas en distintas instancias a lo largo de décadas, ameritó incluso la constitución de una delegación de la Conadep en la localidad.
Es importante recordar que el presidente del directorio de Acindar en 1975 era José Alfredo Martínez de Hoz, quien pasó luego del golpe a desempeñarse como ministro de Economía de la dictadura hasta 1981, desde donde implementó las transformaciones económicas regresivas que transformaron la estructura económico-social. Lo reemplazó el general Alcides López Aufranc, una de las figuras pioneras en la vinculación con la escuela francesa de contrainsurgencia, con participación en procesos represivos en los años 60 y 70, y que siguió al frente del Directorio de Acindar hasta comienzos de los años 90. En estrecha conexión con todo esto, durante la dictadura se produjo un crecimiento inédito de la empresa, a partir de la concreción del proceso de integración vertical con la inauguración en 1978 de la Planta Integrada Arturo Acevedo, las transferencias del Estado y la estatización de su deuda privada, así como del proceso de concentración y absorción de empresas que convirtó a Acindar, junto al grupo Techint, en uno de los grupos económicos centrales en la industria siderúrgica.
Pero además, el caso puso en evidencia que uno de los factores centrales de la confluencia empresarial-militar fue el disciplinamiento laboral y sindical y la reconfiguración de los derechos conquistados a lo largo de un complejo y rico proceso de organización. Un hito fundamental en esta historia fue el histórico “Villazo”, que tuvo lugar el 16 de marzo de 1974, en el que miles de personas celebraron en la plaza de Villa Constitución la victoria en la lucha de los trabajadores metalúrgicos y la promesa de prontas elecciones en la seccional local de la UOM. En abril de 1974, en un plenario de agrupaciones del sindicalismo combativo y antiburocrático en Villa Constitución, quedó claro que el proceso de lucha encabezado por líderes como Alberto Piccinini se había convertido en uno de los exponentes más visibles a nivel nacional. Cuando a partir del 20 de marzo de 1975 se produjo la ocupación militar de la ciudad, los trabajadores respondieron con un paro que se extendió por casi dos meses, con la imprescindible contribución de la comunidad, incluyendo a las valiosas mujeres que tejieron redes cruciales para el sostén de la medida de fuerza. A partir del 24 de marzo de 1976 hubo un nuevo punto de inflexión en el proceso de militarización de los establecimientos fabriles y de represión.
Las responsabilidades por estos hechos se analizan en una causa judicial en el Juzgado Federal 4 de Rosario. En esta causa se encuentra procesado Roberto Pellegrini, jefe de División de Personal de Acindar, junto a militares y efectivos policiales y de otras fuerzas. La concreción de la señalización luego de 47 años de iniciados los hechos es sin dudas una reparación imprescindible y necesaria, pero al mismo tiempo es un recordatorio, en un contexto en que la demora hizo que muchos de los responsables no hayan podido ser juzgados, de la urgencia de lograr el avance inmediato de esta causa para hacer justicia por estos hechos gravísimos ocurridos durante la última dictadura.
* Victoria Basualdo es investigadora del Conicet, del Área de Economía y Tecnología de Flacso y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, coordinadora de la Unidad especial de investigación de delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica.
Fuente:Pagina12
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