«Para que los planes sociales se
transformen en trabajo genuino hay
que democratizar la tierra»
Por Diego Aranda, Resumen Latinoamericano, 19 de junio de 2022.
Integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Somos Tierra), Diego Montón es un conocedor de la realidad rural local y América Latina. Anuncia la reorganización de la Vía Campesina en Argentina, debate sobre el rol de los movimientos sociales y la relación con los gobiernos, y precisa cuatro ejes de lucha: soberanía alimentaria, agroecología, feminismos y acceso a la tierra.
¿Reforma agraria en el Siglo XXI? ¿El rol de los movimientos sociales y los gobiernos? ¿Cómo salir del extractivismo y del agronegocio? Algunas de las preguntas que abordó Diego Montón, 46 años, mendocino, referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena – Somos Tierra (MNCI-ST) y con larga trayectoria en la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC). Y algunas de sus definiciones: el balance negativo del gobierno de Alberto Fernández, «la Secretaría de Agricultura Familiar está desfinanciada», los 30 años de La Vía Campesina y su reorganización local, y un repaso de temas: el modelo agropecuario, las contradicciones en la relación con los gobiernos, la Mesa Agroalimentaria, la relación Grabois-Grobocopatel, la lucha por la tierra y la soberanía alimentaria. Y un mensaje a las organizaciones, que también puede ser un llamado a la acción: «El rol del movimiento social no es contener el descontento sino transformar la realidad, lograr cambios estructurales, el cambio social».
«La Secretaría de Agricultura Familiar está desfinanciada»
—¿Qué evaluación hacen desde el MNCI Somos Tierra de la actualidad política, del gobierno de Alberto Fernández? Un Gobierno que ustedes llamaron a votar y está volcado al extractivismo, incluido al agronegocio.
—El balance para nosotros no es positivo, porque arrancamos con un Ministro de Agricultura yendo al Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular, comprometiéndose con ese programa a fines del año 2019, un Alberto Fernández que en su primer discurso ante el Parlamento puso a la agricultura familiar en el centro, habló de soberanía alimentaria, planteó la expropiación de Vicentín, justamente en el camino a construir la soberanía alimentaria…
—Y no hizo nada de eso.
—Sí, hay que señalarlo. Y también decir que vino una pandemia que cambió todo el escenario.
-La pandemia también se transforma en excusa de muchas cosas. Y el Gobierno dio más vía libre a las mineras, petroleras…
—La pandemia también podría haber sido la excusa perfecta para avanzar en otra agenda, para más producción de alimentos, lograr precios más accesibles para los sectores populares, pero no se hizo. Se retrocedió con lo de Vicentín a tal punto que terminó siendo negativo. Se demoró mucho el monotributo social agropecuario y todavía no es efectivo, tampoco se avanzó con la Ley de Acceso a la Tierra, que perdió estado parlamentario. La Secretaría de Agricultura Familiar está desfinanciada. Entonces, la lectura hacemos hoy es que no se cumplieron los propios postulados que Alberto Fernández había planteado para el sector. Y, relacionado al modelo, el tema del precio de los alimentos es uno de los principales problemas que tiene la sociedad argentina.
—Ante el balance negativo, ¿qué harán como MNCI Somos Tierra o como Mesa Agroalimentaria?
—Estamos en un proceso desde la Mesa Agroalimentaria de debate sobre las próximas acciones de lucha que vamos a desarrollar en función de, justamente, esta severa crisis alimentaria, severa crisis ambiental, severa crisis energética, frente a las cuales no vemos políticas de fondo que apunten a resolverla desde la perspectiva popular.
—Respecto al apoyo de movimientos sociales a determinados gobiernos que luego no cumplen con las promesas, incluso hacen lo contrario. ¿Qué autocrítica hacen?
—La crítica y la autocrítica es permanente y es parte también de la fuerza con la que nosotros nos organizamos.
—El MNCI estuvo muy cercano al último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, recuerdo en particular un Congreso de la CLOC en Ezeiza. ¿La cercanía a los gobiernos desmoviliza y debilita la lucha?
—El tema de la fuerza o debilitamiento de los movimientos no ha tenido que ver con la relación con el Estado, sino con la propia dinámica interna y las propias debilidades que a veces se maximizan con algunas acciones. Si bien es más sencillo, quizás, plantearse en movimiento sin la relación con los gobiernos, la posibilidad de que se efectivicen algunas políticas públicas que nosotros planteamos tiene que ver con la participación y las contradicciones que asumimos como movimiento. Lo que sí tenemos que seguir revisando son, justamente, por un lado, los roles y las dinámicas en el sentido de la combinación de la movilización, la formación política y la lucha con la implementación de las políticas. Y lo que no puede ser una ilusión, y eso hace a la formación política, es creer que sólo de la mano del control de una institución del Estado se va a poder avanzar con cambios estructurales.
—¿Cómo se logran cambios estructurales si, por ejemplo, se está dentro de un Gobierno que impulsa el extractivismo y el agronegocio?
—Para los cambios que nosotros planteamos hacen falta la movilización y la organización popular. Y hace falta también la construcción institucional de un poder político que esté en el marco de las organizaciones populares. En eso nos falta mucho por recorrer. Y obviamente en esto también juega la naturaleza humana, juegan los egos de las personas, nuestros propios egos, de los dirigentes, de los movimientos y de quienes asumen roles institucionales.
—Hay una Secretaría de Agricultura Familiar y una Dirección de Agroecología. Pero es difícil pensar que desde ahí surgirán cambios profundos, y no lo digo por los trabajadores y trabajadoras que están en esos lugares sino por las políticas concretas que pueden ejecutarse desde esas estructuras.
—Hemos visto que algunas veces hemos impulsado luchas para generar instrumentos institucionales y después cuando a esos instrumentos los ejecuta una persona totalmente ajena al sector y al movimiento termina siendo desnaturalizado. El problema también es que, a partir de la conquista de un espacio institucional para una política pública, se desinfla la movilización y la organización. Creo que es un desafío. Y, ante el avance de la derecha, es una contradicción necesaria, que hay que asumirla y que tenemos que ir evaluando con crítica y autocrítica de los errores que hemos cometido. Y también nosotros tenemos que ser capaces de seguir instalando los debates que son fundamentales para nosotros. El tema de la tierra, por ejemplo, la reforma agraria, que se evaluó en los 30 años de La Vía Campesina, es necesario que vuelva a estar en la agenda global y en la agenda nacional, y nos parece que esa es la disputa que tenemos que dar.
—¿Ve que algún candidato presidencial, por fuera de la izquierda, pueda tomar el tema de la reforma agraria en Argentina?
—En lo que se viene hacia adelante, al 2023, nuestro principal objetivo es fortalecer la lucha y a partir de ahí evaluar quiénes son las compañeras y compañeros que pueden disputar algún espacio institucional que, justamente, venga a resolver estos problemas.
«El rol del movimiento social es transformar»
—A más de 20 años del 2001, del «que se vayan todos», se fueron pocos y aumentó la pobreza, la inflación y seis de cada diez chicos es pobre. Algunos referentes de movimientos sociales explican que no se producen estallidos como en 2001 porque las organizaciones sociales contienen ese disgusto, además de las políticas sociales implementadas. ¿Coincide con esa lectura?
—El rol del movimiento social no es contener el descontento sino transformar la realidad, lograr cambios estructurales, el cambio social. Para nosotros el post 2001, de alguna manera, se hacía fuerte la idea del cambio social y creo que ese es el principal valor de un movimiento social. Claro que tiene que ver con el momento histórico que le toque vivir, generar las condiciones subjetivas pero también la fuerza para lograr ese cambio social. No creo que el rol tenga que ser la contención social, ese en todo caso puede ser el rol de una política pública, pero no de un movimiento. De todas maneras, no coincido con la idea de que hoy la situación está contenida. Me parece que también hay una sobreestimación de la capacidad de algunos movimientos de contener. Lo que sí creo es que el desafío, justamente, tiene que ver con la construcción de escenario para la movilización, con avances, con la construcción de escenarios de cambio o de la conquista de derechos, y no con el solo hecho de frenar el avance de grupos de derecha o fascistas.
—¿Qué opina de la demanda de «transformar planes sociales en trabajo genuino»?
—Creo que muchas veces estamos frente a un debate político de eslogan, que no nos está haciendo bien al movimiento social y al movimiento popular. Creo que tenemos que avanzar en acciones más profundas. Es un eslogan muy fácil decir “vamos a traducir los planes sociales en trabajo” y eso no aparece muy vinculado a cuestiones estructurales, que son las que creo que los movimientos populares debemos volver a poner sobre la mesa: para que los planes sociales se transformen en trabajo genuino hay que democratizar la tierra y democratizar el sistema agroalimentario. Cuando en algunas organizaciones naturalizan el vivir con “la changa más una ayuda del Estado”… Es un error, no puede ser ese el horizonte de vida, eso pasa a ser conservador y ahí volvemos a plantear la necesidad del cambio social.
—Sobre movimientos sociales y cambios transformadores o no. En las últimas semanas pasaron dos hechos puntuales. Juan Grabois junto a Gustavo Grobocopatel, contando sobre la posibilidad de un trabajo conjunto. Por otro lado, organizaciones que en centros urbanos son muy conocidas, como Jóvenes por el Clima, sentados en la mesa con el Gobierno y las empresas mineras. ¿Qué opinión tiene?
—Respeto mucho la lucha que venía haciendo Juan Grabois, me parece que también que Jóvenes por el Clima vienen dinamizando un debate. Y no me preocupa tanto que se sienten a mesas de diálogo, lo que sí me parece —y volvemos al tema anterior— es que hay que ser claros, si nos dedicamos a contener o a transformar. Tener expectativas de que los referentes del agronegocio van a aceptar cambios estructurales me parece falso y, si el dirigente social no tiene esa expectativa, hay que pensar bien cómo comunica las ideas porque se lee que tiene esa expectativa. Y no entiendo que se pueda tener expectativas de esos sectores del poder económico, con intereses claramente determinados, que no ceden derechos, que no van a ceder parte de sus beneficios solamente por “buena gente”. Y me parece que ese tipo de falsas ilusiones puede tener un efecto que desmovilice la lucha.
—¿Qué opina de Grobocopatel?
—Estoy convencido que Grobocopatel no es ni bueno ni malo, sino que representa intereses y esos intereses son seguir subordinando a la agricultura familiar a los intereses del capital financiero.
—¿Y por qué crees que algunas organizaciones y movimientos hablan de planes conjuntos o intentos de consenso con esos sectores, del agronegocio o las mineras?
—A esos sectores les diría que es necesario hacer la lectura histórica de los 500 años, pero además de los 200 años de Nación Argentina, y de la sangre que ha corrido en términos justamente de las luchas por conquistar derechos, de trabajo digno, de democratizar la tierra. Desde nuestra perspectiva no hay posibilidades de democratizar la tierra sin más organización y sin fortalecer la lucha. Y en eso trabajamos todos los días.
Tres décadas de La Vía Campesina
—Acaba de volver del encuentro por los 30 años de La Vía Campesina. ¿Cómo fue ese balance de las tres décadas?
—Se hizo un repaso de todas las historias de lucha y solidaridad de La Vía Campesina. Un aspecto interesante de resaltar hoy, 30 años después, es lo que implicó la soberanía alimentaria como propuesta. También recordar que La Vía Campesina surge articulando resistencias y entendiendo la necesidad de que las luchas nacionales tenían que tener una articulación internacional porque la ofensiva del neoliberalismo era una ofensiva internacional, pero además de articular resistencias se fue construyendo una agenda propositiva.
—De ahí la propuesta de soberanía alimentaria.
—Claro. Es una bandera importante que surgió justamente en el debate del Consejo de Seguridad Alimentaria de la ONU, pero se fue retroalimentando y que después tuvo también la capacidad de articular a otros sectores. Otra agenda importante que surge a fines de los 90 son los Derechos Campesinos en Naciones Unidas, se instala el discutir todos los temas de la producción y del desarrollo agrario en términos de derechos y no solamente en términos de negocios, que era lo que venía proponiendo la OMC (Organización Mundial del Comercio). Y también nace la agroecología como otro punto importante. También está presente la participación de las mujeres, que viene desde hace muchos años en La Vía Campesina, con paridad de género en todas las instancias. Y, no podemos olvidar, otro de los temas fundamentales es que se volvió a poner a la reforma agraria en la agenda global.
—¿Qué logros destaca de estas propuestas?
—Los cinco ejes han sido muy importantes y han desarrollado mucha movilización, pero además se han logrado algunas acciones concretas, como constituciones nacionales que incorporan esos contenidos, como algunos lineamientos de políticas públicas nacionales e internacionales que también han ido incorporando esos contenidos. Hoy la agroecología y la soberanía alimentaria están en la agenda, incluso se disputan sus sentidos. Todo en un escenario que sigue siendo de lucha y que, incluso después de la aprobación de la Declaración de los Derechos Campesinos, está claro que para que eso se traduzca en instrumentos políticos o en leyes nacionales y, por sobre todas las cosas en hechos concretos, va a ser fundamental estructurar las luchas nacionales sobre esos ejes, soberanía alimentaria, tierras, agroecología y feminismo.
—¿Cuáles son las dificultades o tareas pendientes que tiene el movimiento campesino internacional?
—Una cuestión que se evalúa como clave es que la ofensiva de las corporaciones sobre el sistema agroalimentario no ha retrocedido, sino que se ha agravado, y eso en la pandemia, en lugar de visibilizarse la concentración y haber sido una oportunidad para que los Estados replanteen las políticas agrarias, lo que ocurrió en todo el mundo es que avanzó la concentración en pocas manos. El derecho a la alimentación sigue siendo un derecho vulnerado para casi la mitad de la población mundial. Un desafío es la amplitud de la alianza social que pueda asumir esta tarea, asociado también a un escenario donde las transformaciones estructurales no aparecen a la vista. La tarea sigue siendo la lucha y la movilización, pero por otro lado también la necesidad de estructurar estas ideas de transición que hace a poder generar políticas públicas que permitan que estas luchas avancen. Y puestas las luces contra los discursos más fascistas, de esos grupos que quizás detrás de lo libertario empiezan a capitalizar la crisis política.
—¿Cómo ve el crecimiento de esas derechas?
—El descreimiento de la población, que va en aumento en todo el mundo sobre el sistema democrático y republicano, en lugar de poder estar siendo una semilla revolucionaria está siendo capitalizado por estos grupos fascistas de derecha. Y por eso también la discusión de la política se vuelve fundamental. Tenemos que ver cuáles van a ser las estrategias para combatir estos grupos de derecha, pero a su vez lograr instalar nuestra agenda, que nos parece que es una agenda muy permeable, por ejemplo el acceso universal a los alimentos saludables.
La organización campesina en Argentina
—Ya pasaron años de la ruptura del MNCI. ¿Cómo está la situación de La Vía Campesina en Argentina?
—Hablamos siempre de que el movimiento campesino, el movimiento social, es como un gran río y en algunos momentos el río tiene arroyos que se bifurcan y van haciendo un recorrido, pero son siempre parte de ese mismo río. Creo que las tensiones y un poco las crisis del movimiento campesino en Argentina han ido en esa perspectiva, fueron más en torno a lecturas políticas nacionales diferentes y, en este momento concretamente, existen dos movimientos miembros de Vía Campesina, por un lado el MNCI y por otro lado el MNCI Somos Tierra. Lo positivo es que se han retomado todas las agendas y hemos asumido el compromiso de constituir un espacio nacional que sea la articulación de La Vía Campesina Argentina, también asociado a que hay varias organizaciones campesinas locales que venían solicitando ser miembros de La Vía Campesina y que entendemos, los dos MNCI, que esas organizaciones cumplen con los requisitos que tiene que ver con que estén en el marco de los principios y que coincidan con lo fundamental: la lucha por la tierra, la soberanía alimentaria, la agroecología. Así que hemos asumido el compromiso de construir juntos ese proceso, de manera de establecer esa articulación nacional de la Vía Campesina.
—¿Cómo sería ese proceso y qué organizaciones están en ese camino?
—No menciono las organizaciones para no olvidarme de ninguna, pero son varias, cinco o seis. Tienen que ser organizaciones de carácter nacional. Y estamos pensando en que las organizaciones regionales podrían ser parte de la articulación, aunque no como miembros plenos. Un paso importante es articular la participación en la agenda internacional con acciones concretas en la agenda local, siempre aceptando la diversidad y entendiendo que cada organización tiene su identidad y su agenda propia en la Argentina, es decir, no sería una estructura orgánica sino una articulación de las luchas de La Vía Campesina en Argentina.
Rupturas campesinas y nuevas articulaciones
—El MNCI daba la sensación de ser un movimiento fuerte y consolidado. Luego estuvo el acercamiento al Movimiento Evita y la ruptura, que fue bastante silenciosa. ¿Qué fue lo que pasó?
—Una virtud que tuvo el MNCI fue la capacidad de poner las luchas por delante y administrar las divergencias y tendencias que siempre existieron en el movimiento. El MNCI logró articular muchas experiencias. Pero en un contexto de la ofensiva macrista y de la reconstrucción del movimiento popular de Argentina, no encontramos las herramientas para gestionar algunas de esas divergencias que se profundizaron. Eso llevó la división, entre el MNCI y el MNCI-Somos Tierra, donde quedamos la Red Puna, el Movimiento Campesino de Córdoba y la UST (Unión de Trabajadores Sin Tierra de Mendoza). Pienso que, para los dos MNCI, siguen siendo objetivos fundantes la soberanía alimentaria y la reforma agraria. Y entiendo que la articulación política se va a poder seguir haciendo en función de construir unidad de acción.
—Por otro lado nació la articulación con Fecofe y UTT en la conformación de la Mesa Agroalimentaria.
—Sí, y tiene relación con lo anterior. Para nosotros la alianza con los movimientos urbanos es estratégica, pero siempre pensamos que era fundamental construir una plataforma de lucha estrictamente agraria y rural, porque la propia dinámica de la urbanización argentina y de la agenda mediática del conurbano tiende a invisibilizar las luchas agrarias y la realidad de toda la diversidad territorial argentina. Por eso, una cuestión que nosotros entendemos, y sí fueron puntos elementos de divergencia, es no subordinar el movimiento agrario en la UTEP (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular), porque eso iba a invisibilizar a las luchas agrarias. Y de hecho nos parece que en parte eso ocurrió con otras organizaciones que quedaron ahí dentro.
—¿Por dónde pasa la construcción con otros movimientos sociales?
—El Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular fue una súper experiencia, muy buena, porque logró aglutinar a diversos sectores que ponían sobre la mesa justamente esa realidad y las propuestas para esa realidad. Incluso en ese momento de construcción y de máxima visibilidad de ese proceso todos los actores políticos empezaron a poner en su agenda, de una u otra manera, a la agroecología y a la soberanía alimentaria. Y una vez que se retrocedió en ese proceso también eso se vio en el impacto en la agenda política, por eso es que nos abocamos a la construcción de la Mesa Agroalimentaria Argentina, fundamentalmente con la UTT y Fecofe. Entendiendo y tratando de representar la diversidad que va desde una comunidad de pueblo originario hasta una cooperativa de medianos productores, que entienden y conciben a la soberanía alimentaria como el objetivo y al alimento como un derecho. Y por supuesto que no entendemos a la Mesa Agroalimentaria en una burbuja del campo, sino que desde ese espacio articular con el movimiento sindical, con los sectores políticos, con los movimientos urbanos, pero con nuestra agenda sobre la mesa.
—¿Cuáles con las acciones concretas realizadas desde la Mesa Agroalimentaria?
—Además de la articulación política se trata de la articulación cotidiana de las acciones concretas. Venimos trabajando juntos por la transición agroecológica. Desde la Mesa tenemos una propuesta concreta sobre cómo es la transición y cómo seguirla desarrollando en los territorios. En temas comerciales hemos dado un paso muy importante en articular y de, por ejemplo, que en los almacenes que tenemos en las organizaciones se ofrecen todos los productos de las distintas organizaciones de la Mesa. Eso nos ha ido llevando también a poder establecer circuitos de comercialización, que ya van incluyendo todos nuestro productos. Esto nos han ido también enseñando, mediante la práctica concreta, que es posible desarrollar una dinámica de los sistemas agroalimentarios de una manera totalmente diferente a la que hoy tienen la Argentina. Es otro principio importante que yo destacaría de la Mesa: está la lucha política gremial, pero en el camino también son acciones concretas y coordinadas. También estamos nutriéndonos juntos en la formación de escuelas de agroecología y de la cuestión de nuevas colonias agrícolas o comunidades agroecológicas.
Fuentes: Tierra viva /Rebelión
Habla el preso político Facundo Molares:
“Hay un Plan Cóndor 2.0”
Por Gustavo Veiga, Resumen Latinoamericano, 19 de junio de 2022.
Exintegrante de las FARC con pedido de extradición a Colombia, está detenido en la cárcel de Ezeiza. Dice que se persigue a los militantes internacionalistas como en los años ‘70. Su vida corre peligro si es entregado al gobierno de Iván Duque. Le queda la última instancia de apelar al presidente Alberto Fernández aunque antes deberá pronunciarse la Corte Suprema sobre un fallo del juez Guido Otranto.
Una paradoja domina los días de Facundo Molares en la cárcel de Ezeiza. Si hoy lo extraditaran a Colombia, su vida correría mayor peligro que cuando combatía en las FARC. “Sería equivalente a una condena a muerte”, dice el exguerrillero argentino que vio cómo sobrevolaban su posición helicópteros guiados por pilotos de Estados Unidos a punto de ametrallarlo. Este hombre de 46 años, comunista y revolucionario – como él se define – quedó en un limbo jurídico. Espera un fallo de la Corte Suprema y, en última instancia, una decisión del presidente Alberto Fernández que revierta la sentencia del juez federal Guido Otranto. Debería permanecer en libertad, pero la JEP (Justicia Especial para la Paz colombiana), demora un pronunciamiento. Esta situación lo mantiene en vilo desde noviembre pasado cuando lo detuvieron en Chubut, donde vivía. Sus horas transcurren hoy entre la monotonía penitenciaria, la lectura y su frustración porque no puede cursar estudios universitarios en prisión por cuestiones burocráticas. Derribando Muros lo entrevistó en el penal de máxima seguridad del país durante una hora.
-¿Por qué sostiene que si se cumpliera su extradición a Colombia sería una sentencia de muerte?
– Todos los casos de militantes más o menos nombrados o que aparecen en televisión, que tienen prensa, son lápidas, son lápidas que te ponen al cuello. No es casual la persecución en todos lados de los que hemos hecho alguna tarea internacionalista. No solamente contra mí, también contra otros militantes que participaron en algunos procesos de liberación. Hay una persecución a nivel continental más allá del caso de Colombia.
– ¿Considera que se repite de alguna manera lo que pasó en los ‘70 con el Plan Cóndor?
– Yo creo que están en un momento inicial, pero sí, empezaron a conformar un Plan Cóndor 2.0. Ya no con dictaduras y sí con democracias. Entonces lo van a barnizar todo con la pintura de los sistemas judiciales, pero no en vano la formación que han recibido los poderes judiciales de América Latina fueron cursos de especialización en Estados Unidos.
– Hablando de EE.UU, ¿De qué manera percibió su presencia en Colombia cuando integraba las FARC?
– Nosotros monitoreábamos las comunicaciones de los pilotos de los aviones y de los helicópteros del ejército, las escuchábamos. Y entendíamos perfectamente cuando el piloto era norteamericano. Porque hablaban todos en inglés, incluidos los colombianos, pero eran visibles por el acento, muy identificables. Los aviones fumigadores del cultivo de la coca eran todos conducidos por norteamericanos. Los pilotos de los helicópteros eran un 50 por ciento de Estados Unidos y otro 50 de Colombia. Y los pilotos de los aviones bombardeos eran todos estadounidenses.
– ¿Qué razón lo llevó a incorporarse a las FARC?
– Yo tuve convicciones revolucionarias desde que estaba por acá. En primer lugar, es una extensión de mi compromiso político. He sido comunista, sigo siendo comunista y tengo la idea de que la sociedad debe cambiar, porque así como está lo que produce es tristeza y explotación del ser humano. He puesto y sigo poniendo todo mi esfuerzo en un gran cambio que le dé perspectiva a la humanidad. Eso es lo que me llevó finalmente a Colombia.
-¿Cómo era un día en la guerrilla en pleno conflicto bélico?
– El día tenía que ver con la misión que a uno le dieran. Yo cumplí diferentes misiones. Durante un buen tiempo del que pasé en Colombia, mis tareas fueron políticas. Estaba encargado de la orientación a la población civil, a los campesinos, del desarrollo de la comunidad. Hacíamos trabajos que tenían que ver con la organización de los campesinos en las estructuras políticas nuestras y también en la Junta de Acción Comunal, que es como una sociedad de fomento de acá pero con poder. Y en el transcurso del trabajo siempre sentíamos la presión de parte del enemigo. Del ejército, de la marina, la policía, dependía de quién estuviera en el área.
– La JEP no responde a su planteo tomando en cuenta que sería la instancia judicial para destrabar su situación. ¿Por qué?
-La Justicia Especial para la Paz tiene que juzgar todos los hechos acontecidos durante el conflicto armado. Como verá, en un conflicto de casi sesenta años, es mucho lo que debe revisar y analizar. Además, porque no es una jurisdicción únicamente para los ex guerrilleros. Es para todos los que estuvieron involucrados. Los militares, las personas de civil y tienen miles de casos. El mío llegó y lo pusieron en la fila, en la cola. Hay un montón de hechos anteriores que están primeros, con la diferencia de que en muchos los involucrados están en libertad…
– ¿Hay antecedentes de otros militantes internacionalistas que estén en su misma situación?
– Sí, un muchacho chileno, la holandesa Alexandra, más un dominicano. Pero ellos están en sus países y en libertad. Lo que se le está pidiendo a la JEP es que le dé prioridad al caso mío por el hecho de que estoy detenido. Y hasta ahora no ha respondido.
¿Llegó a saber si hubo en las FARC otros guerrilleros argentinos?
-Se rumoreaba que había dos más, pero nunca los llegué a conocer. Un hombre mayor que yo estaba hacía más tiempo y decían que era de La Plata. Y una chica que integraba un frente cercano a Bogotá y que en la guerrilla era llamada Stella Maris. Me enteré por boca de otros guerrilleros que dicen haberlos conocido.
– ¿Cómo se daba el enfrentamiento militar tomando en cuenta la diferencia de armamentos entre una guerrilla básicamente rural y un ejército apoyado por Estados Unidos?
– Más que nada la diferencia estaba en la aviación. Es un nivel de fuerza extremadamente superior. Cuando ves quince helicópteros por encima de tu cabeza que vienen con 25 soldados cada uno y que están desembarcando alrededor tuyo en todos lados, es tensionante.
– Usted fue crítico del desenlace del proceso de paz en las propias FARC, ¿por qué?
– En Colombia había una docena de guerrillas y de esa docena quedan dos: el ELN y las disidencias de las FARC, todas las otras, incluidas las FARC, transcurrieron por procesos de paz con el estado y todas fueron traicionadas. Todos sus firmantes fueron masacrados después de los acuerdos. Yo no me opuse en ningún momento porque coincidía con esa línea, lo que presenté fueron mis reparos a la forma en que se hizo el acuerdo. En que no había garantías de respeto básico hacia la vida. Y no fui el único que manifesté eso.
– ¿Cómo definiría al Estado colombiano?
– Es la dictadura más atroz de América. En los últimos cincuenta años en Colombia hay más de cien mil desaparecidos registrados, y en ese mismo lapso de tiempo, hay medio millón de asesinados. Hay tres o cuatro millones de campesinos desplazados de sus tierras donde el método fue llegar con los paramilitares, los consentidos del Estado, que son los que hacen el trabajo sucio, lo que en la Argentina conocemos como los grupos de tareas.
-Después de abandonar Colombia y antes de buscar afincarse en la Argentina. ¿Por qué fue a Bolivia?
– Cuando consideré que esa etapa estaba terminada volví a la Argentina y empecé a trabajar como fotorreportero para la revista Centenario. Frente a las elecciones en Bolivia se me propuso hacer la cobertura de las elecciones allá que se veían conflictivas y volví a cubrirlas ya como periodista, cuando me sorprendió el golpe.
-¿Cómo lo detectaron los golpistas?, ¿cómo fue ese momento en que supieron que había combatido en las FARC?
– Estaba cubriendo los eventos que sucedían en Montero, un pueblo a media hora de Santa Cruz. Yo no era clandestino ahí. Eso y un poco los comentarios que había de que se iba a armar una milicia y qué se yo, me pusieron más en el foco de esta gente. Se dijeron, ¿quién va a entrenar la milicia? De todos los que andaban dando vueltas por allá el único era yo. Estuve 25 días en coma esposado a la cama. Mi padre fue a verme y no lo dejaron. Lo detuvieron con su mujer y lo metieron en un calabozo durante 24 horas.
– ¿De dónde proviene su convicción revolucionaria?
– En mi casa lo que aprendí fueron valores. Desde muy chico, mi papá y mi mamá me enseñaron valores que tienen que ver con la solidaridad, con el compromiso con el prójimo, con el patriotismo, esos son valores que tuve de muy niño. Después, el camino revolucionario, el pasaje a la acción, ya fue una opción mía.
La sombra de Priebke: Bariloche después
del alud
Susana Lara / Resumen Latinoamericano, 19 de junio de 2022
La construcción sujeta a demolición, propiedad de Ingo Priebke.
Sin cartel de obra habilitada y sin expediente municipal conocido, en Bariloche avanza la construcción de un complejo hotelero junto a la costa del lago Moreno y en plena área de reserva protegida, en tierras cuya propiedad pertenece a uno de los hijos del criminal de guerra nazi Erich Priebke.
El 6 de junio, un alud de barro, piedra y árboles arrasó la vida de tres turistas uruguayos recién hospedados en un hotel de esa ciudad, reavivando la demanda vecinal por las condiciones del desarrollo urbano en un medioambiente de alta fragilidad.
La ONG Árbol de Pie solicitó al gobierno municipal que informe sobre el control del cumplimiento del convenio que hace nueve años firmó la empresa propietaria del complejo Villa Huinid (donde se produjeron las muertes), por el que se comprometió ante la Justicia local a una serie de medidas de reparación del daño cometido por obras realizadas en 2011. A la vez, juntas vecinales de la Zona Oeste y organizaciones ambientalistas volvieron a reclamar por el avance inconsulto de obras en un predio de seis hectáreas, ubicado en una reserva natural que protege el sitio más antiguo de poblamiento humano registrado hasta el momento en el ejido municipal de Bariloche.
El gobierno municipal mantiene el blindaje de la documentación pública de las obras particulares, mientras la Justicia ordinaria avanza en peritajes sobre el predio propiedad de All Flags S.A., donde se produjo el deslizamiento del terreno. La última semana, la Justicia dispuso la clausura de los dos hoteles de Villa Huinid: Bustillo (donde fallecieron los huéspedes extranjeros) y Pioneros, ubicado en la parte más alta del lote de unas cinco hectáreas. El cierre es para realizar las pericias en las construcciones y monitoreo de sus condiciones anti-sísmicas, según indicó una fuente local. Solamente quedaron habilitadas las cabañas.
La roca del Morenito
En abril del año pasado y en mayo y junio del corriente, desde las Reservas Naturales Urbanas (RNU) Laguna El Trébol y lago Morenito/laguna Ezquerra reclamaron tener acceso al expediente del proyecto Cauma por tareas observadas desde 2020, de acuerdo a la denuncia presentada el año pasado por lxs vecinxs ante el área de Inspección General del municipio. El gobierno local mantiene en estricta reserva la identidad del titular de la tierra y del inversionista que pretende desarrollar un hotel, un restorán y un conjunto de cabañas, detalle volcado en al menos cinco reuniones con las juntas vecinales del Oeste.
La construcción existente sobre la roca está sujeta a demolición, aseguran lxs vecinxs. Es (o fue) propiedad de Ingo Priebke, hijo del criminal de guerra que vive en Estados Unidos, de acuerdo al relato coincidente de dos fuentes diferentes. La volarían y, en su lugar, buscan levantar un edificio de hasta 22 metros, cuando por ordenanza municipal en vigencia, el máximo permitido es de 9, cuestionan. La deficiencia en la infraestructura de servicios existente en la zona (electricidad, red de gas) hace inviable el proyecto, aseguran lxs vecinos en numerosos documentos elaborados y presentados durante los últimos años.
La zona es próxima a la más conocida península Llao Llao, aunque tiene su propio elenco de propietarios VIP. Algunos de los lotes vecinos son propiedad de Goyaike S.A. (del grupo Pérez Companc), del financista Marcel Erwin Melhem, a través de Egli S.A. y Madko S.A., y del empresario de la energía Miguel Mindlin, entre otros.
“En caso que el proyecto cuente con número de expediente, no hay cartel que lo explicite, lo cual implica un incumplimiento de la normativa. Pero en caso de que aún no posea dicho número de expediente, la situación es peor, ya que se trata de una obra clandestina”, afirma una nota. De todos modos, de acuerdo a la información a la que accedieron, los organismos públicos correspondientes habrían autorizado al menos el apeo de 150 ejemplares de árboles donde propusieron construir cabañas.
Vecinxs Pro Reserva Natural Urbana Laguna El Trébol (creada por Ordenanza 1570-CM-05) y de la Reserva Natural Urbana Lago Morenito-Laguna Ezquerra (Ordenanza 2691-CM-15) reclamaron que “desde hace meses no estamos siendo convocados a las reuniones de Comisión Mixta, instancia de participación obligatoria determinada por ordenanzas, que nos asegura la vista de expedientes, su análisis y su posterior dictamen. Hace dos años que el Municipio no nos permite acceder a los expedientes. Muchos delitos ambientales no pasaron por esta vía, con estas desastrosas consecuencias”.
Campo minado
El ejido municipal de Bariloche tiene casi 27.500 hectáreas, sobre la margen sur del lago Nahuel Huapi, con 60 kilómetros de extensión en sus puntos extremos. La construcción de infraestructura para el turismo y segundas residencias, junto a la especulación y desarrollos inmobiliarios, son el motor económico local. También dinamizan conflictos, algunos de los cuales llegan a la Justicia y muchos menos los que se resuelven a favor de los derechos colectivos.
En 2011, Árbol de Pie acudió al juzgado Civil, Comercial y de Minería 1 de Bariloche con un amparo por las obras irregulares de Huinid. Confió en un acuerdo dos años después, que evidentemente no se respetó, según se constata con un simple análisis de las imágenes satelitales que circularon después del alud. En 2014, la junta vecinal del barrio El Trébol interpuso un amparo colectivo contra el Estado comunal por la obra de un hotel en la zona del lago Moreno, que no respetaba las ordenanzas vigentes. Ahora, unos pocos kilómetros al sur, con máquinas pesadas abrieron en forma irregular caminos de acceso para otro hotel.
Hasta el momento nada fue suficiente para detener la voracidad de ese cuerpo alargado de 60 kilómetros de largo que, a la altura del kilómetro 2,5 de la avenida Bustillo, se cobró las vidas de tres personas.
FUENTE: El Cohete a la Luna
Envio:RL
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