15 de noviembre de 2022

TROPEL del 15.11.2022.

Salta: alerta y rechazo ante

descubrimiento de yacimiento de oro

en Cachi

Resumen Latinoamericano, 14 de noviembre de 2022.

Un alarmante anuncio en el Boletín Oficial sobre el hallazgo de un yacimiento de oro y cobre en la naciente de aguas que afecta la cuenca del río Luracatao entre los departamentos de Cachi y Molinos ha movilizado a toda la comunidad del Valle. La explotación minera en el paradisíaco territorio de la nación Diaguita-Calchasqui terminaría con la actividad ancestral agrícola y ganadera de la zona. Ante el rechazo contundente, la minera Yacones SRL habría comunicado que «abandonaba» esa explotación minera. En entrevista, al abogado indígena Rafael Delgadillo denuncian que no hubo consulta alguna a las comunidades que se encuentran en ese territorio y que el expediente, a pesar de no haber consultados a las comunidades, tendría un informe de impacto ambiental aprobado por la autoridad minera provincial. «Se ha destapado una olla», hay numerosos pedidos de explotación minera que no se conocían y que amenazan al valle Calchaqui.

El 24 de octubre comenzó a circular un alerta en los Valles Calchaquíes. El Boletín Oficial de la provincia publicaba un edicto judicial en la que se informaba que la sociedad Yacones SRL había descubierto un yacimiento de oro y cobre: “la Dra. María Victoria Mosmann, Jueza de Minas de la Provincia de Salta, hace saber a los efectos de los arts. 51, 52, 53 y 66 del Código de Minería (conf. text. ord. Dec. Nº 456/97) que la sociedad YACONES SRL ha manifestado el descubrimiento de un yacimiento diseminado de oro y cobre, ubicado en el departamento de Cachi. La mina se denominará YACONES III.”, expresa la página 43 del boletín.

El escueto texto indicaba que eran casi 3 mil hectáreas del yacimiento y que la dueña era Andrea Wayar, hija del senador Walter Wayar, quien enseguida salió a desmentir que “esa noticia es falsa”. A pesar que los Wayar ya tienen en su haber desalojos contra la comunidades originarias como ocurrió en diciembre del 2020 en un operativo contra el territorio de la comunidad Las Pailas que termino en una dura represión. En aquel entonces, los sobrinos de Walter Wayer motorizaron el despojo de la tierras con el apoyo judicial. (leer nota de Agencia Tierra Viva)

Nota del 10/12/2020, represión contra comunidad Las Pailas

Como escribió Analía Brizuela en Salta 12, la propiedad indicada en el Boletín corresponde a una propiedad en el centro de Cachi, de la cual sí es dueña Wayar, al igual que otra propiedad, que figura con el número de catastro 403, y que es una finca de 138 mil hectáreas, ubicada entre los departamentos de Cachi y Molinos, al oeste del Nevado de Cachi, una zona de vertientes de aguas que es la naciente del río Luracatao. Tierras apropiadas desde 1979 por empresarios bajo la firma de la empresa hoy denominada Luracatao S.A.

Rechazo contundente de las comunidades Diaguita-Calchaquí

El yacimiento minero anunciado por Yacones SRL, por su ubicación, contaminaría el agua de la zona y terminaría con las prácticas ancestrales de agricultura y ganadería que practica la Nación Diaguita-Calchaqui en el valle. El alerta de la noticia movilizó no solo a las comunidades sino a casi todo los sectores sociales que pueblan la región. Las asambleas rechazaron de forma contundente e hicieron común la expresión de las comunidades a través de un manifiesto en donde señalaron la ilegalidad del procedimiento.

“Denunciamos en ese marco, ante la sociedad, toda falta de consulta previa de cualquier proyecto minero que haya ingresado a territorio, denunciamos a las empresas que han ingresado a los territorios sin el consentimiento de nuestras comunidades y a espaldas del pueblo, denunciamos la complicidad del Estado por incumplimiento de las normas vigentes”. (Texto completo al final)

Las solidaridades de otros pueblos y personalidades comenzaron a activarse ante la amenaza. La presión social se hizo sentir y desde Yacones SRL anunciaron a través de un escrito firmado por la gerencia que no explotarían del yacimiento lo cual no mermo los ánimos entre los pobladores.

imagen del documento con la firma del socio gertnete de Yacones SRL

El intendente de Cachi, Américo Liendro, explicó: “en el 2007 el municipio de Cachi se manifestó contra la minería, hay ordenanzas municipales donde se planté este rechazo. Si se confirma que la mina está en jurisdicción de Cachi, no vamos a permitir que se explote. En Cachi tenemos una ordenanza al respecto. El posible yacimiento tendría oro y cobre. Lo que me dijeron en inmuebles, es que el catastro 403, es muy extenso y abarca Cachi, Molinos y Los Andes. El terreno pertenece a Yacones S.A., de acuerdo a lo que me informo inmuebles. Si está en Cachi, la mina estaría ubicada detrás del Nevado de Cachi», agregó para el portal Infórmate Salta.

Desde ANRed entrevistamos al abogado Rafael Delgadillo, abogado de Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) y también parte del equipo jurídico de las comunidades Diaguita-Calchaquíes para que nos cuente como se esta viviendo la noticia y que respuesta se ha activado en la comunidad:

«A raíz de la difusión del edicto judicial sobre el hallazgo del yacimiento de oro y cobre se genero un gran malestar social. Imagínate que alertó mucho en la población y particularmente a las comunidades que habitan el territorio. Sobre todo el anunció de una inminente minería de oro que sabemos que está vinculada a la utilización del cianuro y a grandes cantidades de agua que es vital en nuestra zona.

La noticia tuvo repercusión en medios locales. Hubo una buena investigación de Ana Brizuela en Salta 12 en donde identifico que hubo un error en el edicto que se publico en el catastro de Cachi cuando en realidad era en el departamento de Molinos que es lindero. Claro es un catastro minero grande que abarca parte de Cachi.

A partir de esto, nos hemos comenzado a reunir para ver que hacer. Creo que muchos veíamos la minería lejos, que siempre nos preocupaba pero que no había llegado hasta aquí. Bueno, con esta noticia, resulta que no era así; la minería ya esta amenazando. Si bien hubo una experiencia hace 12 años de re-intento de explotación de uranio en la zona de Tin Tin que fue rechazada mayoritariamente por el pueblo.

Lo bueno es que la repuesta del pueblo fue un rechazo contundente. Se realizaron reuniones y se auto-convoco una asamblea que se hizo el viernes pasado (4 de noviembre) y fue muy concurrida. Estuvieron presentes muchos actores más allá de las comunidades, organizaciones sociales, partidos políticos incluso concejales y hasta se acercó el Secretario de Gobierno, etc. Las cinco comunidades en Cachi se reunieron y emitieron un manifiesto contra la minería (publicado al final de la nota).

Hace unos días supimos que la empresa comunico el «abandono de mina» que significa que no realizarán la explotación del yacimiento. Esto fue una noticia alegre en cierto punto trajo algo de tranquilidad pero que no detiene el proceso de asamblea que ya arrancó. Y es que todavía no hemos podido ver el expediente y constatar la veracidad de los documentos. Aun que circulo una imagen del documento con la firma del socio gerente y con la fecha y cargo.

Entendemos que el proyecto minero estaba en su etapa inicial. Pero lo preocupante es que tenía un informe de impacto ambiental aprobado por la autoridad ambiental de la provincia.

Viajamos a la ciudad de Salta y no pudimos leer el expediente que aunque esta en estado público había sido enviado a inmuebles para corregir el error de catastro. Esto nos informó la secretaría, que aviso que no nos podía recibir la jueza que se encontraba en una audiencia. Pero supimos que el expediente tenía aprobado este estudio de impacto ambiental. Es decir, que venía avanzando sobre ruedas…

Sabemos que la minería estaba avanzando mucho. Estamos cerca de Salinas Grandes donde la explotación del Litio crece. Pero esta zona que es de valle, hay mucha población que realiza agricultura, hay una tradición de miles de años de practicas agrícolas de los pueblos originarios. Una cultura milenaria que se encuentra amenazada por la minería.

Veremos que estrategia legal utilizar para tratar esta problemática. Por ejemplo, un caso sería realizar un referéndum pero sabemos que esto debería convocarlo la Legislatura provincial pero sabemos que el Gobierno esta alineado con que avance la minería. Estamos viendo que el gobierno actúa para ello. Salta viene triplicando las exportaciones de minería y justamente con el protagonismo principal del oro.

Con la llegado del equipo jurídico tenemos que revisar que delitos ambientales se han producido. En un comienzo se han vulnerado los derechos indígenas de estas comunidades. ya podemos denunciar la falta de consulta de hecho estuvo presente la autoridad tradicional de la comunidad Alumbre y Condor Huasi quienes son poseedores de este territorio y se estuvo pensando estrategias. Desde el vamos la falta de consulta es un derecho especifico que le asiste a las comunidades y fue vulnerado. El entramado jurídico es un enredo en el cual debemos estar constantemente exigiendo que se cumplan estos derechos.

Las comunidades están analizando pedir el revelamiento de la Ley 26.160 al INAI para que lo haga en forma de emergencia. A partir de todas estas averiguaciones a salido a la luz que hay un montón de pedidos de castro mineros en Cachi. Se ha destapado una olla. Las empresas le piden al juzgado de minas la autorización para explotar determinados lugares. Entonces estamos analizando que hacer porque nos enfrentamos a que la explotación minera es un proceso legal que tenemos que enfrentar. Hay grupos de pobladores en todo los pueblos que han venido juntando firmas. Se esta movilizando la zona y debemos pensar estrategias para canalizar la voluntad popular. Que logremos sacar una ordenanza no significa que nos vamos a quedar con los brazos cruzados. El proceso minero tiene luz verde a nivel provincial y ha nivel nacional. Lo popular tiene que hacer sentir su decisión más allá de una ordenanza y sabiendo que iremos contra la voluntad del gobierno provincial.

La minería es un nuevo proceso de despojo de la tierra que hay y no es el primero en el valle. Acá se vienen dando distintos procesos y quizá el minero es el que esta más mediatizado pero el avance de las bodegas (viñedos) viene avanzando en los últimos años en manos de empresarios nacionales y extranjeros. Y es un proceso de despojo más silenciosos y lento. Y también se viene resistiendo».

Fuente: ANRed

Deuda eterna: Fernández y Massa

se reunirán con Kristalina Georgieva

en la Cumbre del G-20

Resumen Latinoamericano, 14 de noviembre de 2022.

Será parte de la gira internacional que inició el presidente, y a la cual el ministro de economía se sumará para participar de la cumbre del G-20 en Indonesia durante el martes y miércoles próximos. Allí, en una reunión bilateral, le pedirán una vez más a la directora del organismo, reveer los sobrecargos de tasas y la posibilidad de nuevos desembolsos, que hasta el momento desde ese organismo rechazan.

El pasado viernes 11 de noviembre, el presidente Alberto Fernández participó de el Foro de París por la Paz, en un panel encabezado por su par francés, Emmanuel Macron. La guerra en Ucrania y sus efectos en la economía mundial fue el tema central.

En esa reunión, el presidente habló de una “cascada de desgracias” que padece la Argentina, en la que incluyó la deuda que tomó Macri –y su gobierno convalidó-, la pandemia, y el conflicto bélico entre EE.UU. y Rusia. Un concepto que Fernández utiliza reiteradamente y que tiene como fin restarle responsabilidad a su administración por la crisis que atraviesa el país.

Ese panel fue parte de la gira que inició el mandatario el miércoles pasado cuando partió desde Buenos Aires, y que tiene como destino principal la próxima reunión del G-20, que se realizará en Bali, Indondesia durante los días martes 15 y miércoles 16. Durante esos días estará también presente Sergio Massa.

El ministro de Economía había sido convocado para viajar desde un inicio como parte de la comitiva presidencial, pero tuvo que quedarse a atender el frente interno, en días de sangría de divisas del Central, canje de deuda local, y el lanzamiento del acuerdo con los empresarios de la industria alimenticia, Precios Justos.

La reunión con la directora del FMI será durante las jornadas del G-20. Allí, Fernández y Massa, le plantearían a Georgieva la necesidad de revisar los sobrecargos de tasas de interés que el organismo cobra a los países que se endeudaron por encima de su participación, y a la vez plantear el pedido de un desembolso extra de Derechos Especiales de Giro (DEGs).

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La guerra en Ucrania y sus consecuencias en la economía mundial, incluida Argentina, serán la base para esos pedidos, que ya fueron hechos varias veces, sin un resultado favorable para el Gobierno, incluso antes de que se firmara el acuerdo con el organismo. Mientras tanto en lo concreto, las exigencias de ese acuerdo se siguen aplicando, con sus brutales consecuencias sociales sobre la mayoría de la población argentina. El prespuesto de ajuste 2023, aprobado en Diputados -y que se espera se apruebe en el Senado en la semana entrante-, es el último capítulo de ese pacto de sumisión con el organismo de crédito.

Además de Massa, a la cita de Bali concurrirán el canciller Santiago Cafiero y la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca; actual candidata de Argentina para competir por la presidencia del imperialista Banco Interamericano de Desarrollo (BID), luego de la remoción de Claver-Carone.

Fuente: Izquierda diario

Convocan a «grito global» en el Día

internacional de Lucha contra los

Abusos Sexuales hacia niñes y

adolescentes

Resumen Latinoamericano, 14 de noviembre de 2022.

Publicamos la Declaración que recuerda que el 19 de noviembre es el Día Internacional de Lucha contra los Abusos Sexuales hacia niñes y adolescentes. Aquí en Argentina, la fecha será recordada con varios actos y movilizaciones. En Buenos Aires, se está convocando a una actividad con festival para las niñeces en Plaza del Congreso, el día viernes 18 a partir de las 16 hs.

Declaración 19N

Desde el colectivo YoSiTeCreo junto a organizaciones y compañeres aquí
adherentes, nos convocamos por noveno año consecutivo en esta jornada de
visibilización y denuncia por el Día Internacional de Lucha contra los Abusos
Sexuales hacia niñes y adolescentes

Sostenemos que la lucha es colectiva y por
eso construimos, en distintos territorios, un Grito Global Contra el Abuso Sexual.
Así nos organizamos en: Córdoba, Neuquén, Chaco, Corrientes, Jujuy, Entre
Ríos, San Juan, San Luis, Catamarca, Misiones, Santa Cruz, Chubut, Santiago
del Estero, Salta, Provincia de Buenos Aires y en Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Somos sobrevivientes, xadres/madres protectoras, profesionales, feministas y
transfeministas. Somos quienes realizamos las tareas de cuidado en nuestros
hogares y en los barrios, somos les trabajadores de los programas y dispositivos
estatales, promotores de salud, educadoras populares y trabajadores de la
educación, que nos abrazamos y construimos un grito de guerra y resistencia
frente a esta aberrante violencia, raíz del sistema heterocispatriarcal, capitalista,
colonial y profundamente adultocéntrico. Porque nuestras cuerpas no son
territorio de conquista, hoy nos encontramos una vez más para gritar:

¡BASTA DE ABUSOS SEXUALES!
LOS ABUSOS SON CRÍMENES DE PODER Y ATENTAN CONTRA LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS NIÑECES Y ADOLESCENCIAS.

Salimos a las calles en cada territorio a denunciar que este delito, silencioso e
invisibilizado, tiene consecuencias equiparables a la tortura y que EL ESTADO
Y LA JUSTICIA SON RESPONSABLES. Los datos oficiales, construidos bajo
una lógica binaria, reconocen que 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños han
padecido estas situaciones, dando cuenta de la existencia de un estado
indiferente y cómplice ante este flagelo. Denunciamos también la vulneración
sistemática de los derechos a las niñeces y adolescencia trans/travestis quienes
están expuestes continuamente a transitar por situaciones de violencia, abuso y
explotación sexual.

Por eso salimos y decimos: LAS NIÑECES NO MIENTEN.
¡LOS ABUSADORES, SUS CÓMPLICES Y ENCUBRIDORES SI!

Salimos a la calle a visibilizar el pacto patriarcal, colonial, racista que aún persiste
en nuestros territorios sometiendo a violaciones sistemáticas, a niñas indígenas
por parte de “criollos blancos”, varones cis terratenientes que tienen vínculos con
el poder político y económico. Nos hacemos eco del llamado del Movimiento de
Mujeres Indígenas por el Buen Vivir y nos sumamos a la campaña para exigir:
¡SOLIDARIDAD PLURINACION! ¡ABOLICIÓN DEL CHINEO YA! ¡BASTA DE
TERRICIDIO Y GENOCIDIO!0 ¡LIBERTAD A LAS PRESAS POLITICAS
MAPUCHES!
VENIMOS DENUNCIANDO EL DESMANTELAMIENTO DEL SISTEMA DE
PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS. EXIGIMOS DE FORMA URGENTE
POLÍTICAS PÚBLICAS DE CALIDAD Y CON RECURSOS QUE ACOMPAÑEN
INTEGRALMENTE LA PROBLEMÁTICA, A TRAVÉS DE EQUIPOSINTERDISCIPLINARIOS ESPECIALIZADOS, EN LOS DISTINTOS ÁMBITOS
QUE TRANSITAN LAS NIÑECES Y ADOLESCENCIAS, ESCUELAS,
CENTROS COMUNITARIOS, CENTROS DE SALUD. EXIGIMOS LA
AMPLIACIÓN Y GARANTÍA DE ESPACIOS TERAPÉUTICOS
ESPECIALIZADOS PARA ACOMPAÑAR A LAS NIÑECES Y ADOLESCENCIAS
COMO ASÍ TAMBIÉN A SUS REFERENTES AFECTIVOS.
EXIGIMOS TAMBIÉN LA IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA, CON
CAPACITACIÓN DOCENTE, DE LA LEY NACIONAL DE EDUCACIÓN SEXUAL
INTEGRAL EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS.

Salimos a las calles PORQUE SON NIÑAS, NO MADRES Y SEGUIMOS EN
CAMPAÑA EXIGIENDO LA EFECTIVA IMPLEMENTACIÓN DE LA ILE/IVE Y
POLITICAS PÚBLICAS PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN TEMPRANA Y
ABORDAJE INTEGRAL DE LAS SITUACIONES DE ABUSO.
Salimos y gritamos: IGLESIA, ESTADO ASUNTOS SEPARADOS. EXIGIMOS
JUICIO Y CASTIGO PARA TODOS LOS CURAS Y PASTORES
ABUSADORES. CONDENA EFECTIVA Y CÁRCEL COMÚN PARA RAÚL
SIDDERS.

Salimos a las calles porque conocemos los obstáculos que nos impone el poder
judicial. Sabemos que, de cada 1000 situaciones de abuso, 100 son denunciadas
penalmente, 10 llegan a juicio y tan sólo 1 queda esclarecida y con sentencia
firme.

Salimos a las calles porque el atravesamiento de clase pone de manifiesto las
desigualdades ante la posibilidad de acceso a la justicia. Son diversas las
complejidades que condicionan aún más las posibilidades de llevar adelante
estos procesos, como las situaciones donde el abusador es el sostén económico
del grupo familiar; cuando las características habitacionales no permiten
garantizar las restricciones de acercamiento; cuando no se cuenta con viáticos
para concurrir a las instancias judiciales y/o se asiste sin tener garantizado el
alimento diario. Decimos que la vulneración de los derechos básicos como
vivienda, salud, educación, alimentación, acentúan la desigualdad de poder
propia de las situaciones abusivas. Entendemos que las desigualdades
sistémicas se configuran a partir de la superposición de diferentes factores
sociales como el género, la etnia y la clase social. Los mínimos o fallidos intentos
de las políticas estatales para reparar esto, no son suficientes y lejos están de
las necesidades reales de atención y acompañamiento

La (in) justicia patriarcal con su política sistemática de descreimiento, genera
procesos de revictimización y culpabilización, que afecta a nuestra salud
mental. Los escasos patrocinios jurídicos y querellas gratuitas, la inexistencia
de peritos de parte gratuito, la ausencia de capacitaciones para les funcionaries
judiciales que aborden la problemática de abuso sexual en las niñeces, las
dilataciones en las investigaciones, los archivos de causas y hasta la práctica
torturante de revinculación forzada con los abusadores; son expresiones de un
modus operandis que termina expulsándonos de la posibilidad de acceder a la
justicia y de reparar nuestras historias.

¡BASTA DE JUSTICIA PATRIARCAL! ¡APARTAMIENTO Y JURY A JUECES Y
JUEZAS QUE TORTURAN A LES NIÑES PROMOVIENDO LA
REVINCULACIÓN CON LOS PROGENITORES ABUSADORES!

¡IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE LA LEY MICAELA CON ABORDAJE
ESPECÍFICO SOBRE ABUSO SEXUAL EN LAS NIÑECES!

Gritamos fuerte: ¡JUSTICIA POR LUNA, CIELO, ARCOIRIS LLUVIA, SOL,
SABIDURÍA, MARTÍN! ¡Y POR TODAS LAS NIÑECES QUE ESTÁN
ATRAVESANDO PROCESOS JUDICIALES!

Salimos a denunciar la cadena de impunidad con la que cuenta este delito
cuando nos estigmatizan, patologizan y criminalizan a quienes somos
madres/xadres protectoras, utilizando argumentos vinculados al inexistente
Síndrome de Alienación Parental (Falso SAP) o el Síndrome de Falsas Memorias
Estas pseudo teorías, sin fundamento científico, tienen un amplio rechazo por la
comunidad académica, organismos de DDHH y organizaciones especializadas
en las infancias quienes, además, expresaron su preocupación por los fallos
judiciales basados en estos argumentos que promueven las revinculaciones
forzadas con los progenitores abusadores, quitándonos a las madres/xadres el
cuidado personal de nuestres hijes. Cuando el SAP inspira las pericias técnicas
o las decisiones de les funcionaries o jueces, se violenta ostensiblemente el
derecho de les niñes y adolescentes a ser escuchades, se les estigmatiza como
“fabuladores” como si pudiera inventar las situaciones que padecen. De este
modo, se les niega así su condición de sujetes de derechos como lo indica la
Convención Internacional de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley
N°26.061. Las creencias conservadoras de numerosos integrantes y equipos del
Poder Judicial no pueden imponerse sobre los derechos humanos y de las
infancias. También denunciamos la persecución y el amedrentamiento que
recibimos les profesionales que certificamos los abusos y nos comprometemos
en el acompañamiento de les niñes.

Salimos enfurecides frente al fallo disciplinador que sentenció a Flavia Saganías
a 23 años de prisión por intentar, desesperadamente, alertar a la comunidad de
la presencia del ya denunciado abusador de su hija. Salimos rabiosas y exigimos:
¡URGENTE ABSOLUCIÓN PARA FLAVIA SAGANIAS! ¡EL FALSO SAP ES LA
HERRAMIENTA PATRIARCAL QUE GARANTIZA LA PEDOFILIA POR ESO
EXIGIMOS SANCIÓN Y APARTAMIENTO A JUECES Y JUEZAS QUE LO
PROMUEVEN!

Salimos a las calles porque sabemos que, en este contexto, es muy difícil romper
el silencio y hablar. La justicia nos impone plazos para formular denuncias, en
vez de contemplar nuestros tiempos y procesos. Quienes somos sobrevivientes
adultes y hemos podido relatar luego de muchos años las situaciones que
atravesamos, nos encontramos con que, a los ojos del Estado, este delito
prescribe. Hoy estamos ante un momento clave en esta lucha. Gracias al
movimiento feminista y transfeminista, hemos logrado impulsar los llamados
“Juicios por la Verdad” que, si bien no tienen efectos penales, abren camino para
la reconstrucción de la verdad de los hechos. Pero también nos encontramos
con que muchas de nuestras denuncias han llegado a la Corte Suprema de
Justicia, evidenciando la necesidad de poner fin a la impunidad, se condeneefectivamente a los abusadores y se respeten nuestros tiempos. Por eso
gritamos:

¡SIN FECHA DE VENCIMIENTO, LOS DELITOS SEXUALES NO
PRESCRIBEN! ¡NUESTRAS CUERPAS TIENEN MEMORIA, TIENEN VERDAD
Y LUCHAREMOS HASTA QUE SE HAGA JUSTICIA!

Salimos a la calle porque el sistema capitalista y la construcción de familia
burguesa como reproducción de vida, como espacio social, ha privatizado la vida
de mujeres, disidencias y niñeces convirtiéndolas en objetos y propiedad. De
esta manera se invisibiliza que el 85% de los abusos son perpetrados por
miembros de la misma o del círculo de confianza de les niñes. Son progenitores,
abuelos, tíos, hermanos, primos y cuñados, casi siempre varones cis, hijos sanos
de este sistema, que imponen su sexualidad adulta arrasando con las
subjetividades, ocasionando desprotección y vulnerabilidad.

Salimos porque los medios hegemónicos de comunicación construyen, desde
una mirada adultocéntrica, discursos que ubican la responsabilidad en quienes
han padecido situaciones de violencia y abuso, al tiempo que sostienen una
mirada de las niñeces como sujetes pasives, obedientes y sin capacidad de
decidir.

Salimos a las calles porque somos las pibas que denunciamos que, en nuestra
organizaciones políticas y sociales, transitamos también situaciones de violencia
y abuso.

Por eso gritamos: NUESTRA REVOLUCIÓN NO DEFIENDE ABUSADORES.
RETUMBA EN CADA TERRITORIO, EN CADA CASA, EN CADA CALLE, EN
CADA BARRIO. RETUMBA Y SE ESCUCHA UN GRITO RABIOSO,
ENFURECIDO, ANCESTRAL Y COLECTIVO.
NOS QUIEREN AISLADES PERO NO SE DIERON CUENTA QUE NOS
HICIMOS MANADA. REBELDES Y DESOBEDIENTES VENIMOS HOY AQUÍ A
EXIGIR, NUESTRA PARTE DE PLACERES EN EL BANQUETE DE LA VIDA.
BASTA DE ABUSOS SEXUALES
AL SILENCIO NO VOLVEMOS NUNCA MÁS.

YOSITECREO/NOSOTRES TE CREEMOS.

Enviar adhesión: yositecreocolectivo@gmail.com

Se realizó en Córdoba la 9na.

Marcha por la salud mental /

Participaron numerosas

organizaciones

(de nuestra corresponsalía), Resumen Latinoamericano, 14 de noviembre de 2022.
Viernes por la tarde, la ciudad de Córdoba repartía sus días en la bipolaridad del calor intenso y las lluvias copiosas. Pese a eso, el clima realizó un paréntesis de extremos y se mantenía agradable. Llegando a la avenida Colón ya se podían escuchar los tambores y los cánticos. Comenzaban a verse carteles realizados a mano, caras pintadas y banderas que identificaban a cada uno de los grupos que se aunaban bajo un reclamo unísono: el derecho a la Salud Mental.

La gente comenzó a agolparse lentamente y sin detenimiento. Alrededor de las 18hs, y bajo la consigna “cumplir la ley es prioridad, hay que invertir en la comunidad”, el Colectivo por el derecho a la Salud Mental daba por comenzada su novena marcha. Tanto las personas que somos usuarias de servicios de salud mental, así como también familiares, trabajadoras, estudiantes, artistas, docentes, profesionales y organizaciones sociales y de derechos humanos marchaban abriéndose camino por el centro de la ciudad. El reclamo es claro; exigir inversión pública en un sistema de salud comunitario, que se traduzca en el acceso efectivo a los derechos humanos, que sea inclusivo e integral. La plena implementación de la Ley de Salud Mental, denunciando también la tortura y muerte de Ezequiel Castro en una institución y la grave situación que atraviesa la provincia en cuanto a presupuesto y falta de políticas que sean útiles.

La ley tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional, reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos
Estos derechos fueron ganados en base a la lucha no solo de aquellos que están, sino también los que no, pero esto es algo que sigue, hay continuar con la lucha para terminar con la hegemonía médica biologicista y capitalista.
Existe una enorme deuda con la salud mental desde hace décadas, tal cual reza el documento de parte del colectivo: “Es urgente la construcción de un modelo de salud mental comunitario que permita el cierre definitivo de los manicomios y que garantice el derecho al acceso a los servicios de salud mental en todo el territorio provincial. Por el contrario, luego de una pandemia, asistimos a un ajuste significativo y al achicamiento del sector. Mientras desde las autoridades provinciales se sostienen adhesiones, al mismo tiempo se ejecutan transgresiones a la misma ley que predican defender.”

Ya al atardecer, como todos los años, se desplegó la gran bandera insignia de la marcha y tanto organizadores como espontáneos se unieron en bailes y aplausos. Pelotas inflables con la leyenda “por los derechos de la salud” rebotaban por los aires cual recital multitudinario. La marcha transcurría en un ámbito pacífico de mucha algarabía, demostrando que se puede reclamar por derechos sin dejar de lado la alegría.
Las cuadras fueron pasando y la columna se detuvo en frente del Patio Olmos donde, video mediante, se realizaron los diversos reclamos bajo la pregunta “porqué marchamos?”.
La marcha fue un éxito y las cientas de personas que asistimos a dar apoyo a un reclamo tan loable como necesario, esperamos que desde el estado provincial haya finalmente una respuesta concreta que dé una solución a esta problemática que cada vez se profundiza más

Tenemos derecho a una buena Ley de

Humedales

Por Maristella Svampa y Enrique Viale, Resumen Latinoamericano, 14 de noviembre de 2022.

La ya fallecida socióloga Norma Giarracca decía que “no hay séptimo día de descanso en la disputa socioambiental”, primero hay que lograr que sancionen la ley, luego que la reglamenten, después que la apliquen efectivamente, y así, continuar en la lucha. En el camino se generan debates en la sociedad, se confronta, se va produciendo masa crítica y se otorgan herramientas concretas para crear una nueva institucionalidad ambiental, para proteger nuestra salud, la del planeta y de nuestros bienes comunes.

El proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Humedales cuenta con un largo y penoso derrotero de 10 años en el Congreso Nacional. En 2013, impulsada por el entonces senador Rubén Giustiniani, se logró una primera media sanción en la Cámara de Senadores, pero luego, al no tratarse, perdió estado parlamentario en la Cámara de Diputados. Exactamente lo mismo ocurrió en 2016 con un proyecto del ex senador Fernando “Pino” Solanas, que también logró media sanción pero terminó cajoneado en la Cámara Baja, sin tratamiento alguno. Así, se echó por tierra un trabajo de años que incluyó decenas de reuniones con especialistas, varias audiencias públicas y el apoyo de un abanico muy amplio de organizaciones, expertos y universidades nacionales.

Ahora bien, si la sanción de la Ley de Bosques (2007) fue difícil pues chocaba directamente con los intereses del agronegocio como también lo fue más tarde la Ley de Glaciares (2010) por el boicot de la gran minería transnacional, la Ley de Humedales se enfrenta no sólo a estos dos lobbies que actúan en conjunto, sino también al de la especulación inmobiliaria, responsable de la destrucción de miles de hectáreas de humedales con sus barrios cerrados y countries náuticos, y caracterizado por sus aceitados vínculos con la más variada fauna política.

Los grandes capitales mineros tampoco quieren una Ley de Humedales ya que no sólo el oro se encuentra en las vegas en la Cordillera sino también el litio en humedales de altura, los salares del norte argentino, que actualmente se explotan de manera incontrolada, con bajísimas regalías y en muchos casos, sin licencia social.

Por su parte, el agronegocio corre permanentemente su frontera sin preocuparse por lo que deforesta con su accionar. Que la Argentina sea uno de los países más arrasados por la expansión de la soja transgénica y otros cultivos, o incluso de la ganadería extensiva, no parece preocuparlos. A esto hay que añadir otro grupo de poder extractivista, el de la producción forestal industrial en las provincias del litoral, sobre todo Corrientes. Esta particular conjunción de intereses contra la Ley de Humedales provoca que las resistencias políticas y mediáticas sean enormes, transversales y busquen clausurar deliberadamente la discusión. En el lenguaje coloquial ya tienen un nombre: son el lobby del fuego.

Ninguno de estos lobbies acepta límite alguno a su actividad extractiva, ignorando tanto el agravamiento de la crisis climática como el reclamo de las poblaciones por proteger los humedales y la salud de las poblaciones. Una de las herramientas que el país necesita para conservar estos ecosistemas tan valiosos es una Ley Nacional de Protección de Humedales que, aunque por sí sola no revertirá mágicamente los procesos destructivos del extractivismo, puede convertirse en un punto de inflexión para empezar a proteger y conservar uniformemente estos ambientes, mucho más en un contexto de emergencia climática.

Con una correcta Ley de Humedales se ordena y organiza el territorio y las actividades productivas sobre ellos. El conocimiento para la conservación de estos ecosistemas, y sus zonas claves, es fundamental en épocas de sequías y para afrontar los eventos climáticos extremos.

Se ha repetido innumerables veces: como ya lo había hecho en 2020, en marzo de 2022, el diputado por el Frente de Todos, Leonardo Grosso (presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados) impulsó y presentó formalmente el llamado “proyecto consensuado”, que recoge los lineamientos de las discusiones y dictámenes en los anteriores debates legislativos y tiene el respaldo de científicos y expertos, y unas 400 organizaciones, entre asambleas, multisectoriales y colectivos de defensa del territorio.

Desde hace tres años, con el incremento de los incendios y el avance del humo sobre las ciudades y campos, una gran cantidad de textos, declaraciones, videos, notas periodísticas, testimonios producidos por organizaciones científicas, sociales y ecologistas y periodistas independientes, dan cuenta de esta situación, denunciando los múltiples impactos no sólo sobre los humedales, sino sobre la salud de las personas, muy especialmente sobre niños, ancianos y personas vulnerables. Cada vez más los relatos cotidianos están poblados de salas de urgencia desbordadas y madres que salen corriendo a llevar a sus niños con alergias y ataques de broncoespasmo. “En Rosario no se puede respirar”, repetía una y otra vez un video que se viralizó hace poco, pero que englobaba la experiencia cada vez más angustiante de muchas ciudades y localidades de diferentes provincias, como Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. “Somos un crematorio a cielo abierto”, decía de modo estremecedor un conocido referente social de Rosario. Los incendios ya arrasaron con casi la mitad del territorio del Delta y el humo llegó incluso a la benemérita ciudad de Buenos Aires, dejando de ser así solo una noticia que afecta mayoritariamente las provincias, y convirtiéndose ahora también en incipiente sufrimiento ambiental capitalino.

Pese a ello, la discusión sobre la Ley de Humedales fue postergada una y otra vez. Hace poco, dieciocho intendentes de la costa santafesina del Paraná impulsaron un comunicado en el que instaban al Congreso a tratar la ley. “No aceptamos más excusas, no más fuego, no más humo, queremos calidad de vida”. Cuando parecía que todo estaba dado para tratar la ley, los gobernadores de las provincias del Norte argentino, desde Washington donde estaban de gira, emitieron una carta pública en la cual afirmaban que no es posible tratar el proyecto de manera “exprés”, y que la regulación propuesta avanza sobre las autonomías provinciales y la propiedad privada. Desde el campo científico más de 2000 investigadores salieron a rebatir las excusas de los gobernadores. El proyecto lleva más de diez años de discusión y los gobernadores lo saben. Tampoco desconocen –porque se les ha dicho y argumentado una y otra vez- que lejos de ser prohibitivo, el proyecto consensuado establece un necesario marco normativo, un ordenamiento territorial, una regulación mínima y uniforme para todo el país.

¿Qué pasó la semana pasada?

El jueves pasado se realizó el postergado plenario de Comisiones en la Cámara de Diputados por la Ley de Humedales. El primero en tomar la palabra fue el diputado Maximiliano Ferraro, del interbloque Cambiemos, quien señaló que ellos están “interesados en los humedales”, aunque en realidad presentaron un dictamen propio que desprotege los humedales, a medida de los lobbies del agronegocio y minero. Empezaba nuevamente el boicot a una buena Ley de Humedales. Poco después tomó la palabra el diputado Jorge Vara, de Corrientes, empresario arrocero, quien relativizó el cambio climático y acompañó el dictamen del diputado Maximiliano Ferraro. Incluso se atrevió a decir que “no lo van a correr con eso de los lobbies…”, cuando lo cierto es que tanto él como Ricardo Buryailde, presidente de la Comisión de Agricultura, son el lobby y deberían excusarse de votar, por conflicto de intereses. Vara fue presidente de la “Asociación Correntina de Plantadores de Arroz”, organización empresarial que se encuentra entre las que no quieren esta ley, porque dicha actividad avanza impactando sobre humedales. Buryailde es empresario ganadero, ligado al agronegocio. En su cortoplacismo voraz, los sectores del agronegocio ni siquiera alcanzan a visualizar que el Cambio Climático ya afecta y afectará aún más sus actividades, que la destrucción de los humedales (grandes reguladores hídricos), impactará de modo negativo en su economía particular.

Los gobernadores peronistas de provincias del Norte argentino, los mismos que semanas atrás -junto al Gobernador Gerardo Morales (Jujuy)- habían obstruido desde Washington el tratamiento parlamentario de la ley, está vez también jugaron un papel protagónico. Presionaron a una decena de diputados/as del Frente de Todos para que se ausenten del plenario, lo cual hizo posible que triunfara como dictamen de Mayoría el proyecto de Cambiemos.

Los diputados ausentes fueron Daniel Brue (Santiago del Estero), Nilda Moyano (Santiago del Estero), Pamela Calletti (Salta), Sergio Casas (La Rioja), Silvana Ginocchio (Catamarca), Anahí Costa (Catamarca), Ana Fabiola Aubone (San Juan), María Graciela Parola (Formosa), Nelly Daldovo (Formosa), Liliana Paponet (Mendoza). Como señaló el naturalista Cesar Massi, justamente la mayoría de ellos/as son representantes de aquellas provincias que los estudios científicos señalan como zonas con “potencial crisis del agua” y “estrés hídrico por aumento de temperatura”. “No se me ocurre peor forma de degradar la democracia” concluyó.

La ausencia estratégica de estos diputados del FdT permitió que avanzara el dictamen de mayoría propuesto por Cambiemos, habilitando así la posibilidad de aprobar una mala ley. Algo, que en el marco de la gran grieta que existe en nuestro país es enormemente llamativo. Esto demuestra el desmedido poder de los lobbies que logran penetrar interpartidariamente, y se alinean en contra cada vez que aparece un proyecto de ley que busca poner mínimos límites a los intereses económicos en nombre de los intereses generales de toda la sociedad y la naturaleza.

Así, hubo dictamen en el plenario de Comisiones en la Cámara de Diputados por el proyecto de Ley de Humedales. Pero quedó como dictamen de Mayoría el de Cambiemos, que no es una buena ley. Y como dictamen de Minoría, el de Grosso, el consensuado, con algunas modificaciones. El final está abierto y puede pasar cualquier cosa, como ya sucedió con la Ley Nacional de Glaciares, que subió al recinto con un dictamen de Minoría, pero finalmente fue aprobada. Por eso, es muy importante la voz de las organizaciones socioambientales y de los expertos y científicos para dar la última batalla en el recinto y se consiga que el dictamen de minoría, el único verdaderamente protector, se convierta en Ley.

Porqué hay que apoyar el dictamen de minoría

Si hacemos un análisis comparativo de los dos proyectos de ley, vemos que las diferencias entre ambos dictámenes son evidentes. El dictamen de Mayoría (Cambiemos) es enormemente regresivo respecto del de minoría (proyecto de Grosso) y pese a que toma –de modo engañoso y estratégico- la misma definición de humedales, flexibiliza notoriamente la protección de los humedales en todo su articulado. Para ir más al detalle comparativo, a diferencia del dictamen de Mayoría, el dictamen de Minoría tiene objetivos más amplios y protectores. Un ejemplo es el principio de no regresión en materia ambiental y, en caso de controversias, resguardar los principios in dubio pro aqua e in dubio pro natura (cuando hay dudas, se debe actuar en favor del agua y de la naturaleza), esto es, en favor de la protección de los humedales.

También el dictamen de Minoría establece como objetivo de la ley “valorar, reconocer y apoyar los medios de vida y producción, tradicionales y de la economía popular, que en un marco de respeto y conocimiento de su entorno se realicen de forma racional y sustentable.”

El proyecto de Minoría establece que el proceso de Ordenamiento Territorial debe incorporarse en un plazo máximo de 2 años desde la sanción de la ley, mientras que el dictamen de Mayoría establece 1 año desde la publicación del inventario, es decir 4 años desde la sanción de la ley (3+1).

El dictamen de Minoría establece una serie de principios fundamentales, que deben ser aplicados: el de Participación, la Co-construcción del conocimiento, la Equidad territorial y social, la Perspectiva del paisaje, la Progresividad, la Variabilidad espacio-temporal de los humedales, el Principio in dubio pro natura e in dubio pro aqua (ya citados), el Principio de no regresión y el Resguardo jurídico ambiental. Todos ellos están ausentes en el dictamen de la Mayoría.

Respecto del monitoreo del Ordenamiento Territorial de Humedales (OTH), sólo el proyecto de minoría establece un Monitoreo, actualización y participación ciudadana en el OTH.

Si bien el dictamen de la Minoría eliminó la moratoria, lo modificó y reemplazó por la vía de la transición. Así, éste establece que en el tiempo entre la sanción de la ley y la inclusión de los humedales en el Ordenamiento Ambiental Territorial (OAT), todas las nuevas actividades (o ampliación de existentes) deberán realizar una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) previa, que deberán cumplir con las previsiones de la Ley (muy importante esto) y las normas locales. En cambio, el dictamen de Mayoría, en el mismo periodo hasta que se apruebe el OTH, permite “cambios en el uso del suelo o la ampliación de las actividades existentes en humedales plenamente reconocidos cuando la Autoridad Competente determine que no se verán afectadas significativamente sus características ecológicas.” Abre así un gran espacio para la discrecionalidad, además de exigir que sean “plenamente reconocidos”, lo que en la práctica nunca ocurre.

La flexibilidad ambiental del dictamen de Mayoría se percibe a la hora de referirnos a las exigencias de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Son más amplias las exigencias de la EIA en el despacho de Minoría que establece que “deberá considerar en todas sus etapas las características e integridad ecológica de los mismos, así como su valor intrínseco y los criterios de manejo racional y uso sustentable que como aplicación de la presente surjan, incorporando el análisis a escala de paisaje y/o regional, a fin de considerar la interdependencia con otros ambientes y posibles impactos acumulativos”.

Pero lo que es fundamental es que el proyecto de Minoría (que el de Mayoría omite) es obligar de modo expreso y taxativo a una EIA previa en el caso de:

“f) La construcción de polders, terraplenes, bordos, albardones o estructuras similares que modifiquen la libre circulación del agua;

g) La construcción de represas o endicamientos de cualquier escala;

c) El movimiento de suelos cualquiera sea su fin;

h) El volcamiento de efluentes, desechos, desperdicios o cualquier otro elemento o sustancia extraños al humedal que pueda resultar contaminante o que modifique sus parámetros estructurales o de funcionamiento;

l) Las actividades que impliquen monocultivos, cultivos intensivos y/o agricultura industrial.

n) El cambio de uso del suelo;

p) La exploración y explotación minera, hidrocarburífera y la presencia de reservas para fracking.“

La mayoría de estas actividades actualmente se realizan sin una Evaluación de Impacto Ambiental previa.

Por otro lado, solo el dictamen de Minoría establece la obligación de realizar una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) previa a la realización de fumigaciones aéreas o terrestres. Esto es muy importante y sería un avance significativo ya que actualmente no existe esta obligación y estas pulverizaciones se hacen discrecionalmente. Esto es omitido en el dictamen de Mayoría.

Asimismo, el dictamen de Minoría obliga a la restauración de las áreas degradadas (estableciendo, además, prioridades en territorio indígena, agricultores familiares, comunidades locales y Cambio Climático) y el de Mayoría solo establece un “apoyo” genérico de la autoridad nacional y sin esas prioridades.

El proyecto de Mayoría incorpora en el Comité Nacional de Humedales, entre otros, al Consejo Federal de Minería, el INTA, el Consejo Federal Agropecuario y elimina a los sindicatos. El dictamen de Minoría crea un Consejo que le da más importancia a la sociedad civil (organizaciones sociales, ambientales e indígenas)

Sólo el proyecto de Minoría establece la “responsabilidad solidaria”, en caso de daño ambiental, de empresas o personas que suscriban estudios con datos omitidos o falsos.

El proyecto de Mayoría pone, insólitamente, como autoridad de aplicación –junto al Ministerio de Ambiente de la Nación- a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Es una ley ambiental, no se explica que tiene que hacer esa Secretaría como autoridad de aplicación, lo que –además- generará una dificultad práctica en su efectiva aplicación.

Estas son algunas de las grandes diferencias. Para resumir, el dictamen de la mayoría, propuesto por Cambiemos, desprotege los humedales, al no reconocer el valor intrínseco de éstos, ni resguardar su integridad ecológica con el objeto de garantizar los numerosos servicios ecosistémicos que los humedales nos brindan. Aparentando ser una Ley de protección de Humedales, en realidad es un proyecto regresivo, y está hecho a la medida de los intereses y lobbies que vienen destruyendo los humedales. En cambio, el dictamen de Minoría, propuesto por Grosso, aun con sus modificaciones del proyecto original, es una propuesta robusta y superadora; con conceptos, instrumentos, principios y herramientas muy concretas para una correcta gestión y protección de estos valiosos ecosistemas.

El desafío actual es lograr que se discuta en el recinto antes de fin de año. A casi 10 años del primer proyecto de ley, ya queda claro que no es a raíz de un problema técnico que no se consigue su aprobación. El triple lobby (agronegocio, minero e inmobiliario) no quiere ninguna regulación, y, ahora, buscarán que no se ponga en debate en el pleno de la Cámara de Diputados para que –una vez más- pierda estado parlamentario. Sin embargo, ha pergeñado un Plan B; aprobar el Dictamen de Mayoría, que propone una ley decididamente menos protectora. Ante esto, la disyuntiva es simple: democracia o lobbies.

En favor de la vida

Hay una escena en la tan comentada película Argentina1985, la única que se repite dos veces (la primera como ensayo, la segunda, como acto en sí). Es sobre el alegato final del fiscal Julio Strassera contra las Juntas militares, que habla del “gesto neroniano”, esto es, el pulgar hacia abajo, para referirse a los militares que decidían por la vida o muerte de los detenidos-desaparecidos. Distancias aparte, la orden de los gobernadores del norte de cajonear la buena ley ya consensuada, que se continuó con la ausencia estratégica de los y las diputadas de esas provincias, habilitando como dictamen de Mayoría la mala ley de Cambiemos, se corresponde con el gesto neroniano, el del pulgar hacia abajo, que decide discrecionalmente en favor de reducir cada vez más la calidad de vida de los argentinos, en tiempos de emergencia climática. Como ciudadanos y ciudadanas de una democracia que pronto cumplirá 40 años, nos merecemos una buena Ley de Humedales, sabiendo que éste no es el final del camino, sino más bien el principio de una regulación justa, racional y equilibrada. Todavía estamos a tiempo de invertir el gesto neroniano, y llevar el pulgar hacia arriba, en defensa del buen proyecto de ley, del dictamen de Minoría, en favor de la vida.

Fuente: El diario

Campaña que evidencia cómo las

corporaciones determinan las

políticas públicas

Resumen Latinoamericano, 14 de noviembre de 2022.

Campaña realizada entre Guillermo Folguera, Biólogo y filósofo. Investigador CONICET y Profesor UBA; y Eli Ferrari, artista e investigadora, llamada «#Auspiciantes» presenta modos en el que las corporaciones determinan las políticas públicas. Cada lunes en sus redes sociales comparten y analizan esta forma de control y pérdida de lo público.

Uno de los mayores intermediarios que hace posible que la financiación de empresas privadas extractivistas sea la que defina políticas públicas estatales es la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC): son agentes del greenwhashing y los negociados “verdes”.

Este organismo dependiente de Global Covenant of Mayors for Climate & Energy viene marcando las agendas de las Secretarías de Ambiente de más de 270 Municipios argentinos, sin que las comunidades participen y sin estar informadas de que esa actividad municipal está financiada por empresas que enferman, contaminan o deforestan.
Como es de suponer, esas acciones “ambientales” que financian estas empresas, jamás interfieren con su estrategia comercial, responsable de las problemáticas sanitarias y socioambientales en estos mismos municipios damnificados, silenciando al gobierno de turno, que también se pinta de verde, aunque esté rodeado de un “desierto verde” de soja.

De esta forma el estado, municipal en este caso, también se transforma en agente: en agente de las corporaciones, a las que les asegura impunidad.

Las Secretarías de Ambiente las publicitan como decisiones propias. Y las empresas lavan su imagen desde su área de “sustentabilidad” corporativa.

La campaña «Forestación RAMCC 2022» ha contado con la financiación de la cerealera estadounidense CARGILL, uno de los mayores responsables de la ampliación de la frontera agrícola que conllevó y conlleva a los gravísimos niveles de deforestación en nuestro país y en la región.
En Argentina ya son más de 35.000.000 de hectáreas las que su biodiversidad ha sido avasallada por la dupla inseparable trangénico/agrotóxico.
La estadounidense Cargill no sólo es proveedor de semillas transgénicas y agrotóxicos, sino que es una de las mayores acopiadoras y exportadoras que fomentan la deforestación en el país y en la región.

Solicitan que quienes tengan material para ampliar esta información se comuniquen a las redes sociales de Guillermo Folgera y Eli Ferrari

El ARA San Juan y una de sus 44

historias

Por Marcelo Valko, Resumen Latinoamericano, 14 de noviembre de 2022.

Se cumple un nuevo y trágico aniversario del siniestro del submarino ARA San Juan
que implosionó el 15 de noviembre de 2017 a la altura del golfo San Jorge cuando
navegaba desde Ushuaia a Mar del Plata. Tenía a bordo 44 tripulantes que perdieron la
vida. Aquí me interesa hablar de la historia de uno de ellos. Tal como expongo en mi libro
“Esclavitud y Afrodescendientes” se llamaba David Melián y era un afrodescendiente
nacido en San Andrés un diminuto caserío santiagueño donde aún habita parte su familia.
Ciertos detalles de su vida merecen conocerse. Allí existe una pequeña lagunita donde los
animales de los lugareños acuden a beber. En su niñez David soñaba con navegar en el mar
y de hecho con gran inventiva se puso a recolectar botellas de gaseosas que ensambló de
alguna manera para fabricar una balsa con la que intentó surcar la lagunita imaginando la
inmensidad del océano que, aún sin leer el poema Tengo del afrocubano Nicolas Guillén lo
imaginó con claridad “gigante, abierto, azul, democrático”. En esa aguada barrosa aprendió
a nadar. Para alguien proveniente de un origen muy humilde en un paraje polvoriento con
más cabras que personas, no era sencillo cumplir semejante propósito más aun habiendo
nacido en el interior de una provincia periférica y por colmo mediterránea. Sin embargo.
este pequeño David enfrentó al terrible Goliat de la adversidad del destino. Sin ninguna
opción de trabajo, la marina fue su salida laboral pero también la posibilidad de navegar y
conocer otros horizontes. El fatídico día en que se perdió el ARA San Juan David Melián
era el encargado del manejo del sonar, es decir, Melián era los ojos del submarino.
Como fue notorio tras la pérdida de la nave lo único que se le ocurrió hacer al
entonces gobierno del presidente Macri fue patear el tema para adelante pero era imposible
esconder la desaparición de la nave y de toda su tripulación. En una antología del
mamarracho lanzaron una lluvia de fake news sus trols fabricaron toda clase de idas y
vueltas, partes confusos, la verdad disfrazada y mentiras flagrantes anunciadas en la prensa
con cara de congoja o de esperanzas imposibles según el caso que llevó aún más desamparo
al dolor de las familias de los marinos. Demoraron la búsqueda desorientando versiones
disparatadas desde que la nave navegaba a la deriva en superficie hasta que habían sido
rescatados por un pesquero asiático al que no le funcionaba la radio y tantas otras que los
mandos filtraban a la prensa amiga haciendo gala de la clásica ficcionalidad nacional.

Intentaron desmemoria mediante que la sociedad hundiera en el olvido al submarino. Que
lo hundiera por segunda vez. Entre tanto los familiares golpearon puertas, recorrieron
infinidad de medios periodísticos, se encadenaron en Plaza de Mayo, otros hacían una
vigilia en el apostadero naval de Mar del Plata mientras una comitiva acudió al Congreso
solicitando ayuda obligando a las autoridades a reaccionar en tanto eran espiados por los
aparatos del Estado. Estos familiares a quien lo único que le interesaba era la suerte de sus
seres queridos y no estaban para favorecer o estar en contra de unos u otros comenzaron a
advertir la presencia de personas extrañas que preguntaban por ellos y que de pronto
cuando eran recibidos en los despachos la gente del gobierno sabía de antemano lo que les
iban a preguntar… Finalmente ubicaron los restos del submarino como por arte de magia en
el lugar donde debía estar de acuerdo a su última ubicación justo el último día cuando
finalizaba el rastrillaje del buque oceanográfico Seabeded Constructor contratado al efecto
despertando todo tipo de sospechas sobre la posibilidad de un lucrativo negocio
económico…
Hace unos meses Mauricio Macri fue absuelto por la causa del espionaje a los
familiares del ARA San Juan en una tragedia en la que hay más oscuridades y sospechas
que certezas incluso sobre el negociado que representó la búsqueda. “Hacete amigo del juez
/ Pues siempre es bueno tener/ Palenque ande ir a rascarse” acierta a decir Hernández en el
Martín Fierro y el ex presidente Macri es cultor de la LLAMADA Patria Judicial y así fue
absuelto del caso de espionaje a los familiares del submarino.
Tener presente que uno de los tripulantes era una afroargentino, sirve también para
tener presentificar una realidad que se intentó invisibilizar a como dé lugar. Nuestro país
está en Latinoamérica mal que le pese a las elites que miran otro mapa y buscan historia
oficial mediante que no es más que un elocuente racismo barnizado inventar un país a
espaldas de la Patria Grande. Pero la verdad asoma en cada detalle, asoma si uno se dispone
a ver lo que mira como el caso del submarinista de ascendencia afro o admitir por ejemplo
que Argentina tiene tres veces más originarios que Brasil de acuerdo a los censos
respectivos y que el 25 de mayo de 1810 de cada cuatro porteños, uno provenía de Congo,
Angola o Mozambique. La memoria existe y navega en las profundidades de la sangre
heredada como un punto de fuga donde emerge otra realidad, la verdadera. La historia
oficial repite como una letanía que todos los argentinos venimos de los barcos, en este caso

es cierto, solo que el barco que trajo a los ancestros del submarinista Melián no vino de
Europa sino de África y no llegaron en busca de empleo sino esclavizados como
combustible biológico como sucedió con millones de personas en el resto de los países de
la región para utilizarlos en tierras usurpadas a los indígenas. Y aunque dado el fallo
absolutorio que es repudiado por la querella integrada por los familiares y que de alguna
manera hunde al submarino por segunda vez, la historia es larga. http://marcelovalko.com
Es lento, pero viene…

Para el jefe de gobierno, la situación

de los residentes es «consecuencia

de la inflación que está fuera de

control»

Resumen Latinoamericano, 14 de noviembre de 2022.

Reclaman junto a concurrentes de CABA una mejora salarial que les permita sueldos de al menos unos 200 mil pesos. Fernán Quirós no los recibe, y el jefe de gobierno porteño atribuyó el conflicto a la inflación del país.

Tras cincuenta días de lucha y 19 días de paro, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió por primera vez al conflicto que mantiene la Ciudad con 5000 residentes que, junto a concurrentes, reclaman mejores condiciones laborales y mayores ingresos salariales, en un sector donde el promedio de los sueldos no supera los 120 mil pesos. El mandatario de CABA se desligó de la situación y lo atribuyó a una «consecuencia de la inflación que está fuera de control».

«No tengo duda que el conflicto con los médicos y residentes se va a encauzar –sostuvo–. Este es un problema más que surge como consecuencia de la inflación que está afuera de control».

El sector reclama un aumento de al menos el 100%, para llegar a sueldos que ronden los 200.000 pesos, teniendo en cuenta además su importancia clave en el sistema público de salud. Como lo gráfico Tiempo este domingo, representan casi el 50% de las plantas de trabajadores y trabajadoras de los hospitales porteños, y realizan las mismas tareas que médicos de planta, a pesar de cobrar sensiblemente menos. En la mayoría de los casos el sistema se sostiene en ellos apelando a su «vocación».

Lo que dijo Rodríguez Larreta

Rodríguez Larreta afirmó que los funcionarios porteños están «poniendo todo el esfuerzo y trabajando» para «poder arreglarlo lo antes posible». Sin embargo, desde el propio Ministerio de Salud que conduce Fernán Quirós remarcaron que primero el sector debe levantar la medida de fuerza, para después sentarse a dialogar.

«Nos habíamos comprometido a una mejora salarial durante el año y la veníamos cumpliendo de forma exacta. Con una inflación que crece todos los meses es imposible, no hay acuerdo que valga –continuó Larreta en diálogo con CNN Radio–. Somos muy cuidadosos de todo lo que nos comprometemos a estar seguros de que lo podemos financiar y hoy en la Argentina, con la inflación, no sabés qué va a pasar el mes que viene», argumentó el jefe de gobierno porteño, sin dar detalles acerca de cuál sería la propuesta de mejora salarial.

«Estamos haciendo todo el esfuerzo y no tengo ninguna duda de que lo vamos a arreglar. Es muy difícil, jamás hemos tenido un problema así. El problema es que hacés un acuerdo y 3 meses después te quedas corto. Estoy seguro de que vamos a acordar ahora, pero si seguimos con un 7% de inflación mensual dentro de 3 meses te volvés a quedar corto», justificó Larreta, y completó: «Siempre el salario la corre desde atrás y nosotros valoramos enormemente el esfuerzo que hacen los médicos y los residentes. Tuvieron una actitud heroica durante la pandemia y por eso estamos trabajando para recomponerles el sueldo y lo vamos a hacer».

Lo curioso es que, bajo esa justificación, debería existir el mismo conflicto en el resto de las jurisdicciones, y además en la misma Ciudad debería ocurrir el mismo problema con el resto de trabajadores públicos, proveedores y contratistas, aunque en estos casos el Ejecutivo porteño suele emitir regularmente en el Boletín reconsideraciones y modificaciones presupuestarias ajustadas en inflación. De hecho, el presupuesto 2023 contempla aumentos significativos en rubros alejados de las demandas sociales, como el de la pauta y publicidad que el año próximo «aumenta en términos reales un 171%», según denunciaron desde el Frente de Izquierda.

El diputado porteño del Frente de Todos (FdT) Juan Manuel Valdés realizó un análisis del presupuesto, contraponiéndolo con el reclamo de aumento salarial que exigen residentes y concurrentes de los hospitales públicos porteños: “Mejorar el salario de los residentes médicos cuesta $ 365.500.000. Esto representa solo el 0,016% del presupuesto porteño del año que viene de $ 2 billones, o el 3,88% del gasto en Publicidad y Propaganda de CABA”. Y graficó: “si Larreta resignara 15 días de pauta oficial en 2023, solucionaría el conflicto con 4300 residentes médicos que cobrarían el salario digno que reclaman”.

El presupuesto 2023 de CABA contempla ajuste en Salud y Educación de casi un 23%, estimando una inflación del 60%. La diputada porteña Claudia Neira (FDT), afirmó: «Después de 15 años de gobierno seguimos con un presupuesto sumamente injusto que no ataca los grandes problemas que hoy tiene la Ciudad».

Fuente: Tiempo Argentino

Kelly Olmos lo confirma: no hay

«guerra contra la inflación»

Por Marcelo Mache, Resumen Latinoamericano, 14 de noviembre de 2022.

La ministra de Trabajo Kelly Olmos sorprendió con sus declaraciones sobre la inflación y el Mundial, manifestando que “después seguimos trabajando con la inflación, pero primero que gane Argentina”. La ministra intenta bajarle el precio a una situación que afecta particularmente a los trabajadores y que implica un negocio para el Estado y las patronales. La suba de los precios permite una mayor recaudación ya que la mayoría de los impuestos se basan en el consumo. Los salarios y gastos quedan por detrás.

Para el gobierno nacional parece no haber ningún apuro en solucionar los problemas que afectan a la clase trabajadora. A pesar de que nos encontramos en el terreno de operaciones de la “guerra” anunciada por Alberto Fernández contra la inflación, la ministra Olmos parece haber decretado un “cese al fuego” mundialista.

El gobierno no solo no ha logrado detener el avance de la inflación sino que es uno de los principales beneficiados, haciendo pasar un ajuste menos llamativo, que implica licuar el gasto público y pagar salarios de la administración central por abajo de la suba de los precios o con actualizaciones tardías.

Se trata de un mecanismo del cual se vale el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que atribuyó la rebelión de los trabajadores de la salud a la inflación a pesar de que eso le permitió una mayor recaudación y por lo tanto los fondos para satisfacer el reclamo de residentes. Los gobernadores de las provincias, de todo signo y color político, actúan en el mismo sentido.

Que existen expectativas mundialistas que atraen la atención de la población no lo niega nadie, pero mucho mejor sería asistir al proceso con la seguridad de culminar el año en una mejor situación económica y no haber perdido contra la inflación que se proyecta en el 100% de aumento para todo el 2023.

Queremos el pan y también la copa

El proceso inflacionario está haciendo estragos en la población trabajadora, con el deterioro de los ingresos de los trabajadores ocupados y desocupados. El gobierno viene de recibir una nueva manifestación de los trabajadores desocupados y precarizados justo por el recorte de los alimentos en tiempos de desempleo, pobreza, indigencia y recortes en la asistencia social.

El bono ultralimitado de indigencia del gobierno apenas disimula esta política, que también se ve reflejada en una caída generalizada de los salarios y, por ende, en el consumo de las familias trabajadoras.

Lo de Kelly Olmos es una provocación contra los trabajadores. Ella asumió tras el deterioro de su predecesor, Claudio Moroni, por el conflicto salarial de los trabajadores del Sutna, quienes obtuvieron una conquista salarial luego de una intensa campaña del gobierno y las patronales para imponer una paritaria de ajuste, y en medio de la crisis interna del oficialismo.

La primera intervención de la ministra fue para descalificar el reclamo salarial del gremio de Camioneros, por considerar que “no es solidario con los que quedan atrás”, responsabilizando a los trabajadores y sus reclamos salariales por la inflación.

Kelly Olmos intenta confundir a la población, como si ella jugara en el “equipo contra la inflación”, pero lo cierto es que el gobierno se beneficia de la misma. Para ella el Mundial es solo una tapadera: su enunciado no es genuino.

El gobierno llega a la previa del Mundial habiendo hecho de todo para rezagar los salarios contra la inflación, arbitrando para las patronales e incluso intentado terminar el partido, como ocurrió durante el conflicto del Sutna cuando el Ministerio de Trabajo quiso imponer la propuesta patronal.

La política fondomonetarista que aplica el gobierno es inflacionaria y tiene ganadores y perdedores, entre estos últimos los trabajadores. La verdadera lucha contra la inflación y el ajuste se juega en el terreno de los trabajadores, por paritarias libres y una recomposición general de los salarios, como reclaman los trabajadores residentes y concurrentes y de la salud en general, docentes, estatales, precarizados y de los distintos gremios privados.

Fuente: Prensa Obrera

Andalgalá: Quieren llevar a juicio

al ambientalista Aldo Flores

Resumen Latinoamericano, 14 de noviembre de 2022.

El día 4 de Noviembre de este año, el fiscal Martín Camps envió una nueva cédula de notificación a nuestro compañero Aldo, para comunicarle la elevación a juicio por la causa APOLOGÍA DEL DELITO.
El 4 de Julio comenzó esta nueva persecución a Aldo, con la notificación de un supuesto nuevo delito del que se lo acusa y que habría tenido lugar el 25 de Junio.

Posteriormente Aldo es imputado por APOLOGÍA DEL DELITO, en calidad de autor, cuya es de hasta un año de prisión efectiva.
Este lunes 14 de Noviembre de 2022, el grupo de abogadxs de Aldo presentaron una oposición al requerimiento de elevación a juicio, ya que no hay pruebas que justifiquen esta denuncia, realizada por Claudio Cedrón, quien administra una página de facebook, donde replica noticias de medios con perfil pro-minero. Los testigos de la causa son miembros de la fuerza policial, que incluso aportaron fotos de nuestra caminata, clara muestra de la persecución y espionaje que sufrimos.
Esta es una más de las causas armadas por el fiscal Camps para seguir criminalizando nuestra protesta social, y de esta manera disciplinar a quienes nos ponemos al frente de esta lucha.