Patricia Bullrich afirmó por escrito ante la Justicia que fueron los altos mandos de la Prefectura Naval los que ordenaron filmar y fotografiar la detención del ex vicepresidente Amado Boudou el 3 de noviembre de 2017, registros que luego se filtraron a la prensa. Esas fotos y videos “oficiales” fueron tomados por efectivos de la Prefectura con un teléfono celular que, según explicó la ex ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, se extravió poco después del espectacular operativo de la detención de un Boudou legañoso y en pijama. 

“El aparato telefónico con el cual se obtuvieron las fotografías del licenciado Boudou habría sido extraviado poco tiempo después del procedimiento”, dijo Bullrich por escrito al declarar en indagatoria ante el juez federal Sebastián Ramos.

Bullrich está acusada por los presuntos delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Declaró por Zoom, acompañada por su abogado, Julián Curi. No formuló apreciaciones ni respondió preguntas, pero anunció que presentaría un descargo por escrito. Lo hizo: un documento de cuatro páginas en las que reconoció que “los registros obtenidos en el procedimiento habrían estado en poder de varias personas, que no fue precisado a qué abonados telefónicos fueron enviados esos registros, como así tampoco si fueron reenviados mediante teléfonos oficiales o particulares”. 

Por un formalismo legal, a todo acusado de un delito cuando se le toma declaración indagatoria se le pregunta si registra antecedentes penales. Bullrich respondió: “Creo que no. Saqué el registro de antecedentes penales y no tenía ninguna”. Y, sonriendo, añadió: “Estaba pensando si tenía alguna de cuando era muy joven, pero no”.

Bullrich intentó descargar responsabilidades en la Prefectura Naval, la fuerza enviada a Puerto Madero para detener a Boudou por orden del juez Ariel Lijo en el marco de la denominada “Causa Ciccone”. 

“La detención del ex vicepresidente fue un hecho de trascendencia pública, el procedimiento fue delegado a una fuerza de seguridad dependiente del Ministerio a mi cargo y si bien por el tiempo transcurrido no recuerdo los detalles de ese procedimiento puedo afirmar que mi intervención no se apartó de aquella que me correspondía como ministra de Seguridad de la Nación”.

“El personal que tuvo a su cargo la realización del procedimiento habría recibido por parte de su superior dentro de la misma fuerza la orden de obtener registros fotográficos y fílmicos en la noche previa a la diligencia. (…) Desde el Ministerio de Seguridad se impartieron las directivas generales respecto del accionar de la fuerza, tal como se ordena seguir en todos los procedimientos de iguales características”, apuntó. 

En el escrito añadió enseguida: “Niego haber impartido de forma personal algún tipo de directiva específica o particular para el cumplimiento de la orden de detención del licenciado Boudou, tanto antes, durante o con posterioridad a la realización del procedimiento”. Un simple silogismo permite comprender que si Bullrich no dio la orden de filtrar las fotos y videos, entonces lo hicieron motu proprio los integrantes de Prefectura que llevaron a cabo el procedimiento. El Ministerio no pudo neutralizar ni controlar esa filtración, pese a la impronta fuertemente personalista que Bullrich le imprimió a su gestión. 

El procedimiento, añadió Bullrich, fue ordenado bajo las pautas fijadas por el “Protocolo de actuación para la realización de allanamientos y requisas personales”, que fijó el propio Ministerio bajo la gestión de la hoy presidenta del PRO. Ese protocolo fue fijado mediante la Resolución 275/2016. Bullrich reconoció: “dicté durante mi gestión al frente del Ministerio”. Es curioso: esa norma –según sus fundamentos- fue adoptada “a fin de garantizar la privacidad y seguridad de los habitantes y la correcta administración de justicia” y respondió en su momento a la “necesaria la creación de reglas de procedimiento que sirvan a los agentes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad para la realización de estas pesquisas procesales conforme derecho”. No fue eso lo que ocurrió en la detención de Boudou.

Bullrich reconoció, no obstante y en relación al procedimiento (del que no recordaba algunos detalles por el paso del tiempo): “Es posible que en mi carácter de ministra haya mantenido comunicaciones con responsables de la fuerza a cargo de la detención del ex vicepresidente de la Nación para ser informada sobre el curso del procedimiento. Incluso es posible que me hayan sido enviados partes informativos en forma telefónica”.

El escrito se volvió, en ese punto, impreciso: “Desconozco si efectivamente recibí ese tipo de información y, en su caso, quién la envió, cuándo, desde qué teléfono, a qué abonado -esto es, si fue remitido a un teléfono oficial personal o a un abonado del Ministerio- como así también si la información fue enviada en forma individual a mí o a un grupo o conversación integrado con otras personas”.

Sin embargo, aclaró: “Aún en el caso de que efectivamente me hayan enviado registros del procedimiento, tampoco puedo confirmar si se trató de aquellos publicados por la prensa en la mañana del 3 de noviembre de 2017. En cualquier caso, reitero y reafirmo puntualmente que no tuve participación alguna en la comisión de los hechos que se me imputan”.

Previo a pedir su sobreseimiento, Bullrich señaló que la circunstancia de la detención de Boudou “habría sido registrada desde el inicio; que en principio, los registros obtenidos en el procedimiento habrían estado en poder de varias personas, que no fue precisado a qué abonados telefónicos fueron enviados esos registros como así tampoco si fueron reenviados mediante teléfonos oficiales o particulares”.

“Con las explicaciones expuestas –consideró la ex ministra- entiendo que ha quedado suficientemente acreditado que no tuve participación en los hechos que se investigan en esta causa, razón por la cual solicito que al momento de resolver mi situación procesal se disponga mi desvinculación definitiva del proceso”.

Fuente:TiempoArgentino