Fuera Mekorot
Por Gustavo Montenegro, Resumen Latinoamericano, 13 de diciembre de 2022
Tras un viaje a Israel encabezado en abril por el ministro del interior, Wado de Pedro, el Consejo Federal de Inversiones y cinco provincias argentinas (San Juan, Mendoza, Catamarca, La Rioja, Río Negro) suscribieron convenios para la gestión de recursos hídricos con Mekorot, la compañía estatal de aguas de Tel Aviv.
Mekorot es uno de los puntales de las políticas de apartheid del Estado sionista contra el pueblo palestino. Ya en 1967, Israel dispuso una orden militar que impide a la población palestina el desarrollo de cualquier obra hídrica sin autorización previa de las autoridades. “La población palestina que vive bajo la ocupación militar israelí ha seguido sufriendo hasta nuestros días las devastadoras consecuencias de esta orden. No puede perforar nuevos pozos, instalar bombas ni ahondar pozos ya existentes, y además se le niega el acceso al río Jordán y a los manantiales de agua dulce”, denuncia un informe de Amnistía Internacional de noviembre de 2017.
En contraste, Mekorot realiza todo tipo de perforaciones y explotación de manantiales en los territorios ocupados para favorecer los asentamientos ilegales de los colonos israelíes.
Mekorot vende parte del agua a firmas palestinas, pero en volúmenes limitados.
Todo esto configura un cuadro de escasez de un recurso básico para los agricultores y la población palestina en general.
En el caso de la Franja de Gaza, donde el 90 o 95% del suministro de agua está contaminado o no es apto para el consumo humano -según el informe ya citado de Amnistía Internacional-, Israel no permite el traslado de agua potable desde Cisjordania.
El acaparamiento del agua y su limitación al acceso de los palestinos es un capítulo más de una política de anexión territorial, redadas constantes en Cisjordania, bloqueo y bombardeos sobre la Franja de Gaza, y discriminación de la población árabe-israelí.
Es por todo esto que los acuerdos firmados con Mekorot deben ser cancelados. En 2011, el entonces gobernador bonaerense, Daniel Scioli, intentó avanzar con Mekorot en la construcción de una planta potabilizadora en La Plata, también tras una visita a Israel. Esa obra se terminó suspendiendo debido al rechazo público que genera la compañía.
En los acuerdos hídricos con el Estado israelí participan tanto gobiernos del Frente de Todos (La Rioja, San Juan, Catamarca) como de Juntos por el Cambio (Mendoza). Los lazos políticos con el Estado criminal de Israel están más allá de toda grieta.
No olvidemos que el primer viaje al extranjero de Alberto Fernández fue a Israel -una señal política. Sergio Massa es un admirador de las políticas de seguridad israelíes y Wado de Pedro, que lidera el desembarco de Mekorot, un hombre de la vice Cristina Kirchner.
A su vez, la dirigente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, promovió durante su gestión como titular de Seguridad el lobby de seguridad israelí (compra de lanchas militares, drones y sistemas de vigilancia), que es el mismo que reprime a la población palestina. Del otro lado de la interna de JxC, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta hizo su propia gira por Israel a mediados de año, como parte de sus reuniones con círculos de poder para afianzar su precandidatura presidencial.
Anulación de los convenios con Mekorot.
Fuente: Prensa Obrera
Miranda Ruiz fue distinguida como
«médica destacada de la provincia
de Salta»
Resumen Latinoamericano, 13 de diciembre de 2022.
La médica Miranda Ruiz quien fue procesada y porteriormente sobreseída por garantizar un aborto legal en Tartagal fue distinguida como «médica destacada de la provincia de Salta» por su labor durante la pandemia COVID 19 en el hospital J. D. Perón de Tartagal. «Para mí, representar a Salta como profesional de la salud significa un resarcimiento espiritual importante. Ya que meses luego de mi actuación descripta fui víctima de violencia mediática, política y judicial por haber garantizado un aborto legal, seguro y gratuito. Cuando ordenaron mi detención y fui al calabozo, lo que más me afectaba era saber todo lo que había aportado en pandemia. Esta es para mí, una forma más de evidenciar la mediocridad, corrupción y falta de compromiso social que hay detrás de quienes me han querido anular por garantizar derechos en zona de frontera. Gracias nuevamente por este reconocimiento» dijo Miranda.
Miranda Ruiz es una médica que se desempeña profesionalmente en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal. En el 2021 la médica fue procesada por garantizar el acceso a un aborto legal a una joven. Recién en septiembre del 2022 la justicia decidió su sobreseimiento.
Ayer la Miranda recibió un reconocimiento por su labor durante la pandemis por COVID 19 en el Hospital J. D Perón. Recibió la distinción por parte de la Ministra de Salud de la Nación Carla Vizzoti.«Mi nombre es Miranda Ruiz, soy médica residente de Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal. Previamente realicé la especialidad de Medicina Interna en el Hospital Nacional Alejandro Posadas. Cuando nos sorprendió la pandemia, siendo la única especialista en medicina interna de la zona donde trabajo, tuve un rol importante. Realicé todas las capacitaciones virtuales oficiales que pude, confeccioné los protocolos locales, realicé docencia con enfermeres y médiques en ambulatorio, guardia y en internación. Di capacitaciones sobre el acompañamiento en la muerte y en cuidados paliativos con ayuda del servicio de Cuidados Paliativos del Hospital Posadas. Repliqué las capacitaciones a otres profesionales de la provincia que lo han solicitado. Facilitamos nuestro protocolo a las áreas que nos derivan. También dimos charlas por las redes a la comunidad.Todo este trabajo que se me está reconociendo habría sido estéril sin el esfuerzo y el compromiso de todes les trabajadores del hospital, sin distinción de rango ni función. Que hemos puesto todo de nosotres para hacer lo mejor posible, en una zona que está en emergencia sociosanitaria constante. Les debo esta distinción» dijo Miranda.
Agregó «para mí, representar a Salta como profesional de la salud significa un resarcimiento espiritual importante. Ya que meses luego de mi actuación descripta fui víctima de violencia mediática, política y judicial por haber garantizado un aborto legal, seguro y gratuito. Cuando ordenaron mi detención y fui al calabozo, lo que más me afectaba era saber todo lo que había aportado en pandemia. Esta es para mí, una forma más de evidenciar la mediocridad, corrupción y falta de compromiso social que hay detrás de quienes me han querido anular por garantizar derechos en zona de frontera. Gracias nuevamente por este reconocimiento».
Fuente: ANRed
Potenciar Trabajo: deslizan un bono
de subindigencia, en medio de
recortes y bajas masivas
Por Marcelo Mache, Resumen Latinoamericano, 13 de diciembre de 2022.
En el marco de una tensa relación del gobierno con las organizaciones sociales y piqueteras, por el ajuste contra los trabajadores desocupados y precarizados de los programas sociales, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, anunció que están trabajando en el pago de un bono de $15.000 para el Potenciar Trabajo, que implicaría un cuarto de un salario mínimo de hambre y se encontraría por debajo, incluso, de una Canasta Básica Alimentaria individual de $20.000.
El anuncio aún no es oficial ya que desde la cartera de Desarrollo Social señalan que carecen de presupuesto y que la medida dependería de la aprobación del ministro de Economía Sergio Massa y de las directivas del presidente Alberto Fernández.
Este bono de miseria viene después de que se efectivizaran 20.400 bajas en base a los cruces con la Afip, utilizando argumentos como la compra de dólares contra compañeros que lo unico que hicieron fue contratar Netflix. O que compraron dólares autorizados por el Banco Central cuando tenían trabajo en blanco.
Por último, no hay perspectiva de que lleguen las entregas de alimentos para los comedores populares en el mes de diciembre, un reclamo que viene levantando la Unidad Piquetera.
El gobierno subordina la precaria política asistencial al ajuste fondomonetarista, con el recorte de las partidas para hacer frente a las consecuencias del desempleo, la inflación y la devaluación producto de las políticas económicas aplicadas. Además, allanan el camino a los reclamos patronales de liquidación de los programas sociales con miras a la baja de los salarios.
El reclamo de un bono de fin de año fue colocado en la agenda política por las organizaciones piqueteras que se movilizaron recientemente en rechazo a las políticas de ajuste contra los trabajadores desocupados, con la amenaza de bajas masivas en los programas, el ajuste sobre el salario mínimo, el desenganche de los planes, el bloqueo a nuevas altas y el retardo en el envío de alimentos a los comedores populares.
En un país dominado por una pobreza que supera el 43,1% de la población y los 20 millones de habitantes, el reclamo de un “doble aguinaldo” o bono del 100% se extiende como consigna para compensar parte de lo perdido por la inflación.
Llegado el final del año, los planes sociales –en consonancia con el salario mínimo- han aumentado alrededor de un 80%, contra una canasta alimentaria que acumula un 100,8% de aumento y una canasta básica que ascendió el 93,1%. Este deterioro en los ingresos se expresa en las dificultades económicas de miles de trabajadores desocupados y precarizados.
Aún así, desde el gobierno intentaron avanzar en su agenda antiobrera, detenidos por el momento por la respuesta de las organizaciones piqueteras e, incluso, de las propias organizaciones sociales oficialistas, las cuales no pueden disimular el marcado rumbo antipopular de la política oficial, que persigue y audita a los pobres y les brinda facilidades y beneficios a los capitalistas.
Tolosa Paz ahora pretende desentenderse de la responsabilidad del ataque emprendido, colocándose como supuesta rehén de la Justicia; sin embargo, el origen de la ofensiva contra los programas sociales se remonta a las tratativas e internas del propio gobierno, con el pedido de informe del exministro Juan Zabaleta y el “informe estadístico” del kirchnerista Carlos Castagneto, al frente de la Afip, que inició la campaña sucia contra los trabajadores desocupados.
La Justicia ya le ha puesto un “precio” al juego del gobierno, donde se habla de la baja de 150.000 programas sociales y la insistencia ara que se culmine el proceso de auditoria virtual para la primera quincena de enero.
La lucha contra esta ofensiva antiobrera sigue en pie, con un movimiento piquetero con respuesta rápida y capacidad de organización de los reclamos populares, y que levanta entre sus reivindicaciones en bono del 100%, aumento y la apertura de los programas sociales, el aumento del salario mínimo y el trabajo genuino para terminar con la pobreza y el hambre.
Fuente: Prensa obrera
Finca El Pongo: Desalojan a familias
campesinas en Jujuy
Resumen Latinoamericano, 13 de diciembre de 2022.
El pasado jueves Margarita Ortega (85) fue sorprendida por una multitud, en la casa improvisada que ocupaba en cercanías del Parque Industrial de Perico. Efectivos de la provincia, infantería, ayudante de fiscal, administrador de Finca El Pongo, en cuestión de minutos procedieron a demoler la precaria estructura alegando que estorbaba el paso de un acueducto. No conformes en horas de la tarde se la llevaron detenida junto a otros cuatro familiares en otro violento e irregular operativo.
La ambición por terminar la Zona Franca de Perico no contempla respeto, ni siquiera aquel tan básico que se tiene por los adultos mayores. Margarita Ortega de 85 años fue nuevamente echada de las tierras que hace décadas ocupa en Paraje Hornillos, en cercanías del acceso a la ciudad. Tierras de Zabala que fueron entregadas a su pueblo, pero que hoy parecen gerenciadas por un gobierno con actitud plutocrática digna de una S.A.
El primer capítulo había tenido lugar a fines de agosto, terreno adentro, entre Parque Industrial y Zona Franca. Con la casa sitiada por agentes policiales y la directiva del Administrador de Finca El Pongo de correr a la estorbosa octagerania. Echada sin contemplaciones por su integridad o respeto por su derecho como poseedora, Margarita se trasladó a la colectora de Ruta Nacional 66 con sus pertenencias, armando un hogar improvisado similar a una carpa-campamento.
Los familiares explicaron que si pudo resistir allí viviendo en condiciones tan precarias fue gracias a la solidaridad ciudadana, «sin ningún tipo de servicio, asistencia estatal, contención del Consejo de la Mujer u otros organismos», hasta el último jueves, fecha sensible para la feligresía cristiana por celebrarse la Inmaculada Concepción.
Feriado nacional mediante, escaso movimiento de personas y medios periodísticos, más allá de un móvil de nuestro medio, casi 30 efectivos policiales rodearon el hogar de Margarita Ortega cerca de las 08.00 horas. Tan solo una hora tardaron en dejar a la mujer en la calle, guardar sus pertenencias en un camión y demoler la carpa donde vivía.
Una vez más Oliver Alanis, ex secretario de gobierno palpaleño (gestión Palomares) devenido en administrador de Finca El Pongo había logrado la autorización para desalojarla y poco importó el amparo en trámite que el abogado de la familia gestionó. La vivienda improvisada se encontraba en la traza de una cañería que abastecerá la Zona Franca Mayorista y aunque la familia de la damnificada sugirió en repetidas ocasiones la posibilidad de trasladarse unos metros, pero tal y como ocurrió en agosto, no hubo voluntad de dialogo que llegara a una resolución pacífica.
Según explicaron Rita y Silvina (hija y nieta respectivamente) tan desprolijo fue el operativo que no se inventariaron los artículos sustraídos y cargados en el camión, incluyendo animales de granja que hasta el momento de redactar esta nota su estado es desconocido (estaría todo alojado en la Unidad Regional N° 6).
Antes de la Zona Franca cuando denunciamos cinco veces que había gente metiéndose en el lugar, se cajoneó. Pero para mi mamá no hay justicia. El gobierno hace lo que quiere con la gente humilde, están acostumbrados a quedarse con todo
Con semejante tensión Margarita terminó por descompensarse, siendo atendida en una ambulancia del SAME, pero negándose al traslado en múltiples oportunidades. Recién con la llegada de sus familiares pudo recomponerse pero no flaquearía en su decisión, allí se quedaría sentada entre los árboles, bajo el sol abrazador de los valles periqueños.
El calvario no terminaría en horas de la mañana. Cuando caía el sol, sin atenuantes, los efectivos que montaban guardia (y todavía lo hacen) recibieron la orden de llevarse en carácter de “detenida”, junto a otros cuatro familiares y dos motovehículos. Poco importó si eran menores de edad, tampoco la presencia de niños en el lugar. Según relató Rita, hija de la mujer desalojada “después las autoridades policiales quisieron suavizarlo hablando de demorados, la realidad es que mi mamá estuvo casi dos horas en la Seccional N° 60 de barrio La Paz. Mientras que María Rosa Romero, Kevin Ernesto, Miguel Carrillo y Silvina Tito permanecieron varias horas más en la Seccional N° 21”.
Las imágenes muestran un proceder violento, contra gente que “no irrespetó a las fuerzas, ni siquiera tenían pensado meterse en el lugar, solo estaban procesando lo ocurrido, porque a mi mamá la dejaron en la calle, se llevaron hasta su medicación… Ella sigue conmocionada, con ganas de ir nuevamente al lugar, mi sobrino y sobrina con golpes en los brazos”, añadió.
Estas tierras son de mi papá y mi mamá que hace años están aquí, pero vino el ayudante del fiscal Ugarte con una orden que pase una manguera y enseguida le sacaron lo poco que la gente le dio, se llevaron todo. Solo quedó con su cartera y la ropa. Ella esperaba tan solo que saliera el amparo
Tras las lluvias, el agua de Andalgalá
llega contaminada y completamente
sucia
Resumen Latinoamericano, 13 de diciembre de 2022.
Un día de lluvia, después de jornadas de calor extremo, debería ser motivo de alivio y agradecimiento, pero en Choya, Andalgalá, provincia de Catamarca, desde que se instaló el proyecto de MEGAMINERÍA MARA de la empresa YAMANA GOLD y ALUMBRERA simboliza quedar sin agua por días.
Cada lluvia, por leve que sea, hace que el río que da vida a todo el pueblo, llegué contaminada y completamente sucia.
El proyecto MARA ya está causando daños irreversibles en fase de exploración avanzada. El proyecto MARA no solo significa saqueo de recursos, también infringe leyes y derechos fundamentales, produce división social y es completamente inviable.
No queremos ser territorio de sacrificio
Basta de saqueo en nuestros territorios.
BASTA DE DICTADURA MINERA
EL AGUA Y LA VIDA NO SE NEGOCIA.
La Policía de Larreta reprimió a
hinchas que festejaban en el Obelisco
Resumen Latinoamericano, 13 de diciembre de 2022.
Un grupo de personas se subió a las vallas para festejar y vueron violentamente desalojados. Hubo golpes y un grupo de detenidos. Repudio de la Correpi y dirigentes del Frente de Todos.
Efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires reprimieron esta tarde a personas que se habían acercado al Obelisco porteño para celebrar la victoria de la selección argentina de fútbol ante Croacia, lo cual fue repudiado por funcionarios y dirigentes de derechos humanos.
Familias y grupos de amigos se acercaron al Obelisco para festejar la goleada de la Selección y agentes de la policía porteña avanzaron sobre un grupo de personas que se habían trepado a las vallas que el Gobierno local había instalado en la zona, donde al menos una persona fue aprehendida.
Fuentes de la Policía de la Ciudad indicaron a Télam que «siempre la Ciudad pone un vallado sobre Corrientes para que los festejos no terminen afectando a los comerciantes, a los teatros, a los restaurantes. Pasó históricamente en los festejos, por ejemplo, de River, de Racing y de la Selección y se puede llegar al Obelisco por la avenida 9 de Julio y todas las paralelas a Corrientes».
Agregaron que el problema se generó «por unos que tiraban piedras», pero le restaron importancia al incidente, por los cuales también hubo algunos detenidos.
Pero el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, y otros referentes del Frente de Todos rechazaron la represión contra quienes fueron a «celebrar en el obelisco».
«Pedimos al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que la policía de la ciudad de Buenos Aires deje de reprimir y provocar a las y los argentinos que fueron en familia a celebrar en el Obelisco el triunfo de la Argentina», escribió Pietragalla Corti en su cuenta de Twitter. Y añadió que «festejar un triunfo deportivo de la selección también es un derecho de todos y todas».
«Haremos presentaciones judiciales para garantizar el festejo y dar con los responsables de la violencia policial que lleva adelante la policía de la ciudad», completó el secretario.
En tanto, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) también repudió «la represión en el Obelisco durante los festejos por el triunfo de la selección. Una vez más, Horacio Rodríguez Larreta y toda la derecha rancia demuestran ser tan antipueblo que necesitan reprimir cualquier alegría popular», señalaron en la misma red social.
Por su parte, la legisladora porteña Claudia Neira señaló que «Rodríguez Larreta tiene que ya mismo poner un límite. La gente fue a festejar y está en riesgo». También calificó de «muy grave e irresponsable la acción del Ministerio de Seguridad a cargo de la Policía de la Ciudad». Y subrayó: «Vallas, represión, detenciones. Increíble».
La diputada porteña Victoria Montenegro compartió una captura de pantalla del canal C5N transmitiendo los incidentes y expresó: «Entienden que Larreta reprime los festejos por ser finalistas del Mundial??? Odian al pueblo argentino».
Asimismo, la senadora bonaerense María Teresa García cuestionó la presencia del ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’ Alessandro, y aseguró: «Este Pueblo merece un poco de alegría, ¿y a usted se le ocurre vallarlo? La Policía de la Ciudad no está ni para reprimir a los hinchas, ni para espiar políticos, ni para hacer de custodia vip de tus amigos. Está para cuidar a la gente. Que dejen de reprimir en el Obelisco y que lo vayan a a buscar a Arshak», indicó el diputado nacional Leandro Santoro, en referencia al agente de la policía porteña Arshak Karhanyan desaparecido en abril de 2019.
En diciembre y sin respuestas, la
Unidad Piquetera sale el jueves
a cortar rutas y puentes de todo
el país
Resumen Latinoamericano, 13 de diciembre de 2022.
Basta de ataques y ajuste a los más pobres. No a las bajas, las arbitrariedades y recorte de alimentos en los comedores
Comenzó el último mes del año y la situación económica y social es cada día más crítica. Millones de familias no tendrán que poner en sus mesas, porque la inflación aleja a lxs trabajadorxs de esa posibilidad. El gobierno sin ningún empacho está atacando a los más golpeados por el ajuste, que profundiza para seguir las recetas del FMI.
Venimos de enfrentar en las calles el retraso en el pago de miles de Potenciar Trabajo y continuamos organizándonos contra la intención del gobierno que apoyándose en la “mafia judicial” apunta a recortar el programa en un 30%.
Este mes hemos recibido miles de bajas sin explicación, sólo que son «instrucción ministerial». Y se anuncia la intención de dar 150.000 bajas en los próximos meses.
El monto del Potenciar está por debajo del índice de indigencia y encima la ministra afirma en los medios que de haber un bono sería de tan solo $15.000, una miseria. Reclamamos que el bono sea el mismo monto del Potenciar para que permita enfrentar al menos en estas fiestas, la pérdida por inflación.
En la línea de recortar y no de auditar, implementaron hasta enero una actualización de datos en una página colapsada las 24horas y de nulo acceso para las personas sin internet o celulares modernos que cumplan con la tecnología que se requiere (datos biométricos).
A este ataque se le suma la incertidumbre de los alimentos para los comedores populares del mes de diciembre aun sin cronograma ni perspectivas de entrega. Le decimos a la ministra que en diciembre también funcionan comedores. El incumplimiento de los alimentos a esta altura del año agudiza la bronca.
Por eso desde la Unidad Piquetera este jueves salimos a las calles en todo país, vamos a cortar rutas nacionales y puentes hasta que levanten los programas injustamente caídos y sin explicación, por un bono que compense la inflación, por la llegada de todos los alimentos de diciembre, y contra todos los intentos de recortar a los más vulnerables.
Jueves 15 de diciembre piquetazo nacional.
UNIDAD PIQUETERA.
POLO OBRERO- MTR VOTAMOS LUCHAR – C.U.Ba.☆M.T.R./MIDO – MAR – M29 – BLOQUE PIQUETERO NACIONAL (T.Or.Re- AGRUPACION ARMANDO CONCIENCIA- O.T.L.)- MTR 12 DE ABRIL – FDU – BUEL – A TRABAJAR – ORGANIZACIÓN 17 DE NOVIEMBRE (M.D.L MUJERES EN LUCHA) – MTL REBELDE – M.B.T – FRENTE DE de LA RESISTENCIA-LA WILLIAM COOKE- R.U.P.
Coordinadora por el Cambio Social:
FOL (FRENTE DE ORGANIZACIONES EN LUCHA) -MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS (FRENTE POPULAR DARÍO SANTILLÁN CORRIENTE PLURINACIONAL; MULCS MOVIMIENTO POR LA UNIDAD LATINOAMERICANA Y EL CAMBIO SOCIAL; MOVIMIENTO 8 DE ABRIL) – FAR Y COPA EN MARABUNTA – FOB AUTÓNOMA (FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE BASE, AUTÓNOMA) – OLP RESISTIR Y LUCHAR-MOVIMIENTO JUANA AZURDUY -ARRIBA lxs que luchan
LIBRES DEL SUR
MST TERESA VIVE
Envio:ResumenLatinoamericano
Operativo judicial en la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido
El viaje del lawfare: Allanamiento y secuestro de teléfonos y documentos
En la causa que investiga a jueces, funcionarios porteños y empresarios por posibles dádivas y otros delitos, la jueza Silvina Domínguez encabezó un operativo para secuestrar celulares, grabaciones de cámaras de seguridad y facturas, entre otras cosas.
La estancia del magnate Joe Lewis fue escenario de un allanamiento que duró desde el atardecer del lunes hasta las 8 de la mañana del martes. Lo encabezó la jueza Silvina Domínguez, según pudo reconstruir Página/12, en la causa donde se investiga el tour judicial-político-médiatico a Lago Escondido. En el procedimiento fueron secuestrados teléfonos celulares --entre ellos el del presidente y administrador de la empresa "Hidden Lake SA", de Lewis--, biblioratos y documentación contable, facturas sospechosas y las cámaras de seguridad del lujoso establecimiento. En el expediente se busca determinar quién pagó todos los gastos del viaje y si se trucharon comprobantes para aparentar que todo fue abonado por los jueces y funcionarios que participaron, y que en el aeropuerto de Bariloche tuvieron la bienvenida de empresarios de medios. Los delitos que se investigan son dádivas --tal vez cohecho--, tráfico de influencias, falsedad ideológica y violación de deberes de funcionario público.
Tanto el allanamiento en la mansión de Lewis como el que se hizo el viernes pasado en el hangar y las oficinas en el aeropuerto de San Fernando de la empresa Flyzar, que trasladó a los invitados, van en la misma dirección. Como mínimo, jueces y funcionarios no pueden recibir regalos ni invitaciones de privados porque lo prohíben la Ley de Ética Pública y otras tantas normas. Luego habrá otro gran capítulo: por qué son determinados jueces los que viajaron, a qué empresas o también funcionarios beneficiaron o intentaron beneficiar alguna vez los magistrados. Es muy evidente que el viaje es parte de una lógica de uso del aparato judicial a disposición del poder político, económico y mediático. No fueron a aprender a pescar con mosca fuera de temporada, como pareciera que en algún momento intentaron tramar, ni parece convincente que hayan querido ir a retozar juntos en la montaña.
Viajeros
El viaje a Lago Escondido, territorio que Lewis está acusado de usurpar, fue revelado por este diario el 17 de octubre. Tres días después se abrió una causa judicial en Bariloche, a partir de una presentación del abogado Marcelo Hertzriken Velasco. La fiscalía a cargo de Cándida Etchepare tomó medidas preliminares y la semana pasada emitió un dictamen, después de que se filtraran los chats de los integrantes del charter judicial que al parecer armaron un grupo de Telegram el mismo día que Página/12 reveló el cónclave. También pidió ser querellante el Ministerio de Justicia. El documento de Etchepare confirmó la existencia del viaje y sus dudas sobre el intento de ocultar delitos. Imputó, de hecho, a los jueces Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials, Carlos Mahiques, a su hijo Juan Mahiques -jefe de los fiscales porteños-, al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, el exfuncionario de inteligencia Leonardo Bergroth, experto en campañas digitales Tomás Reinke, y a los directivos del Grupo Clarín Jorge Rendo y Pablo Casey.
Etchepare aparecía mencionada en los intercambios filtrados. Mahiques hijo decía -según los chats filtrados- que estaba en gestiones con ella. En teoría hablaban de lograr determinadas medidas y que la causa pasara a los tribunales de Comodoro Py o directamente se cerrara. La semana pasada la fiscal se reunió con el procurador interino, Eduardo Casal, y negó acuerdo alguno. Ya al diario Río Negro le había dicho que ni siquiera conocía a los personajes. Según tuiteó el diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau, "no la pudieron intimidar" como para torcer el rumbo del dictamen.
Operativos
El allanamiento del lunes en la estancia de Lewis estuvo a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y contó con la presencia de la jueza Domínguez, hasta la mañana del martes, cuando terminó. Todo lo que se llevaron los investigadores puede ser crucial: tanto los celulares de quienes trabajan allí y del titular de Hidden Lake, Nicolás Van Ditmar -quien se encargó incluso de recibir al contingente en el aeropuerto-, como las grabaciones de cámaras para corroborar quiénes estuvieron y qué sucedió allí, como toda la documentación contable y facturas. Van Ditmar había entregado a pedido de la Justicia facturas por la estadía por 605 dólares a nombre de los jueces y funcionarios, pero no de los particulares, Bergroth y Reinke, que pueden ser tranquilamente invitados y no tienen que rendir cuentas. La fecha, además, es posterior. La estadía fue entre el 13 y el 15 de octubre pero los comprobantes son del 28 de ese mes. Habrá que contrastar con lo que se encontró en el lugar. La fiscalía ya había pedido que la AFIP hiciera un análisis contable.
En el procedimiento en el aeropuerto de San Fernando, en dependencias de Flyzar, la Unidad Operativa de la Policía Federal se llevó documentos y dispositivos para ser analizados. Etchepare ya había señalado también sospechas sobre los comprobantes de los pasajes, con fechas disímiles, aunque pagados en el momento y al contado, por montos de entre 60 mil y 120 mil pesos, que no coinciden --según verificó este diario-- con el de un charter privado, que ronda los 36 mil dólares. El material es analizado por la División Pericias Informáticas y Electrónicas y la División Requerimientos judiciales de Imágenes Investigativos, ambas de la Policía Federal. Esta fuerza a través de su unidad operativa en Bariloche también participa de la pesquisa. Habrá que ver a quién le encomienda la jueza el análisis de los celulares y las cámaras, entre otros elementos cruciales.
También habrá que ver si entra en el análisis de la causa la relación entre los jueces que viajaron y los beneficios que pudieron brindar desde su función. Como ya se señaló, Mahiques falló a favor de Lewis por la prescripción de la causa sobre el predio de Lago Escondido. Cayssials, según publicó El Destape, tiene 82 expedientes ligados al Grupo Clarín, 24 de los cuales tuvieron movimientos posteriores al viaje en cuestión, algunos con resultados favorables a la empresa.
La concentración se había suspendido por el contagio de covid de la vicepresidenta
El kirchnerismo prepara la movilización a favor de Cristina Kirchner el próximo lunes
La movilización a favor de Cristina Kirchner estaba planificada para el lunes pasado y se complementaba con el encuentro del Grupo de Puebla. El contagio de la vicepresidenta de covid obligó a reprogramarlo. También se postergó al movilización. Cristina Fernández de Kirchner está en El Calafate, desde donde regresará para cerrar el encuentro, tal como estaba previsto. El discurso lo realizará, según se informó, a las 19. La apertura del acto estaría a cargo del Presidente y el cierre de CFK.
Entre ambos discursos se realizarán varias mesas como "el Lawfare en latinoamérica" y "desafío de las democracias frente a la utilización de la justicia como arma política”. Entre otros, disertarían Ernesto Samper (expresidente de Colombia); José Luis Rodríguez Zapatero (exjefe de gobierno de España); Evo Morales (expresidente de Bolivia); Mario Delgado (titular de Morena, el partido del presidente López Obrador de México); Rafael Correa (expresidente de Ecuador); Pepe Mujica de Uruguay; el exjuez Baltasar Garzón y Raúl Zaffaroni (exministro de la Corte de Argentina).
Afuera del CCK, donde se llevará a cabo el evento, se espera una gran movilización popular. No solo convocarán organizaciones como la Cámpora, sino también otros espacios sindicales y movimientos sociales. El secretario general adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, confirmó que el gremio participará de la manifestación del lunes. En esa línea, opinó que es necesario salir a la calle porque "existen sectores políticos y económicos que quieren proscribir al peronismo y a todos los que levantamos las banderas de los trabajadores".
La idea del encuentro, comentó uno de los organizadores a este diario, surgió no solo como idea del Grupo de Puebla sino también de otros sectores que se mostraron preocupados acerca de cómo fue leída la condena de CFK en el mundo. Consideraron que es necesario explicar qué fue lo que pasó y cómo actúan y se manejan los Poderes Judiciales en la región. De ese modo --entendieron-- se le podrá dar un contexto al veredicto y que la interpretación no sea solo aquella que arrojan los grandes medios de comunicación en los distintos países.
El peronismo sin CFK
La decisión de CFK de salirse de la carrera electoral de 2023 genera incertidumbre dentro del PJ y afecta de manera diferente a los sectores que integran el FdT. Por caso, los gobernadores ya se encontraron con la mesa chica de la CGT, con la que buscan organizarse para presentar ellos un candidato o, en todo caso, tener mayor "músculo político" y que eso les garantice no quedar "fuera del armado" y de las decisiones que se tomen con respecto a las listas en 2023.
En tanto, el anuncio de CFK dejó a varios intendentes del conurbano preocupados por la decisión de la vicepresidenta. El jefe comunal de Avellaneda, Jorge Ferraresi indicó que la tarea del Frente de Todos de acá al año que viene es "reconstruir una base propia del kirchnerismo para poder generar las condiciones como para construir una propuesta de cara al 2023". También remarcó la importancia de la necesidad de "mejorar los indicadores económicos" durante los próximos meses y llamó a respaldar la gestión del ministro Sergio Massa, alguien que, ante el renunciamiento de CFK, es visto por varios dirigentes como un posible presdienciable.
Mario Secco, intendente de Ensenada dijo en su momento que "estamos al horno si ella no es candidata", y explicó que eso se debía a que, para él, “Cristina en cualquier encuesta le saca el doble de los votos a Macri. Le gana a todo el liberalismo junto. Si le sacan 30 puntos, Cristina está en 35, y cuando se enciende y arranca en campaña se los lleva puestos a todos”.
Varias figuras importantes del territorio bonaerense quieren que Kicillof siga en la gobernación y no que, ante el anuncio de CFK, pueda ser uno de los candidatos a Presidente. El propio gobernador indicó en una entrevista con un medio bonaerense que se encuentra "absolutamente abocado a la provincia de Buenos Aires y absolutamente entusiasmado con transformar la provincia". "Esa es mi vocación. Todo lo demás se verá a nivel electoral después", aclaró y detalló que está trabajando en un plan "a seis años". Por último, en línea con su deseo de continuar en la gobernación, Kicillof opinó que "la mejor forma de contribuir a que le vaya bien a la fuerza política en la nación es que haya una buena elección también en la provincia".
La nueva distribución del poder en el máximo tribunal penal del país
La jueza Ana María Figueroa presidirá la Cámara de Casación Penal en 2023
La secundarán Daniel Petrone y Mariano Borinsky, que resignó su carrera por la presidencia del cuerpo. Alejandro Slokar vuelve a la Sala II, donde debe definirse la suerte de Mauricio Macri en la causa del espionaje ilegal a las familias del ARA San Juan
La jueza Ana María Figueroa presidirá el año que viene la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país. Figueroa, que es una de las juezas que denunció la presión de la mesa judicial del macrismo, reemplazará al frente del cuerpo a Alejandro Slokar, quien se reintegrará a la Sala II –que debe resolver si reabre la causa sobre el espionaje a las familias del ARA San Juan que tiene como principal protagonista a Mauricio Macri–.
Los jueces de Casación se vieron las caras este martes para elegir las autoridades de la Cámara para el año próximo. Si bien en Casación el clima suele ser tenso, este plenario tuvo un componente especial: el corrillo en los tribunales de Comodoro Py se centra en los chats de los jueces que viajaron a Lago Escondido con un exagente de inteligencia, el jefe de los fiscales de la Ciudad, el ministro de Justicia y Seguridad porteño y dos altos ejecutivos del principal grupo de medios del país. En el primer piso de los tribunales de Retiro estaba uno de los integrantes de los grupos de Telegram, Carlos “Coco” Mahiques, a quienes sus colegas describieron como “golpeado” por la situación.
Slokar había convocado al acuerdo como presidente de la Casación. No fue él quien rompió el hielo, sino que lo dejó en manos del vicepresidente primero del tribunal, Mariano Borinsky, que venía como número puesto para presidir la Cámara pero también con un saco pesado: el año pasado se conocieron sus ingresos a Olivos y a la Casa Rosada para visitar a Macri y en los próximos meses tendrá que revisar la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, donde es previsible que lo recusen.
Borinsky intercambió unas miradas con Figueroa y dijo que él estaba de acuerdo si la jueza deseaba presidir la Casación. Ángela Ledesma planteó que hay únicamente dos juezas mujeres en el tribunal y que debe haber alternancia de género. Slokar se pronunció en sintonía. Guillermo Yacobucci, que integra la Sala II, propuso a Daniel Petrone para presidir la Casación, pero no tuvo quórum.
En Casación resaltaban el dato de que Juan Carlos Gemignani había estado de acuerdo con la designación de Figueroa, pero que no llegó a firmar la acordada porque debió irse al médico. La relación entre Gemignani y las dos juezas es, al menos, tirante. Figueroa se enfrentó a él por la detención de una secretaria de la Cámara y también por los chats misóginos que les dedicó el 8 de marzo del año pasado. Ante el Consejo de la Magistratura, Figueroa también contó que, en medio de una discusión, el juez salió dando un portazo que hizo que volaran las bisagras.
Como vicepresidentes estarán Borinsky y Petrone, que seguirán integrando sus salas. Figueroa tiene una larga trayectoria en causas de derechos humanos y es parte el tribunal desde 2011. En 2020, denunció que había recibido la visita de Juan Bautista Mahiques, por entonces enlace de Macri con el Poder Judicial, para interesarse por la rápida resolución de la causa del Memorándum. En la investigación sobre la mesa judicial, la jueza declaró que sufrió presiones no solo de los funcionarios del macrismo sino también de los medios afines. Por esa declaración, tanto Macri como el exdirector general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas siempre procuran correrla de los expedientes en los que están involucrados.
Las salas
El principal eje de tensión fue qué pasaba en la Sala II con la vuelta de Slokar. El presidente del tribunal les hizo saber a sus colegas que no pensaba ir a la Sala I porque su decreto de designación dice con claridad que él fue nombrado para la Sala II. Mahiques refunfuñó pero terminó aceptando la invitación de Petrone para sumarse a la Sala I.
La Sala I es la que debe decidir si reabre las causas Hotesur-Los Sauces y Memorándum de Entendimiento con Irán, pero Mahiques no tendría posibilidad de participar de esa decisión aún si se demora hasta el año próximo porque ya se celebraron las audiencias para analizar los planteos de las partes, por lo que ya quedó firme la integración con Figueroa, Petrone y Diego Barroetaveña. Uno de los puntos que generó dudas entre los casadores fue que Mahiques compartirá sala con Barroetaveña, que integra el Consejo de la Magistratura, donde deberán analizarse las denuncias por su viaje a Lago Escondido.
La Sala IV, que tendrá que analizar la sentencia en la causa Vialidad, permanecerá como hasta ahora: con Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo. Borinsky también cubrirá la vacante que hay en la Sala III desde que se fue Liliana Catucci y acompañará en ese tribunal a Gemignani y Eduardo Riggi.
Más allá de las causas, la gran definición que se espera para Casación es qué pasará con Figueroa y Riggi, que cumplirán 75 años en 2023. La intención de ambos, según fuentes del tribunal, es permanecer pero para eso el presidente Alberto Fernández deberá mandar la propuesta al Senado para darles el aval.
Una paz armada, así podría describirse el tono del encuentro en el primer piso en Comodoro Py. Aunque no faltó distensión cuando el secretario general de la Cámara, Juan Montesano, repartió unos obsequios entre los camaristas: unos tacos de papel ecológico y unas banderas argentinas. No fue por la víspera del partido de la Selección nacional –que acrecentaba la tensión en la sala–, sino porque el próximo 22 de diciembre la Casación celebrará sus primeros 30 años.
Los industriales dicen que les traban el acceso a importaciones
UIA vs. Gobierno, segundo round
Insistieron en que no les dan los dólares para producir, mientras cerca de Massa aseguran que no hay ningún reclamo puntual.
Pocas horas antes del arranque del partido que llevó a Argentina a la final del Mundial, la Unión Industrial Argentina (UIA) tuvo su última reunión de mesa chica del año en la que convivió el clima futbolero con un reclamo que no cesa: que según la entidad que preside Daniela Funes de Rioja, el Gobierno Nacional sigue sin darles a las fábricas los dólares que requieren para producir.
En la otra esquina, fuentes oficiales dijeron a Página I12 que "el planteo es extraño porque no hay ningún reclamo puntual de la entidad y las empresas grandes son las que menos problemas". El encontronazo de declaraciones es el segundo round de una disputa que nació semanas atrás, cuando impulsada por Techint la UIA pidió ir más a fondo con la crítica a la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa, situación que abrió una grieta en la entidad entre los que fomentan el diálogo y los que quieren marcarle la cancha al Gobierno de Alberto Fernández.
Por medio de un comunicado sin mayores detalles, la UIA explicó que "los representantes sectoriales y regionales abordaron la evolución de la actividad industrial en las últimas semanas. Las dificultades para acceder a insumos importados, la suba de tasas y la búsqueda de mecanismos para dinamizar la actividad industrial fueron algunos de los temas tratados". Este diario consultó a varios de los presentes cuáles eran los casos en los que faltaban divisas para importar, pero la mayoría carecía de datos y el resto seguía entusiasmado con el partido de la Selección.
En el Gobierno, en tanto, aseguran que "no hay ninguna fábrica parada por falta de insumos", y los más críticos desde la Casa Rosada observan en la medida "una historia de que Funes de Rioja tiene que hacer su trabajo" de cuestionar el nuevo sistema de administración del comercio. "Es verdad, estamos controlando más", admiten en el Gobierno, pero a la vez aclaran que "veníamos de una fiesta donde se traían cualquier cosa y por cualquier método". Sobre este punto hay un dato que gustan sacar a la luz desde los despachos oficiales: en julio de este año, cuando aún Martín Guzmán era ministro de Economía, se fueron más de 8000 millones de dólares de importaciones en conceptos de Energía y todo el resto. El número estuvo en más de 2000 millones por encima de los valores actuales, donde se depuraron vicios e irregularidades.
En el ámbito oficial aseguran que "había una costumbre de muchos industriales de sobre stockearse, pero eso no puede pasar más". Lo cierto es que en el Gobierno buscan además comprender cómo viene la dinámica de una relación que tenía una mesa abierta entre ambos sectores y terminó siguiendo una lógica de conflicto que no se condice con los niveles de interlocución.
Conflicto en Rosario y Ley de Envases
Por otra parte, la UIA abordó en su reunión otros dos temas. La Ley de Enavses y el conflicto en los puertos de Rosario. Sobre esto último, el comunicado asegura que "representantes regionales indicaron que el conflicto gremial entre el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) y la Terminal Puerto Rosario paraliza el ingreso de insumos clave para la actividad productiva. Se solicitó el inicio urgente de gestiones ante autoridades nacionales para encontrar una solución al problema que afecta la logística de las cadenas de valor provinciales y está produciendo suspensiones e interrupción de procesos productivos".
Asimismo, el departamento de Medio Ambiente dijo, respecto a la ley de Envases, que "se informaron las gestiones para realizar modificaciones en el proyecto de ley de gestión integral de Envases. La UIA busca promover un marco legal que debe contemplar los sistemas de gestión privada y los ejes que se analizaron desde las cámaras socias de la UIA, que permitirá generar una ley consensuada y aplicable a todas las instancias necesarias".
Fuente:Pagina12
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