A quince años de la Ley de Bosques:
«Defender y profundizar su implementación
y alcances»
Resumen Latinoamericano, 16 de diciembre de 2022.
«Diálogos a quince años de la Ley de Bosques Nativos. ¿Qué ley tenemos y qué ley necesitamos?», fue el título del encuentro de investigadoras e investigadores de universidad públicas y del Conicet. Desde su aprobación, se desmontaron en Argentina 4,2 millones de hectáreas. Entre sus responsables figuran el agro, la ganadería y la especulación inmobiliaria.
Por Red Bosques, Políticas y Territorios*
La deforestación es uno de los problemas ambientales que generan mayor preocupación a nivel global, debido a su impacto en el cambio climático, en la pérdida de diversidad biológica y cultural, y en la alteración de los ciclos del agua, entre otros aspectos. Entre los años 2000 y 2020 la reducción neta de bosques en el mundo fue de 101 millones de hectáreas, de los que 3,6 millones corresponden a la Argentina, según datos de la organización Global Forest Watch. Esto coloca al país en el séptimo lugar a nivel mundial en cuanto a la superficie neta deforestada.
La Ley de Bosques (26.331), sancionada en 2007, no sacó a la Argentina de esta triste nómina: desde el año de su aprobación y hasta 2021, la Dirección Nacional de Bosques registra una deforestación de 4.260.511 hectáreas en todo el país. El 83 por ciento de este total corresponde a los bosques de la región chaqueña, característicos del centro norte del país (provincias de Chaco, Formosa, Salta, Santiago del Estero, norte de Santa Fe y de Córdoba, y este de Tucumán, Catamarca y La Rioja).
Sin embargo, también otras regiones han sufrido importantes pérdidas en relación a su tamaño. Los principales motores de esta deforestación son la agricultura y la ganadería a gran escala que se expanden en zonas previamente cubiertas por bosques, pero en años recientes los incendios han cobrado creciente importancia. En el sur del país, como en el delta del Paraná, la mayor parte de la pérdida de bosques obedece a esa causa. A su vez, los proyectos inmobiliarios con fines de urbanización y de turismo, aunque afecten extensiones de bosques más reducidas, tienden a concentrarse en zonas ambientalmente frágiles como las sierras cordobesas o las laderas patagónicas, y a vulnerar también los derechos de las poblaciones preexistentes, pertenecientes en muchos casos a pueblos originarios.
¿Qué Ley de Bosques tenemos?
La Ley de Bosques es un hito fundacional en la política ambiental de Argentina. Contribuyó decisivamente a visibilizar la cuestión de los bosques nativos en la opinión pública, generando debates, producción de conocimientos, acuerdos y desacuerdos políticos en todas las provincias. Ninguna otra ley ambiental ha tenido un despliegue comparable en todas las provincias, con el fortalecimiento de los organismos encargados de aplicarla, la formación de una comunidad de diálogo académica, política y social en torno a sus desafíos, y recursos destinados anualmente a su cumplimiento.
Sin embargo, en los quince años de su implementación ha tropezado con numerosos obstáculos y dificultades. Uno de los principales es la insuficiencia de esos recursos, reflejo de la baja prioridad que tiene la protección de los bosques en la agenda política nacional.
Si bien la Ley de Bosques estipula que debe destinarse a su cumplimiento como mínimo el 0,3 por ciento del presupuesto nacional, la cifra que el Congreso le otorga año tras año está muy lejos de alcanzar ese piso. Este año (2022) no alcanzó siquiera al 0,01 por ciento del presupuesto nacional, o sea, treinta veces menos de lo exigido por la ley.
Esto reduce tanto la capacidad operativa de los órganos de control y de asistencia técnica como los incentivos que pueden ofrecerse a quienes cuidan sus bosques.
Otra falencia clave es que las poblaciones que conviven a diario con el bosque —indígenas, campesinas, productores familiares— encuentran persistentes dificultades para que sus intereses sean tomados en cuenta en el diseño y la implementación de una política que las afecta directamente. Sus saberes y valoraciones sobre los bosques pasan a un segundo plano frente a las decisiones de funcionarios asesorados por lejanos expertos. Esto, evidentemente, resta legitimidad a la política y dificulta su aplicación efectiva, porque las decisiones frecuentemente terminan siendo incompatibles con las realidades del territorio.
A esto se suma la falta de control efectivo de la deforestación por parte de las provincias, ya sea por escasez de recursos y capacidad técnica o de voluntad política e incluso, como se ha denunciado en varios casos, por corrupción y tráfico de influencias. En efecto, cuando se llegan a sancionar las transgresiones, las multas que se aplican son insuficientes para disuadir a potenciales infractores.
Por esta razón, diferentes organizaciones ambientalistas y actores políticos proponen reforzar la disuasión mediante una sanción penal que incluya penas de cárcel.
También es notoria la reaparición de conflictos y controversias al momento de la actualización de los ordenamientos territoriales («OTBN») provinciales, con intentos de revisión francamente regresivos que atentan contra el principio de no regresividad consagrado en la normativa ambiental.
Todas estas dificultades —y otras— no deben, sin embargo, opacar la importancia de la Ley de Bosques como una herramienta fundamental de nuestra política ambiental. Más bien, deben servir de incentivo para defender y profundizar su implementación y sus alcances.
Mucho más que producción o conservación
Es necesario pensar al bosque desde múltiples dimensiones y escalas. No basta con una mirada binaria que oponga “producción” y “conservación”. Tampoco con considerar al bosque meramente como fuente de bienes, como la madera, o incluso como proveedor de variados servicios ecosistémicos como la regulación del clima, la conservación de la biodiversidad o la moderación de los ciclos hídricos.
Los bosques son lugar de producción y reproducción de formas de vida diversas, con sus economías, sus saberes y sus equilibrios dinámicos, en algunos casos muy frágiles. En ellos conviven, de forma no siempre armoniosa, una multiplicidad de actores con diferentes proyectos, prácticas y cosmovisiones.
Por esta razón, la gestión de los bosques nativos no puede ser solamente una cuestión técnica. Implica una dimensión político-distributiva que pone en juego derechos e intereses, muchas veces enfrentados.
La articulación entre esos intereses y la traducción entre diversos saberes y lenguajes de valoración, en algunos casos inconmensurables entre sí, es un desafío que no se saldará con una solución unívoca y definitiva, sino que exigirá un diálogo continuado y abierto, con acuerdos provisorios, resultados ambiguos y aprendizajes progresivos.
Este camino exige facilitar espacios de participación genuina para los actores más vulnerables y menos poderosos. Supone en especial atender a las particularidades culturales y lingüísticas de los pueblos originarios, sin encorsetarlos en procesos de decisión poco compatibles con sus hábitos. Esto, entre otras cosas, se refiere a los tiempos, muchas veces demasiado acelerados, a los que se acotan los procesos participativos promovidos desde el Estado. Supone también adoptar una perspectiva de género que visibilice las prácticas del cuidado de la vida, trascendiendo una valoración productivista de la naturaleza.
Protagonismo social y mirada integral
Tanto la sanción de la Ley de Bosques como el control de su implementación se deben en gran parte a procesos de movilización social protagonizados por pueblos originarios, organizaciones no gubernamentales y asambleas ambientalistas, organizaciones campesinas y de pequeños productores y productoras, entre otros colectivos. Mediante acciones de protesta, participación en instancias de consulta, reclamos ante el Poder Judicial, producción y difusión de información, contribuyeron de manera decisiva a visibilizar en la esfera pública la deforestación y degradación de los bosques, y a exigir la efectiva aplicación de la Ley.
Todos estos colectivos continúan interpelando a responsables técnicos y políticos a profundizar la defensa de los bosques.
Pero una ley ambiental parcial, como lo es la Ley de Bosques, necesita formar parte de un ordenamiento ambiental integral del territorio, tal cual lo exige la Ley General del Ambiente (25.275). De lo contrario, sistemas naturales que funcionan de manera interdependiente —y que así son concebidos por sus habitantes— corren peligro de quedar regulados por políticas inconexas o incluso contradictorias, y la protección de unos ecosistemas puede conducir a una mayor presión sobre otros.
La construcción de este ordenamiento integral debe nutrirse de la experiencia de estos quince años en la implementación de la Ley de Bosques, con sus aciertos y sus errores. En lo inmediato, un nuevo peldaño en esa construcción lo propone el proyecto de Ley de Humedales, cuya sanción consideramos urgente.
A quince años de la sanción de la Ley de Bosques resaltamos, entonces, la importancia que ha tenido como dinamizadora de la política ambiental en Argentina y como palestra de aprendizaje para las organizaciones, los organismos públicos y quienes hacemos investigación. Pero advertimos, también, los enormes desafíos para hacer de esta Ley un instrumento eficaz dentro de una política ambiental integral, en el contexto de emergencia climática global. En especial, frente a la Declaración sobre Bosques y Uso de la Tierra, suscrita este año en Glasgow por la Argentina y otros 140 países, que incluye el compromiso de alcanzar la deforestación cero a partir de 2030.
*Lorenzo Langbehn (Indes-UNSE/Conicet), Alma Tozzini (IIDyPCa UNRN/Conicet), Carlos Ortega Insaurralde (Inenco-UNSa/Conicet), Constanza Casalderrey Zapata (IIDyPCa-UNRN/Conicet), Cristian Schneider (ACEN/FTA-UPC), Gabriel Stecher (Ausma-UNCO), Ignacio Alonso (CIPAF-INTA), Luján Ahumada (E.Ftal.V.Dolores-INTA), Malena Castilla (UNLaM/Conicet), Walter Mioni (INTA Salta/UNSa), Mariana Schmidt (IIGG UBA/Conicet), Lucas Figueroa (IIP-Unsam/Conicet), Adrián Gustavo Zarrilli (CEAR- UNQ/Conicet), Ricardo Gutiérrez (IIP-Unsam/Conicet).
Fuente: Agencia Tierra Viva
Entre las balas y el cerro en
Andalgalá
Resumen Latinoamericano, 16 de diciembre de 2022.
Policías dispararon repetidas veces contra vecinxs que se encontraban registrando, este jueves, el paso de máquinas, insumos y operarios hacia el yacimiento Agua Rica, en Minas Capillitas. Dos defensores del agua fueron heridos.
Comunicado publicado por las redes sociales de Asamblea El Algarrobo en Andalgalá:
Al mando del comisario general de la Regional N° 4,Dimas Eduardo Ferreyra, se encontraban menos de una decena de policías, pero luego de la balacera –fueron cerca de 10 disparos-, se sumaron unos 30 uniformados más: encapuchados y con escudos antitumultos. ¿Para qué? Para proteger las máquinas que continúan perforando ilegalmente el cerro y privando de agua a lxs pobladores de Choya, y atemorizar a mujeres y hombres desarmadxs, que sólo están defendiendo sus derechos humanos básicos.
Luego de los disparos, los policías inspeccionaron la zona y recogieron cartuchos para no dejar evidencia de la cantidad de disparos. Además, había hombres sin uniforme –quizás personal de seguridad privada- realizando tareas de vigilancia, en otro acto persecutorio contra lxs vecinxs.
Luego del ataque policial, algunxs vecinxs huyeron al cerro para protegerse de las judicializaciones que en Andalgalá se volvieron moneda corriente, como una muestra clara del desprecio por el Acuerdo de Escazú y tantos derechos pisoteados por el Gobierno de Raúl Jalil. Por esta misma razón, las personas heridas no acudieron al hospital ni realizarán la denuncia: aquí los heridxs y reprimidxs no son escuchados: sólo se los identifica para abrir causas en su contra.
Esta es una prueba más del Estado represor que gobierna Catamarca, de que no exageramos cuando hablamos de Dictadura Minera, de que nuestros funcionarixs son empleadxs del proyecto MARA y que el pueblo está desprotegido.
Esperamos acciones concretas del intendente Eduardo Córdoba y lxs concejales: ante estos hechos de violencia y el quiebre de la paz social NO pueden seguir mirando para otro lado.
Está en juego nuestra agua, nuestra vida. Aquí, en las calles, se juega la verdadera final.
Ni las migajas: la UIA no quiere
pagar el bono miserable
Por Marcela Mache, Resumen Latinoamericano, 16 de diciembre de 2022.
La Unión Industrial Argentina (UIA) publicó un comunicado en donde se oponen al pago del bono miserable del gobierno de hasta $24.000 para quienes cobren salarios netos (incluido el propio bono) de $185.000. Se trata de una oposición “estratégica” contra los salarios, en medio de una ofensiva patronal que busca depreciar los ingresos obreros convalidando socialmente el ajuste.
Entre los argumentos de la UIA se destaca que las paritarias serían el mecanismo adecuado y suficiente para actualizar los salarios, terreno en donde las patronales imponen su orientación con un gobierno que los auxilia ante las dificultades y una burocracia sindical dócil y cómplice del ajuste.
Los salarios del sector privado llevan acumulados una pérdida del 1,3% respecto a la inflación, en lo que va del año, además de lo perdido en los años pasados. Situación que es aún peor en el sector informal.
El argumento más llamativo es que los salarios del sector privado industrial se situarían en “un 40% por encima del promedio nacional”. Si tomamos el promedio salarial del Ripte de octubre el mismo se ubica en $174.436,90, lo que revela que en verdad se pagan salarios mucho más bajos (tercerizadas, cadenas de abastecimiento, firmas asociadas, etc.).
La queja de las patronales industriales también podría estar buscando la obtención de nuevos beneficios por parte del Estado, como el que le permite a las Pymes deducir de Ganancias la mitad de lo que se pague en bonos, por medio de una simple declaración jurada, lo que habilitaría nuevas artimañas y defraudaciones al Estado.
La UIA rechaza la intervención miserable del gobierno –una intervención al rescate del ajuste- como una intromisión que altera el “equilibrio” del mercado laboral y que genera más “incertidumbre”; sin embargo, reclaman la intervención del Estado para detener los conflictos obreros, por medio de la conciliación obligatoria, el incumplimiento de reinstalaciones, la represión y los desalojos de conflictos gremiales y el forzamiento de paritarias, como se ha visto en el conflicto del Sutna.
El planteo de los capitalistas locales es hacer pasar el ajuste en marcha como algo normal, fruto de las regulaciones del mercado y así convalidar una pérdida general en los salarios para maximizar sus ganancias. Este planteo quedó al descubierto cuando el titular de la UIA, Funes de Rioja, se opuso al aumento de $500 en el salario mínimo para disminuir el impacto del piso salarial.
Bajo esta orientación se encumbra también el ataque a los beneficiarios de los programas sociales y a los trabajadores desocupados y precarizados, en el intento por deprimir más la base salarial, liquidando los programas sociales y empujando a miles de trabajadores a incorporarse al mercado laboral bajo condiciones de extrema precarización, en la informalidad y con “salarios” de indigencia.
Las patronales abusan del discurso de una supuesta comunión de intereses y esfuerzo entre capital y trabajo, pero cuando se trata de pagar un bono de indigencia ponen el grito en el cielo. Cuando emplean el lema de “ceder para crecer” no se refieren a sus bolsillos sino a los de los trabajadores. Esto refuerza la necesidad de que la clase obrera recorra su camino independiente, y revalida la idea de poner en pie un movimiento popular con banderas socialistas.
Más que un bono de miseria lo que corresponde es el pago del doble aguinaldo, sin restricciones, para los trabajadores en actividad, seguido de una recomposición general de los salarios para defender el poder adquisitivo de los trabajadores.
Fuente: Prensa Obrera
Envio:ResumenLatinoamericano
El presidente de la Corte habló en la cena de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional
Rosatti y su mensaje a la familia judicial: "Necesitamos seguir construyendo un Poder Judicial fuerte"
Algo más de 500 jueces, fiscales y secretarios de la justicia nacional se congregaron en el complejo Parque Norte para despedir el año. Prácticamente estuvo toda la familia judicial en la cena que organizó la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Como en toda familia, a la hora de los discursos habló el más importante, en este caso fue el presidente de la Corte y del paralizado Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti. El supremo aprovechó el fin de año para enviar un mensaje claramente político al sostener que es preciso tener un "Poder Judicial fuerte" y asegurar que "esta Corte no negocia fallos".
Entre los que aplaudían estaba el presidente de la Asociación que organizó el evento, Marcelo Gallo Tagle y el presidente de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, arquero del equipo que juega en la quinta del expresidente Mauricio Macri, y que sugirió la posibilidad de hacerle juicio político y detener a Cristina Fernández de Kirchner. También participaron de la cena dos de los jueces del triubunal que condenó a CFK, Andrés Basso y Jorge Gorini.
A los que no se vio es a los jueces que participaron del tour a Lago Escondido en octubre pasado y por el que están enfrentando un proceso por dádivas. Rosatti estuvo acompañado por los también supremos Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz más el procurador interino Eduardo Casal.
Durante su discurso, Rosatti dijo que "necesitamos seguir construyendo un Poder Judicial fuerte, sin transar ni negociar nuestras decisiones. La peor consecuencia es aquella que deriva de no aplicar la Constitución y las leyes. Con la Constitución no temo ni ofendo y nadie debe sentirse ofendido". Nada dijo de los que jueces viajeros.
En otro tramo de su discurso, Rosatti afirmó --casi desde una mirada peronista-- que la justicia debe trabajar para "conseguir felicidad de la comunidad" y agregó que "a veces pasa que tenemos dudas, vivimos un clima de tensión, de rispideces. En esa situación de confusión hay que cerrar los ojos, respirar hondo y hacer lo correcto. Eso es aplicar la ley, empezando por la Constitución", afirmó.
El supremo consideró que "los buenos jueces tendrán siempre el apoyo de esta Corte, que no negocia fallos, jueces que no se cuecen en el primer hervor y que está dispuesta a apoyar a buenos funcionarios judiciales para lo cual hay que dar el ejemplo". Luego homenajeó a su colega Maqueda y recordó que ya lleva 20 años como integrante de la Corte Suprema.
Antes del discurso de Rosatti, habló Gallo Tagle en su rol de anfitrión del encuentro. En discurso que precedió al brindis por el fin de año hizo una elíptica referencia a los jueces involucrados en el tour a la Patagonia: "Si el juez pretende que se cumplan sus sentencias, debe ajustar sus estándares a lo que la sociedad espera de él", dijo ante una platea que mantuvo silencio. Luego agregó que "ningún juez puede pretender respeto si no se ajusta su conducta. Es una premisa que ha sostenido nuestra institución". Una referencia que busca responder a las voces que de a poco se están levantando en contra de la conducta de esos magistrados.
Movilización de las organizaciones sociales de la UTEP y el Frente de Lucha
Protestas ante los ministerios de Economía y Desarrollo Social
Los manifestantes reclamaron un aguinaldo digno y alimentos para los comedores populares. También cuestionaron el monto del bono anunciado por el gobierno nacional.
Los movimientos sociales nucleados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y en el Frente de Lucha se movilizaron este viernes en CABA, ante los ministerios de Desarrollo Social y de Economía, en reclamo de un "aguinaldo digno" para el sector y en rechazo al bono de fin de año de 13.500 pesos, que el Gobierno anunció para los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. Los manifestantes también pidieron la entrega de herramientas para emprendimientos productivos y asistencia alimentaria para los comedores comunitarios.
Los militantes de ambos sectores se concentraron desde las 10 en las inmediaciones del Obelisco porteño y en el cruce de las avenidas Independencia y 9 de Julio. Luego marcharon hacia las sedes de los ministerios. Hubo cortes parciales en calles y avenidas.
Las organizaciones afines al Frente de Todos que se inscriben en la UTEP --el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Somos Barrios de Pie y el Frente Popular Darío Santillán-- explicaron que la protesta tuvo como objetivo "exigir que no ajusten con los y las de abajo en un contexto crítico y que se cumplan derechos" de los trabajadores desocupados. "No podemos aceptar el aguinaldo miserable que se anunció para el sector, es un derecho que conquistamos hace tiempo y nuestras familias también merecen terminar el año con un piso de dignidad. Exigimos que recapaciten y aumenten lo que llaman bono , que es un reconocimiento al trabajo que hacemos", plantearon.
"Estamos reclamando además las herramientas necesarias para fortalecer nuestro trabajo en las diferentes ramas de la economía popular y que se cumpla con la entrega de alimentos para los espacios sociocomunitarios en los miles de barrios populares de todo el país", enumeraron.
Gildo Onorato, secretario gremial de la UTEP y referente del Movimiento Evita, detalló: "Estamos en una gran jornada de movilización para pedir que el Gobierno revea esta decisión con este magro aguinaldo que le están otorgando a los compañeros y compañeras de la economía popular". Y remarcó: "Esperamos que no haya ajuste en las políticas hacia los más humildes y podamos tener un Navidad en paz y tranquilidad, como todos deseamos en nuestras casas".
Norma Morales, secretaria adjunta de UTEP y referente de Somos Barrios de Pie, pidió a los funcionarios que "reflexionen" y subrayó que los trabajadores de la economía popular necesitan "paz" en las fiestas de fin de año. Dina Sánchez, también adjunta de UTEP y dirigente del FPDS, consideró que "el aguinaldo de 13.500 pesos para el sector de la economía popular condiciona brutalmente el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras en el peor momento económico del país". "Así --concluyó-- no hay familia que aguante."
La protesta de la UTEP finalizó altrededor de las 13, frente al Palacio de Hacienda, en Hipólito Yrigoyen al 200.
Por su parte, las agrupaciones sociales y políticas de izquierda que confluyen en el Frente de Lucha --el MTD Aníbal Verón, una fracción del FPDS, MPR, MTR por la Democracia Directa y el Frente de Organizaciones de Base-- mantuvieron la concentración hasta las 17 ante el Ministerio de Desarrollo Social, en el cruce de la Avenida 9 de Julio y la Avenida Belgrano. El tránsito se mantuvo interrumpido desde la Avenida Independencia hasta Corrientes, pero sin afectar el funcionamiento del Metrobus.
"Los trabajadores cooperativistas nos movilizamos en todo el país ante el terrible ajuste y pulverización de nuestros salarios", puntualizó Marianela Navarro, delegada nacional del FOL. "Nosotros somos trabajadores que producimos en todo el país todos los días", advirtió y cuestionó también el bajo monto del bono de fin de año anunciado por el gobierno nacional.
2023 será un año con bajo crecimiento y alta inflación
La economía con Massa no estalló, pero le falta ilusionar
Las amenazas de mitad de año fueron superadas: no hubo devaluación descontrolada, ni default de la deuda en pesos, ni se cayó el acuerdo con el FMI. Este año seguramente tampoco habrá inflación de tres dígitos. Pero las perspectivas para 2023 marcan que la recuperación seguirá siendo trabajosa.
"El nivel de desesperación que había en julio y agosto ya no está. Todo es más tranquilo. No volcamos y vamos a pasar el verano relativamente bien, sin estallido devaluatorio ni espiralización inflacionaria", describe un integrante del gabinete económico el escenario de corto plazo. El panorama es sensiblemente distinto a las proyecciones de analistas y hasta de funcionarios para esta altura del año que dominaban luego de la salida disruptiva de Martín Guzmán del Ministerio de Economía. La aprobación de los distintos actores del Frente de Todos a la figura de Sergio Massa como jefe del Palacio de Hacienda empoderado fue el primer movimiento clave para empezar a acomodar una economía que se iba a pique.
Sin un mínimo ordenamiento político no había una voz de autoridad para conducir la situación y regenerar expectativas. A la coalición oficialista le llevó dos años y medio alcanzar acuerdos básicos de gobernabilidad, que si hubieran estado de entrada habrían hecho más fácil la tarea de resolver la grave crisis económica y social que había dejado Juntos por el Cambio, a la que se sumó la pandemia y luego la guerra en Europa.
No es que las diferencias hayan desaparecido y ahora todos piensen lo mismo sobre lo que hay que hacer y cómo hacerlo. La disputa sobre si otorgar un bono por única vez a trabajadores formales, como ocurrió, o una suma fija permanente para recuperar salarios es un ejemplo de esas discrepancias que persisten. Pero ahora se procesan de otra manera. La pregunta que develará el tiempo es si eso ocurre porque ya no había margen para escalar los enfrentamientos, porque el país podía terminar en hiperinflación y default, o si realmente hay una comprensión y un aprendizaje que pueda resultar virtuoso hacia adelante.
Pasaron cosas
Con autoridad para tomar decisiones, Massa y equipo lograron encarar una agenda de estabilización que muestra como resultado más destacado lo que describía el funcionario más arriba: no hubo una devaluación abrupta, ni asfixia financiera para la refinanciación de la deuda en pesos, ni caída del acuerdo con el Fondo Monetario y seguramente tampoco habrá inflación de tres dígitos al finalizar el año.
El primer paso fue robustecer el nivel de reservas del Banco Central para despejar las perspectivas de devaluación descontrolada. Otra vez, sin un mínimo de cohesión política no podría haber existido el dólar soja, que está resultando esencial en esa tarea, ni carta blanca al ministro de Economía para negociar desembolsos con organismos internacionales como el BID, el Banco Mundial y el propio FMI.
En relación al dólar soja, en el gabinete económico dan por sentado que habrá una versión 3 en abril, dado que la concesión de un tipo de cambio preferencial a productores y exportadores es considerado a esta altura como el mal menor. Forma parte de un desdoblamiento cambiario de hecho que solo se podrá emprolijar si el Banco Central consigue multiplicar la acumulación de divisas. En su versión 2, la actual, el dólar soja generó la liquidación de exportaciones por 1824 millones de dólares, frente al compromiso de 3000 millones. Quedan diez días para cumplir el objetivo y esta semana no fue la mejor, lo que motivó algún chispazo entre funcionarios y la cámara de exportadores de cereales y oleaginosas.
La suba de las tasas de interés por arriba de la inflación fue otra decisión que al Gobierno le costó sudor y lágrimas, con peleas permanentes entre Guzmán y Miguel Pesce, presidente del Banco Central. Frente a la emergencia, la medida terminó por imponerse, con el doble objetivo de desalentar la dolarización de ahorros y estimular la renovación de la deuda en pesos. Este último desafío resultó superado este año, pero seguirá estando presente en el verano, con vencimientos mensuales por arriba del billón de pesos, y el resto de 2023. La clave para empezar a disminuir esa presión es la baja de la inflación.
Especulación y acuerdos
Con mayor orden político y más reservas en el Banco Central, el Gobierno también puso énfasis en el cumplimiento de las metas fiscales y monetarias pactadas con el FMI, con intención de que ese programa sirva como guía para coordinar expectativas de los agentes económicos.
Sin embargo, la aceleración inflacionaria desde mitad de año demostró que Massa tenía que hacer algo más para recuperar el manejo de la situación. Lo que hizo fue utilizar un instrumento básico del herramental heterodoxo: acuerdos con formadores de precios para terminar con los aumentos especulativos, que llevaron a las principales empresas a acumular ganancias extraordinarias a costa de las mayorías populares.
Precios Justos, con las compañías alimenticias y de consumo masivo, textiles, calzados, combustibles e insumos difundidos son los ejemplos principales de esa política. La desaceleración de la inflación en noviembre muestra un primer resultado positivo en la compleja tarea de acomodar los precios.
Las versiones interesadas de que en realidad no bajó la inflación si no que el Indec empezó a tergiversar los datos quedan en ridículo al comparar los informes estadísticos del Indec y la Ciudad de Buenos Aires. De once meses trascurridos del año, en 6 el organismo porteño midió menos inflación que el Indec: febrero (4,1 el IPCBA contra 4,7 del Indec), marzo (5,9 contra 6,7), abril (5,3 contra 6,0), junio (5,1 contra 5,3), agosto (6,2 contra 7,0), septiembre (5,6 contra 6,2). Es decir, el Indec registró más inflación que el gobierno de la Ciudad, con 85,3 por ciento en lo que va del año en el primer caso, contra 82,9 en el segundo. En la comparación interanual, también el Indec marcó la inflación más alta, con 92,4 por ciento, contra el 89,9 de CABA.
2023 opaco
La neutralización de los mayores peligros que enfrentaba la economía desde mitad de año permite observar la mitad del vaso lleno, sobre todo porque la actividad económica sigue creciendo de manera robusta y creando empleo. Pero para 2023 los propios funcionarios reconocen que no se podrá disimular la mitad del vaso vacío.
"El año que viene tendremos un crecimiento bajo, de entre 1 y 2 puntos, que también se explicará por las trabas que pone la restricción externa. Vamos a tener que seguir limitando importaciones para tener el frente cambiario más ordenado", explican en el gabinete económico.
"Será un año casi de estancamiento con una inflación que si todo sale bien puede bajar al 60 por ciento como está planteado en el Presupuesto, pero que se puede estirar un poco a la zona de los 70 puntos", agregan.
De todos modos, los funcionarios remarcan que "lo que juega es la película". "Veníamos de una situación muy al límite y ahora estamos más armados. La inflación bajará en relación a este año y puede haber recomposiciones salariales por arriba del índice de precios", indican. Aun así, para el oficialismo no será fácil entusiasmar con la economía en el año electoral.
Fuente:Pagina12
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