No hubo ninguna crítica sobre el sistema de justicia en la Argentina
La fake news sobre la denuncia del lawfare en la ONU quedó definitivamente al descubierto
De las 287 recomendaciones que recibió tras la presentación en el Consejo de Derechos Humanos, solo una incluyó el pedido por la independencia de jueces y fiscales. La hizo Alemania en respuesta a un informe de Naciones Unidas de finales de 2019 por el hostigamiento del gobierno de Mauricio Macri a los magistrados que no comulgaban con sus ideas.
A pesar de lo que intentó instalar la oposición, la Organización de Naciones Unidas (ONU) no hizo crítica alguna a la situación del sistema de justicia de Argentina ni le pidió al gobierno por su independencia. Ayer el Estado argentino concluyó su examen ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por sus políticas en esa materia entre 2018 y 2022. De las 287 recomendaciones elaboradas por un centenar de países se destacan las que instan a fortalecer la lucha contra la violencia hacia las mujeres y a garantizar el aborto en todo el territorio nacional, a erradicar la violencia policial y los discursos de odio, a proteger a los pueblos originarios y a implementar las medidas emitidas por la Corte Interamericana a favor de Milagro Sala. El proyecto de informe, a cargo de representantes de China, Gabón y el Estado Plurinacional de Bolivia, hizo trizas la falacia instalada por algunos medios y dirigentes sobre la supuesta preocupación de la ONU por la cuestión de la independencia judicial en nuestro país. De las cuatro recomendaciones enfocadas en la Justicia, tres fueron en sintonía con las preocupaciones del gobierno del Frente de Todos por las prácticas de lawfare con la complicidad de las más altas instancias judiciales, en tanto la cuarta, de Alemania, se fundamentó en un informe de 2019 por el hostigamiento del gobierno de la alianza Cambiemos hacia los jueces y fiscales que se resistían a subordinarse a sus políticas de persecución y criminalización de dirigentes políticos y sociales.
La delegación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación encabezada por su titular, Horacio Pietragalla Corti, expuso el lunes ante el Consejocon sede en Ginebra, Suiza, sobre el amplio abanico de problemáticas que persisten en materia de derechos humanos y sobre las políticas públicas para afrontarlas. La audiencia fue en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) que cada país debe rendir cada cuatro años y abarcó temas como el impacto de la deuda externa sobre la pobreza, la persecución judicial con fines políticos (con los casos de Sala y de la vicepresidenta Cristina Kirchner como paradigmas), la pérdida de credibilidad del Poder Judicial, los discursos de odio y la violencia institucional. Los funcionarios recibieron elogios por las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que prestigian al país ante el mundo, por las políticas de género y diversidades, por la legalización del aborto, entre otros temas, aunque los medios que construyen la agenda de la oposición se encargaron una vez más de tergiversar la realidad. “La ONU rechazó el reclamo de lawfare del Gobierno”, tituló La Nación. “Dura respuesta de la ONU al Gobierno: debe respetar la independencia la Justicia”, soñó Clarín.
El proyecto de informe con las 287 recomendaciones, que se conoció ayer, refuta esa operación de prensa coordinada por los dos diarios más poderosos del país, pues apenas cuatro de ellas estuvieron enfocadas en la justicia y en ningún caso se corresponden con lo difundido: Bolivia saludó la denuncia del lawfare, Chile se pronunció en sintonía con el gobierno argentino, Eslovaquia en términos similares, y Alemania pidió por la independencia de jueces y fiscales con una salvedad importante: se hizo eco de un informe de Naciones Unidas de finales de 2019 en el que se denunció el plan de hostigamiento del gobierno de Mauricio Macri hacia aquellos magistrados que no comulgaban con sus ideas.
Alemania tomó en consideración el informe que durante el último año del gobierno cambiemita remitió el relator para la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán, después de reunir denuncias sobre los desmanejos de la administración macrista con la justicia. “Contrariamente a lo sostenido falsamente por algunos medios de comunicación, en el caso de Alemania resalta la necesidad de reforzar la independencia del Poder Judicial y proteger a jueces e investigadores de presiones e intimidaciones, en consonancia con una comunicación de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados de 2019, que también fue incorporada por Argentina en su informe”, informó la Secretaría de Derechos Humanos.
“En esa comunicación, el relator advertía que el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) había llevado adelante ‘actos de intimidación y presión’ a los diversos órganos que componen el sistema judicial argentino, como el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura, y que estos ‘habrían socavado su independencia, obstaculizando la posibilidad de una actuación imparcial en decisiones que afectan a los intereses del Poder Ejecutivo; así como disciplinando a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo’”, agregó.
García Sayán había expresado su preocupación aquel año ante lo que se denunció como un plan sistemático de acoso a quienes no se alineaban con Macri dentro de la justicia: desde la procuradora Alejandra Gils Carbó –forzada a renunciar luego de actos extorsivos que incluyeron a su familia– hasta el juez federal Alejo Ramos Padilla –que entonces investigaba el espionaje macrista personificado en el fiscal Carlos Stornelli y el falso abogado Marcelo D'Alessio– pasando por la fiscal Gabriela Boquin, hostigada por pretender que la familia Macri pague lo que corresponde por la deuda del Correo Argentino.
Recomendaciones y compromisos
El proyecto de informe que recibió ayer por la mañana la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos, Andrea Pochak, con las recomendaciones de la comunidad internacional para la Argentina, destaca como aspectos positivos los esfuerzos en materia de derechos humanos y, en particular, las políticas para combatir la violencia de género y la discriminación contra mujeres y el colectivo LGBTIQ+.
Las políticas de género fueron las que recibieron mayor atención (64 de las 287 recomendaciones se refirieron al tema), lo que marca su relevancia en todo el mundo. En paralelo con una valoración positiva de la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad o la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, se remarcó la necesidad de fortalecer los esfuerzos para luchar contra la violencia hacia las mujeres y garantizar el acceso al aborto en todo el país.
Otro tema central (con 31 recomendaciones) fue la violencia institucional, con énfasis en la necesidad de tomar medidas efectivas para erradicar la violencia policial, la tortura y mejorar las condiciones de las cárceles. En 21 oportunidades, las recomendaciones alertaron sobre la necesidad de que el Congreso designe al titular de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Entre las principales observaciones también estuvieron la protección de los pueblos originarios y las infancias, el acceso a la salud, la erradicación de los discursos de odio y la discriminación, y la necesidad de adoptar e implementar las medidas emitidas por la Corte Interamericana en favor de Milagro Sala.
La Argentina, a su vez, asumió compromisos voluntarios para profundizar políticas en curso sobre temas diversos: fortalecer las investigaciones y el acompañamiento a las víctimas de las causas por crímenes de lesa humanidad; inaugurar este año del Espacio Memoria de Campo de Mayo; seguir impulsando la sanción de una Ley Integral contra la Violencia Institucional; continuar promoviendo el diálogo y la resolución pacífica de los reclamos territoriales de comunidades indígenas; sancionar una nueva Ley de Discapacidad, crear un Sistema Integral de Políticas de Cuidados, y trabajar para sensibilizar la sociedad sobre la necesidad de erradicar los discursos de odio y discriminatorios. En los próximos meses, el Estado argentino deberá dar respuesta a las recomendaciones recibidas en el informe, cuya implementación será analizada en el siguiente ciclo del Examen Periódico Universal.
Por qué el macrismo no quiere debatir sobre la Corte
Cola de paja
En vez de aceptar el libre juego de las instituciones democráticas, el intento de evitar el debate sobre el pedido de juicio a los jueces de la Corte mostró que el macrismo tiene cola de paja. Lo que trató de evitar en realidad es que se ventilen públicamente las relaciones espúreas que los complica con jueces y fiscales.
La denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU del lawfare y de la parcialidad de la Corte, el pedido de juicio político a los miembros de la Corte en el Congreso, las denuncias de las provincias de Buenos Aires y Santiago del Estero contra Silvio Robles, asistente del titular de la Corte, así como otras vías en las que se expresó disconformidad con la actuación del Poder Judicial, no son invento del Frente de Todos, sino la eclosión del sordo malestar que fue acumulando la sociedad. En todas las encuestas, el sistema de administración de justicia aparece como el menos confiable. Sólo uno de cada diez argentinos confía en el sistema judicial. En 2019, la Universidad San Andrés dictaminaba que el 80 por ciento tenía mala imagen de la Corte y que esa repulsa se mantenía desde el 2016.
El rechazo obtuso de Juntos por el Cambio al pedido de juicio político a los cuatro jueces que integran el alto tribunal, más que de los magistrados es una defensa de sí mismos como fuerza política. El Poder Judicial, al igual que los otros poderes de la República está integrado por seres humanos, no es perfecto, y muchas de las prácticas que ahora se denuncian, existían antes. Pero fue la alianza que se reunió alrededor de Mauricio Macri la que aplicó en forma sistemática el copamiento de áreas estratégicas del Poder Judicial para lanzarlas a la persecución, humillación y proscripción de sus adversarios políticos.
El juicio político a la Corte es una institución democrática. Cuando existe vocación democrática y la tranquilidad de saberse inocente, la actitud siempre ha sido aceptar el funcionamiento de las instituciones. Ningún kirchnerista y peronista trató de evadir a los tribunales.
Sin embargo, el principal asesor judicial de Macri, Pepín Rodríguez Simón, está prófugo en Uruguay, con la complicidad del presidente derechista de ese país. Y ni hablar del fiscal al que el macrismo delegó el grueso del trabajo sucio, Carlos Stornelli, que durante nueve meses evadió la presentación ante la justicia en una causa por extorsión y espionaje ilegal. Finalmente se presentó cuando le garantizaron protección y que cambiaría de tribunal.
La actitud de Juntos por el Cambio, como cuerpo político, es la misma, porque en vez de aceptar el accionar de una institución democrática como el juicio político, concebida para evitar bolsones de impunidad, no sólo se opuso, sino que además tampoco quiso que se discuta. Ya habían anunciado que no iban a dar quórum, para de esa manera impedir, siquiera, que se discuta el pedido. Decidieron asistir cuando tomaron consciencia de que el oficialismo tenía quórum propio en la comisión de juicio político.
Esa negativa es propia de alguien que tiene cola de paja. Lo más lógico hubiera sido que desde el principio aceptaran el dictamen del juicio político. Sabían que es casi imposible que en el recinto el oficialismo reúna el respaldo de los dos tercios de los diputados con lo que el juicio político no tiene posibilidad de prosperar.
A pesar de eso se opusieron porque no es el juicio lo que les interesa, sino la ventilación pública de sus palometas. Por más que digan que fueron hackeados y son ilegales, los mensajes del celular de Marcelo D'Alessandro, secretario de Justicia y Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta, son verdaderos. Y son muy incriminantes sobre la relación inmoral del gobierno de CABA con el alto tribunal, en un fallo fundamental que altera la distribución de la coparticipación entre las provincias.
Hay confianza y guiños en el diálogo entre D'Alessandro y Robles. Es como el de cómplices que se ponen de acuerdo para cometer una fechoría. De allí en adelante, esta Corte no sirve para dirimir ningún pleito que involucre a las provincias, porque ellas estarán en todo su derecho de desconfiar de su ecuanimidad.
La comisión de juicio político deberá decidir si hay mérito para que los Diputados debatan el tema en el recinto. El jueves, cuando comenzó la reunión de la Comisión, Juntos por el Cambio quiso que antes de discutir el pedido de juicio político, se convocara a una larga lista de personajes para que expusieran que no había que discutir nada. El Frente de Todos respondió que esa discusión no era necesaria porque se decidía por votación.
Los medios macristas publicaron maliciosamente que el Frente de Todos no había aceptado los testigos del macrismo. Recién el 4 de febrero, cuando comience el debate en la comisión se conocerá la lista de las personas que darán testimonio a favor y en contra. Si el pedido recibe dictamen favorable de la Comisión, tendrá tres años de plazo para ingresar al recinto.
El diputado Fabio Quetglas sugirió que los mensajes obtenidos de forma ilegal son considerados como si hubieran sido obtenidos con torturas. Quiere decir que es como si la fuerza política que representa hubiera torturado a Cristina Kirchner contra quien usaron escuchas ilegales, y que también fueron torturados los familiares de las víctimas del ARA San Juan, que fueron espiados ilegalmente por Mauricio Macri, y que fue torturado Héctor Timerman cuando usaron una escucha ilegal para reabrir una causa en su contra. Con el agravante que ninguna de esas escuchas era incriminante como los mensajes de D'Alessandro.
El informe que presentó el lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, fue aplaudido por el casi centenar de representantes que lo escucharon. El informe incluyó la denuncia del lawfare (el Poder Judicial forma parte del Estado, y por lo tanto el lawfare es una violación a los derechos humanos), y dio como ejemplo, la persecución a Cristina Kirchner.
De las decenas de representaciones y comentarios que se hicieron sobre el informe, hubo sólo tres que se refirieron al tema del lawfare. Al día siguiente, Clarín y La Nación, sacaron de contexto e hicieron interpretaciones subjetivas con las que configuraron con grandes titulares que la ONU había criticado duramente la exposición de Pietragalla sobre lawfare. Irina Hauser aclaró en forma contundente en Página 12 que era una enorme mentira de estos medios.
La ONU no había criticado a nadie sino que se trataba de recomendaciones de algunos de los presentes, sacadas de contexto e interpretadas con malicia. Uno de ellos, el representante chileno se quejó porque habían sacado de contexto su frase sobre "la importancia de la independencia de los sistemas de justicia. Esto es fundamental en un Estado de Derecho y coincidimos con el secretario de DD.HH de Argentina, en que esa situación debe ser garantizada".
La campaña mediática continuó ahora con la visita del canciller alemán Olaf Scholz. Aseguran que se realizará en un clima de inquietud por la ofensiva del gobierno contra la Corte. Es un tema que ni figurará en la agenda. Scholz viene más interesado en ampliar el comercio, conseguir el gas y el petróleo que ya no llega de Rusia, que de hablar sobre temas internos de Argentina.
En todo caso habría que aclarar el contexto de las recomendaciones del representante germano en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pietragalla había explicado y dado pruebas del lawfare, del uso político de la Justicia.
El comentario del funcionario europeo fue: "Alemania está preocupada por los intentos de ejercer influencia política en el sistema judicial". Si hubiera querido criticar al gobierno lo hubiera nombrado. “Ejercer influencia política“ era lo que había denunciado Pietragalla. Y por supuesto que desde el punto de vista institucional el gobierno tiene que ser el que evite esas influencias. Pero en ningún momento dice que es el que las ejerce.
Después de los sucedido en Brasil con Lula, y en Bolivia con Evo, el Poder Judicial de los países de la región está desprestigiado en el plano internacional.
El próximo jueves será la siguiente reunión
Juicio político a la Corte: Optimismo en el Frente de Todos por el inicio del debate
El Frente de Todos está satisfecho con la forma en la que se desarrolló el primer round del proceso de juicio político a los cuatro jueces de la Corte Suprema. "Nuestro bloque estuvo sólido y coordinado", repitieron, complacidos, desde el bloque oficialista. Más allá del clima de tensión que se vivió durante la primera reunión de la comisión de Juicio Político - tensión que solo se irá intensificando a medida que se profundice la investigación sobre el Máximo Tribunal -, el FdT analiza que fue un arranque "positivo". El primer objetivo, para el FdT, logró ser cumplido, es decir: alcanzar el quórum con una sala llena y una oposición presente que, en vez de vaciar el debate, lo terminó legitimando con su comparecencia. El desafío, ahora, será poder continuar con el cronograma trazado. La próxima cita será el 2 de febrero, para cuando les autores de los 14 proyectos de juicio político expondrán sobre los motivos por los cuales pidieron la destitución de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
"El primer balance para nuestro bloque fue absolutamente positivo desde el punto de vista de los objetivos. Obtuvimos el quórum reglamentario, abrimos la comisión y (Carolina) Gaillard hizo lectura de los encabezados de los 14 expedientes y de las 60 acusaciones que constituyen el piso de las denuncias que estamos impulsando", destacó el jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez, en declaraciones radiales. Al igual que durante el debate en comisión - en el que el diputado rosarino insistió que el FdT "no viene a montar ningún circo" -, Martínez se jactó de haber logrado plantear la necesidad de juzgar por mal desempeño a los cortesanos "sin recurrir a ninguna chicana". A la oposición, en cambio, la ubicó en la vereda opuesta: "No fue lo mismo que encontramos desde JxC. El exministro Finocchiaro tuvo un mensaje durísimo marcando un 'ellos' y un 'nosotros'. Hubo de todo", señaló.
Martínez se refería así al discurso del ex ministro de Educación de María Eugenia Vidal que, al igual que muchos otros, terminó a los gritos entre legisladores del oficialismo y oposición. "El kirchnerismo aspira a vivir en un modelo de país donde se silencien las voces críticas como pasa en las dictaduras. Ustedes quieren vivir en un país donde el poder sea perpetuo e ilimitado", estaba diciendo Finocchiaro cuando fue interrumpido por los gritos de Juan Manuel Pedrini (FdT). No fue el único, ya que si bien el objetivo de la conducción de la comisión era que el primer encuentro fuera más bien una formalidad en la que definir el cronograma de trabajo, la reunión terminó decantando en un festival de cruces y chicanas. El FdT, sin embargo, se siente confiado en que logró arribar a la reunión de manera más organizada que JxC, a quienes observaron más "desordenados" y con "diferencias internas".
"Nuestro bloque estuvo sólido, coordinado. Ellos (por JxC) asistieron a la comisión y de esta forma legitimaron estas denuncias. El objetivo que seguimos en este proceso es preservar a la institución de sus funcionarios", afirmó, tajante, Vanesa Siley en declaraciones radiales. Siley había protagonizado también su cuota de cruces el día anterior - con Mario Negri y con varias diputadas de JxC -, y destacó que "cada uno hizo un debate político y está bien que eso suceda". Consultada por la postura adoptada por JxC, la dirigenta gremial ironizó: "Parece que los jueces de la Corte tienen 15 defensores oficiales de la oposición". Destacó, sin embargo, la actitud de la Coalición Cívica, que el jueves confirmó que ratificará el pedido de juicio político a Lorenzetti.
Desde JxC, mientras tanto, se concluyó que el inicio del proceso de destitución no era más que un "show". "Nos han reunido alrededor de un montaje que no nos pertenece, trabajando por una agenda de intereses personales que no es nuestra. Están haciendo uso de una herramienta constitucional en contra de la propia Constitución y esto no es control: es persecución", sostuvo Soledad Carrizo (UCR). El diputado de La Cámpora, Marcos Cleri, opinó, por el contrario, que el jueves había comenzado "un procedimiento muy importante para reforzar la democracia judicial": "Tenemos que poner luz sobre las decisiones judiciales que estuvo tomando la Corte. Hay un abuso de poder en beneficio de algunos sectores y en perjuicio del interés general de la Nación", precisó.
Ahora, tanto oficialismo y oposición deberán prepararse para el próximo round. Este será el próximo jueves a las 11 y contará con la participación de les 14 autores de los proyectos de juicio político presentados. Les expositores no serán todes legisladores, sino que habrá varios particulares y representantes de asociaciones civiles. En el caso de les diputades, expondrán sobre sus expedientes Vanesa Siley, María Rosa Martínez, Eduardo Valdés y Paula Oliveto. Valdés será el encargado de defender el proyecto oficial de la bancada oficialista, que apunta por diversas causales - fallo de coparticipación, Consejo de la Magistratura, irregularidades en la obra social del Poder Judicial, fallo del 2x1 a los genocidas, entre otros - a los cuatro jueces de la Corte. El de Oliveto, mientras tanto, es el de la Coalición Cívica contra Lorenzetti por la falta de transparencia cuando era presidente de la Corte. También hay un proyecto de la senadora Juliana Di Tullio contra Rosatti por el fallo que modificó la composición del Consejo de la Magistratura.
En el caso de los particulares, hay dos que refieren a temas vinculados a los derechos humanos. Uno fue presentado por Pablo Llonto por la paralización de la Comisión Intrapoderes, y el otro por Patricia Isasa contra Rosatti por encubrimiento del represor Eduardo Alberto Ramos Campagnolo. Hay, a su vez, otros proyectos presentados por la Asociación Argentina de Juristas y la Asociación Civil Elegir, así como de otros particulares. El objetivo del FdT fue incluir todos los expedientes que habían sido presentados, pero no necesariamente todos serán incluidos en el informe de admisibilidad. Esa decisión - que será la gran batalla - se tomará el 9 de febrero.
Será el 1 de febrero frente a los Tribunales
Organizaciones sociales y políticas convocan a una marcha popular contra la "mafia judicial"
Mientras se desarrolla en el Congreso el tratamiento del pedido de juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema, dirigentes y militantes de un amplio abanico de organizaciones sociales, gremiales, políticas y de derechos humanos confirmaron su participación en una nueva movilización para cuestionar el funcionamiento del máximo tribunal de Justicia. La protesta se llevará a cabo el 1 de febrero bajo la consigna será "fuera la mafia judicial".
"Este poder judicial es prostibulario y van a quedar en la historia como la peor Corte Suprema de Justicia que hubo en el país, los que más delitos cometieron y encubrieron", señaló a Télam el juez del Tribunal Oral Criminal 29, Juan María Ramos Padilla, uno de los convocantes de la marcha del #1F.
Entre los argumentos a favor de la marcha, el magistrado explicó que los integrantes de la Corte Suprema "ha permitido la fuga de divisas, se metieron con la coparticipación del pueblo, de los pueblos del país, dejando con menos recursos a las provincias más pobres, entre otras grandes barbaridades".
"Al Poder Judicial hay que renovarlo totalmente. Ningún Gobierno que piense en el pueblo va a poder gobernar con esta Corte", opinó Ramos Padilla y consideró: "Ojalá que estos 60 a 90 días que dure esta investigación en la Comisión de Juicio Político pueda llegar a la gente para que entienda porque estamos luchando".
En ese sentido, Ramos Padilla confirmó que la protesta contra la CSJ se realizará el próximo 1 de febrero desde las 17, en Plaza Lavalle, frente a los tribunales de la calle Talcahuano. La movilización será una actividad más de las que vienen realizando distintas organizaciones para pedir "independencia judicial" y denunciar la persecución política a dirigentes como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala.
Voceros cercanos a Ramos Padilla confirmaron que dirigentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC); de La Red de Militantes Bonaerenses, la Organización La Molina, del Frente Nacional Territorial (FNT), Familias Diversas de Tucumán, la organización Putos Peronistas, del Frente Federal de lo Pueblos, el Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos, el Grupo de Curas en la Opción por los Pobres, Derechos Humanos San Oscar Romero y el Movimiento Político, Social y Sindical Primero La Patria, asistirán a la protesta.
Asimismo, son convocantes el Instituto por Cuestiones de Género Matria, Colectivo Social Ferroviarios de Pie, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, la conducción de la CTA Autónoma, la Corriente Nacional Martín Fierro, el Partido Comunista (PC), HIJOS La Matanza, el Movimiento Kirchnerista Revolucionario, la Grupas Trans, No Matarás, Movimiento Proyecto Sur, Populismo K, la Asociación Americana de Juristas, y seccionales del Partido Intransigente (PI), son convocantes también para la jornada del #1F, entre otras organizaciones.
Recorridas con Wado de Pedro y afiches en la calle
Juan Grabois se muestra como candidato para las próximas elecciones
El dirigente de Patria Grande asegura que no acompañará un intento de reelección de Alberto Fernández o una postulación de Sergio Massa
Juan Grabois da cada día nuevos pasos para instalarse como el precandidato presidencial por el Frente de Todos. Esta semana, en Mar del Plata, escenario de campaña para todo político que se considere en carrera, una avioneta de publicidad sobrevoló las playas con un cartel que rezaba "Juan XXIII - Grabois presidente"; y también aparecieron afiches en la ruta con la misma propuesta. Los allegados del dirigente del Frente Patria Grande dicen que la propaganda no es oficial, pero confirman que “Juan está cada vez más seguro”.
Grabois viene desde mayo recorriendo el interior del país junto al ministro del Interior, Wado de Pedro, una de las figuras más cercanas a la vicepresidenta Cristina Kirchner. En los últimos ocho meses hicieron asambleas con vecinos de Chaco, Tucumán, Gualeguaychú, Catamarca, Corrientes y el próximo martes harán un nuevo encuentro -aunque de Pedro participará por zoom- en Rawson.
En ese sentido, la postura que viene haciendo pública el dirigente social es que si "Wado" se presenta a las Primarias como candidato a la presidencia, él lo apoyará. Lo considera un mejor candidato. En cambio, se presentará como candidato a presidente si un acuerdo dentro del Frente de Todos impone una fórmula -del tipo Massa y un vice cercano a Cristina-, sin pasar por internas.
“El Frente de Todos es una coalición a defender, de la que somos parte y también lo son tanto Massa como Alberto Fernández. Es una coalición válida porque es una delimitación con la nueva derecha continental, bolsonarista, trumpista; pero no hay ninguna posibilidad de que militemos por Alberto Fernandez o por Massa en las PASO”, dijo esta semana en declaraciones radiales.
Agregó que en las elecciones de 2023 tiene que haber una candidatura “que represente cabalmente esa parte más combativa y transformadora que tiene Cristina (Fernández de Kirchner)”, que “no se limita a La Cámpora y Kolina sino que incluye al nacionalismo popular, el peronismo de izquierda, la izquierda independiente y la reivindicación por tierra techo y trabajo de los sectores populares”.
Bajo esa premisa, Grabois no está dispuesto a acompañar un intento de reelección de Fernández o una postulación de Massa. Incluso, en tono jocoso, esta semana lo desafió al ministro de Economía, al asegurar que un interna le gana. Respecto a una posible candidatur de la vicepresidenta sostiene que ella “está muy firme en su decisión de no presentarse” y recalca la necesidad de que el próximo candidato sea de "otra generación".
Las recorridas por las provincias de Grabois y De Pedro tienen un formato: son encuentros en los que convocan a vecinos y organizaciones locales para diseñar. “El ministro del Interior viene trabajando en un plan de desarrollo federal orientado principalmente a las demandas de infraestructura de las provincias, mientras que Juan viene trabajando en un plan de desarrollo humano integral centrado en los ejes de tierra, techo, trabajo, salud y educación. El objetivo de estas asambleas es avanzar en un plan unificado”, detallaron colaboradores de Grabois.
En el Frente de Todos ya es considerado un hecho que, de no presentarse De Pedro, Grabois iría a las PASO en representación "de los movimientos sociales". La fundamentación de su círculo es que existe una amplia base social, sobre todo de los sectores populares, que tiene encuentros y desencuentros con el peronismo, pero que se ven referenciados en Cristina Kirchner. Sobre ese campo, considera que hay que construir, apoyado en su organización territorial, el Frente Patria Grande; un partido creado por militantes sociales, que se formaron haciendo trabajo en las barriadas.
Una de las marcas de la organización es haber promovido a referentes de asentamientos y trabajadores de la economía popular para que llegaran al Congreso así como a la gestión de gobierno. Es el caso de la cartonera Natalia Zaracho y de Federico Fagioli, un dirigente surgido de una toma de tierras, que hoy son diputados nacionales. También de Fernanda Miño, catequista y vecina de La Cava, la principal villa de San Isidro, que es actualmente subsecretaria de Integración Sociourbana y María Castillo a cargo del programa Argentina Recicla, destinado a mejorar las condiciones de trabajo de los cartoneros y a establecer sistemas de reciclado entre municipios y cooperativas de recicladores.
Al Frente liderado por Grabois, además, pertenecen organizaciones sociales como el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el Frente Darío Santillán y Nuestramérica, que en el último tiempo aumentaron su protagonismo en las calles para manifestar el descontento con el programa económico de Massa y la política social del gobierno de Fernández.
Fuente:Pagina12
27.01.2023 / Economía
Luego del pedido de Massa, la Justicia comenzó a investigar la recompra de bonos
El ministro de Economía había pedido esclarecer la posible filtración de información sensible sobre la decisión del Gobierno de recomprar la deuda en moneda extranjera. El fiscal de la causa, Ramiro González, pidió levantar el secreto bursátil de quienes compraron bonos y llamar a declarar Sebastián Negri como testigo.
La semana pasada el ministro había enviado una solicitud al presidente de la Comisión Nacional de Valores, Sebastián Negri, para "abrir las actuaciones pertinentes" que permitan determinar si hubo maniobras para hacerse de "beneficios extraordinarios" y concretar "un ataque especulativo contra la moneda nacional". Y esclarecer la “posible filtración de información sensible respecto de la decisión del gobierno en la recompra de deuda en moneda extranjera".
Por lo que ahora, el fiscal federal Ramiro González, quien le pidió a la jueza María Eugenia Capuchetti abrir la investigación y llevar adelante una serie de medidas, pidió levantar el secreto bursátil de aquellos que compraron bonos y llamar a declarar al titular Negri como testigo en la causa.
Según el dictamen marca el objetivo de “establecer si la actividad del mercado de capitales en fechas anteriores a la Resolución nro.1/23, respecto a los bonos allí detallados, estuvo asociada a una filtración de información sensible por parte de las personas que tuvieron conocimiento previo de dicha resolución, lo que habría permitido a algunos particulares privilegiados hacerse con beneficios económicos extraordinarios”. También se quiere saber “si hubo un ataque especulativo contra la moneda nacional que el Poder Ejecutivo Nacional procuró desactivar con la medida de recompra de deuda en moneda extranjera”.
Es que el miércoles 18 de enero por la mañana Massa anunció que la Argentina iba a recomprar deuda pública por más de mil millones de dólares para “seguir mejorando el perfil de deuda del país y continuar bajando el riesgo país”. El mensaje había sido grabado la noche anterior. Lo que fue llamativo fue el crecimiento de operaciones y el interés por ciertos títulos públicos mientras subía el precio del dólar.
Por lo que el jueves 19 de enero, el abogado Ignacio Abel Uriburu presentó una denuncia y pidió investigar los delitos de “defraudación en perjuicio de la administración pública, violación de secretos, violación de los deberes de funcionario público y abuso de información privilegiada”.
El viernes siguiente el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten presentó una segunda denuncia. “Hay agentes pasibles de haber fomentado una corrida cambiaria, manipulando el mercado para generar pánico y forzar una dolarización entre ahorristas argentinos que, sabemos, son muy sensibles a las fluctuaciones bruscas en las cotizaciones del dólar”, sotuvo.
“Si hubo alguien que hizo esto necesariamente estuvo operando el GD30 comprando con pesos y/o vendiendo contra USD, especialmente los días 16 y 17 de enero, días de elevado volumen en la ronda de negociación en pesos”, consideró y agregó que “están quienes podrían haber utilizado información privilegiada asociada al anuncio de la recompra para obtener una ganancia por un aumento del precio en USD del bono”.
Ese mismo viernes, el ministro Massa ordenó abrir una investigación interna que pedía ingar puntualmente en “la posible filtración de información sensible; la existencia de maniobras especulativas en la compra-venta de títulos públicos en mercados regulados por la CNV bajo distintas monedas de liquidación con el objetivo de manipular la plaza y generar un alza en las cotizaciones de los tipos de cambio paralelos comúnmente conocidos como dólar MEP y dólar Contado con Liquidación (CCL); y la identificación de los posibles beneficiarios de esas maniobras”.
Massa también le indicó a Negri que se presentara ante la Justicia. Primero la denuncia había recaído ante el juzgado federal 6, hoy a cargo interinamente del juez Daniel Rafecas, pero como las tres denuncias se tratan del mismo hecho se acumularon donde se radicó la primera: el juzgado de María Eugenia Capuchetti.
La jueza Capuchetti, quién por ahora investiga el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hasta que se defina si es recusada de la causa o no, no tiene todavía imputados en la causa.
Al respecto el fiscal detalló que los imputados podrían surgir, eventualmente, de la recolección de información que está pidiendo ordenar a la jueza. Según informó Infobae, González reclamó que Economía explique cómo se realizó el proceso de recompra de los bonos a partir de dicha resolución.
El fiscal quiere el detalle de qué bonos efectivamente fueron objeto de la medida, y si con posterioridad a la fecha (18-01-23) estos subieron su cotización en comparación con sus valores históricos. Además reclamó levantar el secreto bursátil para que “se le requiera a la Comisión Nacional de Valores las listas de las personas humanas y jurídicas que adquirieron bonos denominados en dólares, en las semanas previas a la implementación de la decisión del gobierno nacional de recompra de deuda en moneda extranjera”.
Gonzales también le pidió que el Banco Central de la República Argentina informe, en calidad de agente financiero del Tesoro, de qué forma operó la recompra dispuesta por la Resolución nro. 1/2023.
Ultimátum del albertismo a Wado de Pedro: "O estás adentro o estás afuera"
La funcionaria más cerca al Presidente aseguró que “la falta de códigos es de quienes critican estando adentro del Gobierno".
La interna en el Gobierno no cede y ahora suma un nuevo capítulo. Una de las funcionarias más cercanas al Presidente Alberto Fernández salió a darle un ultimátum a Eduardo “Wado” De Pedro: “O estás adentro o estás afuera”, lanzó uego de que el ministro del Interior se sintiera dolido por haber sido excluido de una reunión entre el presidente de Brasil, Lula da Silva, y organismos de derechos humanos.
“No me queda muy claro si es una información en off del ministro o de su entorno. Si fueron declaraciones del propio ministro, creo que es un buen momento para aclarar si es un trascendido mediático utilizado para algún sentido", expresó Tolosa Paz.
Y agregó: "Es buen momento para que el ministro De Pedro pueda aclarar si esto ocurrió o no porque ponen en boca de él alguna situación como falta de códigos. Si hay falta de códigos en todo caso es en referencia de quiénes son parte de un Gobierno y critican al Gobierno”.
La titular de Desarrollo Social dijo que "deberíamos aprender a reflexionar. Pongo en tela de juicio que sea cierto. De no ser cierto hay que aclararlo. Y de ser cierto claramente invito a reflexionar sobre las faltas de códigos. En todo caso quienes están dentro del Gobierno y critican como si estuvieran afuera, hay que definirse. O estás adentro o afuera”.
En conversación con medios de Mar del Plata, Tolosa Paz pidió “aprender de la Scaloneta y los valores de la Selección. Son para reflexionar adentro de un equipo y en este caso el equipo de Gobierno, como respetamos a quien lo conduce que es el Presidente de la Nación”.
"Hay que definirse si estás dentro o estás afuera y si no nos sentimos contenidos deberíamos dar un paso al costado, porque eso lo hace cualquier hombre o mujer de bien”, remarcó.
Cabe señalar, que tal como informó Diagonales, esta nueva interna comenzó luego que Alberto Fernández se reuniera, junto a Lula, con referentes de los derechos humanos. Ante esto, De Pedro consideró que desde la Presidencia deberían haberle extendido una participación para el cónclave, no tanto por su rol en el Gobierno, sino por su trayectoria y militancia en el ámbito de los DD.HH.
Fuente:Diagonales
Los alimentos
se aceleraron y aumentaron 5% en enero
De acuerdo a
un informe privado, los productos que componen la canasta básica se
encarecieron 0,75% en la última semana del mes. Se complican las metas de
reducción de la inflación a un orden del 3% en abril.
Por RODRIGO NÚÑEZ
27 DE ENERO, 2023
Los alimentos aumentaron 5% durante enero y volvieron a acelerarse. Un documento de la consultora LCG, al que pudo acceder El Destape, advirtió que en la cuarta semana de enero la suba de precios de los alimentos promedió 0,75% y se desaceleró 0,8 puntos respecto la semana anterior. Así, el índice de alimentos y bebidas presentó una inflación mensual de 5% promedio.
Los acuerdos firmados por el Gobierno detuvieron la dinámica alcista de los productos que componen la canasta básica en el último tramo del 2022. Sin embargo, el arranque del año interrumpió el proceso de contención y se complican las metas de reducción de la inflación a un orden del 3% en abril como espera el ministro de Economía, Sergio Massa.
Con fuertes incidencias en panificados, verduras y carnes, solo tres categorías explicaron casi todo el aumento semanal (0,7 puntos). Así le fue cada segmento:
- Productos de panificación, cereales y pastas: 2%
- Verduras: 1,8%
- Carnes: 0,8%
- Comidas listas para llevar: 0,4%
- Condimentos y otros productos alimenticios: 0,2%
- Productos lácteos y huevos: 0,1%
- Bebidas e infusiones para consumir en el hogar: 0,1%
- Azúcar, miel, dulces y cacao: -0,1%
- Aceites: -0,2%
- Frutas: -0,2%
Inflación al alza
En este sentido, un dato a subrayar es que el porcentaje de productos con aumentos semanales disminuyó drásticamente al 5%, el menor valor desde abril de 2021. La distribución de variaciones de precios presentó mucha menor dispersión respecto a la semana previa.
Sin embargo, la inflación promedio se aceleró por quinta semana al hilo y se ubicó en el mayor valor en nueve semanas. De acuerdo al relevamiento, seis de 10 categorías presentan una inflación promedio por encima del 6% mensual.
De acuerdo a las estimaciones de la consultora Ecolatina, la inflación en el Gran Buenos Aires podría rondar el 6% en enero. En tanto, desde Analytica proyectaron una cifra cercana al 5,8%, como consecuencia de los aumentos en precios regulados y también por la incidencia en alimentos.
En tanto, según el relevamiento de precios de la consultora EcoGo, la inflación de alimentos en enero treparía a 4,9% mensual. Por su parte, desde Orlando Ferreres & Asociados fueron más cautos y proyectaron una inflación mensual del 5,1%, tal como sucedió en diciembre.
Ya está subiendo la carne de nuevo
El precio del ganado en pie en el Mercado Agro Ganadero de Cañuelas y Liniers aumentó abruptamente un 20% entre el viernes y el martes, lo cual se trasladará de manera total a los precios de los cortes que se venden en carnicerías, según sostuvo Alberto Williams, presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías. Entre los principales factores que explicaron el incremento de los valores de la hacienda se encuentran las lluvias que se registraron durante el fin de semana, que frenaron la salida de hacienda de los campos que venía produciéndose por la brutal sequía que acorrala al sector agropecuario.
En conversación con este medio, Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), subrayó que en el último año también se disparó el costo de alimentación del animal, ya que la guerra en Europa hasta triplicó el valor de materias primas utilizadas en este proceso. Sin embargo, durante el segundo semestre del 2022, el precio final que pagó el consumidor se vio contenido y no reflejó aumentos siderales.
"Esto es un reacomodamiento de precios. Lo preveíamos para noviembre o diciembre y cuando no vimos movimientos imaginábamos una dilatación hacia el tercer trimestre. Pero con la sequía se dio ahora y anticipó el incremento", apuntó Schiariti. Desde la visión del empresario, dependerá del clima cuándo se dará el próximo aumento, que podría ser del 30% pasando el umbral del primer trimestre.
Fuente:ElDestape
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