20 de junio de 2022

Una mirada a la Masacre de Ezeiza desde Salta

 

Su influencia en la suerte del gobierno de Ragone

Una mirada a la Masacre de Ezeiza desde Salta

En junio de 1973 medían fuerzas en la provincia, la Tendencia y la derecha. La CGT local estaba tomada por gremios disidentes y todo parecía encaminarse a un recambio sindical. Pero la Masacre torció el rumbo de esta historia. 

Por Elena Corvalan
Ragone, el dia de su asunción.

En algunos sentidos la Masacre de Ezeiza puede leerse como una bisagra en el peronismo salteño. No es que no hubiera diferencias antes, pero aquella violencia las exhibió más descarnadamente. Presionado por la derecha, cada vez más fuerte, el gobierno de Miguel Ragone trató de hacer equilibrio endureciendo su acción contra los sectores más discolos de la izquierda que disputaban poder. No fue suficiente.

Al declarar en la conocida como Magecausa Salta, por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia durante la vigencia del terrorismo estatal, Gerardo Bavio (f), que fue intendente de la ciudad de Salta durante la gestión de Ragone y uno de los fundadores del Partido Peronista Auténtico, recordó que si bien por aquella época en el peronismo salteño había dos expresiones preponderantes: la Tendencia, de izquierda, y el grupo Reconquista, de derecha, durante la campaña electoral en pro de la fórmula Ragone-Olivio Ríos en la provincia, y Héctor Cámpora-Vicente Solano Lima a nivel nacional, parecía que todos tenían ideas más cercanas a la izquierda, pero tras la Masacre de Ezeiza comenzaron a notarse diferencias y un sector del peronismo empezó a atacar abiertamente a Ragone.

La gestión de Ragone estuvo siempre en la mira de la derecha. En su obra Salta Montonera, el historiador Danel Escotorín sostiene que la Lista Azul y Blanca fue la primera en manifestar públicamente su oposición al nuevo gobierno. Ragone llevaba apenas mes y días en la administración de la provincia, pero la impaciencia de la derecha no podía esperar: en declaraciones al diario El Intransigente el dirigente Carlos Pereyra Rozas trató de desgitimarlo: lo llamó “peronista por accidente” y sostuvo que su candidatura había sido el resultado de “una maniobra vertical del doctor Abal Medina y de conocidos gorilas infiltrados en el Movimiento a partir de octubre de 1972”. Era el puntapié inicial de una constante de acusaciones de infiltración marxista que no se iba a detener sino hasta la desaparición del gobernador. Un año y medio después, cuando la presidenta María Estela Martínez de Perón intervino el gobierno de Salta, Pereyra Rozas iba a integrar el equipo de la intervención en la Secretaría de la Producción.

La gobernación de Ragone soportó varios embates antes de caer. Primero fue la desgastante lucha por el poder que se desató (o continuó) entre la izquierda y la derecha. Escotorín sostiene que si bien “la ortodoxia política, burocracia sindical, la derecha peronista y no peronista” habían quedado relegadas por el peronismo revolucionario, contaban a su favor con que la relación de fuerzas en el país era menos dispar y habían tejido algunas alianzas en el ámbito local: de su lado estaba la derecha conservadora en la Legislatura y “el sector económico empresarial, la pequeña y mediana burguesía salteña, que confluirán en la Confederación General Económica (CGE); allí se atrincherarán y resistirán la ofensiva popular”.

Enfrente, la JP hizo valer su poder de convocatoria: se sucedieron las manifestaciones en toda la provincia, el gobierno recibió rechazos y exigencias para ir a fondo. También se libró una disputa por el control de los gremios (cuya dirigencia era muy cuestionada por haber pactado con la dictadura), y de la CGT. Y comenzaron las ocupaciones de sedes gremiales y medios de comunicación; la más trascendente fue la toma del local de la CGT, que comenzó el 15 de junio del 73, por miembros de la JP acompañados por integrantes de gremios combativos vinculados al clasismo cordobés, y miembros del Frente Revolucionario Peronista (FRP). 

Les participantes de la toma declararon intervenida la CGT y nombraron una conducción normalizadora, cuya integración exhibía por sí misma la característica popular de los sindicatos que rechazaban la burocracia: Alberto Abán, del Sindicato Unido de Obreros Rurales de Salta; Oscar Aramayo, del Sindicato de Obreros del Tabaco de Rosario de Lerma, y Segundo Alvarez, del Sindicato de Vendedores Ambulantes, gremios que iban a ser duramente perseguidos en los años siguientes.

En la toma estaban también otros nombres reconocidos, como Armando Jaime, Juan Carlos Salomón, Aníbal Puggione. Todos parecían estar de acuerdo en la necesidad de renovación de la CGT, gremios (de distintas corrientes) y partidos políticos de izquierda saludaron el cambio.

Pero en el medio ocurrió Ezeiza, el 20 de junio de 1973, cuando columnas de la JP que marchaban a recibir a Perón fueron baleadas por bandas paramilitares a las órdenes de José López Rega y el coronel Jorge Osinde. La tragedia inclinó la balanza a favor de la derecha, que arremetió con nuevos bríos. En Salta el oficialismo reaccionó ordenando el cese de las ocupaciones.

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica en Salta, Mario Amelunge Vargas, pasó de manifestarse a favor de los cambios a reclamar a la CGT nacional que interviniera. E impulsó la creación de la Juventud Sindical Metalúrgica, que vino a sumarse a la ya existente Juventud Sindical, un grupo de choque de la burocracia.

El secretario general de la CGT nacional, José Ignacio Rucci, no defraudó a Amelunge Vargas, según se desprende de un comunicado emitido por Abán, Aramayo y Alvarez, en el que denunciaron “la actitud policíaca de José Rucci, quien presiona a los estados provincial y nacional para tomar medidas represivas contra los obreros de Salta”.

El periodista e historiador Gregorio Caro Figueroa, que fue secretario de Ragone, recordó en su testimonio en la Megacausa que la oposición al gobernador era anterior a los comicios y “se incrementó” cuando llegó al gobierno; entre los opositores ubicó a Roberto Romero, Horacio Bravo Herrera, Salvador Michel Ortiz, “y (a) otras personas que venían de una lista de los años sesenta que se identificaba con un peronismo afín a un nacionalismo de derecha”; entre los sindicalistas, nombró a Amelunge Vargas, Miguel Ramos (Panaderos), Norberto Lozano y a Benito Atilio Moya, delegado del Ministerio de Trabajo de la Nación en Salta, “un hombre que había tenido un pasado violento después del 55, que era como la cara visible del sector ortodoxo” y que trazó en Salta un camino rodeado de violencia.

El 13 de julio, mientras se sucedían las reuniones en procura de poner fin a la toma de manera pacífica, Cámpora y Solano Lima renunciaron a sus cargos, otra victoria de la derecha peronista. 

Ragone envió su renuncia, un gesto de lealtad que días después, cuando el ya ex presidente Cámpora eligió Salta para descansar, fue usado por la derecha para tratar de sostener sus “acusaciones de tipo inquisitorial que intentaron vincular al doctor Ragone con la violencia”, recordó su secretario privado.

La burocracia sindical insistió con el pedido de desalojo del local de la CGT en Salta y comenzó con su táctica vigilante de señalar enemigos: sostuvo que en la toma había “falsos dirigentes obreros”, una de las vías que se usó para dejar expedito el camino al exterminio. El gobierno nacional exigió el desalojo y Ragone terminó por cumplir la orden el 18 de julio. La represión le valió la pérdida del apoyo de parte de la izquierda.

Escotorín reseña que esa diferencia se exhibió al día siguiente: en un acto convocado por la CGT Clasista se declaró el estado de alerta y se anunció un plan de lucha para recuperar la CGT y lograr la destitución del ministro de Gobierno Enrique Pfister Frías. La tensión era tal que se reforzó la custodia frente a la casa de gobierno. La jornada terminó con disparos a las sedes de la UOM, el SUTEP y el SMATA. 

Empezaron entonces a correr los rumores de intervención a la provincia, para lo que fueron fundamentales los medios de comunicación, con el diario El Tribuno a la cabeza. La derecha avanzó en todos los frentes; el gobierno popular, y sus adherentes, presentes y pasados, fueron puestos en la mira de la burocracia sindical propatronal y de los empresarios. El 24 de julio fue intervenida la CGT, y se expulsó de esa central a la Federación Única  de Sindicatos de Trabajadores Campesinos (FUSTCA), la combativa organización que encabezaba Felipe Burgos, que por entonces era funcionario del gobierno ragonista y que luego iba a ser desaparecido.

Las noticias del centro del poder político tampoco eran buenas: Perón seguía inclinándose a la derecha; a fines de julio, en una reunión con los gobernadores, culpó a la JP por la tragedia de Ezeiza.

Los hechos que siguieron fueron agravándose. En agosto el gobernador tuvo que pedirle la renuncia al jefe de polícia Rubén Fortuny, uno de sus hombres más cercanos que iba a ser asesinado poco después. En septiembre, apenas dos días después del triunfo de la fórmula Juan Domingo Perón-María Estela Martínez de Perón, se concretó el primer intento de golpe contra el gobierno de Ragone. 

En el libro Ragone, mártir de la democracia, editado por la Secretaría de Derechos Humanos de Salta, se afirma que hubo un segundo “periodo golpista” entre octubre de 1973 y febrero de 1974 “animado por el gremialismo y los emisarios de Buenos Aires”. En este contexto el Partido Justicialista nacional intervino al PJ de Salta.

Las presiones lograron el alejamiento del ministro de Gobierno Pfister Frías y del intendente Bavio.

El 3 de mayo de 1974, dos días después de que Perón echara de la Plaza de Mayo a la JP, el vicegobernador Olivio Ríos intento derrocar al gobernador. Una vez más la asonada fue derrotada. Además del apoyo de los sectores populares, Ragone mantenía el afecto de Perón, y eso lo mantuvo en el poder mientras el general vivió.

En octubre, en un contexto de cada vez mayor violencia, el Congreso Eucarístico realizado en Salta fue el marco para que María Estela Martínez mostrara su desprecio a Ragone, a quien ni siquiera saludó. El 22 de noviembre, por el decreto 1579, el gobierno nacional intervino la provincia.

Empezó entonces el régimen del terror. En su sentencia del 12 de diciembre de 2011, en la conocida como Causa Ragone I, el Tribunal Oral en lo Federal 1 de Salta declaró que en la provincia la represión en el marco del plan sistemático de eliminación de personas que llevó a cabo la última dictadura cívico militar comenzó en noviembre de 1974

La mayoría de les funcionaries que acompañaron a Ragone fueron perseguides, muches fueron desaparecides y otres debieron exiliarse. El propio Ragone fue secuestrado y asesinado el 11 de marzo de 1976. 

Fuente:Salta12

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