En cuatro meses, Massa ajustó un
16,2% a costa de los trabajadores
Por Sofia Hart, Resumen Latinoamericano, 23 de noviembre de 2022.
La profundización del ajuste comprendida en el plan Massa se hizo sentir en los últimos cuatro meses, donde el gasto primario se redujo un 16,2% real en términos interanuales. Un rumbo que tiene por objetivo arribar a la meta fiscal del FMI a costa de las necesidades sociales y que es respaldado por todas las fracciones del Frente de Todos.
Los datos se desprenden del último informe de ejecución presupuestaria elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso. Allí también se registra que el gasto corriente en los primeros diez meses acumuló una caída real del 1,2% respecto al mismo período del año anterior. Como vemos, mientras el gobierno refrita medidas inocuas para controlar los precios, se vale de la escalada inflacionaria a la hora de licuar el gasto y consagrar el ajuste fondomonetarista.
Entre enero y octubre, lo devengado para el pago de la Asignación Universal por Hijo retrocedió 12,4% interanual en términos reales. Por su parte, entre octubre 2021 y octubre 2022, la ejecución presupuestaria para jubilaciones cayó 0,8% real y se derrumbó hasta un 59,8% en el caso de las políticas alimentarias. A todas luces, Massa afila sus tijeras contra los sectores más vulnerables, cuyos ingresos ya estaban sumamente deteriorados. En ese sentido, el aumento del 40% en el monto de la Tarjeta Alimentar y el acotado “refuerzo alimentario” son aspirinas que no lograrán ocultar esta política hambreadora.
Como no bastaba con aumentar las partidas por debajo de la inflación, el oficialismo recortó nominalmente el dinero destinado a políticas alimentarias en octubre, en un 24,4% interanual. Esto, cuando crece el número de personas que no llegan a cubrir la canasta básica alimentaria (CBA) y su costo trepa por encima de la inflación; sin ir más lejos, en el mismo mes que se podó la asistencia alimentaria, la CBA aumentó 9,5%. En definitiva, el gobierno es absolutamente responsable de engrosar los índices de indigencia en el país.
Cabe destacar que en los primeros diez meses del año también perdió contra la inflación el presupuesto ejecutado para inversión real directa (obra pública fundamentalmente) en un 4,1%, lo cual acicatea la recesión económica y va a contramano de la necesidad de crear puestos de trabajo genuino. Por otro lado, en octubre, las trasferencias a las universidades retrocedieron un 6% real de una año a otro, configurando un verdadero golpe a la educación pública. En dicho mes, las transferencias a las provincias se desplomaron 33,6% real en relación a octubre del año pasado, reducción que los gobernadores compensarán aplicando impuestazos sobre el bolsillo popular, tal como lo habilita el nuevo Consenso Fiscal aprobado en el Congreso.
Se trata de una orientación que cuenta con el apoyo de todas las vertientes de la coalición oficial, incluida el kirchnerismo, que no solo no denuncia semejante ataque a la población trabajadora, sino además, la propia Cristina Kirchner se encarga de elogiar, en cada aparición pública, la gestión de Massa en Economía, quien ha actuado como catalizador del ajuste del Fondo. Lo anterior ilustra a un peronismo completamente alejado de las aspiraciones del pueblo, empeñado en hundirlo en la pobreza en función de complacer al capital financiero.
Por eso, debemos enfrentar en las calles este programa ajustador y construir un movimiento popular que, en lugar de exhibir las banderas de sus verdugos, levante las del socialismo, las de su propia clase.
Fuente: Prensa obrera
Córdoba: ambientalistas inician
acciones judiciales por el desmonte
Por Jesús Cabral, Resumen Latinoamericano, 23 de noviembre de 2022.
Aseguran que se trata de una zona de máxima conservación, tal lo estipula la Ley Provincial 9814 de Bosques Nativos.
En la provincia de Córdoba, las topadoras trabajan desde hace meses en la construcción de una obra vial de ensanchamiento y mejoramiento en el camino de Achiras Arriba, que llega hasta el departamento de San Javier. Pobladores del lugar denuncian que están destrozando el poco monte que queda, que usurpan partes de terrenos y que destruyen alambrados de los vecinos.
Por todo ello, la organización autoconvocada Guardianes del Monte inició acciones sumariales judiciales para proteger los recursos naturales. Denuncian también que varias personas que intentaron proteger los árboles molles fueron brutalmente golpeadas por varios hombres que «se movían en camionetas 4×4 blancas». Aseguran que la respuesta que recibieron de Vialidad Provincial fue incompleta y sin el plano de la obra.
«Los daños ambientales se producen mayoritariamente en el marco de la incompetencia, negligencia, falta de consideración de la problemática ambiental por parte de los funcionarios públicos que deberían proteger y cuidar el ambiente en el que vivimos», sostuvo Luis Jiménez, miembro de la organización Guardianes del Monte Traslasierra, a Tiempo. Continuó ahondando en la necesidad de que «la sociedad, o al menos parte de ella, reflexione sobre que hay que poner un límite a quienes cometen delitos contra la naturaleza».
A partir de estas consideraciones, decidieron informar a la comunidad «que la semana pasada nuestra organización ha iniciado actuaciones sumariales judiciales», aseveró Jiménez y continuó: «Lo hacemos por las diferentes irregularidades que producen severos e irreversibles daños ambientales en la ejecución de las obras viales».
En Córdoba, desde el pasado 1° de agosto Vialidad Provincial está realizando una obra y desmonte en el camino vecinal T281-17, que corre desde el paraje Los Molles, Las Rosas, hasta el paraje San Onofre, pedanía de San Javier y Yacanto. El mismo pasa por los parajes Rodeo de Piedra y Achiras Arriba.
Estas actuaciones sumariales judiciales que iniciaron las personas que protegen a los árboles están a cargo de la Fiscalía de Segunda Nominación de Villa Dolores, de la doctora Eugenia Ferreyra. Por su lado, la organización Guardianes del Monte es patrocinada por la abogada Eugenia Scarpinello.
«Queremos comunicar a la sociedad que en ningún momento nos hemos opuesto a la realización de las obras viales», sostuvo Jiménez y apuntó: «Solo exigimos que se realicen con la debida supervisión ambiental y que informen a los vecinos en el marco de los procedimientos administrativos para la obra pública como corresponde».
«Por el momento, no podemos revelar la tipificación de los delitos denunciados, tampoco la identificación de los actores denunciados ni la naturaleza de la documentación probatoria», explicó. Las acciones judiciales iniciadas se basan en la información recibida «por parte de la dirección de Vialidad Provincial en respuesta a la resolución legislativa 36147/R/22, que fue gestionada por la legisladora Noelia Agüero de la Izquierda Socialista–FIT Unidad».
«Habiéndonos constituido como querellantes, convocamos a los y las vecinas de Traslasiera a sumarse en calidad de testigos», contó Jiménez. También aseguró que «quienes lo hagan tendrán identidad reservada para que no sufran represalias de ningún tipo».
Cabe destacar que la organización Guardianes del Monte presentó ante la Justicia cordobesa declaraciones testimoniales de testigos oculares del desmonte, fotografías y vídeos. Muchos vecinos fueron afectados por las expropiaciones compulsivas de partes de sus terrenos y destrucción de sus alambrados perimetrales con las topadoras.
Foro Ambiental contra el desmonte
El Foro Ambiental Traslasierra -línea fundadora- con la activa colaboración de la organización Guardianes del Monte, hizo un llamado público a las demás organizaciones ambientales de Traslasierra. Porque se trata -aseguran- de una zona de máxima conservación, tal lo estipula la Ley Provincial 9814 de Bosques Nativos. Además, advierten que en Córdoba queda menos del 3% de los bosques nativos en alto valor de conservación.
«Debemos pensar entre todos nuevas estrategias y protocolos para la defensa de los bienes comunes, acciones necesarias y urgentes, como indica la reciente modificación de la Ley 10.208», explicó Jiménez. También dijo que esta norma alerta a «militantes y la opinión pública sobre la necesidad de generar decretos y disposiciones que protejan a la naturaleza».
«En Traslasierra se vive un momento histórico en cuanto al cuestionamiento del poder político regional, ahora más que nunca por lo que está pasando con la obra vial», aseguró Jiménez. Continuó explicando que los vecinos cuestionan «el modo en que se realiza el proyecto de asfaltado y la violencia sobre los pobladores».
«Utilizan una metodología mafiosa que es protagonizada por personajes locales que al amparo del poder político actúan en el territorio», denunció el guardián del monte. Agregó que estas personas que menciona tienen «causas penales en su contra por agresiones, pero no tienen investigación visible, no sabemos nada, ni una resolución recibimos por parte de la justicia, de este modo permite que continúen cometiendo delitos contra las personas y la naturaleza».
«Nosotros adherimos al pedido de expulsión del titular de la legislatura departamental de San Javier, para que sea sometido como cualquier otro ciudadano a los procedimientos legales correspondientes», reclamó Jiménez. Finalmente, expresó: «Basta de encubrimientos, privilegios y manejos oscuros para quienes tienen el poder político».
Denuncias por violencia
Este diario -cuando empezó la obra vial- tuvo acceso a videos que muestran a los maquinistas junto a varios hombres que se movían en camionetas 4×4 blancas, agrediendo verbal y físicamente a los y las vecinas que intentaban impedir que destruyan árboles molles.
Por todo ello, realizaron varias denuncias ante la Fiscalía N°1 de Villa Dolores a cargo de la doctora Lucrecia Zambrana. Las víctimas ya declararon, pero aún no tuvieron una respuesta por el ataque y los golpes que sufrieron.
Fuente: Tiempo argentino
En Córdoba la Multisectorial ganó
la calle para rechazar el presupuesto
de ajuste y el ataque que sufren los
sectores populares
Resumen Latinoamericano, 23 de noviembre de 2022.
En respuesta a un gobierno y una Legislatura que da la espalda a las demandas populares y cuya única preocupación es ajustar para cumplicar con el pacto firmado a nivel nacional con el FMI, la Multisectorial cordobesa se movilizó este miércoles. Numerosas personas respondieron al llamado de las organizaciones sociales y denunciaron en las calles las políticas entreguistas de los gobernantes.
Este es el comunicado leído al finalizar la marcha:
Compañeras/os, desde esta Multisectorial contra los intentos de criminalizar la protesta social:
Rechazamos el presupuesto de ajuste de la legislatura, al servicio de las necesidades impuestas por el FMI
Rechazamos tambien los intentos que legisladores de Hacemos por Córdoba y Juntos por el Cambio, de profundizar el ataque a la clase trabajadora, los sectores populares, las mujeres y disidencias, la juventud y las organizaciones de desocupados y ambientales, cercenando, regimentando, sancionando y criminalizando el derecho a la protesta social.
Que se retiren los proyectos!
Que se ataquen las causas por las que se dan las movilizaciones y no las consecuencias.
Mientras esta movilización se desarrolla, los legisladores de HxC, JxC entre otros, se aprestan a hacer votar el presupuesto de ajuste al servicio de las necesidades de un gobierno que pone como prioridad, cumplir con los intereses de los organismos de crédito internacional. En el presupuesto que se está discutiendo, está contemplado el acuerdo llevado adelante con el Fondo Monetario Internacional y a eso se atañe. Es ajuste al pueblo trabajador, y todo tipo de concesiones a las grandes empresas.
El presupuesto muestra una de las facetas del gobierno de Schiaretti que en estas últimas semanas no solo ha mostrado ser un gobierno ajustador, sino un gobierno corrupto, montado en un marco de impunidad como se demostró con el reciente crimen vial cometido por Oscar González, que dejo el saldo de una trabajadora docente fallecida y dos adolescentes en gravísimo estado como Alexa y Marina. Y que demuestra la complicidad del conjunto de los partidos del régimen político cordobés que más allá de discursos enfrentados, pretenden garantizar la impunidad de Gonzalez y todo lo que con su crimen salto a la vista.
Pero mientras el gobierno intenta cerrar estos procesos a la espera que la agenda electoral del 23 ocupe las noticias, el pueblo trabajador, las organizaciones de desocupados y de jubilados, las mujeres y disidencias, las organizaciones ambientales salen a luchar. En solo una semana vimos como la rebelión en la salud llego a córdoba donde se impuso un paro y una movilización histórica por salario que pone en jaque las políticas de ajuste de Schiaretti. También salió la docencia que rechazando la mísera oferta salarial. Se movilizo atrás de las familias de las victimas del crimen vial reclamando justicia. Se movilizaron en el dia del orgullo, las disidencias exigiendo presupuesto. Y las organizaciones de desocupados siguen manifestándose por trabajo genuino y universalización de los planes.
Mientras todos estos reclamos crecen, el gobierno intenta aprobar un presupuesto de mayor ajuste que solo traerá más pobreza, mas desocupación y fundamentalmente, más conflictividad social. En el presupuesto que se discute, no solo que no están contemplados los reclamos del pueblo trabajador y los sectores populares, sino que contrariamente, plantea un nuevo ajustazo al salario, a los presupuestos de educación, salud, vivienda. Por eso, desde esta multisectorial exigimos la caída de este proyecto de presupuesto y que se brinden las partidas necesarias para que la crisis que atraviesa el país, no sea pagada por los que siempre la venimos pagando.
Pero es sabido que las y los luchadores no dejaran pasar el robo al poder adquisitivo que este gobierno intenta profundizar. Al contrario, las protestas vienen creciendo y la dinámica será al avance de la movilización. Por eso, el ajuste va a acompañado de intento de avance en la criminalización de la protesta y la represión.
En el mes de septiembre ingresaron a la legislatura, por parte de legisladores de HxC y de Juntos por el Cambio proyectos que intentan prohibir y sancionar la protesta social. Proyectos que cuentan con el respaldo de la cámara de comercio y otras entidades patronales. Con ellos, se busca impedir la protesta social, otorgándole más poder a la policía del gatillo fácil y a la justicia y cercenando un derecho elemental, garantizado en la propia constitución nacional. Todas las argumentaciones dadas por los sectores que apoyan estos proyectos parten de contenidos netamente reaccionarios. Son leyes de represión, discriminatorias y clasistas en su cara más violenta, autoritaria, ilegal, inconstitucional, antidemocrática.
No es casual que estos proyectos se presenten en el marco de un proceso de crecimiento de la pobreza, de la indigencia, de una inflación que carcome todo poder adquisitivo. En Córdoba, al igual que en el país, hay movilizaciones por las más diversas causas: El 50% de la población es pobre o indigente, el 60% de la niñez está condenada a la extrema pobreza, las y los trabajadores pierden derechos y tienen salarios miserables, o directamente no tienen salario y cobran planes de miseria. Los jubilados son condenados a la indigencia y les robaron el 82% móvil, los defensores ambientales son perseguidos, encarcelados e imputados por luchar contra la destrucción con la que el gobierno beneficia al negocio inmobiliario y al agronegocio. Continúan los femicidios y transfermicidios y todo tipo de violencias contra las mujeres y disidencias. Para lxs jóvenes hay palos y balas policiales en lugar de educación, comida, salud y vivienda.
¿Cómo se pretende que los trabajadores no se manifiesten cuando el salario y las jubilaciones no alcanzan para lo básico y las paritarias son a la baja? ¿Cómo quieren que las mujeres y disidencias abandonemos la calle si cada día nos matan por el solo hecho de serlo? ¿Cómo los activistas ambientales van a dejar de reclamar si el poco monte que tenemos arde bajo el fuego del agronegocio? ¿Cómo van a sacar a las organizaciones sociales de la calle si la pobreza y la indigencia avanzan y cada día se hace más difícil para los sectores populares poner un plato de comida en la mesa? La legislatura debería responder esos reclamos, y no impulsar la represión.
Estos intentos de acallar la protesta social aparecen como respuesta a un clima de malestar social creciente, para el cual los partidos de casi todo el arco político no pretenden dar soluciones de fondo y para el pueblo trabajador, sino para el sector al cual responden, que es el empresario.
La Legislatura de Córdoba debería abocarse a tratar proyectos que den respuesta efectiva a las causas por las cuales se generan estas movilizaciones, que no son otras que la miseria creciente y los abusos de poder, dejando de lado estos intentos represivos que buscan atacar las consecuencias. El gobierno de Schiaretti, junto a la oposición de Jx C con esto, buscan eludir su completa responsabilidad en la situación de crisis creada, y endilgarle esa responsabilidad a las y los trabajadores que se movilizan; promoviendo el enfrentamiento social entre trabajadores.
Pero es precisamente la protesta social el único mecanismo con el que contamos para que sean escuchados nuestros reclamos y como tal es una herramienta fundamental para la defensa de la democracia y los DDHH. Incluso en él están contemplados principios y garantías que han sido reconocidos en la Constitución Nacional y en innumerables Pactos y Tratados Internacionales, y por lo tanto conforman materia en la cual no pueden intervenir legislativamente.
Todos los derechos conquistados por los trabajadores y los sectores populares, se lograron por la vía del derecho democrático, humano y constitucional a la protesta. Es justamente por eso que lo atacan. Debemos defenderlo, en las calles y con la más amplia unidad de todas y todos los que exigimos el inmediato retiro de ambos proyectos y la puesta en debate de aquellos temas que realmente afectan a la población.
Denunciamos también que la avanzada contra el derecho constitucional a la protesta está enmarcada en un accionar sumamente discriminatorio y persecutorio. Detrás de los proyectos presentados el gobierno y los funcionarios públicos están desarrollando toda una cobertura política y social que busca criminalizar y estigmatizar a las personas que se manifiestan. Con estos proyectos se le otorga más poder a la policía del gatillo fácil de Córdoba. Y también a un poder judicial corrupto, que mete preso al ladrón de gallinas y protege la impunidad de los ladrones de guante blanco como quedó demostrado nuevamente en el accionar de la justicia, la policía y los políticos patronales ante el crimen vial cometido por el presidente de la legislatura y dirigente del PJ Gonzalez
La conflictividad social se soluciona resolviendo los problemas de fondo, garantizando empleo pleno y en condiciones dignas, acceso a vivienda, destinando los presupuestos necesarios para salud, educación, programas para combatir la violencia de género, planificando el desarrollo urbano e industrial democráticamente, y no amedrentando a quienes reclaman las falencias en estas y otras áreas.
Llamamos a organizarnos, partiendo de la más amplia unidad de todos los sectores que repudian este ataque, conformando una multisectorial para defender en las calles el derecho a la protesta: llamamos al pueblo trabajador ocupado y desocupado, a las organizaciones sindicales, a los movimientos sociales, de Derechos Humanos, de Jubilados, de mujeres y disidencias, centros de estudiantes, los defensores ambientales, etc. para enfrentar esta política represiva que busca profundizar el ajuste contra el pueblo trabajador.
Envio:ResumenLatinoamericano
La jueza hizo el anuncio cuando la querella insistía con su desplazamiento
Atentado a Cristina Kirchner: Capuchetti se corrió y delegó la instrucción en el fiscal Rívolo
Los abogados de la vicepresidenta demostraron ante el juez Bruglia que la magistrada se quedó con los autores materiales y "no hubo voluntad" de ampliar la investigación para conocer quienes incentivaron a la banda de Los Copitos a realizar un magnicidio.
A casi tres meses del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, la jueza María Eugenia Capuchetti, cercada por su recusación y durísimos cuestionamientos de la querella, decidió delegar la investigación en la fiscalía de Carlos Rívolo. La jugada de la magistrada buscó anticiparse a la decisión que debe tomar el camarista Leopoldo Bruglia —uno de los nombrados a dedo por Mauricio Macri—: si la aparta o la confirma en el caso. Ella lo presenta como un “remedio procesal” ante los reclamos de CFK que ponen en duda su imparcialidad, y para evitar futuras nulidades. Lo llamativo es que en el mismo escrito da señales de que no haría lugar al pedido de los abogados de la vicepresidenta de cambiar la imputación contra Nicolás Carrizo y agregar el delito de asociación ilícita en función de chats que están hace un mes en la causa y el juzgado no había analizado. Ante Bruglia, los abogados de CFK insistieron en que la jueza sea apartada de la causas por haber frenado distintas líneas de investigación.
La magistrada tomó la decisión luego que se realizara la audiencia en la Cámara Federal, en la que los abogados de la querella, Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira, expusieron las razones del planteo de la vicepresidenta ante el juez Bruglia. "La duda se transformó en algo insoportable, no podemos tolerar que la jueza siga siendo la jueza de esta causa. El mensaje que se da para afuera es que matar a una Vicepresidenta no tiene costo", afirmó Ubeira.
Aldazabal se ocupó de desarrollar punto por punto los motivos para desplazar a Capuchetti. Por caso, dijo que no dio explicaciones sobre la ruptura de la cadena de custodia del celular de Fernando Sabag Montiel, del que se perdió información, y argumentó que avanzaría sobre las responsabilidades penales de la Policía Federal una vez que la fuerza termine el sumario interno. También le criticaron la falta de explicación de la jueza respecto a la demora en la detención de Brenda Uliarte y en especial que mandó a la Federal a hacer escuchas directas sobre ella y los agentes tardaron tres horas en llegar al locutorio para hacerlas. Es más, Uliarte casi se escapa: la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) avisó que se estaba moviendo pese a que debía haber efectivos de la Federal donde estaba ella.
Los abogados subrayaron que Capuchetti rechazó la mayoría de las medidas pedidas por la querella y no agotó las líneas de investigación que aparecieron. Por caso, citó a Hernán Carrol, referente de Nueva Centro Derecha, con un mes de demora. Le retuvo uno de sus dos celulares por insistencia de Aldazabal y resulta que estaba todo borrado. El nombre de Carrol había aparecido en el expediente cuando Sabag Montiel le mandó un manuscrito a la jueza diciendo que él era la persona que debía designarle una abogado particular y pagárselo. El dirigente, con lazos con Patricia Bullrich y Javier Milei, tenía contacto con Uliarte.
Capuchetti tampoco quiso investigar la pista que lleva a Gerardo Milman, quien parecía conocer que podía haber un ataque a CFK, tal como lo puso en un proyecto de resolución donde dijo que sería un auto atentado. Un testigo lo escuchó decir, dos días antes del ataque, “cuando la maten voy a estar camino a la costa”. Pero Capuchetti se puso del lado de Milman y denunció, a pedido suyo, al testigo. No quiso secuestrar los celulares de las colaboradoras que estaban con él, que llegaron a mentir al testificar y hasta contradecirse. Una de ellas es Carolina Gómez Mónaco, la exmiss argentina 2012 que estuvo a cargo de la Escuela de Inteligencia del ministerio de Seguridad de Bullrich cuando Milman era su vice.
Frente a Bruglia, los abogados de la querella también aludieron a los chats de Carrizo que aparecieron en un análisis de su celular que hizo un órgano del Ministerio Público Fiscal y que el juzgado no investigó. En uno de ellos, Carrizo escribió apenas unas horas después del intento de magnicidio contra CFK: "Recién intentamos matar a Cristina”. A raíz de estos datos, la querella pidió que Carrizo fuera indagado como “coautor” del intento de magnicidio (está procesado como partícipe) y que se incorpore la figura de asociación ilícita y se amplíe por esto la indagatoria de todos, ya que las conversaciones mostraban que querían alterar el orden público y forzar la renuncia de Alberto Fernández.
Lo sorprendente fue que la jueza se refirió a este tema en su presentación al delegar la investigación. Sobre el nuevo material y el pedido de imputar a Carrizo junto a Sabag y Uliarte por asociación ilícita dijo que se plantea "la necesidad de realizar modificaciones a imputaciones o calificaciones legales que han sido consolidadas ya por los correspondientes autos de mérito que han adquirido firmeza, y debe señalarse, no fueron en su oportunidad impugnados por los presentantes”.
"Si queremos enderezar el rumbo de este asunto, apartar a Capuchetti podría ser el comienzo", dijeron los querellantes ante el juez Bruglia.
"Escupían, pegaban y amenazaban con matarlos"
El fiscal acusa a Jonathan Morel por incitar a la violencia contra Víctor Hugo Morales y Victoria Donda
El pedido del fiscal Gerardo Pollicita incluye también al otro dirigente de Revolución Federal Leonardo Sosa. Quiere ampliar sus indagatorias para interrogarlos también por las amenazas a dirigentes del oficialismo y por "incitar a la violencia colectiva".
El fiscal Gerardo Pollicita pidió volver a tomarles declaración indagatoria a los fundadores de la agrupación de extrema derecha Revolución Federal, Jonathan Morel y Leonardo Sosa esta vez por amenazas e incitación a la violencia colectiva, y al segundo también por resistencia a la autoridad. Hasta ahora habían sido procesados por el juez Marcelo Martínez de Giorgi por el delito que castiga a quien organiza o forma parte de agrupaciones que buscan “imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”.
Lo que sucede es que la fiscalía incorporó a la investigación otros ataques y acciones contra: las legisladores porteñas del Frente de Todos Claudia Neira y Maia Daer; al periodista Víctor Hugo Morales y el canal C5N; la titular del Instituto contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (Inadi), Victoria Donda; y los manifestantes que iban a apoyar a Cristina Fernández de Kirchner en las inmediaciones de su vivienda en Recoleta. La fiscalía y el juzgado ya señalaron que los hechos y discursos de violencia protagonizados por este grupo neonazi colaboraron con un clima que tuvo su máxima expresión en el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner.
El papel de Morel y Sosa
"La actividad descripta con relación a Sosa y a Morel debe ser contextualizada en la propia de la agrupación que organizaron con el objetivo prioritario aunque no único de que ´los kirchneristas tengan miedo de ser kirchneristas´, combatiendo las ideas políticas de determinados dirigentes, principalmente la coalición política Frente de Todos", dice el dictamen de Pollicita al que accedió Página/12. Aclara que las víctimas señaladas "vieron afectada su tranquilidad y libertad".
El delito más grave, el de incitación a la violencia, prevé de tres a ocho años de cárcel (incitar a otros a que cometan delitos dolosos mediante el uso de violencia contra terceros); el de amenazas prevé de seis meses a dos años de cárcel, a quien "hiciera uso de amenazas con el propósito de alarmar o amedrentar a una o más personas". En la actividad de Revolución Federal, como es conocido, se combinan las expresiones, en especial de Morel y otros participantes, en charlas en vivo en Twitter Spaces donde había hasta 2000 personas conectadas, pero también con sus protestas violentas en la calle. De hecho, en su charlas todo el tiempo se llaman a "pasar a la acción".
Según Pollicita tanto Morel como Sosa tuvieron conductas específicas que "alteraron la tranquilidad de la sociedad, generando despliegues de organismos de inteligencia y refuerzos de seguridad de funcionarios" y se habían iniciado expedientes que se acumularon. Respecto de Morel recuerda algunas de sus expresiones reiteradas alentando a la persecución, al odio y la violencia como "los vamos a perseguir, van a tener miedo de salir a la calle. El robo y la corrupción en Argentina van a dejar de ser gratis, por las buenas o por las malas....!" Como reveló este diario, todas las conversaciones en redes sociales en agosto, el mes previo al atentado, están plagados de frases como "hay que matarlos", en alusión a la vicepresidenta, al presidente Alberto Fernández, Máximo Kirchner, otros dirigentes y los manifestantes que daban apoyo a CFK. Los integrantes de Revolución Federal, dice el dictamen, actuaban con "conocimiento y voluntad". También se reitera la advertencia de "vamos a prenderles fuego", reforzada por el símbolo que usan, el de una antorcha. Mientras tanto, los investigadores siguen trabajando sobre la pista financiera ligada a Caputo Hermanos.
Los nuevos hechos bajo la lupa
- Amenazas a las legisladoras porteñas del Frente de Todos el 4 de julio ultimo, Claudia Neira y Maia Daer. Fue cerca de la Casa Rosada, cuando se hacía la jura de Silvina Batakis como ministra de Economía. Morel estaba en el grupo que les gritaba: "ladronas", "hijas de puta" "¿Por qué no se van del país, putas, putas de mierda?" "¿Por qué no se van con Cristina?" "Chorras, hijas de puta, garcas, los vamos a prender fuego, uno por uno", gritaba particularmente Morel. Daer también contó que alguien la escupió. También las filmaban. Morel las identificó como kirchneristas. Daer dijo que "saber que nos tienen identificadas me generó temor". Hay filmaciones y videos de la Ciudad. Los testigos contaron que "estaban sacados, a todos los que salían de la Casa Rosada los corrían, los insultaban, les escupían y les pegaban con el cartel que tenían en la mano".
- Incitación a la violencia colectiva por parte de Morel contra el periodista Víctor Hugo Morales y el canal C5N, el 19 de agosto de este año desde la transmisión por Twitter Spaces que Revolución Federal llamó "No llegan a diciembre" . Morel mostró un tramo de un programa donde estaba Víctor Hugo y comenzó a lanzar insultos y amenazas hacia él y hacia el canal. "Está hablando este viejito hijo de puta ¿Cómo se llama este, el que relato la salida del vuelo por las vacunas? El hambre de poder, a ver qué dice este hijo de puta..." Luego Morel hace una especie de puesta en escena, donde se escucha a Víctor Hugo y Morel le responde. En un momento dice: "lo cagaría a trompadas hasta desfigurarle la cara que... viejo pelotudo". "Prendería fuego C5n. Y agradecé que somos sesenta, si somos doscientos, pero desaparecen, uno por uno desaparecen". "Ahora tienen terror, cuando les decís que los odiás", se relamía.
- El 22 de agosto, en medio de una pelea originada ante una provocación de Revolución Federal contra gente que iba a dar apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, Leonardo Sosa forcejeó con un policía que quiso frenarlo cuando intentaba tirar trozos de vallas contra los manifestantes y, según el agente, le lanzó golpes de puño. Estaba Morel también, pero se hizo a un lado.
- La amenazas a Victoria Donda, la titular del Instituto contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo, que Morel profirió en las inmediaciones de la Quinta de Olivos el 25 de agosto en una manifestación. Se filmó en Instagram diciendo: "Donda vas a tener el mismo destino que tus viejos hija de puta, le vas a ir a tocar el timbre a San Pedro antes Donda, la concha tuya" . El video tuvo 3400 reproducciones. Donda declaró que estaba atemorizada, que parte de su temor era que alguien del grupo atentara contra ella o su familia y que además Morel está vinculado con personas "decididas a cometer cualquier tipo de delito".
Eran pocos y apareció Eduardo
Sorpresivo apoyo de Duhalde a la candidatura provincial de Iguacel
El ex presidente elogió al intendente de Capitán Sarmiento. En Juntos por el Cambio hay otros cuatro dirigentes del PRO que buscan alcanzar la gobernación bonaerense en las elecciones del 2023.
“Hay que cuidar a Iguacel porque es un gran intendente”. La frase de Eduardo Duhalde en medio de los actos por el 25º aniversario de la creación de la bandera bonaerense arrojó leña al fuego interno del PRO, que por estas horas delibera la mejor forma de elegir un candidato a la gobernación para las elecciones del 2023.
Desde Juntos por el Cambio, son al menos cinco los dirigentes amarillos con ganas de suceder a Axel Kicillof. Mientras Diego Santilli y Cristian Ritondo, parecen correr con la ventaja que brindan los apoyos de los grandes referentes nacionales del espacio, desde atrás levantan la mano Iguacel, el ex ministro de Gobierno, Joaquín De la Torre, y el intendente de Lanús, Néstor Grindetti. Mientras que los últimos se referencian en la figura de Mauricio Macri, mientras que Iguacel forma parte de la tropa amarilla que se encolumnan detrás de la titular del partido, Patricia Bullrich.
Luego de estar reunido durante dos horas con el ex ministro de Energía de la Nación que desde el 2019 gobierna el municipio de Capitán Sarmiento, Duhalde aseguró que Iguacel “viene con buenos antecedentes” y dijo que lo ve con condiciones para convertirse en el próximo gobernador de la provincia. "No sé qué le deparará Dios, pero tiene condiciones”, afirmó.
Tras ser intendente de Lomas de Zamora y luego de un breve paso por la vicepresidencia de la Nación, Duhalde gobernó la Provincia de Buenos Aires entre 1991 y 1999. Durante su gestión, en 1997, se creó la bandera provincial y se firmó el decreto que nombra a Capitán Sarmiento “Cuna de la Bandera Bonaerense”. Esa fue la excusa del encuentro de Duhalde e Iguacel, que sumó fotos y declaraciones a la interna bonaerense del PRO, que suma nombres y retrasa definiciones.
Washington firmará el convenio de intercambio de información financiera
Argentina podrá conocer y gravar los fondos fugados a EE.UU.
Tras el acuerdo técnico alcanzado en septiembre, en las últimas horas se concretó el acuerdo político entre gobiernos y en los próximos días se firma el convenio
Los gobiernos de Argentina y Estados Unidos ya alcanzaron el acuerdo político para la firma de un convenio de intercambio "masivo" de información financiera referida a cuentas de residentes de cada uno de esos países en el otro, pero que no estén declaradas en el de origen. Se estima que hay por lo menos u$s 100 mil millones de residentes argentinos depositados en Estados Unidos sin declarar ante la AFIP. Y este acuerdo le permitiría por primera vez al fisco acceder a esa información. No descartan en el gobierno que, a partir de este avance concreto, se le dé vía libre al proyecto del senador Oscar Parrilli (tiene media sanción en el Congreso) para gravar con un impuesto especial a los capitales fugados que se detecten, y con esa recaudación crear un fondo para el pago de la deuda con el FMI.
El acuerdo "técnico" entre los dos organismos que serán firmantes del mismo, la AFIP por Argentina y la IRS (Internal Revenue Service) por Estados Unidos, había sido rubricado el 1º de septiembre pasado, pero faltaba el acuerdo político entre gobiernos.
En su visita a Washington a mediados de septiembre, el ya ministro de Econommía, Sergio Massa, inició las gestiones respectivas ante el consejo de seguridad nacional de Joe Biden. Mantuvo largas reunones con Mike Pyle (asesor económico internacional) y Jake Sullivan, consejero de seguridad, y un profuso intercambio de informes para justificar la necesidad de acceder a la valiosa información que podía brindarle Washington a la AFIP. Con el mismo fin, se reunió en esa misma visita con David Lipton, actual colaborador de Yanet Jellen en el Departamento del Tesoro y, como ex número dos del FMI, acompañando a Christine Lagarde, hombre clave en el otorgamiento del crédito a Mauricio Macri por u$s 57.000 millones en 2018.
Fuentes oficiales anunciaron que el aval del gobierno de Biden acaba de ser otorgado y, entre la próxima semana y la siguiente, el convenio de intercambio de información será suscripto. Posiblemente, en Buenos Aires. La periodicidad del informe es anual y sería el 30 de septiembre de 2023 el día en el que la Argentina reciba el primero, con los estados de cuenta de argentinos en Estados Unidos al 31 de diciembre de este año.
Se trata de fondos fugados en distintas épocas, que al no estar declarados evaden Ganancias y Bienes Personales ante el fisco argentino. Pero, además, les cabe la sospecha de alguna ilegalidad fiscal en su origen, porque si salieron del país sin ser declarados, es más que probable que sean activos obtenidos con similar opacidad. Por eso, el mecanismo habitual de los blanqueos es requerir la regularización de los fondos no declarados para que empiecen a tributar desde ese momento, pero ignorando o "perdonándole" una investigación sobre el origen de los mismos.
El proyecto de ley de Parrilli, para gravar los capitales fugados, postulaba ampliar las facultades del Banco Central para investigar, incluso pudiendo reclamar el levantamiento del secreto bancario, pero este punto no prosperó. Por su lado, Cristina Fernández de Kirchner había pedido la "colaboración" de Estados Unidos para detectar los capitales, como una forma de promover que quienes se fugaron la plata de los préstamos, sean quienes le paguen la deuda al FMI.
El convenio con el IRS (Servicio de Ingresos Internos de EE.UU.) podría empezar a habilitar ese camino. Aunque los detalles se conocerán recién cuando se presente el convenio, se estima que Argentina recibirá los listados de cuentas con los nombres de sus titulares (quizás con el beneficiario final), los saldos en cuenta a fin de año (quizás también los movimientos en el año) y algun dato adicional que permita el entrecruzamiednto de información con otros registros.
Se habla de intercambio "masivo" porque la información llegará por listado completo, a diferencia de la información que puede suministrar el IRS en la actualidad, limitada a los casos de pedidos especiales e individualizados.
Estados Unidos posee convenios de intercambio de información con otros países de la región, pero no forma parte del convenio de "transparencia" de la OCDE (Organizacióm para la Cooperación y el Desarrollo Económico). A través de este último, Argentina recibe anualmente desde 2017 información sobre cuentas en el exterior pero no de todos los países.
Según estimaciones privadas, Estados Unidos es el país que concentra mayor proporción de capitales fugados de Argentina. Le siguen España y Uruguay. No son pocos los profesionales que estimaron que Washington no podrá dar información completa, ya que distritos como Delaware funcionan como un país dentro de otro, un paraíso fiscal impenetrable. Funcionarios argentinos aseguraron que no será así, que no habrá distritos excluídos del informe.
Los datos que mira el ministro para trazar la teoría de la desaceleración de precios
¿Por qué Massa está tan seguro de que bajará la inflación?
Se jugó políticamente por una contracción de un punto bimestral y "un 3 adelante" en abril del 2023. El IPC núcleo, los acuerdos de precios y la inflación mayorista.
El ministro de Economía, Sergio Massa, sigue sosteniendo la teoría de que la inflación retrocederá un punto por bimestre y se animó, inclusive, a ponerle un número al corto plazo: aseguró que la idea es que en abril del 2023 el IPC del INDEC "empiece con un 3", lo que representaría una baja a la mitad de los volúmenes actuales. La pregunta, en este escenario, es ¿por qué Massa está tan seguro de que la inflación bajará?, si la última parte del año suele ser la más caliente en materia de aumentos y no hay señales tan concretas para apostar por una reducción fuerte cuando en octubre se frenó la baja.
Su juego tiene además una particularidad. Dejó de dar los datos en off y los explicitó el fin de semana en una entrevista periodística. Eso, a priori, es un valor político que lo compromete en el objetivo, pero a la vez lo expone ante un posible fracaso del pronóstico. Naturalmente, en esa exposición pública también hay un intento de instalación de expectativas, que no es un juego esteril cuando al lucha es tan compleja. De aquí surgen las preguntas de qué ve Massa que no ve el resto. Página I12 habló con funcionarios de su entorno, con los que el ministro comparte diagnósticos, y hay datos que usan para explicar su convencimiento en un sendero a la baja.
Los equipos de Massa vienen mirando la evolución de la inflación núcleo y la mayorista como puntas de tendencia. El índice de octubre arrojó, según su entorno, dos datos positivos: el primero, que la inflación "núcleo" fue de 5,5 por ciento, por debajo del 6,3 por ciento de la general. El segundo dato, que la inflación mayorista del mismo mes llegó a 4,8 por ciento, lo que en principio significa menos presión a los costos para las empresas y debería redundar en un IPC más bajo. De estos cálculos surge la especulación de Massa de que la inflación de noviembre "tendrá un 5 adelante". Según supo este diario, ese 5 podría ser un máximo de 5,5 por ciento.
A ese fenómeno, en Economía le suman que habrá un impacto positivo de los acuerdos de precios en alimentos y textiles, pero no sólo en lo que refiere a los congelamientos (de hilados en fábrica y la canasta de 2000 productos de Precios Justos) sino más que nada a la pauta del 4 por ciento de aumento máximo mensual que se autorizó para los 30 mil productos que no están a precio fijo hasta marzo. Eso, estiman, cortará la inercia en alimentos. De hecho, algunas consultoras privadas, como LCG, han marcado que el avance del precio en alimentos de la última quincena de noviembre es el más bajo desde junio.
La pulseada por los Justos
Al día de hoy, Precios Justos, herramienta clave para estabilizar, tiene adentro a 109 empresas, pero sólo 33 firmaron por ahora el acuerdo, que es la llave para que se active el mecanismo de otorgamiento de permisos y dólares para importar. Eso responde a que hay más de 60 que están con papeleo legal y controles internos para poner la rúbrica.
Mientras tanto, ya se están poniendo los productos en las góndolas a dos ritmos: miuy activo y con señalética en el AMBA, y más lento en el Interior del país. La app para celulares, en tanto, tiene ya 120 mil descargas y en breve lanzarán una campaña publicitaria para lograr más adeptos. Esa herramienta es la que le permite al consumidor controlar la existencia y precios de los Justos.
Las empresas, en general, están cumplimiendo, pero sigue un lobby político de la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal), que preside Daniel Funes de Rioja, para hacerle llegar al secretario de Comercio, Matías Tombolini, una nota con algunos desacuerdos con el congelamiento. Algo de pirotécnia sobre un compromiso ya tomado. Quizás charlen algo de eso este jueves Massa y Funes, en el almuerzo que organiza el Cicyp -organismo que preside Funes- en el Hotel Alvear.
En la otra esquina, el mayor desafío que enfrenta el Gobierno es que los precios se cumplan en comercios barriales, dado que no están incluídos. Eso depende de que los mayoristas de CADAM les vendan a precios congelado a los almacenes y chinos, pero eso es solo una parte, dado que muchos comercios chicos compran a distribuidoras, que no son parte del acuerdo con el Gobierno.
Pierden más los que menos tienen
El éxito del plan de baja de inflación de Massa es central para evitar que los sectores medios bajos y bajos sigan perdiendo por goleada en la disputa entre los precios y sus ingresos. Un informe de la consultora privada Ecolatina reportó que en el año los precios de los alimentos "subieron por encima del nivel general".
En este contexto, entre enero y septiembre, el rubro de alimentos y bebidas trepó 69,5 por ciento, superando por en 3,4 p.p. al promedio (66,1 por ciento). "Esta dinámica tuvo su correlato asimismo en el valor de las canastas básicas, que en idéntico lapso crecieron 72 por ciento (CBA) y 68 por ciento (CBT)", señalan.
Y los datos más importantes son que esta evolución se vio reflejada -levemente- "en la distribución de la inflación por decil de ingreso: mientras que en el 10 por ciento más rico de la población el avance de los precios promedió el 65,8 por ciento, en el 10% más pobre fue 1,6 puntos mayor (67,4 por ciento).
Fuente:Pagina12
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