La Multisectorial de Humedales cortó el Puente
Apagar el fuego es una urgencia
Los jóvenes manifestantes cortaron el tránsito durante la tarde.. Imagen: Sebastián GranataCon unas 60 mil hectáreas de tierras quemadas en las islas en los últimos tiempos, la Multisectorial por los Humedales organizó ayer un corte sobre el puente Rosario Victoria, para poner en evidencia la inacción frente al problema. La convocatoria se gestó luego que, en los últimos días, se multiplicaran las columnas de humo y los incendios ilegales en islas del Delta del Paraná frente a San Pedro, Villa Constitución, Pueblo Esther, Villa Gobernador Gálvez, Rosario y San Lorenzo, "con más de siete mil hectáreas afectadas". La consigna fue “Si no se corta el fuego, se corta el puente porque las quemas continúan, el ecocidio persiste, y el humo, aquel con olor a muerte y negocios, volvió a instalarse en nuestras casas ocasionándonos problemas de salud, algunos instantáneos, otros que padeceremos en unos años si continúa esta situación”, afirmaron desde la ONG Multisectorial Humedales. Alertaron que “los focos se multiplican y en el peor de los escenarios: bajante, falta de lluvias, pastos secos, temporada invernal, falta de control e impunidad”.
"Nuestras voces tomarán raíces, no sucumbirán ante ningún fuego ni fumigante, ni comercio asesino", rezaba el cartel sostenido por una de las jóvenes manifestantes en la cinta asfáltica que une las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.
La referente de la Multisectorial por los Humedales, Julieta Bernabé, indicó: "Para que los incendios cesen, tiene que haber control y penalización de los responsables. No hay control del territorio y hay impunidad ya que no hay un solo imputado. Hay legislación que prohíbe un montón de cosas que están pasando, que son denunciadas, pero sobre las que no hay avances".
"Ahora hay un nuevo juez federal. Vamos a ver qué pasa, porque recién ingresa, pero él mismo fue quien dijo que no hay multas ni imputados por ninguno de los incendios. Un territorio que no es controlado, donde cada uno hace lo que quiere a pesar de que hay denuncias, es un territorio rifado", añadió.
Los integrantes de la organización precisaron que “en lo que va de 2022, se registraron cerca de 4500 focos en la zona denominada Piecas Delta del Paraná, con un total de 60 mil hectáreas arrasadas”. Y destacaron que "al momento, desde Nación nunca hubo una respuesta (por los reclamos), los faros de conservación fueron una estafa al pueblo argentino y desde la provincia de Santa Fe, por ahora, no ha manifestado ningún interés".
“Respiramos humo -perjudicial para la salud-, el humedal se nos sigue quemando y la salud sigue en juego, porque los incendios nunca pararon y el humo llega como un recordatorio de que el ecocidio continúa”, repitieron ayer los participantes de la marcha.
La Multisectorial remarcó que el fuego “es intencional, ilegal y lo prenden personas”, y llamó a preguntar “quién podría tener intención de iniciar una quema sino quien se beneficia de ella”. Destacó que los servicios ecosistémicos de los humedales resultan “vitales para la vida, incluso en la ciudad”; y en las islas también viven personas cuyas “viviendas, sustentos de vida y su integridad física corren peligro” ante el fuego.
Finalmente, advirtieron que “una vez más el futuro inmediato es de alto riesgo, tanto para los humedales como para las personas que habitamos las riberas” del delta del río Paraná.
“En relación a los faros de conservación propuestos desde el Ministerio de Ambiente de la Nación, con una inversión que ronda los 150 millones de pesos, sí se alzaron algunas torres que han tenido un efecto nulo desde un punto de vista práctico. Lo que no está presente, salvo en el presupuesto que justifica los 150 millones, son los destacamentos con drones, cuatriciclos, lanchas y camionetas. Lo único que resta es advertir una vez más que el futuro inmediato es de alto riesgo, tanto para los humedales del Delta del Paraná como para las personas que habitamos sus riberas”, añadieron desde la Multisectorial.
BINNER
La Cámara de Diputados repudió a la jefa comunal que reivindicó a Videla
Los discursos del odio no pueden tener espacio
Los proyectos de repudio fueron de Lucila De Ponti y el bloque Igualdad, mientras el Foro contra la Impunidad reclamó la destitución de la presidenta comunal de Clason, Laura Ibars.
Desde Santa Fe
La Cámara de Diputados de la provincia repudió la conducta de la presidenta comunal de Clason Laura Ibars, quien reivindicó la figura del dictador Jorge Rafael Videla y eso ya le costó una denuncia penal del fiscal federal Adolfo Villatte por “apología del crimen” y un pedido del Foro contra la Impunidad y por la Justicia –que integran los organismos de derechos humanos de Santa Fe- para que sea destituida de su cargo. La Cámara se hizo eco de dos proyectos que presentaron la diputada peronista Lucila De Ponti y sus colegas del bloque Igualdad, Rubén Giustiniani y Agustina Donnet. “Nuestro deber es no aceptar declaraciones de odio” como las de Ibars. “Nuestro límite es el orden democrático, el respeto a la Constitución y los derechos humanos”, dijo Giustininiani. “En democracia, no hay espacio para funcionarios políticos que impúdicamente se expresan a favor del genocidio cometido por la dictadura cívico eclesiástico militar de 1976”, alertó el Foro.
La respuesta institucional de la Cámara fue por un posteo de Ibars con dos fotos, una de Videla y la otra de un joven con visera que portaba un arma de fuego. “Con esta gorra (la de Videla) no habría más estas gorras (en referencia al chico)”, escribió.
El “mensaje” de la funcionaria enrolada en Juntos por el Cambio “fue repudiado por distintos sectores políticos” y “caracterizado como ‘apología del delito’ según el artículo 213 del Código Penal, que penaliza a quien ‘hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito’”, recordó Giustiniani.
“El país está atravesado por un contexto social complejo, en el que permean ideas antidemocráticas y expresiones de odio que atentan contra el pacto democrático que logramos en 1983”, planteó el bloque Igualdad. Después de la dictadura de Videla, en la recuperación democrática, “la sociedad argentina y las fuerzas políticas decidieron: ‘Nunca Más un golpe’. ‘Nunca Más una interrupción del orden democrático’ y ‘Nunca Más al terrorismo de estado’ que tuvo consecuencias atroces como los crímenes de lesa humanidad”.
“Sobre esa base, refundamos nuestra democracia en 1983”. Por lo tanto, “es nuestro deber no aceptar declaraciones de odio como las de la presidenta comunal de Clason” porque “implican una preocupante regresión en los derechos humanos. Nuestro límite es el orden democrático y el respeto a la Constitución. Desde allí, discutimos políticas económicas, sociales o culturales, pero nunca más retrocederemos a la violación del estado de derecho”, advirtieron Giustiniani y Donnet.
En la misma línea, se pronunció la diputada De Ponti. ”A más de 45 años del último golpe cívico militar en nuestro país y habiendo transcurrido el período democrático más extenso con elecciones libres, no puede haber lugar para este tipo de expresiones” como las de Ibars y mucho menos si “son realizadas por una persona con responsabilidad pública”. La Cámara “debe pronunciarse y repudiar enérgicamente este acto”, dijo la legisladora.
En tanto, el Foro contra la Impunidad reclamó que la presidenta comunal de Clason sea destituida de su cargo. “No puede continuar en funciones”. “En nuestra democracia no hay espacio para funcionarios políticos que pública e impúdicamente se expresen a favor del genocidio cometido por la dictadura cívico eclesiástico militar de 1976, y que además lo hagan promoviendo su retorno para exterminar esta vez a los estigmatizados pibes con gorritas pertenecientes a los sectores humildes”.
“Su posteo en Facebook, en el que exalta el rostro siniestro del ex dictador Videla, agravia a las víctimas del genocidio, a los sobrevivientes que padecieron torturas brutales y años de confinamiento, a los familiares y compañeros y compañeras de los desaparecidos. Agravia al pueblo argentino que defiende la democracia y los derechos humanos como bienes fundamentales, y comete el delito de apología de delitos de lesa humanidad y de genocidio”.
“Apelamos a la Comisión Comunal de Clason a que considere el tema y separe de su cargo a Laura Ibars, por evidente falta de idoneidad moral y por su contradicción completa con las normas de derechos fundamentales de la Argentina como para tener esa responsabilidad institucional”, concluyó.
Gigliani con una batería de medidas para los taxis
Las razones de un mal servicio
Turnos que no se cumplen, chapas que se subalquilan, titulares sin empleados, son parte del problema. Faltan controles.
La crisis del servicio de taxis en la ciudad de Rosario es multicausal, pero básicamente los cambios que necesita el sistema para mejorar encuentran resistencia en muchos de los actores -sean choferes o titulares de chapas- y es determinante el control que ha ido resignando el estado a lo largo de los años. También hay intereses ocultos que se niegan a modificar un statu quo que los beneficia como la obligatoriedad de contratar un determinado servicio de radiotaxis. Hay chapas que tienen la obligación de circular las 24 horas y otras 16 horas al día, se nota en la calle que estos parámetros no se están cumpliendo. La concejala Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular) está trabajando una batería de proyectos para "defender el servicio, porque si sigue así los usuarios se lo van a llevar puesto", dijo la edila en referencia a que será difícil seguir frenando el desembarco de aplicaciones que se utilizan para el traslado de personas.
Gigliani entiende que es "un tema multicausal, hay taxistas que te dicen que les va muy bien y que no dan abasto para hacer viajes; y otros que te dicen que se funden porque no les alcanza. Acá hay algo de la historia que no termina de cerrar", señaló. Y agregó que "una de las aristas tiene que ver con el control por parte del Estado porque hoy hay chapas de taxis que tienen que estar dando vueltas las 24 horas y otras que tienen que estar 16 horas. Entonces no puede ser que falten taxis en Rosario, si no hay es porque hay gente que recauda más o menos lo que necesita en el día y guarda el auto en su garage".
Para la concejala de Iniciativa Popular, "también lo que hay que cambiar la postura del taxista. A veces hablan como si fueran una empresa privada y la verdad es que es un servicio público impropio. Cuando yo me someto a la licitación de una chapa de taxis en Rosario lo hago en el marco de reglas que están preestablecidas y me tengo que someter a esa regulación".
-¿Qué pasa con los peones de taxis que tienen que contratar los titulares de la licencia?- le consultó Rosario/12.
-Esa es otra cuestión. Hay titulares que no tienen directamente peones, lo cual me parece que no se puede sostener porque tienen que registrar trabajadores; y por otro lado cuando revisamos el actual registro llama la atención que tenés a una persona anotada en tres chapas distintas. La pregunta que me hago es ¿en qué horarios trabaja esa persona? que sería muy fácil de corroborar. Y por otro lado me encuentro con peones que están trabajando 16 horas al día y por eso hay un aumento de la siniestralidad, porque no tienen a nadie que lo releve- apuntó Gigliani.
La concejala es consciente de que "hay una situación de inseguridad y que generalmente a los peones se lo pone de noche, no es fácil manejar plata arriba del taxi. Y ese es otro de los puntos porque no podemos avanzar en la digitalización del pago, no puede ser que hoy podes ir a una farmacia y pagar con Billetera Santa Fe y que siga siendo imposible pagar un taxi en forma digital", afirmó.
"Hay muchas cuestiones en las que se puede mejorar el servicio pero necesitamos a los actores acompañando esas modificaciones", aseguró Gigliani y apuntó que "yo soy una concejala que tiene la libertad de trabajar, no tengo intereses creados en el sistema y a mí nadie me banca una campaña electoral. Lo hago de la mejor buena voluntad con las propuestas que entiendo pueden mejorar el sistema", apuntó y dijo además que "los concejales tenemos que dejar de quejarnos de lo que nos pasa y laburar para modificar esa realidad que no nos está gustando".
-Pero, ¿por qué es tan difícil avanzar con las regulaciones en el servicio?
-Noto que siempre hay una resistencia a plantear modificaciones al sistema que son las que irían mejorando la calidad. Porque la gente, si esto sigue así, se va a llevar puesto al sistema. Una defiende el sistema de taxis frente, por ejemplo a la llegada de Uber, pero todos tenemos que colaborar para que el servicio sea mejor. Porque Uber en Buenos Aires fundió al sistema de taxis y además aumentó notablemente su valor desde que comenzó a operar.
Gigliani sabe que "no es fácil conseguir choferes porque están mal pagos, porque hay una mala registración de los mismos y por el tema de la seguridad". Y plantea que "es un secreto a voces que mucha gente es titular de una chapa de taxis pero la subalquila, lo cual no está permitido. Se han generado distintos usos y costumbres a lo largo de los años y que hoy hacen que el servicio sea muy deficiente".
Es necesario que "el municipio asuma un rol de mayor control porque cuando nosotros planteamos la eliminación de la obligatoriedad del sistema de radiotaxis, porque el monitoreo no lo puede tercerizar el estado, hubo una gran resistencia. Cuando la municipalidad somete a los taxis a revisión lo primero que miran es si pagaste o no la radio cuando sería más importante verificar si ese trabajador o trabajadora está registrado o no", dijo la concejala. Y agregó que "el planteo que también hago es que las empresas de radio se disputen entre sí el mercado, si no es muy fácil tener un mercado cautivo. Es un gran negocio para los que tienen la empresa de radio", concluyó.
Casación ratificó condenas de 2017 por crímenes de lesa humanidad
Cinco represores y una sentencia bien fundada
Curro Ramos debe cumplir prisión perpetua, y también hubo penas para María Eva Aebi y Víctor Brusa. En este tiempo murieron dos genocidas: Perizzotti y Ferreyra.
Desde Santa Fe
La Cámara de Casación Penal confirmó la condena a “prisión perpetua” al ex oficial de inteligencia de la Policía de Santa Fe Eduardo Ramos (“Curro”) por el “homicidio doblemente agravado” por “alevosía” y el “concurso de dos o más personas” del militante peronista Emilio Osvaldo Feresín, en 1977, entre otros hechos. En un fallo que se conoció esta semana, la Sala 2 ratificó la sentencia del Tribunal Oral de Santa Fe –integrado por los jueces de Rosario Beatriz Barabani de Caballero, Omar Digerónimo y Ricardo Vásquez- que juzgó en 2017 a cinco represores por los crímenes en “La Casita”, un centro clandestino de detención en las afueras de Santo Tomé que aún se localizó. Ramos fue condenado a la máxima pena; el ex juez federal Víctor Brusa a tres años de prisión (por un caso de “apremios ilegales”) y la ex carcelera del Area 212 María Eva Aebi a 12 años (por “privación ilegal de la libertad” y “tormentos” a siete militantes de la Juventud Peronista). Los otros eran los comisarios Juan Calixto Perizzotti (20 años de prisión) y Silvio Ramón Ferreyra (16 años), que fallecieron en 2019 y 2021. Casación concluyó que las condenas a Ramos, Brusa y Aebi son legales. “No se advierte un supuesto de arbitrariedad”. El “desacuerdo” de las defensas por el monto de las penas “no es sinónimo de arbitrariedad”.
En el juicio, la abogada querellante Nadia Schujman fue la que pidió la prisión perpetua para Ramos. Sus colegas del Ministerio Público y de la otra querella solicitaron 25 años de cárcel. El Tribunal de Santa Fe lo condenó a perpetua. Y el martes, la Sala 2 de Casación lo ratificó.
Es “cierto” lo que se probó en el juicio -dijo Casación-, que “Feresín fue secuestrado en Santa Fe el 10 de febrero de 1977”, junto con su primo, Guillermo White. Que el grupo de tareas lo llevó “a un centro clandestino de detención” en la ciudad capital, “luego a otro en Paraná” y “finalmente, a ‘La Casita’, donde perdió la vida en mano de los represores”. Está desaparecido desde entonces. Los restos de White fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense en 2018, en el cementerio La Piedad de Rosario, donde fue inhumado como NN.
Ya en el primer voto de la jueza Angela Ledesma –al adhirieron sus colegas Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques-, la Sala 2 rechazó los planteos de la defensa y coincidió con el Tribunal de Santa Fe que Ramos es “penalmente responsable en su calidad de autor del homicidio doblemente agravado” de Feresín. Más, los “tormentos agravados” y la “privación ilegal de la libertad agravada” de seis militantes de la JP: Daniel Gatti, Mabel Caminos, Graciela Aguirre, Teresita Miño, Silvia Abdolatif y Vilma Juárez y el secuestro de otra de sus compañeras, Hilda Benavídez.
El Tribunal “tuvo por acreditado” que Ramos era un oficial del D2 que operaba en la Facultad de Derecho de la UNL y “participaba en los grupos de tareas que allanaban ilegalmente domicilios, detenían personas dentro de la misma modalidad ilícita, para luego conducirlos a centros de detención oficiales o clandestinos, donde los detenidos eran sometidos a interrogatorios de tipo político bajo toda clase de torturas y tormentos”, señaló la jueza Ledesma. Y citó los testimonios de Anatilde Bugna, Patricia Traba, Ana María Cámara y Stella Maris Vallejos que “identificaron a Ramos durante su permanencia en ‘La Casita’”.
“Al contrario de la posición de la defensa”, la prueba valorada en el juicio “lleva a sostener con grado de certeza” que Ramos “intervino junto a los otros miembros de la patota en los hechos que le reprocharon”. “La prueba documental y testimonial producida en el debate, acreditó la participación de Ramos en los hechos que tuvieron como víctimas a Gatti, Caminos, Aguirre, Miño, Abdolatif, Juárez y Benavídez, desde su rol en ‘La Patota’ que llevó adelante sus detenciones, mantuvo sus privaciones de libertad en los centros clandestinos e intervino en las torturas a las que fueron sometidas”, agregó.
La sentencia de Casación relata el secuestro de Feresín el 10 de febrero de 1977 en el bar “Recreo Schneider”, en la esquina de la vieja cervecería –donde se encontró con White- y su martirio en el circuito represivo. En un centro clandestino de Paraná, lo vieron dos compañeras: Beatriz Pfeiffer y María Luz Pierola. Pfeiffer dijo en el juicio vio a Emilio “destruido” y que él le había contado que “lo reventaron en Santa Fe”. María Luz reveló que Feresín fue trasladado nuevamente a Santa Fe “en los primeros días de marzo, probablemente el 7 u 8”.
En La Casita, lo escucharon otras compañeras secuestradas en marzo de 1977: Anatilde Bugna, Ana María Cámara, Patricia Traba, Stella Vallejos y Daniel Gatti. Cámara dijo que escuchó el “quejido” de Emilio y le “dio toda la sensación que estaba muriendo”. Bugna relató que había escuchado a los “torturadores decir que se les había ido uno” en la torturas. Traba recordó que en los represores le preguntaron: "‘Tenemos a Pablo, ¿querés verlo? Pablo era Emilio Feresín”. Y Stella Vallejos dijo que escuchó voces que decían:"‘¡Se nos va, se nos está muriendo, se nos va’!”. Después, a lo largo de los años, "cuando reconstruimos lo que había pasado, el que nos faltaba era Emilio Feresín, así que entendemos que es él”.
Las militantes secuestradas en La Casita en los mismos días que Feresín “coincidieron en todas las circunstancias que rodearon el deceso de Emilio”, dijo Casación. Sus testimonios, “permitieron acreditar con la certeza exigida legalmente” que en marzo de 1977, “tanto Feresin como Ramos se encontraban en La Casita y que aquel fue torturado hasta morir”.
Por lo tanto, rechazó el planteo de Ramos que se limitó a una “discrepancia valorativa” con el Tribunal que lo juzgó, que “no logra demostrar la arbitrariedad” de la sentencia. ”Los dichos de la defensa pierden virtualidad ante las numerosas pruebas que ubican a Ramos en los hechos descriptos”. La sentencia del Tribunal “cuenta con los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes, que impiden su descalificación como acto jurisdiccional válido”, ratificó.
Casación desestimó también la crítica de las defensas por los montos de las penas. “El Tribunal del juicio expuso uno a uno los motivos que lo llevaron a imponer las penas a prisión perpetua a Ramos; 12 años de prisión a Aebi y tres años a Brusa”. “No se evidencia” en el caso, ningún “supuesto de arbitrariedad en la cuantificación punitiva”. “La denuncia de una (supuesta) falta de fundamentación de la sentencia no puede consistir en la mera discrepancia con el monto de la sanción impuesta dentro de la escala penal aplicable, por cuanto –como bien se sabe- el desacuerdo no es sinónimo de arbitrariedad”, concluyó.
Proyecto con adolescentes de escuelas secundarias
Contar desde las palabras propias
Nosotres Contamos surgió del Área de Géneros y Sexualidades para poner de relieve los protagonismos feministas en las aulas.
El consentimiento y el deseo en las relaciones sexo afectivas, los noviazgos y los vínculos violentos, las diversidades y cómo cuidarse, siguen siendo los temas que más preocupan a los adolescentes que reclaman una efectiva implementación de la educación sexual integral en las escuelas secundarias. En este contexto la Universidad Nacional de Rosario, desde su área de Género y Sexualidades, puso en marcha el proyecto de extensión “Nosotres contamos”.
En un primer momento, consistió en visibilizar todo lo que venían realizando los centros de estudiantes del Politécnico, el Superior y la Agrotécnica en cuanto a la incorporación de la perspectiva de género. De ahí surgió que desde el 2015 se fueron modificando varias cuestiones, desde el vínculo con los docentes, las discusiones en el aula, en los recreos, los códigos de vestimenta y la incorporación de secretarías de género.
Las organizaciones estudiantiles hicieron un intenso trabajo porque los jóvenes participaron en los “Ni una menos” y en los reclamos por la legalización del aborto cuya consigna incluye la educación sexual integral para decidir. En este sentido, el movimiento secundario cumplió un rol importante y estableció vínculos estratégicos con docentes, con el área de género de la Universidad y con organizaciones no gubernamentales.
Si bien el objetivo inicial del proyecto fue recuperar la voz de los estudiantes y las luchas feministas en las escuelas, este se amplió con un curso de ESI y una página web interactiva. ¿Qué ESI queremos? fue la pregunta central del curso que se desarrolló de forma virtual durante la pandemia y del que participaron más de 300 estudiantes de distintas escuelas medias de la ciudad. “Fue tan potente que de ahí surgió la realización de una página web para que las discusiones continúen circulando”, dice Sofía Gorini, Profesora de Comunicación Educativa e integrante del proyecto.
La página web interactiva está estructurada en cuatro módulos de contenido a partir de infografías, podcast, videos, entrevistas y ejercicios con preguntas abiertas que se fueron construyendo en el curso. Está planteada como un espacio en el que se puedan escuchar las voces de los jóvenes y ser de utilidad tanto para ellos como para los centros de estudiantes que organizan talleres así como también para docentes. “Se puede recorrer, usar e intervenir, jugar con el contenido, comentar, consultar”, explica Gorini y agrega: “Nosotres contamos en primera persona del plural, es algo colectivo, nunca cerrado, con la habilitación que genera la pregunta de poder seguir hablando, pensando.”
¿Qué ESI queremos?
En general, la ESI se aborda en las escuelas desde una visión biologicista y binaria, no siempre integral. “Aparece el cuidado de las relaciones sexuales en términos del uso de preservativos y métodos anticonceptivos más vinculada a lo reproductivo y no reproductivo pero no sobre el consentimiento o cómo pensar el deseo en las relaciones sexuales”, afirma Gorini pero aclara que también hay algunas experiencias docentes que fueron incorporando la perspectiva de género desde otros lugares en sus materias.
Por ejemplo, en una clase de Lengua se lee un texto que habilita a pensar en las violencias de género, discutir el tema y que luego cada estudiante pueda escribir algo. Tampoco se trata de reducir el contenido a una clase, sino que la educación sexual integral implica adoptar una perspectiva transversal en las escuelas que tienen que garantizarla más allá de las buenas voluntades de algunos profesores o de los centros de estudiantes.
Para los jóvenes “pensar qué ESI queremos” implica saber cuáles son sus derechos y cómo los defienden, pensar en las diversidades cada vez más ampliamente, hablar de violencias, cómo y quién responde frente a una situación, de qué manera cuidarse, cómo acompañar y ayudar a una persona que hace doler, cómo no expulsar y generar una grupalidad donde no haya discriminación.
Entre los temas más demandados para trabajar están los noviazgos, los vínculos y las relaciones afectivas como las amistades, consideradas muy importantes como sostén de vida, la perspectiva de las masculinidades, el consentimiento y el deseo, a qué edad hay que tener un novio o una relación sexual de acuerdo a la norma. “Siempre que hay un vínculo romántico se nos dice que tiene que haber una atracción sexual, hay una imposición acerca de cómo vincularse afectivamente con alguien y se habla muy poco del deseo”.
Gorini explica que en los talleres a veces se encuentran con resistencias a ciertos temas, por ejemplo, en cuanto a la complicidad machista y entonces piensan cómo hacer para que no parezca un ataque sino un espacio en el que se pueda generar un espacio de diálogo y un conocimiento colectivo que aporte acerca de cómo relacionarse.
Frente a las violencias
Frente a un caso de violencia, generalmente quienes escuchan por primera vez son los pares y muchas veces no saben cómo abordarlo y qué hacer. “Se puede escuchar desde el afecto y la empatía pero hacían falta espacios institucionales para canalizarlo”, dice la profesora.
En este sentido la Universidad Nacional de Rosario actualizó este año un protocolo de actuación ante situaciones de violencia y discriminación por razones de género, identidad y/o expresión de género u orientación sexual.
Dentro de los elementos más importantes de la actualización se destacan la dotación de cargos para los espacios de atención a situaciones de violencia en cada una de las unidades académicas y un anexo con un procedimiento específico para el abordaje de situaciones que involucren a personas menores de edad, incluyendo principios normativos expresados en el código civil y en la normativa específica que consagra derechos a las infancias y adolescencias.
“Nos educan en una sociedad binaria, heteronormativa, patriarcal por lo que es difícil reconocer las violencias, incluso se reproducen”, expresa Gorini y agrega: “Hay que desarmar esas estructuras que sostienen y habilitan las violencias que muchas veces están naturalizadas pero todavía falta mucho, es un proceso de discusión constante que nos tenemos que seguir dando”.
La profesora reconoce que el movimiento feminista fue incorporando nuevas perspectivas a lo largo de estos años pero ninguna discusión está saldada, “hay que seguir cuestionando e incomodándonos”.
Sofía Gorini es Profesora de Comunicación Educativa de la UNR. Es integrante del Area de Género y Sexualidades y del Proyecto de Extensión Universitaria “Nosotres Contamos”.
Abrieron las diplomaturas en género y participación comunitaria
Multiplicar formación feminista es la tarea
El ministerio de Igualdad y Género de la provincia y la Agencia de Géneros y Sexualidades de la UNR proponen estos espacios para militantes sociales y populares.
Entre el viernes y ayer se lanzaron tres diplomaturas.Entre el viernes y ayer comenzaron las diplomaturas en género y participación comunitaria lanzadas por la provincia de Santa Fe y la Universidad Nacional de Rosario en Villa Constitución, Rosario y Venado Tuerto. Será cursada por más de 300 personas, y estas ciudades se suman a Cañada de Gómez, que se abrirán durante la semana entrante y Casilda. Con modalidad presencial y gratuita, la propuesta formativa está dirigida a mujeres y diversidades sexuales de organizaciones sociales y populares.
“Estamos dando inicio a una política formativa gratuita y de calidad, que sigue el mandato del Gobernador Provincial Omar Perotti y la Ministra de igualdad Florencia Mariano, de descentralizar las políticas públicas para acercarlas a los territorios, de la mano de los gobiernos locales, las organizaciones territoriales y, en este caso, en conjunto con la Universidad Pública”, declaró el Secretario de Formación de la provincia, Luciano Fabbri, funcionario del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad.
Por su parte, la secretaria del Área de Géneros y Sexualidades de la UNR, Florencia Rovetto, subrayó que esta política "recupera las reivindicaciones y necesidades desde abajo y potencia las producciones comunitarias para construir una vida más equitativa y libre de violencias sexistas en los territorios”.
La propuesta de sensibilización y formación tiene el objetivo de fortalecer la formación y potenciar las acciones e intervenciones territoriales desde la elaboración de estrategias comunitarias, locales y situadas de promoción de derechos y prevención de las violencias de género.
La primera edición de la diplomatura se desarrollará desde el mes de junio a octubre del 2022 con modalidad presencial, y se dictará en las localidades de Rosario, Casilda, Venado Tuerto, Villa Constitución y Cañada de Gómez. En tanto, la segunda edición, destinada a la región centro-norte de la provincia, está prevista para el primer semestre del 2023.
El cursado de la diplomatura tiene una duración de cinco meses, de junio a octubre inclusive. La modalidad de cursado es presencial y semanal, en cada una de las localidades, intercalando entre clases y tutorías. Las unidades temáticas se desarrollarán durante clases y se retomarán en tutorías destinadas especialmente al acompañamiento pedagógico y a la elaboración de proyectos de intervención territorial.
Fuente:Rosario12












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