Arranca el juicio al represor que se disfrazó de director de escuela
Castillo fue policía bonaerense en Banfield y Lanús durante la dictadura. Cuando se retiró fundó una escuela en Avellaneda. Será juzgado a partir del martes.
Luis Castillo todavía vestía el uniforme de policía
bonaerense cuando decidió cambiar de oficio. Corría
el mes de marzo de 1979 y semanas antes había
culminado su función en la Brigada de Investigaciones
de Lanús. En el sótano de su casa de Wilde, Avellaneda,
él y su esposa María Marta Sosa abrieron un jardín de
infantes, en donde por aquellos días funcionaba el centro
clandestino El Infierno; antes había estado asignado en
la Brigada de Banfield, donde el genocidio había
instalado el Pozo de Banfield. Con los años, el jardín
creció hasta convertirse en el Colegio San Diego,
reconocido en la comunidad por “impartir rigor y
disciplina” y Castillo cimentó una fachada que creyó
perfecta para despistar a quien quisiera husmear alguna
vez en sus años de servicio. No lo logró: a partir de este
martes ocupará un lugar en el banquillo de los acusados
del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos
en las Brigadas del Circuito Camps.
Castillo fue detenido con prisión preventiva en marzo de
2022. Meses antes había dejado en manos de sus hijos
el colegio que fundó y dirigió con “pie de plomo” durante
las cuatro décadas siguientes a su rol policial. Tras
tomarle declaración indagatoria, el juez federal de
instrucción número 3 de La Plata, Ernesto Kreplak,
consideró que había prueba suficiente como para
procesarlo como partícipe necesario de los secuestros y
las torturas que sufrieron 39 personas que permanecieron
cautivas en El Infierno, mientras Castillo se mantuvo en
funciones en ese lugar. También por abuso sexual contra
otras tres personas.
“El nombrado intervino en los sucesos atribuidos no solo
por el mero conocimiento de ellos sino por su contribución
a producirlos”, sostuvo Kreplak. Además de datos que
surgieron del legajo del represor, el juez se basó en los
testimonios de sobrevivientes que lo nombraron, lo
describieron físicamente y lo reconocieron por foto.
Héctor Callejas es uno de los sobrevivientes de El Infierno
que involucró a Castillo en los crímenes de lesa humanidad
de la última dictadura. Callejas lo mencionó como “el
supuesto jefe que estaba a cargo” de los prisioneros en
Lanús. El otro testimonio que lo muestra en acción es el de
Mercedes Albariño Blanco, quien transitó algunos días de
su detención clandestina, antes de ser “blanqueada” en la
cárcel de Olmos. Estaba en una celda de aquel centro
clandestino cuando Castillo la fue a ver: “Entró con un papel
en la mano que decía que yo había sido detenida por tener
en mi casa volantes y armas de la organización ERP y
Montoneros. Yo le dije que no iba a firmar porque era una
mentira y se puso nervioso y me dijo 'mirpa Mercedes, a
vos acá no te torturamos, porque no lo hacemos nosotros
sino que estamos a las órdenes de los militares'. Yo seguí
sin firmar y sacó de la cintura su arma y me dijo que firmara,
entonces yo ante esa amenaza firmé y él se fue. Me dejó
sin venda. Al mediodía entró una horda de gente joven con
ropa de fajina, y empieza a golpearme mucho en todo el
cuerpo, me ponen la venda. Eran militares”, contó durante
la instrucción de la causa.
En septiembre pasado, en el marco del juicio oral, el sobreviviente Carlos Iaccarino, secuestrado junto a sus
dos hermanos y luego liberados tras haberlos obligado a
entregar campos, empresas y hasta un avión, también lo
reconoció como quien lo amenazó con un arma en la celda
de El Infierno, uno de los tantos centros clandestinos por
los que los pasearon. “Ya no quedan dudas de que Castillo
fue uno de los represores que actuó en Banfield y Lanús,
porque además de actuar como represor, también estuvo
involucrado en los delitos económicos de la dictadura”,
explicó Claudio Yacoy, abogado querellante en el debate
oral –representa a Albariño Blanco– y secretario de
Derechos Humanos de Avellaneda.
Castillo Intentó negarlo: aseguró que él no era el Castillo
que la Justicia buscaba. Logró apenas obtener el beneficio
de la prisión domiciliaria, a pesar de que las autoridades
educativas provinciales y muniipales de Avellaneda
insistieron en que es no sucediera. De hecho, el represor
demandó al entonces intendente interino Alejo
Chornobroff, a Yacoy y a la directora del Consejo Escolar
local. “Nos acusó de mancillar su buen nombre y honor. La
denuncia la inscribió en Comodoro Py. Está por resolverse
nuestro pedidos de nulidad”, informó Yacoy.
Finalmente, este martes Castillo comenzará a ser juzgado
en el debate por los crímenes de los Pozos de Banfield y
de Quilmes, y El Infierno que ya lleva más de dos años de
audiencias. Su incorporación al juicio fue posible en
diciembre pasado, luego de que el Tribunal Oral Federal
número 1° de La Plata admitiera la incorporación de los
dos tramos de la causa que a Kreplak elevó a juicio. Lo
habían pedido la Fiscalía y las querellas.
El represor, de 81 años, compartirá banquillo de acusados
junto a otros 11 genocidas. Al comienzo del juicio eran 18,
pero varios fueron muriendo, como es el caso del múltiple condenado Miguel Osvaldo Etchecolatz, o quedaron fuera
con ayuda del paso del tiempo y la vejez. También se
amplió la base de casos por los que los acusados son
juzgados. Entre ellos, el de las personas que integran el
colectivo travesti trans y fueron secuestradas, torturadas y
abusadas en el Pozo de Banfield.
Fuente:LetraP
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