Eran Niñas: «Crímenes de Lesa
Humanidad»
Resumen Latinoamericano, 26 de agosto de 2022
El 2 de septiembre de 2020 las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC) del Ejército Paraguayo ejecutaron a DOS NIÑAS de 11 años de edad, Lilian Mariana y Marìa Carmen Villalba. Presentaron las ejecuciones como un triunfo sobre el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). La operación militar estuvo acargo del General Héctor Grau, la operación mediática del actual presidente Mario Abdo Benitez, el operativo Judicial a cargo de Gustavo Amarilla y la operación Fiscal la llevó adelante Sandra Quiñonez.
Palabras del Presidente de Paraguay, Mario Abdo Benitez :“Hemos tenido un operativo exitoso en contra del EPP. Luego de un enfrentamiento, dos integrantes de este grupo armado han sido abatidos. Hay un oficial herido. A todo el equipo le ratifiqué mi agradecimiento por su valentía en la lucha contra este grupo criminal”.
La respuesta del gobierno paraguayo: cuerpos con rastros de tortura ¡ERAN NIÑAS!, encubrimientos, las presentaron como “falsos positivos”, sus cuerpitos fueron fotografiados con uniformes militares, los medios de comunicación informaron que eran líderes guerrilleras abatidas.
¡Mitâjuka Paraguáipe,
ANIVÉKENA OIKO!¡Crimen-kuéra de Lesa Humanidad,
ANIVÉKENA OIKO!
Vigilia y acampe en el Puente
Rosario-Victoria para exigir el cese
de las quemas
Resumen Latinoamericano, 26 de agosto de 2022.
Organizaciones ambientalistas y personas autoconvocadas de Rosario invitan a una vigilia y acampe en el Puente Rosario-Victoria, a partir de las 14 hs los días sábado y domingo 3 y 4 de septiembre. La actividad se da en el marco de la Acción Plurinacional por la Ley de Humedales y tiene como objetivo exigir el el cese inmediato de las quemas y la urgente sanción de la Ley de Humedales consensuada por la ciudadanía. «Debemos entender y poder transmitir el hecho delictivo que radica en el corrimiento de la frontera agropecuaria sobre el territorio de isla en el Delta del Paraná, porque esa violencia de hecho a fuerza de fuego desplaza comunidades, destruye ecosistemas fundamentales, pone en riesgo la salud de toda la ciudadanía que respira este humo de muerte y deja en estado crítico la prosperidad de la vida».
En el marco de la Acción Plurinacional por la Ley de Humedales, organizaciones socioambientales y personas autoconvocadas de Rosario invitan a la ciudadanía los días sábado 3 y somingo 4 de septiembre, a una vigilia con acampe en el Puente Rosario-Victoria, a partir de las 14 hs. La jornada será para exigir el cese inmediato de las quemas y el urgente tratamiento de Ley de Humedales consensuada por ambientalistas y expertos.
«Esta acción está coordinada en conjunto con alrededor de 200 organizaciones de todo elpaís, con las cuales además presentamos el proyecto de Ley de Humedales consensuado expediente: 0075-D-2022» explicaron los y las activistas mediante un comunicado.
Agregaron «debemos entender y poder transmitir el hecho delictivo que radica en el corrimiento de la frontera agropecuaria sobre el territorio de isla en el Delta del Paraná, porque esa violencia de hecho a fuerza de fuego desplaza comunidades, destruye ecosistemas fundamentales, pone en riesgo la salud de toda la ciudadanía que respira este humo de muerte y deja en estado crítico la prosperidad de la vida».
Fuente: ANRed
Entregan en Cancillería un
pronunciamiento acerca del secuestro
del avión venezolano de la empresa
Emtrasur
Resumen Latinoamericano, 26 de agosto de 2022.
Este viernes, fue entregado en la Cancillería argentina un llamamiento firmado por diversas personalidades planteándole al ministro Santiago Cafiero que el gobierno argentino intervenga para que con prontitud sea devuelto a Venezuela el avión secuestrado a pedido judicial y que su tripulación pueda salir libremente del país.
Señor Ministro
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto
Lic. Santiago Cafiero
S / D
Argentina, 26 de agosto 2022
De nuestra consideración:
Los abajo firmantes, tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, en relación al secuestro de la aeronave de la empresa EMTRASUR, propiedad de la República Bolivariana de Venezuela, dispuesto por el Juzgado Federal de 1era instancia en lo Criminal y Correccional N° 1 de Lomas de Zamora.
En este contexto, expresamos a continuación las consideraciones por las que entendemos que resulta indispensable que la Cancillería Argentina tome intervención en el asunto, a efectos de garantizar que tanto el avión como la tripulación que se encuentra detenida en nuestro país pueda volver a Venezuela.
Entendemos, primeramente que el secuestro del avión es una injerencia en la soberanía del Estado de la República Bolivariana de Venezuela y un atentado contra los bienes del país hermano.
Esto, atenta de manera clara con el desarrollo de una política de integración con los países de nuestra américa, así como el fortalecimiento de los lazos de hermandad regional, que configura uno de los pilares que deben sostener el desarrollo de la política exterior de nuestro país.
Asimismo, no podemos soslayar que el bloqueo unilateral impuesto por los Estados Unidos a Venezuela resulta un factor de suma relevancia al momento de analizar el desarrollo de los sucesos vinculados con el requerimiento judicial realizado por aquel país para que las autoridades judiciales argentinas procedan a disponer el secuestro del avión.
Requerimiento al que nuestro país accede en una clara muestra de renuncia de soberanía y de jurisdicción.
Por otro lado, resulta oportuno señalar la situación particular que alcanza a los tripulantes de la aeronave, quienes se encuentran impedidos de salir del país sin siquiera estar imputados en la investigación judicial, circunstancia que además de violar el principio de inocencia y varias garantías constitucionales, podría acarrear la responsabilidad internacional del Estado Argentino.
En este contexto, entendemos que la intervención del Gobierno Argentino a través de la cartera a su cargo, se vuelve extremadamente necesaria y debería dirigirse tanto a impedir la injerencia de los Estados Unidos en asuntos locales, como al reconocimiento de la soberanía del Estado Bolivariano de Venezuela sobre sus bienes y el repudio al bloqueo dispuesto por Estados Unidos sobre el pueblo venezolano.
Cualquier otra determinación, conlleva un retroceso significativo en el desarrollo de una política exterior que respete la autonomía de los Estados, que tienda a la consolidación de la integración latinoamericana y que defienda, en definitiva, la soberanía de nuestra patria.
Sin otro particular, lo saludamos atentamente
Rafael Klejzer
Daniel Catalano
Marcelo “Gaucho” Yaquet
José Campagnoli
Héctor “Grindo” Amichetti
Roberto Pianelli
Carlos Aznarez
Flavio Turné
Milcíades Peña
Guada Santana
Martín Ogando
Zaida Chmaruk
Agustín Lecchi
Carla Gaudensi
Jorge Elbaum
Sandra Russo
Cristobal «Toto» Marcioni
Milagros Barbieri
Marina Joski
Rodrigo Segovia
Diego Chan
Felisa Miceli
Marcelo Koening
Horacio Rovelli
Marcelo Cena
Adrian Albor
María Rosa Martínez
Florencia Saintout
Jorge Alberto Kreynes
Julio Urien
Eduardo Martínez Vidal
Jorge Ocampo
Gustavo Funes
Gabriel Galeano
Graciela Elguer
Rodolfo Casals
Nahuel Beibe
Cristian Tauil
Juan Sala
Cristian Bernardo Erramuspe
Diego Quintero
Juan Cruz Daffuncho
Mariano Guillermo Benítez
Claudio Morell
Reajustan salario mínimo en
contexto de especulación financiera
y lawfare
Por Fernanda Paixão, Brasil de Fato /Resumen Latinoamericano, 26 de agosto de 2022.
Aumento del 21% se da ante alta inflación y activismo judicial contra Cristina Kirchner
Una semana turbulenta en términos políticos y económicos para la Argentina. Por un lado, la dificultad de reactivar la economía y hacer frente al aumento de la pobreza. Por otro lado, la búsqueda del cumplimiento del programa de pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyos términos chocan con la soberanía y recuperación del país.
En ese contexto, el lunes (22) se actualizó el salario mínimo argentino en relación a la inflación. El Consejo de Salarios Mínimos, Vitales y Móviles de Argentina se reunió durante cerca de siete horas el lunes (22) para definir el nuevo piso salarial del país. Fue el segundo acuerdo tripartito del año, integrado por los sectores empresarial, gremial y gubernamental.
(INTEGRA EL VIDEO)
La actualización salarial fue convocada por el Ejecutivo para re-discutir el ajuste del 45% ya aplicado, pero ante la pérdida del valor del salario real en un contexto de inflación acumulada solo este año en 46,2%, y se espera que llegue a 90,2 %, calculado por el Banco Central.
El último reajuste del salario mínimo ocurrió en marzo, y fue pagado a plazos hasta agosto, por el valor de 47.850 pesos argentinos (R$ 1.780).
Al igual que con las actualizaciones anteriores, esta será gradual y se aplicará en cuotas durante los próximos tres meses. Con el ajuste, el salario mínimo argentino será de AR$ 51.200 (R$ 1.903) en septiembre; AR$ 54.550 (R$ 2.028) en octubre; y AR$ 57.900 (R$ 2.153) en noviembre.
Los representantes sindicales no salieron satisfechos de la reunión. Buscaban un salario mínimo equivalente a la canasta básica familiar, actualmente en 111.298 pesos (R$ 4.138). Por definición, la canasta básica de alimentos determina el umbral de la línea de pobreza en relación con el acceso a los nutrientes que necesita un adulto en el intervalo de un mes; la canasta básica total también considera bienes y servicios, con excepción del alquiler residencial.
El salario mínimo en Argentina sirve de referencia para alrededor de 300.000 trabajadores en el país en empleo informal o en actividades fuera de convenio colectivo.
El valor es también una referencia importante para la asistencia social. Es el caso del programa Potenciar Trabajo , que paga el 50% del salario mínimo a las trabajadoras de la economía popular (cuidado, reciclaje, manufactura, etc.), o el programa Acompañar , que atiende a víctimas de violencia de género con el 100% de el valor del salario mínimo en el país.
Sin embargo, ante la resistencia del sector empresarial, no hubo consenso para que el reajuste sea mayor y pueda cubrir la inflación y el valor de la canasta básica familiar.
«Los empleadores insistirán en una corrección de 59,9% interanual, muy distante de la proyección de la inflación que tenemos para este año», puntualizó Daniel Jorajuria, de la Central Autónoma de Trabajadores de Argentina (CTA-A), una de las organizaciones sindicales integrantes del Consejo del Salario Mínimo. “Pedimos el 95% interanual, de febrero de este año a marzo del próximo, pero, claro, las cámaras empresariales no lo aceptaron para nada”.
De esta forma, el gobierno presentó la propuesta final: corrección del 21% de septiembre a noviembre y nueva revisión del valor en tres meses.
Así, ya está prevista una nueva reunión del Consejo para noviembre. La anticipación revela la baja perspectiva de una mejoría en la crisis inflacionaria, señala Esteban Marcioni, miembro de la organización Frente Popular Darío Santillán.
“Incorporaron una revisión para noviembre, pero es una señal de que habrá más inflación, profundización del desastre económico que estamos viendo y más impacto en nuestras vidas”, señala Marcioni, cuya organización ha sido parte de las marchas. contra la inflación en los últimos meses y de protestas en forma de cortejo fúnebre para velar simbólicamente por el salario mínimo, en la capital federal.
Entierro simbólico del salario mínimo frente al Ministerio del Trabajo en Buenos Aires. / Juan Mabromata/AFP
“Cuando hablamos de inflación, estamos hablando de la mayoría de los trabajadores. Por eso, defendemos que debe ser un debate integral”, dice. “Lo que ganamos esta semana [con el ajuste del salario mínimo] termina perdiéndose en poco tiempo, y eso no tiene sentido que tengan el triple de la tasa de ganancias en Argentina en relación a sus países de origen”, dice, mencionando el caso del supermercado Carrefour.
Con sede en Francia, la cadena multinacional de supermercados aplicó, esta semana, una política similar a la Pricing Care argentina, que consiste en congelar los precios de los productos de consumo básico por un tiempo determinado. En Francia, la cadena anunció que congelará unos 100 productos hasta el 30 de noviembre. Francia registró un aumento del 6,8% en la inflación en julio.
Esteban Marcioni también advierte sobre medidas tomadas por el propio gobierno argentino que afectan los salarios. El martes (23), el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, anunció recortes en el gasto público, lo que afectó importantes ayudas sociales. El anuncio busca cumplir con las políticas del FMI y, para hacer frente a los pagos de la deuda millonaria (US$44.500 millones), volverá a recurrir a la entidad financiera: Massa solicitará US$ 1.300 millones a la FMI para aumentar las reservas de dólares del Banco Central.
Si se aprueba, el financiamiento provendrá de un Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad, creado por el FMI en abril específicamente para países de ingresos medios en situaciones de crisis, como Argentina.
“En un contexto en el que el Banco Central casi se ha quedado sin reservas, el gobierno ha buscado fortalecerlas negociando con sectores de poder: grandes exportadores, sector minero, cereales -que retienen exportaciones para especular con el dólar y extraer recursos ”, señala Héctor Amichetti, de la Confederación General de Trabajadores (CGT), también miembro del Consejo del Salario Mínimo.
“Como trabajadores, no dejamos de reconocer la necesidad de acomodar los temas macroeconómicos, pero debemos atender las urgencias de la población”, concluye.
La inflación como mecanismo
La variación mensual de la inflación de julio fue de 7,4%, la más alta de los últimos 20 años. La cifra es superada históricamente sólo por la inflación de abril de 2002, cuando el país registró un aumento de precios del 10,4%.
La crisis en Argentina tiene un elemento más: la embestida del poder judicial contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Diego Luciani, fiscal del Ministerio Público Fiscal, pidió a Cristina 12 años de prisión. El proceso es denunciado en el país como parte del proyecto de ley .
La fuerte crisis económica también es vista como parte del mismo esquema: los críticos aseguran que el país estuvo condicionado al Fondo Monetario Internacional (FMI) y, en consecuencia, a Estados Unidos, durante el gobierno de Mauricio Macri (2016-2019). Por lo tanto, Argentina enfrenta una batalla constante con el sector económico y agroexportador y sus especulaciones financieras a favor de la ganancia en divisas, presionando los precios internos y el costo de vida de la población.
En un video difundido desde su oficina bajo el título «Derecho a la defensa» (luego de que los jueces negaran su pedido de defensa), Cristina respondió a la fiscalía: «Piden 12 años por los 12 mejores años que hemos tenido los argentinos en décadas. dijo, refiriéndose a los años de gobierno de su difunto esposo, Néstor Kirchner, y al suyo propio. Enumeró, entre otros aspectos que caracterizaron a su gobierno, la salida del país del FMI.
Y, ahora que el gobierno está buscando un nuevo préstamo con la institución, y aunque sea en una escala mucho menor, esto puede ser solo otra distancia marcada entre las corrientes kirchnerista y albertista en el gobierno actual. La coalición peronista que gobierna Argentina, (Frente de Todos), vive un desacuerdo permanente entre sus diferentes corrientes políticas, y esta situación ha sido aprovechada por la derecha, especialmente en Brasil. La narrativa predominante es la del fantasma del comunismo.
Apoyo a Cristina Kirchner frente a su casa, tras orden de aprehensión emitida por el fiscal Diego Luciani. / Senado argentino
“Los formadores de precios y los grupos concentrados de la economía impulsan cada vez más la suba de los precios, especulando con valores en dólares”, dice Daniel Jorajuria. “En cambio vemos un fuerte avance de la justicia con el lawfare . Lo mismo hemos visto en Brasil, Ecuador, Paraguay, y sabemos lo que significa la reforma laboral y el congelamiento de la administración pública y de los salarios”, dice. “Ellos no apuntan a Cristina, nos apuntan a nosotros”.
Según Héctor Amichetti, quien mejor explicó este escenario fue el embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley. Durante un encuentro con empresarios en la 19ª reunión del Consejo de las Américas, en Buenos Aires, el día 19, Stanley llamó a la derecha a formar una coalición «para salvar al país». “No esperen a las elecciones de 2023”, dijo Stanley en ese momento.
“Propuso una coalición entre sectores que estarían dispuestos a recibir ‘una mano’ de EE.UU. con infraestructura para explotar enormes recursos, como litio, petróleo, gas y alimentos”, dice. “Es evidente que al proponer esta coalición excluí a las representaciones populares, como Cristina Kirchner. Y, para eso, utiliza el mecanismo del lawfare para sacarla del escenario político con un proceso que es, de hecho, un proceso mediático. espectáculo apoyado por los medios de comunicación. corporativo».
Montaje: Thales Schmidt
Chubutazo: la Justicia criminaliza a
las y los vecinos por luchar. El
gobierno y las mineras, impunes
Por Santiago Vasconcelos, Resumen Latinoamericano, 26 de agosto de 2022.
Por orden del fiscal Rivarola, 24 vecinos de Rawson, Trelew y Puerto Madryn serán indagados, a cargo del Juez Gustavo Castro, el día viernes 26/8 en la Oficina Judicial de Rawson, acusándolos de daños a edificios públicos. Se trata de un claro intento de avanzar en la criminalización de la protesta social, luego de la condena a tres años del ex secretario general de Atech, Santiago Goodman.
El grado de complicidad del Poder Judicial con el gobierno provincial y la legislatura con el lobby minero es evidente. Mientras que avanzan contra los vecinos que salieron a luchar en defensa del agua, la represión, la persecución, las detenciones ilegales, las entraderas a las casas en la madrugada aún se mantienen, hasta ahora, impunes.
Todas las formas en las que la población se manifestó en diciembre en Chubut se enmarcan en un cuadro de rebelión popular, de miles y miles de personas hastiadas de un régimen de saqueo, endeudamiento, ajuste y represión. El Poder Judicial solo debería buscar responsabilidades entre quienes impulsaron y votaron a través de cientos de maniobras ilegítimas el completamente antipopular y antidemocrático proyecto de zonificación, que entregaba la provincia al saqueo megaminero.
La criminalización de la protesta y la represión es la otra cara del ajuste, el saqueo y el endeudamiento. En todo el país, bajo la orientación del gobierno nacional y la oposición derechista, se profundiza el recorte presupuestario (educación, salud, obra pública) y se impulsa el saqueo de los bienes naturales en función de garantizar el pago al FMI, beneficiar a los especuladores y a las grandes patronales.
La reciente asunción de Massa refuerza esta orientación: para prueba, Flavia Royón, ahora exministra de Minería de Salta, es la actual ministra de Energía de Nación. En Chubut, Arcioni, Sastre y el conjunto de las fuerzas políticas de la legislatura suscriben a esta política.
Esta orientación, en el país y en todas las provincias, tiene como garante los poderes judiciales provinciales y nacionales. Es por esto que en el último período se están llevando adelante allanamientos a locales de organizaciones sociales y detenciones, como a los compañeros de Jujuy; procesamientos a docentes de Santa Cruz, a luchadores de Neuquén y la condena a los compañeros Arakaki y Ruiz por luchar contra la reforma previsional del macrismo. Necesitamos poner en pie un plenario nacional antirrepresivo para dar respuesta de conjunto a este ataque a las libertades democráticas y el derecho a protesta.
Este viernes será el primer paso de un plan de lucha. El próximo 4, en el marco de las históricas marchas provinciales, es fundamental poner en pie movilizaciones en todas las localidades contra la criminalización de la protesta y contra el régimen de saqueo. Es necesario que el conjunto de los sindicatos abandonen el inmovilismo para dar paso a una lucha de conjunto, con plenarios provinciales de delegados de todos los sindicatos, movimiento de desocupados, el movimiento ambiental y el conjunto de las luchas.
La batalla contra la criminalización de la protesta es clave en la lucha contra el ajuste. El día de las audiencias debe ser en el marco de un paro provincial, con un plan de lucha hasta lograr la absolución de todos los llamados a indagatoria.
¡Rechacemos en las calles la criminalización de la protesta! ¡El gobierno es responsable!
Fuente: Prensa Obrera
La Unidad Piquetera llevó su
agenda de reclamos al ministro
Zabaleta
Por Marcelo Mache, Resumen Latinoamericano, 26 de agosto de 2022.
El pasado jueves 25, a las 15 horas, la Unidad Piquetera se reunió con el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, para trasladarle los reclamos por el corte en el suministro de alimentos a los comedores populares, los incumplimientos en los compromisos de los proyectos productivos, y denunciar el limitado aumento del salario mínimo y el bloqueo a la apertura de los programas sociales.
Del intercambio con Zabaleta se concluyó en que el ministerio se encuentra virtualmente paralizado por las restricciones presupuestarias del gobierno, en medio de los cambios en Economía, y afectado por la política de recortes de las partidas y recursos destinados a la asistencia social, como parte de las políticas de ajuste emprendidas.
Las organizaciones piqueteras pusieron de relieve que el gobierno nacional estaba discontinuando la entrega de alimentos a los comedores populares, en medio de una creciente demanda por el encarecimiento de los productos alimentarios y el crecimiento de la pobreza y la desocupación. Zabaleta se comprometió a dar una solución a este tema.
También pusieron de relieve la necesidad de la apertura de los programas sociales para miles de familias que se encuentran en una situación desesperante, sin ingresos económicos fijos y que asiste a comedor que muchas veces se encuentran desbordados por el arribo de nuevos comensales y las carencias materiales denunciadas.
Otro punto que se tocó es el relativo a los proyectos productivos. El gobierno no asume ningún compromiso directo en la generación de empleo genuino, ni en la obra pública ni en el sector privado, por lo que suele ofrecer herramientas e insumos para proyectos productivos independientes. Sin embargo, tampoco cumple con esos compromisos, por “falta” de presupuesto.
Desde la Unidad Piquetera pusieron de manifiesto la insuficiencia del reciente aumento del 21% en el salario mínimo, que lleva el ingreso base a $57.900 de indigencia en noviembre y que condena a millones de trabajadores y jubilados a un ajuste sobre sus precarios ingresos.
Respecto a la cuestión de las auditorías de los programas sociales, Zabaleta informó que la misma consta de un proceso largo, distrito por distrito. Las organizaciones piqueteras manifestaron que no tienen nada que esconder, y que participaran de las correspondientes encuestas.
El ministro Zabaleta se comprometió a trasladar estas reivindicaciones y las cuestiones presupuestarias al ministro de Economía Sergio Massa, quien hasta la fecha no ha dado indicaciones de recibir a la Unidad Piquetera, luego de reiterados reclamos.
La Unidad Piquetera se reunirá el próximo lunes 29 para discutir las próximas medidas a tomar. Desde el Polo Obrero adelantaron que llevarán la propuesta de un plenario nacional de las organizaciones del movimiento piquetero con los sectores de lucha para resolver un nuevo plan de acción, y una campaña de agitación y difusión hacia las bases de las organizaciones sociales integradas al gobierno y su ajuste.
Fuente: Prensa Obrera
Contra la barbarie policial y la
impunidad, se realizó la multitudinaria
8va Marcha Nacional Contra el
Gatillo Fácil
Resumen Latinoamericano, 26 de agosto de 2022.
Fotos y videos: Julia Mottura, de Resumen Latinoamericano.
Este viernes 26 de agosto tuvo lugar la VIII° Marcha Nacional del Gatillo Fácil. La jornada convocada por amigos y familiares de víctimas se desenvolvió desde Congreso a Plaza de Mayo como a las principales plazas del país, y volvió a repudiar los asesinatos, los abusos y los atropellos de las fuerzas represivas del Estado; cuando es política común de todos los gobiernos su reforzamiento como respuesta a los crecientes reclamos populares por la crítica situación social. Las estadísticas corroboran sus resultados, como el récord de asesinatos en comisarías bonaerenses en 2021 que expuso la Comisión Provincial por la Memoria.
En el comunicado difundido por su comisión organizadora, este año la Marcha continúa denunciando el aumento de víctimas de gatillo fácil, de muertes en contextos de encierro que se vienen profundizando desde la pandemia y de las causas armadas. Busca asimismo visibilizar especialmente a las niñas, mujeres, identidades trans y diversidades que han sido asesinades por la represión estatal.
Los datos arrojados en el último informe anual de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) muestran esta realidad: en el 2021 hubo récord de muertes en las comisarías bonaerenses, y crecieron las detenciones con respecto al año anterior, llegando a los 54.000 detenidos en la actualidad. Los decesos en comisarías alcanzaron al número más alto de los últimos diez años, a lo que suman las 45.000 denuncias de torturas en los establecimientos policiales bajo el comando de Sergio Berni, ministro de Seguridad de Kicillof y permanente encubridor de la fuerza provincial, con ejemplos como el de Facundo Astudillo Castro en el 2020 .
El gobierno de Alberto Fernández ha profundizado una orientación represiva, de amedrentamiento y persecución a la juventud. Como dijeron las familias este viernes por la tarde, es necesario darle una respuesta con organización.
Luego de ingresar a la plaza, las familias exhibieron las fotos de los responsables políticos de los asesinatos de sus hijxs, hermanxs, compañerxs, como por ejemplos fotos de jueces, fiscales, funcionarios, ministros, entre otros.
Lectura de documento:
De forma simultánea, se realizaron marchas en todo el país: Santiago del Estero, Mendoza, Jujuy, Salta, Córdoba, Tucumán, Bariloche, Cipolletti, Chaco, Salta, Mar del Plata, Rosario y en muchas otros territorios. Todos gritaron bien fuerte: ¡Ni una bala más! ¡Ni un/a pibx menos! ¡El Estado es responsable! ¡Basta de gatillo fácil!
Video OLP Resistir y Luchar Salta:
Por decisión del gobierno porteño
La casa de Cristina Fernández está vallada para que no se acerquen los militantes
Hay un cordón de policías de la Ciudad, carros de asalto e Infantería. Cartoneros se concentran en los alrededores para apoyar a la vicepresidenta. Críticas de dirigentes políticos.
La casa de la vicepresidenta Cristina Fernández, en Recoleta, amaneció vallada, en un operativo de la Policía de la Ciudad, después de una semana de vigilia por parte de la militancia y del pedido de condena a 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos formulado en su contra por la fiscalía en el juicio por la "causa Vialidad".
El vallado se ubicó a 100 metros de Juncal y Uruguay, y no dejan pasar a los militantes que se siguen congregando en la zona, en la vigilia que estaba prevista que siguiera hasta este lunes, en "estado de alerta y movilización" frente al domicilio de la expresidenta.
Temprano llegaron hasta el lugar, representantes de la Red Nacional de Cartoneros, de distintas zonas del conurbano bonaerense. "Vinimos a defender la democracia. No puede ser este juicio a Cristina, quien nos dio los 12 mejores años de nuestras vidas. Seguimos siendo cartoneros, pero con mucha dignidad, la que nos dio ella. Todos estamos trabajando en cooperativas. Y tratamos de llegar a un sueldo digno, que teníamos con Néstor y Cristina", expresó uno de los militantes, que provenía de la zona sur.
Y agregó: "Vinimos acá y nos encontramos con esto --en referencia a las vallas y la presencia policial--. El jefe de gobierno le había dicho a Cristina que no sea violenta, pero acá está la violencia que ejerce él sobre el pueblo que viene a apoyar a una líder popular. Estamos enojados, pero no vamos a hacer nada".
Otro cartonero, que se identificó como Gabriel, aseguró: "Venimos desde Pilar. Llegamos a las 7.30 y vimos el armado de las vallas. Tenemos a todos los efectivos policiales impidiendo que apoyemos a Cristina, que es nuestra líder política, quien nos dio la dignidad que hoy no tenemos por culpa del partido judicial".
En tanto, otro manifestante expresó ante la presencia policial con carros de asalto y la Infantería: "Quieren generar un escenario de violencia, pero el pueblo no es violento. Quieren que no podamos llegar a Cristina, que no podamos cuidarla. Quieren generar violencia para que terminemos a las piñas. Y lamentablemente los que están acá, los policías de la Ciudad, son todos del conurbano, son como nosotros".
Y concluyó: "Mientras ellos (por la oposición) se siguen cagando de risa y nos quieren sacar a nuestra líder popular, la que nosotros necesitamos para que nos represente nuevamente en el 2023".
Comunicado del gobierno de la Ciudad
Según se informó oficialmente, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires dispuso un vallado perimetral en las calles Juncal, entre Paraná y Talcahuano; y Uruguay entre Montevideo y Arenales.
Durante la madrugada, el Gobierno porteño ordenó un operativo de limpieza intensiva, en la intersección de las calles Juncal y Uruguay y en los alrededores, que consistió en el trabajo de 20 barrenderos, un camión recolector y el uso de hidrolavadoras, se informó en un comunicado.
Rechazo de la militancia por el vallado
En tanto, militantes de organizaciones sociales y políticas siguen manteniendo desde el lunes una vigilia y tenían previsto realizar este fin de semana una feria de la economía popular.
Sin embargo, el gobierno porteño ordenó poner un vallado perimetral. "Qué te pasa @horaciorlarreta !? Estás nervioso!?", publicó en su cuenta de Twitter, Andrés Larroque, , ministro de Desarrollo bonaerense, con fotos del vallado.
Nahuel Beibe, secretario general de la Corriente Martín Fierro -una de las organizaciones que mantenía la vigilia- aseguró que "llenar de vallas y policías la casa de Cristina es una nueva provocación de Horacio Rodríguez Larreta".
Decisión del gobierno porteño
Repercusiones de dirigentes políticos y sociales por el vallado a la casa de Cristina Fernández
El gobierno porteño dispuso un vallado perimetral para impedir que los militantes se acerquen a la casa de la vicepresidenta, en una vigilia que lleva seis días.
Dirigentes políticos y sociales expresaron fuertes críticas este sábado por el vallado perimetral dispuesto por el Gobierno porteño, en las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández, en Recoleta, donde los militantes sostienen seis días de vigilia, después que el fiscal Diego Luciani, pidiera una condena de 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Según dijeron desde el ministerio de Seguridad porteño, que conduce Marcelo D'Alessandro, "vamos a intentar que se vuelva a la normalidad, sobre todo pensando en los vecinos y en la afectación de los comercios".
El primero en manifestarse en contra fue Andrés Larroque, ministro de Desarrollo bonaerense, que tuiteó:"Qué te pasa @horaciorlarreta !? Estás nervioso!?", en una ironía que recordó a Néstor Kirchner.
En tanto, Nahuel Beibe, secretario general de la Corriente Martín Fierro -una de las organizaciones que mantenía la vigilia- sostuvo que "llenar de vallas y policías la casa de Cristina es una nueva provocación de Horacio Rodríguez Larreta". La vigilia seguirá en la plaza ubicada en Juncal y Paraná.
“No pueden poner vallas al corazón. Acá la gente va de corazón, ellos no utilizan la fuerza”, manifestó la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, en declaraciones radiales.
El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, publicó en su cuenta de Twitter: “El sueño autoritario de Larreta pretende limitar las demostraciones de profundo amor popular a Cristina sin saber que metiendo 'corralitos represivos' lo multiplica”.
La legisladora porteña Victoria Montenegro posteó en Twitter : “La militancia de Larreta”. Y desde la cuenta de La Cámpora de la Ciudad, remarcaron: “Vallas donde vayas, esta es la Policía de Larreta. A Cristina la defiende el pueblo”.
La senadora bonaerense María Teresa García manifestó: “En serio intendente Larreta. ¿Usted cree que eso va a impedir que cuidemos a Cristina Kirchner? Cuando se colgaron bolsas mortuorias en Casa de Gobierno no lo vimos reaccionar así. Usted es muy raro”.
Para la exsenadora y directora del BICE, María de los Angeles Sacnun, “es muy difícil de entender el jefe de Gobierno porteño. Nunca entendieron ni entenderán al Peronismo. No hay ni isla Martín García, ni puente en alto para impedir el paso, ni fusilamientos, ni proscripción que detenga al subsuelo de la Patria sublevada”.
El titular de la AFIP, Carlos Castagneto, afirmó que el jefe de Gobierno "decidió vallar cuatro manzanas para impedir que el pueblo manifieste su apoyo a Cristina. No vamos a aceptar ninguna provocación de este tipo. Compañeros y compañeras: a seguir demostrándoles que el amor vence al odio”.
En tanto, el diputado nacional y titular de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky, dijo que “la decisión de Larreta de poner vallas demuestra el espíritu de la derecha y su odio de clase”. Y agregó: "Ponerle vallas al pueblo es como querer tapar el sol con una soguita".
Una reacción popular contra la persecución a Cristina Kirchner que la oposición no calculó
Despertaron al león
Las movilizaciones espontáneas que se produjeron en todo el país en respaldo a Cristina Kirchner fueron menospreciadas por la corporación mediática. Trataron de taparlas forzando las declaraciones de Alberto Fernández. Pero fue tan obvia la maniobra, que expuso la preocupación que existe en el círculo rojo y en el macrismo.
La corporación de medios se lanzó a toda máquina en un esfuerzo inusitado para competir con la inesperada convocatoria popular que desató el pedido de penas para Cristina Kirchner en la causa “Vialidad”. Es una disputa de la época: la información virtual, teledirigida, condicionada y monopólica, frente a miles de personas de carne y hueso en una demostración que disgusta a esa corporación y que, por lo tanto, trata de invisibilizarla o bajarle el precio.
Decir que era inesperada, simplemente es hacer referencia al momento porque, ahora o más adelante, se iba producir en la medida que avanzara la persecución contra Cristina Kirchner. Por desconocimiento o por falta de sensibilidad para las expresiones populares, es probable que en el macrismo existiera la ilusión de que podían llevarse puesta a la vicepresidenta sin que hubiera reacciones considerables.
Error. El macrismo, los medios hegemónicos y los funcionarios judiciales que participan en la causa representan todos lo mismo. Es una causa que se tendría que haber cerrado por falta de pruebas, pero se mantuvo por razones políticas, como sucede también con la causa de los cuadernos. No respetaron el marco legal y forzaron la acusación hasta llevarla a un plano donde la resolución tiene que ser más política que judicial.
Macri, el millonario de los negocios con el Estado
La compulsión del macrismo por forzar como su herramienta principal a la persecución judicial creó un microclima dentro de esa fuerza que presionó aún más en ese sentido. Si se ve a la distancia, resulta incomprensible que alguien de la alianza que llevó a la presidencia a un millonario que hizo su fortuna como proveedor del Estado, crea en la cruzada anticorrupción que ellos han lanzado contra dirigentes kirchneristas.
Mauricio Macri era cabeza del Estado y al mismo tiempo era el que no quería pagarle al Estado por el arrendamiento del Correo. Mauricio Macri era el titular del Estado y al mismo tiempo fue el que cambió la licitación por el soterramiento del Sarmiento para que el Estado, que él encabezaba, le entregara 45 mil millones de pesos a IECSA, de la que era propietario. Y así sucedió con las concesiones a Autopistas del Sol, que pertenecían al Grupo Macri, o con los Parques eólicos, en los que también intervino el Grupo Macri. Sin hablar del blanqueo por el cual benefició a su hermano y a su madre.
Después de los Panamá Papers, donde no apareció ninguna offshore relacionada con los kirchneristas, pero aparecieron cerca de 50 donde figuraba el nombre de Macri, el ex presidente ocupó el top ten de los jefes de Estado más corruptos.
Resulta difícil creer en la buena fe de los dirigentes de la fuerza que llevó al gobierno a este personaje, cuando expresan su “indignación” por la supuesta corrupción de un gobierno que no les gusta y no dicen nada de la corrupción del que sí les gusta.
Y lo mismo corre para los opinadores “independientes” indignados, que son implacables con el movimiento popular y no dicen nada del gobierno que apoyaron los que manejan los medios donde trabajan, sean nacionales o extranjeros, y que forman parte del dispositivo macrista. Pero algo tan evidente y objetivo se confunde dentro de un microclima que con el manejo del monopolio mediático puede crear sus propias verdades y mentiras.
El peronismo inesperado
El macrismo no tiene puntos de empatía con los sectores populares. No los entiende. Y no esperaba el aluvión masivo que empezó a juntarse frente al departamento de la vicepresidenta. Apostó a que toda la atención estaba puesta en la inflación y la carestía de la vida. Se equivocaron.
Tampoco conocen bien la lógica del movimiento peronista. Pensaron que las divisiones internas ya no eran conciliables y que el pedido de condena a Cristina Kirchner, las profundizaría. Pero fue al revés. Cuando se cierran filas en el peronismo, son pocos los que quedan fuera. El Cabildo abierto que se realizó el jueves en el PJ porteño reunió a todas las corrientes internas en defensa de la vicepresidenta y la crítica a los jueces y fiscales que juegan en el lawfare.
Pocas veces habrá asistido tanta gente a una reunión del PJ porteño, con miles de personas en las calles aledañas. Y surgieron marchas en lugares como Córdoba o Rosario, que son plazas donde pesa el antiperonismo. En las ciudades más importantes del país se produjeron movilizaciones en defensa de Cristina Kirchner y hubo pronunciamientos de las centrales de trabajadores y de las diferentes corrientes del movimiento obrero. Hablaron los gobernadores y los intendentes, muchos de ellos de provincias donde no gobierna el peronismo.
En el macrismo, esta reacción fue tan inesperada que generó a su vez un proceso que, sin saldar las fuertes diferencias ni la discusión por las listas electorales, produjo un movimiento de rejunte. Así, el escenario que hasta pocas horas antes aparecía con fuertes debates en las dos fuerzas principales, cambió apenas el fiscal pidió los doce años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos para Cristina Kirchner.
El sólo pedido de penas contra la vicepresidenta cambió el escenario político. La oposición no termina de entender que está frente a un fenómeno de liderazgo de masas. Cada artimaña antidemocrática que utiliza funciona como una provocación al dragón. El pueblo se identifica con ese liderazgo y en vez de alejarse cuando lo agreden, se siente agredido él mismo. Es probable que con otros dirigentes funcione la difamación y la persecución judicial. Pero funcionan al revés cuando se trata de un liderazgo popular con raíces en procesos de distribución del ingreso y ampliación de derechos.
El contraataque mediático
El fuerte respaldo a Cristina Kirchner y las movilizaciones que surgieron en forma espontánea en todo el país hizo temblar la estrategia de lawfare en este caso. La respuesta del macrismo fue tratar de taparla moviendo el eje de la atención mediática. Convirtieron las declaraciones del presidente Alberto Fernández en una catástrofe nacional. Taparon la información sobre las movilizaciones masivas en defensa de Cristina con comentarios tremendistas sobre declaraciones inocuas del presidente durante un programa en un canal de televisión del Grupo Clarín.
Alberto Fernández defendió a Cristina Kirchner y criticó a los jueces y fiscales que participan en el lawfare, pero pisó el palito cuando lo llevaron al tema de Nisman. La respuesta sacada de contexto fue presentada como una amenaza contra el fiscal de la causa Vialidad. Forzaron una estupidez hasta presentarla como una amenaza. Legisladores de Juntos por el Cambio pidieron que se le haga juicio político. Todo una grandísima estupidez forzada, puesta en las portadas de los diarios, repetida en los programas de radio y de televisión, para ocultar la verdadera noticia que era el masivo descontento que se manifestaba en respaldo a la vicepresidenta.
El esfuerzo por ocultarla fue tan notorio que expuso la inquietud que despertó en el círculo rojo, en la corporación mediática y en los macristas la respuesta popular masiva contra el intento de proscribir a Cristina Kirchner.
En este cuadro, la perspectiva de una condena a la vicepresidenta implicaría la agudización del conflicto político y social hacia niveles imprevisibles. A partir de la falta de pruebas, el macrismo podría inclinarse al sobreseimiento de la expresidenta y condenar a los demás acusados. Es difícil que la Corte siga el camino de Brasil donde fue su equivalente, el Tribunal Superior de Justicia, el que desmanteló las causas del lawfare contra el PT. El kirchnerismo ya dijo que no aceptaría un indulto presidencial. Y aún en el caso de que se produjera, tendría que ser acompañado con una profunda democratización del Poder Judicial.
En esta confrontación entre lo virtual y la expresión de multitudes concretas es la representación del intento de arrebatarle al movimiento popular el liderazgo claro que encarna Cristina Kirchner. Y la defensa popular de ese liderazgo es también la defensa de la democracia.
Se refirió al vínculo de Macri con la Justicia
Alberto Fernández le respondió al Procurador Casal
El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que "el Poder Judicial y sus magistrados no están ni podrían estar exentos de críticas y opiniones en una sociedad democrática", al contestar la carta que el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, le entregó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, tras una entrevista que el mandatario brindó el miércoles.
Alberto Fernández decidió no dejar pasar el último acting para la tribuna de Eduardo Casal. Un día después de que el eterno procurador interino respaldara a los fiscales que pretenden nada menos que inhabilitar de por vida para ejercer cargos públicos a Cristina Fernández de Kirchner y cuestionara al propio Presidente por opinar sobre un alegato que generó reacciones de rechazo y movilizaciones en todo el país, Fernández se explayó no sólo sobre su derecho a expresarse sino también sobre la importancia de alertar en tiempo y forma respecto a maniobras que ponen en peligro la democracia. Le reprochó además la “doble vara” por la que hoy manifiesta “profunda preocupación” luego de años de inacción e indiferencia ante las tropelías protagonizadas por el macrismo con sus aliados del Poder Judicial y del propio Ministerio Público Fiscal.
Casal le envió una carta al presidente el jueves luego de recibir en la Procuración a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, caras visibles de la estrategia opositora para proscribir a CFK en 2023. El procurador cuestionó lo que llamó “una clara perturbación en el ejercicio de (las) funciones” de los acusadores y “una injerencia indebida en el trámite del proceso”, luego de que Fernández opinara en una entrevista periodística que la acusación era “insostenible jurídicamente” y alertara sobre el rol de los fiscales en la “persecución judicial y mediática” contra la ex presidenta.
Fernández le respondió que sus expresiones “en modo alguno pueden ser interpretadas en el sentido de querer condicionar el accionar de un funcionario, y ello queda claro toda vez que fueron vertidas cuando el Fiscal de la causa ya había finalizado su alegato en el proceso”. “No obstante, es oportuno señalar que el Poder Judicial y sus magistrados y funcionarios no están ni podrían estar exentos de críticas y opiniones en una sociedad democrática”, advirtió. Mencionó como ejemplo a tener en cuenta la condena, encarcelamiento y proscripción de Lula en Brasil, que “fue en verdad una persecución judicial, mediática y política” para sacarlo de la cancha. El proceso penal fue declarado nulo, pero el objetivo de la jugada ya se había concretado, recordó.
“Como puede deducirse, resulta de suma importancia que las opiniones que alertan sobre los peligros que pueden acechar a las democracias sean formuladas a tiempo y en forma pública porque el Estado de derecho no exime de críticas a los miembros del Poder Judicial, quienes también están sometidos al escrutinio público en una sociedad democrática, y cualquier ciudadano o ciudadana, incluido el presidente de la Nación, puede dar la voz de alerta cuando observa que algún magistrado o funcionario se desvía de su obligación constitucional de respetar el debido proceso y de la imparcialidad necesaria actuar”, enfatizó.
El presidente apuntó además que ejerció la libertad de expresión “sin infringir los límites establecidos en el artículo 109” de la Constitución Nacional, “toda vez que no he ejercido funciones judiciales, ni me he arrogado el conocimiento de causas pendientes ni he restablecido las fenecidas”. Añadió que “lejos de importar un ‘menoscabo’ a la independencia y a la autonomía, o una injerencia indebida en el proceso”, sus declaraciones son la “expresión de lo que observa una gran parte la ciudadanía”, en el sentido de que “muchos magistrados y funcionarios de la justicia federal prestan más atención a determinados intereses fácticos y/o políticos que a las normas vigentes, y que esta situación hiere a la democracia que tanto esfuerzo y dolor nos costó conseguir”.
La segunda parte de la respuesta del jefe de Estado se detuvo en la preocupación selectiva de Casal, que sin acuerdo del Senado reemplaza desde hace un lustro a Alejandra Gils Carbó, forzada a renunciar por el macrismo luego de recibir todo tipo de presiones.
“No lo ha preocupado, ni ha visto injerencia alguna cuando el ex Presidente Mauricio Macri, en ejercicio del cargo, recibió al imputado Luis Chocobar en la Casa Rosada y, mientras transcurría el juicio en el que terminó condenado, publicó en su cuenta oficial de Twitter que ‘lo acompañamos y confiamos en que la justicia en otra instancia lo liberará de todo cargo, reconociendo su valentía’”, le recordó Fernández, en referencia al caso del policía que mató a balazos por la espalda a un joven que escapaba tras cometer un robo.
El segundo episodio que “tampoco llamó la atención” de Casal y que recordó el jefe de Estado fue cuando el entonces presidente Macri “directamente instruyera a su Ministro de Justicia para que iniciara juicio político al juez Alejo Ramos Padilla y manifestara (textual) ‘creemos que no es un juez que actúe con ecuanimidad, que se prestó a un show mediático político’, al tiempo que advertía al Consejo de la Magistratura que ‘Ramos Padilla ya ha hecho varias y realmente espero que el Consejo, con todas las pruebas que hay, evalúe seriamente destituirlo’”. En aquel caso no se trataba simplemente de la opinión de un presidente sino “de un pedido expreso de destitución de un juez que recién comenzaba una importante investigación sobre graves acciones de espionaje ilegal”, recordó.
En tercer lugar, aunque sin explayarse y sin nombrar al protagonista central de aquel escándalo, el presidente se refirió la vergonzante cobertura institucional que Casal le garantizó al fiscal federal Carlos Stornelli desde que trascendieron sus andanzas junto al agente de inteligencia Marcelo D’Alessio y la extorsión al empresario Pedro Etchebest. “El Señor Procurador Adjunto fue convocado por el Congreso Nacional por su complacencia con un fiscal al que le permitió mantenerse en rebeldía por casi nueve meses y que luego resultó procesado en varias instancias”, le recordó.
Por último, el presidente remarcó y lamentó la pasividad de la Procuración a cargo de Casal ante algunos de los mayores escándalos del gobierno de Cambiemos. “El celo que muestra en su carta respecto del cuidado de los procesos penales hubiera sido importante, para la salud democrática del país, que se plasmara también en impulsar investigaciones transparentes respecto de las motivaciones reales que tuvieron algunas visitas realizadas por destacados miembros del Poder Judicial al ex presidente Mauricio Macri en la quinta de Olivos y en la Casa Rosada; en el rol que tuvo el prófugo ‘Pepín’ Rodríguez Simón y otros ex funcionarios de la llamada ‘Mesa Judicial’ y en garantizar la imparcialidad de quienes intervienen como magistrados y funcionarios en los procesos penales, máxime en al ámbito de la justicia federal, cuando se encuentran bajo investigación dirigentes políticos”, escribió.
“Esta doble vara para medir hechos institucionales y esta asimetría en las posturas adoptadas por parte de algunos importantes magistrados de la justicia federal, e incluso del propio Señor Procurador Adjunto frente a los distintos actores políticos –le planteó sin medias tintas–, tornan aún más necesario que se abran estos debates para cuidar la salud de la democracia y para que en la región no vuelva a ocurrir la afectación de los procesos electorales y de la vida democrática de la sociedad por la actuación de la justicia con intereses políticos y/o fácticos”.
“La democracia se nutre y se fortalece con las opiniones críticas, que deben ser defendidas aun en fuerte disidencia. Nadie exige que se compartan esas opiniones, pero sí que puedan expresarse con libertad”, enfatizó el jefe de Estado. “Esta situación permitirá que no repitamos experiencias tan dolorosas como la que vivió el querido pueblo brasileño y que, en cambio, podamos vivir en libertad en el marco de una democracia fuerte y sana”, concluyó.
Denunciaron que es víctima de una "descarada persecución"
Más de 250 lideresas del mundo expresaron su solidaridad con Cristina Kirchner
Denunciaron que el juicio por la denominada causa Vialidad contra la vicepresidenta es "un capítulo más de la estrategia del lawfare" en América Latina y que la persecución contra Fenández de Kirchner obedece, además, "a su condición de mujer". Entre otras, firmaron la presentación Dilma Rousseff, Piedad Córdoba, Chantal Moufee y Taty Almeyda.
Entre las firmas se encuentran la de la expresidenta brasileña Dilma Rousseff; la senadora colombiana Piedad Córdoba; la periodista española Pilar del Río; la filósofa Chantal Moufee, la ministra de la Presidencia de Bolivia, María Nela Prada y la referente de Madres de Plaza de Mayo, Taty Almeyda; entre otras.
El acompañamiento se realizó mediante una declaración que lleva la rúbrica de las reconocidas mujeres en el que se afirma que la persecución a la vicepresidenta "obedece a su condición de mujer y lideresa que ha confrontado con sectores del poder y ha irrumpido en la política para ampliar derechos para las mayorías del pueblo argentino".
“Sabemos también que las derechas reaccionarias han desplegado una violencia misógina muy particular contra las compañeras que protagonizan y conducen fuerzas progresistas y populares”, expresa el documento. En ese mismo sentido, se apunta contra "la articulación" de "grandes medios de comunicación, corporación judicial, grupos económicos y derecha antidemocrática para atacar los procesos populares y sus liderazgos".
"En el caso de Cristina, sobre la base de un proceso judicial que carece de todo sustento probatorio se ha montado una extraordinaria campaña mediática de linchamiento que tiene el objetivo de proscribirla políticamente para debilitar la acción del movimiento popula en su conjunto y la democracia en la región", destaca el escrito.
También suscribieron el documento la ministra de Género, Elizabeth Gómez Alcorta; las senadoras Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti; la diputada Victoria Tolosa Paz; y la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.
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