¿Etchecolatz puede volver a Mar del Plata?: su situación tras un nuevo fallo de Casación

Mientras el genocida permanece detenido, aunque internado en una clínica, un repaso por los procesos judiciales en su contra.

Domingo 12 de junio

(Foto: archivo / Qué digital)

A cuatro años de la estadía en su casa del Bosque Peralta Ramos de Mar del Plata que terminó con su regreso a la cárcel en medio de un intenso reclamo social, el genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz esta semana volvió a ser motivo de atención a raíz de una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal que le concedió el arresto domiciliario en una de las tantas causas que se tramitan en su contra.

¿El represor, entonces, puede volver a su casa de Mar del Plata? En lo inmediato, la respuesta es negativa porque la resolución de la sala primera de Casación se centró en una sola causa en trámite contra Etchecolatz y existen varias otras en las que se encuentra con prisión efectiva, aunque no deja de tener peso que sea el máximo tribunal penal del país el que haya tomado esa decisión que, para hacerse efectiva, debiera ser imitada –ante presentaciones de la defensa– por distintos jueces y tribunales de juicio que lo tienen actualmente a su cargo, en su mayoría de La Plata.

Es que mientras desde hace algunos meses está internado en una clínica de Merlo por su estado de salud y pese a que ya cuenta con nueve condenas en su contra, entre ellas seis a perpetua, Etchecolatz actualmente está siendo juzgado en otros dos debates que se llevan adelante en la capital provincial y está procesado o bajo investigación en al menos otras tres causas.

LA RESOLUCIÓN DE CASACIÓN

Esta semana fueron los jueces de la sala II de Casación, Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma, quienes analizaron la situación de Etchecolatz ante un nuevo pedido de la defensa de que pueda volver a su casa de Mar del Plata –como ocurrió a fines de 2017 hasta marzo de 2018– y deje la Unidad Penal Nº34 de Campo de Mayo en el marco de una causa en la que el ex jefe de la Dirección de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante los primeros años de la última dictadura militar aún espera ser juzgado en La Plata por el asesinato de un militante (Horacio Alejandro Benavides, de 22 años).

Lo hicieron luego de que en febrero la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmara la decisión primaria del Juzgado Federal N° 3 de La Plata –a cargo de Ernesto Kreplak- de rechazar el pedido de prisión domiciliaria.

Concretamente, el planteo de la defensa de Etchecolatz –que permanece detenido pero desde hace algunos meses internado en la  Clínica Estrada de Merlo-  se centró en una “falta de consideración de los informes médicos confeccionados tanto por las autoridades del Servicio Penitenciario, como por el Cuerpo Médico Forense” respecto al estado de salud del represor de 93 años.

Etchecolatz, el año pasado, en una audiencia de juicio

Los jueces de Casación entendieron que “en función de un análisis global de los diversos informes médicos”, especialmente el confeccionado por la Unidad Nº 34 del Servicio Penitenciario Federal de octubre de 2021, “se puede evidenciar que el Instituto Federal de Campo de Mayo (Unidad 34), donde se encontraba alojado Etchecolatz, no cuenta con la infraestructura suficiente ni con la totalidad de los especialistas médicos -que su cuadro de salud demanda- para poder cumplir con los tratamientos y asistencia referida”.

Etchecolatz fue traslado el 12 de diciembre del año pasado al sanatorio de Merlo y permaneció en terapia intensiva durante cuatro días hasta que fue dado de alta  y ahora nuevamente se encuentra internado en la institución. Desde allí fue donde escuchó el mes pasado su novena condena por delitos de lesa humanidad dictada en el juicio en el que también recibió la misma pena el represor Julio Garachico, que cumple domiciliaria en Mar del Plata.

LA SITUACIÓN ACTUAL

Para la abogada Guadalupe Godoy, abogada querellante en múltiples causas de lesa humanidad, la resolución de Casación no hace más que exponer “las dificultades enormes que se presentan a partir las fragmentaciones de las causas” contra represores.

En una entrevista con radio Universidad de La Plata, señaló, en primer lugar, que los jueces de Casación se basaron para tomar la decisión en un informe del Servicio Penitenciario Federal –dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación-  que luego fue rectificado por uno nuevo que, sostuvo, no fue tenido en consideración al momento de analizar el planteo en beneficio del represor.

Y remarcó, por ejemplo, que ese informe en el que se basó Casación no está incorporado en otras causas abiertas contra el genocida por lo que la evaluación de los jueces es completamente distinta y, de hecho, en varias se mantiene la prisión efectiva.

“Es muy difícil la lógica con la que se están llevando adelante los procesos”, analizó en una crítica más general al modo parcializado en que se avanza con los juzgamientos de los represores.

Pero además la abogada remarcó que Etchacolatz se mantiene con prisión efectiva más allá de la decisión de Casación en el marco de otras causas que tiene abiertas y en las que, paradójicamente, se encuentra en calidad de procesado o a la espera de nuevos juicios.  Es que también planteó que pese a que cuenta con nueve condenas en su contra, en su mayoría a perpetua, “en muchas de esas causas tiene prisión domiciliaria y en algunas directamente está excarcelado”.

En la actualidad, Etchecolatz enfrenta dos juicios orales: uno, a cargo del Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata (integrado por los jueces Ricardo Basílico, Walter Venditti y Esteban Carlos Rodríguez Eggers), que se inició en 2020 por crímenes de lesa humanidad cometidos en tres centros clandestinos de detención conocidos como “Pozo de Banfield”, “Pozo de Quilmes” y “El Infierno” de Avellaneda.

Y otro que empezó en marzo también en el Tribunal Nº1 de La Plata (con los jueces José Antonio Michilini, Andrés Basso y Nelson Jarazo) por dos masacres cometidas en marzo de 1977 en Almirante Brown y Lavallol que derivaron en seis homicidios  y en la apropiación de tres niños de 2, 4 y 5 años, quienes fueron confinados en un hogar (Hogar de Belén) hasta los últimos días de la dictadura donde sufrieron diferentes violencias y abusos y fueron ocultados de su familia.

Según explicó la abogada, además, Etchecolatz se encuentra procesado a la espera del inicio de otro juicio por un homicidio (de Horacio Wenceslao Orue) y la privación ilegal de la libertad y tormentos contra tres víctimas, en tanto que también tiene en instrucción otras tres causas a cargo del Juzgado Federal Nº3 de La Plata y otra en Comodoro Py.

Sobre el caso “Orue” esta semana en una resolución paralela, la sala II de la  Cámara de Casación avaló la extensión de la prisión preventiva y reiteró un pedido de “celeridad” para el desarrollo del juicio que también estará a cargo del Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata, que concentra con múltiples composiciones de jueces la mayoría de las condenas ya aplicadas y los debates que aún se encuentran pendientes.

LAS CONDENAS QUE ENFRENTA

Etchecolatz acumula nueve condenas en su contra por crímenes de lesa humanidad, seis de ellas a perpetua, aunque a partir de su unificación todas las impuestas se ejecutan en esos términos.

• En 1986, y el marco el juicio a las juntas militares, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Capital Federal lo condenó a 23 años de prisión como autor del delito de aplicación de tormentos reiterado en 91 casos.

 

• El 29 de marzo de 2004 el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata lo condenó –por mayoría- a 7 años de prisión. A su vez, Casación en 2005 redujo la pena a 3  años de prisión.

 

• El 19 de septiembre de 2006 el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata lo condenó a la pena de reclusión perpetua por el homicidio de seis víctimas, y por los delitos de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos en siete casos.

 

• El 26 de septiembre de 2013 esas tres condenas fueron unificadas al encontrarse firmes. Así, el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata (integrado por Carlos Rozanski, Pablo Jantus y Pablo Vega) lo condenó a la pena única de prisión perpetua.

 

• El 19 de diciembre de 2012 el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata lo condenó a prisión perpetua en el juicio por crímenes cometidos en el denominado “Circuito Camps”. Lo encontraron culpable de 15 homicidios con distintos agravantes, de 143 casos de privación ilegítima de la libertad en numerosos casos sumada a la aplicación de tormentos y de la sustracción, retención y ocultamiento de cinco menores de edad. En 2020 la sala I de la Cámara de Casación confirmó la sentencia.

 

• El 24 de octubre de 2014 el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata lo condenó a prisión perpetua por su “complicidad en  el genocidio perpetrado  durante la última dictadura  cívico-militar (1976-1983) al intervenir en la matanza de miembros de un grupo nacional” y concretamente por dos homicidios. El 7 mayo de 2021 la pena fue confirmada por la sala I de la Cámara de Casación.

 

• El 23 de marzo de 2016 el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata (jueces Germán Castelli, César Álvarez y Roberto Lemos Arias) lo condenó a 25 años de prisión por el secuestro del poeta Daniel Omar Favero y de la estudiante de Bellas Artes María Paula Álvarez, hecho calificado como desaparición forzada y genocidio, aunque la pena fue unificada y se fijó la perpetua.

 

• El 26 de octubre de 2018 el Tribunal Oral Federal Nº 6 de la Ciudad de Buenos Aires (jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Guillermo Costabel y Sabrina Namer) lo condenó a prisión perpetua por privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos contra 125 víctimas y por un homicidio, delitos cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la División Cuatrerismo de la Brigada Güemes, en La Matanza, y en la comisaría primera de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría. En mayo de 2021 la sala IV de la Cámara de Casación confirmó la condena.

 

• El 2 de diciembre de 2020 el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata (jueces Alejandro Esmoris, Pablo Vega y Nelson Jarazo) lo condenó a perpetua por crímenes cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de Investigaciones de San Justo: fue responsable de 48 hechos de privación legal de la libertad, con aplicación de tormentos y apremios ilegales, y de 8 hechos de privación ilegal de la libertad con violencia y tormentos agravada por resultar la muerte de las víctimas.

 

• El 13 de mayo de 2022 el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata (jueces Andrés Basso, José Michilini y Alejandro Esmoris) lo condenó a perpetua por dos homicidios y privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos contra las mismas víctimas en centro clandestino denominado “Pozo de Arana”.

Fuente:QueDigital