Martín Soria habló del fallo de la causa Vialidad: «fue un juicio armado para proscribir a Cristina»
El Ministro de Justicia disparó contra el juez Julián Ercolini y respaldó a la vicepresidenta. Además, Soria aseguró que denunció penalmente a los implicados en el caso de Lago Escondido tras el pedido del presidente Alberto Fernández.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, volvió a posicionarse luego de conocerse el veredicto de la causa Vialidad. Calificó como «absurdo» el fallo que condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. «La Justicia argentina está llegando a un punto vergonzoso», apuntó.
«Ayer conocimos este fallo absurdo del tribunal oral formado por la bandita que se juntaba a jugar al futbol en la quinta de (el expresidente) Mauricio Macri. (Julián) Ercolini es el juez que instruyó esta causa armada de pies a cabeza para proscribir y condenar a Cristina. Es quien pasará a la historia por haber cerrado la causa de Papel Prensa«, señaló el titular de la cartera de Justicia, en declaraciones a la Radio AM 990.
Soria se sumó a las opiniones que generó el caso en todo el círculo político, añadió que -con ese veredicto-, el magistrado sobreseyó al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, y a todos los imputados luego de haberse «robado una empresa privada» junto a la dictadura militar y a La Nación.
«Recordemos que Ercolini aparece por estos días en un audio hablando sobre cómo hacer facturas truchas. El mismo juez que instruyó la causa de Vialidad«, subrayó.
Por otra parte, el ministro volvió a la carga contra los jueces implicados en el caso de Lago Escondido. Calificó como «escandalosos» los chats que revelan cómo funcionarios porteños, magistrados, empresarios de medios de comunicación y un exagente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) habrían intentado instalar una versión falsa sobre el viaje.
«Es un escandalo mayúsculo. Me imagino que la fiscal y la jueza de Bariloche deben estar muy contentas con que los magistrados del Lawfare hablan en estos chats sobe cómo van a truchar pruebas para ocultar el misterioso viaje al sur. La verdad que la justicia argentina está llegando a un punto vergonzoso», lamentó.
Además, sostuvo que una de las conclusiones que surge del material es el temor que tienen «todos estos personajes siniestros a que estas fechorías salgan a la luz».
«Les preocupa garantizar el cerco mediático más que cualquier otra cosa. Uno de los mejores mecanismos para custodiar este poder es la pata mediática«, subrayó.
Asimismo, el ministro cumplió con el pedido del presidente Alberto Fernández, quien lo instruyó en cadena nacional a la cartera a su cargo y denunció penalmente a quienes presuntamente realizaron el viaje a Lago Escondido.
«Creo que fue una gran decisión para obligar a todos estos canales de televisión que se niegan a transmitir la verdad. Son delitos graves el incumplimiento de deber de funcionarios y la admisión de dádivas«, opinó.
Para finalizar, Soria expresó que, lo más correcto fue presentar la denuncia en la Fiscalía Federal de San Carlos de Bariloche para evitar que haya demoras que permitan que los involucrados puedan desviar la investigación o manipular pruebas.
Fuente:RioNegro
La Secretaría de Derechos Humanos bancó a Cristina y denuncia una grave crisis institucional
El organismo prepara para este sábado a una conferencia donde dar´pan a conocer un documento en apoyo a la vocepresidenta condenada por corrupción.
La Secretaría de Derechos Humanos convocó para este sábado a una conferencia de prensa ante "la grave situación institucional que atraviesa el país", tras la condena que recibió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y con motivo de la fecha en que se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos y Día de la Restauración de la Democracia en Argentina.
El encuentro contará con la presencia de las principales referentes de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, entre otros organismos.
Pietragalla es el titular de la secretaría de DDHH
"En un país insignia de los derechos humanos, con políticas de memoria, verdad y justicia activas, con más de mil genocidas condenados, con 130 nietos restituidos y a casi 40 años de democracia, los organismos de derechos humanos, junto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, convocamos a una conferencia de prensa para denunciar la grave situación institucional que está atravesando el país", informaron en un comunicado desde el organismo que dirige Horacio Pietragalla Corti.
Además, aseguraron en un documento que el fallo es un "cercenamiento de los derechos políticos" de la vicepresidenta, que constituye "la concreción máxima del lawfare en nuestro país", y llamaron a organismos internacionales a "realizar un escrutinio exhaustivo sobre estos procesos judiciales irregulares".
Fuente:Memo
Estela de Carlotto: "La condena a Cristina es indignante"
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, calificó como "indignante" la sentencia del Tribunal Oral Federal (TOF) número 2 que condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta.
En declaraciones a radio Provincia, Carlotto afirmó que la resolución del Tribunal “era previsible" y recordó que la propia Vicepresidenta "sabía cuál iba a ser el fallo".
"Es indignante. No soy abogada, pero sé que nadie puede ser juzgado dos veces. Están totalmente transgrediendo las leyes, la Constitución y el derecho humano”, analizó.
En ese marco, enfatizó que a Cristina Fernández “la quieren destruir de todo punto de vista y, si pudieran matarla, lo harían".
"De hecho, lo intentaron. Quienes apuntan contra ella son los mismos que pretenden que nuestro país sea, más que una república, un grupo de dirigentes indeseables”, aseveró y dijo lamentar lo ocurrido "porque la expresidenta es una mujer que no lo merece".
"Ya no saben cómo destruirla desde el punto de vista no solamente de la inteligencia sino también físicamente”, concluyó Carlotto.
Para los organismos, la condena busca "proscribir" a la Vicepresidenta.
Este martes, organismos de derechos humanos expresaron su "enérgico repudio" frente al fallo condenatorio y señalaron que hay un "lineamiento de persecución política" que hostiga a "exfuncionarios y referentes políticos" que se oponen a las medidas neoliberales.
Al respecto, el documento publicado por los organismos de DDHH señaló que "la llamada causa Vialidad” fue un tema juzgado en los Tribunales Provinciales varios años atrás y en cuya resolución judicial no se acredito la comisión de delito alguno".
"Esta es uno de los principales argumentos para cuestionar como arbitrario todo el proceso acusatorio orquestado en el ámbito Federal, pues violenta el principio elemental del derecho por el cual no se debe juzgar o sancionar a una persona dos veces por un mismo hecho", detalla el comunicado.
En ese sentido, consideraron que "la estrategia judicial del TOF nro. 2 y previamente la acción mediática de la Fiscalía actuante, son parte de un mismo lineamiento de persecución política con que se ha venido hostigando a diversos ex funcionarios y a numerosos referentes políticos y sociales opuestos a las políticas neoliberales que tanto daño han generado a nuestra sociedad".
"Esta condena constituye un hecho político de particular gravedad, corolario de una larga lista de acciones de violencia política sufridas por Cristina Fernández", señalaron.
"Nos llena de indignación que se pretenda proscribir e incluso privar de libertad a una referente popular de indiscutible trascendencia en la vida política y social argentina", aseveraron.
Y reclamaron "el cese de estos actos profundamente cargados de misoginia y discriminación", en un comunicado firmado por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Hijos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
También participaron de la producción del documento Asociación Buena Memoria, Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte; Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza.
Asociación Madres de Plaza de Mayo
Por su parte, las Madres de Plaza de Mayo le dijeron a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: "Nunca vas a ser mascota del poder, como jamás lo hicieron nuestros hijos".
"Ante los cobardes de Comodoro Py, solo nos queda apoyarte en tus decisiones e insistir en que TODOS SOMOS CRISTINA", sostuvieron en su cuenta de Twitter.
Las Madres dijeron que "enviamos un enorme abrazo a Cristina. Nos sentimos representadas en tu coraje, y en esa contundente frase donde marcás que nunca vas a ser mascota del poder, como jamás lo hicieron nuestros hijos".
Fuente:LaArena
Parque Indoamericano: 12 años de
impunidad
Por RedEco, Resumen Latinoamericano 7 de diciembre de 2022.
El 7 de diciembre de 2010 un operativo conjunto de la Policía Federal y la entonces Metropolitana desalojó el predio de Villa Soldati ocupado por cientos de familias que buscaban acceder a una vivienda. La respuesta violenta del Estado dejó dos personas muertas y varias heridas. La causa sigue sin avances y demuestra la dificultad estatal para investigar hechos que involucran a fuerzas de seguridad. Por Centro de Estudios Legales y Sociales.
El 3 de diciembre de 2010 centenares de familias con dificultades para acceder a una vivienda ocuparon el Parque Indoamericano, en el barrio porteño de Villa Soldati. Cuatro días después, la jueza Cristina Nazar ordenó el desalojo del predio. Un operativo conjunto de la Policía Federal Argentina y la entonces Policía Metropolitana reprimió con extrema violencia la toma y causó las muertes de Rossemary Chura Puña y Bernardo Salgueiro y graves heridas con balas de plomo a otras cinco personas. Durante los días del conflicto, también fue asesinado Emiliano Canaviri Álvarez. La ocupación del Parque visibilizó diversas problemáticas, entre ellas la vulnerabilidad de las familias que alquilan en las villas de la ciudad, la imposibilidad del acceso a un hábitat digno y la respuesta violenta del Estado ante estos conflictos sociales.
Además de las balas de plomo que mataron e hirieron a quienes estaban en el predio, el accionar ilegal del 7 de diciembre de 2010 incluyó el despliegue de efectivos sin uniforme, el uso abusivo de disuasivos químicos y el disparo de al menos de 580 municiones antitumulto. Cuando el terreno ya estaba vacío, policías de la Metropolitana persiguieron a los tiros a quienes huían a refugiarse donde podían. Otros efectivos dispararon desde arriba de un puente hacia adentro de la villa 20. Ninguna de las personas muertas o heridas estaba dentro del Parque, lo que demuestra que el operativo continuó una vez que el predio ya había sido desalojado.
En marzo de 2018, la jueza Mónica Berdión de Crudo sobreseyó a tres jefes de la Policía Federal y a cinco jefes y 24 agentes de la ex Policía Metropolitana por los homicidios de Rossemary y Bernardo y las lesiones ocasionadas a otras cinco personas durante la represión. Al mismo tiempo, la jueza procesó a Ricardo Picart, efectivo de la ex Metropolitana, por su responsabilidad en los dos homicidios y las lesiones.
En mayo de ese mismo año, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó los sobreseimientos de los policías y de los jefes policiales y ordenó que se continúen investigando sus responsabilidades. Además, confirmó el procesamiento de Ricardo Picart. Cuatro años y medio después, la causa sigue estancada. Las medidas de prueba que ordenó la Cámara en 2018 se empezaron a producir lentamente después de tres años de inactividad.
Un despliegue policial como el del Indoamericano, con las características, la duración y las gravísimas consecuencias que tuvo, requiere que rindan cuentas ante el poder judicial quienes lo planificaron, dirigieron y tenían el deber de controlarlo, así como todos los que intervinieron. Además, en este caso particular, los ocho jefes estuvieron presentes en el lugar del operativo o bien, dando órdenes desde la sala de operaciones.
Todo este tiempo sin avances en el expediente, muestra la dificultad estatal para investigar seriamente y juzgar hechos que involucran a integrantes de las instituciones de seguridad y es un grave mensaje acerca de que la represión y el accionar abusivo de las fuerzas pueden permanecer impunes. A doce años de la represión, las víctimas esperan una respuesta y que se avance hacia el juicio oral.
En la causa, el CELS representa a los padres de Rossemary, Sabina Puña Chambi y Galo Chura Paco, quienes viven en Oruro, Bolivia. Rossemary tenía 28 años al momento de su muerte y vivía en el barrio de Los Piletones, junto a sus hijos de 7 y 9 años.
Río Ceballos: Reclamos a los que se
llevan el agua
Unión de Trabajadores Rurales Sin
Tierra: 20 años de lucha campesina
en Cuyo.
Resumen Latinoamericano 7 de diciembre de 2022.
En el inicio del nuevo siglo, la organización de las bases campesinas e indígenas fue la respuesta al modelo agrícola concentrado. Con su bandera con los colores de la tierra, el agua y la lucha, la UST fue de lo local a ser parte de la Mesa Agroalimentaria Argentina y de la Vía Campesina. Fincas recuperadas para la producción, comercio justo y educación popular.
Por Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra
“La reivindicación de la palabra ´campesino´, en una provincia y un país como el nuestro, estuvo por muchos años invisibilizada.” Natalia Manini, militante de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST), puso en contexto histórico y destacó el valor simbólico de la lucha de los y las sin tierra en territorio cuyano. Sus palabras se escucharon el pasado 19 de noviembre en Lavalle, Mendoza, en la finca recuperada donde funciona el Centro de Educación, Formación e Investigación Campesina (Cefic-Tierra). La UST celebró allí sus 20 años de lucha campesina.
Si se dice que 20 años no son nada, para la biografía de los pueblos olvidados dos décadas de construcción de un proyecto político y territorial constituyen una estirpe de larga duración, algo así como una ascendencia de lucha. Una infinidad de anécdotas acumuladas en proyectos, reclamos y jornadas de trabajo por tierra, agua y justicia que son la esencia de la UST. Desde los tiempos en los que se pararon las primeras topadoras, en los que se levantaron carpas de resistencia a los desalojos frente a la criminalización de campesinas y campesinos y las denuncias por intimidación, hasta las más recientes presentaciones por intentos de usurpación. Todo está guardado en la memoria.
Durante la conmemoración de los 20 años, Natalia mencionó algunos hitos en la recuperación de tierras. “Hemos luchado desde nuestro nacimiento por recuperar y sostener nuestros campos comunitarios”, reivindica. Y en el repaso surgen las tierras de La Verde (San Martín), Jocolí Norte (Lavalle), La Estación (Lavalle), Los Leones (San Rafael), Trintrica (Malargüe), Llano Blanco (Malargüe), Punta del Agua (San Rafael). Además de los campos comunitarios, la UST también logró acceso a la tierra y el agua en fincas recuperadas que hoy están bajo producción: Finca Martina Chapanay, Finca Grito Rebelde, Finca Catamarqueño, finca recuperada Mate Cocido y finca recuperada Montecaseros, entre muchas otras.
Organización campesina por tierra, agua y justicia
El cambio de siglo signó toda la historia de las clases populares en Argentina y América Latina. Mientras a nivel nacional surgían estrategias sindicales como el Frente Nacional contra la Pobreza (Frenapo), las iglesias repartían alimentos y el andamiaje gubernamental se descascaraba; en Mendoza, trabajadores rurales, campesinos, campesinas, pequeños agricultores y pueblos originarios debatían cómo escaparle a las consecuencias de un modelo económico de concentración. Si bien en Argentina la burguesía terrateniente consiguió de manera temprana armar un país hecho a medida de los grandes propietarios, en los últimos 30 años del siglo XX —dictadura militar y menemismo mediante— se aceleró la embestida contra la vida campesina.
La estructura social agraria se modificó con el neoliberalismo. Entre los años 1991 y 2001, la población total argentina creció un 13 por ciento, mientras que las familias habitantes de la zona rural disminuyeron un ocho por ciento. Las personas que habitaban en el campo, representaban un 11 por ciento del total nacional.
En Mendoza, desde fines de la década de 1980 ya era notoria la aceleración en la concentración de la tierra. La reconversión vitivinícola alentó en Cuyo, como pocas, la salida masiva del campo a contramano de la voluntad propia. El rol de las grandes empresas esmeriló las potencialidades de las Pymes locales y expulsó al campesinado pobre a subsistir a destajo. En el caso del trabajo caprino, al norte y sur de la provincia, de alguna manera la desidia histórica del Estado se terminó por sincerar: mientras las familias puesteras fueron cada vez más marginales, la apuesta por el turismo y las actividades extractivas fue en aumento. La combinación entre apertura económica y desregulación política potenció la crisis de una provincia que solo tiene tres por ciento de su territorio con acceso a riego para cultivo.
Así las cosas, la virtual desaparición de la vida rural contrastó con el crecimiento de la organización sociopolítica. En la medida que se concretó un modelo agrícola orientado a la exportación, se afianzaron organizaciones agrarias que reclamaban frente al avance del capital en los territorios. Ese escenario, entre tantos otros, forjó el nacimiento de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra en Mendoza. Desde inicios de los 2000, un centenar de familias —con el tiempo un movimiento de miles— en el campo profundo levantaron la voz y armaron sus banderas con los colores de la tierra, el agua y la lucha.
Fue un diciembre de 2002 cuando la UST hizo su primera marcha contra la concentración de la tierra y del agua en pocas manos. Al principio se fue consolidando el trabajo con jóvenes de las comunidades Huarpes y la Unión de Jóvenes Campesinos de Cuyo (UJoCC). Pocos años después, y con mucho esfuerzo la organización se expandió por toda la provincia. Con la ocupación de tierras improductivas, la construcción de pozos de agua, de fábricas de agregado de valor de alimentos y la creación de sistemas alternativos de comercialización, la organización construyó una forma de resistir al desalojo y la exclusión.
No en vano ese perfil de re-existencia se abrió camino en todo el continente. Es por eso que la UST conformó el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), allá por 2005, junto a más de 20.000 familias, que se articulaban en el Mocase-VC de Santiago del Estero, el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), la Red Puna y Quebrada de Jujuy, la organización GIROS de Santa Fe, el Servicio a la Cultura Popular (Sercupo) de Buenos Aires y el Encuentro Calchaquí de Salta, entre otras organizaciones. A su vez, el MNCI se integró a la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y a la Vía Campesina Internacional (VC).
Tal vez, como todo, objetivamente algunas cosas aún no cambian. Es que, como reflejó el Censo Nacional Agropecuario 2018, el campo cada vez está más concentrado: el uno por ciento de las explotaciones controla el 36 por ciento de la tierra, mientras que el 55 por ciento de las pequeñas chacras tiene solo el dos por ciento de la tierra. Sin embargo, la presencia de la organización campesina hizo de Mendoza un espacio de disputa territorial al que comenzó a mirar toda la región. Organizarse para defender derechos campesinos en este contexto implica rearmar estrategias de permanencia en el campo y litigar territorialmente. Precisamente, la propuesta política de la UST ha consistido en acompañar la lucha por el territorio y el agua para las familias del campo.
Pedagogía de campesino a campesino
No solo de tierra viven las y los campesinos, también las letras, los números, la geografía y la historia están en el horizonte de la lucha agraria en América Latina. La CLOC y la Vía Campesina vienen apostando, hace tiempo, por una pedagogía de la alternancia y la educación popular. Desde los cursos y campañas bajo el modelo de “campesino a campesino”, seminarios, talleres y campañas de semillas nativas hasta las Escuelas e Institutos de Formación en Agroecología. El campesinado ha avanzado en construir espacios pedagógicos relacionados al proceso de escolarización, ya sea en la graduación, a nivel técnico o incluso de especialización.
La UST ha ido gestando una propuesta político-pedagógica para el campo y desde el campo nucleada en el Cefic-Tierra. Su escuela de formación surgida entre los años 2009 y 2010, se expandió a todo el territorio mendocino como la Escuela Campesina de Agroecología, que en 2022 cumplió sus diez años de existencia formal.
La propuesta educativa campesina se amplió año tras año. En 2016 surgió la Tecnicatura Superior en Economía Social y Desarrollo Local; en 2018 avanzó la propuesta del Profesorado de Maestrxs Rurales, la Tecnicatura Superior en Agronomía, con orientación agroecológica; en 2020, la diplomatura en Agroecología y Manejo Sostenible del Territorio, y la Escuela Popular de Género “Anita Quiroga”. Más recientemente —pese a los embates del gobierno provincial y su amenaza de cierre— se abrió camino la Escuela Campesina en Agua de las Avispas, en Luján de Cuyo, y otra escuela abrió sus puertas en Malargüe, con familias campesinas e indígenas trashumantes.
“Hemos sido estigmatizados por una propuesta educativa que construimos para nuestro sector”, apunta Marta Greco al momento de hacer memoria de los 20 años y la falta de acompañamiento por parte del Estado, y continúa: “A este gobierno provincial no le interesa la alternancia, no le interesa la educación para la ruralidad, no le interesa que tengamos propuestas educativas de nivel superior, pero no vamos a dejar de luchar para sostener nuestra propuesta pedagógica para el sector rural”. Por esa tenacidad es que más de 350 compañeras y compañeros campesinos han terminado sus estudios secundarios, han pasado por procesos de alfabetización y hoy sostienen la educación superior en el campo.
De la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra a la Mesa Agroalimentaria
Las mujeres fueron fundantes en la batalla por sostener el arraigo rural y han sido la razón por la que crecieron las fábricas de conservas y unidades domésticas donde se producen mermeladas, néctares de frutas y tomate triturado, espacios de trabajo centrales de la UST. En el balance de sus 20 años, se resaltó el trabajo del grupo inicial conocido como “Las Luchadoras”, mujeres campesinas de los campos comunitarios La Estación y Jocolí, que en plena crisis comenzaron la producción colectiva de huertas y conservas. La forma cooperativa ha permitido sostener los espacios de trabajo y también construir redes de comercio justo y mercados solidarios en diferentes provincias, que fueron sedimentando uno de los logros más recientes de la organización: el Almacén Campesino, ubicado en la ciudad de Mendoza.
“Los 20 años para mí significan mucha lucha, muchos desafíos que tenemos por cumplir, cosas que nos han faltado como poder ayudar a los productores en su tarea”, proyecta Natalia Arroyo, referente de Malargüe. Tierra, agua, justicia, pan, igualdad, derechos campesinos… todos los reclamos están ahí, más vigentes que nunca. Todo lo que falta ha llevado a la UST ha participar de manera activa en la consolidación del Movimiento Nacional Campesino Indígena–Somos Tierra (MNCI-ST) junto con el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), la Red Puna de Jujuy, el MNCI-ST de San Juan, la Mesa Campesina del Norte Neuquino y el MNCI Misiones, entre otras organizaciones provinciales de base.
La propuesta de un programa agrario para Mendoza, junto con los ensayos de un Foro Agrario Soberano y Popular a escala nacional, han sido espacios en los que el MNCI-ST ha colocado su reivindicación de los Derechos Campesinos, que en 2018 reconoció Naciones Unidas. Quizá, ese antecedente de articulaciones por abajo es lo que ha permitido que se consolidé la Mesa Agroalimentaria Argentina en un periodo cargado de incertidumbre para el campo que alimenta y construye soberanía alimentaria.
En buena medida la defensa de la autonomía de la organización no ha esquivado los debates políticos al interior del movimiento durante estos primeros 20 años. Por el solo hecho de no rehuir responsabilidades y colocar el reclamo del sector en todos los espacios posibles, es que la UST siempre ha pensado más allá de las pequeñas “islas” autogestivas en los bordes del sistema. Se trata de disputar el sentido de las políticas públicas y promover el protagonismo en la orientación de las lógicas que asume el Estado para con el campesinado y la agricultura familiar. Fruto de esas prácticas es que se ha avanzado en tensionar los espacios de gobierno local, provincial y nacional.
En estos 20 años de lucha la UST devino en eso: ni más ni menos que una gran semilla de resistencias, una forma de trastocar el alicaído paisaje de zonas no irrigadas que sufren el desarraigo y la exclusión del campesinado, una multitud de pueblos negándose a la concentración de la tierra y el desalojo y reivindicando sus formas ancestrales de vivir y producir. Larga vida a la UST.
Fuente: Agencia Tierra Viva
Amigos de Joe Lewis: la fiscal pidió
imputar a los 10 involucrados en el
grupo de chat filtrado
Resumen Latinoamericano, 07 de diciembre de 2022.
La fiscal federal María Cándida Etchepare, con asiento en de Bariloche, le requirió a la jueza la instrucción del caso. Asimismo pidió imputar a los 10 involucrados en el viaje a Lago Escondido por presunta comisión de delitos de acción pública. Se trata de jueces, periodistas y funcionarios macristas. El hecho se conoció por una filtración ilegal. Divulgó fotos del grupo en su arribo a Bariloche.
En un escrito de nueve páginas al que tuvo acceso PERFIL y difundió la periodista Rosario Ayerdi, la fiscal federal Etchepare pidió a la jueza federal Silvina Domínguez que inicie la instrucción de sumario. Además pidió que se expida sobre la pretensión de Marcelo Eduardo Hertzriken Velasco, el denunciante, de pasar a ser querellante en la causa.
Recordemos que el caso se conoció el domingo, cuando se conocieron una serie de conversaciones que formarían parte de un grupo de chat que conformaron empresarios de medios (en particular del Grupo Clarín), funcionarios macristas y jueces. La información habría sido obtenida mediante un hackeo al teléfono de Marcelo D’Alessandro.
En el escrito no realiza ninguna opinión sobre la forma en que fue obtenida la información, sino que se basa en la denuncia presentada por Hertzriken Velasco y datos surgidos de una primera investigación.
La causa está caratulada por el momento como «Ercolini, Julián y otros s/ incumplimiento de los deberes de funcionario público, aceptación de dádivas”. Los involucrados son: Julián Daniel Ercolini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nro. 10; Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires; Marcelo Silvio D’Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia porteño, Carlos Alberto Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Pablo Yadarola, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nro. 2; Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal nro. 9; Leonardo Bergroth; Tomás Reinke, presidente de Mediabit S.A.; Pablo César Casey, directivo del Grupo Clarín S.A. y Jorge Carlos Rendo, presidente del Grupo Clarín S.A.
En el escrito, la fiscal presentó fotos brindadas por la PSA de las filmaciones en el aeropuerto de Bariloche. En el escrito la fiscal advierte que en las filmaciones que el grupo fue recibido personalmente por Nicolás Van Ditmar, presidente de “Hidden Lake S.A.” Van Ditmar aportó las facturas emitidas en favor de algunos de los denunciados por la suma de USD 605 cada una.
Ese es uno de los puntos en los que se detiene Etchepare. “Los documentos evidencian una clara discordancia con el momento en que se habrían alojado en el establecimiento, ya que el servicio se brindó los días 13, 14 y 15 de octubre, mientras que los comprobantes datan del día 28″. Además, continuando con el resto del itinerario, asegura que «llama la atención que no se hubiera emitido factura alguna, justamente, a los dos individuos que no detentan el carácter de funcionarios públicos y que, por tanto, tienen mayores libertades para ser invitados y no pagar por los gastos erogados».
Para Etchepare, el hecho podría implicar un ilícito penal, lo que presume “un viaje de lujo en un avión privado y con destino a una magnánima estancia en el que participaron jueces, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires y dos empresarios, quienes se reunieron en esta ciudad con otros dos empresarios con altos cargos en un poderoso conglomerado de medios de comunicación nacional, cuya presencia en la reunión fue evidentemente ocultada, no solo por haber tomado otro vuelo, sino por su omisión en el relato de quien -presuntamente- los alojara».
Ante estos hechos, la fiscal le pidió a la jueza federal Silvina Domínguez que se declare competente e impute a los 10 jueces, funcionarios y periodistas, al tiempo que se levante el secreto fiscal y bancario de ellos y las empresas. Además pidió a AFIP-DGI que analice las facturas.
Queda por ver si primará la solidaridad entre la corporación judicial u otros intereses. La podredumbre del régimen político no parece ofrecer muchas alternativas.
Como analizamos este lunes en La Izquierda Diario, la aparición de los mensajes vuelve a demostrar no solo la obscenidad de la relación entre jueces, poder económico, medios de comunicación y funcionarios políticos (en este caso del PRO) sino también el activo funcionamiento de los servicios de inteligencia con la intervención de teléfonos celulares o escuchas de conversaciones. La situación escaló tras conocerse el fallo condenatorio a la vicepresidenta Cristina Kirchner. La podredumbre del régimen político y la disputa de las camarillas de los partidos tradicionales, la corporación judicial y la corpo mediática, aliados a un sector, sigue su curso.
Fuente: Izquierda diario
Otra vez la proscripción: cómo
responderá el peronismo
Por Luis Bruschtein, Resumen Latinoamericano, 07 de diciembre de 2022.
Cristina Kirchner no será candidata porque la proscriben y no porque se autoproscriba. “Una mafia, un Estado paralelo”, con esa frase denunció a los jueces que, en contubernio con las corporaciones y el macrismo, se complotaron para proscribirla. El proceso está pensado para que intervenga en una campaña con la condena y la inhabilitación sobre su cabeza.
Es el escenario que propone el macrismo como sistema, donde ellos son los que digitan los candidatos. Desde el control de jueces y fiscales limitan la soberanía popular al obstaculizar las medidas que tiendan a restringir privilegios corporativos.
El peronismo es puesto otra vez en la misma disyuntiva. El sistema lo proscribe pero le deja algunos resquicios. Las opciones son: resignarse a moverse en el espacio estrecho que le asignan, donde no tiene posibilidad de generar ningún cambio, o patear el tablero y abandonar el sistema.
El peronismo eligió siempre otro camino: Patea el tablero sin salirse del sistema. El Frente de Todos participará seguramente en las elecciones del año que viene, pero lo hará con su principal dirigenta perseguida por la corporación mediática y la mafia judicial para proscribirla. Esa ausencia es una denuncia concreta de esa persecución. La elección estará deslegitimada. El que gane, lo hará en una elección sin el candidato más importante.
Eso no es democracia. Sólo es el sistema que permiten las corporaciones. Como antes el sistema que permitieron era el de democracias tuteladas por el partido militar, ahora se trata de un sistema muy limitado por la corrupción del Poder Judicial.
Este esquema donde el Poder Judicial en putrefacción se convierte en policía política, no acepta la convivencia de pensamientos políticos diversos. Y menos cuando se trata de corrientes populares que interfieren a los poderes fácticos, en especial al poder económico y las corporaciones mediáticas como el Grupo Clarín.
Con la proscripción de Cristina Kirchner queda muy debilitado el sistema. Si el próximo gobierno es macrista, no gobernará en representación de todos los argentinos, sino sólo de los macristas, sostenido por un Poder Judicial cuestionado por su subordinación a los poderes fácticos y el macrismo. Por eso la condena no es solamente contra Cristina, sino contra todos los argentinos, porque es una condena que debilita el sistema sobre la base de un proceso turbio y manipulado.
La condena coincidió con la revelación de la reunión de jueces, empresarios y funcionarios macristas en la mansión de Joe Lewis en Río Negro. La reunión de cuatro jueces del fuero federal que favorecieron a las corporaciones en contra de la sociedad y que participaron en la persecución judicial contra Cristina Kirchner, con dos altos ejecutivos del Grupo Clarín, con funcionarios macristas y con especialistas en inteligencia y en campañas electorales, mostró el esqueleto del lawfare y la corrupción del sistema.
El papel de Julián Ercolini en el escándalo y en los mensajes donde planificaban la creación de pruebas falsas y el apriete a fiscales y a periodistas y amenazas a funcionarios para desmentir la reunión, adquiere una dimensión mayor porque fue el juez que hizo la instrucción de la causa Vialidad que de por sí ha sido turbia.
Impresiona la sensación de impunidad con que hablan estos personajes en los mensajes que se hicieron públicos, como si se sintieran los dueños del país. Y está lleno de padres e hijos, yernos y cuñados. Un sistema feudal en el que los cargos se heredan o se designan a dedo y acomodos. No hubo la mínima reacción en el Poder Judicial frente al escándalo.
La única forma de fortalecer el sistema que sale debilitado por la proscripción de Cristina Kirchner es una reforma profunda del sistema en putrefacción. La denuncia de la persecución judicial para proscribir y castigar a Cristina Kirchner es una movida que busca salir del escenario que le plantean el macrismo y las corporaciones y generar otro escenario que saque del centro su condena y ponga en ese lugar a la putrefacción del Poder Judicial.
Los comunicados del macrismo hablan de “juicio histórico” tratando de equipararlo con el juicio a los excomandantes. Tienen razón en que es histórico, pero no por lo que ellos creen. Para todo el planeta, que ya asistió a la burda y frustrada persecución judicial contra Lula en Brasil, el Poder Judicial corrupto de la Argentina proscribió ahora a la dirigenta política más popular del país. No lo equiparan con el juicio a los excomandantes, sino con la persecución a Lula. Este juicio será histórico, pero por la corrupción judicial que puso en evidencia.
Renunció Julián Leunda, jefe de
asesores del Presidente, mencionado
en los chats del Lawfare
Por Melisa Molina, Resumen Latinoamericano, 07 de diciembre de 2022.
Renunció a su cargo Julián Leunda, el jefe de asesores del presidente Alberto Fernández, que apareció mencionado en el chat filtrado entre jueces, exagentes de inteligencia, empresarios de medios y funcionarios del gobierno porteño, quienes buscaban ocultar un viaje que hicieron juntos a la estancia de Joe Lewis, en Lago Escondido. En los mensajes, el ahora exjefe de asesores de Fernández figuraba como intermediario con un importante medio de comunicación y como el supuesto garante de que la información del viaje, que había sido publicada por Página/12, no saliera en los medios del grupo Indalo. Distintos referentes del Frente de Todos que se identifican con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, venían pidiendo su renuncia, que finalmente se hizo efectiva este martes pasadas las 19.30, luego del discurso que dio la vicepresidenta tras conocerse su condena en la causa Vialidad.
De manera escueta, en el texto de renuncia que dirigió al Presidente, Leunda escribió: «Tengo el agrado de dirigirme a usted para presentarle mi renuncia indeclinable, desde el día de la fecha, al cargo de jefe de gabinete de asesores de Presidencia de la Nación que asumí el primero de agosto de 2022. Agradezco la confianza depositada en estos casi tres años y destaco que ha sido un honor haber formado parte del gobierno que usted encabeza».
En el chat que se difundió el domingo, uno de los empresarios de medios decía: «Gente: me acaba de llamar Julián Leunda. Parecía que hubiera venido con nosotros. Me dice textual: ‘quieren que salgamos a hablar de esa mesa y mi jefe me dijo hay que estar ahí no matarla! Jaja’ Me hice el boludo. Le dije: ‘me parece una operación, pero tenés razón!! Jaja’. Me aseguro que no sale nada en los medios de De Souza. Luego, el ministro de Seguridad de CABA, Marcelo D Alessandro, agregó: «A mí también me llamó en los mismos términos y aclarándome que no piensan dar el tema. Veremos». Por último, el juez federal, Carlos Mahiques, detalló: «Me llamó Leunda. Me aseguró que bajó el tema».
La dimisión de Leunda había sido pedida por el kirchnerismo a través del diputado Leopoldo Moreau, también por uno de los abogados de Cristina Kirchner, José Ubeira, y por el dirigente social Juan Grabois. El líder de la UTEP había dicho: «Tengo que hacer una mención a algo que me indigna, que es la participación del jefe de Asesores de Alberto Fernández, Julián Leunda, quien fue contactado por el sobrino de Héctor Magnetto para que bloquearan información en algunos medios afines al Gobierno y que hablara con algunos periodistas, algo que después reporta al sobrino». «El jefe de Asesores del Presidente es parte de la mesa judicial de los chats. Es un juego de la rosca política sucia que hay que terminar. Que lo haya hecho por la propia voluntad sería lo más tranquilizador, peor sería que haya sido por una orden emanada de una autoridad política de la Rosada», puntualizó antes de que se conociera la renuncia.
Desde Casa de Gobierno habían asegurado sobre la participación de Leunda en ese entramado que el tema central no era ése sino la connivencia entre magistrados, funcionarios porteños y empresarios de medios, y que no querían que su rol fuera «usado para tapar el problema real que es el viaje y el financiamiento del mismo». Según supo este diario, Fernández habló con el funcionario, quien ofreció algunas explicaciones que habrían resultado insuficientes.
Con 31 años, Leunda estaba en el cargo desde agosto pasado, cuando ingresó en reemplazo de Juan Manuel Olmos, tras los cambios en el gabinete que se desataron con el ingreso de Sergio Massa en el Ministerio de Economía. En ese momento Olmos pasó a ocupar la vicejefatura de gabinete y Leunda, que era su segundo, asumió el cargo de jefe de Asesores. Oriundo de la provincia de Chubut, donde también interviene políticamente, antes de ingresar al gobierno, Leunda fue director de Asuntos Institucionales de C5N y de Ámbito Financiero, ambos medios propiedad de Cristóbal López y Fabián de Sousa.
Resumen Latinoamericano, 7 de diciembre 2022.-
Paro total en Bridgestone ante el despido de 3 trabajadores
La medida de fuerza se lleva adelante en la fábrica del neumático de Lavallol. Hay presencia de la Policía Bonaerense en el lugar.
En estos momentos se está realizando un paro total en Bridgestone, ante el despido de tres operarios. La empresa respondió con despidos a un justo reclamo del SUTNA por el cambio del método de trabajo en el departamento de Inspección Final, según informó el SUTNA en un comunicado difundido hace instantes.
La empresa quiere que trabajen con menos operarios de lo establecido y amenazó con sanciones si los trabajadores no aceptan los traslados y trabajar con menos personal en ese sector. El SUTNA denunció esta apretada de la empresa, y el día de hoy se llamó a una audiencia con el Ministerio de Trabajo.
Hoy miércoles se producen los despidos de tres compañeros de sectores diferentes, una clara provocación de la patronal ante el justo reclamo de los trabajadores. Frente a esta actitud de la empresa, los trabajadores decidieron realizar un paro total de actividades en repudio a los despidos.
La medida se lleva adelante mientras que hay un operativo de la Policía Bonaerense en los portones de la planta sobre la Avenida Antártida, en un claro mensaje de amedrentamiento hacia los trabajadores. Según afirmó el SUTNA, el lunes volverán a realizar un paro durante el turno mañana.
Después del triunfo de más de 5 meses de conflicto por las paritarias, se empieza a desnudar el verdadero objetivo de las empresas del neumático, que es avanzar sobre las condiciones de trabajo y la productividad.
A continuación, reproducimos el comunicado difundido por el SUTNA:
Este sindicato ratifica, en todos sus términos, la denuncia formulada por los cambios impuestos unilateralmente por la empresa Bridgestone, modificando en forma arbitraria métodos y puestos de trabajo, los que ponen en riesgo la vida y la integridad psicofísica de los trabajadores, obligando a retener tareas en los términos del art. 75 LCT , en resguardo de la seguridad de los mismos. Esta actitud peligrosa y prepotente también fue puesta en práctica por la patronal a través de maltratos y abusos por parte de supervisores, y la aplicación reiterada de sanciones disciplinarias infundadas y, por lo tanto, arbitrarias a numerosos trabajadores, generando un tenso clima de trabajo proclive a fomentar accidentes y enfermedades psicofísicas.
En este mismo acto, amplía denuncia poniendo en conocimiento de esa autoridad de aplicación que la empresa ha comunicado despidos de varios compañeros en pleno conflicto, lo que constituye una práctica desleal gremial en los términos del art. 53 de la ley 23.551, y una provocación inadmisible a la que se responderá en forma correspondiente.
Este sindicato recuerda a este Ministerio de Trabajo que en el acta de acuerdo paritario, de fecha 29 de septiembre de 2022. la empresa firmó en el punto 4 un compromiso “de agotar todas las instancias y procesos de diálogo para arribar a acuerdos en el marco de la buena fe, preservando el clima laboral en un marco de respeto mutuo, evitando llevar adelante cualquier tipo de medida que pudiera afectar los derechos de los trabajadores”, compromiso que acaba de violar abiertamente al modificar en forma unilateral y arbitraria sistemas de trabajo en varios sectores, entre ellos el sector Inspección Final, poniendo en riesgo la vida y la salud de los trabajadore, y al producir despidos de manera intempestiva cuya razón es intentar adoctrinar y someter al conjunto de los trabajadores para que acepten esta conducta prepotente y arbitraria patronal.
No puede obviar esa autoridad de aplicación que la empresa Bridgestone está violando el compromiso asumido explícitamente al firmar el acuerdo paritario, y a la vez está adoptando medidas que ponen en riesgo la salud de los operarios, vulnerando la normativa contenida en la ley 19.587, decreto reglamentario y resoluciones de la SRT, por todo lo cual reclamamos su intervención a fin de que intime a la empresa a cesar de inmediato en estas conductas.
Es por todo esto, que hacemos saber que se ha decidido, además de la realización de todas las asambleas que sean necesarias, la paralización de tareas en el día de la fecha (7 de diciembre de 2022) hasta el horario de comienzo de la jornada del turno noche, medida gremial que se retomará el día lunes 12 de diciembre al inicio del turno noche, finalizando el día miércoles 14 de diciembre, con el inicio del turno noche. Además de las acciones que se llevarán adelante para darle visibilidad a este conflicto, y en caso de que la patronal de Bridgestone no modifique su accionar en forma concreta y deje sin efecto los despidos, se anunciarán las siguientes medidas en forma oportuna.
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Vivir con miedo a no cobrar: sigue el ajuste al Potenciar Trabajo
Las organizaciones sociales como Libres del Sur se encuentran en pleno plan de lucha contra los ajustes del gobierno. Créditos: Facundo Esmereles, Nota al Pie.
El día de hoy, las casi 1.4 millones de personas que se encuentran en el programa no recibieron el depósito correspondiente a las tareas de noviembre. La palabra al respecto de Silvia Saravia, coordinadora territorial nacional de Libres del Sur. Por Romina Toledo (Nota al Pie).
Esta mañana, casi 1.4 millones de personas se despertaron con una mala noticia. Se trata de quienes están inscriptes en el programa Potenciar Trabajo, que no vieron en su cuenta el pago de las tareas que realizaron en noviembre.
Sin precisiones, se dice que el depósito estaría entre el martes 6 y el miércoles 7 de diciembre. No hay confirmaciones de por qué el cobro del trabajo que les beneficiaries realizaron en noviembre no se efectuó en su día estipulado: el 5 de cada mes.
Se trata de otro golpe al sector de la población argentina más vulnerable, que en el último tiempo recibe una pálida tras otra. El programa Potenciar Trabajo, que en un principio logró la reinserción laboral de muchas personas, se transformó en sinónimo de ajuste. La última medida del gobierno argentino en ese sentido fue el reempadronamiento de sus beneficiaries.
Por este motivo, las agrupaciones que conforman la Unidad Piquetera se movilizarán el próximo martes a las 11 desde el Obelisco, específicamente desde la Avenida Independencia y la Avenida 9 de julio, para confluir en el Ministerio de Desarrollo Social.
Nota al Pie dialogó al respecto con Silvia Saravia, coordinadora territorial nacional de Libres del Sur. “Hoy hay mucho enojo e incertidumbre por quienes cobran el Potenciar”, compartió. Y afirmó: “Esta tarde hay una reunión de la Unidad Piquetera, es inminente la salida a las calles porque no está claro cuándo se va a realizar la transferencia”.
Silvia Saravia, coordinadora territorial nacional de Libres del Sur, habló sobre la realidad de les beneficiaries del Potenciar Trabajo. Créditos: Facundo Esmereles, Nota al Pie.
Palo tras palo: los ataques al Potenciar Trabajo
“Este gobierno lleva a cabo un ajuste por varias vías”, afirmó Saravia. “Una de ellas es la alta inflación que deteriora el ingreso del conjunto de los trabajadores y trabajadoras que perciben algún tipo de ayuda social”, puntualizó.
Y luego se explayó sobre los ajustes al Potenciar Trabajo. “Herramientas como los reempadronamientos, auditorías, la quita del plan a quienes también cobraban la beca Progresar fueron formas en la que intentaron recortar el programa”.
Hagamos un repaso de lo que fue un año de incertidumbre para sus beneficiaries. Con la gestión del exministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, vino la imposibilidad de que más personas se sumaran al programa.
Al promediar el año, otras dos malas noticias. Una, la realización de auditorías presenciales a quienes perciben el incentivo económico a cambio de un trabajo en diferentes unidades de gestión. Otra, la incompatibilidad entre el Potenciar Trabajo y las becas Progresar. Algunas medidas se revirtieron tras la intensa lucha de las organizaciones sociales en la calle. Otras no.
En un comunicado, Silvia Saravia recordó las palabras de la vicepresidenta argentina en el invierno pasado. “Cristina tomó la iniciativa en junio, planteando que el gobierno había perdido el manejo de las políticas públicas. La ofensiva judicial se montó sobre las acciones de su alfil Castagneto”, denunció Saravia. Hizo referencia al discurso de Fernández de Kirchner cuando atacó a las organizaciones sociales por la distribución de planes sociales.
El cambio de gestión en Desarrollo Social trajo a la nueva ministra, Victoria Tolosa Paz, con la decisión de continuar la lista de ajuste a los planes sociales. La última medida fue el reempadronamiento de sus beneficiaries, con la amenaza de un exhaustivo análisis para determinar quién sí y quién no seguiría en la nómina del programa.
Lo que comenzó como una medida de inclusión laboral se convirtió en un dolor de cabeza para el gobierno, que intenta seguir la línea del Fondo Monetario Internacional (FMI). Mientras tanto, la persecución es hacia les más vulnerables.
La nueva ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, se convirtió en la cara del ajuste a los planes sociales. Créditos: Victoria Gesualdi.
Más incertidumbre
“Nuestra posición es que ante el deterioro de la situación económica oficial, el Potenciar Trabajo tiene que universalizarse, lejos de recortarse”, opinó Saravia, en nombre de Libres del Sur.
La dirigente también se refirió a la posibilidad que planteó el gobierno de despegar el valor del programa del Salario Mínimo, Vital y Móvil. “El problema es que va a quedar en manos del poder ejecutivo la decisión de que aumento dar”, reflexionó. “Pero lo que quiere lograr es el ajuste y recorte”.
Saravia aseguró que detrás de esas decisiones está el cumplimiento del acuerdo con el FMI y de las recetas que exige ese organismo estadounidense. En ese sentido, apuntó contra las organizaciones oficialistas. Afirmó que ellas solo reaccionan cuando se comprometen sus intereses.
“Hoy hay mucho enojo e incertidumbre, porque quienes cobran el Potenciar, al menos en nuestras organizaciones y unidades de gestión, realizaron su tarea en noviembre; pero no les depositaron el dinero”, se lamentó Saravia.
“Es un monto muy exiguo, pero necesario para comprar comida fundamentalmente”, completó. Se espera la reunión de Unidad Piquetera de esta tarde para definir cuándo seguirá su plan de lucha, con la probabilidad de realizar una jornada de reclamos el próximo miércoles.
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Pilar: trabajadores y trabajadoras de la salud atajando penales
#ANRedMundial | ¡La Selección Argentina pasó a cuartos de final en el Mundial Qatar 2022! El sábado 3 de diciembre con goles de Lionel Messi y Julián Álvarez, en el estadio Ahmad bin Ali, le ganó 2 a 1 a su par de Australia. Y nos seguimos esperanzando, con el buen fútbol, que va encontrando el camino, sufriendo los últimos minutos, pero con la ilusión intacta para el próximo partido con Países Bajos. En Pilar, les trabajadores de la Salud hace más de un mes que reclaman mejoras salariales. Viviendo el partido con elles nos comentaron que exigen aumentos en el sueldo básico y fueron elegides delegades enfermeres por primera vez. Por Ernestina Arias, para ANRed.
Fue 2 a 1 para Argentina ante Australia en un partido difícil, cerrado, que Lionel Messi y Julián Álvarez con sus goles destrabaron. Australia, encontró el descuento gracias al tiro que se desvío en Enzo Fernández y descolocó al Dibu Martínez. A pesar de esa “apurada” en los últimos minutos, el equipo mostró buen juego durante todo el partido y las ganas de salir a encarar al rival. La ilusión crece en cada partido.
Mirando el partido en Villa Rosa, partido de Pilar, nos encontramos con Nely, enfermera que ejerce hace 34 años y desde hace más de un mes viene realizando asambleas con sus compañeres de la Maternidad Nuestra Señora del Pilar, los hospitales Sanguinetti, Falcón y el Hospital de Derqui, en reclamo de aumento salarial, los pases a planta y el reconocimiento profesional a la enfermería.
“Como la lucha continúa, ante la negativa de apoyo de los sindicatos y ante los oídos sordos del ejecutivo vamos a hacer una asamblea multitudinaria invitando ya no solo a enfermería sino a todos los trabajadores del hospital que quieran acercarse de otros hospitales en el Hospital Falcón, el miércoles 7 de diciembre a las 13 horas”, adelanta Nely.
Les trabajadores de la enfermería tuvieron una recomposición salarial en marzo, que correspondía a 2021, es decir, desde allí no se trató más sobre su aumento. Hubo incentivos divididos por categorías, pero no van al sueldo básico. Nely refiere cómo se organizaron frente a esta situación, que lamentablemente no es ajena en todo el ámbito de la Salud en el país.
– ¿Cómo comenzó el conflicto?
– El jueves 27 de octubre recibimos nuestros recibos de sueldo con 44.000 pesos de sueldo básico, una miseria. Allí comenzó todo. Se formó un grupo de WhatsApp que se inició con tres colegas. A la noche éramos 50 y el domingo 300, por lo que decidimos realizar asamblea. Se votaron medidas de fuerza por reclamo pero los sindicatos no apoyaron (ATE y sindicato municipal). Ante esto elegimos delegados paritarios en asamblea en cada hospital. Llegamos a la suma de 11. Esa comisión comenzó a moverse con mandato de base, yendo a reuniones en los sindicatos pidiendo y también exigiendo apoyo. Nos manipularon hasta el cansancio, pero no apoyaron medidas. Tuvimos que retroceder en las mismas, más que nada para proteger a los colegas de posibles represalias.
– ¿Qué acciones llevaron a cabo?
– Votamos asamblea permanente, hicimos volantes explicando la situación, y exigimos a los sindicatos formar Comisiones de Salud. Así pudimos elegir delegados y meter dos en cada sindicato por Hospital, somos 16. Nunca hubo delegados enfermeros antes así que fue un logro.
Ahora esperamos negociación el día 10 o salimos con medidas de fuerza. Lo otro que es notable es una disputa que se creó con algunos médicos que obviaron nuestro proceso y sacaron un paro de una, cortando toda negociación y publicaron por todos lados que nosotros también parábamos. Hubo que salir a atajar penales.
En definitiva, burocracia y patronal juegan al desgaste. Hablamos con el usuario de la Salud. Pero el conflicto está muy duro, 38 días van. Hicimos nuestra bandera y nuestros distintivos. Nosotros seguimos organizándonos por abajo y en asamblea permanente.
La defensa de la salud pública en el último tiempo ha tenido protagonismo en las calles, con asambleas y movilizaciones contra el ajuste que quieren imponer los distintos gobiernos, municipales, provinciales y nacional. Pero encuentra resistencia y organización. Por eso, Nely concluye su relato, sin dejar de remarcar la invitación a la asamblea en el Hospital Pediátrico Federico Falcón en la esquina de Pedro Arata y Polonia, Del Viso, Pilar este próximo miércoles.
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Conflicto salud. Hospital Posadas: nueva protesta tras rechazo del insuficiente acuerdo entre Gobierno y gremios
En medio de un conflicto que tiene más de un mes, las autoridades nacionales y los gremios ATE, UPCN y Femeca, firmaron una paritaria a la baja que la asamblea rechazó. Volvieron las acciones, esta vez bajo el Acceso Oeste, con gran apoyo popular.
Luego del corte en Acceso Oeste, el viernes pasado se realizó una audiencia en el Ministerio de Trabajo llamada por el Gobierno nacional, adelantando la mesa paritaria prevista para enero de 2023. En la misma participaron los gremios ATE, UPCN, Femeca y Cicop.
Como denuncian los propios trabajadores y Cicop seccional: “el Gobierno llegó a esa reunión con un acuerdo previo con ATE, UPCN y Femeca, gremios que no han apoyado hasta el momento a los sectores que estamos en lucha desde hace más de un mes”.
En la asamblea del lunes pasado, por unanimidad se rechazó el acuerdo firmado entre el Gobierno, ATE, UPCN y Femeca. Las consideraciones que se tuvieron en cuenta para esta decisión fueron: que el reclamo genuino es el aumento del 100% por fuera de la paritaria, con un bono de 100 mil pesos; mientras que el acta firmada prevé un mayor aumento sobre todo a directivos (sic) y está lejos de los reclamos, mientras médicos con 20 años de antigüedad presentes en la asamblea manifestaron que no percibirán aumento alguno; junto con que no hay ofrecimiento para los sectores no profesionales y se desconoce qué ofrecimiento hay para los residentes, mientras los becarios siguen sin percibir salario. Estos argumentos fueron, entre otros, los que llevaron a votar el rechazo y ratificar las medidas de lucha.
Hoy miércoles empezaron el día con un corte parcial debajo de la Autopista Acceso Oeste, que contó con un amplio apoyo popular. Luego una delegación irá al Ministerio de Salud de Nación, donde esperan ser atendidos y exigen que el Gobierno nacional reconozca a los representantes legítimos y electos por los sectores en lucha. En una nueva asamblea debaten las medidas de lucha de la semana próxima, de no haber respuesta al conjunto de sus reclamos.
Laura Bogado de la Comisión Directiva de la Cicop seccional y la Agrupación Marrón (PTS), al finalizar, declaró: “La lucha del Hospital Posadas, a pesar del Gobierno y los gremios que le dan la espalda a los trabajadores, sigue. Esto sucede también en el Garrahan, entre los residentes de 50 hospitales de la provincia de Buenos Aires que hoy están de paro y realizando protestas locales y en la Ciudad de La Plata junto a profesionales de la Cicop, en Córdoba, entre otras provincias. Por eso los trabajadores de la salud, que estamos enfrentando el ajuste que pagamos con bajos salarios y pluriempleo y defendemos una salud pública gratuita y de calidad, tenemos planteado avanzar en acciones comunes como venimos haciendo pero también en construir un gran encuentro nacional de coordinación y unidad de todas las luchas, para arrancarle a las centrales sindicales un verdadero paro nacional y plan de lucha. A todos los que comparten esta perspectiva los estamos invitando a firmar el petitorio que estamos impulsando”.
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Según la UCA, la pobreza alcanzó al 43,1% y afecta a más de 18 millones de personas en Argentina
Un informe del Observatorio Social revela que la pobreza subió en 2022 0,7%, y la indigencia ya supera el 8%. Creció el empleo registrado pero “un 50% de la población activa no posee un empleo con plenos derechos laborales”. Si bien el aumento en los índices no es relevante, la situación sigue preocupando.
Redacción Canal Abierto | El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina público el informe de avance Deudas sociales en la Argentina urbana 2010-2022, cuyos datos se elaboraron en base a la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) durante los meses del tercer trimestre de 2022.
Según se desprende de los principales resultados, el 32,7% de los hogares y 43,1% de las personas se encuentran bajo la línea de la pobreza en el país. En comparación con las cifras del año pasado, cuando el porcentaje de pobreza fue 42,4%, el estudio da cuenta de un aumento de 0,7 puntos porcentuales en 2022. El reporte señala, además, que entre julio y octubre de este año el 5,7% de los hogares y 8,1% de las personas eran indigentes.
De acuerdo con los resultados del informe Trabajo, empleo, inactividad forzada y exclusión social. Argentina Urbana 2010-2022,
la tasa de empleo subió del 58,8% registrado en 2021 a 64,3 % este año. Solo el 40,3% de la población económica activa de 18 años y más logró acceder a un empleo pleno de derechos, mientras que el 8,7% de esta población se encontraba abiertamente desempleada y el 23,0% sometida a un subempleo inestable, es decir, realizando changas, trabajos temporarios o no remunerados o siendo beneficiarios de programas de empleo con contraprestación.
Al mismo tiempo, el 28,0% contaba con un empleo regular, pero precario, con niveles de ingresos superiores a los de subsistencia y sin afiliación al sistema de seguridad social.
Por otro lado, si en 2021 la tasa de desocupación fue de 9,1%, la posterior reactivación generó que este año la desocupación disminuyera al 8,7%. Entre otros datos, recolectado por la Encuesta de la Deuda Social Argentina de la UCA entre julio y octubre de 2022, se señala también que aproximadamente un 50% de la población activa no posee un empleo con plenos derechos laborales.
El universo geográfico de la EDSA abarca a una serie de grandes y medianos aglomerados urbanos: Área Metropolitana del Gran Buenos Aires Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Mendoza, Salta, Neuquén: Plottier – Cipolletti, Mar del Plata, Salta, Tucumán – Tafí Viejo, Paraná, Resistencia, San Juan, Zárate, La Rioja, Goya, San Rafael, Comodoro Rivadavia, Ushuaia y Río Grande.
Los principales resultados del informe serán presentados hoy por Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina, en la mesa de reflexión “La Argentina que queremos”. Estará acompañando por María Migliore, politóloga, Ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires; Dante Sica, economista, exministro de Producción y Trabajo de la Nación; Emmanuel Álvarez Agis, economista – exviceministro de Economía y Finanzas de la Nación.
Ilustración: Marcelo Spotti
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TE EN ESTADO DE ALERTA Y MOVILIZACIÓN
Denuncian una escalada de violencia laboral y políticas anti sindicales en la Auditoria General de la Nación
Las autoridades excluyeron en forma unilateral a los sindicatos del Comité de Violencia Laboral del que forman parte en el marco de una oleada de sumarios y suspensiones.
Por:
La Junta Interna de ATE de la Auditoría General de la Nación (AGN) acaba de emitir un comunicado en el que denuncian una escalada de violencia laboral en el organismo que, presidido por Jesús Rodríguez, tiene como función auditar el funcionamiento y las cuentas de los distintos organismos del Estado nacional. El titular de la AGN, tal como lo determina la legislación vigente, es designado por la primera minoría en el Congreso de la Nación y, a la vez, encabeza el Colegio que está integrado por siete auditores con presencia de referentes designados tanto por el oficialismo como por la oposición.
El sindicato asegura que, ya desde principio de este año, cuando las autoridades definieron poner fin al régimen de teletrabajo, comenzó una escalada de persecución interna y violencia laboral que llevó a que, en palabras de Osvaldo Sidoli su secretario general, “alrededor del 10% del personal se encuentra con licencia psiquiátrica, médica o directamente sin goce de haberes por las presiones y sanciones permanentes que sufren”.
El dirigente confió que “yo mismo, con los años de experiencia y el respaldo gremial con el que cuento, a principio de año me enfermé por una sanción que me pusieron por un supuesto error a partir de la cual me quitaron un cargo de jefatura”. La situación, aseguran, es asfixiante. Desde el retorno a la presencialidad y en contradicción con lo que ocurría antes de la Pandemia, abundan los sumarios, las sanciones y las suspensiones por períodos de 30 días sin goce de haberes: “un compañera presentó un día tarde los papeles para la licencia por Covid y, en represalia, la suspendieron durante un mes. No hay graduación alguna entre el hecho y la pena que resulta completamente desmedida y con el solo propósito de regimentar”, se lamenta Sidoli.
Pero además el procedimiento sumarial, denuncia el dirigente de ATE, “se sustancia con un régimen particular en la AGN donde no te notifican las pruebas, te citan a declarar sin dejarte ver el expediente y ahí ya te ponen la pena en forma unilateral”.
Con todo, el comunicado es la respuesta del gremio a lo que consideran “la gota que rebalsó el vaso”. Es que, días atrás, el Colegio de Auditores dio a conocer una disposición que excluye la representación gremial en el Comité contra la Violencia Laboral creado en 2018 y que resultaba el único ámbito formal del cual participan los representantes de los trabajadores.
Por eso, el comunicado titula “Nunca dejan de sorprendernos para peor”. En el texto denuncian que miembros del Colegio catalogaron públicamente a los empleados de la auditoría como “vagos e incapaces”. La descalificación, según pudo saber Tiempo, vino del inefable Javier Fernández que persiste en ese organismo desde el 2001 y, si bien sustenta su representación en el bloque del peronismo mantiene vínculos estrechos con elementos del radicalismo y los servicios de inteligencia como Darío Richarte. Un perfil similar al de quien supo ser su socio en el directorio del grupo 23 Sergio Szploski con quien en conjunto vaciaron a Tiempo Argentino en su época comercial dejando en la calle y sin indemnización a dos centenares de trabajadores a partir de un complejo entramado de testaferros.
El mencionado Comité contra la Violencia Laboral en la AGN, señalan “tuvo un protagonismo pedagógico, fue recomendado en cursos como el de la ley Micaela y encuentros realizados con trabajadores que permitió reflexionar sobre como erradicar prácticas de violencia laboral. Estas nuevas prácticas fueron vistas como parte de una nueva cultura democrática en la AGN” De allí participaban, según el texto de la disposición que le dio origen, dos representantes por el sindicato mayoritario (APOC) y uno para cada uno de los sindicatos restantes (ATE y UPCN).
En alguna medida el Comité de Violencia había servido como ámbito de representación de los gremios en reemplazo de la Comisión permanente de Carrera creada en 2008 para discutir un convenio propio, la paritaria, la carrera admisnitrativa y los concursos pero que las autoridades nunca sustanciaron.
Desde ATE señalan que “han sido los gremios quienes impulsaron el Comité, aportaron a su reglamentación, participaron en la atención de casos para favorecer la resolución de conflictos. También propusieron, consensuada entre sus integrantes, la realización de una encuesta y su respectivo informe que se presente como línea base para partir de un primer trabajo que permita delinear políticas que favorezca a un ambiente laboral sano”.
Para Sidoli “la auditoría ningunea a los gremios, no tenemos convenio colectivo y todo se decide en forma unilateral. El comité de Violencia también lo resolvieron ellos en forma unilateral. Tanto su implementación como, ahora, la decisión de excluir a los sindicatos”.
Lo curioso es que, el 20 de octubre de este año, hace poco más de un mes, con motivo de la celebración de los 30 años del organismo, los representantes de los trabajadores fueron invitados a participar como oradores de un acto celebrado en el propio organismo. Allí, Jesús Rodríguez, señaló en referencia a los gremios que “imaginar un mecanismo que no los incluyera o no los contemplara, constituiría un pecado de soberbia o de ignorancia inadmisible”. Semanas después el organismo que lidera dispuso su exclusión unilateral por la que ahora ATE se declaró en estado de alerta y movilización y evalúa realizar asambleas la semana que viene donde planifican adoptar medidas de fuerza y acciones legales.
Ante el giro operado por las autoridades, el titular de ATE especuló que “allí se trataron muchos temas de violencia laboral pero en general alcanzaban el cargo de gerente. Debió haber alguna denuncia contra algún auditor y, por eso, decidieron volar la representación gremial. Este es un organismo feudal conducido por siete señores”.
Desde APOC si bien confirmaron la decisión de las autoridades prefirieron, por el momento, mantener en reserva su posición.
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Lawfare
SiPreBA: «El derecho a la información no es espionaje, usar el aparato estatal contra trabajadores de prensa sí»
El SiPreBA señaló que la conspiración entre funcionarios judiciales y empresarios de medios atenta contra la democracia y el libre ejercicio del periodismo, subrayó además que «el derecho a la información no es espionaje, usar el aparato estatal contra trabajadores de prensa sí».
Foto:
SiPreBA
A través de un comunicado el Sindicato de Prensa de Buenos Aires afirmó que “la filtración de las conversaciones de un grupo de chat integrado por jueces federales, directivos del Grupo Clarín, el fiscal general y el ministro de justicia porteños, explicita cómo la articulación entre sectores del poder judicial, del empresariado de medios y del arco político es utilizada con fines de desinformación y encubrimiento”.
También destacó que “las mismas corporaciones que se excusan en la crisis de los medios para precarizar nuestro oficio y se amparan en las libertades para desestimar la organización gremial, son las que tienen el poder económico y político suficiente para estas maniobras”.
En el comunicado manifestaron desde el SiPreBA que:
- Les trabajadores de prensa no somos la empresa ni el medio en donde realizamos nuestras tareas. Por el contrario, son los mismos empresarios de medios que intentan cercenar la libertad de prensa quienes pagan salarios de miseria y precarizan las condiciones laborales de nuestro oficio a diario.
- Los diálogos manifiestan un accionar planificado para ocultar actividades conjuntas entre sectores que deberían tener independencia y neutralidad. Consideramos que su difusión, por lo tanto, es un asunto de interés público. El periodismo tiene la obligación de comunicarlo para garantizar el derecho de la sociedad a estar informada.
- Los chats expresan diferentes maniobras para condicionar la publicación de la información en los medios. También se conoció que hubo diversos periodistas que sufrieron operaciones o recibieron presiones para que el tema no se conociera, ni antes ni ahora. Todo constituye la antítesis de la libertad de expresión y el derecho a la información que promovemos y defendemos.
- Es preocupante y confirmatorio que 24 horas después de conocida la noticia el tema no haya figurado en la agenda principal de los diarios ni portales ni canales de mayor alcance nacional. Son contadas y destacables las excepciones, como la del autogestivo Tiempo Argentino, que lo publicó en su edición dominical, y otros medios.
- La victimización de las personas involucradas a través de la denuncia de un supuesto “espionaje” es otro intento por bloquear el derecho a la información. En cambio, vale recordar que durante el gobierno nacional de Juntos por el Cambio hubo un accionar sistemático de espionaje sobre periodistas, a varios de los cuáles se los menciona con un tono agraviante en los chats difundidos.
Finalizaron repudiando junto a la FATPREN, “este accionar antidemocrático” y solidarizándose “con les trabajadores de prensa que recibieron injurias o sufren presiones para no difundir esta información”.
Asimismo, consideraron que “es urgente una democratización de la pauta publicitaria oficial que pluralice y transparente la información en los medios de comunicación, así como entendemos que es imperioso que nuestra sociedad debata qué tipo de justicia necesitamos en la Argentina”.
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Pignanelli comparó el lawfare con la dictadura: «Se llevaban al de al lado y decían ‘algo habrá hecho’. Después se cruzaron y se llevaron al de enfrente. Van a venir por todos»
Ricardo Pignanelli aseguró que el «SMATA estuvo, está y va a seguir estando al lado» de Cristina y aseguró que el lawfare va a terminar siendo como la dictadura: «Se llevaban al de al lado y decían ‘algo habrá hecho’. Después se cruzaron y se llevaron al de enfrente. Van a venir por todos».
El secretario General del gremio de mecánicos SMATA, Ricardo Pignanelli, habló tras el fallo emitido en la causa «Vialidad» del Tribunal Federal N° 2 contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, condenándola a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos: «Todos sabíamos como venía. No entiendo sin argumentación como se puede hacer una causa».
«La absolución de Cristina la va a traer el pueblo. Como fue una vez va a ser dos veces. Es una barbaridad jurídica lo que hicieron», agregó Pignanelli en declaraciones a AM530.
«La flaca (por CFK) sabe que SMATA estuvo, está y va a seguir estando al lado de ella», remarcó el sindicalista que firmó varios de los comunicados de repudio que circularon ayer.
Y aseguró: «Hay una decisión muy profunda que tienen que tomar los dirigentes del peronismo y el pueblo. Están creando un estado de situación y nos quieren llevar a un sistema en el que todos van a ser perjudicados en el tiempo».
Por último Pignanelli comparó lo que ocurre con lo que pasó en la última dictadura cívico militar: «Se llevaban al de al lado y decían: «algo habrá hecho». Después se cruzaron y se llevaron al de enfrente. Después van a venir por todos».
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«Hagamos lo que tengamos hacer para defender la patria», la consigna de los dirigentes sindicales que se reunieron ayer con CFK después de la condena
Tras la sentencia, anoche CFK se reunió con dirigentes de su núcleo más cercano. Hubo pesos pesados de CGT y de la CTA. Les pidió que «tomen el bastón de mariscal». «Hagamos lo que tengamos hacer para defender la patria», es la consigna que circula entre ellos.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió a dirigentes del peronismo nacional y bonaerense que «tomen el bastón de mariscal, militen, hagan política y salgan a la cancha para defender el proyecto nacional y popular» de cara a las elecciones presidenciales de 2023-
Eso fue en el marco de una cena que compartieron anoche en la localidad de Punta Lara en Ensenada, luego de que se conociera su condena a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Allí estuvieron funcionarios, ministros nacionales, provinciales, intendentes, dirigentes sindicales y de los movimientos sociales.
Por la pata sindical estuvieron presentes el líder de curtidores y ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa; el canillita Omar Plaini; la titular de los judiciales Vanesa Siley; el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo; el titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán; el titular de Suteba, Roberto Baradel; y el secretario adjunto de Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata), Mario «Paco» Manrique.
Varios de los dirigentes presentes en ese encuentro confiaron a Télam que, pese al fallo adverso, vieron a la expresidenta «muy entera» y con la firme convicción de que hay que «dar una batalla» contra la persecución judicial pergeñada entre un sector de la Justicia, de la oposición y de los medios hegemónicos.
Además, coincidieron en que Fernández de Kirchner les pidió «usar el bastón de mariscal, militar, hacer política y dar las peleas que haya que dar para defender al modelo y las banderas del peronismo» de cara a las elecciones presidenciales del año próximo.
Según pudo saber InfoGremiales, el grupo que recibió a CFK en Ensenada no es improvisado. Es la octava vez que se reúne. Entre otras cosas impulsó el acto en el que fue la única oradora en el Estadio Único de La Plata Diego Armando Maradona.
«Hoy cada uno tendrá que demostrar si está dispuesto o no a enfrentar a la mafia que son Magnetto y Clarín», aseguró hoy Omar Plaíni, uno de los asistentes, en declaraciones a AM530.
«Ahora cada uno de nosotros que portamos en bastón de Mariscal tendremos que demostrar si estamos a la altura o no. Yo ya no quiero mensajes por twitter, quiero un pueblo movilizado», aseguró.
Por su parte Correa, contó: «Anoche Cristina fue muy concreta, nos dijo: ustedes son peronistas, así que saquen el bastón de mariscal» y detalló: «tenemos el Poder Ejecutivo, diputados, senadores, gobernadores, intendentes, dirigentes sindicales: hagamos lo que tengamos hacer para defender la patria».
«Ahora nos llegó el momento; hay que pelearla en la calle, militar, hacer política. Nos dijo a su núcleo duro: agarren el bastón y vayan», cerró.
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Sergio Palazzo, sobre la renuncia de Cristina a ser candidata en 2023: «Voy a estar hasta el último minuto de cierre de listas para tratar para convencerla de que sea candidata»
El secretario general de la Bancaria Sergio Palazzo se expresó sobre el Chat Gate de los jueces, espías y empresarios que viajaron a Lago Escondido, sobre la condena y la posterior renuncia a cualquier candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. «Es una condena que no tiene fundamentos jurídicos sino tiene solamente consideraciones políticas», aseguró.
El también diputado por el Frente de Todos Sergio Palazzo afirmó sobre la condena a 6 años de prisión efectiva que se leyó ayer en la causa llamada «Vialidad» a CFK: «No tienen pruebas, no tienen nada y lo que no tienen es vergüenza de sacar un fallo de esta envergadura».
«La causa empieza por asociación ilícita, luego no es asociación ilícita. el propio juez Ercolini se había declarado incompetente, fue a Santa Cruz, fue juzgada, fue sobreseída de vuelta. Amañadamente arman nuevamente la causa en Buenos Aires. Está claro que es un mamarracho jurídico que tiene una fuerte connotación política», argumentó el dirigente bancario en diálogo con AM 750.
Sin embargo, la lectura de los jueces fue simplemente la presentación del fallo porque no hubo fundamentos. Los mismos se darán a conocer recién dentro de tres meses: «Creo que los fundamentos van a ser tan vagos como ha sido la causa pero cuando se piensa que Cristina tiene que apelar ante una Cámara cuyo jueces siguen teniendo la misma visión parcial y acomodaticia que han tenido los jueces que acaban de sancionarla ayer, bueno. Acá hay una condena escrita ante un pelotón de fusilamiento por haber desarrollado políticas que han confrontado con el poder.», aseguró Palazzo.
Este no sería el único conflicto con el Poder Judicial. Como legislador también tiene reclamos a la Cortes Suprema de Justicia de la Nación que interviene en cuestiones relativas al Congreso nacional y adelantó que pedirán una audiencia con Horacio Rosatti: «Tiene que arreglarse el problema institucional que ellos crearon pero respetando la independencia de poderes que consagra el reglamento de la Cámara y la Cconstitución, no que los señores de la Corte nos digan a los legisladores cómo tenemos que elegir y a quién tenemos que elegir».
Palazzo además identificó que «Hay una clara decisión política de proscribir a Cristina» por lo que comprende su determinación a renunciar a todo tipo de candidatura que le de fueros: «La decisión de ella es personal y hay que respetarla pero yo como militante del Frente de Todos voy a estar hasta el último minuto de cierre de listas para tratar para convencerla de que sea candidata.»
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Pablo Moyano pidió movilizar a la Corte Suprema de Justicia: «A estos tipos se los frena con la gente en la calle. Con comunicaditos no alcanza»
El cotitular de la CGT, Pablo Moyano, respaldó públicamente a la Vicepresidenta de la Nación y aseguró que «la sentencia ya se sabía». «Quieren proscribir a la próxima a candidata a Presidenta del Frente de Todos» aseguró y planteó: «Yo creo que tiene que haber una gran movilización hacia la Corte Suprema».
El triunviro de la CGT y secretario Adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, remarcó que «La sentencia (con la que se condenó a CFK) ya se sabía. Ya estaba condenada. Sus palabras después sorprendieron a todos».
Para Moyano, «hay que respetar la decisión de la compañera, a nosotros nos persiguieron con una causa inventada orquestada por la derecha, por Clarín y La Nación. Nosotros sabemos lo que es el armado de causas y el lawfare».
«Quieren proscribir a la próxima a candidata a Presidenta del Frente de Todos», añadió y planteó que «si Hebe estuviera con vida habría convocado una pueblada».
«Hay una falta de liderazgo en nuestro espacio, no veo que haya un compañero o compañera que convoque», agregó Moyano. «No puede ser que 3 o 4 chantas firman una condena así y no pase nada. Tendría que haber una autoconvocatoria».
«Proscribir a una vicepresidenta no debe haber ocurrido en el mundo», sentenció.
Por último Moyano precisó: «A estos tipos se los frena con la gente en la calle, con comunicaditos no alcanza. Estos tipos se te cagan de risa».
«Yo creo que tiene que haber una gran movilización hacia la Corte Suprema que son los que hoy, a través de Clarín, manejan la situación del país», cerró.
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Sin anunciar protestas ni medidas de fuerza, la CGT condenó tibiamente la condena sobre CFK: «Una mancha más en la historia de la Justicia»
La CGT expuso un comunicado horas después de que se conociera el veredicto. Sin anunciar protestas ni medidas de fuerza, condenaron el accionar de la Justicia. «Es el pueblo quien decidirá el destino de sus representantes políticos», aseguró.
La Confederación General del Trabajo (CGT) rechazó el fallo que condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por supuestos delitos contra la administración pública, aunque evitó avanzar en algún tipo de protesta o medida de fuerza.
«Los actos de gobierno no son judiciables», sino que es el pueblo quien «decidirá el destino de sus representantes políticos», expresó el escrito que dejaron trascender los principales referentes cegetistas.
El Tribunal Oral Federal N° 2 condenó ayer a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Comparto el Comunicado Oficial de CGT tras el fallo de condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. pic.twitter.com/eQ4zhoSgeQ— Héctor Daer (@hectordaer) December 6, 2022
«Este vergonzoso veredicto se enmarca en una serie de inconsistencias jurídicas donde no se ofrece evidencia de hecho para probar delito alguno sino meras opiniones de los jueces y fiscales de la causa», remarcó el comunicado de la CGT que lleva la firma del Consejo Directivo.
En ese sentido, señalaron que «la connivencia entre autoridades y operadores del Poder Judicial y el poder mediático fue definitivamente demostrada a partir de las revelaciones que surgieron del viaje a Lago Escondido».
Y marcaron que «resulta fundamental señalar que esta decisión no es más que una mancha más en la historia de la Justicia argentina».
«Esta Confederación General del Trabajo repite una vez más que los actos de gobierno no son judiciables, y solo el pueblo a través del voto decidirá el destino de sus representantes políticos», completó.
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Las centrales sindicales de Brasil y Venezuela repudiaron la condena a CFK: «Es inaceptable que nuestras democracias sigan siendo atacadas»
Las centrales sindicales de Brasil y Venezuela se pronunciaron para repudiar la condena de la Vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. «Es inaceptable que nuestras democracias sigan siendo atacadas», aseguraron y lo vincularon con lo ocurrido con Lula y Dilma, entre otros políticos de la región.
Apenas horas después del fallo emitido en la causa «Vialidad» del Tribunal Federal N° 2 contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, condenándola a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, las centrales sindicales de la región empezaron a pronunciarse.
De hecho, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras expresó que «Con profunda indignación recibimos la infame noticia de la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua contra la Vicepresidente argentina Cristina Fernández en la misma horrorosa tradición de los fascistas de América Latina hicieron contra Correa y Glas en Ecuador, Lula y Dilma en Brasil, contra Lugo en Paraguay, Mel en Honduras».
«Se demuestra una vez más el talante poco democrático y constitucional de la derecha fascista que violenta la voluntad del pueblo que en las urnas votó por los gobiernos progresistas», explicaron los venezolanos.
«No les bastó con atentar contra su vida, ahora pretenden su asesinato político y moral en una absurda condena por corrupción que no soporta el menor análisis legal y contable», agregaron.
«Sin ningún asomo de dudas estamos contigo Cristina y hacemos votos por la pronta solución a esta locura leguleya», cerraron.
Por su parte la CUT, la central sindical más importante de Brasil expresó «su rechazo al juicio ilegal en primera instancia que pretende, a través de la estrategia lawfere, sacar a Cristina Kirchner de la disputa electoral en el vecino país».
«Es inaceptable que nuestras democracias latinoamericanas sigan siendo atacadas de manera tan furtiva e ilegítima como ya lo hemos presenciado en Bolivia y Brasil», sostuvieron.
«Expresamos nuestra más profunda solidaridad con la Vicepresidenta Cristina Kirchner y con todos los defensores y las defensoras de la democracia y la verdad en nuestra América Latina, que hoy sufre este ilegítimo y desleal golpe», indicaron.
Desde las centrales sindicales argentinas esperan que en las próximas horas lleguen más expresiones de repudio regionales a lo ocurrido ayer por la tarde.
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Lawfare
FEDUBA expresó su repudio y preocupación por la clara vulneración de la independencia judicial
FEDUBA expresó a partir de los hechos de público conocimiento que involucran específicamente a docentes de la Facultad de Derecho de la UBA su “repudio y preocupación por la clara vulneración de la independencia judicial, la división de poderes y la total falta de capacidad ética y moral de estas personas para dictar clases”.
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Tiempo Argentino
Desde la organización gremial, luego de conocerse que docentes de la Facultad de Derecho de la UBA, junto a autoridades judiciales, empresarios de medios, funcionarios del GCBA y operadores políticos, “donde hablan de falsificar pruebas, armar causas, amenazar periodistas y hasta de matar funcionarios a cargo de fuerzas de seguridad” señalaron su repudio y preocupación.
Se refirieron, “puntualmente al caso de Julian Ercolini (actual Director de la Carrera de especialización en administración de justicia), Carlos Mahiques, Juan Bautista Mahiques, Pablo Casey (director del grupo Clarín y sobrino de Héctor Magnetto), Juan Yadarola, entre otros”.
“Esta falta de ética e integridad, además de vulnerar la responsabilidad institucional que les cabe por los cargos que ostentan, que es totalmente incompatible con los fines y principios de la universidad pública, genera una profunda preocupación por sus consecuencias en la formación académica de diferentes actores”, subrayaron desde el FEDUBA.
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INTERNACIONALES
Gran Bretaña
Paro de transporte y de sanidad: El Gobierno británico estudia utilizar al Ejército
El presidente del oficialista Partido Conservador del Reino Unido, Nadhim Zahawi, afirmó este domingo que el Gobierno está estudiando la posibilidad de desplegar efectivos militares en respuesta a los paros previstos para las próximas semanas de los sectores de transporte y del sistema de salud.
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AFP
Zahawi explicó que los militares podrían «conducir ambulancias», trabajar en la gestión de fronteras o en el sector sanitario.
«Tenemos que ser capaces de llegar a un nivel seguro de tratamiento y apoyo a los pacientes; vamos a intentar minimizar el impacto» de las huelgas, afirmó a la televisora Sky News.
El Gobierno liderado por el conservador Rishi Sunak ya anunció que está formando a 2.000 personas, entre personal militar, funcionarios y voluntarios, para trabajar en sectores estratégicos como «una de las opciones disponibles», aunque señaló que aún no estaba tomada una decisión sobre una posible intervención militar, recogió la agencia de noticias Europa Press.
Zahawi sugirió a los trabajadores del Servicio Nacional de Salud (NHS), un sector que se plegará al paro, de que es el momento equivocado para parar por los bajos salarios porque ayudaría al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a dividir a Occidente en medio de la guerra en Ucrania.
Zahawi declaró a los medios de comunicación que las enfermeras debían suspender la medida de fuerza y abandonar sus reivindicaciones salariales porque corrían el riesgo de hacerle el juego al presidente ruso, que, según él, quería alimentar la inflación en Occidente, publicó el diario británico The Guardian.
«Es el momento de unirnos y enviar un mensaje muy claro al Sr. Putin de que no vamos a estar divididos de esta manera. Nuestro mensaje a los sindicatos, es decir que no es el momento de hacer huelga, es el momento de intentar negociar», dijo Zahawi.
«Si intentas bajar la inflación podría provocar una mayor inflación y afectar a los más vulnerables», agregó el conservador.
Si no se logra una negociación, el Gobierno «tiene el derecho y la responsabilidad de tener planes de contingencia».
«Estamos barajando el Ejército. Estamos barajando una respuesta con una fuerza especializada para incrementar la capacidad», indicó.
Por su parte, la secretaria general del sindicado de enfermeras Royal College of Nurses (RCN), Pat Cullen, dijo que era un «nuevo nivel» para el gobierno «utilizar la guerra de Rusia en Ucrania como justificación para un recorte salarial en términos reales para las enfermeras en el Reino Unido».
«A diez días de que comience nuestra huelga, reitero mi compromiso de reunirme con los ministros para abordar nuestro conflicto. En lugar de negociar con las enfermeras, están eligiendo la huelga», comentó.
También en respuesta a las afirmaciones de Zahawi sobre que las huelgas ayudan a Putin, la responsable de Sanidad de Unison (uno de los mayores sindicatos británicos de la administración pública), Sara Gorton, dijo que el Gobierno podría «evitar fácilmente las huelgas» si el secretario de Sanidad, Steve Barclay, empezara a hablar con los sindicatos sobre el aumento de los salarios.
Es probable que en los próximos 10 días aumente la presión sobre el Gobierno para que entable conversaciones sobre los salarios.
Diversos paros fueron convocados en sectores clave como el transporte, la sanidad, la educación o los repartos y se estima que decenas de miles de personas se sumarán a estas convocatorias para protestar por el aumento del costo de la vida.
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Preparan una ola de huelgas en Inglaterra ante la creciente inflación
Transporte público, salud, maleteros, paramédicos y docentes, entre otros, convocaron a una serie de huelgas para Navidad y varias fechas de diciembre, en reclamo de mejores salarios y condiciones laborales. Por su parte, el gobierno no quiere ceder en las negociaciones.
En el marco de una crisis en aumento en Inglaterra a raíz de la alta inflación, trabajadores del transporte se preparan para protestar y convocan a nuevas huelgas de trenes que se suman a otra decena de medidas de fuerza en los servicios públicos en reclamo de mejoras salariales y de condiciones laborales.
Los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores Ferroviarios, Marítimos y del Transporte (RMT por sus siglas en inglés) confirmaron otra medida de fuerza que se realizará desde el 24 al 27 de diciembre.
Las huelgas se centran en las demandas de mejores condiciones de trabajo y aumentos salariales que se mantengan al día con el aumento de los precios.
El sindicato confirmó también medidas de fuerza la próxima semana -13, 14, 16 y 17 de diciembre- en 14 compañías de trenes, aunque continuaban las negociaciones.
Los jefes sindicales instaron a los representantes de RMT en el ente estatal ferroviario Network Rail a rechazar nuevas propuestas salariales de las compañías privadas que brindan el servicio con la infraestructura del ente público y a proceder con huelgas el 13, 14, 16 y 17 de diciembre.
El dirigente del sindicato RMT, Mick Lynch, dijo que el Gobierno conservador del primer ministro Rishi Sunak estaba «coordinando un ataque contra los trabajadores» al cambiar las condiciones laborales y ofrecer aumentos salariales por debajo de la inflación.
“Sería una tontería que los sindicatos no se coordinaran para responder a esos ataques”, dijo a la cadena BBC.
«Seguimos disponibles para las conversaciones a fin de resolver estos problemas, pero no cederemos ante la presión de los empleadores y el Gobierno en detrimento de nuestros miembros», afirmó.
También aclaró que las huelgas navideñas «no afectarían en gran medida a los servicios de pasajeros», pero tendrían un impacto en obras de ingeniería entre el 24 y el 27 de diciembre.
El ministro de Transporte, Mark Harper, describió la escalada como «increíblemente decepcionante»
«Es increíblemente decepcionante que, a pesar de un acuerdo nuevo y mejorado que ofrece seguridad laboral y un aumento salarial justo, el RMT no solo continúa con la próxima huelga, sino que ha convocado a otras durante la Navidad”, afirmó en declaraciones a la emisora Sky News.
La líder adjunta del opositor Partido Laborista, Angela Rayner, por su parte, aseguró hoy en una entrevista con BBC que los ministros deben «reunirse urgentemente en la mesa» para resolver la disputa ferroviaria y otros problemas urgentes en la economía.
Dijo que el sistema ferroviario «se está desmoronando absolutamente, sin las huelgas».
La disputa ferroviaria es una de las muchas que amenazan con generar una paralización general en el Reino Unido con el personal de enfermería, paramédicos, trabajadores del correo, bomberos, choferes del transporte público y profesores universitarios, entre otros, que también anunciaron paros la semana pasada.
El Gobierno se resiste a otorgar aumentos, con el argumento de que podrían impulsar aún más la inflación, que está en su punto más alto en 40 años, con un 11,1% anual en octubre.
Las enfermeras de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte se declararán en huelga el 15 y el 20 de diciembre, mientras que los servicios postales del Reino Unido confirmaron medidas para los días 9, 11, 14, 15, 23 y 24 de diciembre.
Los maleteros del aeropuerto londinense de Heathrow confirmaron un paro de 72 horas a partir del 16 de diciembre y los examinadores de los registros de conducir realizarán medidas similares continuas del 13 de diciembre al 16 de enero.
Los paramédicos y otros trabajadores de ambulancias del Sistema Público de Salud conocido como NHS, confirmaron hoy un paro para 21 de diciembre.
La jefa de salud del sindicato Unison, Sara Gorton, dijo que el Gobierno «tendrá la culpa si hay huelgas en el NHS antes de Navidad».
“El personal de la ambulancia y sus colegas de salud no quieren molestar a nadie. Pero los ministros se niegan a hacer lo único que podría evitar la interrupción: iniciar conversaciones genuinas sobre el pago», agregó la dirigente, tras afirmar que los salarios son demasiado bajos.
«Todos los sindicatos han pedido aumentos salariales por encima de la inflación», subrayó.
En Escocia, los docentes se declararon en huelga el 24 de noviembre, con más paros en diciembre, enero y febrero.
En tanto, los choferes de colectivo de Londres, que tenían previsto parar durante tres días, cancelaron las medidas mientras evalúan una oferta salarial.
Fuente:ResumenLatinoamericano
La Corte, en silencio; el Consejo de la Magistratura, paralizado
Chats del lawfare: mucho corrillo y poco repudio público para los jueces viajeros
Ante la inacción de los espacios institucionales crecen los reclamos para que los magistrados que viajaron a Lago Escondido dejen de dar clases en la universidad pública.
No hay espacio judicial en el que no se haya debatido sobre los chats que se filtraron y que muestran las relaciones promiscuas entre cuatro jueces federales con exintegrantes de los servicios de inteligencia, funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires y el principal grupo de medios del país. Sin embargo, a nivel institucional, por ahora todo es silencio. La Asociación de Magistrados no se pronunció. Tampoco lo hizo la Corte Suprema pese a que se esperaba al menos algún gesto por parte del máximo tribunal. El Consejo de la Magistratura, que debería tramitar las denuncias, está paralizado. Como contracara, empezaron a crecer los reclamos para que los magistrados no sigan formando a nuevas generaciones de abogados.
Los chats judiciales estallaron durante el fin de semana. Empezaron a circular los links a la web Patagonian Facts, donde estaban publicados los dos grupos de Telegram –”Operación Página 12” y “Donatto contraataca”--. En general, había mensajes de desaprobación intercalados con propuestas de salir a desmarcarse del cuarteto para que la ya muy dañada imagen judicial no siguiera sumando manchas.
En los tribunales de Comodoro Py, todos hablan del escándalo de los chats. Nadie cuenta haber tenido contacto con el juez federal Julián Ercolini –uno de los protagonistas del intercambio en el que se buscaba justificar un viaje a Lago Escondido que habría sido financiado por el Grupo Clarín--. A Carlos Mahiques, integrante de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, lo vieron en las últimas horas en audiencias que se celebraron en el primer piso de los tribunales de Retiro. Los dos son integrantes del grupo de los “huemules” –como así se denominaban en los mensajes que compartían– que también conformaban el juez en lo penal económico Pablo Yadarola y su colega de contencioso administrativo Pablo Cayssials.
No hubo demasiado quórum a la hora de decir algo. En la Asociación de Magistrados –que dirige Marcelo Gallo Tagle y que hace pocas semanas libró una batalla a capa y espada contra el pago de ganancias– dicen que por el momento no habrá comunicado. La justificación es que hay una investigación penal en curso en la jurisdicción de Bariloche. Más allá de lo que resulte en los tribunales, la revelación apunta a prácticas reñidas con la ética de sus asociados.
Una de las listas de la Asociación de Magistrados, Compromiso Judicial, sorprendió con un pronunciamiento celebratorio de la sentencia que dictó el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 contra Cristina Fernández de Kirchner y otros. Según la agrupación en la que participa el juez Jorge Gorini, “infundadamente agravian al tribunal poniendo una vez más en peligro el funcionamiento de nuestro estado republicano y democrático”. El comunicado cayó mal entre algunos integrantes de la lista. “Las condenas no se celebran”, comentaba un juez insospechado de tener simpatías con el kirchnerismo.
La Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), que lidera Julio Piumato, emitió un fuerte comunicado que repudia a los magistrados viajeros. “Cuatro jueces que –con su accionar– ponen en jaque todo el sistema”, dice el sindicato que también reprobó la filtración a la que calificó de ilegal y salió al cruce de la acusación de ser una mafia que lanzó CFK el martes desde su canal de YouTube, después de recibir la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa “Vialidad”, que tramitó en el juzgado de Ercolini.
En el mundo académico circulan hace días pedidos para que los cuatro jueces dejen las aulas. En particular se focalizan en Ercolini, que es el director de la especialización en Administración de Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
En las últimas horas, la exjueza Lucila Larrandart le envió una nota al fiscal Mario Villar, que dirige el Departamento de Derecho Penal y Criminología de la UBA, pidiendo que se expida públicamente sobre la inconducta de Ercolini. “Esta falta de integridad ética resulta totalmente incompatible con los fines y principios de nuestra Universidad Pública, y genera una profunda preocupación por las consecuencias que podría traer aparejada en la formación ética de los estudiantes –de grado y posgrado- de esta casa de estudios, mancillando no sólo los principios universitarios sino también los principios que enseñamos desde el Departamento de Derecho Penal y Criminología como base misma del Derecho Penal y Procesal Penal, ambos apéndices constitucionales”, sostuvo la jurista.
Uno de los datos relevantes es que la carta de Larrandart llegó con la adhesión del presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar, que ya el mismo lunes había dicho públicamente que la filtración dejaba en evidencia una degeneración del sistema de justicia. Días antes, Slokar había sido destinatario de una carta del Papa Francisco en la que se apuntaba a la ética de los jueces. Por su parte, la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal (AAPDP), que preside el titular de Casación, también repudió a los viajeros en un comunicado en el que habló de "inconducta notoria" e "indignidad moral".
En el máximo tribunal penal del país, el tema probablemente surja en los próximos días, cuando los jueces deberán reunirse en plenario para decidir quién reemplazará a Slokar al frente del cuerpo. Casación fue un tribunal muy sacudido por los escándalos en los últimos meses después de que se conocieran las visitas que solían hacerle Gustavo Hornos y Mariano Borinsky a Mauricio Macri. A nivel interno también calaron hondo los mensajes misóginos de Juan Carlos Gemignani. En general, no hubo reproches a los colegas, con la excepción de Slokar, Ana Figueroa y Ángela Ledesma.
La desaprobación no únicamente se sintió en el ámbito del derecho penal. El excamarista laboral y expresidente de la Asociación de Magistrados –por la Lista Celeste– Juan Carlos Fernández Madrid le escribió, por su parte, al decano de la Facultad de Derecho de la UBA, Leandro Vergara. “Considero que ninguno de los jueces involucrados en el episodio de Lago Escondido está en condiciones morales de continuar al frente de cursos en la Facultad de Derecho de la UBA”, afirmó.
Las claves de la investigación de la fiscal Cándida Echepare
Lago Escondido: un dictamen que desnuda la coartada de los involucrados en el viaje del Lawfare
El dictamen de la fiscal Cándida Echepare corrobora la existencia del viaje en un avión privado y las facturas truchadas. Pidió levantar el secreto fiscal y bancario de todos los implicados.
En el chat del tour judicial-político-mediático que viajó a la mansión del magnate Joe Lewis en Lago Escondido, y que se creó para camuflar el viaje que reveló Página/12 el 17 de octubre último, algunos de sus integrantes se mostraban preocupados por la posible existencia de imágenes captadas por las cámaras del aeropuerto de Bariloche, donde podría verse al contingente junto al presidente de la estancia "Hidden Lake SA", Nicolás Van Ditmar. Por eso se pusieron a pensar y acordaron que la mejor salida para evitar que los acusen de algo (como mínimo recibir una dádiva) era presentar facturas truchadas, a nombre de cada uno, para hacer de cuenta que los propios jueces y funcionarios se habían pagado el viaje. El dictamen de la fiscal local, Cándida Echepare, firmado este martes, desnuda todo ese material tan temido por los protagonistas del diálogo filtrado (registros visuales y facturas con fecha desfasada) y por ende corroboraría su contenido. El documento impulsa la investigación por los delitos de violación de los deberes de funcionario público, dádivas, tráfico de influencias, falsedad ideológica de documento público. A primera hora se presentó también el Ministerio de Justicia con un pedido para ser querellantes, agregó el delito de cohecho y medidas (ver aparte).
Los imputados son los jueces Julián Ercolini (de primera instancia de Comodoro Py), Carlos Mahiques (Casación Federal), Pablo Yadarola (Penal Económico) y Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo), el jefe de los fiscales porteños Juan Bautista Mahiques, el ministro de seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, el exfuncionario de inteligencia Leonardo Bergroth, el experto en campañas digitales Tomás Reinke y los directivos del grupo Clarín que organizaron el viaje, Jorge Rendo y Pablo Casey.
Página/12 había dado a conocer las características del viaje y de la comitiva, junto con la inevitable deducción de que se trataría de un encuentro, no sólo hedonista, sino para dar continuidad al uso de la justicia para la política, y ahora queda más claro el protagonismo mediático. Es difícil pensar en otro temario común. En el chat los hombres en cuestión se esfuerzan por dar explicación a lo que los macristas solían llamar "retiro espiritual". Proponen argumentar que fueron a tomar clases de pesca con mosca. Hasta que alguien dice "estaría bueno si hubiera abierto la temporada" con un emoji de sonrisa. La primera denuncia en Bariloche, basada en la publicación, fue presentada por el abogado Marcelo Eduardo Hertzriken Velasco.
La acusación fiscal
La fiscal Echepare afirma en su dictamen que durante todo este tiempo, desde la denuncia inicial en octubre, hizo algunas medidas que le permitieron verificar:
* Que el 13 de octubre viajaron de Buenos Aires a Bariloche en un avión privado de la empresa "Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A." (conocida como Flyzar, del empresario Gustavo Carmona) matrícula LV-GCK: Ercolini, Bergroth, Reinke, Mahiques padre e hijo, D'Alessandro, Yadarola y Cayssials. Volvieron al aeropuerto de San Fernando el día 15, según datos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) aportados a la causa.
* Por el vuelo hay facturas emitidas a nombre de los denunciados. Algunas son del 13, por 120 mil pesos, pero las de Bergroth son del 17 y 19 por 120.000 y 60.000 pesos, o sea, son posteriores al viaje. "Llama la atención que en todos los casos los pagos figuran como efectuados con la modalidad 'contado' y que el pago se realizara el mismo día del vuelo", sostiene Echepare.
* Las filmaciones de la PSA del aeropuerto de Bariloche confirman la llegada del grupo. El primero en recibirlos es Van Ditmar, de Hidden Lake S.A., acompañado por dos varones y una mujer. El dictamen dice que es una figura conocida "a nivel local, principalmente en virtud de los públicos conflictos de la empresa y distintas organizaciones por el acceso al Lago Escondido, ubicado dentro de la estancia". Desde allí fueron trasladados por dos camionetas de alta gama, las mismas que los traen de regreso directamente dentro de la pista de aterrizaje. Un subinspector de la Unidad de Seguridad Aeroportuaria preventiva declaró que pasaron los controles, pero ingresaron por un portón donde no hay cámaras derecho a la pista.
*Van Ditmar declaró como testigo, explicó en forma genérica que el contingente había contratado el traslado y alojamiento y que tenía las facturas que entregó a la fiscalía: era a favor de todos menos Bergroth y Reinke por 605 dólares cada una (a la cotización de octubre eran 97.707 pesos). "Una vez más los documentos evidencian una clara discordancia con el momento en que se habrían alojado en el establecimiento, ya que el servicio se brindó los días 13,14 y 15 de octubre, mientras que los comprobantes datan del 28. También llama la atención que no se hubiera emitido factura alguna, justamente a los dos individuos que no detentan el carácter de funcionarios públicos y que, por tanto, tienen mayores libertades para ser invitados y no pagar por los gastos erogados". A los funcionarios judiciales y políticos la Ley de Ética Pública les prohíbe recibir este tipo de invitaciones y pagos.
* El informe de la fiscalía descarta que el contingente se haya juntado con Mauricio Macri y/o su amigo Lewis.
El dictamen de la fiscal concluye que podría haber "un ilícito penal, en particular la existencia de un viaje de lujo en un avión privado y con destino a una magnánima estancia en el que participaron jueces, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires, y dos empresarios, quienes se reunieron en esta ciudad (Bariloche) con otros dos empresarios con altos cargos en un poderoso conglomerado de medios de comunicación nacional, cuya presencia en la reunión fue evidentemente ocultada, no solo por haber tomado otro vuelo sino por su omisión en el relato de quien los alojara". Luego dice que habrá que corroborar si todas las facturas emitidas fueron abonadas "al contado" y formalizadas con posterioridad. "Adquiere sustentación la denuncia del letrado en cuanto a que el viaje en su totalidad pudo haber sido un ilícito regalo a los funcionarios...".
Como medidas para avanzar, le pide a la jueza Silvina Domínguez que levante el secreto fiscal y bancario de todos, así como de "Hidden Lake SA" y "Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos". A la AFIP, le requiere que analice la autenticidad de las facturas presentadas y que una fuerza de seguridad a definir analice el "material fílmico" para identificar a todos y a las personas que estaban con van Ditmar, para que declaren.
Viaje y facturas
En el chat que se filtró, y que algunos como D'Alessandro intentarán instalar como espionaje, parte de la estrategia que traman los jueces y empresarios parece encontrar correlato en las pruebas que aparecen. Algunos cuentan que ante la consultas de periodistas dijeron que era todo mentira (respecto de la existencia del viaje), como ocurrió al ser consultado el ministro de seguridad porteño por este diario. Y otros empiezan a pensar en temores y como disfrazar lo sucedido. "Si definiéramos que estuvimos ahí y pagamos. Se acabó", dice Ercolini. "Si sacaron foto subiendo a camionetas o lo que sea, quedamos embarrados. Lo mejor es decir que nos juntamos, fuimos ahí, pagamos y volvimos. Y el argumento para confabular nos juntábamos en Baires", suma Ercolini. Cayssials hace notar que les facturan después de ir y que "ninguno sacó la tarjeta, pagamos todo en grone". Pregunta por el avión. Y Reinke dice "se puede facturar y armar todo tranquilamente". Acuerdan que mientras intentan frenar la noticia en los medios, evalúan como seguir. Reinke les dice que la facturación de transfer, alojamiento y media pensión se puede "arreglar con Nico" (Van Ditmar).
La denuncia del gobierno
Por instrucción del presidente Alberto Fernández, el ministro de Justicia Martín Soria hizo una presentación de 30 páginas, con denuncias sobre los miembros del contingente, por los delitos de incumplimiento de deberes, dádivas (admisión en algunos casos, ofrecimiento en otros) y pide que se analice cohecho agravado de magistrados y tráfico de influencias. También requiere ser querellante. "La sola realización del vuelo en un avión privado por parte de las personas que lo integraron, sumada a la participación de un grupo empresarial de medios y el alojamiento en el inmueble de otro empresario, es indicio suficiente como para investigar aspectos potencialmente delictivos de estos hechos, en particular, en lo vinculado al financiamiento del vuelo y del alojamiento", dice el escrito, al que accedió este diario. Si no fue pagado por los propios jueces y funcionarios "sino por privados, estaríamos ante la existencia de una entrega y aceptación de dádivas...", delito que prevé de dos a seis años de prisión.
La presentación plantea como hipótesis dos posibles fuentes de financiamiento: el propio Lewis o el administrador Van Ditmar o bien el Grupo Clarín. Además, es evidente que los magistrados y funcionarios fueron convocados en virtud de esos cargos. Soria cita un fallo del propio Ercolini cuando en 2015 procesó al exsecretario de transporte Ricardo Jaime por dádivas, por viajes en aviones privados. Luego cita la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Para los funcionarios, agrega, admitir dádivas implica un incumplimiento de sus deberes, delito que prevé de un mes a dos años de cárcel. En el caso de los jueces explica que hay reglas claras que surgen de la Corte Suprema, de la ley de organización de la justicia y de la de Etica. En todos los casos se plantea que deben estar libres de influencias y no recibir regalos. En la Ciudad se aplica el Régimen de integridad pública y hay un reglamento del poder judicial.
"Se trató de una actividad política con un claro sesgo partidario (opositor), absolutamente incompatible con el ejercicio de la jurisdicción", dice el texto. También dice que "lo que habilita a que jueza y juezas se desentiendan de sus deberes de no participar activamente en política" es la falta de reacción del órgano disciplinario, el Consejo de la Magistratura, hoy paralizado y bajo el mando del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.
Los cuatro jueces
El texto muestra los condicionamientos de los participantes: por ejemplo, Ercolini, más allá de haber mandado a juicio a CFK por Vialidad, benefició a Clarín en la causa sobre la apropiación de Papel Prensa, tiene causas por espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri, demora una citación a Juan Bautista Mahiques en una causa por beneficios al arrepentido Alejandro Vandenbroele; en el caso de Mahiques padre, desde la Casación, benefició al empresario Lewis con la prescripción de la causa por la usurpación de las tierras de Lago Escondido.
Cayssials dictó un fallo que habilitaba la remoción sin jury de la exprocuradora Alejandra Gils Carbó en medio de la batalla del macrismo por echarla. En 2016 había dejado sin efecto la resolución que disponía la adecuación del Grupo Clarín a la ley de medios. De Yadarola recuerda que rechazó la prescripción de la causa sobre la valija de Antonini Wilson en 2018 y que fue a la ofensiva contra los Moyano en base a una denuncia anónima. Está ternado para la Cámara Federal de Comodoro Py.
Algunas de las pruebas que pide coinciden con las de la fiscalía, pero agrega, por ejemplo, un entrecruzamiento de llamados entre el 1 y el 31 de octubre, pide la declaración de los pilotos y personal del aeropuerto, que se secuestren teléfonos del los imputados y se haga una pericia contable.
Legisladores, gobernadores, funcionarios y dirigentes alertaron sobre el riesgo que corre la democracia
Un rechazo en bloque a la persecución judicial contra CFK
Las bancadas oficialistas de Senadores y Diputados se pronunciaron en defensa de Cristina Fernández de Kirchner tras la condena en la causa Vialidad, denunciaron su proscripción y solicitaron una audiencia con la Corte Suprema para reactivar el Consejo de la Magistratura. Las principales figuras del Frente de Todos respaldaron a la vicepresidenta y advirtieron que el ensañamiento judicial contra ella impacta en toda la sociedad.
"No existe más el Poder Judicial, fue reemplazado por una mafia judicial". Con estas palabras, los bloques oficialistas del Senado y la Cámara de Diputados cerraron filas en defensa de Cristina Fernández de Kirchner ante el fallo condenatorio en la causa Vialidad, denunciaron su intento de proscripción y solicitaron una audiencia con el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, para terminar con la parálisis que arrastra el Consejo de la Magistratura. No fueron los únicos: de manera coordinada y unificada, las principales figuras del Frente de Todos -desde gobernadores y el círculo interno de la vicepresidenta hasta funcionarios y dirigentes-, así como numerosos referentes internacionales (como Lula Da Silva), salieron a respaldar a CFK y alertaron sobre el daño que su condena podría hacerle a la democracia. La consigna fue exhibir la gravedad que el ensañamiento judicial contra la vicepresidenta tiene para la sociedad toda. Una suerte de reversionamiento de las palabras que la propia expresidenta sostuvo en uno de sus alegatos finales en el juicio: "No vienen por Cristina, vienen por todos".
"El Poder Judicial ha sido reemplazado por una mafia judicial que es empleada de los poderes económicos del país. Y es algo que afecta a todos los argentinos y argentinas. Esta no es la agenda judicial de Cristina, a ella ya lograron condenarla, es la agenda de la sociedad, es la agenda de todos ustedes. Porque la mafia judicial es la que decide sobre sus libertades", declaró una agotada Juliana Di Tullio durante la conferencia de prensa que se había organizado en Pasos Perdidos. A su lado estaba Lucía Corpacci (vicepresidenta del Frente Nacional y Popular, uno de los bloques que integran el interbloque oficialista en el Senado), el presidente del bloque oficialista en Diputados, Germán Martínez, y la diputada Vanesa Siley. El objetivo había sido aprovechar el rechazo oficial del cuerpo legislativo a la condena a CFK para poner en primera plana "los comportamientos mafiosos" de un sector de la Justicia, en referencia principalmente al escándalo del viaje a Lago Escondido y los chats para intentar ocultarlo.
"Hemos atravesado varias situaciones de impunidad en el país, pero nunca hubo una connivencia tan grande, se fue sofisticando hasta lograr corromper a la totalidad de uno de los poderes del Estado", siguió Di Tullio, senadora cristinista que la noche anterior había estado junto a la vicepresidenta en su despacho en el Senado. Luego del fallo condenatorio y sus últimas palabras, CFK estuvo reunida con ella, Anabel Fernández Sagasti, Oscar Parrilli, Mariano Recalde, Juan Grabois, Máximo Kirchner y Mayra Mendoza hasta tarde a la noche (aunque la vice se fue antes para viajar a Ensenada). Participó brevemente la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, para terminar de cerrar la idea de elevar el malestar generado por la condena a la Corte Suprema: el plan era exigirle una audiencia que permitiera descongelar la parálisis en la que se encuentra el Consejo de la Magistratura por culpa de un festival de judicializaciones que comenzaron cuando el máximo tribunal derogó la ley que ordenaba la composición del organismo.
"Si la Corte Suprema ha tenido un rol fundamental en el proceso de paralización, ahora también le cabe la responsabilidad para que empiece a funcionar", afirmó Germán Martínez, anunciando que los bloques oficialistas le habían mandado una carta a la Corte solicitando una audiencia. El Consejo de la Magistratura ha estado prácticamente sin actividad desde que Rosatti asumió la presidencia: Siley, exconsejera, recordó que solo se reunieron dos veces y en ningún momento se avanzó para cubrir con las numerosas vacantes del fuero civil. Así, el organismo no ha podido cumplir con su función de disciplinar y remover jueces, y el FdT está abocado a que se investigue el viaje de cuatro jueces y dos funcionarios porteños a la mansión de Joe Lewis en Lago Escondido invitados por empresarios de medios. "No son cuatro jueces, son cuatro hampones. Una mafia contratada por el poder privado para hacerle daño al país", señaló Di Tullio.
En el Congreso predominaba un ambiente más bien alicaído, con muches legisladores golpeados aún por la confirmación de la condena, pero fundamentalmente por el renunciamiento de CFK a ser candidata en 2023. Entre quienes más la conocen no había sorpresa, pero sí pesadumbre y cierta impotencia. Respecto de la posibilidad de una audiencia con la Corte que destrabara la situación del Consejo de la Magistratura, mientras tanto, había un poco más de optimismo. "¿Hasta cuándo van a poder seguir paralizando todo? La discrecionalidad de la Corte tiene un límite, se están quedando sin margen de movimiento. Nosotros les tiramos una soga, si son inteligentes la van a agarrar", analizó un diputado del FdT.
Más repudios
Además del Congreso de la Nación, las legislaturas bonaerense y porteña también salieron a repudiar la condena a CFK y la relacionaron con el escándalo de Lago Escondido. "Todo ese desarrollo puso en evidencia la existencia de un sistema paraestatal mafioso que atenta contra la democracia", sostuvo Teresa García, jefa del bloque oficialista de senadores bonaerense. El gobernador Axel Kicillof denunció que el fallo del Tribunal Oral Federal 2 era el "funeral de la credibilidad de la Justicia" y que implicaba "una proscripción al peronismo, en la persona con más representación".
Quien tuvo un particular raíd mediático fue el ministro bonaerense -y habitual lanzallamas de La Cámpora- Andrés "Cuervo" Larroque, que salió a hablar en diversas radios para alertar respecto al fallo condenatorio. "Estamos ante una situación límite. A Cristina intentaron matarla. Este es un peldaño más. Claramente el objetivo es proscribirla, sabemos que después hay tiempos procesales, pero lo que se busca es hacer el daño y correrla del escenario electoral. Es la dirigente más honesta que tiene Argentina", aseguró a Radio La Red, y agregó: "Acá tiene que haber una movilización del pueblo, una toma de conciencia de cuál es la pelea".
También de manera organizada, la liga de gobernadores del PJ se sumó a la ola de repudios y denunció que el fallo "atentaba contra la democracia". "La inhabilitación para ejercer cargos públicos es el nuevo ropaje jurídico en la histórica proscripción que sufrió el peronismo toda vez que fue derrocado del poder por la fuerza. Tal como aconteció en 1955 con la revolución libertadora y en 1976 con la última dictadura cívico militar que tuvo como saldo la muerte y desaparición de 30 mil argentinos", denunciaron, a través de un comunicado, los 15 gobernadores que integran la liga, entre quienes están Kicillof, Ricardo Quintela, Jorge Capitanich, Alicia Kirchner e, incluso, algunos más alejados de CFK, como Gustavo Bordet y Sergio Uñac. También se reunió la mesa nacional de la Corriente Nacional de la Militancia, que preside Agustín Rossi, y convocó a defender a CFK.
Axel Kicillof: “La condena a Cristina Kirchner es el funeral de la credibilidad de la Justicia”
El gobernador repudió la condena contra la vicepresidenta y cuestionó el viaje de jueces, integrantes del gabinete porteño, ex agentes de inteligencia y dueños de medios a Lago Escondido. “Todo forma parte de una saga de violencia”, aseguró.
Axel Kicillof se refirió esta mañana a la condena recibida por la vicepresidenta Cristina Kirchner y aseguró que se trata de “una proscripción al peronismo, en la persona con más representación” dentro de la fuerza política. Para el mandatario bonaerense, el fallo de la causa Vialidad se trató de una “condena preanunciada pero no por eso menos trágica. La condena es el funeral de la credibilidad de la Justicia. Todo el trámite fue una enorme payasada”, afirmó.
Kicillof dijo que la condena “forma parte de una saga de violencia”, que viene manteniendo al país en “un permanente estado de conmoción”. “Desde el día que atentaron contra la vida de Cristina no hubo respiro”, aseguró el gobernador que es momento “organizarse y dar respuestas”. “Estamos en una fase de organización y movilización”, afirmó el mandatario en una entrevista brindada a El Destape Web.
El gobernador también relacionó la condena con las conversaciones entre jueces que se conocieron en las últimas horas. “Cristina lo dijo bien y los chats lo muestran: es el comportamiento de una mafia”, aseguró. "Ante este escándalo y este verdadero ataque a la democracia y a las tradiciones políticas argentinas, ella le puso nombre y apellido a cada uno de los actores", dijo el gobernador que, en ese sentido, valoró el mensaje de la ex mandataria luego de escuchar la condena que busca inhabilitarla para ocupar cargos públicos electivos por el resto de su vida.
Kicillof definió a los jueces como una “manga de corruptos” y señaló que el viaje a Lago Escondido que también incluyó a empresarios de medios, funcionarios del gobierno porteño y ex agentes de inteligencia fue “festival de impunidad y desparpajo”.
Respecto a la definición de la vicepresidenta respecta a su rol en 2023, Kicillof consideró que si bien todavía “falta mucho para la cuestión electoral”, la frase que cerró el descargo de Kirchner estuvo apuntado a la militancia. “Hay un llamado a la organización y dar una respuesta muy contundente respecto a lo que está en juego: quién y para dónde lleva el destino de la Argentina”. “A Cristina le apuntan por eso”, aseguró.
Apoyo de los gobernadores
El mandatario bonaerense fue uno de los 16 gobernadores que, mediante un comunicado, manifestaron su apoyo a la vicepresidenta. "Esta absurda condena con fines políticos no es un hecho aislado, sino que forma parte de una operación de poderes económicos que se reprodujo recientemente en Sudamérica con otros líderes populares y que luego de disparatadas condenas, y al paso del tiempo, volvieron a ser legitimados por sus pueblos regresando al poder", señalan en texto que se conoció en la trasnoche del martes.
"La inhabilitación para ejercer cargos públicos dictada hoy es el nuevo ropaje jurídico en la histórica proscripción que sufrió el peronismo toda vez que fue derrocado del poder por la fuerza, tal como aconteció en 1955 con la revolución libertadora y en 1976 con la última dictadura cívico militar que tuvo como saldo la muerte y desaparición de 30 mil argentinos", afirman en otro pasaje del mensaje que termina diciendo que "el enorme respaldo popular y prestigio del que goza nuestra vicepresidenta como líder y conductora del espacio político mayoritario de la Argentina es la garantía que impedirá que grupos minoritarios, violentos y antidemocráticos puedan poner en riesgo el Estado de derecho que tanto nos costó conseguir a los argentinos".
Solidaridad del PJ bonaerense con la vicepresidenta
"Una nueva página negra del poder judicial"
El partido en la provincia condenó duramente la complicidad entre medios, jueces y cierta política.
“En el día de hoy asistimos a la redacción de una nueva página negra del poder judicial en la República Argentina... La condena de un tribunal creado a la medida de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no sorprendió a nadie. Lejos de ser el resultado de una investigación imparcial, es la expresión manifiesta de un acuerdo entre sectores de la política argentina, los medios de comunicación y poder judicial”, comienza el texto.
“Los hechos que se hicieron públicos los últimos días no hacen más que poner a la luz lo que esos mismos personajes se encargaron de mantener en la oscuridad durante años”, agrega en referencia a los chats de Lago Escondido, que exponen a los jueces Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Julián Ercolini, Pablo Cayssials y Carlos “Coco” Mahiques; el ministro de Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro; el exjefe de Legales de la SIDE y dueño de una consultora de medios Tomás Reinke y el agente de inteligencia Leo Bergot, tras realizar un viaje a la estancia Lago Escondido, ilegalmente ocupada por el magnate británico Joe Lewis, invitados por los ejecutivos de Clarín Pablo Cassey y Jorge Rendo. La filtración los muestra, en el invento de ocultar el delito de dádivas, cometiendo muchos otros: falsificaciones, extorsiones, aprietes y amenazas.
“Durante el juicio, la compañera vicepresidenta demostró cada una de las falsedades de las que fue acusada”, sostiene también, en referencia al documento “Las 20 mentiras de la causa Vialidad”. El partido se declaró también “en Estado de alerta frente al avance de estos sectores sobre nuestros dirigentes”.
Algunos de los que participaron en la redacción del texto hablaron de democracia tutelada y recordaron que los intentos de proscribir al peronismo nunca funcionaron, Desde La Cámpora, asumen que la candidatura de Cristina depende básicamente del clamor popular “y eso es lo que vamos a salir a reclamar desde este mismo momento”.
“La condena a la vicepresidenta es una condena al pueblo argentino”, concluye el documento. Consultados sobre si hay una salida política posible, los mismos dirigentes observan que “los chats demuestran que jueces y fiscales están atrapados en este sistema y no pueden bajarse. A menos que se exponga su mugre ante los ojos del pueblo, cosa que ya comenzó a ocurrir”.
Apoyo bonaerense a Cristina Kirchner
Legisladores del Frente de Todos denuncian “una estrategia para debilitar la democracia”
Los bloques oficialistas en el Senado y la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires repudió el falló que condenó a la vicepresidenta. “Todo esto tiene una cabeza, que se llama Héctor Magnetto”, aseguraron.
Los bloques oficialistas de la Cámara de Diputados y Senadores bonaerenses se reunieron este miércoles para repudiar el fallo que condeno a la vicepresidente Cristina Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y denunciaron que el dictamen del tribunal se enmarca en “una estrategia para debilitar las instituciones de la democracia”.
“La última vez que nos reunimos los diputados y senadores del Frente de Todos fue ante el intento de magnicidio de la vicepresidenta, un hecho inédito desde el advenimiento de la democracia. Sin embargo, este año parece estar marcado por una serie de ataques contra la dirigente popular más importante de nuestro país”, señaló a vicegobernadora Verónica Magario.
“La persecución a los dirigentes populares es una cuestión histórica en las últimas décadas de la construcción de la vida de los pueblos latinoamericanos y Cristina no ha sido ajena a eso. Pero los pueblos debe seguir esperanzado y defender a los dirigentes que se animan a desafiar al poder económico y concentrado en sus distintas formas. La Argentina tiene historia de esto”, afirmó Magario que también denunció la existencia de “algún sector del poder judicial se dedica a perseguir a quienes intentamos transformar la vida de los argentinos”.
“Es tiempo que los argentinos y las argentinas demos vuelta esta historia. A Cristina la persiguen por sus políticas públicas dedicadas generar ascenso social. Por eso se la condenó ayer”, destacó la vicegobernadora. “Vamos a defender a los dirigentes populares. Cristina defiende a su pueblo y nosotros vamos a defenderla a ella”, afirmó Magario que durante su alocución leyó el documento que se elaboró el lunes, en la previa a la sentancia, en la reunión de la Federación de Vicegobernadoras y Vicegobernadoras de la República Argentina (FOVIRA).
“El sábado asistimos con horror al contenido de los chats que compartieron jueces federales, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, agentes de inteligencia y el CEO de ‘el gran diario argentino’. Hoy, todo ese desarrollo de conversación pone en evidencia la existencia de un Estado paralelo y un sistema mafioso paraestatal que atenta contra las instituciones”, dijo la senadora Teresa García, que tomó la palabra al comienzo de la conferencia que se desarrolló en la Legislatura bonaerense. “Todo esto tiene una cabeza, que se llama Héctor Magnetto”, aseguró.
La senadora provincial afirmó que todo el proceso tuvo como único objetivo castigar a “la única persona que se ha enfrentado siempre con el poder”. “No debemos olvidarnos nunca que los gobiernos de Néstor y Cristina comenzaron enfrentando a esas tapas de ese diario y contra Héctor Magnetto como jefe de ese sistema paralelo, paraestatal y mafioso al que la vicepresidenta hizo referencia ayer”, afirmó.
García afirmó también que la provincia no queda exenta al tipo de prácticas denunciadas al recordar que en territorio bonaerense “existió una mesa judicial en la que estuvieron involucradas personas de la gestión de María Eugenia Vida, gente de los servicios y de las empresas del sector privado”. “Esto no es una cuestión jurídica ni estrictamente política. Aquí hay objetivos económicos, cada vez se confronta con dirigentes que expresan la voluntad popular, se ponen en juego intereses económicos. Antes lo hacían con los tanques, las armas y las persecuciones pero se han ido puliendo y fueron perfeccionando las formas, pero siguen siendo tan perversos como siempre”, aseguró.
En ese sentido, afirmó a este medio que un fallo con las características que tiene el que condena a la vicepresidenta “significa un problema serio para todos los partidos”. “El fallo de ayer tuvo la intencionalidad de proscribirla, pero la prisión es inviable, y Cristina elevó el juego político y democrático mucho más alto”, afirmó la senadora. “Hay que ordenar al peronismo y ponerlo en clave electoral para el año que viene, pero hay que decir para qué. No se trata de armar un frente para ganar una elección. Si no es Cristina, mucho no me importa, porque ella interpreta el sentir popular. Quiero que Cristina conduzca”, aseguró.
“La provincia de Buenos Aires no es ajena a esas realidades. Nos quieren callados y en silencio. Están desesperados porque Cristina Kirchner con una estrategia electoral les saco la Nación y la provincia de Buenos Aires. Hoy el tipo que nos endeudó está sentado en Qatar mirando el mundial, y la que nos desendeudado está condenada”, valoró el jefe del bloque oficialista en la Cámara de Diputados de la Provincia, Cesar Valicenti.
Tras la conferencia, Valicenti aseguró que la tarea es “elegir en qué democracia queremos vivir”. Al ser consultado por este medio, afirmó que “Cristina llegó a ser un blanco de intento de asesinato. Tenemos que decirle basta a estos tipos que laburan en las sombras, no hay democracia que pueda funcionar así”, señaló a la vez que definió al fallo como “un mamarracho jurídico”. “Esto lo generó un tipo que diseña facturas truchas para justificar sus viajes. Es todo turbio, hay una trama de poder paralela al estado que condiciona la democracia”, afirmó.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Federico Otermín, sostuvo en la conferencia que “atacan a Cristina porque no la pueden disciplinar”. “La mafia quiere construir una Argentina sin Cristina Kirchner, pero somos muchos jóvenes que decimos: Nada sin Cristina”. “En el segundo gobierno de Cristina Kirchner se logró que la participación de los trabajadores en el PBI sea del 50%, algo que no se alcanzaba desde 1974. Eso, en el fondo, es lo que les jode. En definitiva toda discusión sobre el poder, es una discusión por plata, por definir quién se la lleva. Si se la lleva el poder, si se la lleva la mafia o si los trabajadores y las trabajadoras son más felices. Eso es lo que logró Cristina”, aseguró.
“Son horas difíciles para todos, esto es un avasallamiento gravísimo del poder judicial y su mafia”, afirmó Juan Martin Malpeli, consultado por este medio tras la conferencia. “Lo que vemos no es nuevo, llevan a Comodoro Py las causas que convienen y le apuntan a Cristina porque es la jefa central de todos y la de mayor poder de armado” aseguró el representante de la octava sección electoral bonaerense que también confió en la capacidad de conducción política de la vicepresidenta. “Ella tiene el cuero duro y sabe lo que tiene que hacer. No va a escatimar y, más allá de ser candidata o no, no la puede proscribir la justicia, eso lo debe decidir el pueblo. Le damos nuestro apoyo y hay que estar en la calle con presencia, no con quilombo”, afirmó.
La platense Lucia Iañez, por su parte, aseguro estar “preocupada y angustiada”. “Esto es una persecución política, en donde ciertos grupos políticos, a través de la estigmatización, creen que pueden decidir cuál es el destino de este movimiento, pero el peronismo siempre estuvo de pie y así seguirá estando”, afirmó la diputada provincial, que también hizo referencia a la condición de mujer y líder popular a partir de la cual se “estigmatiza y persigue” a la vicepresidenta. “Ser mujer en la política no es fácil y menos siendo la referente de un partido que le garantizó derechos al pueblo. Eso nunca fue gratis en la historia argentina. Ya vivimos lo mismo que vivido Lula, Evo y Correa. Seguiremos luchando porque Cristina es fuerte, estamos en ese camino”, afirmó.
Repudió el fallo y describió las maniobras de lawfare
El potente editorial de Víctor Hugo tras la condena a Cristina Kirchner
El periodista destacó el discurso de la vicepresidenta y analizó qué fue lo que cambió tras conocerse la sentencia en la Causa Vialidad.
En un duro editorial, el periodista Víctor Hugo Morales analizó por AM750 lo que dejó una importante jornada política en términos históricos. Destacó el potente discurso de Cristina Kirchner después de que se conociera la condena en su contra en la causa Vialidad y analizó cómo cambia este nuevo escenario la realidad Argentina.
El editorial de Víctor Hugo Morales
¿Las noticias cuáles deberían ser? Poner un último momento y contar que renunció Julián Ercolini. Ese es un día distinto al de ayer. O que Clarín convoca a una reunión urgente al poder real en la casa oscura del grupo. O que Marcelo D'Alessandro se fue en medio del espanto y Larreta tiene que designar nuevo ministro de Seguridad.
Ahí tendríamos un cambio importante. El día no sería igual al de ayer. El Consejo de la Magistratura estudia el juicio político a Ercolini. Otro mejor sería, la Corte Suprema considera sanciones para los jueces involucrados. Eso sí marcaría un nuevo día.
Pero la más importante de todas que significaría que estamos en nuevo día es que pongamos un último momento y la noticia que el Gobierno nacional interviene el Poder Judicial. Con lo podrido que está, quién podría quejarse de que esto suceda. Salvo la gente del poder real. Algo tiene que pasar.
El primer día del resto de sus vidas
Ercoloni, ¿arma su maletín y sale hacia el juzgado? ¿Va a ir? Cuando Ercoloni baja del ascensor, ¿lo esquiva o tiene que soportar la mirada de alguien que sabe cuál es el nuevo personaje al que está saludando? Porque hasta ayer hasta el pobre tipo pensaba que saludaba a un gran juez. Ahora sabe que saluda a un delincuente.
¿Llega al juzgado y saluda al pinche? ¿Le pide un café a la secretaría así no más, sabiendo que la secretaria tiene la convicción de quién le sirve el café? ¿Abre el maletín y saca las facturas, no las de comer, sino las que consiguió del viaje al sur? ¿Revisa fallos por dádivas contra funcionarios a los que mandó a la cárcel?
Ercolini, ¿se escupe al menos los zapatos de puro asco? ¿Qué hace? ¿Es todo igual hoy para él? ¿Es todo igual para esta gente?
El día después. El primer día del resto de sus días. ¿Cómo es el primer día después de lo que les dijo Cristina Kirchner a todos estos bandoleros?
Fuente:Pagina12
Embajadores
expresaron su solidaridad con Cristina Kirchner y repudiaron su condena
judicial
Representantes
argentinos calificaron como "arbitraria" la sentencia
contra la Vicepresidenta a seis años de prisión y proscripción para ocupar
cargos públicos.
07 DE DICIEMBRE, 2022
El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 condenó ayer a la Vicepresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En este contexto, los embajadores manifestaron su "más enérgico repudio" por esta "injusta condena" y advirtieron que se trata del "capítulo más oscuro de la persecución judicial y mediática que sufre nuestra Vicepresidenta" y añadieron: "Cuyas intenciones se dirigen a proscribir su figura, disciplinar a la clase política e invalidar el proyecto que representa".
Asimismo, lamentaron que "una parte del Poder Judicial se encuentre corrompida y se vea implicada en un proceso de degradación institucional que, con acciones mafiosas, perjudica gravemente la democracia del país".
MÁS INFO
Los embajadores advirtieron que "los juzgadores han desarrollado en forma explicita una doctrina contraria al derecho internacional, prejuzgando y corporativizando una condena que omite pruebas contundentes sobre la causa". Finalmente, expresaron su "profunda solidaridad" y manifestaron la "convicción de que el pueblo encontrará la manera de enfrentar estos embates del poder real".
Los firmantes son los embajadores: Ariel Basteiro (Bolivia), Rafael Bielsa (Chile), Daniel Capitanich (Nicaragua), Roberto M. Carlés (Italia), Gustavo Dzugala (Colombia), Gabriel Fuks (Ecuador), Luis Alfredo Ilarregui (Cuba), Alberto Iribarne (Uruguay), Oscar Laborde (Venezuela), Marcela Losardo (Unesco) y Hernán Patiño Mayer (Hungría).
También adhieren al escrito los embajadores Juan Nuñez (Mozambique), Domingo Peppo (Paraguay), Carlos Raimundi (OEA), Daniel Scioli (Brasil), María Fernanda Silva (Santa Sede), María del Carmen Squeff (Naciones Unidas), Carlos Tomada (México), Enrique Vaca Narvaja (Perú), Sabino Vaca Narvaja (China), Pablo Vilas (Honduras), Eduardo Zuain (Rusia) y la presidenta de la Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria-Cascos Blancos (Aciah), Sabina Frederic.
Zaffaroni:
"Si la clase política no la defiende, la democracia se va al diablo"
El ex
ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni,
se refirió al veredicto sobre Cristina Kirchner. “No llaman la atención
los vínculos. Llama la atención la soberbia", expresó.
07 DE DICIEMBRE, 2022
Zaffaroni afirmó que “no sorprende, era esperado. En medio de este descalabro y todo lo que se descubre y donde se ve que todo está mezclado, tienen el poder financiero, el poder judicial y el poder mediático. Si no se los frena, van a seguir avanzando”.
En diálogo con El Destape, además el jurista habló sobre las filtraciones de los chats y señaló: “No llaman la atención los vínculos. Llama la atención la soberbia. Se sienten impunes para siempre. Los jueces no tienen formación política”.
“El político sabe que puede llegar hasta la puerta del cementerio pero no entrar. Estos (sobre el rol de judiciales en la política) entran”, planteó el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Prosiguió el excortesano: “Los jueces amigos del Poder siguen siendo amigos del poder aunque el Poder cambia. Están rompiendo reglas de la democracia y después es difícil recomponerlas”. Y agregó Zaffaroni: “Algo hay que hacer…movilización popular. Pero tampoco se puede convocar al Pueblo sin proyectos concretos”.
“No se están dando cuenta que están rompiendo la rama en la que están sentados. Esto rompe las reglas del juego democrático”, agregó en la misma línea. Sobre la interna opositora, Zaffaroni señaló: “El Partido Nazi también tenía internas. Y ellos no tienen un código”.
Sobre la posición de CFK de no ser candidata, el jurista aseguró: “Cristina se ganó su lugar en la historia. Nadie puede pedirle más. Tiene derecho a tomar sus decisiones”.
“Alguien va a ocupar los vacíos. El movimiento nacional y popular no va a desaparecer. Existe hace 200 años”, añadió. “De esta situación se sale con política. O la clase de política defiende la democracia o se va la democracia al Diablo”, cerró Zaffaroni.
Cristina Kirchner fue condenada este martes en la causa Vialidad a 6 años de prisión e inhabilitación a ejercer cargos públicos de manera perpetua. La decisión la tomó el TOF 2 en medio de denuncias de lawfare y tras la difusión del escandaloso viaje de los jueces de Clarín.
Luego, la vicepresidenta habló y afirmó que se baja de la pelea de 2023: "No voy a ser mascota de Héctor Magnetto", aseguró la expresidenta de la Nación. "No voy a estar en una boleta ni a presidenta ni a senadora", argumentó.
Hoy, el Gobierno Nacional denunció a los jueces federales, al CEO del Grupo Clarín -Jorge Rendo- y a otros participantes del viaje a Lago Escondido realizado a principios de octubre pasado el presunto delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas", según se informó oficialmente.
"Por instrucción del Presidente de la Nación Argentina Alberto Fernández, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó una denuncia penal en la Fiscalía Federal de Bariloche para que se investigue los hechos vinculados al vuelo 26917 de la empresa Flyzar y particularmente lo relacionado a su financiamiento", se indicó en un comunicado oficial.
Fuente:ElDestape
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