Mientras a los que marcharon a Lago
Escondido los reprimen, el intendente
premia a la corporación inglesa
Resumen Latinoamericano, 3 de febrero de 2023.
LA COLECTORA DE LAGO ESCONDIDO
Mientras las organizaciones sociales y sindicales del campo popular realizaba una nueva marcha para liberar el acceso al Lago Escondido, reprimida violentamente por los matones del gringo Lewis, la Municipalidad de El Bolsón homenajeaba a la corporación británica que impide por la fuerza el acceso a ese lago.
Lo hizo el pasado sábado, el intendente Bruno Pogliano acompañado por la gobernadora Arabela Carreras, en los festejos por el 97 aniversario de El Bolsón, que el año pasado tuvo como invitados especiales al golpista Aldo Rico y al fascista confeso del PRO, Alberto Asseff.
El diploma con el que galardonaron a la corporación británica dice textualmente:
«RECONOCIMIENTO A LA EMPRESA»
«Por su destacada colaboración con la comunidad»
Y abajo añade (literal):
«Las demostraciones de bondad, llenan constantemente el corazón de felicidad. Son como rayos de sol que calientan, sin importar lo que esté sucediendo».
…
La foto está tomada de un video de IG difundido por el intendente, que revela además la clara intención de mostrar ese diploma
El gobierno de Salta aprobó un
protocolo para frenar las protestas
sociales
Resumen Latinoamericano, 3 de febrero de 2023.
El gobierno de Sáenz mantiene una postura represiva contra los Pueblos Indígenas privándolos del derecho al reclamo frente a las diversas problemáticas que padecen. Por eso, el gobernador lanzó un protocolo anti cortes de ruta tras anunciar que no habrá obras de agua en el departamento de San Martin, dónde el reclamo lleva muchos años de lucha.
Hace unos días Sáenz confirmó que no habrá obras de agua para solucionar el problema, en lo inmediato, sino hasta después de su reelección.
El gobierno de Salta anunció que “Ante los continuos cortes de ruta en el norte provincial que afectan la circulación de ciudadanos, productores, servicios de salud y abastecimiento” casi todas centradas en la necesidad de agua apta para el consumo humano, ordenó prohibir las protestas.
Gustavo Sáenz convocó a una reunión a la que asistieron el procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella; el fiscal federal general, Eduardo Villalba; el ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo Domínguez; el fiscal de Estado, Agustín Pérez Alsina y la auxiliar fiscal federal, Roxana Gual.
Se informó oficialmente que, debido a los cortes de ruta, en el Norte, las zonas de frontera, aumenta el “riesgo del transporte ilegal de mercaderías y sustancias no permitidas”.
El gobierno culpa a las comunidades indígenas de aumentar el riesgo de tráfico de drogas y transporte ilegal de mercaderías, cuando reclaman el agua, elemento vital para la vida. Asimismo, Sáenz determinó que defenderá a los que circulan y no a quienes protestan.
Tras esa afirmación el gobierno salteño, comunicó que la Provincia y el Ministerio Público Fiscal de la Nación “consensuarán un protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas“.
La problemática del agua nunca tuvo prioridad en la agenda de ningún gobierno, todos racistas que no ofrecen solución y ahora habrá represión hacia quienes reclamen.
Fuente: TeleSISA
Denuncian otra vez agresiones de la
seguridad de Joe Lewis a
manifestantes en Lago Escondido
Por Marcelo Cena, Resumen Latinoamericano, 3 de febrero de 2023.
El presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca), Julio César Urien, denunció esta noche «violencia y agresiones» por parte de la seguridad del empresario Joe Lewis y pidió la intervención de los gobiernos nacional y provincial, dado que «peligra la vida» de los militantes que acampan frente a la mansión del magnate británico, en Lago Escondido, Río Negro.
«Tuvimos una llamada por teléfono satelital con los compañeros que están en la montaña, con Sergio Cuestas, el abogado (de FIPCA), y nos dice que empezaron a ser agredidos, les rompieron el equipamiento, las mochilas que tenían», aseguró Urien en diálogo con Télam, desde la séptima Marcha por la Soberanía al Lago Escondido.
Y añadió que «agredieron al Padre Paco (Olveira), le sacaron la Biblia cuando se puso a rezar».
«Están como sacados, estamos concretamente preocupados por la vida de ellos», aseveró Urien.
En ese sentido, informó que desde FIPCA están «tomando todas las medidas que podemos y pidiendo al gobierno de la provincia que garantice su seguridad y a distintas autoridades del gobierno nacional», ya que «creemos que hay peligro de vida».
Una columna de manifestantes llegó hoy a una de las playas de Lago Escondido situada frente a la estancia del magnate británico Joe Lewis, luego de que a otro grupo se le impidiera ingresar por el camino público de Tacuifí por la acción de peones rurales que trabajan en esa propiedad.
La columna que denuncia agresiones es la número 2, de montaña, también denominada ‘Juana Azurduy’, que llegó a la playa frente a la mansión de Joe Lewis, según se informó hoy por la tarde.
«Su gente dice que tienen que salir por un camino privado. Nosotros no aceptamos eso. Si no pueden bajar por el camino público de Tacuifí se van a quedar una semana acampando hasta recibir una respuesta favorable», explicó Urien, quien encabeza la columna 1 junto a otros referentes políticos, sociales y gremiales.
Ya se conocieron incidentes durante el día miércoles, cuando resultaron heridos el diputado y jefe de bloque del Frente de Todos del Parlasur, Gastón Harispe, y la dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Celeste Fierro, entre otros militantes.
Fuente: Télam
Un fallo que favorece a las bandas
criminales de derecha
Por: Ailín Bullentini, Resumen Latinoamericano, 3 de febrero de 2023.
La sala II de Casación, compuesta por los jueces Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Carlos Mahiques, absolvió a cuatro de los siete miembros de la CNU, el grupo parapolicial que actuó en Mar del Plata, que habían sido condenados en 2016. Impulsan una campaña de recolección de firmas en repudio.
“Para nosotros y para el proceso entero de juzgamiento de estos crímenes, este fallo es terrible”, dice Carlos Díaz. Carlos forma parte de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos del Centro y Sur de la provincia de Buenos Aires y, como el resto de sus compañeres, está preocupado por la decisión que a fines de diciembre tomó la Sala II de la Cámara de Casación Federal, de absolver cuatro de los siete integrantes de la Concentración Nacional Universitaria condenados por crímenes de lesa humanidad. Desde el organismo, impulsan una campaña de recolección de firmas en repudio y acudirán a la Corte Suprema de Justicia.
En diciembre de 2016, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata condenó a siete represores por la comisión de crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del accionar de la CNU, una agrupación paramilitar y parapolicial que actuó como brazo represivo y asesino del Estado en los años previos a la última dictadura cívico-militar. El exfiscal Gustavo Demarchi, Mario Durquet y Fernando Otero recibieron prisión perpetua por haber formado parte de una asociación ilícita –la CNU– y ser considerados coautores de los homicidios en juicio –unos 8–. Los hermanos Juan Pedro y Juan Carlos Asaro, José Luis Granel y Roberto Justel recibieron penas de entre 3 y 7 años de prisión, al ser considerados partícipes de la agrupación criminal.
Aquel juicio fue histórico porque fue el primero que repasó el accionar de la CNU, que solo en Mar del Plata asesinó a unas 50 personas. La sentencia fue apelada por todas las partes que intervinieron: mientras el Ministerio Público Fiscal y las querellas discutieron las absoluciones de dos acusados –Raúl Moleón y Raúl Viglizzo–, las defensas apuntaron contra la calificación de los hechos como crímenes de lesa humanidad, reclamaron la inconstitucionalidad de la figura de asociación ilícita –eje del fallo condenatorio– y discutieron las participaciones criminales de sus defendidos.
Seis años después, en diciembre pasado, la Casación tomó el caso, que cayó en manos en una sala proclive a tratar con bondad a condenados y acusados de ejecutar el genocidio durante la última dictadura: la Sala II, compuesta por los jueces Guillermo Yacobucci, Carlos Mahiques y Ángela Ledesma. Y su fallo, en este caso, no fue una excepción.
Los dos demonios hechos fallo
Así, con los votos de Ledesma y de Yacobucci, que lideró los argumentos, la Casación absolvió a los hermanos Asaro, a Granel y a Justel –que venían con las penas más bajas desde Mar del Plata y únicamente condenados por integrar la asociación ilícita–. El fallo también benefició a Otero: si bien le confirmaron la perpetua, lo absolvieron por el homicidio de la docente María del Carmen Maggi.
El camarista Yacobucci, cuya lectura adscripta a la teoría de los dos demonios ya es conocida en su devenir jurídico, consideró que no hubo elementos suficientes para probar la actuación criminal de los cuatro acusados en la asociación ilícita. Y aunque no era material de discusión, avanzó un poco más y se animó a plasmar lo que, en su opinión, fue la CNU. “Si bien algunos hechos aquí juzgados constituyen -como se adelantó- crímenes de lesa humanidad, esto no implica que la sola pertenencia a una organización política como la denominada CNU, o una agrupación profesional de abogados peronistas o una filial sindical –CGT- de la zona de Mar del Plata, determinen una imputación asociativa cuya ilicitud alcance la naturaleza de aquel tipo de ilícitos”, sostuvo en su voto.
“Yacobucci define a la CNU como una especie de grupo político con determinada posición ideológica y ya. Decide ignorar el carácter parapolicial y paramilitar de esa patota, deja a un lado su razón de ser violenta, represiva, persecutoria”, señaló el abogado César Sivo, representante de la querella de Familiares de Detenidos Desaparecidos del Centro y Sur de la provincia de Buenos Aires. “Así en el fallo queda plasmada una lectura de los hechos en pos de los preceptos de la teoría de los dos demonios: en el gobierno había gente de derecha y del otro lado, gente de izquierda que ejercía violencia en partes iguales y que eso, de por sí, no es suficiente para acreditar comportamiento criminal”.
El peligroso efecto catarata
Según indicó Sivo, hay un elemento de la sentencia de la Casación que es “extremadamente perjudicial” para el resto de las causas que analizan los crímenes de la CNU –la sentencia por el segundo tramo está en revisión y un tercer tramo está bajo instrucción– y las que revisan los delitos de lesa humanidad a lo largo y ancho del país: “Cambian el estándar probatorio, es como si exigiesen que para considerar criminal a la CNU necesitaran una foto o un testamento, un delirio sobre todo en esta clase de hechos”, amplió el abogado.
No bien supieron del fallo, desde Familiares iniciaron una campaña para recolectar firmas en repudio que ya cuenta con el apoyo de cientos de personas, colectivos y organismos de derechos humanos, y que continúa durante esta semana. “Esta sentencia de Casación tiene una gravedad equiparable al 2×1 de la Corte”, denunció Carlos Díaz.
FUENTE: Pagina 12
Exigen medidas de protección para
Arcoiris
Resumen Latinoamericano, 3 de febrero de 2023.
Arcoiris y su mamá lograron rehacer su vida en Buenos Aires lejos de la violencia de la familia del progenitor en La Rioja. Pero la in-justicia de la provincia riojana insiste en forzar la revinculación, la tortura. Arcoiris necesita medidas de protección para vivir una niñez libre de violencias, por este motivo, organizaciones de madres protectoras y la mesa de trabajo Justicia por ArcoIris se convocaron este viernes 3 de febrero 12hs en Lavalle 1220 (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil).
Comunicado de la mesa de trabajo Justicia por Arco Iris:
Hace pocos días el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se refirió a la situación de la niña Arcoiris en medios riojanos y aseguró: «Yo hablé personalmente con los miembros del Tribunal Superior de Justicia porque hay un padre que está desesperado y cuestiona tanto a la justicia como al gobierno».
No es la primera vez que el gobernador Quintela se pronuncia a favor de varones violentos pero sorprende que no le preocupe que haya una niña que relata abusos sexuales desde que tiene dos años y medio con numerosas pruebas al respecto.
Nos sorprende que no le preocupe que el denunciado por abuso sexual en contra de la niña trabaja junto a su sobrina, Karina Becerra.
Nos sorprende que hable del progenitor de Arcoiris como «un padre desesperado» y no se pronuncie sobre la golpiza feroz que el progenitor de la niña le dio a la abuela materna, en un claro intento de femicidio.
Estas declaraciones del gobernador reafirman que La Rioja es territorio peligroso para Arcoiris y su madre. Un territorio donde se protege a los violentos y se vulneran derechos de niñes, mujeres y madres protectoras.
Sábado 4, carnaval Libre de Petroleras
Resumen Latinoamericano, 3 de febrero de 2023.
Este 4 de febrero las Comunidades Costeras se movilizarán en un nuevo ATLANTICAZO, para rechazar el avance del extractivismo petrolero sobre nuestro mar.
Las falsas consultas públicas, las autorizaciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, las Resoluciones de la Secretaría de e
Energía, la suspensión de la Medida Cautelar que protegia el mar por parte de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, son parte de los perversos mecanismos que el estado sostiene para garantizar la entrega de los bienes comunes y seguir transformando nuestros territorios en zonas de sacrificio al servicio de la depredación capitalista.
Ante la dictadura ecocida que se nos impone desde el gobierno, no daremos marcha atrás!
El extractivismo petrolero NO TIENE LICENCIA SOCIAL
4 de febrero 17:30 hs
Municipalidad de General Pueyrredón, Luro e H. Yrigoyen.Marchamos 18:00 hs
LA LUCHA SIGUE Y ES AHORA!!
La APDH Mar del Plata, estará
permanentemente acompañando
las instancias del juicio por el
femicidio de Lucia Pérez
Resumen Latinoamericano, 3 de febrero de 2023.
El 7 de febrero próximo, se iniciará el juicio por el femicidio de Lucía Perez.
Tenía 16 años, cuando el 8 de octubre de 2016, fue drogada, violada y asesinada.
Los acusados Offidani y Farias, hoy condenados por vender droga en las escuelas a niños de la edad de Lucía, serán juzgados desde ese día y hasta el 1 de marzo.
Llegar a este juicio no fue fácil.
Primero hubo que sufrir la misoginia y el machismo de un tribunal Oral Criminal perfectamente adaptado a la cultura de los sectores dominantes y soportar que se juzgue la personalidad de la víctima, a la que no se consideró en ese rol y menos aún se tomó en cuenta su condición de menor, muy vulnerable en compañía de dos adultos que obtenían dinero de la venta de droga a otros niños.
El esfuerzo militante de sus padres y el permanente reclamo de las organizaciones de Derechos Humanos, de Mujeres, de LGTB y otras, lograron la realización de un juicio, que se espera, será planteado con perspectiva de género.
Otro logro, luego de un intrincado camino legal, fue que los jueces misóginos serán juzgados por un Jury de Enjuiciamiento a partir del 14 de marzo.
La sentencia anterior fue anulada, los jueces serán juzgados y Lucía tendrá la oportunidad de ser reconocida como víctima.
La APDH Regional Mar del Plata, estará presente en las distintas instancias de este juicio. Sabemos que millones de mujeres también estarán pendientes.
Este juicio buscará sentencia para un femicidio, apuntalar las luchas de las mujeres, fortalecer a los Derechos Humanos, enfrentar a los misóginos con una realidad inevitable y a los farsantes con sus contradicciones.
Siguiendo la lógica del mural que ha sido emplazado en su escuela, Lucía está mirando a la justicia y está organización también.
*Por APDH Mar del Plata: Silvia Chumilla: Presidenta. Alejandra Godino:Secretaria. Susana Nudelman Secretaria. Marta Montero: Secretaria.
APDH Mar del Plata
Contacto: +54 9 2236 87-4545
Extraerán litio en 500 mil hectáreas
de la Patagonia: saqueo, contaminación
y beneficios miserables para las
provincias
Lola Sánchez / Resumen Latinoamericano, 3 de febrero de 2023
Recientemente se confirmó que una empresa canadiense iniciará exploraciones en territorio patagónico con la intención de explotar el litio, en una superficie de casi 500.000 hectáreas distribuidas en Río Negro, Neuquén y Chubut. La industria del litio, que desembarcó en Argentina en los 60′ de manos de multinacionales, no sólo está signada por una tecnología innovadora y concentrada en el «Triángulo del litio» (Argentina, Chile y Bolivia), sino que se caracteriza por ser una industria extractivista que impacta ambiental y socialmente sobre territorios a los que le deja solamente migajas de sus millonarias ganancias. Su demanda es cada vez mayor, dado el uso de baterías para dispositivos electrónicos y vehículos, principalmente. Se calcula que estos tres países concentran alrededor del 80% de las reservas mundiales de litio en salmuera.
La empresa canadiense Green Shift Commodities operará en el área delimitada en sociedad con las locales Formentera SA y Electric Metals SA, dos empresas que llevan adelante proyectos mineros en otros territorios de Río Negro. La cabeza operativa del proyecto estará ubicada en la localidad de Mamuel Choique, en el departamento rionegrino de Ñorquincó.
¿Qué va a pasar con una industria fuertemente extractivista y que despoja territorios ancestrales, en una provincia que lleva adelante, precisamente, reclamos ambientales e indígenas de larga data? La resistencia de Pueblos Originarios y asambleas del norte argentino dan pistas sobre cómo podría impactar este megaproyecto en un territorio fuertemente signado por la lucha ambiental como la Patagonia.
Ya existen emprendimientos desde hace varios años en Salta, Jujuy y Catamarca. La primera experiencia en el Sur será desarrollada sobre una superficie de casi 500.000 hectáreas distribuidas entre Río Negro, Chubut y Neuquén, en manos de la empresa canadiense Green Shift Commodities.
Los proyectos que ya están trabajando en el país reportan grandes ganacias para las transnacionales, mientras proyectan un «beneficio» realmente miserable que no supera el 3% para las provincias.
Su aplicación se debate entre la crítica por el despojo de las multinacionales y la oportunidad de desarrollo tecnológico para el país. Pero incluso quienes defienden la industria como una puerta hacia el futuro reconocen brechas significativas en torno al impacto ambiental y la asimetría de poder entre las empresas y las comunidades, con un Estado que aún no se sitúa como interlocutor y defensor de los derechos.
Hasta la fecha, aparece como una industria prometedora sólo para las compañías extranjeras, sin planes de soberanía sobre un recurso con alta demanda. El modelo es el mismo en toda la Argentina, por lo que la Patagonia no vería cambios significativos en su aplicación.
De concretarse finalmente, se tratará del primer proyecto de litio de roca iniciado en la Argentina. Si bien minimiza el riesgo de afectar el recurso hídrico -a diferencia de la obtención mediante salmueras-, es más caro y es un tipo de explotación minera, un modelo que en la Patagonia fue ampliamente rechazado por sus impactos ambientales y sociales.
Historia reciente de una industria
El litio se utiliza en una diversidad de productos en distintas áreas industriales. Los usos más comunes se dan en aplicaciones de cerámica, vidrio y medicina. En los últimos años su demanda creció dada su utilización para las baterías de iones de litio que se usan en dispositivos electrónicos pequeños como celulares, aunque también puede ser utilizado para fabricar baterías para automóviles eléctricos e hídricos.
Su expansión en el país se dio a partir del auge minero de los 90′. En 1993, se aprobó la Ley de Inversiones Mineras N°24.196, que ofreció un conjunto de medidas beneficiosas para los inversores. En general, la normativa legal sigue vigente, a excepción de regulaciones recientes en torno a la consulta previa, libre e informada de las comunidades, estudios de impacto ambiental y la participación activa de Pueblos Originarios, aunque son ítems que en la práctica raramente son cumplidos.
En la Argentina se extrae litio desde 1997, cuando el proyecto Fénix en el salar del Hombre Muerto (Catamarca) inició sus operaciones. La demanda global del mineral provocó que en los últimos años la exploración a manos de empresas canadienses, chinas e indias se expandiera en el país.
Según datos de la Dirección de Economía Minera, 2016 Argentina fue el productor de litio con mayor dinamismo del mundo y su producción aumentó 11% en el mercado global. Con el inicio de las operaciones en el proyecto Sales de Jujuy en el Salar de Olaroz -que representó el 6% de la producción global de litio en ese año-, la industria creció exponencialmente.
El interés por inversiones en el sector creció a partir de la eliminación de un impuesto a las exportaciones en 2016, por lo que en marzo de 2017 se calculaba que ya existían unos 42 proyectos en depósitos de salmueras (salares) y otros cinco en depósitos de pegmatita (roca).
Su consolidación como industria se vio beneficiada a partir de 2011, momento en que la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner creó un grupo de trabajo para la promoción de la investigación científica y tecnológica del mineral. La producción estuvo orientada, entre otras cosas, a abastecer de baterías a las netbooks del programa «Conectar Igualdad».
En 2012, YPF creó la sub empresa Y-TEC junto al CONICET, con el objetivo de reforzar el proceso de industrialización de extracción de litio. A partir de ese momento, las estrategias corporativas y científicas en torno al oro blanco no han cesado de crecer.
Argentina, más boba que Bolivia y Chile
Los escenarios políticos y económicos del Triángulo del Litio varían de acuerdo a cada país. En Chile, el Estado establece un contrato de explotación, dado que el litio es un recurso estratégico. En Bolivia, las empresas de explotación son estatales. En Argentina, en cambio, rige un modelo de concesión libre, lo que le ha valido numerosas críticas por parte de activistas, científicos y abogados en materia ambiental.
La producción de litio está regulada por tres leyes: el artículo 124 de la Constitución Nacional, que establece que los recursos pertenecen a las provincias, el Código Minero -promulgado en 1887 y reformado en 1997-, y la Ley de Inversiones Mineras, sancionada en 1993. Esta última regula la actividad y ofrece una estructura que beneficia a las empresas del sector: otorga estabilidad fiscal por un plazo de 30 años, reduce impuestos y quita retenciones a la actividad minera (a partir del Decreto 349/2016 de Mauricio Macri).
Sin embargo, se han tenido muy poco en cuenta los impactos locales que tiene la extracción de litio, en función de los derechos humanos y la sostenibilidad social y ambiental de los proyectos.
Se pueden nombrar varios tratados y convenios que registran violaciones en la industria minera y de litio: el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) o Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre otros.
Actualmente, Argentina se posiciona como una exportadora de materias primas en la industria del litio, con destino a Estados Unidos, China y Japón. Una de las demandas es que el país pueda nacionalizar una industria de alta demanda y comenzar a exportar tecnologías.
Mirada legal
La abogada ambientalista Alicia Chalabe es representante de las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc (Jujuy). Acompaña hace más de una década a las comunidades originarias que reclaman por su derecho a la consulta libre, previa e informada en territorios de explotación.
«Empezamos hace muchos años, cuando iniciaron las exploraciones en Salinas Grandes. Fuimos a la Corte Suprema exigiendo que se instrumentalice la consulta en toda decisión que se tomara en el territorio», recuerda, en diálogo con este medio. «Se dio como un hecho eventual. Hay una Cooperativa Minera de Salinas, compuesta por miembros de las comunidades, en donde extraen y trabajan la sal. Llegaron inversores queriendo comprar el sedimento por una suma importante de dólares. Las comunidades, en ese momento, se alertaron, dijeron que no, y comenzaron a reunirse. Se conformó el grupo de comunidades para ir a la Corte e instrumentalizar el derecho de consulta», detalló.
«El artículo 124 de la Constitución señala que los recursos del subsuelo pertenecen a las provincias. La regulación para concesión minera, la otorgación de permisos de exploración y exploración pertenece a la provincia. Pero si el Estado no obliga a las empresas para realizar los procedimientos de consulta, éstas no lo hacen», subraya.
Consideró que el gobierno provincial de Jujuy «no tiene ningún interés en proteger los derechos de las comunidades», y recordó que «es responsabilidad del Estado instrumentar los mecanismos necesarios para los derechos indígenas». «Esto lo denunció el relator de Derechos Indígenas de la ONU, James Anaya, en 2015, donde habló sobre la falta de implementación de Derechos Indígenas en Argentina. Los derechos están legislados, no implementados», agregó.
Consultada sobre los beneficios que quedan para la provincia, especificó que el beneficio formal que se puede controlar son las regalías mineras, que corresponden al 3%, o al 1,6% en el caso de Jujuy: «Al lado de lo que vale la tonelada de carbonato de litio, es nada». Por otra parte, señala que hay «beneficios particulares de las empresas con las comunidades de manera directa, a modo de preventa, contraprestaciones. Ahí entra el área social que han creado las empresas justamente para hacer más amigable la explotación que llevan adelante».
El señuelo del empleo
Al igual que en algunas regiones de la Patagonia donde se han buscado implementar o se han implementado ya proyectos mineros, en el norte son comunes los discursos que prometen empleos en las empresas, un factor clave en la aceptación social de las actividades que llevan adelante.
«En el caso de Olarov, se lleva adelante la explotación en una zona donde habitan nueve comunidades indígenas, que convinieron con la empresa por distintos puntos y acuerdos que han hecho», señala Chalabe. «El mito del empleo se desnuda con números: Por la cantidad de recursos que se exportan y las ganancias a empresas, el número de empleabilidad es irrisorio», indica.
Chalabe subraya la responsabilidad estatal en la falta de exigencias de estudios ambientales al sector empresarial: «Las empresas llevan adelante la explotación con los estudios que pide la provincia y que establece el marco normativo ante tal dinero», normativa que carece de estudios ambientales exhaustivos.
«Recordemos que la evaluación de impacto ambiental que se hace no es de impacto acumulativo ni estratégico, no se puede saber que impacto van a tener varios proyectos en un territorio, se evalúa individualmente. No se hace una evaluación integral, para ver la capacidad de carga de agua y minería de un territorio. Olarov, por ejemplo, es un despojo, es intransitable», agrega.
Jujuy: Preocupación por el uso del agua y beneficios que se van al exterior
Jujuy es un caso paradigmático que pone de manifiesto el impacto social y ambiental de la industria del litio cuando no se regula con normativas estrictas de protección de derechos.
Actualmente, existen varias empresas extranjeras que se han instalado en la puna jujeña para explotar el mineral: Orocobre (Australia), Toyota (Japón), Exar (Canadá y Estados Unidos), Lithium Ameria Corp, Ganfeng lithium (China) son algunas. Por otra parte, en el territorio opera JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado), de carácter estatal.
En general, las comunidades coinciden en la falta de consulta previa a los pobladores de los territorios explotados y la ausencia de información precisa sobre las actividades que allí se realizan.
El agua dulce en peligro
Clemente Flores es parte de la comunidad indígena Del Angosto (distrito El Moreno, departamento de Tumbaya) en la puna jujeña. Desde hace más de diez años, encabeza la lucha por el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas en las zonas de explotación.
«La lucha es larga, hace tiempo que venimos trabajando el tema del litio», comenta a El Extremo Sur, «por ahora no mucha gente de las comunidades tiene claro que es el litio. Saben que es para baterías, pero no es sólo para eso».
Aclara que la preocupación principal es por el agua dulce, «porque ellos necesitan extraer las salmueras que están en el subsuelo, las cuales bombean hasta los piletones, se evapora con cal viva y queda ahí arriba», y remarca que la producción de litio consume grandes cantidades de recurso hídrico.
«La lucha viene desde 2010. Algunos proyectos avanzaron, pero otros se frenaron. En la Cuenca de Salinas no entraron todavía, estamos al borde de que entren. Llamaron a la licitación de 8 mil hectáreas. Estamos ahí resistiendo, con movilizaciones», comenta.
Como resultado del trabajo que viene realizado con las comunidades en la región surgió el Kachi Yupi, un protocolo de consulta que resalta los puntos más relevantes de la normativa vigente en torno a la consulta previa, libre e informada a Pueblos Originarios en casos de proyectos extractivistas, en línea con el Convenio 169 de la OIT.
«Queremos que las empresas digan qué van a hacer con el territorio, decidir si queremos o no sacrificios. Ya hemos visto en algunas zonas, de donde están sacando litio, que la gente no tiene ovejas, no tiene llamas, no tiene ni el salar, es todo de la empresa», relata Flores.
Este dato no es sólo una impresión subjetiva. Lo comparten otros pobladores de la región y hay estudios científicos que prueban el inminente «riesgo hídrico» y las «consecuencias irreparables» para la provincia, relacionadas con la industria del «oro blanco». Esto figura en las conclusiones de un estudio elaborado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
El impacto social y económico
A la par del impacto ambiental, existe un impacto socioeconómico ineludible sobre las comunidades afectadas.
La comunidad de Huancar (situada en la provincia de Jujuy, a 25 kilómetros de Susques, con una población de entre 130 y 300 personas) históricamente se sostuvo a partir de la ganadería y las artesanías. Pero la llegada del litio al territorio afectó el esquema de actividades económicas. Actualmente se calcula que una gran parte de la población tiene trabajos relacionados con la minería.
En la localidad de Pastos Chicos (con una población de 250 personas, ubicada a 50 kilómetros al sur de Susques) las actividades económicas tradicionales son la ganadería, la agricultura a pequeña escala y las artesanías. Pero en los últimos años, un grupo numeroso de hombres de la comunidad reorientaron su labor a las empresas de mineras de borato. Durante los 90′, el cierre de varias minas produjo una pérdida drástica de empleos, lo que impulsó la migración hacia ciudades y pueblos más grandes.
Flores se refiere también a la vieja promesa de este tipo de proyectos en torno al empleo: «Hay proyectos que todavía no entraron porque hicimos mucho ruido en la prensa nacional e internacional. Pero en otros, tienen el aval de la comunidad porque han logrado que gente joven empiece a trabajar en empresas, les dan salario, trabajo, hacen que la gente se quede trabajando».
En el estudio de FARN se llevaron a cabo entrevistas con una decena de pobladores y se halló una marcada diferencia en los puntos de vista de la población hacia las empresas de litio: por un lado, un grupo está centrado en las oportunidades de empleo, mientras que otro se preocupa centralmente por los impactos de la extracción de litio en el ambiente. «Así, sus expectativas para el futuro cercano son diferentes dependiendo de su foco en el empleo o los impactos ambientales», aclaran el estudio.
Pese a que muchas veces otorgan empleos a ciudadanos de los territorios explotados, la experiencia de proyectos mineros en el país muestra que son oportunidades transitorias.
«El Proyecto Chinchillas comenzó en el 2000. La gente empezó a trabajar, se decía que era para 30 años. En el 2007 lo cerraron. Y ahora estamos preocupados por el impacto ambiental, por cómo dejan el territorio», expresa Flores.
No queda nada en las provincias
Además, el beneficio colectivo es ínfimo respecto a las ganancias de las transnacionales: «Pensando en lo que cuesta una tonelada de oro, y sabiendo que damos unas 200 mil toneladas, nos preguntamos dónde está la plata. No somos economistas, pero vemos que esa ganancia no está acá. Las empresas se llevan todo, queda nada en la provincia», expresa Flores.
Consultado por las acciones del Gobierno de Gerardo Morales en la protección de los derechos de los pobladores, Flores sostiene que «dicen que lo están haciendo, pero no es así». Y relata que los pobladores ni siquiera perciben los beneficios de la industria: «Tenemos un Parque Solar en la Puna y los pueblos usan grupo electrógeno».
«Cuando hablamos de la consulta, siempre aparece el tema de las empresas, no del Estado. Y es una obligación estatal asegurar la consulta, no de las empresas», remarcó.
Respecto a las alternativas de formas más sustentables de extraer el litio, Flores reconoce que hay debates, pero no existen proyectos a futuro: «Dicen que se puede hacer sin agua, pero son comentarios, no hay realidades. No hay proyectos. Si no tenemos nada, no podemos plantear que es posible hacer litio sin agua».
El futuro de Chubut
Pese a que no se sabe con exactitud de qué manera avanzarán los proyectos en la Patagonia, la abogada Chalabe explica que «el modelo que se repite en el país es el mismo, hay vanos intentos de nacionalizar el litio y de declararlo recurso estratégico para el país, pero por la reforma de la Constitución de 1994, la decisión de explotación es de las provincias».
«Hay situaciones que se dan en cada provincia, y tiene que ver con la decisión que toma cada una, pero sí veo un consenso en esto de explotar a mansalva para conseguir recursos», describe y pone en discusión esa idea: «Nosotros no queremos que se ponga en riesgo el agua, creemos que el agua vale más que el litio, los pueblos no quieren ser zona de sacrificio. Queremos que se discuta esto, la idea falaz -asentada sobre premisas falsas- de que el litio es para todos».
«Siempre es posible pensar otros escenarios» sostiene Chalabe frente a los discursos que buscan posicionar la industria del litio como una oportunidad estratégica, «pero hoy la realidad es que si el marco normativo no cambia, las empresas no tienen por qué cumplir otras premisas».
«La empresa va, presenta sus papeles como exige la provincia, de acuerdo al procedimiento legal, y con eso se aprueba y comienza la explotación. El problema es que hoy las comunidades siempre son invitadas a conversar como terceros, como agregados, apenas una perspectiva más. Pero son los dueños del territorio, en sentido jurídico, son el actor principal que se está obviando, sus decisiones no pueden ser nunca una perspectiva», concluyó la abogada.
FUENTE: El Extremo Sur
Unidad Piquetera: Conferencia de
prensa y corte total de la Avenida 9
de julio por los decenas de miles de
suspensiones e invalidaciones de los
programas sociales /El martes 7 cortes
simultáneos en todo el país
Resumen Latinoamericano, 3 de febrero de 2023.
Las organizaciones sociales que integran la Unidad Piquetera realizaron este viernes 3 de febrero una conferencia de prensa frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a cargo de Victoria Tolosa Paz, para denunciar que «se produjo la suspensión de 160.000 familias víctimas de un ajuste salvaje del gobierno nacional ordenado por el FMI».
La actividad se dio además en el marco del no pago de los programas «por problemas técnicos». Ese pago estaba programado para este viernes y no llegó, aumentando aún más la incertidumbre y el padecimiento en millones de hogares humildes. Por eso, se ratificó el plan de lucha que tendrá lugar el 7 de febrero con cortes simultáneos en los accesos a la Capital y en 180 rutas del país. De esta manera se dará un claro mensaje a un gobierno insensible que ajusta contra el pueblo y a favor de seguir pagándole millones de dólares al FMI. Luego de la conferencia de prensa, los miles de piqueteros que se habían concentrado frente al ministerio de Desarrollo Social, cortaron primero parcialmente y luego en forma total la Avenida 9 de Julio, incluido el metrobus.
En un momento desde el Ministerio se convocó a una reunión con tres funcionarios del mismo (uno de ellos, Leo Moyano). Allí la delegación de la Unidad Piquetera planteó el problema de los compañerxs que han sido suspendidxs del padrón o directamente invalidadxs, expresándole a los funcionarios que esa medida del no cobro era una decisión política y no un problema técnico .
Se insiste en que el gobierno tenía toda la información de los compañerxs, de los que pudieron validar sus datos y los que no pudieron también
Moyano se comprometió en tener una respuesta en lo político para el lunes y en lo de gestion se iban a poner a trabajar en el problema de los compas que hicieron la validez y hoy figuran suspendidos, así como los otros reclamos.
El corte duró varias horas, y fue un anticipo de lo que ocurrirá el martes próximo, ya que a la salida de la delegación piquetera del Ministerio se ratificó el plan de lucha.
El recorte en los planes sociales forma parte de una ofensiva más amplia contra los trabajadores al servicio del FMI. La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, dictaminó hace poco tiempo que las auditorías de los planes se lleven adelante por internet, cuando en Argentina la pobreza y la falta de conectividad afecta a millones de personas. Muchos trabajadores realizaron esa validación online en tiempo y forma, pero igualmente fueron suspendidos.
EN EL BARRIO SAN JOSÉ DE ALMIRANTE BROWNJuicio Hogar Casa de Belén: se realizó una inspección ocular en la casa donde mataron a la madre de los hermanos Ramírez
En la mañana del jueves 2 de febrero se llevó a cabo, a instancias del Tribunal Oral Federal (TOF) de La Plata, un recorrido judicial por las inmediaciones de la vivienda en la que el 15 de marzo de 1977 se produjo un brutal operativo conjunto entre Policía Bonaerense y el Ejército y del que resultaron acribillados Florencia Ruibal, José Luis Alvarenga y Vicenta Orrego Meza de Ramírez. Esta última, antes de morir por los impactos de bala, alcanzó a sacar a sus tres hijos por una ventana trasera pero semanas más tarde ellos serían institucionalizados en el Hogar Casa de Belén por decisión de una jueza de menores. Allí sufrirían graves vejaciones, abusos y violencias, que actualmente se juzgan en un juicio de lesa humanidad con 9 imputados.
ANDAR en la justicia
Actualmente el barrio San José de Almirante Brown tiene pocos terrenos baldíos pero en 1977 estaba conformado por un puñado de casas dispersas rodeadas por un relleno sanitario, una pequeña laguna y algunas lomadas de tierra. En una de aquellas viviendas hacia marzo de aquel año se había instalado Vicenta Orrego Meza de Ramírez con sus tres pequeños hijos -Alejandro, María Ester y Carlos Ramírez, de 2, 4 y 5 años respectivamente-, y luego se sumarían una mujer y un hombre que en el barrio los suponían como pareja pero que, en realidad, los unía la militancia.
En aquella humilde casa se produciría un brutal y masivo operativo conjunto entre Policía Bonaerense y el Ejército que terminó con la muerte de Florencia Ruibal, José Luis Alvarenga y Vicenta Orrego Meza. Centenares de impactos de bala fueron contabilizados por los vecinos más cercanos que, al retirarse las fuerzas con los cuerpos sin vida, se acercaron a la vivienda. Uno de ellos, Francisco Nogueira, tenía 10 años en aquel momento y fue, junto a Ramón Roberto “Pepe” Galeano, quien este jueves 2 de febrero guió a los jueces del TOF 1 de La Plata en la inspección ocular.
“Cuando se iban los policías, pedí permiso para ingresar a la casa para buscar una pala que le había prestado a Vicenta. Entré por la puerta de atrás, ya que en aquellos años la casa estaba aislada del resto y estaba rodeada de baldíos. La abertura parecía un colador y una de las balas había atravesado la madera y agujereado la garrafa, por lo que había mucho olor a gas. Durante un tiempo tuve impregnado en la nariz el olor a gas y sangre de aquella casa”, relató el testigo Nogueira.
Galeano, por su parte, es un hombre mucho mayor y recuerda a Nogueira y a los hijos de Vicenta Meza cuando jugaban a la pelota en la calle o pasaban corriendo por su casa: “Eran muy chiquitos ellos. Y de aquel operativo, yo acababa de llegar del trabajo y el barrio estaba a oscuras porque habían cortado la luz y no dejaban acercarse a nadie hasta las inmediaciones de la casa de Vicenta. Yo tardé mucho tiempo en hacer varias cuadras con mi bicicleta. Finalmente, en medio de la balacera, escuché gritos. Salí al patio de atrás de mi casa y vi a los tres niños llorando y avanzando hacia donde yo estaba. Me acerqué y los guié hasta ponerlos a salvo. De milagro no los alcanzó una bala”.
Los dos testigos se dirigen a los jueces del TOF 1 y van rodeados por unas 15 personas que representan al Ministerio Público Fiscal, a las querellas –no participó nadie por las defensas- además de vecinos que acompañan el recorrido. Todo queda enmarcado en menos de una cuadra, que es la distancia entre la casa donde vivía Vicenta Meza con sus hijos y las casas de Nogueira y Galeano.
Según los testigos, en las inmediaciones de la casa atacada intervinieron personas vestidas de civil, mientras que alejados y formando un estricto control de ingreso al barrio se habían apostado los policías uniformados y con sus patrulleros. La dirección de las balas provenía de múltiples ángulos, incluso desde arriba de uno de los techos de las casas cercanas.
Y en cuanto a la masacre de los adultos que ocupaban la vivienda, dos de ellos fueron asesinados por un grupo de personas que se acercó hasta la ventana del frente, mientras que Vicenta recibió los disparos en la parte trasera del inmueble luego de haber sacado a sus hijos por otra ventana.
Según el testigo Nogueira, “mi opinión es que si querían llevárselos con vida podrían haberlo hecho porque no tenían forma de escapar de esta casa. La policía había rodeado la zona, era un descampado por lo que no podían ocultarse si las víctimas hubiesen querido hacerlo. Pero aquélla no era la intención”.
Fue tal la cantidad de disparos realizados aquella noche que en un momento uno de los responsables del operativo gritó: “No tiren más, no tiren más, que le van a pegar a uno de los nuestros”. Los cuerpos de las tres personas masacradas serían retirados a la calle y de allí subidos a dos carros de un vecino de la zona, con los que trasladaron los restos por unas cuadras hasta donde los esperaba una morguera oficial.
Y durante los días posteriores, hasta que intervino una jueza de menores y dispuso la ubicación de los niños en el Hogar Casa de Belén, permaneció estacionada en el barrio una custodia policial que vigilaba desde el interior de una Estanciera. Los policías eran del barrio, conocidos por todos: “Zárate y Cabrera”, coincidieron los testigos.
Tras casi media hora de relatos y recorridas por la cuadra, llegó la anécdota final surgida desde lo profundo del dolor que habitó en la memoria del testigo Nogueira durante más de 45 años. Señalando hacia una pequeña terraza de una casa cercana a la suya explicó que, apenas horas después del operativo y ya por la mañana, desde allí arriba observaban los tres hijos de Vicenta Meza de Ramírez cómo los vecinos de la zona ingresaban a la que había sido su casa y se robaban los pocos objetos de valor que encontraban.
“Yo estaba con ellos, era amigo de Carlos, el mayor. Y no me puedo olvidar de su frase, mientras la gente entraba y salía con las pertenencias de la familia: ‘¡Se están robando mis juguetes!’”, recordó el testigo, quien no pudo continuar con su relato.
Datos sobre el juicio
Comenzó el 4 de marzo pasado a instancias del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata –integrado por los jueces subrogantes José Antonio Michilini, Andrés Fabián Basso y Nelson Javier Jarazo- y se ventilan los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los hermanos Ramírez, apropiados durante la última dictadura y cuya identidad se mantuvo adulterada por más de 6 años, además del homicidio de la madre de los niños y de otras dos víctimas.
Hay solo 9 imputados, ya que otros 10 murieron y 3 fueron apartados del proceso por incapacidad sobreviniente. En torno al caso de los hermanos Alejandro, María Ester y Carlos Ramírez, solo estará sentada entre los imputados la ex secretaria del Tribunal de Menores de Lomas de Zamora, Nora Susana Pellicer, quien cumplió un rol secundario en la supresión de identidad de los niños y la niña.
Cabe aclarar que este juicio llega con la unificación de dos causas: la que se conoce como “operativos” e investiga un procedimiento realizado en conjunto por el Ejército y la policía bonaerense el 15 marzo de 1977, en el barrio San José de la localidad de Almirante Brown, que terminó con la muerte de Florencia Ruibal, José Luis Alvarenga y Vicenta Orrego Meza de Ramírez, la madre de los niños apropiados. Al día siguiente las mismas fuerzas asesinaron a otras tres personas en Lavallol. La otra causa es la que se conoce como “Hogar de Belén”, y contempla justamente la apropiación y sustracción de identidad de los niños Alejandro, María Ester y Carlos Ramírez (de 2, 4 y 5 años respectivamente en marzo de 1977) luego de la ejecución de su madre en el operativo de fuerzas conjuntas realizado en la localidad de San José.
Los hermanos fueron alojados y permanecieron por más de 6 años en el Hogar Casa de Belén, un instituto de menores de Banfield a disposición del Tribunal de Menores de Lomas de Zamora, que durante todo el período impidió que los familiares –su padre y una hermana de éste- conocieran su paradero a pesar de las incesantes averiguaciones y gestiones que llevaban adelante para dar con ellos. Allí los niños padecieron todo tipo de violencias, abusos sexuales y amenazas, entre otros padecimientos hasta que lograron reencontrarse con su padre.
Fuente:Andar
03.02.2023 / Economía
Massa relanzó Precios Justos: incluye canasta escolar y topes a las cuotas de los colegios
Los acuerdos de precios contemplan aumentos del 3,2% mensual en casi 50 mil productos de consumo masivo hasta el 30 de junio y de dos mil artículos que seguirán teniendo el precio congelado por los próximos meses. Las cuotas de escuelas podrán aumentar hasta un 3,5%, mientra que la canasta escolar 3,2% mensual.
El ministro de Economía, Sergio Massa, relanzó este viernes el programa Precios Justos acompañado de referentes empresariales y gremios. Esta nueva etapa incluye una canasta escolar para el inicio de clases y un criterio único para el aumento de cuotas de escuelas privadas.Los acuerdos de precios contemplan aumentos del 3,2% mensual en casi 50 mil productos de consumo masivo hasta el 30 de junio y de dos mil artículos que seguirán teniendo el precio congelado por los próximos meses.
Con respecto a las cuotas en las escuelas, se estableció un criterio único para todo el país, que se anunciará el miércoles que viene en el Consejo Federal de Educación, que baja un 40% en promedio el aumento inicial y establece hasta el 30 de junio un sendero de 3,5% en el caso de los colegios. En cuanto a la canasta escolar, habrá incrementos del 3,2% mensual hasta mitad de año.
Según información del INDEC, el rubro Educación tuvo en 2022 un aumento de 83,2%, unos 12 puntos por debajo de la inflación. Pero una buena parte se había concentrado en los meses finales que además impactaron en las matrículas de inscripción de 2023.
En este marco, Massa pidió a las empresas evitar "picardías" y aseguró que esta segunda etapa de Precios Justos "tiene más precios y más castigos". Por ejemplo, "las pymes van a tener programas de crédito para aumentar la producción de bienes de capital", mientras que el Estado implementará "un régimen acelerado de acceso al mercado único libre de cambios" y "la posibilidad de financiarse con tasas subsidiadas para aumentar" la producción de bienes.
Al respecto, subrayó que "algunas empresas limitaban el abastecimiento de productos en góndolas" y apuntó contra un municipio del sur bonaerense que estableció un impuesto del 5% sobre el precio final del producto al consumidor.
Por último, hizo referencia a los controles hechos por Camioneros: "Algunos veían algún chaleco de un municipio o sindicato en un supermercado y entraban en pánico, y en verdad estaban verificando". Por eso, resaltó el lanzamiento del nuevo tablero digital de verificación online, que permitirá relevar más de 15 millones de datos diarios.
REM - BANCO CENTRAL
Analistas privados estimaron una inflación del 5,6% para enero
El Banco Central publicó los datos del Relevamiento de Expectativas del Mercado.
03/02/2023
Los analistas privados estimaron que el índice de precios al consumidor registró en enero un incremento de 5,6%, tras el alza 5,1% registrada en diciembre pasado, según los resultados del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) elaborado por el Banco Central (BCRA).
Las variaciones esperadas para los meses siguientes implican una inflación promedio durante el primer semestre en torno a 5,7%, lo que representa una merma de 0,2 puntos porcentuales (p.p.) respecto al relevamiento de diciembre.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informará el martes 14 de febrero la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero.
Los datos publicados hoy por el Banco Central corresponden al relevamiento realizado entre los días 27 y 31 de enero, que contó con 40 participantes, entre los que se contaron 26 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 14 entidades financieras de Argentina.
En el primer relevamiento del año, los analistas estimaron una inflación para todo el año de 97,6% interanual (i.a) lo que representó una baja de 0,9 puntos porcentuales respecto del pronóstico previo.
Por otra parte, estimaron un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real para el 2023 de 0,5%, igual resultado que el realizado en diciembre, y del 1% para el 2024.
Los analistas de la plaza financiera estimaron también que durante este mes la tasa Bablar de bancos privados se ubicará en 69,39%, levemente inferior a la tasa promedio de 69,47% registrada durante enero.
En cuanto al tipo de cambio nominal mayorista ($/US$) promedio mensual de días hábiles se ubicó en $182,24 por dólar durante enero.
El pronóstico de quienes respondieron el REM indicó una suba mensual de $10,05 (+5,5% mensual) por dólar hasta $192,30 en febrero.
Los analistas estimaron también una tasa de desocupación abierta de 7,8% para el cuarto trimestre de 2023 (0,3 p.p. más que el REM previo) y del 7,8% para fines del 2024 (0,2 p.p. más que el anterior).
Hasta el tercer trimestre del año pasado, último dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) el desempleo alcanzaba al 7,1%.
Fuente:TiempoArgentino
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