Este viernes 24, en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa, dio inicio al juicio oral y público contra Alfredo Bernardo Montoya, y Jorge Demetrio Vázquez Rey, por delitos como encubrimiento de crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura militar.
Los acusados eran ex jueces del Superior Tribunal de Justicia de Formosa, durante la última dictadura militar en la Argentina.
El proceso judicial, que tardó 15 años para llegar a la etapa de juicio oral y público, se inició este viernes en el Tribunal Oral Federal de Formosa en modalidad presencial y virtual, audiencia que fue transmitida por el canal de YouTube del TOCF.
A la sala pudieron ingresar familiares, periodistas y público en general, pero en número reducido debido a la situación sanitaria por COVID-19 y los protocolos vigentes.
El tribunal estuvo presidido por el juez Rubén Oscar Quiñones (TOF Formosa) en forma presencial y vía streaming la jueza Emilce Rojas (TOF Concepción del Uruguay) y Roberto López Arango (TOF Paraná).
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Actuaron como abogados querellantes William Dardo Caraballo y Luis Zapiola, representando a Adriano Acosta, quien impulsó la denuncia. La segunda audiencia está prevista para el viernes 1 de julio a las 7 horas.
Presenciaron la primera audiencia el secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla Corti, la subsecretaria de DDHH de la provincia, Sylvina Arauz; la subsecretaria de DDHH del Chaco, Nayla Bosch; la directora del cuerpo de abogados de la Secretaría de DDHH, Paula Álvarez; y el abogado querellante Marcelo Wurm Timez.
Opiniones
Los exjueces de la Corte provincial están acusados de haber incurrido en “abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes que tenían como funcionarios públicos y de encubrir los secuestros, torturas y desapariciones forzadas” sufridas por empleados del Poder Judicial provincial que fueron capturados por los grupos de tareas de las fuerzas armadas y de seguridad.
Culminada la primera jornada, el abogado Caraballo detalló que “los acusados acudieron a la presencialidad, prestaron declaración indagatoria con mucha hipocresía y mentira, acostumbrados a lo que hicieron durante la dictadura”. Continuó manifestando que “no tienen ninguna gotita de arrepentimiento, de compasión ni piedad hacia los actos administrativos que dictaron en perjuicio de los empleados judiciales que fueron secuestrados en sus narices”.
En ese orden, aseguró que omitieron hacer las denuncias pertinentes y defender a las víctimas, indicando que “esa es una de las conductas que se reprocha”. En ese punto explicó que “le dieron un enmarque jurídico con el encubrimiento a delitos de lesa humanidad porque acá se habla de secuestro, tortura y desaparición de tres empleados judiciales”.
Aseveró que “ellos legitimaron todas esas atrocidades con un acto administrativo que en apariencia eran legítimo”.
Caraballo informó que alegarán el próximo viernes 1 de julio pidiendo una condena, señalando que “entendemos que ese día ya estaría el tribunal, después de los alegatos de los acusadores, de la fiscalía y de la defensora, en condiciones de dictar el veredicto”.
Asimismo, sostuvo que hay abundante prueba documental y que se admitió solo la declaración testimonial de su representado Adriano Acosta que es el querellante de la causa.
El abogado expresó: “esperamos que se los condenen por ser la primera corte provincial que llega a esta instancia en un juicio con esta característica de jueces de la dictadura acusados de encubrimiento de delito de lesa humanidad en el marco de un plan genocida”.
Comentó que la denuncia fue realizada hace 16 años, con la representación del doctor Daniel Alonso, y que por primera vez “se pone en juzgamiento y consideración de la opinión pública el rol del Poder Judicial tanto de los jueces provinciales como federales”.
Reprochó que en esa época, “éstos actuaron pisoteando la Constitución Nacional, dándole primacía a las actas y objetivos del Proceso de Reorganización Nacional, lo cual habla de las pocas condiciones democráticas de esta persona”.
Inmediatamente acusó que “fueron la pata civil de esta dictadura que hizo desaparecer a 30 mil argentinos y que dejó una deuda externa que aún estamos pagando las consecuencias”.
Siguiendo esa línea, dijo contundente que “han sido cómplices en la concepción filosófica de la política que instrumentó la dictadura”, mencionando que “hoy quisieron vestirse de corderitos, pero fueron verdaderos lobos que tenían la toga para hacer lo que le mandaban el genocida Juan Carlos Colombo y el jefe de regimiento coronel Leandro Martín Aguirre.
Por su parte, el doctor Luis Zapiola, se refirió a la defensa de los acusados, expresando que “han hecho lo mismo que hacen los represores en todos los juicios de lesa humanidad, dijeron algo análogo, que ellos pedían verbalmente interesándose por la situación de los detenidos”, afirmando que “no hay una sola nota al Regimiento ni un solo pedido al juez federal”.
Asegurando que “sí hay actas secretas de las cuales se declaraba cesante a tres desaparecidos y a los empleados que estaban detenidos en ese momento”, alegando que los acusados “tenían perfecto conocimiento que los empleados estaban detenidos y alojados tanto en la escuelita como en el Regimiento Monte 29”.
De ese modo, detalló que “en una de las actas ponen y firman que lo hacían por ser perturbadores, era la Ley de Prescindibilidad de la dictadura y a sabiendas que estaban privados ilegalmente de su libertad y en centros clandestinos”. Por lo que recriminó “entonces presentarse como demócratas en esas condiciones, realmente indigna”.
Al concluir, el letrado expuso que “esperamos que sean condenados por delito de lesa humanidad, por abuso de autoridad y por encubrimiento de los deberes del funcionario público”.
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