Un exmilitar acusado de secuestrar a 37 personas en la dictadura dirigía una academia de danzas en Bariloche
Emilio Morello fue carapintada y diputado del partido de Aldo Rico. Actualmente se lleva adelante el juicio de lesa humanidad en su contra.
POR LORENA RONCAROLO Y MARTÍN BELVIS
Un exoficial del Ejército que vive hace años en Bariloche está siendo juzgado por delitos de lesa humanidad en Buenos Aires. Emilio Morello, que fue además carapintada en el alzamiento de Semana Santa de 1987, cumple la prisión preventiva en su casa del barrio Nahuel Malal. Está acusado de formar parte de un grupo de tareas del Regimiento de Mercedes que secuestró y torturó en 1976 a 37 personas, de las cuales ocho fueron asesinadas o están desaparecidas.
Morello formaba parte del estudio de danza de su pareja. Durante años estuvo al frente de la administración de la academia, con interacción permanente con niñas y adolescentes.
En esa misma causa, están imputados el excoronel Alberto Ramón Schollaert, el exteniente Gustavo González Sass, los exsubtenientes Martín Eduardo Sánchez Zinny y Horacio Linari y el excabo Osmar Andrade.
Morello, que hoy tiene 70 años, fue carapintada (participó del levantamiento de Semana Santa en Campo de Mayo en 1987) y fue diputado nacional por el Modin (resultó ser mano derecha de Aldo Rico en el armado de ese partido político).
El juicio comenzó en diciembre del año pasado y en este momento, atraviesa la última etapa. La Fiscalía ya presentó los alegatos, en una semana será el turno de la querella y luego, de los abogados defensores. Tras las palabras de los imputados, llegará el veredicto, posiblemente en agosto.
Morello nació el 20 de octubre de 1952 en Buenos Aires, pero años atrás se radicó en Bariloche. Participa en el juicio vía zoom desde su casa en la zona del Oeste.
“Fue señalado por soldados, exconscriptos, como participante en hechos de secuestros y torturas. Los hechos están probados”, indicaron a RÍO NEGRO fuentes allegadas a la causa.
Morello fue detenido en junio del 2017, junto a otros cuatro exmilitares, en el marco de la causa que instruyó el juez federal Daniel Rafecas.
Tras su procesamiento, se inició el camino para el juicio oral por dos hechos puntuales: el operativo en una imprenta del PRT-ERP que funcionaba de manera clandestina en el subsuelo de una casa y el secuestro de Rocío Martínez, madre de los periodistas Camilo y Bárbara García. Ambos fueron testigos de su desaparición, siendo niños, en la casa en que vivían en Haedo el primero de junio de 1976.
Morello permanecía detenido en la Unidad 31 de Ezeiza, pero los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, de la Sala I, le concedieron la prisión domiciliaria en Bariloche. Solicitó este beneficio invocando “razones humanitarias vinculadas a su esposa”, a través de su abogado defensor Ricardo Saint Jean, hijo de Ibérico Saint Jean, un militar que se desempeñó como gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1976 y 1981, en plena dictadura militar. Murió procesado por crímenes de lesa humanidad.
“Morello alegó que su esposa atravesaba un cuadro de depresión, un trastorno de personalidad, consumo de psicofármacos y que estaba en riesgo su integridad. Presentó certificados de una psicóloga y un psiquiatra. Dijo no tener parientes para que la cuiden. Insistió en la necesidad de permanecer al cuidado de su esposa”, indicaron fuentes judiciales a este diario.
En los próximos días, habrá una visita a la esposa de Morello para evaluar su situación actual y determinar si le revocan la prisión domiciliaria.
Fuente:RioNegro
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