LESA HUMANIDAD
Querellantes reclaman el comienzo del juico de la causa de La Fronterita en Tucumán
Se trata de un expediente en el cual se analizan crímenes cometidos contra 68 personas en las instalaciones de esa empresa azucarera ubicada en el departamento de Famaillá, en el sur de la provincia y que tiene como procesados a exdirectivos de esa firma.
POR SOFÍA ROMERA ZANOLI
21-11-2022
Querellantes y víctimas reclaman el inicio del proceso oral y público por los delitos de lesa humanidad que se cometieron en el Ingenio La Fronterita de Tucumán, una causa sobre complicidad civil y económica con el terrorismo de Estado, elevada a juicio desde hace casi un año y que aún no tiene una fecha definida para el inicio del debate.
"La causa está elevada a juicio desde diciembre del 2021 y estamos con muchas idas y vueltas. Se presentaron muchas dificultades para que el juicio se concrete", le contó a Télam Rodrigo Scrocchi, de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), que es querellante en esta investigación.
El ingenio La Fronterita fue fundado en la década de 1920 por la familia Minetti, que establecieron un ingenio en las afueras de la localidad de Famaillá, y en el predio de la empresa funcionó un centro clandestino de detención ilegal que comenzó a operar durante el Operativo Independencia, en 1975, y que continuó activo en la última dictadura cívico militar.
"Tuvimos muchos palos en las ruedas, pero gracias al empuje de los organismos de derechos humanos, la querella, el acompañamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, sumado al trabajo de la fiscalía pudimos sostener esta causa y llegar a esta instancia", agregó Scrocchi.
El abogado de Andhes sostuvo que si bien aún la Justicia no fijo una fecha para la realización del debate oral y público "esperamos que esté próximo a realizarse".
"En la agenda del Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán no parece estar contemplada la realización de los juicios por delitos de lesa humanidad que se encuentran pendientes. Esto se da en el caso de La Fronterita, pero también en la causa Jefatura III", explicó el letrado.
La megacausa Jefatura III, que tiene 30 imputados entre policía y militares por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad efectuados entre 1975 y 1983 en perjuicio de 237 víctimas, fue elevada a juicio antes que La Fronterita.
En abril de este se llevó a cabo una audiencia de preparación preliminar, sin embargo, hasta el momento el TOF no determinó una fecha para el comienzo del debate de Jefatura III.
Scrocchi consideró además, que con este tipo de demora que se dan no solo en Tucumán, sino también a nivel nacional y pareciera que con este proceder "el Poder Judicial está jugando a favor de la impunidad biológica de los acusados".
"Está claro que estas causas molestan a los poderes económicos y políticos, es por eso que juzgar a empresarios por su posible complicidad en la comisión de los más aberrantes delitos y violaciones a los derechos humanos es un desafío latente e histórico en los procesos de Memoria, Verdad y Justicia", apuntó el abogado querellante.
La causa conocida como La Fronterita tiene como imputado a los exdirectivos del ingenio: Alberto Figueroa Minetti, quien era administrador de la empresa; Eduardo Butori, Alfredo Martínez Minetti y Fernando Cornú De Olmos.
Los cuatro acusados están procesados como cómplices de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad con apremios y vejaciones, torturas, abuso sexual, violación y homicidio en perjuicio de 68 personas, en su mayoría trabajadores del ingenio, referentes sindicales y residentes de las colonias cercanas al ingenio.
Durante la investigación se logró determinar que a partir del Operativo Independencia (que tuvo lugar en Tucumán, desde principio de febrero de 1975 hasta el 24 de marzo del 1976) que el empresariado a cargo del ingenio cedió sus instalaciones para que funcione un centro clandestino de detención, aportó la logística para que allí se instale una base militar y puso a su disposición vehículos y dio información a los militares para que llevaran adelante los secuestros y homicidios.
Los hechos que sucedieron en ese lugar comenzaron a ser investigados a partir del informe "Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad", realizado en 2015 por la Secretaría de Derechos Humanos junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), pero el expediente estuvo varios años paralizado.
Según este informe, la empresa azucarera "creció y se benefició de las dictaduras de Juan Carlos Onganía y la que se instauró en 1976, dos regímenes militares bajo los cuales el ingenio aumentó su producción y multiplicó sus ganancias sobre la base de la persecución gremial y la represión".
En mayo de 2019, el juez Federal de Tucumán, Daniel Bejas dictó la falta de mérito en favor de los imputados, que después fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
Pero dos años después, por orden de la Sala IV de Casación Penal, la Cámara Federal tucumana debió dictar un nuevo fallo y procesó a los cuatro exdirectivos, revirtiendo la decisión de Bejas.
La Secretaría de Derechos Humanos, junto a las otras querellas y la fiscalía, consideraron entonces que la etapa de instrucción estaba agotada y solicitaron la elevación a juicio oral, que fue concedida en diciembre de 2021.
Entre las víctimas de La Fronterita se encuentra Fidel Jacobo Ortiz, quien se desempeñaba como trabajador del surco y ocupaba el lugar de secretario general dentro de un gremio azucarero del ingenio. Ortiz fue secuestrado en 1976 cuando tenía 37 años y continúa desaparecido.
Jacobo era el tercero de ocho hermanos, nació La Aguada, un paraje también conocido como Colonia II y "comenzó a trabajar pelando caña a los 18 años".
"Siguió los pasos de su padre. Él también trabajaba en la caña" contaron a Télam sus hijos Hortensia, Gaspar y Fidel, cuya querella está representada por Andhes.
Sobre el secuestro de su padre recordaron, "el primero fue en marzo del 76, dos militares entraron de forma tranquila a nuestra casa".
"Fue alrededor de las 23. Estaba oscuro, no teníamos luz en esos momentos. Se lo llevaron y lo soltaron 43 días después por el lado de El Manantial, cerca de la casa de una tía que lo ayudó a volver. Estaba todo hinchado y tenía marcas en las muñecas de cadenas. Lo habían torturado", contaron sus hijos.
El 14 de junio del mismo año, también en horas de la noche, un grupo integrado por alrededor de seis militares volvieron a la casa de la familia Ortiz.
"Comenzaron a golpear la puerta, lo insultaban, yo me puse delante de mi padre para que no se lo lleven, pero igual empezaron a golpearlo", recordó Fidel.
El hijo de Jacobo continuó: "Lo sacaron de la casa y una vez afuera hicieron un tiro, pero no sé qué habrá pasado. Eran militares, después vi a tres de ellos y los reconocí, estaban en La Laguna", nombre de la base militar que se instaló en el ingenio de La Fronterita.
"Fue una noche muy triste y negra para nosotros. No volvimos a saber nada de él, mi mamá salía temprano a la mañana y volvía tarde a la noche tratando de encontrarlo, nunca dejó de buscarlo hasta que falleció", lamentó Hortensia.
Después de la desaparición de Jacobo, los dueños del ingenio le pidieron a la familia que se vayan de la casa donde vivían, que la empresa le cedía a los obreros cuando ingresaban a trabajar.
"Nos dijeron que no querían en el lugar a nadie que haya tenido problemas con los militares, nos tuvimos que ir. Los hijos nos fuimos a distintos lugares de la provincia a buscar trabajo y ayudar a nuestra madre", evocaron con tristeza.
Con el tiempo la familia se dio "cuenta de que los mismo dueños y directivos del ingenio fueron los que hicieron que los militares se lleven a mi padre".
"Mi papá siempre defendía a los trabajadores y a sus amigos. Vivía para ellos. Siempre les estaba resolviendo los problemas que tenían dentro del ingenio, peleaba por los sueldos y cuando había despidos recamaba que los reintegren. Muchos lo venían a buscar a nuestra casa para pedirle ayuda. Esa era su lucha. "Queremos saber dónde está, poder traer sus restos al cementerio para poder ir a visitarlo", concluyeron ambos hermanos.
"La causa está elevada a juicio desde diciembre del 2021 y estamos con muchas idas y vueltas. Se presentaron muchas dificultades para que el juicio se concrete", le contó a Télam Rodrigo Scrocchi, de Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), que es querellante en esta investigación.
El ingenio La Fronterita fue fundado en la década de 1920 por la familia Minetti, que establecieron un ingenio en las afueras de la localidad de Famaillá, y en el predio de la empresa funcionó un centro clandestino de detención ilegal que comenzó a operar durante el Operativo Independencia, en 1975, y que continuó activo en la última dictadura cívico militar.
"Tuvimos muchos palos en las ruedas, pero gracias al empuje de los organismos de derechos humanos, la querella, el acompañamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, sumado al trabajo de la fiscalía pudimos sostener esta causa y llegar a esta instancia", agregó Scrocchi.
El abogado de Andhes sostuvo que si bien aún la Justicia no fijo una fecha para la realización del debate oral y público "esperamos que esté próximo a realizarse".
Un desafío histórico
"En la agenda del Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán no parece estar contemplada la realización de los juicios por delitos de lesa humanidad que se encuentran pendientes. Esto se da en el caso de La Fronterita, pero también en la causa Jefatura III", explicó el letrado.
La megacausa Jefatura III, que tiene 30 imputados entre policía y militares por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad efectuados entre 1975 y 1983 en perjuicio de 237 víctimas, fue elevada a juicio antes que La Fronterita.
En abril de este se llevó a cabo una audiencia de preparación preliminar, sin embargo, hasta el momento el TOF no determinó una fecha para el comienzo del debate de Jefatura III.
Scrocchi consideró además, que con este tipo de demora que se dan no solo en Tucumán, sino también a nivel nacional y pareciera que con este proceder "el Poder Judicial está jugando a favor de la impunidad biológica de los acusados".
"Está claro que estas causas molestan a los poderes económicos y políticos, es por eso que juzgar a empresarios por su posible complicidad en la comisión de los más aberrantes delitos y violaciones a los derechos humanos es un desafío latente e histórico en los procesos de Memoria, Verdad y Justicia", apuntó el abogado querellante.
La causa conocida como La Fronterita tiene como imputado a los exdirectivos del ingenio: Alberto Figueroa Minetti, quien era administrador de la empresa; Eduardo Butori, Alfredo Martínez Minetti y Fernando Cornú De Olmos.
Los cuatro acusados están procesados como cómplices de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad con apremios y vejaciones, torturas, abuso sexual, violación y homicidio en perjuicio de 68 personas, en su mayoría trabajadores del ingenio, referentes sindicales y residentes de las colonias cercanas al ingenio.
Durante la investigación se logró determinar que a partir del Operativo Independencia (que tuvo lugar en Tucumán, desde principio de febrero de 1975 hasta el 24 de marzo del 1976) que el empresariado a cargo del ingenio cedió sus instalaciones para que funcione un centro clandestino de detención, aportó la logística para que allí se instale una base militar y puso a su disposición vehículos y dio información a los militares para que llevaran adelante los secuestros y homicidios.
Los hechos que sucedieron en ese lugar comenzaron a ser investigados a partir del informe "Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad", realizado en 2015 por la Secretaría de Derechos Humanos junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), pero el expediente estuvo varios años paralizado.
Según este informe, la empresa azucarera "creció y se benefició de las dictaduras de Juan Carlos Onganía y la que se instauró en 1976, dos regímenes militares bajo los cuales el ingenio aumentó su producción y multiplicó sus ganancias sobre la base de la persecución gremial y la represión".
En mayo de 2019, el juez Federal de Tucumán, Daniel Bejas dictó la falta de mérito en favor de los imputados, que después fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
Pero dos años después, por orden de la Sala IV de Casación Penal, la Cámara Federal tucumana debió dictar un nuevo fallo y procesó a los cuatro exdirectivos, revirtiendo la decisión de Bejas.
La Secretaría de Derechos Humanos, junto a las otras querellas y la fiscalía, consideraron entonces que la etapa de instrucción estaba agotada y solicitaron la elevación a juicio oral, que fue concedida en diciembre de 2021.
Según el informe de la Secretaria de DDHH y el CELS, el ingenio aumentó su producción y multiplicó sus ganancias sobre la base de la persecución gremial y la represión.
Entre las víctimas de La Fronterita se encuentra Fidel Jacobo Ortiz, quien se desempeñaba como trabajador del surco y ocupaba el lugar de secretario general dentro de un gremio azucarero del ingenio. Ortiz fue secuestrado en 1976 cuando tenía 37 años y continúa desaparecido.
Jacobo era el tercero de ocho hermanos, nació La Aguada, un paraje también conocido como Colonia II y "comenzó a trabajar pelando caña a los 18 años".
"Siguió los pasos de su padre. Él también trabajaba en la caña" contaron a Télam sus hijos Hortensia, Gaspar y Fidel, cuya querella está representada por Andhes.
Sobre el secuestro de su padre recordaron, "el primero fue en marzo del 76, dos militares entraron de forma tranquila a nuestra casa".
"Fue alrededor de las 23. Estaba oscuro, no teníamos luz en esos momentos. Se lo llevaron y lo soltaron 43 días después por el lado de El Manantial, cerca de la casa de una tía que lo ayudó a volver. Estaba todo hinchado y tenía marcas en las muñecas de cadenas. Lo habían torturado", contaron sus hijos.
El 14 de junio del mismo año, también en horas de la noche, un grupo integrado por alrededor de seis militares volvieron a la casa de la familia Ortiz.
"Comenzaron a golpear la puerta, lo insultaban, yo me puse delante de mi padre para que no se lo lleven, pero igual empezaron a golpearlo", recordó Fidel.
El hijo de Jacobo continuó: "Lo sacaron de la casa y una vez afuera hicieron un tiro, pero no sé qué habrá pasado. Eran militares, después vi a tres de ellos y los reconocí, estaban en La Laguna", nombre de la base militar que se instaló en el ingenio de La Fronterita.
"Fue una noche muy triste y negra para nosotros. No volvimos a saber nada de él, mi mamá salía temprano a la mañana y volvía tarde a la noche tratando de encontrarlo, nunca dejó de buscarlo hasta que falleció", lamentó Hortensia.
Después de la desaparición de Jacobo, los dueños del ingenio le pidieron a la familia que se vayan de la casa donde vivían, que la empresa le cedía a los obreros cuando ingresaban a trabajar.
"Nos dijeron que no querían en el lugar a nadie que haya tenido problemas con los militares, nos tuvimos que ir. Los hijos nos fuimos a distintos lugares de la provincia a buscar trabajo y ayudar a nuestra madre", evocaron con tristeza.
Con el tiempo la familia se dio "cuenta de que los mismo dueños y directivos del ingenio fueron los que hicieron que los militares se lleven a mi padre".
"Mi papá siempre defendía a los trabajadores y a sus amigos. Vivía para ellos. Siempre les estaba resolviendo los problemas que tenían dentro del ingenio, peleaba por los sueldos y cuando había despidos recamaba que los reintegren. Muchos lo venían a buscar a nuestra casa para pedirle ayuda. Esa era su lucha. "Queremos saber dónde está, poder traer sus restos al cementerio para poder ir a visitarlo", concluyeron ambos hermanos.
Fuente:Telam
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