Perotti se reúne hoy con los 22 legisladores nacionales de Santa Fe
Todos juntos para hacer fuerza en el Congreso
En el marco de la crisis de seguridad, el gobierno provincial busca que los bloques parlamentarios prioricen a Santa Fe para reforzar la estructura del fuero penal federal.
Después de varias semanas muy agitadas en materia de seguridad y reclamos al gobierno nacional, el gobernador Omar Perotti se reunirá hoy con los diputados y senadores nacionales por Santa Fe en Rosario con el eje puesto en la seguridad y en la necesidad de fortalecer la estructura de la Justicia Federal. Este no será el primer encuentro al que son citados los legisladores, ya que en diciembre del año pasado se habían reunido en Casa de Gobierno para dialogar sobre “acciones concretas y conjuntas como, por ejemplo, trabajar en el fortalecimiento del sistema de Justicia Federal", según había detallado en ese momento el ministro Marcos Corach.
Desde las 10 en la sede de Gobernación se llevará adelante la reunión convocada por Perotti con los 19 diputados y 3 senadores que representan a la provincia en el Congreso de la Nación. Rosario12 consultó a varios de los legisladores que serán parte del encuentro. Coincidieron en que si bien no les comunicaron el tratamiento de un tema concreto, la atención estará puesta en la seguridad y en el funcionamiento de la justicia federal en Santa Fe. En ese sentido, se descuenta que el mandatario insistirá en hacer lobby en el Congreso para crear nuevos juzgados y fiscalías federales y dotar de mayores recursos al Poder Judicial en lo que refiere a las investigaciones sobre bandas criminales dedicadas al narcotráfico, que es delito federal.
Lo que se pretende es que haya un reclamo unánime de los parlamentarios de la provincia sobre la necesidad de sancionar leyes que prioricen a Santa Fe en razón de la gravedad de la crisis de seguridad.
El gobernador incluso agitó estos días el fantasma del efecto contagio. Dijo que el Estado nacional no puede permitir que estas cosas ocurran en su territorio y que lo que está pasando en Santa Fe se expanda a otras provincias.
Hasta el año pasado la creación de nuevos juzgados y fiscalías en la provincia estaba atada a la suerte de la megarreforma judicial para todo el páis que impulsó el gobierno nacional en 2020 y que quedó varada en la Cámara de Diputados.
Fracasada esa estrategia, el gobierno provincial busca que legisladores propios y de los espacios opositores trabajen dentro de sus propios bloques en el Congreso para convencer a sus pares de que es urgente priorizar a Santa Fe. Es una tarea ciclópea, ya que el retraso y los problemas de la Justicia federal afectan a todas las jurisdicciones, Eso hace que para lograr que un diputado de otra provincia apoye un nombramiento para Santa Fe, pretenda una solución para su distrito. La gran pregunta es si los récords de violencia y homicidios dolosos pueden conmover esas lógicas de negociación que rigen en el Congreso nacional.
Uno de los avances que se dio el año pasado fue el acuerdo Nación-provincia para que Santa Fe sea la próxima en implementar el nuevo Código Procesal Penal nacional. Si bien ya se acordó el traspaso de un edificio en Rosario para el funcionamiento del fuero penal, la implementación concreta llevará largo tiempo.
En rigor, el de hoy será el segundo encuentro entre el gobernador y los legisladores nacionales para abordar este tema ya que en diciembre pasado –en medio de otro pico de la crisis de seguridad– los reunió en el Salón Blanco de Casa de Gobierno. Entonces Perotti y el ministro de Seguridad Jorge Lagna remarcaron la necesidad de trabajar en el fortalecimiento del sistema de Justicia Federal. “Si bien la seguridad fue una parte importante de la reunión, también hablamos del presupuesto, del fallo de la Corte Suprema y del proyecto del diputado Roberto Mirabella sobre nombramientos de fiscales nacionales”, había precisado en ese momento el ministro de Gestión Pública Marcos Corach.
Este nuevo encuentro llega después de algunas semanas agitadas, primero con los reclamos que hizo Perotti al gobierno nacional en su discurso de aperturas de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, al exigir “una estrategia federal, integral, coordinada, sostenible y transparente de lucha contra el crimen organizado” y una “inmediata presencia federal en toda su dimensión con más efectivos federales en los territorios más calientes, mayor control de las rutas de las mercancías y fondos ilícitos y, sobre todo, una estructura de Justicia Federal y penitenciaria más sólida y acorde al tamaño del problema”.
Un día después de aquel mensaje, el gobernador viajó a Buenos Aires junto con el intendente de Pablo Javkin para reunirse con el presidente Alberto Fernández y con el ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández. En ese encuentro, el Jefe de Estado se comprometió a enviar 300 gendarmes a Rosario y a impulsar el proyecto de ley para reforzar la Justicia Federal de Santa Fe. A su vez, el viernes pasado Perotti encabezó una reunión de trabajo junto con el director de Gendarmería Nacional, Andrés Severino, para abordar nuevas estrategias de seguridad y coordinar la distribución de los agentes de la fuerza en el territorio provincial. En esa oportunidad, el gobernador volvió a referirse a la necesidad de “trabajar con un proyecto para fortalecer la Justicia Federal en la provincia de Santa Fe”.
Llama
Se lanzó el espacio Soberanxs con críticas al acuerdo con el FMI
"Hay que construir un programa de gobierno"
Gabriel Mariotto, actual decano de Ciencias Sociales en la UNLZ, insistió en la necesidad de debatir el rumbo, mientras Alicia Castro calificó a Martín Guzmán como "un pasante", "empleado del FMI". Amado Boudou quiere disputar el sentido común.
Con un discurso crítico al funcionamiento del Frente de Todos y al rumbo del gobierno, estuvieron en Rosario para el lanzamiento local del espacio Soberanxs sus tres máximos referentes: el ex ministro de Economía y ex vicepresidente, Amado Boudou, la ex embajadora en Rusia, Alicia Castro y quien fue el gestor de la ley de servicios de comunicación audiovisual, actual decano de Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Gabriel Mariotto. "La única solución para que haya 2023 para el movimiento nacional y popular es la construcción de un programa que se legitime con el voto del pueblo para poder llevar adelante la acción política", expresó Mariotto en un intercambio con periodistas en el camarín del Centro Cultural Atlas, donde se realizó el acto. La palabra "rumbo" fue repetida una y otra vez por los referentes. "Nos honra a haber sido el primer espacio dentro del Frente de Todos en oponernos frontalmente al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional", subrayó Castro.
La dirigente surgida del gremialismo aeronáutico apuntó al ya vapuleado Martín Guzmán. "A todos nos ha llamado la atención que habiendo tantos cuadros económicos y políticos en la Argentina, tantas mujeres y hombres capacitados para gobernar la economía, hayan elegido un pasante de 34 años, amigo del Fondo Monetario Internacional. Martín Guzmán es un cuadro del Fondo, por eso ha hecho un contrato de adhesión y esto va a perjudicar a los argentinos y las argentinas", dijo la dirigente.
Por su parte, Boudou planteó que "es la disputa del centro y la periferia, de si vamos a hacer un país exportador de materias primas y comprador de productos terminados con muy poquitos puestos de trabajo, o sí, como propuso el peronismo desde su inicio, vamos a hacer el proceso de industrialización que nos permita tener independencia económica, pues no hay que perder de vista esto: la cuestión de la soberanía". Para el ex ministro de Economía, "la esencia de la discusión es hacia dónde va la sociedad, hacia dónde va una Nación, cómo se construye una patria. Esas son las cosas que nosotros queremos poner en crisis, lo que se llama sentido común, que en realidad es el sentido de la clase dominante permeando por todos lados".
Durante el lanzamiento del nuevo espacio, Castro pidió a la militancia la elaboración de un decálogo con los diez temas que más preocupan para el desarrollo del país. "Nosotros venimos hoy acá a este encuentro para escucharnos y mira qué distinto lo que hace el sistema, desde Llao Llao, donde construyen la Argentina por fuera de la democracia. Los ricos, los dueños del capital, convocan a la política para tomar el examen y para decirle lo que tienen que decir. Ahí va el ministro de Economía de este gobierno", cuestionó Boudou y destacó: "Esa es la gravedad de la situación que se está viviendo en la Argentina, que no es nueva, y es lo que pasa en el mundo, pero justamente lo que está demostrado en Argentina es que tanto en tiempos de Perón como en tiempos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, cuando se hace un impulso fuerte de la soberanía, aparece también la felicidad del pueblo".
Justamente, Castro adelantó algunas de las preguntas que luego planteó en el acto. "Tampoco somos de los dirigentes que vienen con la verdad revelada. Les preguntamos a rosarinos y rosarinas cuáles serían las 10 prioridades que tienen. ¿Queremos estatizar las empresas de servicios públicos? Tenemos litio, que todo el mundo lo quiere. ¿Queremos una empresa nacional de litio o una empresa regional de litio? ¿Queremos una nueva Constitución para que efectivamente no puedan endeudarnos como lo vienen haciendo desde la dictadura hasta hoy?", fueron algunos de los temas que lanzó, y aclaró: "No tenemos todas las respuestas, hay que construirlas colectivamente, lo que damos es un espacio de debate o una construcción distinta".
La crítica al acuerdo con el FMI fue una de las presentaciones en sociedad de Soberanxs. "Como dice Amado, no ha sido un acuerdo, no ha habido una negociación, se ha firmado un contrato de adhesión. Vamos a tener un cogobierno con el Fondo Monetario Internacional, vamos a tener un ajuste que va a traer sufrimiento, dolor y miseria al pueblo argentino", apuntó Castro, quien recordó que esta evaluación, su espacio la viene haciendo "hace un tiempo largo". La alternativa que proponen es "llevar el Fondo Monetario Internacional a la Corte Internacional de Justicia, porque es corresponsable, ha estado en connivencia con una estafa del gobierno de Macri, de la oligarquía argentina y de los bancos para llevarse el dinero fuera de la Argentina". Consideró que el préstamo otorgado por el organismo internacional a la Argentina "fue la deuda de la dictadura, una segunda estatización de la deuda privada". También recordó que pidieron al gobierno nacional que entregue los datos de quiénes fugaron dinero al exterior, a partir de los registros de AFIP. "Es el propio Gobierno argentino que no está prestando sus datos", afirmó Castro.
Sobre el peligro que supone el avance de la ultraderecha encarnada en expresiones políticas como Javier Milei, Mariotto admitió la preocupación. "Entendemos que estamos en una situación social muy grave, una falta de horizonte y un desencanto muy grande, que le da un margen a alternativas de no política o de antipolítica y creemos que las soluciones salen de la discusión política honesta, entre sectores que pueden tener miradas distintas, pero la solución siempre es política", dijo el dirigente, quien recordó que "cuando hubo expresiones de antipolítica en el mundo, la cosa se puso fea en materia de ejercicio de derechos y de libertades".
El diputado Cleri sobre el discurso de la Vicepresidenta en Chaco
“Una conductora como Cristina es un orgullo”
“Fue verdaderamente una clase magistral, Cristina sigue siendo quien hoy mejor expresa, representa y conduce el peronismo y el movimiento nacional y popular”, dijo Marcos Cleri, consultado por la prensa respecto del discurso pronunciado por la Vicepresidenta este último viernes en la ciudad de Resistencia, donde fue distinguida con un doctorado honoris causa por la Universidad Austral.
“El rumbo que volvió a marcar es el de un proyecto de desarrollo para todos y todas; y lo hizo demostrando su capacidad para expresar esa mirada estratégica con ejemplos y evaluaciones claras, convocando a debatir con el pueblo y de cara al pueblo las soluciones que hacen falta para avanzar en ese camino a la inclusión, a la justicia social, a la construcción de comunidad”, añadió el diputado nacional santafesino.
“Esta orientación tiene el valor agregado de ir más allá de lo discursivo y plasmarse en iniciativas y proyectos legislativos que proponen mejoras y soluciones concretas, realizables, surgidas de la agenda del pueblo, de sus principales necesidades. En estos últimos días se presentaron en el Congreso nacional dos proyectos de enorme importancia: el de moratoria previsional, que facilita el acceso a la jubilación para quienes, pese a haber llegado a las edades fijadas, no acceden a ese derecho porque no pudieron completar el total de aportes requeridos; y el de adelantar al 1 de julio la totalidad de los aumentos del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que suma un 45 por ciento anual, cifra que en principio se iba a completar recién en enero del año que viene”, señaló Cleri.
“Es necesario y posible revertir con acciones concretas situaciones adversas como la de la inflación, recuperando el poder adquisitivo de los salarios, creando más y mejor empleo, generando bienestar para la gente”, dijo el diputado del Frente de Todos, al tiempo que llamó a “entender y cumplir cabalmente lo que Cristina nos pide en cuanto a no confundir debates con peleas y establecer instancias de diálogo sincero, honesto, genuino, buscando respuestas a los problemas que nos afectan a todos pero especialmente a los que menos tienen, a los más humildes”.
“Para nosotros tener una conductora como Cristina es un orgullo que queremos honrar todos los días, trabajando en el sentido que ella nos señala, abordando cada problema teniendo en cuenta sus características particulares pero apelando siempre a seguir aprendiendo, a escuchar, a impulsar siempre una agenda en común para así lograr las respuestas que todavía hacen falta”, subrayó Cleri.
“El compromiso que reafirmamos cotidianamente es el de trabajar, gestionar, solucionar, avanzar. Conociendo el pasado y actuando en el presente, estamos forjando el futuro que soñamos y merecemos”, remarcó.
Chapas de taxi
Cerró la inscripción
Tras cumplimentar la prórroga otorgada en el mes de abril y las facilidades implementadas para la adquisición de nuevas licencias de taxis y remises, ayer culminó la convocatoria con "un fuerte incremento de los interesados a partir del cambio de condiciones", según informó la Municipalidad. Se iniciaron más de 2.100 solicitudes de taxis y se cumplimentaron 457 trámites. En tanto, en remises, se recibieron más de 200 solicitudes y culminaron 43. La adjudicación corresponde a 300 nuevas chapas de taxis definidas bajo la ordenanza N° 10.031 y más de 200 que se encuentran caducadas, por lo que estarán nuevamente disponibles; en cuánto a remises, son 100 nuevas licencias. El cierre de la convocatoria fue a las 16 de este domingo. Ahora se creará una comisión evaluadora que constatará la documentación presentada. Las solicitudes serán ordenadas de acuerdo a los criterios establecidos por la ordenanza. Se publicarán en la página de la Municipalidad y en los distritos para dar a conocer los adjudicatarios de las chapas.
Con estas propuestas, el municipio buscar generar mejoras en el sistema de taxis y remises de la ciudad de Rosario, ampliando la cantidad de coches habilitados para brindar el servicio en los momentos de mayor demanda por parte de la ciudadanía.
Universitarios
Movida por la obra social
Docentes de la Universidad Nacional de Rosario pertenecientes a COAD realizarán una clase pública frente a la sede de la obra social de calle Santa Fe 2579, por los constantes aumentos en los co-seguros. Será hoy a las 11.30. El sindicato viene denunciando que la obra social se encuentra en franca caída, alejándose cada vez más de las necesidades de quienes “somos afiliados”, señalaron los docentes. El sindicato cuestiona los constante aumentos en los co-seguros y en la cuota de los afiliados adherentes que son los familiares y jubilados que “alejan a la OSUNR del carácter solidario que debería tener una obra social de los trabajadores”, agregó el gremio.
Además, esta situación contrasta con el superávit que en el balance contable 2021 exhibe la obra social, “mientras se garantiza cada vez menos nuestro derecho a la salud se acumulan fondos de manera inexplicable y se refuerza una lógica mercantilizadora similar a las prepagas”, denunció la COAD.
La clase pública estará a cargo de Diego Ainsuain, médico generalista y presidente del Consejo Directivo del gremio Siprus, y de Francisco “Pancho” Iturraspe, abogado y docente de la Facultad de Derecho UNR e integrante de la comisión gremial sobre OSUNR de Coad. La presentación estará a cargo de Fernando Gómez, psicólogo y docente de la Facultad de Psicología UNR y también coordinador de la comisión gremial.
Universitarios
Movida por la obra social
Docentes de la Universidad Nacional de Rosario pertenecientes a COAD realizarán una clase pública frente a la sede de la obra social de calle Santa Fe 2579, por los constantes aumentos en los co-seguros. Será hoy a las 11.30. El sindicato viene denunciando que la obra social se encuentra en franca caída, alejándose cada vez más de las necesidades de quienes “somos afiliados”, señalaron los docentes. El sindicato cuestiona los constante aumentos en los co-seguros y en la cuota de los afiliados adherentes que son los familiares y jubilados que “alejan a la OSUNR del carácter solidario que debería tener una obra social de los trabajadores”, agregó el gremio.
Además, esta situación contrasta con el superávit que en el balance contable 2021 exhibe la obra social, “mientras se garantiza cada vez menos nuestro derecho a la salud se acumulan fondos de manera inexplicable y se refuerza una lógica mercantilizadora similar a las prepagas”, denunció la COAD.
La clase pública estará a cargo de Diego Ainsuain, médico generalista y presidente del Consejo Directivo del gremio Siprus, y de Francisco “Pancho” Iturraspe, abogado y docente de la Facultad de Derecho UNR e integrante de la comisión gremial sobre OSUNR de Coad. La presentación estará a cargo de Fernando Gómez, psicólogo y docente de la Facultad de Psicología UNR y también coordinador de la comisión gremial.
Guadalupe tenía 12 años cuando fue atacada en Villa Banana
Piden que se confirme condena por femicidio
El abuso sexual y femicidio cometidos contra Guadalupe Medina, quien tenía apenas 12 años cuando fue encontrada sin vida en una construcción de villa Banana en mayo de 2016, llegó a la Cámara Penal. Tanto la Fiscalía como los querellantes por la familia de la niña pidieron que sea confirmada la pena de prisión perpetua dictada el año pasado al único acusado. Ante el recurso presentado por la defensa de Sergio Saravia, de 30 años, el tribunal integrado por Bibiana Alonso, Gustavo Salvador y Javier Beltramone analiza los elementos que llevaron a la sentencia del 2 de diciembre pasado, tras un juicio oral y público en el que quedaron expuestas todas las violencias (física, sexual, simbólica) que padeció la víctima en los últimos minutos de vida y su vulnerabilidad.
"Abuso sexual seguido de muerte en concurso ideal con femicidio", es la figura penal que llevó al tribunal de primera instancia a fijar la pena para el agresor. El veredicto fue atacado por la defensa del imputado que pidió su absolución, y ahora la Cámara deberá resolver si la misma es ratificada.
La familia de Guadalupe esperó durante más de cinco años una respuesta en el caso. El próximo 25 de mayo se cumplirá uno más. "Sería importante la confirmación (del fallo) porque después del juicio quedó claro todo lo que significó el trabajo de este caso para poder identificar al imputado, donde la participación de la querella fue muy importante (fue una de las abogadas que representó la familia de la víctima en los primeros momentos quien advirtió similitudes entre el hecho que terminó con la vida de Guadalupe y otro abuso cometido siete meses después). Esperamos que se ratifique en los mismos términos, ya que la sentencia reconoció los indicadores de violencia, por lo que encuadró el hecho como femicidio. Eso fue lo que llevamos a la Cámara y dimos las razones a nuestro pedido. No podría decirse que hubo violencia de género en el caso si no se reconoce la figura del femicidio", indicó el abogado del Centro de Asistencia Judicial (CAJ), Valentín Hereñú, que representa a la familia de la niña junto con Jorge Haurigot.
A lo largo del juicio de 2021, los querellantes hablaron de un hecho al que enmarcaron como "la máxima expresión de la violencia machista" y recordaron que la niña "fue violada y ahorcada hasta la muerte por un hombre que la usó como un objeto". Siempre plantearon la figura del femicidio, más allá de que no hubiera un vínculo entre víctima y agresor, sino teniendo en cuenta que se cometió "en un claro contexto de violencia de género".
Eso fue lo que reconoció el fallo de primera instancia en el que también se destacó la situación de una familia "vulnerable en su aspecto socioeconómico y cultural".
Para el tribunal de primera instancia, el caso manifiesta claramente "el ejercicio pleno de una desigual relación de poder entre un hombre maduro y una niña, maltratándola, subordinándola, desvalorizándola, aumentando el factor de vulnerabilidad de la víctima por ser mujer". También mencionaron que tras el abuso, la descartó "como un objeto, demostrando la cosificación que merece la mujer, para el imputado".
Antes de que fuera acusado Saravia, hubo tres jóvenes implicados en la causa, sindicados como miembros de "la banda de Pandu" (detenido y ahora involucrado en hechos recientes de violencia y asociación ilícita). Dos años después, Saravia fue acusado en otra causa por abuso sexual, cuando se advirtió que ese hecho tenía muchas similitudes con lo sufrido por Guadalupe. La abogada Martina Guirado, que en ese momento era parte del equipo del CAJ, tenía ambos expedientes como querellante y empezó a atar cabos. Cuando se hizo el cotejo de material genético, arrojó resultado positivo y Saravia quedó como único acusado por el femicidio de Guadalupe.
Fuente:Rosario12
Incendio intencional en Desarrollo Social
El intendente Pablo Javkin se refirió al incendio en la dependencia municipal y le apuntó
a la banda narcocriminal Los Monos. “Vamos a ir a fondo porque lo que intentan ellos
es generar caos, la mafia actúa así”, afirmó. Aseguró que el comedor que administraba
la pareja del Viejo Cantero no figura entre los habilitados por el municipio.
El domingo 1º de mayo, un incendio de consideraciones se desató en las dependencias
de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Rosario. El foco ígneo
produjo serios daños edilicios y también generó gran cantidad de suspicacias ya que se
conoció un preinforme realizado por los Bomberos Zapadores que reveló que el fuego
habría sido provocado de manera intencional.
Entre las suspicacias que generó ese episodio está la de un intento por borrar evidencias
en la investigación de un supuesto vínculo por la aparición de cajas de un plan alimentario
municipal en propiedades de la familia Cantero, líder de Los Monos. “En las audiencias al
clan quedó bastante claro cómo llegaron esas cajas hasta allí”, indicó Javkin en
declaraciones a LT8.
“Para saber por qué y para qué llegaron hasta allí hicimos la denuncia, y luego apareció
el incendio, que quiero que el Estado investigue a fondo. Aportamos transparencia:
llevamos toda la información en soporte informático y físico a Fiscalía con cada remito
de alimentos que se entregaron, donde consta quién, dónde y qué día y a qué hora
recibió cada una de esas cajas”, añadió.
En Radio 2, el mandatario local indicó al respecto que “cuando uno repasa los detenidos
de la causa, si está el responsable de un comedor al que se le entregaron esas cajas”. Y
agregó: “Es un hombre que tiene una huerta en zona sur, en diciembre protagonizó un
piquete por un reclamo alimentario. Incluso esa persona reclamó en la audiencia que la
ayuda del Estado municipal es insuficiente. En la casa de Cantero aparecieron toneladas
de alimentos además de las cajas”.
“El modus operandi de esta gente lo conozco, les encanta repartir mugre. Vamos a ir a
fondo porque lo que intentan ellos es generar caos, la mafia actúa así”, aseguró en esa
emisora, y advirtió: “Si había alguna idea de esta gente de querer generar el caos, fuimos
y le llevamos a la fiscal toda la información en papel, cada remito de mercadería, quien
la recibió y en qué fecha para que esté en custodia de la fiscalía. A esta gente se le gana
así, separando la mugre de lo limpio”.
En La Ocho, el titular del Palacio de los Leones aseguró que “sé cuál es la estrategia de
los abogados de estas bandas. Es la mafia, que tiene también sus estrategias defensivas;
la misma que amenaza a jueces, que balea estaciones de servicios y escuelas. Son la
mugre y lo dicen en las audiencias”.
Por último, repasó detalles de la reunión con el presidente Alberto Fernández y con el
presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti: “Hay que apuntalar el
trabajo de nuestros fiscales y jueces, muchos de los cuales resisten amenazas mientras
cumplen con su labor, y exigir operatividad de quienes nos tienen que cuidar. Trabajamos
a todo nivel e iré a todos los lugares a los que tenga que ir para lograr que no estemos
más prisioneros de un grupo de poder que lastima a nuestras familias”.
Más trabajo en Santa Fe
El ministro de Trabajo santafesino, Juan Manuel Pusineri, resaltó la tendencia “positiva”
en creación de empleo, y aseguró que “los indicadores nos presentan una situación aún
mejor que en la pre pandemia”.
El titular de la cartera laboral provincial consideró que el crecimiento del 3,63 por ciento
en el índice de empleo registrado en el distrito en relación al año pasado demuestra una
tendencia “que se mantiene positiva desde julio de 2020”, y dijo que no se daba una
cifra tan alta desde diciembre de 2018.
Pusineri se refirió al informe de Situación y Evolución del Trabajo Registrado publicado
días atrás por el Ministerio de Trabajo de la Nación, que informa que en Santa Fe había
501.862 asalariados en el sector privado en febrero último, es decir, un aumento del
0,13 por ciento respecto del mes anterior.
En comparación con febrero de 2021 ese porcentaje se eleva al 3,63 por ciento, lo cual
significa un ingreso de casi 18.000 personas al mercado de trabajo formal durante los
últimos 12 meses.
“Estamos frente a una tendencia de generación de empleo en la provincia que se
mantiene positiva desde julio de 2020. Desde diciembre de 2018 que en Santa Fe no se
registra una cifra tan alta de trabajadoras y trabajadores integrados al mercado de
trabajo formal”, indicó el funcionario.
Pusineri añadió que “los indicadores nos presentan una situación aún mejor que en la
pre pandemia”, situación que en su opinión “habla del impacto real que están teniendo
todas las políticas de reactivación de la actividad económica y del empleo” dispuestas en
la provincia.
“Hoy las industrias y empresas santafesinas cuentan con una batería de recursos puestos
a disposición por el Gobierno provincial para acompañar y fortalecer este momento de
crecimiento”, dijo el Ministro, que mencionó como desafíos recuperar el “poder adquisitivo
del salario” y el “empleo de calidad”.
Fuente:RedaccionRosario
Narcópolis
El cíclico envío de Gendarmes a Rosario, una política que de modo aislado está
destinada al fracaso. Santa Fe no resuelve el problema de su policía y del Poder
Judicial. Mitos sobre seguridad y debates truchos.
En la rueda de prensa en la Casa Rosada, el ministro sostuvo que “la situación en
Rosario nos importa y tenemos que encontrar una solución a la problemática (…) lo
esencial es seguir trabajando como hasta ahora y con más inteligencia criminal”. A lo
que el gobernador respondió que el compromiso federal en el envío de fuerzas policiales
es una “noticia importante para la provincia” así como “una señal concreta de una
decisión del gobierno nacional de tomar este tema como propio”. Como en los memes o
los chistes de las redes sociales, “no importa cuando leas esto”.
Desde el 9 de abril de 2014 cuando el entonces secretario de Seguridad nacional, Sergio
Berni, “desembarcó” en helicóptero con 3 mil hombres y mujeres de las fuerzas federales
–que llegaron por tierra, claro– para “saturar” la ciudad de Rosario por una crisis de
seguridad pública expresada en la creciente tasa de homicidio, la escena y los diálogos
se repitieron con inocua regularidad.
Berni volvió con más gendarmes, prefectos y policías federales en mayo de 2015;
Patricia Bullrich mandó 2.900 en septiembre de 2016 y ordenó “saturar” Rosario en
febrero de 2018; Sabina Frederic hizo anuncios y adoptó acciones similares en 2019 y
marzo de 2021.
Aníbal Fernández, el actual jefe de la cartera de Seguridad nacional tomó la misma
medida en octubre del año pasado, cuando se produjo con el gobernador Perotti el
diálogo que inicia esta nota.
El lunes último por la noche, la burra volvió al trigo: tras una reunión del presidente
Alberto Fernández y el ministro del mismo apellido llamado Aníbal, el gobernador Perotti
y el intendente local, Pablo Javkin, se anunció “el envío a la ciudad de Rosario de 300
gendarmes en los próximos 30 días –para llegar a un total de mil efectivos– y un comandante
de la fuerza federal para que planifique la distribución territorial y el operativo, en el
marco de un plan que apunta a reforzar la seguridad, ante los graves hechos de inseguridad
que se vienen sucediendo en esa ciudad santafesina”.
La repetición cíclica del problema y la adopción sistemática de la misma acción –aunque
con algunos matices– con el objetivo de solucionarlo, convoca a la frase del físico Albert
Einstein: “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”.
Lo que expone la periódica solicitud de ayuda santafesina ante el gobierno federal es la
incapacidad local de resolver los problemas de la fuerza policial que, como dice en esta
nota el criminólogo Enrique Font, no pretende resolver el problema de la seguridad
pública –mucho más complejo y multicausal– tanto como tener una policía moderna,
más o menos eficiente y subordinada al poder político que permita reducir los dramas
que actualmente produce la propia agencia. Luce como un objetivo módico, pero no se
ha logrado en la última década.
Deberes sin hacer
El problema, como lo ha señalado en otras ocasiones El Eslabón, radica fundamentalmente
en las dificultades que han tenido –o la decisión de no encararla– los sucesivos gobiernos
provinciales para llevar a cabo una reforma de la policía y del sistema de seguridad
santafesinos, cuya incapacidad para regular el entramado narcocriminal está a la vista.
Así, cada vez que la tasa de homicidio pega uno de sus periódicos saltos, la Casa Gris
acude a la Rosada en procura de auxilio. El servicio de cuidados paliativos llega, pero el
paciente no logra encarar el tratamiento y a los pocos meses recae, volviendo a llamar
a la emergencia.
Para el criminólogo Font, el nuevo anuncio de envíos de fuerzas federales a Rosario
puede tener alguna validez dependiendo más que del número, del perfil y los objetivos
“La validez y la eficacia depende mucho, no del número –un tema al que a veces se le
presta mucha atención–, sino a quiénes se envía. Es decir, con qué perfil operativo, para
hacer qué cosa y con qué se van a encontrar en el territorio. O sea, qué está haciendo la
provincia en su territorio”, dijo en una entrevista con este periódico.
Asimismo, estableció una distinción entre aquellos envíos con fines de saturación
realizados por Berni y Bullrich, de los decididos desde 2020.
“En estos dos últimos años se ha priorizado, al menos es mi mirada, que las fuerzas
federales que vienen lo hacen para trabajar en su temática de competencia: delitos
federales y criminalidad compleja y organizada, articulando con las investigaciones
provinciales y federales que lo requieran”, explicó.
Agregó que “el problema de la provincia es que desde hace muchos años nunca encara
lo que hay que hacer y cuando las cosas se ponen muy feas recurre a buscar apoyo del
Gobierno nacional. Ese apoyo por más que se dé, se dé rápido y tenga valor político, no
se termina capitalizando nunca porque en Santa Fe no se hace lo que hay que hacer”.
¿Y qué hay que hacer? “Lo que hay que hacer es reformar de una buena vez a la policía
y gobernarla. Vimos lo que pasó con la salida de Marcelo Sain (del Ministerio de Seguridad),
y es bastante desolador el panorama en ese sentido”, dijo el abogado, para agregar que
“se necesita un acuerdo político de quien esté en el gobierno y en la oposición, para
construir políticas de seguridad integrales vinculadas a lo que es la violencia en los
territorios”.
“Porque –siguió– podés coordinar lo mejor que puedas tu policía, pero no por eso vas a
estar resolviendo los problemas de seguridad, vas a estar resolviendo los problemas que
trae la policía en materia de seguridad”.
La necesidad de un acuerdo político aparece en la voz de casi todos los actores en
ejercicio de los gobiernos o con representación parlamentaria.
De izquierda a derecha se proclama su carácter imperioso, se reunió en dos ocasiones la
Junta Provincial de Seguridad, pero la acción política no ha conducido hasta ahora a su
concreción. Como si las urgencias y las próximas elecciones tuvieran la capacidad de
devorarlo todo.
Las otras patas
Además de la reforma y el gobierno de la fuerza de seguridad provincial, y de tejer un
acuerdo político con base en algunos aspectos del problema para encarar en forma
conjunta las demandas y decisiones, Font consideró que existen otros factores a tener
en cuenta para salir de forma más o menos virtuosa del círculo de la repetición y
frustración del envío de fuerzas federales.
“Separar la paja del trigo en la Justicia Federal. Establecer quién es quién y, en algunos
casos, merecerían el juicio político”, señaló.
Recordó que el ex ministro Sain había presentado ante el Consejo de la Magistratura un
pedido de juicio político al juez federal Marcelo Bailaque, a cargo del juzgado Nº4 de
Rosario. Fue en 2020, por presunta “negligencia grave en el ejercicio de sus funciones”
tras negarse a ordenar un allanamiento solicitado por un fiscal federal –primero en
forma telefónica, luego por escrito y finalmente con un pronto despacho– que permitió a
una mujer prófuga en una causa por narcotráfico eludir el arresto policial.
Hace poco se conoció en el juicio a Esteban Alvarado, de acuerdo al testimonio de un
efectivo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la mora del mismo juez en
resolver solicitudes de intervenciones telefónicas fundados en datos concretos de la
pesquisa.
Font planteó arribar a “un acuerdo de fuerzas provinciales que motoricen el juicio político
a algunos funcionarios de la Justicia Federal, porque hay algunos que están muy en falta. Si se hace en el marco de un acuerdo, tiene un valor formidable”.
Poner el ojo en ese fuero requiere, también, desperezar la modorra de funcionarios
“burócratas” y alentar a quienes realizan su tarea de modo eficiente.
El criminólogo sumó, como otra pata, el análisis del funcionamiento del Ministerio Público
de la Acusación (MPA). “Es uno de los más caros del país en la comparación provincial, y
el que tiene la peor tasa de resolución de homicidios dolosos, por múltiples motivos”,
sostuvo Font, para quien “eso es un problema”.
Según el informe de gestión que presentó esta semana el fiscal general Jorge Baclini,
entre febrero de 2014 cuando se creó el MPA en el marco de la entrada en vigencia del
nuevo Código Procesal Penal de Santa Fe y fines de 2020 el porcentaje de legajos con
imputados individualizados (la tasa de esclarecimiento de hechos) fue del 53,5 por ciento.
Mientras que en el caso de la Fiscalía Regional 2, con sede en Rosario, la tasa de
esclarecimiento fue del 48 por ciento en 2020, el registro más bajo desde su creación.
Font recordó que en su creación, el MPA fue conformado por abogados y abogadas “sin
idea de cómo se investiga. Saben llevar adelante el debido proceso legal, con sus
garantías y todo lo demás, pero no saben de investigación criminal”.
Esa carencia buscó compensarse con la creación del Organismo de Investigaciones, la
policía judicial de Santa Fe.
“Cuando se arma eso, la realidad es que por debajo de Sain (que fue su primer director)
le metieron a todos los militantes de (el diputado radical Maximiliano) Pullaro y de (el ex
gobernador Miguel) Lifschitz, porque se hizo un acuerdo con Baclini por el cual traspasaron
sin concurso alguno a todos los militantes que tenían en el Ministerio de Seguridad,
entonces a cargo de Pullaro”, historizó el criminólogo. “Una vergüenza en términos
institucionales, un escándalo”, apostrofó.
Verdes o azules
Entonces se impone la pregunta retórica del entrevistado: “¿Qué pueden resolver los
gendarmes si tenés una Justicia Federal en la que hay alguna gente que labura, pero el
grueso son más problemas que otra cosa, y en el MPA tenés el Organismo de Investigaciones
con gente que no tiene ideas y buena parte del tiempo están dedicados a hacer operaciones?”.
La cuestión del “refuerzo” periódico de personal policial federal no parece destinada al
“éxito” sin la resolución del problema de fondo, que es, en parte, la fuerza provincial. No
es cosa de verdes, sino de azules.
Para Font, ese entuerto “no es que no lo han podido resolver, es que no lo han encarado.
Salvo los dos primeros años de Perotti, en el resto no sólo no se encaró nada, sino que
hasta se hicieron cosas contraproducentes”.
Entre ellas, mencionó la creación durante el gobierno de Antonio Bonfatti de la “División
Judiciales para armar la megacausa a Los Monos, donde se le dio a un grupo de policías-
delincuentes el manejo del fenómeno. Hoy están presos, condenados”.
La cúpula de la División Judicial fue descabezada luego de que le hicieran una cámara
oculta a un grupo de periodistas de Rosario. Algunos de sus miembros aparecieron
vinculados –y fueron condenados en juicios abreviados– a la organización criminal
liderada por Alvarado. Como si su función hubiese sido “tumbar” a Los Monos para
levantar al competidor.
En ese contexto, el nuevo envío de gendarmes a Rosario no parece ser más que otra
acción destinada a los titulares de los medios de comunicación con el fin de mostrar que
“se está haciendo algo”, mientras se mantienen inalterables las causas de los problemas.
“Para el Gobierno nacional es una encrucijada, porque no podés no hacer algo, pero el
que te viene a pedir ayuda no está haciendo los deberes, y te arruina la herramienta”,
concluyó Font.
Mitos y debates estériles
Ante las crisis de “inseguridad” –cuestión que refiere a la sensación de miedo a ser
víctima de un delito o su percepción social– suele reclamarse, con mayor o menor énfasis,
“más patrullaje”. La idea, incorrecta pero extendida en el imaginario social, es que esa
medida contribuye a prevenir la comisión de delitos, sobre todo los llamados “comunes”
o “menores”, como robos y hurtos.
El criminológico Enrique Font sostiene en base a numerosos estudios sobre el asunto,
que “el patrullaje policial respecto de reducir delitos contra la propiedad tiene chances
bajas, tiene un impacto mínimo. Aun aumentando el número de patrullas o de policías a
pie –esto está muy estudiado– las chances que coincidan en el espacio y en el tiempo
una ocasión de robo con un patrullaje policial son estadísticamente bajas”.
De todos modos, sostuvo que la denominada presencia policial en las calles “puede
generar una percepción de que la cosa está más tranquila. Desde los años 90 la idea de
mostrar patrullajes con las luces encendidas y conos en las calles (contraria a la posibilidad
de arrestar a una persona durante la comisión de un delito) es que produzca un impacto
en términos de percepción, aunque sabemos que el impacto en términos materiales es
muy bajo”.
Así como ese mito está instalado en el imaginario social, el criminólogo de la Universidad
Nacional de Rosario apuntó contra los debates estériles en materia de seguridad pública.
“Las conducciones políticas en la provincia de Santa Fe se embarcan en discusiones que
no van al fondo de la cuestión. En el medio de este quilombo, la discusión es si vas a
pedir gendarmes a Buenos Aires o si los intendentes eligen a los jefes de unidades
regionales”, sostuvo.
Y agregó que “son discusiones menores respecto de lo que está pasando. El problema es
que esas discusiones se reproducen en los medios y termina pareciendo que esas son las
soluciones. Lo único que hace eso es encubrir el hecho de que las soluciones que hay que
tomar no se están encarando”.
Fuente:ElEslabon
Lewandowski impulsa la
ampliación de la Justicia
Federal en Santa Fe
El senador presentó un proyecto para crear por ley nacional
una nueva sala para la Cámara Federal de Rosario, y nuevos
juzgados penales de garantías en ese fuero.
El senador nacional por Santa Fe Marcelo Lewandowski presentó un proyecto de ley para fortalecer la Justicia Federal en esta provincia en plena crisis de seguridad, y busca la creación de nuevos juzgados penales de garantías, creando secretarías e incorporando salas de diversas competencias. La iniciativa va en sintonía con un proyecto que fue promovido en los últimos años por la ex senadora María de los Ángeles Sacnun, y en la misma semana que realizan un panel sobre el tema la Asociación de Jueces Federales (Ajufe) con miembros de la Corte Suprema de la Nación y el procurador Eduardo Casal.
Lewandowski afirmó sobre la necesidad de "dar respuesta a una problemática que sentimos de cerca los santafesinos”, que se da “en un contexto de particular recrudecimiento de la violencia en la Provincia de Santa Fe, que derivó en una reunión realizada el 2 de mayo entre el Presidente de la Nación, Alberto Fernández; el gobernador Omar Perotti; el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández; y el intendente de Rosario, Pablo Javkin". Allí "se acordó entre múltiples acciones la necesidad de dotar a Santa Fe de una estructura federal de justicia más sólida y acorde a la crisis que atraviesa la provincia".
En ese contexto Lewandowski presentó un proyecto propio especificando que para la elaboración del mismo se utilizaron los antecedentes existentes que cuentan con amplio consenso, como el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo mediante Expediente 104-PE-2020 (que cuenta con media sanción de la Cámara Alta y con estado parlamentario en la Cámara de Diputados) y el proyecto de ley impulsado en el marco del programa del anterior gobierno nacional llamado “Justicia 2020”.
"El amplio contenido de las propuestas anteriores implica un tiempo de debate mayor al de las urgencias que tiene específicamente Santa Fe. Por eso entendemos que este texto sintetiza las reformas que pueden abordarse mediante el consenso y a corto plazo frente a la apremiante situación que atraviesa nuestra provincia”, sostuvo el senador.
La iniciativa presentada por el legislador rosarino propone crear una sala especializada en Narcotráfico en Rosario, por ser esta jurisdicción en la que se asienta la mayor parte de la población santafesina y que mayormente sufre los flagelos del crimen organizado. Específicamente el proyecto plantea la necesidad de crear un Juzgado Federal Penal de Garantías con asiento en las ciudades de Reconquista, Rafaela, San Lorenzo; dos nuevos Juzgados Federales Penales de Garantías con asiento en la ciudad de Rosario y dos en la ciudad de Santa Fe (todos dependientes de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario).
Las herramientas que comprende el proyecto
En el ámbito de la Cámara Federal de Rosario, impulsa la incorporación de una sala de tres vocales para la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, que será Tribunal de Alzada de los Juzgados Federales de Reconquista, Rafaela y Santa Fe; y otra que actuará como Tribunal de Alzada de los Juzgados de Rosario, San Nicolás, San Lorenzo y Venado Tuerto.
Propone la transferencia de la Secretaría Penal del Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de Rafaela y Reconquista a los Juzgados Federales Penales de Garantías con asiento en esas ciudades; la Secretaría Penal y de Derechos Humanos del Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de Reconquista al Juzgado Federal Penal de Garantías con asiento en esa ciudad; la Secretaría Penal B del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 3 con asiento en Rosario al Juzgado Federal Penal de Garantías Nº 5 de esa ciudad; la Secretaría Penal Nº 2 del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 4 de Rosario al Juzgado Federal Penal de Garantías Nº 6 con asiento en la misma ciudad; la Secretaría Penal y la Secretaría de Derechos Humanos del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de la ciudad de Santa Fe al Juzgado Federal Penal de Garantías Nº 3 y la Secretaría Penal del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de la ciudad de Santa Fe al Juzgado Federal Penal de Garantías Nº 4, ambos con asiento en esa ciudad; y por último la Secretaría Penal del Juzgado Federal de Primera Instancia de Venado Tuerto al Juzgado Federal Penal de Garantías de la misma ciudad.
Plantea la necesidad de crear cinco cargos de defensor público oficial con competencia penal, con uno en ciudad de Santa Fe, dos en Rosario, uno en Reconquista y uno en San Lorenzo.
Fuente:RosarioPlus
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