Avanzan las acciones para extraer
petróleo en el Mar
Por Alicia Rodriguez, Resumen Latinoamericano, 2 de enero de 2023.
Mientras el gobierno nacional avanza en las habilitaciones a las inversiones extranjeras en el talud de la plataforma submarina, las organizaciones ambientales y asambleas convocan a otro “atlanticazo” para el 4 de enero.
La semana pasada se desarrolló la audiencia pública para la exploración sísmica en el bloque CAN 102 (Cuenca atlántica norte No.102), un paso administrativo que forma parte de la evaluación de impacto ambiental requerida por la ley general del ambiente No. 25.675. La audiencia, que debiera ser la ocasión para que la comunidad que no tiene intereses económicos en el negocio se exprese, contó además con la participación y opinión favorable de numerosos CEOs de las empresas (YPF, Equinor, Shell), diversas cámaras empresarias, políticos oficialistas y sindicatos burocráticos. Por su parte, la comunidad afectada por los emprendimientos, las organizaciones y asambleas ambientales de la costa bonaerense y numerosos científicos se expresaron en contra del desarrollo de la exploración y explotación en esta área situada en el frente marítimo del Río de la Plata, limítrofe con la zona de jurisdicción uruguaya.
El mismo procedimiento se ha hecho el año pasado respecto del área CAN 100, a poco más de 200 km de distancia de Mar del Plata y más al sur de la que ahora se pretende habilitar. A pesar de que en ambas audiencias, tanto la de la exploración sísmica como la de la instalación del Pozo Argerich, cientos de personas se pronunciaron en contra y hubo una presentación judicial, el Ministerio de Ambiente aprobó la realización de ambas prácticas mediante la emisión del instrumento legal denominado DIA (Declaración de Impacto Ambiental). La medida se dio a conocer luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata dejó sin efecto una medida cautelar que impedía la exploración offshore, por considerar que el gobierno y la empresa Equinor ya había cumplido con los requisitos que solicitados por el tribunal para llevar adelante la actividad.
El pozo exploratorio Argerich-1 es el primero de aguas profundas (2.700-3.000 metros) que se realizará a 300 kilómetros de la costa, en el bloque CAN-100, operado por Equinor en consorcio con las empresas YPF y Shell Argentina. Los estudios preliminares realizados por YPF consideran que podría existir un yacimiento con capacidad de producir 200.000 barriles de petróleo por día, casi 40% del petróleo que hoy produce Argentina, equivalentes a unos U$S 7.000 millones.
La secretaria de Energía, Flavia Royón, aseguró que la explotación del denominado proyecto Argerich “es un hallazgo que puede modificar la historia del país, con un impacto productivo que podría ser similar al de Vaca Muerta”. Valga la comparación, porque Vaca Muerta se ha convertido en un área de sacrificio, se han desplazado a productores de frutas, hay escasez y contaminación de aguas, sismos, violación de derechos laborales y un escaso derrame económico local. Y también cabe preguntarse qué porción quedaría para el país de esos 7.000 millones de dólares, una vez descontado lo que se llevan las empresas y los pasivos ambientales. Desde ya, que el único objetivo del gobierno es recaudar divisas para el pago de la deuda.
Con el levantamiento de la cautelar, la compañía noruega podrá continuar con las actividades de prospección sísmica de los bloques CAN 100, 108 y 114. Y cuando el MADS dicte la DIA de este nuevo Bloque CAN 102, se cubrirá todo el talud continental frente a las costas bonaerenses desde San Clemente del Tuyú hasta Carmen de Patagones. Estas tres áreas que están obteniendo la licencia ambiental por parte del MADS en esta gestión forman parte de dieciocho licitadas entre 2018 y 2019 durante la gestión Macri en todo el Mar Argentino. Las ofertas ganadoras de aquella licitación, con un compromiso de inversión por un total de U$S 724 millones, corresponden a las empresas YPF, Qatar Petroleum, Equinor (ex Statoil), ExxonMobil, Total, Shell, Pluspetrol, Tecpetrol, Wintershall, British Petroleum, Mitsui, ENI y Tullow, que de a poco van consiguiendo la licencia ambiental y por ende la vía libre para explorar y luego tendrán la obligación por contrato de explotar el recurso.
La audiencia pública del 19 al 22 de diciembre
Hubo algo más de 1.500 inscriptos en las audiencias públicas. Cientos de participantes se expresaron contra las exploraciones y posterior explotación argumentando el daño a las ballenas, delfines, tortugas, pingüinos y muchos otros animales sensibles a los bombardeos sísmicos constantes que se utilizan para localizar petróleo en el fondo marino. Hay una superposición entre los bloques que Equinor planea explorar y los patrones de migración y zonas de alimentación de elefantes marinos, pingüinos y la Ballena Franca Austral, una especie icónica, protegida y declarada monumento nacional.
También se argumentó la afectación a las comunidades costeras y sus medios de vida. Sería inevitable que algunos derrames de petróleo lleguen a las playas perjudicando también los ecosistemas costeros, los paisajes y las economías de las ciudades. El turismo y la pesca, los deportes acuáticos son actividades que están íntimamente ligadas a la calidad del agua y las playas. Y desde luego, está cuestionada esta actividad que comenzaría en unos años y que pone en contradicción los acuerdos internacionales de disminución de emisiones de los combustibles fósiles y los propios planes de decarbonización presentados por el Estado argentino.
En cambio, los interesados en que se consolide la producción petrolera en el Mar Argentino argumentaron en la audiencia que la actividad es segura, que no hay antecedentes de contingencias en nuestra plataforma continental, que se generará trabajo, que ingresarán divisas. Todo esto carece de veracidad o está en tela de juicio. Por ejemplo, recientemente Greenpeace presentó un informe que compila los incidentes y accidentes de Equinor (ex Statoil), en su país de origen, Noruega, y en Brasil, donde opera desde hace una década produciendo derrames de petróleo, escapes o fugas de hidrocarburos, fallas en el mantenimiento de instalaciones, etc.
En Argentina, en septiembre de 2019, en la Bahía de San Sebastián, Tierra del Fuego, hubo un derrame de petróleo en la Plataforma Santa Cruz del Sur, de la empresa YPF. Están documentados también varios accidentes en el Mar del Norte, en Australia, en Nigeria, en el Golfo de Méjico, en la India a 150 km de Bombay, en muchos casos hubo pérdidas de vidas de sus trabajadores.
Respecto a que la actividad va a ser controlada por el Estado, como expresaron funcionarios y directivos de YPF, basta con recordar que el informe de la Auditoría General de la Nación realizado sobre Enarsa verificó que no había plan de gestión ambiental, ni acciones de prevención y control hacia las petroleras. El supuesto “Estado controlador” no solo carece de los institutos y las herramientas necesarias para realizar esta actividad (de presupuesto, de embarcaciones, al punto que ni siquiera se reemplazó el submarino Ara San Juan), sino que promueve el negocio como socio de las multinacionales. El Estado capitalista es el garante del saqueo.
De hecho, no solo está cuestionado que pueda realizar el control ambiental, sino lisa y llanamente que controle la producción, de la cual dependerán las modestas regalías y retenciones a la exportación, cuando el crudo será directamente almacenado en buques sin tocar tierra. Finalmente es una constante el contrabando de productos primarios, tanto por las cerealeras como por las mineras, como ejemplifica la reciente subfacturación de las ventas de litio realizadas por la empresa Livent emplazada en Catamarca.
Proezas riesgosas del capital por caída de los recursos accesibles
Un párrafo aparte merece Brasil, por la similitud con las áreas que se van a explotar en Argentina. Hace poco más de 20 años comenzó la explotación en el Presal, aguas profundas próximas a Río de Janeiro, coincidente en latitud con la zona petrolera de África y uno de los motivos por el cual se está explorando en Argentina, dado que las dos costas atlánticas estaban unidas hace millones de años lo que hace presumir la existencia de petróleo. La mayor profundidad implica tecnología más sofisticada y mayores riesgos.
El primer gran accidente ocurrió en el año 2000 provocando un derrame sobre la bahía de Guanabara, afectando la biota y a 600 familias de pescadores. En 2001, la plataforma offshore Petrobrás-36, la más grande del mundo hasta ese momento, se hundió en la Cuenca de Campos, a unos 120 kilómetros de la costa de Río de Janeiro, vertiendo todo el contenido de hidrocarburos que tenía almacenado y la muerte de once personas. También ese año, la plataforma petrolera de P-7 derramó 26.000 litros de crudo al mar, y, en 2012, la petrolera Chevron realizó un importante vertido en el mar en la zona de operación de su plataforma de Campo Frade.
Vamos por otro atlanticazo
El 4 de enero, con motivo de cumplirse un año del primer Atlanticazo, se realizarán actividades de protesta en varias ciudades bonaerenses:
CABA 04/01 – 15:30 Ministerio de Ambiente (San Martín 451).
16hs Artivismo. Para sumarte venite de colores azul y blanco.
Mar del plata 04/01 – Rambla los Lobos. 17 hs
Necochea 04/01 – Av. 2 y 83. 19 hs
Bahia Blanca 04/01 – Plaza Rivadavia. 10 hs
Santa Teresita 04/01 – Carabela (costanera y 39). 16 hs
San Bernardo. – Martes 03/1 – 16hs. Av. San Bernardo y Costanera.
Villa Gesell 04/01 17hs
Puente de la Rambla y Paseo 105
Fuente: Prensa Obrera
La séptima marcha por la soberanía
Por Guillermo Caviasca, Resumen Latinoamericano, 2 de enero de 2023.
Desde la última semana de enero del 2023 hasta la segunda semana de febrero se realizará en Rio Negro la septima marcha por la soberanía a Lago Escondido. La actividad es impulsada por la Fundación Interactiva para promover la Cultura del Agua (FIPCA) y por los “Agrupamientos Sanmartinianos”. Es un encuentro de organizaciones con conciencia nacional que se articulan para conseguir el ejercicio efectivo o la recuperación de la soberanía nacional sobre el conjunto del territorio continental, fluvial, marítimo y antártico. La marcha se realizará sobre la propiedad del magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido, centro de poder conspirativo y lobista que funciona como un estado fuera de jurisdicción nacional.
¿Cuál es el escenario y los riesgos?
La Patagonia Argentina es un amplio territorio de un millón de kilómetros cuadrados y 2,4 millones de habitantes distribuidos en cinco provincias. El territorio es una meseta que “baja” desde la cordillera de los Andes hasta el Océano Atlántico. Lo podemos dividir en tres partes, la cordillera, los valles andinos y su franja húmeda con pastos; una zona con lagos y surcada por muchos ríos y arroyos, con un régimen de lluvias permanente y amplios bosques; y una gran meseta seca, de pobres pasturas, y varios ríos que cortan el territorio transversalmente generando valles.
El territorio emergido se proyecta en una amplia plataforma submarina de novecientos mil kilómetros cuadrados en la que emergen una serie de archipiélagos como el de Malvinas, Georgias, Sándwich, Orcadas etc., hasta llegar a la Antártida como continuación de la cordillera de los Andes, siendo el sur de la Patagonia el punto más cercano al continente blanco a solo ochocientos kilómetros. Incluyendo las islas apropiadas por Gran Bretaña la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar extendió la jurisdicción argentina hasta 1,7 millones de kilómetros cuadrados. Contando con la porción Antártica sobre la que Argentina reclama derechos antes que cualquier otro país y es la primera nación en tener presencia (novecientos kilómetros cuadrados), la superficie del planeta sobre la que nuestro país se proyecta con diferentes grados de soberanía es de más de seis millones de kilómetros cuadrados.
Toda esta proyección se basa en el ejercicio efectivo de la soberanía sobre la Patagonia y las islas del mar argentino. Territorio apenas poblado por 2,4 millones de personas, insistimos. Este cuenta con enormes reservas de petróleo y gas (convencional y no convencional), dentro del continente y en la plataforma submarina (entre ellas los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta, supuestamente los segundos en gas y cuartos en petróleo del mundo). El potencial minero del territorio es enorme y cuenta con reservas y emprendimientos en actividad o en período de instalación para explotar Hierro, Plomo, Plata, Zinc, Oro, Cobre, Estaño, Antimonio. Carbón, etc. El tercer y fundamental recurso que se explota en la Patagonia es la pesca. Las condiciones ecológicas del mar argentino son de las mejores y allí se extraen diferentes tipos de merluza, calamar, caballa etc. Enormes flotas pesqueras anualmente hacen presencia en nuestro mar o sus límites exteriores inmediatos.
El problema de la tierra
Como señalamos, la tierra en la Patagonia es de diferente categoría, solo un aparte es de buena calidad y productividad. Esta se encuentra en zonas comunicadas o de muy hermosas condiciones ecológicas. Por ello vale la pena tener en cuenta que poseer 10000 hectáreas en una estepa semidesértica no es lo mismo que en una zona de muchas mejores condiciones. Es en estas últimas donde se da la discusión actual sobre la apropiación de la tierra. Históricamente la Patagonia desde su consolidación dentro del estado nacional fue distribuida entre grandes propietarios (o medianos), muchos de ellos extranjeros y en parte ingleses. O sea, la concentración de la tierra en la región no es una novedad. Lo que es una novedad es que una cantidad importante de extranjeros o argentinos, (una cantidad de propiedades que aparecen como argentinas son en realidad socios o “testaferros” de extranjeros, o filiales de empresas extranjeras que la ley permite que sean consideradas argentinas) vienen comprando tierra en la zona cordillerana del sur de Neuquén, Rio Negro y Chubut. También es “una novedad” que parte de estas grandes propiedades son tierras de las empresas mineras que se extendieron en la región desde las reformas neoliberales de los 90’.
Los principales propietarios patagónicos son: Grupo Benetton (Italia) 900.000 hectáreas; Familia Menéndez (Arg.) 750.000; Grupo Walbrook (Gran Bretaña) 600.000; Lázaro Báez (Arg.) 470.000; Familia Sapag (Arg.) 420.000 hectáreas, Grupo Heilongjiang Beidahuang (China) 330.000 hs, Familia Pérez Companc (Arg.) 290.000, Familia Zingoni-Arze (Arg.) 250.000, Familia Ochoa-Paz (Arg) 180.000, Familia Larminat-Montalembert (Arg.) 170.000 hectáreas. Minera Vale (Brasil) 160.000. Somuncura Patagonia S.A. (Francia) 155.000. El Palauco S.A. (Arg.) 150.000. Rabino Elimeir Libersohn (EEUU) 140.000 hectáreas. Gold Corp (Canadá) 130.000. Grupo Bemberg (Arg.) 130.000. Trillum Corporation (EEUU) 125.000. Familia Halliday-Rudd-Mc Call (Arg.) 120.000. Familia Patterson (Arg.) 117.000. Familia Jamieson (Arg.) 110.000. Roberto Hiriart (Chile) 100.000. Familia Bark (Arg.) 96.000. Familia Rambeau (Arg.) 94.000. Grupo Burco (Bélgica) 85.000. Familia Goodall-Bridges-Lynch (Arg) 80.000. Matías y Gonzalo Soriano (Arg.) 80.000. Familia Vidal-Armelín (Arg.) 78.000. Xgroup S.A. (Arg.) 74.000. Solmat Agropecuaria S.A. (Arg.) 72.000. Francisco Hermoso (Arg.) 68.000. Cristobal López (Arg.) 67.000. Ailin-co S.A. (Arg) 65.000. Familia Karauguer (Arg.) 62.000. Cielos Patagónicos S.A. (Arg.) 60.000. Familia Morrison (Arg.) 60.000. Familia Otamendi (Arg.) 60.000. Ganadera Suárez Ladouch SRL (Arg.) 60.000. Sucesión Carlos Miles (Arg.) 58.000. Familia Felton (Arg.) 57.000. Sucesión Ramón Fernández (Arg.) 57.000. Ted Turner (EEUU) 56.000 hectáreas. Familia Bunge (Arg.) 55.000 hectáreas. Familia Nauta-Clark (Arg.) 53.000. Familia Nieves-Álvarez (Arg.) 52.000. Familia Fuchs-Facht (Arg) 51.000. Anglo Ashanti Gold (Sudáfrica) 50.000. Estancias Schajman S.A. (Arg.) 50.000. Familia Barbieri (Arg.) 50.000. Familia Tanke (Arg.) 50.000. Punta Loyola S.A. (Arg.) 50.000. Maquinchao S.A. (Arg.) 46.000. Paihuén S.A. (Arg.) 45.000. South Latitude S.A. (Arg.) 44.000. Estancias Catan Lil S.A. (Arg) 42.000. Ashley Kent Carrithers (EEUU) 41.000. Emir y Omar Félix (Arg.) 40.000. Familia Garrido (Arg.) 40.000. Familia Leyenda (Arg.) 40.000. Wool for Ever S.A. (Arg.) 40.000.
Detallamos en este párrafo con un poco más de detalle a Joseph Lewis (Gran Bretaña) que posee treinta y ocho mil hectáreas, y es el foco más conocido de conflictos, además de ser el tema por qué escribimos este informe. Es propietarios de Bahía Dorada (allí tiene un aeropuerto), Lago Escondido, la concesión del Cerro Perito Moreno y el Proyecto Laderas (Río Negro). Lewis es la sexta fortuna de Inglaterra, fundador y propietario del Grupo Tavistock, que aglutina inversiones en más de seiscientas corporaciones propias o a las que se asocia a través de diferentes acuerdos comerciales, como, por ejemplo, Pampa Energía, de la que es accionista. La propiedad de Lewis en Lago escondido de doce mil hectáreas es un centro de articulación política y de lobbys a nivel internacional.
Marcelo Mindlin (Arg.) socio comercial de George Soros, Joseph Lewis y el Grupo Bemberg, fue parte del Grupo Irsa de Eduardo Elsztain y tiene cuarenta y dos mil hectáreas. Campos en Alto Río Chubut y el valle del Río Foyel (Río Negro, contiguo a Lewis). Mindlin es propietario y/o accionista de Pampa Energía, Dolphin Fund y Petrobras Argentina. A pesar de ser argentino y allegado a todas las gestiones de gobierno, el holding empresario de Mindlin está radicado en paraísos fiscales.
Por último, mencionamos al Emir de Qatar, Tamim Bin Hamad Al Thani posee veintiocho mil hectáreas al costado de la ruta 40 entre Bariloche, el Bolsón y en la frontera con Chile. Posee además un centro de esquí e inversiones en Vaca Muerta.
Aquí nos detendremos ya que el listado de catastro sigue con otros cuarenta propietarios de entre treinta y cinco mil y veinte mil hectáreas, registrados como argentinos (menos dos suizos).
Joe Lewis adquirió las doce mil hectáreas que rodean el Lago Escondido en la década de 1990 cuando los procesos de desregulación y provincialización permitieron una gran flexibilidad en la adquisición por parte de extranjeros de la propiedad nacional, entre ellas la tierra, y la entrada y salida de capitales. La clave de la lucha contra Lewis en el caso específico se encuentra en tres puntos. Uno que la tierra adquirida era un parque provincial (una reserva natural, además en zona de frontera) que no se podía enajenar y mediante una decisión, que se cuestiona, de la legislatura provincial se permitió que el magnate británico se quedara con todas las tierras que rodean el lago. Todo el proceso estuvo viciado o al menos generó y genera dudas que han permitido la existencia de una causa en la justicia donde se cuestiona todo el proceso de apropiación. Segundo, la ley argentina impide que cualquier privado se apropie de lagos, costas o cursos de agua. La propiedad de Lewis rodea un lago completo e impide el acceso libre. Tercero, el magnate británico desarrolla en Argentina actividades conspirativas sobre la política, economía y justicia local. Dispone de una pista de aterrizaje en la costa patagónica capaz de recibir aviones de gran porte y otro aeropuerto cerca de Lago Escondido, todo a poca distancia de Malvinas, sin ningún control de las FFSS o fuerzas militares. Nadie sabe cómo, cuándo y quiénes pueden entrar o salir del país, ni a dónde van. De hecho las FFAA han colocado recientemente un radar en el sur del país y detectaron una cantidad de vuelos ilegales desde Chile o desde tierra privadas hacia el mar argentino o las islas Malvinas.
La extranjerización y pérdida de soberanía en la región patagónica.
La cuestión clave de todo lo que venimos exponiendo es que tanto en petróleo y gas, minería metálica y no metálica, y pesca, toda la propiedad es de grupos extranjeros; en el caso minero de enorme proporción británico y/o de empresas de la comunidad británica. La pesca es absolutamente extranjerizada. No hay puertos nacionales, no hay buques nacionales y no hay marinería nacional. En muchos casos las flotas pesqueras chinas, españolas, etc. ni siquiera recalan en los puertos patagónicos (en manos privadas) para su logística prefiriendo Malvinas o Montevideo. La presencia de las Fuerzas Armadas es simbólica (consecuencia de los Acuerdo de Madrid, una decisión política sostenida por todos los gobiernos). Y la de las Fuerzas de Seguridad solo sirve para atender conflictos de delitos comunes o sociales; como los reclamos de diversa índole por tierras por parte de comunidades indígenas (reales o no) que en general (sospechosamente) solo tienen repercusión pública cuando se hacen contra en estado nacional, parques nacionales o las FFAA (hay contra privados de los mencionados más arriba, pero estos no se difunden).
Pero la clave es otra. Se basa en la realidad de la soberanía del estado nacional. Cabe aplicar el concepto de “frontera política y frontera geopolítica”. Si bien aún nuestra frontera política se encuentra cuestionada por la presencia británica en la mayoría de los territorios insulares y marítimos argentinos y la ausencia total de capacidad disuasoria militar o de presencia económica nacional, lo cierto es que la soberanía real ejercida sobre el territorio continental es muy limitada. La frontera política es lo que indica el mapa y lo reconocido internacionalmente. La frontera geopolítica es la realidad del ejercicio de las decisiones que la comunidad nacional representada por el Estado puede realizar en el territorio: de quién son los recursos, cómo y para que se utilizan. La frontera geopolítica muestra una realidad material más concreta que la política, y se encuentra en muchos países del mundo dentro de sus fronteras dibujadas en el mapa (y en las potencias exceden mucho de lo que el mapa le adjudica, inclusive algunas potencias buscan extender su “frontera geopolítica” por todo el globo). La frontera geopolítica hace a la soberanía real y preanuncia posibles modificaciones de la frontera política en el futuro.
A esto hay que sumar varios temas. Uno, la poca densidad de población de la región. Segundo, la “provincialización” de atributos centrales de la soberanía de la comunidad nacional como son los económicos. Tercero, la conflictividad étnica, con intenciones de crear nacionalismos paralelos, esto es muy minoritario en sus destinatarios, pero es una estrategia de largo plazo que en un país que excluye y prioriza a poderoso intereses extranjeros por sobre las poblaciones locales, puede anunciar imágenes vistas en otras latitudes. Cuarto, la cada vez mayor propiedad y presencia extranjera, mayor discrecionalidad de la misma, en todo lo que hace a la economía de la Patagonia
Síntesis
La lucha de la organización FIPCA y los “Agrupamientos sanmartinianos” tiene como objetivo concientizar, mediante la acción, los lugares que deben ser recuperados. No es solo Lago Escondido. Son mineras, el Litio, la selva misionera, el mar, los ríos y las empresas estratégicas. Pero el Lago Escondido es un símbolo. Un poderoso empresario extranjero con incidencia en la política local al lado de los sectores más reaccionarios pro imperialistas y sionistas, es dueño y ejerce la soberanía real, con control político y de seguridad concreto, en la zona de su feudo. Por eso ha sido tomado como muestra de un problema que hace a la consolidación o disolución de Argentina como nación.
Las “marchas por la soberanía” son el método de lucha acorde a el nivel de posibilidades de nuestro país y pueblo actualmente. Un paso en una batalla más larga que requerirá mayor profundidad de decisión en el futuro. Las columnas marchan hacia territorios apropiados por extranjeros o en riesgo de pérdida. Navegan por ríos y mares en disputa con un programa nacional concreto. Forman parte de estas marchas todas las organizaciones nacionales dispuestas a participar o apoyar de acuerdo a sus recursos, con la única consigna de hacer valer la soberanía nacional, la identidad nacional, la economía nacional y los derechos del pueblo trabajador argentino. Son actividades que duran varios días y, en el caso de Lago Escondido, se viene repitiendo desde hace ocho años.
La próxima marcha se iniciará a fines de enero y terminará el 10 de febrero. Contará con dos columnas. Una, la de Montaña que encara un largo camino de montaña de unos treinta y cinco kilómetros rodeando la propiedad de Lewis por el lado de la frontera chilena para llegar al lago por “atrás” y navegar el mismo hasta la mansión del magnate. Y otra que marcha desde la ruta intentando penetrar las tierras de Lewis por el acceso principal (que es el que se reclama ante la justicia como público).
Como toda acción y planificación, tiene enfrente el adversario cuya acción es difícil de prever con exactitud, lo que hace que todas las marchas hayan sido distintas, algunas con hechos de violencia y agresión. Otras con menos tensión. Pero siempre obstaculizadas en el objetivo de acceder al lago como espacio público. La expectativa sobre esta es que al estar Lewis instalado en el centro del debate por cuestiones de política nacional pública por su rol como conspirador con cenáculos locales de poder político y judicial, el resultado adquiera nueva proyección. El objetivo va más allá de Lewis y su rol, es la consolidación de la nación argentina soberana y de la soberanía del pueblo sobre sus tierras y recursos. Generar conciencia y organización. El resultado se verá en el mismo desarrollo.
Fuente: Revista Zoom
Alberto Fernández y Lula Da Silva
se reunieron en Brasil: «Hemos
decidido volver a poner en marcha
el vínculo»
Resumen Latinoamericano, 2 de enero de 2023.
Los presidentes de Argentina y Brasil mantuvieron una reunión bilateral en el Palacio Itamaraty con el objetivo de relanzar la relación entre ambos países tras la gestión de Jair Bolsonaro. Lula visitará Buenos Aires el 23 de enero.
El presidente Alberto Fernández mantuvo este lunes una reunión bilateral con el flamante mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, a un día de su asunción. «Argentina y Brasil son países indisolublemente unidos y ningún momento político puede perturbar eso», subrayó Fernández al finalizar el encuentro.
La bilateral tuvo lugar en el palacio de Itamaraty, sede de la cancillería brasileña, en Brasilia. «En lo institucional ha sido una gran reunión porque hemos claramente decidido volver a poner en marcha el vínculo entre Argentina y Brasil con toda la fuerza que ese vínculo debe tener», dijo Fernández en una conferencia de prensa.
Si bien en «los últimos 4 años se hizo más difícil» esa relación, reconoció el mandatario argentino, «ahora los dos estamos convencidos de la importancia del vínculo y la necesidad de darle a ese vínculo la trascendencia que tiene».
«Argentina y Brasil son países indisolublemente unidos»
«Estamos esperando a Lula en visita oficial el día 23, allí lo recibiré ya como presidente y esperamos poder avanzar en todo lo que hemos conversado hoy ya tomando desiciones y poniendo en marcha con acciones concretas el vínculo que Argentina y Brasil deben tener», añadió sobre el contenido de la reunión.
«Argentina y Brasil son países indisolublemente unidos y ningún momento político puede perturbar eso. Los dos estamos de acuerdo en tratar de institucionalizar ese vínculo del mejor modo», insistió el presidente.
La mirada hacia América latina
En la reunión, continuó Fernández, «hablamos también de la región» ya que «los dos estamos convencidos que el mundo ha cambiado y que las regiones tienen un nuevo rol para cumplir dentro de la globalización».
«Le transmití al Lula que ayer escuché con atención su discurso, que lo sentí como un discurso muy realista y muy comprensivo de lo que es realmente la realidad mundial hoy. Obviamente que comparto el deseo de volver a unir a América Latina en un espacio común«, observó en ese sentido.
«Los dos advertimos que la CELAC ha venido de algún modo a suplir eso pero que no ha logrado la institucionalidad que merece. Así que seguramente hablaremos el 23 con Lula de todo esto y el 24 nos reuniremos con la CELAC en Buenos Aires», adelantó.
Lula, líder regional
Respecto a la figura de Lula, destacó que «es un líder regional y que le va a dar un impulso a América Latina muy importante» y aseguró que «su presencia es la vuelta a Brasil a todos los foros internacionales».
«La ausencia de Brasil estos años en los foros internacionales es algo que no nos podemos permitir porque es un país demasiado importante en la región», dijo Fernández. Y completó: «La reunión confirma que los dos estamos en la misma senda, buscando el mismo destino para nuestros países y para América del Sur».
Lula, por su parte, compartió una fotografía del encuentro en su cuenta de Twitter, donde escribió: «Recibí a mi amigo Alberto Fernández, que me felicitó por la posesión y pude felicitarlo por la victoria de Argentina en el Mundial. Reanudamos el diálogo y la amistad con nuestro mayor vecino, uno de los principales socios de Brasil en el mundo».
Acuerdos bilaterales
La comitiva argentina había viajado al país vecino sin tener seguridad sobre que esta cumbre pudiera concretarse, pero en la tarde del domingo, mientras comenzaban los actos oficiales de jura y asunción, el canciller argentino Santiago Cafiero informó sobre su realización.
La reunión, según explicaron fuentes del gobierno, se organizó para avanzar en la redacción de un acuerdo de integración energética, financiera y de intercambio comercial, un tema que viene siendo trabajado desde que Lula fue electo.
El objetivo es que pueda estar terminado en los próximos días, para ser firmado el 23 de enero, durante la primera visita oficial que Lula realizará a la Argentina como parte de su nuevo mandato.
Resumen Latinoamericano, 2 de enero 2023.-
Con información propia y de Mundo Gremial, Info Gremiales, Noticias Gremiales, Gremiales del Sur, Enfoque Sindical, Línea Sindical, Corriente Federal de Trabajadores, Canal Abierto, Conclusión, ANRed, Estado de Alerta, Agencia ACTA, y otras agencias.
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Daniel Yofra: «Los que le están haciendo el juego a la derecha son los que nos gobiernan»
El dirigente asegura que la presidencia de Alberto Fernández es «una frustración». Ante las elecciones de 2023, prefiere a Axel Kicillof ante Massa. «Elijo contra quien pelear», asegura.
Foto: Eduardo Sarapura
Por: Alfonso de Villalobos
Daniel Yofra conduce la Federación Aceitera (oficialmente Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines) que en 2014, mediante una huelga de casi dos meses, logró imponer un salario mínimo igual a la canasta familiar. Desde entonces pudieron sostener ese criterio y, por eso, a partir de enero un peón (la categoría inicial del convenio) percibirá un básico de $ 319 mil.
–Acaban de firmar la paritaria 2023. ¿Cómo les fue?
-Cerramos 2022 con un acumulado del 102%. A partir de enero habrá un incremento del 41% con revisión en julio. Además, un bono de
$ 210 mil.
-¿En una sola cuota?
-Sí. Pero lo más importante es que el básico del peón llega a $ 319 mil, que será el verdadero salario mínimo vital y móvil en función del artículo 14 bis de la Constitución y el 116 de la ley de Contratos de Trabajo.
-¿Por qué no fue necesario un conflicto?
-Porque ya veníamos de un conflicto de 21 días en 2020. Cuando hay conflicto es por decisión política de las empresas. También ayudó el diferencial que le dieron a las empresas con el dólar soja. Fue fundamental la negociación conjunta con los compañeros de San Lorenzo que están fuera de la Federación.
-¿La mejora salarial en la última década tiene que ver con la rentabilidad del sector o con un sindicato que decidió salir a la lucha?
-La rentabilidad la tuvieron siempre. Desde 2004 empezamos a negociar el salario conceptualmente de otra manera. No partiendo de lo que dice el mercado sino de las necesidades de los trabajadores. Ahí la cosa cambió. Desde 2010, si bien en dólares ganábamos un poco más, siempre mantuvimos el poder adquisitivo. El Indec mide las nueve necesidades que establece la ley pero ya no las agrupa en una canasta. Nosotros sólo sumamos esas nueve necesidades y, para el mes de enero, nos da $ 320 mil. Eso vale para cualquier trabajador, no solo para los aceiteros.
-¿Cuál es la situación en Vicentin?
-Es bastante incierta. Estamos esperando la decisión del gobierno. Detrás de la danza de especulaciones sobre las inversiones y quién la compra, si se extranjeriza o no, está la preocupación de los trabajadores por la continuidad laboral. Hubiese sido importante que el gobierno intervenga la empresa. Le conviene estar en un sector tan importante y muy oscuro donde hay mucha triangulación y evasión.
-El gobierno presentó una expropiación de Vicentin y luego reculó. ¿Eso tuvo consecuencias?
-Toda decisión que toma un gobierno en forma tibia representa un problema para otras que vaya a tomar. Tomaron fuerza los organizadores de manifestaciones contra el interés general detrás de la defensa de una empresa estafadora. El gobierno debería informar la verdad de lo que está pasando.
-¿El gobierno resultó una frustración?
-Sí, totalmente. Dijeron que iban a investigar la deuda y no la investigaron y la pagaron. No soy economista pero soy un negociador de muchos años y sé cuando el que está frente mío tiene una debilidad. La mayoría de los gobiernos negociaron en crisis y rebajaron sus deudas. Acá se negoció después de la crisis sanitaria y se la dieron por la cabeza. Encima, no investigaron nada. El resultado es que tenemos un 42% de pobres. Cuando hacés una huelga, a veces, te dicen que le hacés el caldo a la derecha. Pero el juego a la derecha se lo están haciendo los que nos gobiernan. Salvo en algunos gremios que salieron a pelear, el resto está muy mal. Ni hablar de los trabajadores informales.
-¿Qué responsabilidad tiene la política de la CGT?
-La política de la CGT es nula. No entienden lo que les pasa a los trabajadores. Son los mayores responsables, pero todos los dirigentes somos responsables. No le puedo seguir echando la culpa a la CGT porque hace mucho que no hace nada. Los sindicatos tenemos que despertar y empezar a pelear sin esperar a la CGT. Si hubiera más gremios como Camioneros, el Smata, Bancarios o el Sutna, a la CGT no le quedaría otra opción que dar un paso al costado o salir a pelear. Habiendo salarios de $ 80 mil, lo que firma la CGT pasa desapercibido.
-¿Está agotado el triunvirato?
-Esa conducción está agotada desde el principio. Un triunvirato lo único que hace es dividir la fuerza.
-La CGT siempre dice que no le haría un paro a un gobierno peronista…
-Sí, pero tampoco le hizo a Macri, salvo cuando no le quedaba otra porque la gente se movilizaba contra las reformas previsional y laboral. Tampoco lo hicieron cuando atentaron contra Cristina. No se puede esperar nada de la CGT.
-Aceiteros apoyó al SUTNA junto con otros gremios en el principal conflicto de 2022. ¿Que vieron en esa huelga?
-Vimos una lucha y que da resultados. Los gremios privados no tienen buenos salarios porque no luchan. El SUTNA demostró que, a la hora de negociar, sus dirigentes lo hacen con paciencia pero cuando hay que luchar, luchan. Ese es el camino.
-Fuiste de los pocos dirigentes que, contradiciendo al gobierno, advirtió que habría ajuste por el acuerdo con el FMI. ¿Qué decís ahora?
-Está a la vista en la cantidad de pobres. Bajar el gasto público implica un ajuste. Tener a los maestros debajo de la línea de pobreza es un ajuste. ¿Qué sería que no haya ajuste?
-¿Es necesaria una reforma agraria o medidas como la nacionalización del comercio exterior?
-El gobierno debería profundizar el control. En el menemismo se privatizaron los controles y los grandes pooles son los que manejan esas herramientas. ¡Aceitera General Deheza tiene su propia aduana! El gobierno debería tener un sistema de control más aceitado y que eso permita que se industrialice más la materia prima para generar trabajo. Para distribuir la riqueza, el punto de partida es el aumento de los salarios pero el segundo punto es industrializar la materia prima. Los controles sirven para impedir la evasión, pero cambiar la política cuando el que tiene que cambiarla tiene un interés económico, es imposible.
-¿La prioridad hacia las elecciones es que no vuelva la derecha o construir una alternativa?
-No hay que votar a Juntos por el Cambio porque se manifiesta abiertamente contra los trabajadores y los sindicatos. Estoy más convencido en empoderar al movimiento obrero para no necesitar de ningún partido político y ningún mesías. Todos los mesías nos fallaron. No hay que casarse con cualquiera pero jamás votaría a alguien que me desprecia abiertamente.
-La alternativa en el peronismo parece ser Sergio Massa.
–Me gustaría que el candidato sea (Axel) Kicillof, pero nadie ha demostrado nada. Entre Macri y Massa prefiero a Massa porque elijo contra quien pelear. «
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Carta abierta de las y los trabajadores de elDiarioAR a la comunidad de lectores/as y socios/as
La redacción de elDiarioAR perdió el jueves a sus directores: Martín Sivak, director Periodístico, y Silvina Heguy, directora de Estrategia. Ambos han conducido a este equipo desde el inicio del proyecto. El argumento de parte de Prensa Digital, sociedad dueña de elDiarioAR, es que se trata de un ajuste presupuestario “necesario para la sostenibilidad del diario y que es la opción que afecta a la menor cantidad de personas”.
La mayoría de quienes formamos parte de este equipo -redactores, colaboradores, columnistas, editores, y comunidad y redes sociales- estamos aquí porque Sivak y Heguy nos convocaron para crear un medio de comunicación diferente, en el que la libertad para escribir, entrevistar, investigar, analizar y publicar sobre el Poder de todas la esferas de la Argentina caminaría de la mano del profesionalismo y el mejor periodismo que día a día intentamos ofrecerles. Sivak y Heguy cumplieron, sin excepciones.
Sus despidos, a 72 horas de Fin de Año son, para esta redacción, injustos y sorpresivos.
Pedimos a los socios que sostengan su suscripción y que, junto a nuestros lectores, nos acompañen. Las trabajadoras y los trabajadores de elDiarioAR seguiremos haciendo periodismo de calidad con las premisas que Sivak y Heguy nos garantizaron. Son los ejes que los accionistas de este diario han defendido en los últimos dos años y que nos han asegurado que seguirán garantizando: ecuanimidad, libertad e independencia de los poderosos.
Buenos Aires, lunes 2 de enero de 2023
FIRMAS REDACCIÓN:
Emilia Delfino
Claudia Regina Martínez
Victoria De Masi
Celeste del Bianco
Agustina Larrea
Alejandro Rebossio
Delfina Torres Cabreros
Melanie Berardi
Walter Curia
Mariana García
Nadia Burgues
Mauricio Caminos
Iván Gleizer
Pablo Ibáñez
Daniel Accornero
FIRMAS COLABORADORES:
Martín Rodríguez
Alexandra Kohan
Tamara Tenenbaum
Fabián Casas
Florencia Angilletta
Alejandro Seselovsky
Abel Gilbert
Luciano Lutereau
Gustavo Molina
David Correa
Juan José Becerra
Ayelén Oliva
Sonia Budassi
Gabriel Tuñez
Malena Medici
Catalina De Elía
Pablo Alabarces
Santiago Rey
Ezequiel Adamovsky
Laura Haimovichi
Ernesto Semán
Dolores Reyes
Maristella Svampa
Pablo Semán
Enrique Viale
Claudia Aboaf
Natalí Schejtman
Roy Hora
Soledad Barruti
Florencia Ure
Sol Montero
Sebastián Lacunza
Fernando Rosso
Diego Fischerman
Lucas Zalduendo
Federico Poore
Alfredo Serrano
Juan Di Loreto
Olivia Sohr
Andrea de los Reyes
Alfredo Grieco y Bavio
Karina Ocampo
Hernán Siseles
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Gremios de Flybondi y Jetsmart confrontan con la ministra de trabajo
La Asociación de Trabajadores Aeronáuticos de Flybondi (ATAF) y la Asociación Sindical de Trabajadores de Jetsmart (ASTJ) se expresaron fuertemente en contra de la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, por el convenio marco para todos los tripulantes de cabina que se firmó recientemente en su cartera entre la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y la Cámara de Líneas Aéreas de la República Argentina (Clara), integrada por Aerolíneas Argentinas y Andes.
En el comunicado que difundieron expresaron: “La ministra se niega a recibir a los representantes sindicales de los trabajadores de las aerolíneas low cost, quienes fueron elegidos democráticamente en elecciones libres”. Y agregaron que “ignora la realidad, violenta el marco legal de libertad sindical, y asigna a los trabajadores low cost un encuadre convencional y una representación sindical que ellos mismos rechazan”.
En otra línea, los representantes de los trabajadores de las aerolíneas low cost aseguraron que “las asociaciones de pilotos y aeronavegantes que parasitan la línea de bandera estatal y esquilman al estado con inmorales subsidios, pretenden poner de rodillas a las low cost, imponiendo condiciones laborales disparatadas en complicidad con el Gobierno Nacional”. “Lejos de luchar por el sostenimiento y crecimiento de las fuentes laborales, tanto el Ministerio como los sindicatos tradicionales se han ocupado de cerrar aerolíneas, una tras otra: Latam, Andes, Avianca, Norwegian, Lapa, Sol, Dinar, Southern Winds y podemos seguir contando”, sentenciaron.
Por último, sostuvieron que no seguirán ese camino y que resistirán. “Nos convocamos en estado de asamblea y movilización en repudio a los convenios colectivos de trabajo de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes, exigiendo el reconocimiento de nuestra personería gremial y la homologación de nuestros propios convenios colectivos de trabajo. A diferencia de otras oportunidades y otras compañías, los trabajadores de las low cost daremos las luchas que sean necesarias y no dejaremos que nos impongan condiciones que nadie quiere”, concluyeron.
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Desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos, se refirieron al conflicto entre la señora y los manteros de Once: «Tiene derecho a salir pero ¿por eso nos va a venir a agredir?
El conflicto entre vecinos y trabajadores que se ubican en la vía pública escala con denuncias por ataques. Una militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) planteó «Yo entiendo la incomodidad, pero es la manera de trabajar que tenemos».
En la ciudad de Buenos Aires, la vía pública está continuamente tomada por diversos eventos y circunstancias. En estos días de fiestas, una vecina de 67 años de la zona porteña de Once que el miércoles pasado enfrentó a un grupo de manteros por falta de espacio para poder salir de su edificio, denunció haber sido atacada este viernes por dos mujeres que venden en la vía pública.
A raíz de este hecho quedaron detenidos dos vendedores y el hijo de la mujer que «también fue atacado»
En defensa de la vecina un grupo de residentes de la zona de Once cortó esta tarde la calle Perón a la altura de Av. Pueyrredón pidiendo por «la recuperación del espacio público».
En tanto, los vendedores aseguraron que fueron ellos los agredidos y que la vecina «les pateó la mercadería».
La mujer discutió con los manteros por la falta de espacio para salir de su casa, situada en Perón al 2700, lo que generó que la vecina pateara los productos que comercializaba la vendedora en la vía pública, hecho que se viralizó en redes sociales.
«Tengo los videos donde se ve cómo una señora -vendedora- viene a atacarme, la hija atrás, mi hijo se dio vuelta y cuando la hija le pega por detrás, le pegó, y viene un tipo alto, grande, con una remera negra a pegarle una trompada, le rompió el tabique», contó la mujer, llamada Liliana.
«A mí me tiraron al piso los hombres, dos me dieron patadas, tengo golpes por todos lados», reconstruyó Liliana, en diálogo con Crónica TV y mostró moretones.
«Es complicado salir del edificio por la presencia de los manteros», dijo la mujer quien relató que hay gente de más de 80 años que habita el lugar, pero «no hay espacio para tomar un taxi».
Por otra parte, remarcó que la calle Perón «es la salida de ambulancias, que van a cinco hospitales y no pueden pasar porque los manteros están cargando y descargando mercadería.
La vecina dijo que había pedido de «buena manera» a la vendedora que se corriera, pero la otra mujer «empezó a los gritos» diciendo que «era una loca» y que «no los molestara», lo que según Liliana provocó su propio «enojo», que quedó reflejado en el video.
«No me gusta esto a mi, pero no puede ser cómo vivimos, ¿qué derecho hay a que yo no pueda salir de mi casa?», reclamó
Sol, quien se presentó como vendedora dijo hoy, en diálogo con A24, que «no es la primera vez que recibimos agresión de esta señora mayor, ella muchas veces nos tiró huevos, lavandina, agua caliente».
«Hace dos días ella nos pateó la mercadería», recordó la joven vendedora y contó que si bien ubican la manta frente al edificio donde vive Liliana «siempre le dan un lugar para que ella pase».
«Yo entiendo la incomodidad, pero es la manera de trabajar que tenemos, creo que nos estamos ganando la vida sin quitarle nada a nadie, le doy la razón a la señora de que tiene derecho de salir pero ¿por eso nos va a venir a agredir?», reflexionó la joven que pertenece al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE)
La vendedora contradijo el testimonio de Liliana y dijo que «nadie le pegó» a la vecina, y denunció «el golpe lo recibió la otra vendedora», su compañera.
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Trabajadores reclaman que este año se sancione la ley de envases con inclusión social
La iniciativa reconoce el trabajo de miles de cartoneros y cartoneras del país y tiene el objetivo de prevenir y reducir el impacto de los envases sobre el ambiente.
El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) cerró el 2022 impulsando varias luchas por el reconocimiento de los derechos de trabajadores y trabajadoras, en particular de la rama carrera y cartonera.
Marisa Cantariño, promotora ambiental del MTE, comentó que para este 2023 la vista estará puesta en conseguir la aprobación de la ley de envases con inclusión social, uno de los proyectos que impulsó la Federación de Cartoneros, Carreros y Recicladores.
“Esa ley es fundamental para el sector cartonero”, afirmó.
La iniciativa, conocida también como ley de envases con inclusión social, reconoce el trabajo de miles de cartoneros y cartoneras en distintos puntos del país y tiene la finalidad de prevenir y reducir el impacto de los envases sobre el ambiente. A su vez, incorpora el principio de “responsabilidad extendida del productor”, es decir que las empresas se comprometan a la gestión integral de los envases introducen en el mercado nacional, que una vez usados terminan como residuos.
Además, prevé la creación de una impuesto que deberán pagar las empresas para que quienes hoy realizan el trabajo de recuperación y separación de residuos dejen de hacerlo gratis; también premiará a aquellas que utilicen envases con materiales reciclables o fáciles de reciclar.
Por otro lado, la trabajadora repasó otro de los reclamos del sector durante el 2022: el salario básico universal. El mismo serviría “para que muchos trabajadores y trabajadoras puedan salir de la pobreza”.
“También marchamos y defendimos el derecho de los y las trabajadoras de la economía popular a recibir el salario social complementario, que reconoce y dignifica su trabajo, hoy Potenciar Trabajo”, agregó.
A nivel municipal, “nuestra lucha fue por la actualización del contrato acorde a la inflación y por el reconocimiento del trabajo cartonero como recicladores urbanos, y la implementación de un sistema de reciclado con inclusión social”, contó la trabajadora.
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Se inaguró el Centro Asociativo Mutual Cooperativo y la Mutual Floreal Gorini
Una proveeduría mayorista, una farmacia y centro médico, un ecoparque y venta de electrodomésticos son los proyectos que están en marcha tras la creación de las mutuales.
El 2023 arrancó a pura celebración para el sector cooperativo y mutualista cordobés porque en Villa Carlos Paz inauguraron el Centro Asociativo Mutual Cooperativo, de la Cooperativa Integral (Coopi), y la Mutual Floreal Gorini.
Rodolfo Frizza, gerente general de la Coopi y presidente de la mutual, destacó que “en los momentos críticos y de crisis aparece la economía social y solidaria a hacerse presente y hacer su aporte”.
“Esto nos ocurrió en la Coopi fuertemente y concretamente. En realidad esas crisis, producto de los tremendos individualismos que se debaten en la humanidad, solo se pueden desafiar con acción colectiva. Ahí viene la cooperativa el mutualismo las organizaciones de la economía social en sus más variadas expresiones”, afirmó.
El acto contó con la presencia de Nora Landar, vicepresidenta de la Federación Provincial de Mutualidades de Córdoba; los representantes del Banco Coinag Eduardo Giacomino y Nicolás Tami; Hugo Yagüe, delegado en Córdoba del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES); y Leticia Medina, secretaria general de la CTA de las y los trabajadores en Córdoba.
Yagüe manifestó su alegría por este gran paso que se da en el año en que la cooperativa de trabajo cumple seis décadas bajo un rol social y solidario importante. “La Coopi entendió, comprendió e hizo suyos los propios principios que habían animado su historia asociativa en la ciudad de Carlos Paz y alrededores. Hoy es muchísimo más que una cooperativa de servicios. Hoy va mutando y por eso digo celebro fundaciones, bienvenidas, inauguraciones y lanzamientos más que recuerdos”, resaltó el representante del INAES.
Por su parte, Landar subrayó el valor que tiene el asociativismo frente a otras maneras de producir y brindar servicios. Para ella, “la economía social solidaria y popular trabaja todos los días para fortalecer esta manera de hacer economía alternativa, alternativa a este orden desigual que prevalece en la sociedad”.
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Abogados laboralistas valoraron el avance de la Corte Suprema de Santa Fe contra PedidosYa que mantuvo multas millonarias: «Hay relación de dependencia»
Los abogados laboralistas Natalia Salvo y Juan Manuel Ottaviano fueron consultados por su parecer frente a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe que avanzó sobre el reconocimiento de los trabajadores como empleados en relación de dependencia de Pedidos Ya SA.
La reciente decisión del máximo tribunal provincial, por la que el reconocimiento de la relación de dependencia de los trabajadores de plataformas está más cerca, fue valorada porque toma en cuenta el “principio de primacía de la realidad” y porque refrenda la decisión política de “proteger a los trabajadores”.
En tal sentido, la abogada laboralista, Natalia Salvo, y el abogado especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Juan Manuel Ottaviano, fueron consultados por el sitio web Conclusión sus opiniones sobre este hecho.
Salvo señaló que “la confirmación por parte de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe, a instancias del Sindicato de Empleados de Comercio de Rosario es central porque de alguna forma pone de manifiesto la crisis del concepto de relación de dependencia, que en realidad no es una crisis, sino es un no entendimiento”.
“Siempre que una persona presta servicios a favor de la otra, independientemente de los elementos tecnológicos que se utilicen o de la evolución tecnológica que se utilice, y esa otra persona ya sea física o jurídica se apropie de esa energía cosificada en un servicio o en un producto, estamos hablando de la relación de dependencia”, señaló. A esto hace referencia «el principio de primacía de la realidad» mencionado.
Otro punto que resaltó Salvo en la entrevista con el medio fue el de «la protección unidireccional a la persona que trabaja. En una relación de trabajo se considera que hay dos sujetos desiguales, no por una cuestión subjetiva, sino por las condiciones materiales en que se da el sistema capitalista, en donde la persona trabajadora, solo tiene para aportar y para participar de las riquezas de la sociedad su propia fuerza de trabajo, que es la prestación que otorga en el contrato y la protección viene porque esa energía, esa prestación está inescindiblemente confundida con su propia existencia. Con lo cual, ante un sistema de protección de la propiedad privada, si no participa a través de su energía, pues entonces no puede procurar su propia subsistencia». Esto no se modifica porque se modifiquen las herramientas para trabajar con nuevas tecnologías.
“Si uno se pone a ver otro de los conceptos que toma la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe, los elementos constitutivos de un contrato de trabajo que están descriptos en el artículo 21 de la Ley de Contrato de Trabajo, se dan absolutamente todos», remarcó.
También hizo referencia al principio de ajenidad, por el cual el trabajador no es poseedor del instrumento de producción, en este caso sería toda la plataforma virtual.
«El tema es que cuando se intenta encubrir una relación de dependencia a través de la figura de autónomos, se hace caer al trabajador en los riesgos como si fuera un socio, no hacerse pagar su propio seguro de vida o en el caso de que no pueda prestar servicios porque, por ejemplo, se encuentra enfermo, no tenga la posibilidad de ser cubierto por el seguro correspondiente”, finalizó Salvo.
Por su parte, Juan Manuel Ottaviano resaltó que el fallo de la Corte santafesina confirma multas realizadas con motivo de inspecciones en la provincia y «esto quiere decir que desde ya se podrían confirmar otras inspecciones que se han hecho en trabajo en plataformas en otras provincias y a nivel nacional».
“Pero para eso tiene que existir el antecedente de una política provincial, nacional y coordinada como ordena el Pacto Federal de trabajo. Esa política tiene que cumplir con determinados requisitos y procedimientos que los Estados provinciales y el Estado nacional todavía no han encarado a excepción de la provincia de Buenos Aires y de la provincia de Santa Fe y en algunos casos algunos municipios que, aunque no puedan realizar inspecciones laborales, inician procedimientos de similares características”, agregó.
Enseguida detalló que “esto quiere decir que lo que falta todavía, y allí la mayor traba, es la decisión política de proteger a los trabajadores de plataformas a través de los Convenios Colectivos que están vigentes, a través de la legislación de la Ley de Contrato de Trabajo, que obviamente está vigente, o también a través de la innovación normativa que sirva o alcance para proteger a estas nuevas formas de trabajo que no son ni completamente novedosas, pero tampoco enteramente tradicionales”.
Instó también sobre la necesidad de «diseñar normas protectorias, para que los trabajadores de plataformas y todas las personas que trabajan por cuenta ajena sean protegidas en sus derechos«, concluyó Ottaviano.
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Embargaron a los directivos del ingenio tucumano La Fronterita por complicidad con crímenes de lesa humanidad
Esta semana el Tribunal Oral Federal en Tucumán (TOF) dictó el embargo del Ingenio La Fronterita, cuyos exdirectivos están siendo investigados por una posible complicidad con crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. En el lugar se instaló una base militar y funcionó un centro clandestino de detención y torturas.
El embargo había sido solicitado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) a cargo de Pablo Camuña y por la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes, dirigida por Carmen Chena. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán hizo lugar al pedido y dispuso medidas cautelares patrimoniales tendientes a la restitución y reparación de las víctimas del caso. Esta es la primera cautelar que se dicta sobre inmuebles propiedad de una empresa cuyos directivos están siendo investigados por este tipo de crímenes.
La Fronterita fue fundada en los años 20 en las afueras de la localidad de Famaillá por la familia Minetti, pero el centro clandestino de detención en su predio comenzó a funcionar ya con el Operativo Independencia, que se lanzó en la provincia en 1975 para luchar contra grupos revolucionarios, y continuó activo durante la dictadura.
La causa por estos hechos fue elevada a juicio en diciembre de 2021 y tiene como imputados a los exdirectivos Alberto Figueroa Minetti (ex administrador), Eduardo Butori, Alfredo Martínez Minetti y Fernando Cornú De Olmos. Entre los delitos por los que se le imputa complicidad se cuentan violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad con apremios y vejaciones, torturas, abuso sexual, violación y homicidio en perjuicio de 68 personas (en su mayor parte trabajadores del ingenio y dirigentes sindicales.
La fiscalía pidió el embargo preventivo de cuatro paquetes accionarios y de las rentas de propiedad de Jorge Alberto Figueroa Minetti. El casco histórico del ingenio fue vendido en 2016, pero los imputados “pero mantuvieron para sí miles de hectáreas que comprenden el bien inmueble”.
“Los jueces consideraron que se debía proceder al embargo con fines de decomiso del inmueble ya que se trata de un bien utilizado como instrumento del delito, en tanto fue cedido por los imputados -en su calidad de mandatarios, miembros o administradores de la empresa José Minetti & Cía- para el asentamiento de una base militar y centro clandestino de detención y torturas que funcionó allí”, explicaron desde el MPF.
«Para los magistrados, los acusados también colaboraron con la operación logística, dando los permisos y autorizaciones para que las fuerzas militares circularan y ejercieran el control total del predio y sus caminos internos, aportando vehículos de propiedad de la empresa al personal militar para el desarrollo de tareas de represión clandestina; y entregado información general y calificada sobre obreros y empleados del ingenio y sus familias a fin de lograr su identificación y que se ejercieran contra ellos acciones de persecución y represión ilegales», añadieron.
Esta causa puede servir como precedente para eventuales avances contra el ingenio Ledesma, de la familia Blaquier. Carlos Pedro Blaquier, dueño del ingenio, y Alberto Lemos, el administrador general, fueron procesados en 2012 privación ilegal de la libertad en dos causas, por los secuestros de 29 trabajadores y referentes sociales ocurridos entre marzo y julio de 1976, en el marco de lo que se conoce como “La noche del apagón”. El pasado 8 de julio, con más de seis años de demora, la Corte Suprema revocó el fallo de Casación que había beneficiado con una falta de mérito a los responsables empresariales.
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Tres de cada 10 mujeres tienen licencia de conducir: prejuicios y avances
Un informe de La Caja Seguros basado en una muestra de 400 voces de mujeres y varones de entre 18 y 60 años, indica las variables y preconceptos que aún pesan en la mujer a la hora de sacar el registro y conducir.
Por Rocío Bao
Crecimos con voces masculinas que afirmaban las pocas habilidades que supuestamente tienen las mujeres para conducir: el padre que le enseñaba a manejar al hijo varón mientras afirma que «las mujeres deben lavar los platos» o el esposo que con total normalidad aseguraba que «las mujeres son más dispersas y les cuesta concentrarse en el manejo porque tienen muchas cosas en la cabeza». Son frases reales, escuchadas, vivenciadas y compartidas que, lucha feminista mediante, se han ido deteriorando lentamente, aunque aún persisten en el imaginario colectivo y en las realidades de mujeres que aspiran a conducir pero que comienzan más tarde por temores y por ciertas violencias que aún se padecen en las calles.
Un análisis de la empresa La Caja Seguros, con colaboración de la organización Mujeres al Volante, destacó que 7 de cada 10 mujeres no cuentan con licencia de conducir, al tiempo que indicó que «la edad promedio en que empiezan a conducir supera a la de los varones, ya que más de la mitad de estos obtienen su licencia hasta los 18 años».
«Este fenómeno -explica el informe- se condice con el menor incentivo que de jóvenes reciben las mujeres para aprender a manejar o sacar la licencia, reflejado incluso en que los juguetes que utilizan de pequeñas están poco vinculados al mundo vial. De este modo, posiblemente también les cueste más imaginarse en roles profesionales vinculados al manejo».
Otra de las potenciales limitaciones identificadas en el análisis, tienen que ver con el miedo que se experimenta, que, según el estudio, el 91% de las encuestadas lo identifican como un impedimento a pesar del deseo de manejar.
Los resultados del estudio están basados en una muestra de 400 casos integrada por 50% mujeres y 50% varones de entre 18 y 60 años, distribuida geográficamente en AMBA (50%), Mendoza (15%), Córdoba (15%), Tucumán (10%) y Río Negro (10%), que fueron curados por la licenciada en Sociología e investigadora del CONICET, Leda Pereyra.
Más allá de la desproporción entre el uso vehicular entre varones y mujeres, el informe destaca que la presencia de ellas viene en alza: según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, «del total de licencias de conducir emitidas en 2021 a nivel nacional, cerca de un tercio corresponden a mujeres, el valor más alto desde 2010. De manera similar, en CABA, casi 4 de cada 10 nuevas licencias fueron otorgadas a mujeres durante 2021, representando la mayor proporción de los últimos 20 años»:
Por otra parte, y como consecuencia de la lenta pero efectiva caída de prejuicios, la franja etaria juvenil entiendo que las mujeres padecen más situaciones de violencia en este aspecto: «es el segmento joven el que mayormente afirma que las mujeres experimentan mayores situaciones de violencia en la vía pública».
Otro dato descatable, en ese sentido, reside en que «a la gran mayoría de los actores y actrices del escenario vial les resulta indistinto que sea una mujer o un varón quien conduce un colectivo o un taxi/ remis/apps de traslado, mostrando una importante aceptación de las mujeres al volante incluso en posiciones profesionales»:
En esa línea, remarcan que «entre las encuestadas mujeres, se revela mayor la percepción de seguridad cuando la conductora es mujer, sensación que se acentúa cuando se trata de viajes en taxi/remis/ apps de traslado».
En cuanto al manejo profesional, a mediados del año pasado, el Gobierno ha implementado el Programa para la Promoción e Inclusión de Mujeres en la Actividad del Transporte Automotor llevado a cabo por el Ministerio de Transporte, a través del cual se creó un registro para que puedan registrarse aquellas mujeres mayores de 21 años que deseen desempearse como conductoras de colectivos.
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Análisis
La tierra para quién y para qué, el debate pendiente
Por Alejandro Jasinski, Julieta Caggiano, Irana Sommer, Matías Oberlin
«Ensayo histórico sobre el acceso a la tierra en Argentina», es el título de la investigación del Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Políticas Agrarias (Milpa). Un trabajo que aborda desde la época colonial hasta la actualidad. Hace hincapié en los distintos roles del Estado. Aquí un extracto con eje en los proyectos de ley en el Congreso Nacional.
En los últimos dos años se presentaron una serie de proyectos de ley en el Congreso de la Nación que se preocupan por democratizar el acceso a la tierra y a la producción de alimentos para la población: iniciativas que nacen de diferentes sectores del agro, pequeños y medianos productores, arrendatarios y propietarios, comunidades campesinas e indígenas y población urbana empobrecida sin tierra. Los proyectos son redactados por organizaciones sociales que representan a unos u otros de estos actores, pero lo curioso, quizás, es que las fuerzas políticas que los impulsan cubren buena parte del arco político e ideológico conocido, entre la derecha y la izquierda, entre el progresismo y el conservadurismo, entre el oficialismo y la oposición.
Es que, pese a estas diferencias, comparten una preocupación: la creciente concentración de la propiedad y gestión de la tierra y la irrefrenable expulsión de familias del mundo rural. El diagnóstico es desalentador. Según los datos recopilados por el Censo Agropecuario Nacional, si en 2002 había poco más de 333.000 explotaciones, en 2018 se registró un 25 por ciento menos, casi 251.000. La gran mayoría de estas unidades perdidas eran de menos de 200 hectáreas. Como correlato, en el caso de la zona pampeana, el número de las explotaciones de más de mil hectáreas aumentó.
El acceso a la tierra en el Congreso de la Nación
En los últimos años, se ha hecho visible el descontento y la protesta de los llamados pequeños productores periurbanos. Pero además de organizar medidas de acción, los movimientos sociales que los representan,tienen propuestas para el sector. El Movimiento de Trabajadores Excluidos Rural (MTE-Rural) y la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), por mencionar sólo dos entre muchos, plantean, por ejemplo, una asistencia financiera para garantizar el acceso a la tierra y el arraigo en calidad de propietarios en zonas rurales o «territorios periurbanos», lo que en otros tiempos ha sido más común escuchar como tierras de ejidos. Mientras tanto, desde ciertas fuerzas políticas urbanas proponen un “regreso al campo”, como solución para los trabajadores pobres de la ciudad, con una perspectiva de “movilización de población” desde el Estado, sin ofrecer la propiedad de la tierra.
Por otro lado, pequeños y medianos productores que integran la Federación Agraria Argentina (FAA), algunos de los cuales se expresan en fuerzas políticas de derecha, proponen planes de colonización y creación de propietarios como en los viejos tiempos. Es el caso de un proyecto de ley presentado en el Senado de la Nación por el senador del PRO y productor agropecuario Alfredo de Angelis, quien plantea “distribuir la tierra pública”, para que “nuevos productores puedan consolidar su vocación y aumentar el número de familias dedicadas a la actividad agropecuaria”. En este proyecto se explica que “las medidas de la reforma agraria pueden ser un instrumento apropiado para reducir la concentración de la tierra en los latifundios impedir la expulsión de los agricultores de las tierras y su consiguiente migración hacia centros urbanos.”
En paralelo, otros sectores de la derecha política, en paralelo, proponen planes de asistencia y créditos a la agricultura familiar y a las economías regionales, buscando, de acuerdo a sus palabras, eliminar la perspectiva “asistencialista” o “paternalista” del Estado, haciendo lugar al financiamiento privado, como el proyecto que obtuvo media sanción en 2019, presentado por el senador Humberto Schiavoni, también del PRO.
Estas presentaciones acompañan en el tiempo a una conflictividad que atraviesa los mundos urbano y rural. Uno de los hechos que más concitó la atención, en este sentido, se produjo en Entre Ríos en 2020. Organizaciones políticas que expresan el interés de sectores pobres urbanos y rurales, apoyaron el reclamo de tierras de una heredera de un importante establecimiento ganadero, perteneciente a la familia de Luis Miguel Etchevehere, ex ministro de Agricultura del gobierno nacional de Cambiemos (2015-2019). Al hacerlo, promovieron el “Proyecto Artigas”, que proponía crear un polo productivo social y agroecológico en la propiedad en disputa.
Por otro lado, comunidades indígenas y campesinas siguen sufriendo desalojos de sus tierras y reclaman el cumplimiento y prórrogas de las leyes que deben defenderlos. Muchas de estas demandas encontraron eco en el Foro Agrario Nacional, realizado en mayo de 2019, un espacio creado por distintas organizaciones sociales y políticas para debatir y elaborar un Programa Agrario Soberano y Popular. Mientras tanto, en la legislatura santafesina, la diputada del PRO Amalia Granata presentó un proyecto de resolución para denunciar “usurpaciones” de tierra y “violación de la propiedad”, para lo cual reclamó una solución policial.
En el centro de estas contradicciones, se encuentra la Ley N° 27.118, de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, aprobada a fines de 2014 y promulgada de hecho en enero de 2015, pero cuya reglamentación todavía no se efectúa. Con ella, tal como se define en la ley, se persigue la “construcción de una nueva ruralidad en la Argentina”, que tenga como protagonistas a pequeños productores, minifundistas, campesinos, chacareros, colonos, medieros, pescadores artesanales, productores familiares, campesinos y productores sin tierra, productores periurbanos y comunidades indígenas. Esta ley dispone en favor de estos sujetos políticas de acceso a la tierra que se considera un “bien social”. La ley tiene como promotora a la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la Nación (SAFCI), encabezada en la gestión actual (2019-2023) por un referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena – Frente Agrario Evita (MNCI).
El horizonte global: soberanía y seguridad alimentaria
Un horizonte global se dibuja en cada uno de los proyectos presentados. Con diferentes perspectivas, tanto la iniciativa del MTE-Rural como la de De Angelis llaman a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, promoviendo “la producción sostenible” y la “seguridad alimentaria”. La UTT plantea seguir las recomendaciones de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mundialmente conocida como FAO, para aumentar el consumo de alimentos frescos, en procura de la “seguridad alimentaria y nutrición”. También hace referencia al Piso de Protección Social, sobre condiciones sociales de producción, definido por la ONU, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Estos horizontes están presentes en la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Entre sus fundamentos, se subraya justamente que la FAO ha declarado al año 2014 como “Año Internacional de la Agricultura Familiar”, destacando su papel en la lucha contra el hambre y la pobreza, por la seguridad alimentaria y la nutrición, la protección del ambiente y el desarrollo sostenible.
Los conceptos Seguridad Alimentaria y Soberanía Alimentaria son los más importantes que se articulan en estos proyectos, pero sus usos no siempre son coincidentes. Y ello tiene que ver con los orígenes de los movimientos sociales rurales, que se forjaron al calor de las luchas contra la globalización neoliberal.
En 1992, se creó la organización internacional Vía Campesina, y luego, en 1994, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC). En 1996, la FAO definió el concepto de Seguridad alimentaria, como el “acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo”. Las organizaciones nucleadas en Vía Campesina respondieron con la propuesta de la Soberanía Alimentaria, es decir, “el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo”.
En espejo a este proceso, en la segunda mitad de la década del noventa y en los primeros años del nuevo siglo, fueron madurando las experiencias de lucha de actores rurales en Argentina, creándose en 2003 el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). La Ley de Reparación Histórica de 2014 es, en parte, un logro de este proceso. De allí que se retome el concepto de Soberanía Alimentaria, definido como la participación ciudadana en el desarrollo socio-productivo y la gestión territorial y producción de alimentos, teniendo en cuenta el efecto de “calidad e inocuidad” de los paquetes tecnológicos sobre el ambiente. Ello, simultáneamente, sin dejar de observar las implicancias de la Seguridad Alimentaria.
En algunos proyectos, como el del MTE-Rural, ambos conceptos se combinan, para demandar el derecho de cada pueblo, comunidad y país a definir sus propias políticas agrícolas, pastoriles, laborales, de pesca, alimentarias y agrarias, para que sean ecológico, social, económico y culturalmente apropiadas a sus circunstancias. En el caso de la UTT, el sujeto beneficiario de la ley tiene la condición de “procurar reducir el uso de agroquímicos y su toxicidad” y tomando la referencia de la FAO y la Seguridad Alimentaria, plantea la “tierra propia” como condición para acercarse a una situación de Soberanía Alimentaria.
Ahora bien, en el proyecto presentado por De Angelis se plantea perseguir la “producción sustentable”, con criterios de “seguridad alimentaria”, “bioeconomía” y “economía circular”, contemplando una “gestión eficiente” de productos agroquímicos y sus desechos. La Soberanía Alimentaria no marca el horizonte de este proyecto. El proyecto de Schiavoni, por su parte, se planteaba dar una herramienta práctica a la Ley de Agricultura Familiar, teniendo como horizonte mejorar “los niveles de eficiencia y competitividad necesarios para su supervivencia y prosperidad”, enmarcado en el objetivo general de erradicación del hambre y la pobreza, la seguridad alimentaria y la nutrición y la protección del ambiente y el desarrollo sostenible, tampoco se plantea el problema de la Soberanía Alimentaria.
Alejandro Jasinski, Julieta Caggiano, Irana Sommer y Matías Oberlin son integrantes de Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Políticas Agrarias (Milpa).
Fuentes: TriContinental
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Semana Trágica: el enero de 1919 que selló con sangre la historia de la represión a la clase obrera
La Semana Trágica arrancó con una huelga y terminó con cientos de trabajadores, inmigrantes y judíos muertos. El rol del Ejército, Yrigoyen y la Liga Patriótica.
Por: Esteban Pontoriero
Historiador@ponto_esteban
A pesar de ser una estación asociada al descanso y lo pasatista, el verano también tiene su presencia en la historia. La “Semana Trágica”, ocurrida en enero de 1919, fue uno de los acontecimientos más oscuros en la genealogía de la protesta social en el siglo XX argentino. Hubo que esperar a las insurrecciones urbanas de Rosario y Córdoba de 1969, para volver a presenciar hechos con una magnitud asimilable.
Desde diciembre de 1918, las y los trabajadores de la fábrica metalúrgica Vasena, ubicada en el sur porteño de Barracas, mantenían un conflicto con sus empleadores, a raíz de una serie de reclamos: aumento del salario, jornada laboral de 8 horas, reincorporación de los obreros despedidos por su acción gremial y eliminación del trabajo a destajo (el pago a cambio de una tarea o una cantidad determinada de productos). La falta de negociación patronal derivó en la huelga. La empresa buscó vías para desactivarla: contrató nuevos trabajadores para que hagan las tareas, convocó rompehuelgas y buscó un aliado en el gobierno, que envió policías y bomberos para custodiar el lugar. Paradójicamente, el gobierno más popular de esas últimas décadas, a cargo del radical Hipólito Yrigoyen. Los choques empezaban a crecer.
A comienzos de enero, los huelguistas hirieron a un policía (que a los pocos días murió), y a un puñado de vecinos. De ahí en adelante, las cosas se salieron de control: el 7 de enero la policía desató una balacera contra los trabajadores. Murieron cuatro y los heridos se contaron por decenas. Lo que había empezado como una protesta de un grupo de obreros de una fábrica pasaba a ser algo más grande: se sumaban al paro los trabajadores marítimos, los metalúrgicos, los obreros del calzado, curtidores y los del tabaco (luego también los del transporte y comerciantes), graficando cómo se estaba transformando la época, con un movimiento urbano creciendo a la sombra de un modelo que seguía siendo en esencia agroexportador de materias primas. El 8 de enero las centrales sindicales declararon la huelga general.
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La jornada del 9 de enero se inició con una multitudinaria marcha fúnebre desde el sur de la ciudad hasta el cementerio de la Chacarita (foto), donde enterrarían a los trabajadores asesinados por la policía dos días antes. En el camino se produjeron enfrentamientos, y la policía abrió fuego. Se estimaron 50 muertos. Paralelamente, en los talleres Vasena, miles de trabajadores y vecinos de los barrios del sur rodearon la fábrica y comenzaron a apedrearla, hasta iniciarse un incendio en la entrada. De nuevo las respuestas represivas fueron las balas, produciendo otros 30 muertos y heridos. Los grupos de choque incluían a civiles armados pagados por los patrones.
Arrinconadas, las fuerzas se acuartelaron y el Ejército entró en escena para “restablecer el orden”: al día siguiente el general Luis Dellepiane marchó con sus tropas desde Campo de Mayo, teniendo bajo su control a todas las fuerzas, incluidos los civiles armados. Buscaban «hacer un escarmiento que se recordará durante 50 años». Rompieron la huelga y reprimieron a los manifestantes. La Capital quedó militarizada.
Recuperado el orden a sangre y fuego, se inició la cacería contra anarquistas, comunistas, inmigrantes y sindicalistas por los barrios obreros (principalmente del sur), y también contra la población judía, sobre todo en Villa Crespo y Once. Ahí cobra protagonismo la Liga Patriótica Argentina, una organización paraestatal que funcionó como fuerza de choque de los sectores propietarios contra la clase obrera, así como grupo de presión frente al gobierno nacional. Había empresarios, militares, políticos, gente de la clase alta que hablaba de «terror blanco», entre ellos el abogado y miembro del directorio de Vasena, el senador radical Leopoldo Melo. La misma Liga que un grupo de comandos civiles de Bariloche reivindica hoy en día contra poblaciones mapuches.
La “Semana Trágica”, en la que murieron un estimado de 700 personas y decenas de niños fueron desaparecidos, se inscribió en un contexto de huelgas y marchas obreras masivas, transformaciones urbanas con trabajadores precarizados, oligarquía, hacinamientos, y la crisis de la Primera Guerra. La brutalidad de la represión ordenada por el gobierno y articulada por sectores propietarios contra los trabajadores fortalecieron el puño de hierro de la contrarrevolución de la que el Ejército salió fortalecido. En los años venideros esa institución tomaría tanto poder como para liderar el primer Golpe de Estado en 1930, justamente al mismo presidente que en enero de 1919 “ayudó” a restablecer el “orden” frente a las protestas obreras. «
El miedo del gobierno radical al «enemigo rojo»
El clima insurreccional y la magnitud de la protesta produjeron un impacto profundo y un extendido temor de parte de los sectores dominantes y la mayoría de la dirigencia política, incluido el propio oficialismo, liderado por el presidente radical Hipólito Yrigoyen. El gobierno más popular que había tenido la Argentina en décadas se cargaba cientos de trabajadores muertos y heridos. Dos años después le sumaría las matanzas de obreros en el sur que dieron origen a La Patagonia Rebelde. En la Semana Trágica, los miedos de Yrigoyen se conectaban con el fantasma de la Revolución de Octubre (ocurrida en Rusia en 1917) y su irradiación local de la mano de inmigrantes anarquistas y comunistas con mucho protagonismo en el movimiento obrero. El “enemigo rojo” se conformaba, entonces, de una mezcla de anarquistas, comunistas, inmigrantes rusos y eslavos, obreros y judíos. Todos serían el blanco de los ataques en 1919.
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INTERNACIONALES
Los sindicatos anuncian una acción coordinada
Reino Unido, ¿huelga general de hecho?
Por Steve Robson
Fuentes: Viento sur
El Reino Unido podría encaminarse hacia una huelga general de facto, ya que los dirigentes sindicales plantean la posibilidad de una acción coordinada en 2023.
Alrededor de 1,5 millones de trabajadores se han declarado en huelga este mes. Entre los que están en huelga por aumento de salarios y condiciones de trabajo se encuentran las enfermeras, los conductores de ambulancias, los trabajadores de correos, los ferroviarios y la policía de fronteras.
El Sindicato de Bomberos (Fire Brigades Union, FBU) lleva a cabo actualmente una votación entre sus miembros para decidir si se declaran en huelga tras rechazar una oferta salarial del 5%, mientras que los sindicatos de profesores también están considerando una acción similar.
El sindicato de trabajadores ferroviarios, el RMT, anunció que miles de limpiadores de trenes iniciarán su primera huelga nacional a partir del 30 de diciembre.
El secretario general del sindicato de bomberos, Matt Wrack, declaró el jueves a Sky News que, si se llega a la huelga, la FBU «discutirá con otros sindicatos» la posibilidad de una acción coordinada. Si tenemos que hacer frente a un ataque en común, «¿por qué no vamos a unirnos?».
Los dirigentes sindicales ya han argumentado que los paros del personal en varios sectores constituirían una huelga general de facto, como no se se ha visto en el Reino Unido desde 1926 (véase más abajo).
Sólo el Congreso de Sindicatos (Trade Union Congress, TUC) tiene poder para convocar una huelga general, aunque su legalidad sea incierta tras el endurecimiento de las leyes antisindicales en la década de 1980 [Margaret Thatcher inició la dinámica de legislación antisindical tras su llegada al gobierno en mayo de 1979]. La confederación sindical (TUC), que representa a la mayoría de los sindicatos del Reino Unido, cuenta con unos 5,5 millones de afiliados.
Consultado sobre la perspectiva de una huelga general de facto, el nuevo secretario general del TUC, Paul Nowak, declaró a Sky News: «Nuestros sindicatos seguirán analizando el nuevo año la mejor manera de apoyar y de coordinar a los sindicatos que adopten medidas de huelga. Aunque el gobierno afirma que las federaciones sindicales son independientes, tienen que actuar dentro de un contexto presupuestario fijado por el gobierno, lo que ha dado lugar a que las propuestas de ajuste salarial de este año estén por debajo de la inflación. Creo que eso [la coordinación de la huelga] dependerá realmente de lo que ocurra en los próximos meses. Si la gente piensa que el gobierno se va a mantener firme y que se va a presentar al próximo PRB [pay review body: órgano de evaluación salarial que hace recomendaciones al gobierno; el gobierno se escuda en estas propuestas] diciendo ‘nuestra dotación económica fija el límite en 4%’, no creo en absoluto que la gente lo acepte».
Mientras tanto, los agentes de tráfico por carretera y el personal de las salas de control de tráfico se cuentan entre los últimos sectores de trabajadores que han anunciado paros, con una huelga de dos días los días 3 y 4 de enero.
El Sindicato de Servicios Públicos y Comerciales (PCS-Public and Commercial Services Union) afirmó que es probable que la medida afecte a las señales y carteles instalados para advertir a los automovilistas sobre atascos e incidentes, que la capacidad de responder y hacer frente a las colisiones sea reducida y que se produzcan retrasos en la reapertura de carreteras y autopistas.
Esta medida fue adoptada después de que miembros del gobierno sugirieran que los trabajadores en huelga podrían recibir un aumento salarial anticipado el año que viene para compensar el recorte de este año.
La semana pasada, miembros del gobierno sugirieron que para el año próximo, que comienza en abril según el plan presupuestario, los salarios del sector público tendrán un incremento igual o superior a la inflación, lo que supondría para los trabajadores un aumento de sus ingresos sin que el gobierno tenga que dar marcha atrás en la negociación actual.
Pero cualquier aumento salarial significativo podría desencadenar un conflicto con el Tesoro [ministerio de Hacienda], que se ha negado a aumentar la financiación de los departamentos del Whitehall [el conjunto de los ministerios] ante la espiral inflacionista.
El ministro de Salud, Stephen Barclay, considera la posibilidad de pedir al organismo de revisión salarial del NHS [National Health Service, Servicio Nacional de Salud] que acelere su trabajo para poner fin al actual conflicto con los trabajadores de la salud, según declaró a inews la semana pasada una fuente cercana al mismo. Pero hasta ahora se ha negado a abordar el tema de los salarios de los trabajadores del NHS en las conversaciones con los sindicatos.
(Publicado en inews, 29-12-2022)
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La huelga general en el Reino Unido
En el Reino Unido, una huelga general -también llamada huelga nacional- tiene lugar cuando una proporción significativa de trabajadores de varios sectores se niega a ir a trabajar en tanto no se satisfagan sus reivindicaciones en materia de salarios y condiciones laborales.
La última huelga general tuvo lugar en mayo de 1926 y fue organizada para defender a 1,2 millones de mineros después de que los propietarios de algunas de las minas más grandes de Gran Bretaña pidieran a sus trabajadores que trabajaran más tiempo por menos dinero.
1,7 millones de personas que trabajaban en sectores como el transporte, la industria pesada, la imprenta, la distribución de combustible y los estibadores se sumaron a la huelga en solidaridad con los mineros.
El Reino Unido estuvo a punto de llegar a una huelga general en 2011, cuando millones de trabajadores del sector público se declararon en huelga contra la reforma de las pensiones. Las escuelas públicas cerraron, se pospusieron operaciones en los hospitales y se organizaron concentraciones en todo el Reino Unido.
El Congreso de Sindicatos –el TUC– una confederación de sindicatos de Inglaterra y el País de Gales, tiene la facultad de convocar una huelga general.
«En algunos casos esto puede significar que los sindicatos hagan huelga el mismo día, en otros casos será una oleada continua de huelgas. Según Paul Nowak, secretario general del TUC, lo esencial es resolver estos conflictos y encontrar una manera de avanzar en materia salarial, y eso sólo se logrará si el gobierno se sienta a negociar». (Steve Robson)
Texto origjnal: Al’Encontre
Traducción: Correspondencia de Prensa
Fuente: https://vientosur.info/reino-unido-huelga-general-de-hecho/
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Entrevista a Helena Villar sobre el libro Esclavos Unidos. La otra cara del American Dream (II)
«Los esclavos son la gran masa laboral que, a pesar del pluriempleo, vive en la pobreza»
Fuentes: Rebelión [Imagen: Helena Villar durante una transmisión para RT, con el Capitolio al fondo. Créditos: Russia Today]
Licenciada en Periodismo por la UAB, master en Televisión por la Universidad Rey Juan Carlos I, Helena Villar trabajó inicialmente en El País y en la Agencia EFE de Barcelona.
Tras cursar el Master, entró a formar parte de Televisión Española -Canal 24 horas, informativos, TVE Catalunya, España directo- hasta noviembre de 2014. Fue entonces cuando pasó a formar parte de la plantilla de RT en español como corresponsal de la cadena en España, hasta que en en junio de 2017 fue nombrada corresponsal en Washington DC, con movilidad por todo Estados Unidos.
Em 2021 publicó en Akal: Esclavos Unidos. La otra cara del American Dream, prologado por Chris Hedges. En él centramos nuestra conversación.
Salvador López Arnal.- Nos habíamos quedado en este punto. Vuelvo a citarle (aunque hemos comentado el tema de pasada): “Estados Unidos en la única economía avanzada donde por ley no estás obligado a tener vacaciones pagadas, todo depende del criterio del empleador”. ¿Sigue siendo así? ¿Desde cuándo rige esa norma antiobrera? ¿Qué hacen entonces los trabajadores? ¿No toman vacaciones?
Helena Villar.- Estados Unidos es un gran casino laboral. Es la única economía avanzada donde por ley no se obliga a las vacaciones pagadas, licencias por enfermedad o bajas maternales o paternales. Esto no quiere decir que no existan, sino que todo queda a criterio del empleador. Los derechos sociales o laborales se conciben como beneficios a ofertar por la empresa, es decir, pura moneda de cambio para que apuestes por uno u otro empleo. También la sanidad. Al no existir un sistema público, el seguro médico del trabajo se utiliza como atractivo a la hora de la contratación, también como condena, hay quien no cambia de trabajo por miedo a que un seguro diferente no le cubra el tratamiento o la medicina que necesita. Esto, en teoría, podría ser música para los oídos de cualquier liberal, pero la realidad es el aumento de las desigualdades entre trabajadores, unas condiciones laborales estándares peores al resto de economías avanzadas y al abuso, completamente legal, de aquellos trabajadores en peor posición. Así, se calcula que uno de cada cuatro trabajadores estadounidenses no goza de vacaciones ni festivos remunerados (lo que suele ofrecerse son 15 días anuales) o que sólo la cuarta parte de los empleadores ofrece bajas médicas remuneradas de diez días por año, siempre que se lleve más de un año trabajando en la empresa.
Salvador López Arnal.- Habla usted de trabajadores de primera y de esclavos. ¿Quiénes esos esclavos?
Helena Villar.- Ese es el título de un apartado del libro en el que tomo como ejemplo Amazon, la segunda empresa en número de empleados del país, para explicar la dicotomía existente entre trabajadores con estudios superiores que ostentan buenas condiciones laborales y el resto. Más allá del ejemplo de dicha empresa, en términos generales, los esclavos son la gran masa laboral estadounidense que trabaja, en muchos casos a tiempo completo e incluso teniendo dos y tres empleos, y aún así vive en la pobreza.
Para hacernos una idea, no existe ni un sólo territorio en Estados Unidos en el que un trabajador que cobre el salario mínimo y trabaje a tiempo completo pueda alquilar un apartamento de una habitación y llegar sin problemas a final de mes. Se estima que casi la mitad del mercado laboral cobra salarios bajos. Antes de la pandemia, es decir, teóricamente en situación de bonanza, casi un tercio de los estadounidenses vivía por debajo de la línea de pobreza federal, que además se calcula en base a una medida establecida desde hace décadas y que subestima la pobreza real. Mujeres, sobre todo madres solteras, e inmigrantes suelen ser los más castigados.
Los esclavos son la gran masa laboral estadounidense que trabaja, en muchos casos a tiempo completo e incluso teniendo dos y tres empleos, y aún así vive en la pobreza
Salvador López Arnal.- ¿Se puede hablar propiamente de la existencia de un Estado asistencial (o de bienestar) en USA? ¿Para quiénes rige?
Helena Villar.- El estado del bienestar en Estados Unidos, tal y como puede concebirse desde Europa, prácticamente no existe y ha sido desmantelado, tal y como ya está sucediendo en el Viejo Continente. Eso no quiere decir que no haya programas sociales, los hay, pero están en permanente ataque y a merced de las mayorías y los intereses políticos de turno. Además, los requisitos de acceso para los mismos son muy restrictivos. En Estados Unidos, no sólo es muy difícil ser pobre, sino demostrar que lo eres. En contraposición, la disponibilidad de dinero público para grandes corporaciones o industrias como la armamentística es amplia. No sólo a través de contratos públicos, sino de ayudas millonarias directas cada vez que el sistema se tambalea (como las inyecciones de ayuda económica debido a la pandemia, que supusieron un enorme trasvase de dinero para corporaciones e incluso millonarios), o de un sistema fiscal diseñado para castigar a los más pobres y premiar a grandes empresas y fortunas.
Se da la circunstancia, además, de la generación del siguiente círculo vicioso: los contribuyentes acaban por pagar mediante los míseros programas de asistencia las carencias que muchas de estas grandes empresas no cubren a sus trabajadores. En el libro hablo de Walmart, que pese a pertenecer a una de las familias más ricas del país, pagan a sus trabajadores salarios tan bajos y en condiciones tan precarias, que muchos de ellos deben recurrir a ayudas públicas, por lo que dicha empresa acaba, indirectamente, siendo subvencionada.
Salvador López Arnal.- ¿Cómo puede explicarse que un país con tantos éxitos tecnocientíficos se muestre en muchos aspectos muy influido por corrientes irracionalistas, incluso anticientíficas?
Helena Villar.- Creo que la principal explicación es el alto índice de religiosidad de este país. Estados Unidos es el país desarrollado más religioso de Occidente. Al menos el 80% de los ciudadanos creen en algún Dios y más de la mitad rezan, a niveles que no se registran en ninguna economía avanzada. Esto tiene un impacto a nivel político, social, educativo e incluso de reacción anticientífica. No en vano, la mitad de los adultos aseguran que la Biblia debería tener mucha o alguna influencia en las leyes del país.
Salvador López Arnal.- ¿Es realmente Estados Unidos una sociedad violenta, militarizada? ¿Por qué no se controla más la venta de armas?
Helena Villar.- Estados Unidos es una sociedad muy violenta en comparación con el resto de economías avanzadas. Uno de los datos más reveladores es que los estadounidenses tienen 25 veces más probabilidades de morir en un homicidio por armas de fuego que cualquier ciudadano de naciones de altos ingresos. Todo el mundo en este país conoce o conocerá en su vida al menos a una víctima de la violencia armada. Decenas de miles mueren cada año por este motivo. Sólo el pasado fin de semana festivo del 4 de julio, hubo al menos 220 muertos por disparos y 570 heridos. Una organización especializada en violencia armada calcula que, de media, un centenar de estadounidenses pierden la vida cada día por ese motivo.
No existe un control efectivo de las armas, ni siquiera un debate real. La sacrosanta segunda enmienda de la Constitución, que blinda el derecho a poseer armas no se discute. Otra cuestión son las controversias políticas generadas sobre regulaciones y límites, que en realidad son parches no muy ambiciosos, como subir la edad de posesión o endurecer los controles de antecedentes de los portadores de armas. A su vez, la policía estadounidense está altamente militarizada. Para hacernos una idea, el presupuesto destinado a la policía en Estados Unidos ocuparía el tercer puesto en gasto militar más alto del mundo, sólo por detrás del propio ejército estadounidense y del ejército de China.
Salvador López Arnal.- Estados Unidos, afirma usted, es el país más peligroso del mundo desarrollado para ser madre. ¿Por qué? ¿Dónde se ubican los peligros a los que alude?
Helena Villar.- Estados Unidos es el país desarrollado con una mayor tasa de mortalidad materna, según la propia Organización Mundial de la Salud. En las últimas tres décadas, su índice de fallecimientos relacionados con el embarazo o el parto ha aumentado. No en vano, la mortalidad materna subió en un 14% sólo durante el año 2020. Las causas son múltiples pero una de las principales es el desigual acceso a atención sanitaria y servicios al no existir un sistema de salud público y universal.
Otro factor muy importante es lo que he comentado anteriormente, que no haya bajas maternales pagadas obligadas por ley. Esto supone que el 25% de las mujeres regresen al trabajo sólo dos semanas después de haber dado a luz, con el riesgo para su propia salud y la del bebé que ello supone. Cabe recordar que la recuperación de un parto vaginal sin complicaciones está entre las seis y las ocho semanas.
Salvador López Arnal.- En términos generales, ¿Estados Unidos sigue siendo una sociedad racista?
Helena Villar.- Estados Unidos es una sociedad construida sobre la esclavitud, el genocidio y el racismo por lo que, aún hoy y pese a todos los avances en este sentido, este último sigue formando parte del sistema. En el capítulo relativo a la vivienda y las infraestructuras, por ejemplo, explico largo y tendido cómo históricamente se ha torpedeado el acceso a las mismas a barrios de mayoría afroamericana y cómo aún hoy día esos errores no se han corregido por completo. Los guetos siguen existiendo y, en caso de que se renueven, se hacen mediante procesos de gentrificación que expulsan a los habitantes originarios.
Por poner otro ejemplo, no es casualidad que los hombres afroamericanos tengan seis veces más posibilidades de acabar entre rejas que los hombres blancos. Las desigualdades de décadas pasadas en cuanto a inversión publica y a la hora de acceder a los bienes básicos por parte de las comunidades afroamericanas han tenido efectos devastadores de perpetuación de la pobreza por generaciones. Por otro lado, aunque es cierto que hay personas de color entre la élite y cada vez más en muchos casos por una cuestión de mero lavado de imagen política, el hecho de que en las últimas décadas la oligarquía (tradicionalmente blanca) haya aumentado su poder a costa de un empobrecimiento de los demás significa, por un lado, la continuación de esas dinámicas raciales. Por otro, que los blancos de abajo cada vez se han ido depauperando más y por lo tanto acercando a las condiciones económicas que tradicionalmente y de manera racista se han asociado a las minorías.
Estados Unidos es una sociedad construida sobre la esclavitud, el genocidio y el racismo
Salvador López Arnal.- El título del tercer capítulo: “Cómo sobrevive y se sobrevive al sistema”. Le pido un resumen: ¿cómo?
Helena Villar.- En ese tercer capítulo explico una serie de dinámicas y problemas estructurales que apuntalan el sistema o, más bien, resuelven la tan recurrida pregunta: ¿y por qué no cae, por qué no explota? Yo siempre contesto que Estados Unidos es un país en implosión constante, donde el sistema expulsa, encierra y deshecha a todo aquel que no es capaz de seguir tirando del carro. Así, por un lado, hablo del fenómeno de las muertes por desesperación (los altos índices de suicidio, sobredosis y alcoholismo) y la importancia de los mitos patrióticos y la religión como elementos generadores de fe en el sistema. También de la extrema violencia que genera dicha sociedad y modelo económico a la que me he referido en la anterior pregunta.
Otro de los puntos muy importantes que relato en ese capítulo es el referente al sistema carcelario. Estados Unidos, ese país que se vende como la nación de la libertad, es la que tiene a más ciudadanos privados de la misma en todo el planeta. En números totales y porcentuales. Estar encerrado en Estados Unidos tiene más que ver con ser pobre y por lo tanto más beneficioso para el sistema económico encerrado que libre. Esto en capitalismo es profundamente ideológico, y raramente se da esta importante batalla de ideas a nivel internacional o desde la izquierda.
En ese capítulo también hablo de la trampa de la deuda, nacional e individual, como elemento de atadura esclavista al sistema; así como de la falsa ilusión de democracia participativa estadounidense, que ya he detallado anteriormente en otra respuesta.
Salvador López Arnal.- En su opinión, ¿hubo un intento de golpe el 6 de enero de 2021?
Helena Villar.- Siendo sincera, tengo sentimientos encontrados sobre la insurrección en el Capitolio.
Salvador López Arnal.- ¿Sentimientos encontrados? ¿Por qué?
Helena Villar.- Al principio me pareció un claro intento de golpe, casi satírico e histriónico debido a las características únicas sociopolíticas de Estados Unidos y al liderazgo latente de un personaje como Donald Trump. Sin embargo, pasado un tiempo y a medida que conocemos más información y avanza la investigación, paradójicamente, creo que hay suficientes dudas y enigmas sobre quiénes impulsaron lo sucedido o dejaron que sucediera como para poder incluso pensar que fue un “experimento” de cara a medir la respuesta del estado y/o reforzar el totalitarismo en pro de la defensa de la “democracia liberal”.
También hay quien cree, y no me parece descabellado, que se trató de vehicular y arrinconar a las bases trumpistas populares para desactivar la fuerza del movimiento. Me gustaría comentar lo que vi en uno de los primeros mítines de Trump meses después de lo sucedido. Yo creía que la insurrección, así como la censura del ex presidente en redes, podría haber asestado un duro golpe a las bases. Me encontré que en Alabama, en medio de la nada, miles de convencidos le esperaban cual Mesías bajo la tormenta, convencidos de que era el enviado de Dios para combatir a la élite corrupta estadounidense. Me impactó el hecho de que todos me dijeran que los de arriba estaban acabando con los de abajo, es decir, con los trabajadores; en una especie de alegato muy de lucha de clases sociales. Sin embargo, todos concluían con una especie del mundo al revés: “los de arriba quieren implantar el socialismo o el comunismo y Trump, un empresario corrupto, es quien nos va a salvar”. Hay que tener muy presente la historia anti comunista y la agresiva propaganda desplegada en ese sentido en este país, que supone, como vemos, achacar a ese fantasma males que son intrínsecamente capitalistas y defender soluciones completamente disparatadas.
Salvador López Arnal.- Afirma usted que “Flint está en todas partes”. ¿Qué cosa es esa que está en todas partes?
Helena Villar.- La concepción capitalista neoliberal de que el estado sólo debe existir para desmantelar lo público en pro de la empresa privada y los beneficios al coste que sea, incluso si supone ir contra la salud pública y causar muertes. La no rendición de cuentas política y judicial después, la corta memoria mediática de los escándalos y sus víctimas, la ausencia de crítica a un sistema que sólo se dedica a llegar, extraer, sacar beneficios, agotar, abandonar y dejar morir. Todo esto y mucho más sucedió en Flint, una crisis que contiene todos los elementos que están mal en el sistema. A su vez, la crisis de Flint puede ocurrir en cualquier momento en cualquier parte del país, puesto que la disfunción es latente, generalizada y las soluciones sólo llegan en forma de parches temporales que jamás cuestionan la dinámica real de lo que sucede.
Salvador López Arnal.- No hay muchas referencias a la política exterior usamericana en su libro. ¿Mejoran en este aspecto los Estados Unidos?
Helena Villar.- Es cierto. El libro es sobre Estados Unidos en clave interna, aunque en algún pasaje como el relativo al Pentágono o a la deuda me veo obligada a hacer algunas referencias a la política exterior. Yo diría que es incluso peor que el retrato nacional. La respuesta daría para otro libro pero, básicamente y a modo de resumen, la relación de Washington con los demás se basa en el control económico y/o militar y, si no, en el acoso o el uso del ‘soft power’ para alcanzar el esperado vasallaje. En el peor de los casos, guerra o conflicto indirecto. Uno de los grandes dramas de este país es que los neoconservadores, que creen que Estados Unidos debe mantener la hegemonía mundial a cualquier coste, ocupan siempre puestos clave en la política exterior de este país gobierne quien gobierne, ya sean demócratas o republicanos. Esto, pese a que una y otra vez han abocado a este país y al resto del mundo a desastre tras desastre. Prefieren directamente condenar a la humanidad a la desaparición a aceptar que el tan cacareado excepcionalismo estadounidense es una quimera.
Salvador López Arnal.- ¿Se ha volcado la sociedad norteamericana con la ayuda a Ucrania? ¿Rusia y China son hoy los dos grandes enemigos de Estados Unidos? ¿Más China, pensando estratégicamente’
Helena Villar.- Hay un poema del año 1970 de Gil Scott-Heron que empieza así:
“Una rata mordió a mi hermana Nell.
(con el blanquito en la luna)
Su rostro y sus brazos comenzaron a hincharse.
(y el blanquito está en la luna)
No puedo pagar ninguna factura del médico.
(pero el blanquito está en la luna)”Para quien no lo haya imaginado ya, es una crítica a las condiciones de vida precarias de la clase trabajadora estadounidense de entonces, especialmente los afroamericanos, en un momento en el que a la vez Estados Unidos gastaba ingentes cantidades de dinero para llevar al hombre a la luna.
El día en que la Cámara de Representantes de Estados Unidos debatía sobre la aprobación del paquete de 40 mil millones de dólares adicionales en ayuda a Ucrania, Marjorie Taylor Greene, una representante republicana simpatizante de la teoría conspirativa QAnon y trumpista, hacía un alegato con una cadencia similar a ese poema. Green hacía uso de su palabra asegurando: “Casi 40 mil millones a Ucrania mientras las madres estadounidenses no pueden encontrar fórmula para bebés (una crisis que había estallado por aquel entonces y semanas después aún no ha sido resuelta)”.
No hubo ni un representante demócrata que votase en contra de seguir enviando armas sin control alguno a uno de los países más corruptos del planeta. Ni siquiera hubo alguno que, aún mostrándose a favor de dicha ayuda, encendiese las debidas alarmas sobre el enorme gasto público que está suponiendo alimentar una guerra proxy que muy probablemente esté perdida, mientras a nivel interno se acumulan los problemas económicos y sociales.
Con esto quiero decir que el imperialismo ha devorado al progresismo institucional estadounidense, dejándole al rebote la pelota a los elementos más populistas de derechas del panorama estadounidense, que utilizan la oportunidad de manera torticera y puramente electoralista (cuando gobiernan los republicanos, el imperialismo continúa). A juzgar por el poema de Scott-Heron, esto ha debido ser más o menos una constante en la historia reciente de este país, aunque con esteroides desde la llamada “guerra contra el terror”.
Salvador López Arnal.- En cuanto a Rusia y China.
Helena Villar.- Rusia y China son los enemigos declarados. En planes de Defensa, estrategias de la OTAN, discursos, presupuestos… está escrito negro sobre blanco en todos lados (y aún así hay más de uno que, cuando suceden choques, parece que se sorprenda). Estados Unidos se prepara para un enfrentamiento a gran escala con dichas potencias nucleares. En la actualidad la estrategia es intentar desangrar a Moscú vía Ucrania, que les sirve para engrasar la máquina de la guerra y como campo de pruebas para el futuro conflicto.
En resumen, se trata de un choque entre Oriente y Occidente, por la intolerancia de Estados Unidos a un nuevo orden verdaderamente multipolar en el que pierda su hegemonía.
Salvador López Arnal.- Dedica el libro a su hija. Añade: “Por un mundo en el que la libertad no esté secuestrada por el privilegio.” ¿Aspiración alcanzable o deseo utópico bienintencionado? ¿Hay motores sociales usamericanos que trabajen en pro de esa sociedad libre no secuestrada por el privilegio?
Helena Villar.- Aunque no lo pueda parecer, yo soy una persona bastante optimista. Es decir, creo en la humanidad y en su capacidad para no acabar auto destruyéndose. No sólo eso, creo que tenemos la capacidad y las ganas de poder construir un mundo mejor. Las épocas de crisis e incertidumbre como la que nos está tocando vivir siempre dan paso a otra y, en esa nueva reconfiguración que va a llegar de manera inevitable, me gustaría que avanzásemos hacia una mayor justicia social universal.
Yo sé que tal y como describo el panorama en el libro, el primer pensamiento puede ser derrotista. También que, el hecho de que mi trabajo e incluso mi persona sean víctimas de censura, difamación, etiquetas, sanciones, campañas de desprestigio u ocultación, etc. deberían abocarme a tirar la toalla. Sin embargo, y aunque me equivoco como todo el mundo, se están dando pasos que poco a poco van dándome la razón frente a la propaganda. Y bueno, si al final me equivoco y acabamos auto destruyéndonos, tampoco habrá nadie vivo que pueda echármelo en cara.
Salvador López Arnal.- Aunque yo soy mucho más pesimista que usted, tiene razón.
Helena Villar.- Sobre los motores sociales usamericanos, básicamente lo que queda aprovechable son redes de resistencia y solidaridad comunitaria. No me parece poco. De hecho, me parece un buen germen. Lo que no creo que suceda en Estados Unidos, y esto ya es atrevimiento y casi futurología, es una revolución marxista, izquierdista o socialista tradicional, porque es imposible debido a las características intrínsecas de esta nación. Los cambios se darán de otra forma y muy probablemente tras el golpe al que va a llevarles la soberbia de la clase gobernante.
Salvador López Arnal.- ¿Estados Unidos se toma en serio la lucha contra el cambio climático? ¿Por qué hay tantos opositores, sobre todo en las filas del partido republicano?
Helena Villar.- No se la toma en serio para nada. ¿Alguien ha vuelto a oír hablar del zar del clima John Kerry desde su nombramiento? Biden ha seguido aumentando los permisos de perforaciones, aquí no hay ningún plan “verde” a la vista y aún todavía menos desde que pueden esgrimir la excusa de “la guerra de Putin”. La realidad es que Estados Unidos sigue con una economía muy dependiente del petróleo y una sociedad y unas infraestructuras, a su vez, muy dependientes del mismo. Para hacernos una idea, Estados Unidos ocupa el puesto 13 en calidad de infraestructuras del mundo y la mitad de la población ni siquiera tiene acceso a transporte público. Es gasolina y más gasolina, vehículo y más vehículo. En Estados Unidos, tener coche puede ser literalmente una cuestión de vida o muerte. Por si fuera poco, al presupuesto del plan de infraestructuras que aprobaron hace unos meses y que era inevitable básicamente para que no se caiga a pedazos lo que hay se lo está comiendo la inflación.
Todas esas transformaciones, paso a energía verde y regulaciones que se están aprobando en Europa aquí sólo se escuchan en discursos de declaración de intenciones y en marcianadas como el plan de adaptación climática del Pentágono, cuando el ejército de Estados Unidos en uno de los mayores contaminantes climáticos de la historia, más que la mayoría de los países. No se puede sostener un imperialismo no contaminante, es una contradicción, y yo diría que hasta una burla para el ciudadano bombardeado con discursos de reciclaje, gasto de sus ahorros en un coche eléctrico o conteo de la huella de carbono. O se cambia el sistema, o al final lo único que va a resultar todo esto es en un empobrecimiento de la clase obrera, a la que se le va a abocar a renunciar a ciertos tipos de consumo para satisfacer el discurso climático, mientras los que realmente contaminan van a seguir siendo impunes y el planeta a la deriva.
A nivel interno, es cierto que los republicanos son opositores por lo general cuando no directamente negacionistas. Básicamente muchos de ellos tienen sus carreras políticas financiadas gracias a la industria petrolera o derivados. Sin embargo, a nivel social no hay creada una gran conciencia verde, así que tampoco vas a encontrar una mayoría demócrata que apueste por ese discurso todavía.
Salvador López Arnal.- Cierra su libro con estas palabras: “La ceremonia [la de ser nombrados/considerados ciudadanos norteamericanos] finalizó con unos fuegos que, al ser mediodía, en realidad fueron humo de colores. Blanco, rojo y azul. Blanco, rojo y azul. Blanco, rojo y azul. Aplausos, vítores, toma de fotos. Una vez desvanecido el artificio, en el cielo quedó un gran rastro de humo oscuro. Para cuando se volvió completamente negro ya nadie miraba. Mientras seguía su reflejo en el agua rumiaba la metáfora; ahora sí, con imperceptibles lágrimas en los ojos”. ¿Por qué esas lágrimas?
Helena Villar.- Creo que sólo con ese último párrafo no se puede entender muy bien a qué me refiero, pero voy a intentar resumirlo. El libro finaliza con un epílogo en forma de crónica un tanto personal sobre una de mis visitas a Mount Vernon, lugar de residencia del padre fundador George Washington. En ella, trato de explicar de una manera incluso un tanto novelada, cómo los cimientos de esta nación se asientan sobre el trabajo esclavo, un esclavismo que en cierta forma nunca se abolió, sino que se transformó para adaptarse a los nuevos tiempos. La mayor fuerza de sostenimiento y avance de este país ni es reconocida, ni mucho menos admirada. Los fuegos de colores de artificio, nunca mejor dicho, siempre se los llevan individuales de la clase explotadora dominante, cuando debería ser todo lo contrario. En cierta medida, ‘Esclavos Unidos’ es mi particular homenaje a los de abajo. Por eso, pese a ser un ensayo, el libro está plagado de testimonios con nombres y apellidos con los que intento poner cara y dar voz a aquellos que normalmente nunca son escuchados.
Salvador López Arnal.- Usted los escucha, y con mucha sensibilidad. Muchas gracias por su libro y por la entrevista.
Gatillo fácil: Un policía de civil
mató a un joven tras una
discusión de tránsito
Resumen Latinoamericano, 2 de enero de 2023.
Walter Fernández, efectivo de de la Policía Federal, asesinó a un joven de un balazo en la espalda tras una discusión de tránsito en el partido bonaerense de Moreno.
El hecho ocurrió este lunes por la madrugada en las calles Belisario Roldán y Carlos Gardel, en el barrio de La Reja, cerca del histórico cementerio de la localidad bonaerense. Personal del Comando de Patrullas de la comisaría 7ma. fue alertado por una disputa a raíz de un incidente de tránsito entre varias personas. Al llegar al lugar, los efectivos vieron que Fernández, cabo primero de la PFA que estaba vestido de civil, discutía con otros cuatro hombres, entre ellos Agustín Tomás Valdez.
Un llamado al 911 alertó sobre una disputa entre varias personas en la vía pública en la localidad de La Reja, Moreno. Walter Fernández (36), un cabo primero de la PFA que estaba vestido de civil, discutía con unos cinco hombres, entre los que estaba Agustín Tomás Valdéz; el joven de 26 años que murió en esa pelea tras recibir un impacto de bala por la espalda. El efectivo quedó detenido y enfrenta cargos por homicidio calificado en la investigación a cargo del fiscal Gabriel López de la UFI N° 8 de Moreno, según trascendió a la prensa.
De acuerdo a lo publicado por diversos medios periodísticos, el Comando de Patrullas de la Comisaría Séptima en el lugar ya estaba interviniendo en el lugar cuando dos de los involucrados en la discusión se subieron a sus vehículos, un auto y una moto, y se dieron a la fuga. Quedaron Valdez y otro joven que forcejearon con la policía hasta que se escuchó una detonación y Valdez cayó herido.
El arma reglamentaria de Fernández, que prestaba servicios en la División Alcaidías de la Superintendencia de Investigaciones federales como cabo primero, quedó secuestrada y el segundo joven, de 18 años, fue inmediatamente trasladado a la comisaría como testigo.
La Comisión Provincial por la Memoria, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, al enterarse de lo ocurrido presentó un pedido de informes ante la justicia y solicitó acceso a la causa para poder seguirla.
Tras la detención Fernández se negó a declarar en la instancia indagatoria y por redes sociales se difundió un video de los minutos previos a los disparos. “Si te hacen algo queda grabado, compa” se escucha decir a un hombre que captura lo que son ahora las últimas imágenes de Agustín Valdez con vida.
Según el registro que lleva la CPM a noviembre del 2022 ya sumaban 69 los casos de uso letal de la fuerza policial en la provincia de Buenos Aires.
Envio:ResumenLatinoamericano
03.01.2023 / JUDICIALES
La Justicia de Santiago del Estero imputó a la mano derecha de Rosatti y le secuestrará el celular
Además ordenó el secuestro de su celular. La decisión fue tomada tras una denuncia penal del gobernador santiagueño, Gerardo Morales.
La decisión judicial se tomó horas después de que el gobernador santiagueño, Gerardo Zamora, realizará una presentación judicial contra Robles luego de que se conocieran los chats que demostrarían la relación entre los jueces del tribunal supremo y funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
LA DENUNCIA DE ZAMORA
"En la fecha, y ante el Fiscal Federal en turno de Santiago del Estero, realicé denuncia penal contra el Dr. Silvio Federico Robles, vocero del presidente de la CSJN, por los S.D. de tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público", escribió el mandatario provincial en un hilo de Twitter. "La denuncia penal se fundamenta atento a la publicaciones periodísticas que han generado gran conmoción pública, sobre filtraciones de chat donde se habría arreglado el fallo a favor de CABA, por el índice de coparticipación federal", agrega el comunicado de Zamora.
En la denuncia, el gobernador solicitó como medida cautelar la inmediata entrega de los teléfonos de uso oficiales de Robles para la pronta aclaración de esta situación "que está generando una gravedad institucional sin precedentes". "Hoy no solo vemos amenazado un pilar fundamental de la nación, que es el federalismo, sino que además, frente a este hecho, se ve en crisis la institucionalidad misma del país y la vigencia del estado de derecho", completó el mandatario.
03.01.2023 / Economía
Precios Justos: el Gobierno y grandes empresas avanzaron en un acuerdo para frenar costos e inflación
El Ministerio de Economía cierra contratos con 15 grandes empresas de insumos difundidos para frenar los costos de las industrias de consumo masivo, a cambio ofrece bajar la ventana de divisas, que es de 180 días, a entre 60 y 90 días.
La Secretaría de Comercio, a cargo de Matías Tombolini, cierra acuerdos con al menos 15 grandes empresas proveedoras de insumos difundidos que usan las industrias de consumo masivo para sostener el programa Precios Justos y alcanzar a más firmas.
La idea es brindarle facilidades en el acceso a dólares para pagar importaciones, mientras que el Gobierno se asegura de que las firmas que participan del esquema se comprometerán a mantener la desaceleración de la inercia inflacionaria a una pauta del 4% mensual.
La negociación es empresa por empresa y se busca bajar el plazo estándar de 180 días a una ventana que, en general, es de entre 60 y 90 días.
Según pudo averiguar El Destape, firmarán los acuerdos: Aluar, Dow Chemical, Alpek Polyester Argentina, Cattorini, Veralia, Rigoleau, Nueva Cristalería Rosario, IFF, Danisco, Solae, Grupo Saporiti, Transclor, Tetrapack, Petropack y Cartocor. Con todo, el Gobierno también garantizaría a las compañías de consumo masivo costos de insumos locales que permitan garantizar un mejor abastecimiento de Precios Justos.
Hasta el momento la cifra inflacionaria más baja que se registró en el año se dio en noviembre (4,9%), ahora los datos de diciembre podrían representar el guarismo más bajo en todo 2022 principalmente motorizado por la implementación del programa Precios Justos.
03.01.2023 / Escándalo
Más chats del escándalo de D´Alessandro: en un audio le ofrece un avión a un fiscal
Se conocieron más mensajes del ministro de Seguridad porteño. Esta vez trascendió su propuesta al fiscal Augusto Troncoso de utilizar una aeronave para viajar hacia Córdoba por un tema personal.
"Bueno, buen viaje. Llamame a la vuelta a ver si te veo. Yo igual el jueves me voy a Córdoba y capaz que vuelva el lunes. Estoy en un temita medio chinchudo, que quiere ver si compro el departamento de arriba que se yo, estoy medio enquilombado. Ya te contaré. Beso", le envió Troncoso al funcionario porteño.
A lo que D'Alessandro rápidamente le propuso: "Avisame amigo, si necesitás algo me avisás. Escuchame. ¿Querés el avión? ¿Querés ir y venir más rápido? Mirá que tenemos convenio ahí, te puedo dar una mano si querés".
"No, me voy con el auto. Me voy con una amiga de mi vieja. Me llevo un montón de cosas de cocina. No, no, no. Olvidate. Me gusta el auto", le aclara Troncoso a través de un audio que fue compartido por la periodista Rosario Ayerdi en Twitter.
Así, el audio se suma a los chats que se filtraron entre el funcionario y el empresario Marcelo Violante, que manejaba el servicio de grúas y acarreo de la Ciudad de Buenos Aires. Y los mensajes que trascendieron entre el ministro porteño y Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti.
Acusaciones para los medios y desmentidas silenciadas
La información que oculta el PRO para tapar la interna por los chats de D'Alessandro
Juntos por el Cambio presentó un pedido de informes en la Bicameral de Inteligencia para acusar a la Casa Rosada de hackear el teléfono de D'Alessandro desde una supuesta base militar de la AFI en El Dorado. La AFI respondió el 20 de diciembre señalando que la base no existe, pero la oposición no difunde la respuesta.
Con muy poca convicción, Juntos por el Cambio (JxC) salió a la cancha a acusar al peronismo de hackeo de los chats del ministro Marcelo D’Alessandro. Es evidente que tratan de disimular lo que parece notorio: una interna feroz en la que unos pusieron el foco en las andanzas (y chicas) de Gerardo Milman, mano derecha de Patricia Bullrich, y otros contestando con las aventuras en el sur y las trenzas de D’Alessandro, funcionario de Horacio Rodríguez Larreta. La versión que difunde el macrismo es que la operación de hackeo se hizo desde una base de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en El Dorado, Misiones. No aportan ninguna prueba, pero figura en un pedido de informes que, a las apuradas, encabezó el diputado Cristian Ritondo en la Comisión de Seguimiento de Organismos de Inteligencia. Firmaron todos los macristas de la Comisión, salvo uno, Milman, que está fuera de radar.
La solicitud fue respondida por la AFI el 20 de diciembre y el titular de la Bicameral, Leopoldo Moreau, le entregó copia de la respuesta a todos los integrantes de la Comisión. De manera que todos saben que la AFI niega que exista una base en El Dorado, niega que funcione en la AFI “una mesa militar” y que en el organismo tenga alguna participación el general César Milani o el coronel Marcelo Granitto. Aun así, los medios alineados con JxC siguen difundiendo la versión macrista y esconden que la AFI ya contestó. En el medio, aparece también la versión de que el hackeo se hizo con un software Pegasus operado desde Paraguay.
Las facturas del viaje
Cuando aparecieron los mensajes referidos al viaje a Bariloche de funcionarios, jueces y empresarios, JxC corrió a denunciar el hackeo, en principio en la justicia. El sorteado resultó el juez Julián Ercolini, uno de los excursionistas. Por lo tanto, la causa recayó en el juez Marcelo Martínez de Giorgi.
Cerca de D’Alessandro argumentan que en la investigación del magistrado se estableció que cada viajero pagó sus gastos y que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) determinó que las facturas por los gastos son auténticas.
La realidad es que la investigación judicial demuestra todo lo contrario. Es cierto, las facturas son auténticas. Lo único que faltaba es que también las facturas fueran truchas. Pero son de cuatro días después del viaje. O sea que todo encaja en lo que se vio en los chats: fue una forma de tapar el delito de dádivas ya que todo lo pagaron los empresarios.
Pidiendo informe a la Bicameral
La otra forma de salir del escándalo fue adjudicarle al Poder Ejecutivo una operación de inteligencia y, por lo tanto, que fue el responsable del hackeo. La manera de esbozar esa defensa fue mediante un pedido de informes a la Bicameral. El texto fue redactado por Ritondo y lo firmaron todos los demás macristas de la Comisión salvo Milman que hace rato no pisa el Congreso. Se ve que hoy en día no se puede exhibir ni ante sus propios colegas de bancada.
JxC sostiene en el pedido que en la AFI funciona una mesa militar bajo la influencia de Milani a quien reiteradamente le endilgaron la jefatura de un aparato de inteligencia. En la única causa que existió sobre el tema, Milani fue sobreseído y en los allanamientos a las supuestas unidades nunca se encontró nada. Pero, además, en la actualidad, el que encabeza la AFI es Agustín Rossi quien en mayo de 2015, siendo ministro de Defensa, le pidió el pase a retiro a Milani. Según se supo, el exministro y el exjefe del Ejército no se ven ni se hablan desde entonces.
Moreau le envió el pedido de informes a Rossi y éste contestó alrededor del 20 de diciembre. Aunque el texto no se conoce por razones de confidencialidad, la AFI negó que exista una mesa militar, que Milani tenga relación con el organismo y que tampoco tiene vínculo alguno el otro militar mencionado, Granitto. La respuesta de la AFI se le entregó a todos los integrantes de la Comisión, pese a lo cual este fin de semana los medios alineados con el macrismo invocaron ese pedido de informes para tratar de sacar el escándalo de los viajes, los chats, las chicas y el arreglo con la Corte de la furibunda cancha de la interna del macrismo.
Operaciones en la Triple Frontera
En el pedido de informes también se dice que la AFI tiene una estación en El Dorado, Misiones, a unos 100 kilómetros de la Triple Frontera, y que desde allí se hizo el hackeo. La AFI también negó la existencia de esa base, pero hay quienes ponen entonces el foco en Paraguay, o sea la existencia de alguien operando un software israelí, Pegasus, con el que podría haberse hecho el hackeo.
En este capítulo entra otra historia, que se está investigando desde el Frente de Todos. Durante el mandato de Mauricio Macri, el Poder Ejecutivo le compró a la empresa israelí NSO Group una versión de Pegasus. Ese software no se sabe dónde terminó. Lo que se averigua entonces es si alguien está operando el sistema desde Paraguay y ese es el origen del hackeo. Hay otra hipótesis más sencilla: no se requiere mucha sofisticación, le duplicaron la identidad a D'Alessandro y así accedieron a sus mensajes de Telegram.
Hay un dato a tener en cuenta. Los chats sobre el viaje a Lago Escondido se filtraron el 7 de diciembre. El último chat entre D'Alessandro y el operador de la Corte, Robles, es del 1 de diciembre. Es decir que cuando publicaron los del viaje al sur ya tenían los referidos a la Corte y no los publicaron en ese momento. Los hackeadores están dosificando ¿y extorsionando?
La interna chicas-Milman vs negocios-Corte-D'Alessandro al desnudo
En cualquier caso, los chats que se conocieron el jueves pasado exhiben que el fondo es la feroz interna de JxC. Por ejemplo, se ve la cercana relación entre D’Alessandro y el fiscal Augusto Troncoso, que fue el que denunció a Gerardo Milman ante la Cámara de Diputados. Troncoso tuvo que intervenir a raíz de que una joven, María Luz Lanusse Peralta Ramos, conducía un vehículo con registro trucho. El Peugeot 2008 Sport circulaba con una tarjeta azul a nombre de Milman y el legislador patoteó a la agente de tránsito que interceptó a la chica, por entonces pareja del diputado. Cualquiera elucubraría que se trató de un misil de D’Alessandro-Rodríguez Larreta contra Milman-Bullrich. Y tras cartón vino la respuesta, los chats exponiendo tejes y manejes de D’Alessandro.
Como ya señaló Ernesto Tiffenberg en este diario el estilo del espionaje y el hackeo fue instalado por el propio Macri, quien hizo seguir a todos los referentes de JxC -Rodríguez Larreta, Santilli, Vidal y tantos otros- e incluso mandó a espiar a sus dos hermanas, Sandra y Florencia. Comodoro Py le echó la culpa a su padre, Franco, y los espionajes más actuales se los adjudicó a espías cuentapropistas.
Tampoco se puede descartar entonces el protagonismo del propio Mauricio, disciplinando a su tropa, y abriéndose camino para que nadie le pelee la candidatura. Todo indica que es una guerra abierta y que habrá más capítulos y batallas.
La querella de la vicepresidenta hará una presentación
Atentado a Cristina Kirchner: piden investigar el rol de Marcelo D'Alessandro en los días previos al ataque
Carlos Ubeira adelantó que pedirá a la Justicia que investigue al ministro de Seguridad y Justicia porteño, quien tenía a su cargo el operativo policial en el barrio de Recoleta. El abogado de CFK afirmó que la decisión se tomó tras la filtración de los escandalosos chats del funcionario de Horacio Rodríguez Larreta.
El abogado de Cristina Fernández de Kirchner, José Manuel Ubeira, adelantó que en los próximos días presentará un pedido ante la Justicia para que se investigue la presunta responsabilidad del ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, en los días previos al atentado contra la vicepresidenta.
Los hechos por los cuales el cuestionado funcionario de Horacio Rodríguez Larreta será denunciado tienen que ver con distintos sucesos previos al día del atentado que podrían haber generado las condiciones para que ese hecho se concretara.
“Yo no desvinculo el atentado con los días previos, cuando la Policía de la Ciudad, que supuestamente brindaba la tranquilidad del perímetro (de la vivienda de CFK), ocurrió el ataque al Instituto Patria, los insultos a Máximo Kirchner y los camiones con cascotes” en los alrededores del vecindario, explicó Ubeira.
El abogado puntualizó que todos esos hechos “fueron responsabilidad de D’Alessandro”.
En rigor, en la causa que está a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti ya se había presentado un pedido contra el ministro porteño por el operativo policial en el barrio porteño de Recoleta, del que él estuvo a cargo. Pero la evidencia surgida en los chats de los últimos días, donde queda al descubierto la discrecionalidad de su desempeño, echa un manto de sospecha aún más grande.
“A la luz de los chats y del comportamiento de este señor, presentaremos algo más concreto y directo” respecto de la posibilidad de que él tuviera alguna responsabilidad en las escenas previas al día en que a Cristina Kirchner le gatillaron en la cara, indicó Ubeira durante una entrevista por radio El Destape.
No obstante, el abogado hizo hincapié en que los hechos que podrían ligar al funcionario con lo ocurrido el 1 de septiembre del año pasado está “en los días previos” y relativizó la posibilidad de que él supiera sobre la planificación del atentado.
“No creo que a esta persona se la pueda imputar por un hecho de esa naturaleza. Parecería que no hubo un conocimiento previo” del intento de asesinato, pero no obstante "ahora vamos a empezar a buscar para atrás”. Es decir en lo que ocurrió durante el operativo de la Policía de la Ciudad en Recoleta.
Lo que está claro es que el atentado “no fue resultado de un hecho emotivo sino que hubo una preparación previa perfectamente determinada". "Tenemos la financiación de los Caputo, a Jonathan Morel con Revolución Federal”, y a ellos se podría sumar “D’Alessandro con el operativo” policial, agregó.
El líder de Revolución Federal podría volver a la cárcel
Por otra parte, Ubeira reveló que la Cámara de Casación Penal abrió la posibilidad de revisar la excarcelación del líder de Revolución Federal, Jonathan Morel, por su presunta participación directa en la planificación del intento de magnicidio.
El pedido había sido rechazado meses atrás por el mismo tribunal que funciona en Comodoro Py y ello derivó en que el imputado como presunto ideólogo e instigador de los hechos quedara en libertad, a pesar de las gruesas sospechas en su contra.
“Ahora volvía presentar un recurso y Casación acaba de abrir la queja, con lo cual existe la posibilidad de que esa Cámara revise la libertad de Morel”, reveló durante la entrevista periodística.
En tanto, también avanza el pedido de recusación contra la jueza Capuchetti, por presunto mal desempeño en la causa. “En febrero tendremos audiencia en Casación para ver si la jueza se queda o se va”, señaló Ubeira.
Fuente:Pagina12
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