TROPEL del 21.03.2023.

 

CORREPI presentó el archivo de 

casos 1983-2022

Por Nicolás Solo, Resumen Latinoamericano, 20 de marzo de 2023.

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentó este viernes en Plaza de Mayo la actualización del Archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal de 1983 a 2022. El informe relevó una caída de casos de gatillo fácil bajo el gobierno del FDT en relación a la gestión macrista, pero un incremento de asesinatos en custodia, entre otros datos. La jornada, que tuvo como uno de sus ejes el reclamo “A 40 años de democracia, es urgente una agenda contra la represión”, fue cerrada por un recital de Sara Hebe.

Compartimos a continuación el informe presentado -tanto en formato texto como en PDF para descargar- y la transmisión en vivo realizada por las y los compañeros de Antena Negra TV:

ARCHIVO 2022: A 40 años de democracia, es urgente una agenda contra la represión

Recopilación de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del estado 1983/2022

TRES AÑOS DEL FRENTE DE TODOS:

Expectativas desperdiciadas y el peligro de una derecha vigente

La oportunidad perdida

La consigna principal del Informe de la Situación Represiva Nacional 2021 fue “La deuda es con el pueblo”, en evidente referencia a la negociación que llevó adelante el gobierno de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional durante sus primeros dos años de gobierno, y se acercaba a su desenlace en 2022.

Como en tantas otras áreas, la promesa de campaña de investigar una deuda absolutamente fraudulenta terminó en un acuerdo perjudicial y de sometimiento para nuestro país. El propio FMI violó su estatuto, dejó los dedos marcados en el texto de acuerdo, y blanqueó, a través del ex asesor de Donald Trump y ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo Mauricio Claver-Carone, que dar el mayor préstamo de la historia de la entidad a Mauricio Macri “para que gane las elecciones” fue una decisión del gobierno de EEUU.

Con toda esta información a favor, Alberto Fernández y Martín Guzmán decidieron de todas formas definir un pago que incluye revisiones permanentes (y por ende, la intromisión y condicionalidad del Fondo en la economía argentina) y una curva de vencimientos imposible, aún con las innumerables “oportunidades” productivas que el gobierno presenta como el futuro del país.

A pesar de que fueron algunos legisladores nacionales del Frente de Todos quienes presentaron proyectos de ley para investigar el destino de los miles de millones de dólares fugados durante el gobierno de Juntos por el Cambio, y de los reclamos de los espacios de mayor representación popular sobre Alberto Fernández y todos los funcionarios de las áreas económicas y productivas para que dejen de “poner la otra mejilla” frente a los sectores de poder, la actitud del gobierno estuvo marcada no solo por la nula confrontación, sino por permanentes retrocesos y claudicaciones a la hora de tomar medidas concretas.

Luego, Sergio Massa y la flamante ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz decidieron ajustar, contándole las costillas a quienes no llegan a fin de mes. Al cierre de incorporaciones de empleadxs estatales, se sumó también el cese de habilitaciones a nuevxs trabajadorxs en el programa Potenciar Trabajo, una minuciosa (y cruel) investigación sobre lxs actuales beneficiarixs, que concluyó en la baja de casi 200.000 personas, y la implementación de un esquema de subsidios que significó un aumento de la luz y el gas entre el 30% y el 40% para quienes peor la están pasando.

No pasarán

“En el claroscuro surgen los monstruos”, decía Antonio Gramsci. Y en ese claroscuro estamos. Las derechas en todo el mundo, en sus distintas expresiones más o menos radicalizadas, están ocupando un lugar central en la política. La novedad no es el hecho en sí, sino las formas. Sin esconder sus propuestas, y aún con la vivencia de sus consecuencias en muchos países (como lo padecido durante el gobierno de Cambiemos en Argentina), la derecha logra conquistar la subjetividad de sectores populares que, más temprano que tarde, se verán perjudicados en su propia vida cotidiana. En Europa es un fenómeno de mayor duración, y las distintas fuerzas conservadoras ocupan lugares centrales en los gobiernos y parlamentos de las principales potencias. Sin ir más lejos, Ucrania, uno de los países involucrados en el conflicto bélico actual de mayor injerencia en la geopolítica y la economía mundial, tiene como parte de la coalición gobernante a movimientos abiertamente nazis.

En EEUU, la pandemia de la COVID-19 fue utilizada como teatro de operaciones del Partido Republicano para polarizar a la sociedad y sumar adeptos a la causa conservadora, a partir de cuestionamientos inverosímiles alrededor de la situación sanitaria y social que se vivía en todo el mundo. El corolario fue una de las imágenes más grotescas que vimos en los últimos años: ante la derrota de Donald Trump, principal referente de estas corrientes absurdas y peligrosas, en las elecciones presidenciales de 2020, seguidores del empresario tomaron el Capitolio (uno de los escenarios centrales de la política del país del norte global), provocaron destrozos de todo tipo, y la escena terminó con personas muertas y centenares de detenciones.

Vimos replicarse este hecho, a principios de 2023, en Brasil. A días de haber asumido el presidente Lula Da Silva, militantes de Jair Bolsonaro tomaron y atacaron las sedes de los tres poderes institucionales en Brasilia, con absoluta connivencia policial. Porque, por supuesto, Latinoamérica no está exenta de esta avanzada fascista mundial. Muy por el contrario, en los últimos años, sirvió de tablero de ajedrez en la disputa comercial de las principales potencias mundiales. Y esto se dio a través de las distintas fuerzas políticas locales, y con distintos métodos. Golpes de estado, guerras de baja intensidad, el rol de los grandes medios de comunicación y la intervención del poder judicial, favorecieron la llegada al poder de una derecha que se construyó como contracara de la oleada “progresista” que gobernó en la segunda década del siglo XXI en la región. Fue tal la violencia de sus políticas de ajuste y represión, que apenas duraron un mandato. En la calle o en las urnas, el pueblo los enfrentó y les dio la espalda. Sin embargo, las coaliciones políticas que tomaron el poder, con las imitaciones de su propia conformación, no pudieron o no supieron administrar los resultados críticos de las gestiones precedentes en beneficio de los sectores populares que les dieron su apoyo.

Argentina es claro ejemplo de esta situación. El Frente de Todos no estuvo a la altura de las expectativas iniciales que cosechó en las elecciones. Y este es uno de los principales motivos que mantiene a Juntos por el Cambio como una opción de poder en las elecciones presidenciales de este año, a pesar de las terribles consecuencias que significó su gobierno para el pueblo argentino. La falta de voluntad política para avanzar en medidas necesarias y profundas, permitió la construcción de un relato sobre la coalición gobernante como un movimiento que, si lo dejan, va por todo. La instalación de la meritocracia como una verdad revelada y la nula resolución de los problemas de las mayorías populares y trabajadoras alentó el crecimiento de un espacio que, hasta 2019, se nucleaba dentro de la alianza Cambiemos, y ahora busca su representación en voces que prometen soluciones violentas, inmediatas y tajantes. Así surge con fuerza el colectivo autodefinido como “libertarios”, que se expresa en referentes como Javier Milei, José Luis Espert y Victoria Villarruel. El efectivo manejo de las redes sociales, la postulación de soluciones fáciles y rápidas, una oratoria vehemente y funcional, por un lado, al show mediático, y por otro, a aquellos que buscan un freno al crecimiento de expresiones que cuestionan los privilegios sociales de todo tipo, permitió que Avanza Libertad (la herramienta política de ese espectro pseudofascista) construya una base electoral que lo catapultó a conseguir cuatro bancas legislativas a nivel nacional, y otros espacios en distintos estratos locales.

La creciente exposición pública envalentonó a los consumidores de este hipócrita discurso antipolítica. En combinación con el tono y el accionar al filo de lo institucional por parte de Juntos por el Cambio, se fue construyendo un clima espeso y de escalada violencia política. Así llegamos al 1º de septiembre de 2022, cuando se dio un hecho que marcó el hito del año, y de la historia contemporánea nacional, con el intento de asesinato de la vicepresidenta.

Independientemente de la cercanía o simpatía política que despierte la vicepresidenta, rápidamente las organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, entendimos que esto traspasaba una línea hasta ahora no violentada desde el retorno de la democracia. Si estos espacios, que desprecian a los sectores populares y reproducen discursos como “cárcel o bala”, llegan con tanta ligereza a acercar un revólver a la cabeza de una funcionaria nacional, ni más ni menos la vicepresidenta, ¿qué nos espera a nosotrxs, si pretenden, en cualquiera de sus expresiones, volver a gobernar o llegar por primera vez? Lo preocupante no es la pregunta, sino la respuesta, que conocemos por la experiencia vivida entre 2015 y 2019 y en los distritos donde esos sectores son gobierno.

Este año, las banderas más altas que nunca

En 2023 se cumplen, por primera vez en nuestra historia, 40 años ininterrumpidos de democracia. Formal, insuficiente, condicionada, burguesa, y todo lo que podamos acotar al respecto. Pero, al fin de cuentas, democracia. CORREPI nace como organización en el contexto democrático, y es en ese marco que hace más de 30 años lucha contra la represión estatal. Las 8.701 personas asesinadas por el aparato represivo, en sus distintas modalidades y por sus distintas fuerzas, es una de las principales deudas de la democracia con el pueblo trabajador. Sabemos que estas prácticas no van a cesar de una vez y para siempre en la medida que el capitalismo siga siendo el sistema imperante. Tenemos en claro que, como organización política, de anclaje popular, y que activa en el campo de los derechos humanos, debemos luchar día a día para denunciar su sistematicidad, pero también tenemos que hacer lo posible para que los nombres del listado sean cada vez menos.

Hace muchos años que propugnamos una serie de medidas, que consolidamos en nuestra Agenda Urgente Antirrepresiva, que servirían para paliar significativamente los efectos mortales que la represión tiene sobre el pueblo. Algunas de ellas, incluidas en nuestro Informe 2019, fueron adoptadas al inicio de este gobierno, y hoy podemos ver los resultados de esa decisión política. Respecto del gatillo fácil, es evidente que la derogación de los llamados “Protocolos Bullrich”, con la “Doctrina Chocobar” que habilitaba a las fuerzas federales a disparar a personas desarmadas, sumado al hecho indiscutible de que en estos tres años no hemos tenido que soportar defensas públicas, fotos y abrazos de integrantes del presidente o sus ministros con policías fusiladores, marcó un cierto límite a esa práctica inveterada respecto de las fuerzas federales. No sucedió lo mismo en otros distritos, como la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Chubut, Mendoza, La Pampa y CABA, como lo muestra el Archivo. El solo hecho de volver a la normativa anterior ya tuvo un impacto favorable.

La prohibición a todas las fuerzas de portar y usar el arma reglamentaria fuera de servicio o de civil tendría un resultado aún más manifiesto, ya que el 66% de los fusilamientos de gatillo fácil y el 95% de los femicidios de uniforme ocurren en esas circunstancias. En marzo de 2020, poco antes del inicio de la cuarentena, el Ministerio de Seguridad Nacional tomó esa decisión para la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Sin perjuicio de que es la fuerza menos numerosa y con menos casos totales, desde entonces no hemos registrado un solo caso de gatillo fácil cometido por sus integrantes.

Otro conjunto de medidas imperativas tendría consecuencias directas respecto de las muertes en lugares de detención. Es imprescindible revisar el uso masivo de la prisión preventiva, que con­vierte en privilegio inalcanzable para las mayorías el derecho a transcurrir el proceso en libertad para de­litos menores o sin peligrosidad hacia las personas, mientras es la moneda corriente cuando se trata de policías que fusilaron por la espalda. Ni hablar de la necesidad de garantizar atención médica y psicoló­gica suficiente y elementos básicos para la alimenta­ción e higiene a las personas detenidas, que también mueren masivamente por enfermedades curables extramuros. Pensemos que el COVID-19 fue siete veces más letal dentro que fuera de las cárceles.

Esto también disminuiría la cantidad de personas detenidas en co­misarías, que deberían estar en un penal o en libertad, según el caso. Sólo en CABA se sextuplicó en los últimos dos años la cantidad de personas alojadas en sus dependencias, debido a la política de fuerte carcelación de la justicia local y nacional. Pero en las comisarías también hay personas (muchas) que no están acusadas de cometer un delito. Es histórica nuestra exigencia de eliminar todo el sistema de facultades que habilitan a las fuerzas de seguridad a detener personas arbitrariamente, sea por “averiguación de antecedentes”, “para identificar”, por arrestos preventivos en ma­teria contravencional o por razzias. En 2023 se cumplen también 20 años del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bulacio, que condenó al Estado Argentino a eliminar todo ese sistema de detenciones arbitrarias. La única diferencia entre unos y otros gobiernos a lo largo de estas dos décadas, es que algunos se esforzaron en articular excusas, pero ninguno cumplió esa senten­cia, que obliga al Estado Argentino ante la comunidad internacional de la que tanto se ufana de formar parte. Y la mayoría de las personas que mueren en comisarías, estaban arbitrariamente detenidas. Por eso exi­gimos el cumplimiento efectivo del fallo Bulacio y el cese de estas prácticas. ¡Basta de detenciones arbitrarias!

En las calles, contra la represión

El lugar donde CORREPI elige dar la lucha para que estas medidas sean escuchadas, para exigir la libertad de compañerxs represaliadxs, o para enfrentar cualquier medida que represente un retroceso o una avanzada contra lxs trabajadorxs, fue, es y será la calle.

Creemos que todos los reclamos de la Agenda Urgente Antirrepresiva deben ser tomados por el conjunto del campo popular, como parte de las distintas reivindicaciones que se exigirán duran­te este año, antes y después del 10 de diciembre, y convertirlos en demanda social masiva. Sabemos que será imposible avanzar con cualquiera de estas conquistas si la peor derecha vuelve al poder. Debe ser la consigna que nos encuentre en la más amplia unidad posible en las plazas y las calles de todo el país. A partir de la expe­riencia vivida entre 2015 y 2019 durante el gobierno de Juntos por el Cambio, el gobierno más represor y letal desde el retorno de la demo­cracia, y las vociferaciones de los sectores más rancios que se ubican aún a la extrema derecha del macrismo, necesitamos preservar nuestra propia vida para sostener todas las banderas de nuestras luchas, las históricas y las actuales, y así lograr cambiar millones de realidades que unos pocos intentan pisotear.

Recopilación de casos de perso­nas asesinadas por el aparato represivo del estado 1983·2022

1. ¿Por qué hacemos el Archivo?

En el mes de abril de 1996, el presidente Carlos Menem “explicó” a los medios por qué crecían las denuncias públicas por fusilamientos policiales: “Hay periodistas de pluma fácil”, dijo. En los meses siguientes, la tesis fue reforzada por el jefe de la Policía Federal, comisario Adrián Pelacchi, y por el ministro del Interior y responsable de las fuerzas de seguridad federales, Carlos Vladimiro Corach, que agregó una frase en la que resonó la voz de Videla respondiendo sobre los desaparecidos: “¿Dónde están los nombres?”.

Era necesario que CORREPI diera una respuesta contundente, pero no se nos ocurría cómo, hasta que Delia Garcilazo, mamá de Rodolfo “Fito” Ríos, torturado hasta morir en la cárcel de Caseros en noviembre de 1992, propuso en una reunión: “Hagamos una lista de todos los asesinados por las fuerzas de seguridad, de todo el país, desde que terminó la dictadura, y llevemos ese archivo a Plaza de Mayo”.

Cerca de fin de año, presentamos en Plaza de Mayo el primer Archivo de Personas Asesinadas por el Aparato Represivo Estatal, con datos de 262 casos. La repercusión que tuvo la humilde actividad, y la enorme utilidad que pronto advertimos que tendría contar con una herramienta que nos permitiera mostrar, en nuestra militancia cotidiana, lo más invisibilizado y naturalizado de la represión, nos motivó a sostener sistemáticamente la actualización del Archivo, y a reiterar cada año su presentación pública.

El Archivo siguió creciendo, fuimos perfeccionando las técnicas de búsqueda y las herramientas de análisis de los datos, y la actividad evolucionó hasta convertirse en una instancia de síntesis de las luchas antirrepresivas en todo el país, que convoca la presencia de organizaciones y compañeros y compañeras de todos los sectores, y permite, más allá de los vaivenes del “interés” de la prensa hegemónica, visibilizar la política represiva de cada etapa.

Este Archivo no es un pulido y perfecto trabajo estadístico. A pesar de que perfeccionamos cada año los mecanismos de búsqueda y procesamiento de datos, sabemos que nunca llegamos a conocer muchos casos. Muchas veces sólo contamos, como fuente, con lo poco que trasciende en los medios de comunicación, y es imposible el seguimiento a la distancia de los casos. Por eso, convocamos a toda persona que lea el Archivo a revisar los datos, completarlos, corregirlos y aportarnos la información que falta. Sabemos que es enorme la “cifra negra” que se nos escapa. Cada año incorporamos casos de años anteriores, que por diversas razones nos llegan mucho tiempo después. Es particularmente difícil acceder a los datos de las personas que mueren en cárceles, salvo cuando trascienden por la lucha de sus familiares y amigxs, ya que los informes oficiales de la Procuración Penitenciaria de la Nación o los de la Comisión Provincial por la Memoria y el Comité de Prevención de la Tortura sólo cubren las cárceles federales y las de la provincia de Buenos Aires.

Quizás la prueba más contundente del valor que tiene esta herramienta para las luchas populares hayan sido los esfuerzos de varios gobiernos nacionales y provinciales a lo largo de estos años para intentar desacreditarla. El más sistemático fue el protagonizado por la ministra de Seguridad Nacional de Cambiemos –hoy Juntos por el Cambio, o Juntos- Patricia Bullrich, que culminó con el patético contra-informe titulado “Ministerio de Seguridad vs. CORREPI”, presentado con gran pompa y circunstancia el 30 de septiembre de 2019, que no pudo desmentir un solo dato. Por el contrario, terminó, a su pesar, confirmando la precisión de los datos contenidos en este Archivo y hasta completó algunos registros en los que no contábamos con el nombre o grado del victimario, o ignorábamos la resolución judicial. No pudo señalar un solo caso como falso. En su cuenta mágica para bajar los números, descartó las muertes bajo custodia, los femicidios y otras modalidades; limitó su cuenta a tres fuerzas federales (PFA, PNA y GNA), y excluyó los casos considerados “legítima defensa” por “sus fuentes”, a las que tuvo a bien enumerar para que no quedaran dudas: las fuerzas, el ministerio y la justicia.

El objetivo de este Archivo, de su permanente actualización y de su presentación pública cada año, es aportar al análisis de la situación que vive nuestro país, contribuyendo a formar conciencia popular sobre la represión cotidiana como política de estado. Porque, adopte la forma que adopte, la represión es siempre de clase, y tiene la finalidad de perpetuar y profundizar la explotación.

2. ¿Cómo hacemos el Archivo?

Las pautas que utilizamos para la construcción del Archivo son las siguientes:

1. Incluimos todo caso que implique la aplicación de una política represiva estatal, así como la utilización de los recursos del aparato estatal, cuyo resultado sea la muerte de la víctima.
2. Respecto de los victimarios, incluimos todo caso en que los responsables sean miembros de las agencias represivas del estado: policía federal, policías provinciales, policía de la Ciudad, gendarmería, prefectura, servicio penitenciario, seguridad privada, grupos de choque tercerizados y fuerzas armadas.
3. Incluimos todas las modalidades represivas y solo lo que responde a la aplicación de esas políticas estatales. El Archivo no es un conteo de “civiles muertos” en enfrentamientos con fuerzas de seguridad o de “lamentables accidentes”, sino de personas que murieron como consecuencia directa o indirecta de la política represiva estatal.
4. Desagregamos las modalidades en: gatillo fácil (fusilamientos falsamente presentados como “enfrentamientos”); muertes de personas detenidas (que en buena medida corresponden a la aplicación de tormentos, e incluyen, también, algunos casos de desapariciones); fusilamientos en movilizaciones u otras protestas (asesinatos cometidos en el marco de la represión a la protesta y el conflicto social); muertes intrafuerza o intrafamiliares (casos en que el autor utiliza, para “resolver” un conflicto interno o familiar, en palabras de Rodolfo Walsh, los recursos represivos que le provee el estado, lo que incluye los femicidios y femicidios relacionados de uniforme); causas fraguadas, o consecuencia de otros delitos y otras circunstancias (que incluye la mayoría de las desapariciones). También desagregamos, sin perjuicio de la modalidad de la muerte, el total de desapariciones forzadas y de femicidios, femicidios relacionados y trans-travesticidios.
5. Cerramos la búsqueda de datos en noviembre, de modo que parte de ese mes, y todo diciembre, se incluyen en el Archivo del año siguiente.
6. Recurrimos a toda fuente disponible, aunque las básicas son el contacto directo con los familiares o amigos de las víctimas; el chequeo sistemático de diarios nacionales y provinciales; el aporte que recibimos de compañerxs que, desde sus provincias, sistematizan y nos remiten información ya chequeada y los informes de otras organizaciones y de organismos oficiales que registran datos de interés. Por ejemplo, los informes sobre femicidios, que registran un alto porcentaje de muertes a manos de miembros de las fuerzas de seguridad; los informes sobre muertes en cárceles de organizaciones anticarcelarias, y de organismos oficiales, como la Procuración Penitenciaria Nacional o la Comisión por la Memoria.

3. Las conclusiones

Los datos registrados, con una acumulación de 25 años, permiten extrapolar tendencias y sacar algunas conclusiones. Las que nosotros sistematizamos y exponemos se basan estrictamente en la información recogida, que nunca ha podido ser desmentida ni puesta en duda por ninguno de los sucesivos gobiernos a los que señalamos como responsables de las políticas que llevan a la represión en su respectiva etapa.

Pero debe quedar claro que el trabajo de compilar el Archivo y las conclusiones que sacamos de estos fríos números son parte de la lucha organizada contra la represión que nos determina como militantes. Por ello, no esperen encontrar un trabajo aséptico, desligado de convicciones y principios. La contundencia de los datos sólo confirma, año a año, la necesidad de profundizar, en todo el país, la aplicación práctica de nuestra consigna fundacional: ¡CONTRA LA REPRESIÓN, UNIDAD, ORGANIZACIÓN Y LUCHA!

La represión en la “nueva normalidad”

En esta 27ª actualización, incorporamos 529 casos al Archivo, totalizando 8.701 de diciembre de 1983 a diciembre de 2022, contra 8.172 que teníamos registrados hace un año. Además, tomamos nota de 9 casos ocurridos después del 1º de enero de 2023, que no están computados en los gráficos y tablas, ya que corres­ponden a lo que será la actualización 2023.

Este gráfico muestra la cantidad de casos totales que fuimos conociendo a la hora de cerrar cada actualización anual, desde la primera presentación en 1996, hasta esta vigésimo séptima, en 2022.

De esos 529 casos nuevos, 436 ocurrieron entre el 1/1/2022 y el 31/12/2022. Confirmando la permanente provisionalidad de la información del Archivo, siempre su­jeta a crecer a partir de nuevos hallazgos, además de esos 436 casos ocurridos en 2022, incorporamos 91 casos ocurridos en el curso de 2021, año que así registra un total de 508 casos, y dos casos de años anteriores.

Esta tabla y el gráfico que sigue muestran la cantidad de casos registrados en esta actualización para cada año. Además de advertir que la información disponible de los años 80 es poca e incompleta (los registros “sin datos” son todos anteriores a 1990), se destacan picos en los años de crisis (1989/91, 2000/2001, 2009/10, 2013). Se advierte igualmente el incremento sostenido en los años 2016/2019, bajo el gobierno de Cambiemos –hoy Juntos por el Cambio-, al amparo de la demagogia puniti­vista y sus expresiones normativas, como los protocolos de actuación policial (Doctrina Chocobar).

Los años 2020 y 2021 muestran otro salto importante, que, como veremos al analizar modalidades, responde en particular al crecimiento exponencial de muertes en luga­res de detención, consecuencia del permanente aumento del índice de carcelación en los últimos años, y a la fuerte incidencia de la pandemia, dos factores que aumentaron todos los índices de violencia y muertes intramuros.

En cambio, entre 2020 y 2022, hubo un descenso –rela­tivo, pero sostenido- de los fusilamientos de gatillo fácil, especialmente los de autoría de fuerzas de seguridad federales, lo que puede vincularse causalmente a algunas de las medidas tonadas entre diciembre de 2019 y marzo de 2020 por el Ministerio de Seguridad de la Nación (de­rogación de los protocolos Bullrich, prohibición del uso del arma reglamentaria fuera de servicio a la PSA).

De las 436 muertes correspondientes a 2022, 319 ocurrie­ron bajo custodia; 80 fueron fusilamientos de gatillo fácil; 20 responden a contextos de violencia intrafamiliar (19 femicidios –incluida una desaparición- y un femicidio rela­cionado); 4 fueron consecuencia de otros delitos policiales (entre ellos, dos desaparecidos) y 13 a otras circunstan­cias (incluida una desaparición).

Muertes bajo custodia estatal: Estar en un calabozo mata

Históricamente, las dos modalidades represivas de mayor incidencia numérica son los fusilamientos de gatillo fácil y las muertes de personas detenidas bajo custodia de funcionarios de las fuerzas de seguridad, en cárceles, comisarías u otros lugares. Sabemos que en los primeros años hay un gran subregistro general, en particular de las muertes en lugares de detención, ya que no existían, en los ’80 y ’90, informes de organismos oficiales a los que pudiéramos acceder. Recién empezamos a disponer de fuentes confiables, como las recopilaciones periódicas que hacen la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Comisión Provincial por la Memoria y otros órganos provinciales, como el Ministerio Público de la Defensa de Santa Fe, en el curso del siglo XXI.

Este gráfico ilustra las proporciones de cada modalidad sobre el total de casos registrados en el Archivo (8.701 desde diciembre de 1983 a diciembre de 2022):

La diferencia a favor de las muertes bajo custodia era muy inferior 20 años atrás, al punto que estaba casi a la par del gatillo fácil. A lo largo de los años se fue ampliando, hasta llegar en los últimos años a triplicar los fusilamientos en la vía pública. En los tres años de gobierno del Frente de Todos, la brecha es enorme, con 1.066 muertes bajo cus­todia contra 300 fusilamientos de gatillo fácil. En 2022, la proporción es de 319 a 80. Así lo vemos en estos gráficos que ilustran la gestión desde el 10 de diciembre de 2019 hasta hoy, y el año 2022 en particular: Este gráfico ilustra las proporciones de cada modalidad sobre el total de casos registrados en el Archivo (8.701 desde diciembre de 1983 a diciembre de 2022):

Para entender las razones de este exponencial aumento de muertes bajo custodia hay que empezar por revisar la situación carcelaria nacional, y el índice de encarcela­miento. Según informes oficiales2, entre 2001 y 2021 pasamos de 34.000 personas privadas de libertad en cárceles a más de 100.000, a las que hay que sumar al­rededor de 20.000 en comisarías, alcaidías e institutos.

Si bien en 2020 y primeros meses de 2021, pandemia mediante, se frenaron un poco los nuevos ingresos, a partir de que algunos jueces optaron por evitar el encar­celamiento por delitos menores respecto de personas especialmente vulnerables, en los últimos meses de 2021 y todo 2022 se aceleró nuevamente la tasa de encarce­lamiento, que hoy, a nivel nacional, es de 241 personas cada 100.000 habitantes. Es una tasa bastante inferior a las de países que encabezan los récords mundiales, como EEUU (639) o El Salvador (562), pero enorme si se advierte que en 2002, primer año de existencia del Siste­ma Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), se registraba una tasa de 123 personas cada 100.000 habitantes.

Estos números demuestran, además, la falsedad absoluta de la campaña reaccionaria con el titular “Masiva liberación de presos en pandemia”, promo­vida por la prensa hegemónica al compás de los inte­reses de la derecha, fundamentalmente de referentes de Juntos por el Cambio y “libertarios”, pero también desde el oficialismo, como el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Los datos oficiales publica­dos por organismos judiciales de todo el país permiten verificar que los pocos casos de libertadas asistidas o condicionales concedidas durante la pandemia refirieron a personas que ya estaban en condiciones de acceder a ese tratamiento, por cumplimiento de los recaudos necesarios de acuerdo a la pena que purgaban. De hecho, en algunos distritos, como la provincia de Buenos Aires, la feria judi­cial extraordinaria del primer semestre de 2020 paralizó el trámite de los expedientes de personas que debían salir en libertad en ese período. Lo mismo sucedió con los arrestos domiciliarios y otras formas de morigeración de la prisión preventiva o el cumplimiento de la pena, que sólo se concedieron a quienes hubieran obtenido la misma me­dida sin pandemia, y también con las demoras que impu­so el cese de tareas de los juzgados. Todo esto, huelga aclararlo, no afectó a los siempre privilegiados por el poder judicial, como los funcionarios de las fuerzas de seguridad, que rara vez van presos, con o sin pande­mia. El criterio judicial para ordenar el encarcelamien­to de uniformados por delitos graves, como homicidio calificado, es tan ínfimo, que si se aplicara de manera uniforme al resto de las personas bajo proceso, las cárceles se vaciarían en un instante. No es menor destacar que la mitad de las personas presas no están condenadas, y sólo el 17% registran reincidencia, al tiempo que la enorme mayoría de las detenciones responden a delitos contra la propiedad, con una incidencia muy menor de delitos contra las personas.

Las causas de este incremento masivo de la tasa de encarcelamiento no corresponden a un aumento similar de los índices de delitos en el mismo período, que, por el contrario, descendieron. En el año 2001, la tasa de robos o tentativas de robo era de 1.058,3. En 2021, descendió a 860,4. La tasa de homicidios dolosos era de 8,6 en 2001, y bajó a casi la mitad (4,6) en 20213. Este brutal desfasaje entre la disminución sensible de delitos y el aumento al triple de la población carcelaria sólo se explica a partir de las sucesivas reformas legislativas y cambios jurisprudenciales que endurecieron el sistema penal, convirtiendo nuestro sistema de derechos y garantías durante el proceso en un privilegio inalcanzable para las mayorías vulnerabilizadas.

En 2004, el Congreso Nacional sancionó el paquete denominado “Leyes Blumberg” (nº 25.882, 25.886 y 25.891), que aumentaron genéricamente todas las penas, ampliaron el plazo para la libertad condicional en caso de penas perpetuas de 25 a 35 años y la prohibieron para los homicidios criminis causae; y subieron de 25 a 50 años el máximo de la pena de prisión. En diciembre 2016, entró en vigencia la Ley 27.272, conocida como Ley de Flagran­cia, que consagra el “derecho a la condena” al habilitar la elevación a juicio inmediata, sin período de instrucción, y por ende de defensa, con las constancias policiales como única “prueba”. Y en 2017 se concretó la reforma de la ley de ejecución penal, con la ley 24.660, promovida por el radical mendocino Luis Petri, integrante de Juntos por el Cambio, que limitó muchísimo más el derecho de acceder a cualquier tipo de morigeración de la prisión efectiva.

Uno de los datos más destacados tiene que ver con el aumento del encarcelamiento es la decisión judicial de mantener detenidas a personas condenadas a penas cor­tas (menos de tres años), lo que se quintuplicó entre 2005 y 2022, pasando de 202 a 1.020. De nuevo, esta situación se aceleró con la aprobación de la Ley de Flagrancia, que aumentó la cifra de 483 en 2016 a 811 en 2017, llegando en septiembre de 2022 a 1.020 personas detenidas por penas excarcelables.

Cada una de esas reformas legislativas produjo un salto importante en la cantidad de personas dete­nidas en todo el país, hasta llegar a la literalmente estallada situación actual, que, reiteramos, triplica la población carcelaria de 2001, mientras los principa­les delitos tuvieron bajas considerables.

A ello se suma el aporte “interpretativo” de los integrantes del Poder Judicial, que se encargan de poner su mira­da clasista al momento de aplicar la misma norma con resultados diferentes, según a quién tengan delante. Es evidente cómo evalúan de manera distinta cuestiones como los peligros procesales -riesgo de fuga, posibilidad de obstruir el trámite o intimidar víctimas o testigos, por ejemplo- según se trate de un pibe de barrio, un policía o un empresario. Como señalábamos más arriba, mientras las cárceles rebalsan de personas pobres sin antecedentes computables acusadas por robos o tentativas de robo, el 95% de los miembros de fuerzas de seguridad imputados por delitos gravísi­mos, como homicidio, homicidio calificado o tortura seguida de muerte, son excarcelados durante el proceso, o a lo sumo reciben un arresto domiciliario sin controles. Y esa situación de privilegio se mantiene incluso después de la condena, a lo largo de los cinco o seis años que lleva agotar los recursos defensistas hasta que la sentencia queda firme.

Si bien la situación es similar a lo largo y ancho del país, hay algunos distritos con características diferenciales. En la provincia de Buenos Aires, hoy hay 51.673 personas presas, casi la mitad del total país, lo que representa una tasa por 100.000 habitantes de más de 300, muy superior a la nacional, con una sobrepoblación del 222%. En los últimos diez años (2012-2021) la población detenida en comisarías aumentó un 397%. En Mendoza, la tasa de encarcelamiento por cada 100.000 habitantes pasó de 155 personas en 2010 a 241 en 2020. En Córdoba es de 258.

Las celditas de Buenos Aires tienen ese “no sé qué”

Pero, para no perder la costumbre, es necesario des­tacar la situación carcelaria en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando el presidente Mauricio Macri y el jefe de gobierno Rodríguez Larreta anunciaron la creación de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, uno de sus ejes de propaganda fue explicar que, a partir de ese momento, no habría más personas detenidas en comisarías, sino que se habilitarían unidades especiales, las Alcaidías, para el alojamiento provisorio hasta que se produjera la soltura, o la remisión a unidad penitenciaria. Las primeras nueve alcaidías rápidamente pasaron a más del doble (19), pero con la desaforada política de carcelación del fuero porteño y del fuero nacional con sede en la ciudad, pronto quedaron chicas. A poco de andar, y a pesar de no haber sido nunca habilitadas para recibir personas presas, todas las comisarías de la Policía de la Ciudad (31) empezaron a alojar personas detenidas.

No es exagerado el adjetivo “desaforada” para referirnos a la política judicial de encarcelamiento en la Ciudad de Buenos Aires. En el año 2019, no había mucho más de 100 personas detenidas en dependencias de la Policía de la Ciudad. En abril de 2020, eran 139. En diciembre de 2022, eran 948, distribuidas en 19 Alcaidías, el Centro de Contraventores y 31 comisarías no habilitadas. Paralelamente, había a la misma fecha 55 personas detenidas en comisarías de la Policía Federal; 24 en dependencias de Gendarmería Nacional y 10 de la Prefectura Naval.

Las 19 Alcaidías tienen una capacidad para 317 personas, pero alojan 545. Y las otras 403 personas, están en comisarías no habilitadas como centros de detención. Casi la mitad son menores de 30 años. Más de la mitad están cumpliendo prisión preventiva (53,7%). Por su parte, 153 personas están a la espera de resolu­ción judicial y 99 cumplen condenas. En forma similar a los números nacionales, el 53,7% está vinculado a delitos contra la propiedad y sólo el 8.7% a delitos contra las personas.

Morir en prisión, primera causa de muerte a manos del estado

Como consecuencia directa de esta política pública del abuso de la prisión preventiva –salvo cuando son represo­res- y la dilación de beneficios ganados como la libertad asistida o condicional, no sólo se multiplicó la población en cárceles y comisarías. Los fallecimientos por enfermedades evitables o que no hubieran causado la muerte extra muros, los homicidios, los “suicidios”, en fin, todas las muertes bajo custodia crecieron exponencialmente en el último período. Más del 73% del total de casos registrados ocurridos en 2022 corresponde a muertes bajo custodia, lo que hace que, a pesar del relativo descenso de los fusilamientos por gatillo fácil, los números absolutos sean mayores.

Aún advirtiendo que la gestión de Alberto Fernández lleva tres años, mientras Mauricio Macri completó cuatro, se verifica un descenso relativo de los fusilamientos de gatillo fácil a partir de fines de 2019, mientras las muertes bajo custodia se mantuvieron, con un pico extremo en 2020. Así lo muestra este gráfico:

Es evidente el impacto del puñado de medidas auspiciosas tomadas por el Ministerio de Seguridad Nacional en los primeros meses de la gestión de Alberto Fernández, como la derogación de los pro­tocolos Bullrich que legitimaban, entre otras cosas, el disparo a personas desarmadas, o la prohibición del uso del arma reglamentaria fuera de servicio a la policía de seguridad aeroportuaria (PSA). Volveremos sobre el punto en el capítulo sobre intervención de las distintas fuerzas.

Del mismo modo, es evidente que nada cambió en el ámbito carcelario y de comisarías.

En la categoría de muerte de personas privadas de su li­bertad, que incluyen cárceles, comisarías y todo otro lugar de detención (incluso patrulleros), confluyen los clásicos “suicidios”, que encubren, en una enorme proporción, la muerte por aplicación de tormentos, e incendios que se inician como medida de protesta o pedido de ayuda y que, invariablemente, no reciben auxilio o lo reciben tardía­mente. Por otra parte, las muertes violentas por heridas de arma blanca son, en muchos casos, ejecuciones por encargo de los servicios penitenciarios, que usan para ello los llamados “coches-bomba” (sicarios). También se registran de manera creciente fallecimientos por enfer­medades que nunca causarían la muerte con una mínima atención médica (apendicitis, hepatitis, tuberculosis, diabetes, etc.).

La situación carcelaria, con la sobrepoblación deliberada­mente generada a partir de las nomas y prácticas judicia­les mencionadas, es, evidentemente, de una gravedad tal, que requiere ser abordada urgentemente. Es imprescin­dible revisar la legislación represiva que generó este estado de cosas.

Exigimos el cese del uso masivo de la prisión preven­tiva, que viola el derecho a permanecer en libertad mientras subsiste la presunción de inocencia, para las personas acusadas por delitos leves (excarcela­bles), sin riesgo de fuga ni capacidad para obstruir el trámite judicial. Reclamamos que esos requisitos sean evaluados de manera pareja, sea quien sea la persona imputada, sin beneficiar discrecionalmente a miembros de las fuerzas de seguridad.

Las muertes en comisarías:

En 2022, registramos 37 muertes en comisarías: 16 en la provincia de Buenos Aires, una en CABA, dos en Córdo­ba, una en Corrientes, una en Entre Ríos, una en La Rioja, tres en Misiones, tres en Mendoza, dos en Río Negro, una en Salta, cinco en Santa Fe y una en Tucumán. Todas, en el más absoluto silencio mediático. Es necesario remarcar que la mayoría sigue correspondiendo a personas que no estaban detenidas por acusaciones penales, sino arbitrariamente arrestadas por averiguación de ante­cedentes o faltas y contravenciones.

En 2023 cumplirá 20 años la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Bulacio, que ordenó al Estado Argentino terminar con el sistema de detenciones arbitrarias y restringir la privación de libertad a las únicas dos causales constitucional y convencionalmente per­mitidas: Por orden judicial o porque se encontró a la persona en el momento de cometer el delito. Durante dos décadas, ningún gobierno –ni siquiera los que se ufanan de respetar los derechos humanos- acató esa sen­tencia, que exigiría eliminar las facultades de las fuerzas para detener personas para conocer sus antecedentes o identificar, prohibir los arrestos preventivos en materia contravencional y terminar las razzias y detenciones “al voleo”. Mientras tanto, siguen entrando a las comisarías personas que no cometieron delito alguno y cuya deten­ción no fue ordenada por jueces ni fiscales. Y son esas personas arbitrariamente detenidas quienes con más frecuencia terminan muertas en una celda, como Floren­cia Magalí Morales (San Luis), Alejandro Martínez (San Clemente del Tuyú) o Daiana Abregú (Laprida).

Exigimos el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH en el Caso Bulacio, que reduciría a la mitad las muertes en comisarías.

Otras modalidades:

Respecto de las desapariciones, hubo cuatro en el año: Agustina Yoselie Nadal Herrera (víctima de femicidio a manos de un marino), Josías Ezequiel Galeano (hostiga­do por la policía de Oberá, Misiones), Lucas Escalante y Lautaro Tomás Morello (desapariciones y homicidio, en el caso de Lautaro, cuyo cuerpo fue encontrado, vinculadas al tráfico de vales de nafta policiales).

Los asesinatos en el marco de causas fraguadas para “hacer estadística” y los hechos resultantes de otros delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, reconfirman la constante participación policial en delitos comunes, vendiendo información, proveyendo zonas liberadas, proporcionando armas o interviniendo directamente en la organización de robos tipo comando, tráfico de drogas y autos robados, secuestros extorsivos, trata de personas, etc., incluso a veces como parte de “operaciones de prensa” para ganar prestigio desbara­tando los ilícitos que ellos mismos generan, o para ganar espacios en sus disputas de poder internas, potenciadas por la coexistencia de más de una fuerza en los territorios.

Todos los casos de violencia intrafuerza/intrafamiliar con víctimas mujeres en 2022 correspondieron a femicidios y un femicidio relacionado.

Finalmente, entre 2020 y 2022, hubo una sola muerte en el marco de la protesta social, e comunero mapuche Elías Garay, en Cuesta del Ternero, Río Negro, cuyo crimen, ejecutado por dos civiles armados, fue facilitado por la policía provincial (grupo COER) y gendarmería nacional.

Intervención de las distintas fuerzas

Si desglosamos la totalidad de casos registrados desde diciembre de 1983 por fuerza responsable, resulta que las policías provinciales en conjunto ocupan el primer lugar, con el 44,28% de los casos, seguidas por los servicios penitenciarios federal y provinciales con el 41,33%, y, más lejos, la policía federal (7,53%) y con incidencia muy menor el resto de las fuerzas.

Pero si miramos las últimas dos gestiones, se advierten tendencias diferentes.

De las tablas y gráficos precedentes se advierte la posición de los servicios penitenciarios federales y provinciales, responsables de más del 60% del total de muertes en la actualidad, con el consiguiente descenso proporcional de las policías provinciales al 27,57% (lo que incluye muertes en lugares de detención). Y se verifica, en particular, el descenso de la incidencia de las fuerzas federales: Policía federal 4,37%; Gendarmería 0,86%; Prefectura 0,40% y 0 para la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Es importante destacar que siguen sin registrarse fusilamientos a manos de personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria entre 2020 y 2022. Esto se explica a partir de la prohibición, dispuesta a principios de marzo de 2020, a los miembros de esa fuerza federal, de portar el arma reglamentaria fuera de servicio. Sin perjuicio de la baja incidencia de esa fuerza, la menos numerosa del país, es una comprobación empírica de cómo se podría reducir el gatillo fácil significativamente si la misma decisión se tomara respecto de la totalidad de las fuerzas, ya que más de la mitad de los fusilamientos en la vía pública son cometidos por funcionarios de civil, pero que portan y usan el arma reglamentaria.

Y sin dudas, la derogación de los protocolos Bullrich en diciembre de 2019 determina la menor intervención de las demás fuerzas federales, con un descenso comparativo que no puede ser ajeno al cambio de actitud del gobierno actual, que, al menos en este punto, no viene sacándose fotos ni ascendiendo fusiladores de gatillo fácil. Lógicamente eso solo no alcanza, pero da la pauta de cómo, aun si modificar el marco sistémico, hay medidas útiles para al menos reducir la letalidad de las fuerzas frente a la población desarmada. Por eso, exigimos la prohibición de la portación y uso del arma reglamentaria a todas las fuerzas cuando están de civil o fuera de servicio y reclamamos el cese de la provisión de defensa especializada penal en casos de gatillo fácil a cargo de abogados de planta de los ministerios de Seguridad.

Finalmente, debemos dedicar nuevamente unos párrafos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el que seguimos padeciendo la gestión iniciada por Mauricio Macri y que continúa, ya en su décimo quinto año de mandato consecutivo, con Horacio Rodríguez Larreta.

De los 172 casos de gatillo fácil ocurridos desde el 10 de diciembre de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2022 a manos de la Policía de la Ciudad y la Policía Bonaerense, 63 fueron cometidos por la primera, y 109 por la segunda. Pero la Policía de la Ciudad tiene poco más de 25.000 efectivos, mientras su par provincial supera holgadamente los 100.000. Es decir, la Policía Bonaerense supera cuatro veces la dotación de la Policía de la Ciudad, pero es responsable del 63,3% del total de fusilamientos del año, mientras la porteña, con la cuarta parte de efectivos, cometió el 36,7%.

Hace falta mucha convicción represiva para, con la cuarta parte de los efectivos, cometer un tercio de los fusilamientos. Es la única fuerza que hace sombra a la policía de Sergio Berni, nada menos.

Edad de las víctimas: lxs pibxs están en peligro

Sobre el total de casos del Archivo, el 39% eran personas de menos de 25 años. El 45% tenían más de 25, y carecemos de datos de edad del 16%.

Si desglosamos por rango de edad, siempre sobre el total de casos, vemos que la franja de 15 a 25 años ocupa el 37%, más el 2% de niñxs de 14 o menos. Si sumamos el 22% de las personas entre 26 y 35 años, resulta que el 61% tenían 35 años o menos.

El 21% de casos sin datos precisos de edad, en su mayoría corresponden a muertes en lugares de detención. Los informes oficiales a los que accedemos publican datos parciales, según los criterios de cada organismo para elaborar sus registros. En ningún caso cubren totalmente nombre, edad, género, unidad penitenciaria o comisaría y causa de la muerte, por lo que debemos reconstruir esa información cruzando distintos registros con noticias periodísticas, información de familiares o denuncias en redes sociales. En algunas oportunidades, cuando se conoce la unidad carcelaria, es posible determinar un rango posible de edad, como en el caso de los que llaman “menores adultos”. Teniendo en cuenta la composición etaria de la población carcelaria, es altamente probable que muchos de esos casos sin edad conocida correspondan a la franja hasta 25 años.

Si sólo tomamos los últimos tres años, se incrementa el promedio de edad, a partir de la mayor incidencia de muertes en cárceles, que son personas mayores.

Distribución por territorio: de Ushuaia a La Quiaca

Si limitamos la mirada a la cantidad de casos registrados de cada provincia, queda clara la hegemonía absoluta de la provincia de Buenos Aires, con el 55,80% del total, seguida de lejos por Santa Fe, Córdoba, la ciudad de Buenos Aires y Mendoza, como lo muestran esta tabla y gráfico.

Pero, mientras la provincia de Buenos Aires tiene más de 15 millones y medio de habitantes, Mendoza apenas supera 1.700.000. Por lo tanto, no es posible sacar conclusiones comparando los casos de una con los de la otra, si no contemplamos, a la vez, esa enorme diferencia poblacional.

Para tener una imagen más clara que permita comparar distritos con tanta desproporción poblacional, debemos calcular la incidencia de la represión estatal en relación a la cantidad de habitantes.

Al obtener un índice por millón de habitantes conforme los datos provisorios del censo 2022, vemos que la represión se descarga de manera muy uniforme en todo el territorio nacional, con mínimas diferencias entre los distritos, que responden en muchos casos a la falta de suficiente información confiable.

La provincia de Buenos Aires continúa primera, pero con mucha menos diferencia con las que la siguen, Santa Fe, Chubut, Mendoza, La Pampa y CABA.

Pero, mientras la provincia de Buenos Aires tiene más de 15 millones y medio de habitantes, Mendoza apenas supera 1.700.000. Por lo tanto, no es posible sacar conclusiones comparando los casos de una con los de la otra, si no contemplamos, a la vez, esa enorme diferencia poblacional.

Para tener una imagen más clara que permita comparar distritos con tanta desproporción poblacional, debemos calcular la incidencia de la represión estatal en relación a la cantidad de habitantes:

Ni una menos: femicidios de uniforme

Desde que empezamos a elaborar el Archivo, advertimos que la enorme mayoría de los asesinatos de gatillo fácil, con su fuerte componente de control social, correspondía a varones, especialmente adolescentes, con muy pocos y excepcionales casos de mujeres y niñas. También el número de mujeres muertas en lugares de detención es sensiblemente menor que el de varones, pero eso se explica por la diferencia cuantitativa de la población carcelaria y de comisarías en relación al género.

Sin embargo, también advertimos que, en un porcentaje importante, los casos registrados de víctimas mujeres se relacionaban con situaciones de violencia machista y patriarcal. La cantidad de mujeres asesinadas por integrantes del aparato represivo estatal en el marco de ese tipo de violencias nos llevó a empezar a sistematizar esas situaciones, sin perjuicio de que, simultáneamente, encuadraran en otras modalidades según la forma de la muerte.

En el caso de los femicidios, los dos primeros casos registrados se remontan a 1992. Desde entonces el índice ha sido creciente, hasta llegar hoy a 434 femicidios sobre un total de 755 víctimas mujeres.

Esa cifra convierte los femicidios de uniforme en la primera causa de muerte de mujeres a manos del aparato represivo estatal.

Registramos, además, 52 femicidios relacionados, esdecir, hijxs u otrxs familiares o personas cercanas a la víctima asesinadas en contexto de violencia machista, para castigar a la mujer o cuando intentaron defenderla. Casi un tercio de los femicidios relacionados tienen niños y niñas como víctimas.

En el caso de las personas trans y travestis, encontramos la gran dificultad de que, en los reportes oficiales, especialmente de personas muertas en lugares de detención, pero también en casos de fusilamientos, se consignan los nombres de los documentos de identidad. Así, aunque sabemos que son más, sólo parecen registradas como tales 11 casos de transfemicidios y travesticidios cometidos por miembros de las FFSS.

Este gráfico compara la proporción de femicidios en cada una de las modalidades registradas. Se advierte que casi la totalidad de los casos de muertes en contexto intrafuerza o intrafamiliar son a la vez femicidios de uniforme. Sobre 397 muertes de mujeres en casos intrafuerza o intrafamiliar, 386 fueron femicidios, mientras que es mucho menor la incidencia de la violencia de género como factor determinante en las demás modalidades:

Muertes bajo custodia estatal: Gestiones: No todo da igual, aunque haya mucho por reclamar

Al comparar el número total de casos registrados por cada gestión de gobierno desde 1983 a la fecha, se producen dos distorsiones. Una no tiene remedio: Como ya lo advertimos más arriba, la información de las década del ’80 es escasísima y la de los primeros años de la década siguiente no es mucho mejor. Fueron datos reconstruidos de manera artesanal y mucho tiempo después, ya que empezamos a elaborar el Archivo recién a fin de 1996. A partir de entonces, empezamos a hacer el seguimiento permanente en tiempo real, pero las herramientas de búsqueda eran aún precarias. Teníamos poco acceso a internet, no había portales de noticias o diarios on line de todos los lugares del país y no existían las redes sociales y sistemas de mensajería que hoy nos permiten contactarnos con personas casi de cualquier lugar.

En cambio, la segunda distorsión, que deriva de las grandes diferencias del tiempo en oficina de cada administración estatal, se puede corregir, como lo hacemos con la distribución de casos en proporción a la población de los distritos. Por eso, además de mostrar los porcentajes totales de cada gestión de gobierno, hacemos el cálculo de los días y horas gobernadas, para obtener un dato comparable, ya que no es lo mismo haber gobernado dos años que doce.

Como surge del gráfico de modalidades en los tres años de gestión actual, la cantidad abismal de muertes en lugares de detención ocurridas en ese lapso, más del 73% sobre el total de 1.509 muertes a manos estatales, hace palidecer el descenso de fusilamientos de gatillo fácil por fuerzas federales que detectamos el año pasado y se profundizó este año, a partir del cambio de actitud que implicó la derogación de los Protocolos Bullrich.

Las muertes en dependencias policiales de todo el país tienen directa relación con la subsistencia y ampliación de las facultades policiales y de otras fuerzas para realizar detenciones arbitrarias, lo que fortalece nuestro reclamo –ya histórico, a 20 años vista- de cumplimiento de la sentencia del caso Bulacio de la Corte IDH.

El escenario viene empeorando en materia de muertes bajo custodia, y, aun sin la explícita promoción desde la Casa Rosada del gatillo fácil, y algunas medidas que tuvieron efecto sobre las fuerzas federales, en las provincias y CABA se mantienen los fusilamientos cotidianos.

Como lo prueba el caso de la PSA, es urgente que se implemente la prohibición de la portación y uso de arma reglamentaria fuera de servicio o de civil. El 66% de los fusilamientos de gatillo fácil, y el 95% de los femicidios de uniforme, suceden en esas circunstancias, y serían evitables.

Todos estos datos de la realidad ratifican la pertinencia y utilidad de las medidas que promovemos como parte de la Agenda Antirrepresiva urgente, que permitirían mejorar sensiblemente la protección de la vida y la integridad física de las personas frente a la violencia descargada por el aparato represivo estatal.

Las muertes en la represión a la protesta

Desde 1983, se registran 92 muertes en la represión a manifestaciones, movilizaciones y reclamos por trabajo, tierra y vivienda. En este rubro, sigue llevando la delantera el gobierno de la Alianza radical-peronista, entre diciembre de 1999 y diciembre de 2001, con un total de 44 asesinadxs, de lxs cuales 37 cayeron el 19 y el 20 de diciembre o murieron posteriormente por las heridas recibidas. Lo escoltan el gobierno de Cristina Fernández, con 16 en el primer mandato y 4 en el segundo, y Alfonsín, con 16 en los saqueos de mayo de 1989. Menem, Duhalde y Néstor Kirchner empatan con dos casos cada uno, superados Mauricio Macri, que sumó a la desaparición y muerte de Santiago Maldonado en Chubut y el fusilamiento de Rafael Nahuel en Río Negro, ambos en el marco de la represión descarnada contra los pueblos originarios en lucha por la recuperación de su territorio, el fusilamiento del niño Ismael Ramírez en Sáenz Peña, Chaco, en la represión a un piquete de desocupados, y a Rodolfo “Ronald” Orellana, militante de la CTEP, en el ataque a una toma de tierras para vivienda en La Matanza. Este año 2021, Elías Garay, comunero mapuche de Río Negro, se convirtió en el primer asesinado en la represión a un conflicto social en esta gestión, bajo la modalidad de la tercerización, sólo que en lugar de ser una patota de la burocracia sindical, como la que mató a Mariano Ferreyra, esta vez fueron sicarios vinculados a la empresa de (de)forestación que pretende las tierras ancestrales del pueblo Mapuche.

Vigencia y urgencia de la Agenda Antirrepresiva

Sabemos que la represión estatal, en todas sus formas, no es producto de errores sueltos, abusos individuales y ni siquiera de “fuerzas fuera de control”. Es una política de estado que se vincula directamente con las necesidades del sistema capitalista en materia de control social y disciplinamiento.

Pero, como vemos al repasar los datos que surgen de este Archivo, sobre ese telón de fondo inamovible en el marco de una sociedad dividida en clases, operan otros factores, que determinan –o condicionan fuertemente- la manera en que se descarga la represión en un momento y lugar concretos. Y tampoco son irrelevantes las medidas que toman los distintos gobiernos, sea por la coyuntura o por su propia convicción, para profundizar o parcialmente limitar el impacto represivo.

En el inicio de un año que ya está signado por la campaña electoral hacia la renovación de los mandatos presidencial, de muchas gobernaciones y la jefatura de gobierno de CABA, y el recambio legislativo, no podemos obviar que una de las fuerzas mayoritarias, que ya nos oprimió y reprimió entre 2015 y 2019, pretende volver a administrar el gobierno nacional, recargada con la presión por derecha que imprimen sectores todavía más reaccionarios, como Milei o Espert.

A nivel continental vemos ese crecimiento ultramontano, que incluso pone en peligro cierto el régimen democrático, reivindica el genocidio y el terrorismo de estado, impulsa la represión masiva y subordina sin pudor alguno todo intento de soberanía al imperialismo y sus intereses, como tan claramente lo explicó hace poco la jefa del Comando Sur de EEUU en la entrevista sobre la importancia de los recursos naturales de nuestra región para “la seguridad nacional” (de los yanquis, claro).

Creemos que es prioritario, en términos de nuestra supervivencia, poner en el primer punto de nuestra atención la confrontación con esa derecha rancia, lo que desde luego no significa silenciar que también hay expresiones similares en el otro sector, sino simplemente señalar lo más grave frente a lo grave. Sabemos lo que nos espera si Rodríguez Larreta, Bullrich o Macri toman el control del gobierno nacional.

Finalmente, 2023 es también el año que marca un hito histórico para nuestro país: El 10 de diciembre, cuando se produzca el cambio de gobierno, se estarán cumpliendo 40 años ininterrumpidos de funcionamiento institucional sin golpes de estado. Es la primera vez, desde la sanción de la ley de sufragio universal (1912), que Argentina vive cuatro décadas de democracia. Democracia formal, insuficiente, condicionada, burguesa, y cuanto adjetivo querramos adicionar, pero, al fin de cuentas, democracia, que nos permite, por ejemplo, presentar este Archivo de Casos.

A 40 años del fin de la dictadura cívico-militar eclesiástica, y casi el mismo tiempo de denunciar, desde el nacimiento de nuestra organización, la represión estatal en nuestro país, venga de donde venga, nos vemos en la necesidad de insistir en la vigencia y urgencia de nuestra Agenda Urgente Antirrepresiva.

Una serie de medidas que no van a cambiar el problema de fondo, que son sin dudas insuficientes para el objetivo de construir una sociedad sin explotación, opresión y represión, pero que la realidad viene demostrando que pueden reducir, incluso de manera significativa, los resultados más letales de la represión estatal.

Y si somos más quienes quedamos con vida, seremos más para promover esa transformación social profunda. No se generan cambios desde el cementerio.

Por eso, reclamamos:

• Eliminación de todas las facultades y prácticas de las FFSS para interceptar, requisar y detener personas arbitrariamente.

¡Cumplan la sentencia de la Corte IDH en el Caso Bulacio ya!

• Prohibición a todas las fuerzas de la portación y uso del arma reglamentaria fuera de servicio y de civil.

• Cese del uso indiscriminado de la prisión preventiva por delitos menores.

• Derogación de las reformas regresivas en la legislación represiva nacional entre 2004 y 2017, de las provincias y de la Ciudad, y de las incorporadas al Código Penal por las leyes antiterroristas entre 2004 y 2010.

• Prohibición de proveer defensa técnica institucional, con abogados de los Ministerios de Seguridad, a los miembros de las fuerzas enjuiciados por hechos represivos.

• Acceso gratuito al sistema judicial para víctimas y familiares de víctimas de la represión.

• Castigo real y efectivo a todos los responsables de hechos represivos.

• Anulación de la directiva que tiene la policía federal de portar el arma en condición de disparo inmediato (con bala en recámara y sin seguros).

• Revisión y rápido trámite de los expedientes de personas con condenas menores efectivas  en condiciones de acceder a libertades domiciliarias o asistidas.

• Redireccionamiento de las partidas presupuestarias necesarias para garantizar condiciones de alojamiento digno a la población carcelaria común.

• Garantía de la debida provisión de asistencia médica y psicológica, alimentos, medicación y recursos sanitarios en lugares de detención.

• No a la baja de edad de punibilidad de niñxs y adolescentes.

• Cese inmediato del permanente y sistemático hostigamiento a las personas obligadas a sobrevivir con tareas precarias en la vía pública, como la venta ambulante, el arte callejero o servicios como el cuidado de autos, limpieza de parabrisas, etc.

• Basta de criminalizar la protesta, de perseguir y espiar organizaciones y militantes populares.

• Eliminación de los protocolos de lógica bélica para la actuación de las fuerzas ante movilizaciones y manifestaciones.

• Eliminación de los “Comandos Unificados” para la intervención conjunta de fuerzas federales y provinciales en las provincias y la Ciudad.

• Eliminación del sistema actual de comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad, que dilata entre 8 y 10 horas confirmar una detención y ubicar a la persona arrestada para asistirla.

• Cese de la militarización de los barrios populares, con presencia masiva de fuerzas federales y locales, con su correlato de hostigamiento, detenciones arbitrarias y muertes por gatillo fácil.

• Basta de criminalizar personas trans y travestis. Derechos sociales y laborales integrales y cumplimiento e implementación efectiva de los derechos conquistados.

• Derogación de la Resolución nº 144/2020 del Ministerio de Seguridad que establece el protocolo de actuación para que las fuerzas de seguridad hagan “tareas de prevención” (ciberpatrullaje) sobre plataformas y fuentes digitales públicas.

• Derogación del Decreto 489/2019 que creó el RePet (Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento).

Fuente: AnRed

Las mujeres y personas travesti-trans 

de las villas dedican más de 8 horas

por día al trabajo no remunerado

Por Resumen Latinoamericano, 20 de marzo de 2023.

Un estudio del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas (OGyPP) y del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) analiza las condiciones socioeconómicas y el uso del tiempo de mujeres cis y personas trans que viven en barrios populares.

El Observatorio de Géneros y Políticas Públicas (OGyPP), junto al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), dieron a conocer un anticipo del “Relevamiento sobre condiciones socioeconómicas y uso del tiempo de las mujeres y personas travestis-trans en Barrios Populares”. Es el primer estudio que analiza las dinámicas específicas de uso del tiempo de estas poblaciones.

“Actualmente, la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT, 2021) incluye a los aglomerados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y aquellas localidades con más de 100 mil habitantes. Se trata de una muestra que no permite identificar las particularidades que asume está problemática en barrios populares, resultando deficitaria en la obtención de datos referidos a los sectores con más necesidades”, expresaron ambos entes.

Según el relevamiento, las mujeres y personas travesti-trans que viven en barrios populares dedican un promedio de ocho horas y media por día al trabajo no remunerado. Esto representa casi el doble de sus pares que viven en aglomerados urbanos formales, de acuerdo a la información que se desprende de la última ENUT realizada por el INDEC.

El 87% de las personas encuestadas expresaron que se reconocen como principales responsables del hogar. El 57%, son trabajadoras de la economía popular y solo el 6,7% trabaja en el sector asalariado registrado.

Además, cerca del 23% (un 10% más que la misma población en sectores urbanos) participa de espacios socio comunitarios, como pueden ser ollas o comedores populares y el 85% de ellas le dedica casi tres horas (2:45) por día a esta actividad.

El informe también revela que son las mujeres y personas travesti-trans las que se encargan principalmente de los trámites y traslados familiares: el 84% reportó no tener hospitales a menos de diez cuadras de su hogar; el 66% no tiene comisarías a menos de diez cuadras de su casa y el 55% respondió no saber dónde está ubicada la comisaría de la mujer más cercana, información clave para poder denunciar situaciones de violencia de género.

Según las personas encuestadas, existen problemáticas vinculadas a la falta de urbanización de los barrios populares que les dificultan las tareas no remuneradas en el hogar. El 55,2% señaló que hay malas condiciones de saneamiento en la vivienda, lo que se suma a la red de luz, gas natural, deficiencia del asfaltado y la falta de espacios verdes, entre otros factores.

Fuente: Las12

YPF y los intendentes: la estrategia 

para avanzar en el control de Edesur

Por Gimena Fuertes, Resumen Latinoamericano, 20 de marzo de 2023.

La empresa estatal de energía compró una de las principales generadoras que tenía Enel, concesionaria de la distribuidora eléctrica. Los jefes comunales piden hacerse cargo de la firma. Los recaudos para tratar de evitar la demanda en el Ciadi. «Podemos ir tomando la compañía por áreas», señalan en el oficialismo.

En medio de la crisis energética que azota a la población de zona sur de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense, el gobierno nacional se trazó una estrategia a dos bandas: recuperación de algunos de los activos patrimoniales de la empresa Edesur, a través de la compra de la planta de generación eléctrica Dock Sud, por parte de YPF Luz. Y por otra parte, el pedido de gestión municipal que iniciaron los intendentes desde el territorio. Además, se evalúa la toma de la administración “por áreas operativas” para recuperar el control del funcionamiento de la distribución de la energía eléctrica.

Cristina Fernández, Sergio Massa y Axel Kicillof se reunieron hace una semana y media, cuando los apagones habían empezado a multiplicarse y las respuestas de Edesur eran esquivas. Enel (Ente Nazionale per l’energia Elettrica), la empresa italiana que tiene la concesión de la empresa distribuidora de Edesur, está de retirada y se nota. Por eso es que las líneas de acción que se decidieron esa tarde en la gobernación bonaerense se fueron desplegando en los días siguientes. El problema de fondo, señalan en el oficialismo, es la falta de inversión que se produjo en los años del gobierno de Mauricio Macri, cuando las tarifas tuvieron un 2750% de aumento.

La hipótesis que remarcan en el gobierno es que gran parte de esa plata que salió de los hogares argentinos se fugó del país antes de las PASO de 2019, ya que luego Macri tuvo que volver a poner un megacepo. Según pudo saber Tiempo, el Banco Central calculó que Edesur y sus accionistas formaron activos en el exterior (fugaron) por 135,98 millones de dólares entre 2016 y 2019.

Este jueves el ministro de Economía Sergio Massa y la secretaria de Energía Flavia Royón se reunieron con los titulares de Edesur. Según contaron fuentes del oficialismo a este diario “la reunión fue tensa”. Evalúan que, al querer desprenderse de la empresa, los italianos de Enel “ya están en otra película” y las multas que se acumulan en su contra no sirven como elemento de presión para que mejoren el servicio. Fue entonces cuando Massa, tras reunirse con Royón y el titular del Enre, Walter Martello, tomó la decisión de presentar la denuncia penal a todo el directorio de Edesur por malversación, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de persona, que este viernes cayó en el juzgado de Julián Ercolini.

Además, el titular del Enre se puso a compilar todas las deficiencias desde 2017 a la fecha para elaborar un informe que, evalúan, por lo menos servirá de documentación ante un eventual juicio ante el CIADI, ese tribunal internacional creado para defender a las empresas trasnacionales, pero no para cuidar el patrimonio de los Estados.

En tanto, desde YPF, la empresa estatal que conduce Pablo González, un directivo cercano a Cristina Fernández, se preparaban para avanzar con la compra de una de las dos centrales que generan energía y que estaba en manos de Enel, que la habían puesto en venta desde fines de 2020.

Los trabajadores de la Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía advirtieron que los italianos se estaban desprendiendo de esos bienes y lo comunicaron a los diputados Vanesa Siley, Walter Correa y al Enre.

La empresa compradora es Sadesa (Sociedad Argentina de Energía S.A.), compuesta por Carlos Miguens Bemberg (exdueño de Cervecería Quilmes), Guillermo Reca, la familia Escasan y (accionistas del Banco Galicia) y los hermanos Ruete Aguirre (exBanco Roberts). Si bien circuló la versión de que Nicolás Caputo es uno de los accionistas de Central Puerto, el “hermano de la vida de Macri” informó que se desprendió de sus participaciones en Sadesa. Central Puerto, de Sadesa, hizo una oferta para comprar las dos centrales, Central Costanera, se la quedó el 17 de febrero, y Central Dock Sud, que finalmente adquirió YPF.

El 17 de febrero, mismo día en que Central Puerto quiso comprar las otras dos centrales, el directorio de YPF-Luz se reunió de urgencia y resolvió adquirir la totalidad de las acciones de la empresa que controla Central Dock Sud, una de las plantas más modernas del país, “una de las centrales más eficientes del AMBA”, aseguraron desde la empresa estatal.

En el territorio evalúan distintas propuestas para tomar el control de la crisis. Tras el encuentro en La Plata, la secretaria de Energía Royón se reunió con el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, dirigentes políticos con origen en la zona sur del conurbano, una de las más afectadas por los cortes.

Insaurralde propuso la gestión municipal de la distribución de energía. De hecho, en la Provincia de Buenos Aires hay 650 cooperativas de distribución eléctrica que abastecen a pueblos y ciudades.

Por otra parte, la intendenta de Quilmes avanzó con el cobro de la multa de 200 millones pesos tras la recopilación que hizo el área de defensa del consumidor del municipio.

Lejos de los rumores de estatización -la luz como servicio público está concesionado- Se evalúa la intervención estatal de la distribución pero “por áreas operativas”, una solución de urgencia pero que permitiría recuperar el funcionamiento de la distribución.

La Defensoría de Laburantes denuncia

persecución por parte del Gobierno 

de la Ciudad

Por Resumen Latinoamericano, 20 de marzo de 2023.

El Gobierno de la Ciudad clausuró el espacio de la Asociación Civil La Defensoría de Laburantes, ubicado en Corrientes 2925 del barrio porteño de Balvanera, bajo el argumento de que existe una “denuncia anónima”, contra la organización, su trabajo y su lugar. Por las actividades que realiza “La Defe”, en su compromiso en la defensa de derechos humanos y problemáticas como género, vivienda y trabajo, sus integrantes denuncian esta arbitrariedad como “persecución política” en vísperas de un nuevo 24 de marzo.

El jueves por la tarde fue clausurado el Abasto Multiespacio, lugar físico donde funciona la asociación civil La Defensoría de Laburantes, en el barrio porteño de Balvanera. “La Defe” trabaja en la defensa de los derechos humanos y acompaña jurídicamente diferentes reclamos laborales, sociales, de género y territoriales, entre ellos podemos citar el apoyo por vivienda digna para las familias de la calle Solís, a la familia de Ferni Ayala, asesinada en la Villa 21- 24 y a trabajadores de GIV, empresa que opera en sociedad con el Gobierno de la Ciudad. Les integrantes de La Defe exigen que el Gobierno de la Ciudad levante la clausura, al tiempo que piden solidaridad y apoyo de organizaciones y personas. Por Ernestina Arias

En charla con Tamara Rossi, vocera de La Defe, nos explicó en torno a la clausura que no les notificaron el motivo de dicha acción  “con claridad, pero si pudimos tener acceso a una parte del expediente que nos armaron en nuestra contra. Lo que dicen es que la denuncia es anónima, que no podemos saber quién la realizó, no sabemos si ellos tienen esa información o no, pero no nos la brindaron. Sí, esa denuncia tenía muchos detalles de las actividades que nosotros realizamos acá. Supuestamente la razón que figura en el acta que nos labraron para hacer la clausura es de funcionamiento y seguridad. Así que eso es lo que dijeron, sin dar mayores detalles.”

Crearon hace poco la asociación civil, para poder realizar actividades de aporte al bienestar de la ciudadanía y la Inspección General de Justicia (IGJ) aprobó el funcionamiento de la misma, con un Estatuto detallado de todos sus objetivos. Realizar encuentros de personas voluntarias que no buscan fines de lucro es legal y está permitido por la ley.

“Las actividades culturales, eso es lo que de alguna manera alegan, y por lo cual nos clausuran en algún punto – sostiene Tamara – nosotros acá tenemos una asociación civil que funciona en esta sede, Asociación Civil La Defe, justamente, con las reuniones propias de una asociación civil y el trabajo que hacemos desde la defensoría del laburante de defensa de derechos humanos, básicamente  acompañamientos jurídicos sociales y territoriales en distintos ámbitos. Acompañamos reclamos de distinta índole, acompañamos a la familia de Solís contra un desalojo, acompañamos a la familia de Ferni Ayala que fue asesinada por su pareja hace poco menos de un mes en el barrio 21-24, acompañamos el reclamo de trabajadores contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de una empresa que tiene a su cargo la línea 147. Curiosamente, la denuncia anónima por la cual dicen que nos clausuran es por la denuncia que hacen a la línea 147, que es la línea está a cargo de esta empresa GIV, en sociedad con el Gobierno de la Ciudad”.

No es casualidad, entonces, que la gestión del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta les persiga, afirma Tamara. “Por eso hablamos de persecución en ese sentido, todas las campañas que llevamos adelante contra el Gobierno de la Ciudad, de alguna manera en todos estos distintos ámbitos y aspectos en los cuales nosotros trabajamos, vivienda no se hace cargo el Gobierno de la Ciudad de una respuesta para las familias de Solís, el femicidio de Ferni Ayala, nosotros denunciamos que hay una connivencia en cuanto a la situación en general del barrio 21-24 y la protección y la seguridad que se le da a las personas que viven ahí, y con el tema de trabajadores, nosotros hicimos una campaña muy fuerte los últimos años denunciando que el Gobierno de la Ciudad es cómplice de la violación de cientos de trabajadoras y trabajadores que acompañamos nosotros contra ellos. De alguna manera, como no hay otro argumento para lo que nos esta pasando y para todo lo que nos viene sucediendo, respecto de la investigación y también respecto de la clausura propiamente dicha, entendemos que se trata de una persecución e intento de que dejemos de llevar adelante los reclamos que estamos realizando  justamente contra el Gobierno de la Ciudad.”

Con respecto a cómo activan para seguir trabajando Tamara concluye,  “no nos dieron ningún plazo, ningún tiempo para nada, por supuesto estamos trabajando en el descargo y en la presentación para pedir el levantamiento inmediato de esa clausura porque entendemos que no corresponde, es ilegal básicamente”.

Desde las redes sociales de La Defe sostienen el pedido de apoyo con el siguiente mensaje: Reivindicamos todas y cada una de nuestras actividades y luchas. Con una faja de clausura no hacen más que ratificar que vamos por el camino correcto: El de la defensa de los derechos humanos y los sectores postergados de nuestro pueblo.

Agradecemos difusión y solidaridad. Te pedimos firmes el comunicado en apoyo que saldrá con la firma de muchísimas personas y organizaciones.

Link del comunicado

Fuente: AnRed

El Caso del policía Balbuena que se

infiltró diez años en la Agencia Walsh

Por Resumen Latinoamericano, 20 de marzo de 2023.

Se realizaron las audiencias del Juicio oral a Américo Balbuena por espionaje ilegal. El próximo miércoles se llevarán adelante los alegatos de la querella, la Fiscalía y los defensores. La Querella pedirá la condena por haber espiado de manera ilegal a organizaciones sociales, sindicales y políticas durante más de 10 años, mediante su infiltración en la agencia de noticias Rodolfo Walsh.

Balbuena declaró en la tercera audiencia del juicio: “quise expresar un hobby, una actividad que yo realizaba como ejercicio de una carrera que yo cursé y era como una pasantía no rentada (…) Yo no me metía en lo político, hacía la nota y terminaba ahí”

La acusación que recae sobre Américo Balbuena, y sus exjefes Alejandro Sánchez y Adolfo Ustares, es por el delito de abuso de autoridad de funcionario público, al haber realizado tareas de inteligencia tendientes a obtener información sobre integrantes de distintas organizaciones, en infracción a la ley de Inteligencia.

Audiencias
Las audiencias comenzaron el martes 14 de marzo con la presencia de un Balbuena con barba y ojos sorprendidos, un Alejandro Sánchez con una sonrisa apretada y sádica y un Ustares que intentaba no moverse para que no lo vieran.

Desde el primer día, los acusados intentaron sembrar la idea de que la «División de Análisis» de Seguridad de la Policía de Buenos Aires, no cumplía con su función principal de analizar.

La teoría del árbol venenoso: el inusual pedido de anulación de la Defensa

Alegando que nunca se investigó la violación del “secreto de agente”, la Defensa de los espías buscó la nulidad de la causa argumentando la teoría del “árbol venenoso”, que es una doctrina jurídica que se utiliza en el derecho penal para evaluar la validez de pruebas obtenidas a través de violaciones al derecho a la privacidad y al secreto de las comunicaciones. Establece que cuando se ha cometido una violación a los derechos fundamentales, las pruebas obtenidas a partir de esa violación también son ilegales y por lo tanto no deben ser admitidas en un juicio.

En este sentido, el abogado de los espías sostuvo que los agentes de inteligencia son secretos y ni siquiera sus amigos y familiares tienen que saber que son agentes. La situación de secreto se debe mantener a rajatabla, por eso tienen la obligación de conseguir otra actividad que justifique sus ingresos económicos. Así, comenzaba el pedido de anulación del caso que tomaba como prueba la publicación de la revista Crisis donde se comenta cómo otro agente revela la identidad de Balbuena.

Sin embargo, la Querella argumentó que la nulidad y el planteo de la Defensa habían sido tratados en otra etapa del juicio y habían sido rechazados tanto por el Juez de Instrucción como por la Cámara de Casación. Además, se señaló que la norma se refería a la revelación de datos, mientras que en este caso se estaba hablando de un accionar ilegal por parte de un agente. La Querella afirmó que lo que había llegado a sus oídos era que un agente estaba cometiendo un delito, por lo que la revelación era necesaria y justificada.

La actitud de los abogados querellantes fue contundente y se argumentó que si se aceptaba esta postura de la Defensa, cualquier infiltración en una organización, u otro hecho ilícito que cometiera un agente de esta división, no podría investigarse dado que al hacerse la denuncia, se pediría la anulación de la causa. Incluso, la propia Ministra de Seguridad de entonces, Nilda Garré, había solicitado un sumario sobre el caso de Balbuena porque era una posibilidad que estuvieran haciendo inteligencia encubierta mediante su tarea periodística.

Los argumentos y testimonios de la Defensa

En la primera audiencia Balbuena y Ustares se negaron a declarar, alegando que lo harían en otro momento. Fue Oscar Alejandro Sánchez quien, en una defensa confusa, comenzó su declaración.

Sanchez se identificó como ex policía federal y actual profesor universitario. Durante su indagatoria explicó que el trabajo que se hacía en la «División de Análisis” era únicamente a petición de terceros y que consistía en tomar contacto con los actores involucrados, siempre y cuando estos estuvieran dispuestos a hacerlo. Continuó diciendo que detrás de cada contacto hay una historia. Durante su testimonio describió la división en la que trabajaba como un sector encargado de resolver conflictos, y citó como ejemplos de infiltración a marchas sindicales y estudiantiles, como las organizadas por Hugo Moyano y las elecciones de rector en la FUBA.

En la tercera audiencia, Balbuena declaró durante aproximadamente 20 minutos, sin permitirse preguntas. Adolfo Ustares también confirmó su declaración original ante el tribunal.

Oscar Alejandro Sánchez pidió ampliar su declaración para remarcar que las funciones de Cuerpo de Inteligencia fueron sufriendo una transformación a partir de 1983. Lo hizo para refutar la realizada el día anterior por Marcelo Saín que habló sobre dos decretos de la década del 50 y 60 que dieron origen al cuerpo al que pertenecieron los acusados.
Asimismo no pudo indicar, a pedido de la Querella, cuáles eran las funciones exactas que cumplía Balbuena. Sólo mencionó algún ejemplo puntual y que realizaba tareas internas, en la parte administrativa disciplinaria, y no tenía personal a cargo dado que el acusado “no era justamente James Bond”. Manifestó además que no conocían que ejercía una tarea periodística en la agencia Walsh.

Balbuena: experto en pasantías no rentadas, listo para incluirlas en su currículum a futuro

Durante su declaración, Balbuena realizó una aclaración sobre la expresión «hobby”. Según sus palabras: “quiero aclarar referente a la declaración que hice en su momento; quise expresar un hobby, una actividad que yo realizaba como ejercicio de una carrera que yo cursé y era como una pasantía no rentada”. El acusado insistía en que estaba tratando de generar un currículum y por esa razón firmaba las notas periodísticas.

Además, Balbuena también habló sobre su título de Jefe de Sección, diciendo que en su caso era algo formal en cuanto a lo administrativo, pero que no desempeñaba las funciones de jefe de sección en la práctica.

El espía también desmintió las declaraciones de los testigos, argumentando que él nunca visitaba la casa de nadie y siempre asistía a lugares públicos. Manifestó que no tuvo ninguna relación con los testigos de la Defensa y que solo era un trato cordial al igual que cualquier periodista. Según su testimonio, siempre se movía en espacios abiertos y de hecho no tenía interés ni entendía temas de política; dijo: “Yo no me metía en lo político, hacía la nota y terminaba ahí”. Es llamativo cómo Balbuena pasó más de 10 años sin interés en los temas que cubría periodísticamente.

Por otra parte, la Defensa argumentó que el caso ya lleva 10 años (comenzó en el 2013 cuando Balbuena fue descubierto) y la pena máxima por este delito es de 2 años, por lo cual solicitaba una consideración por ello. Por el contrario, Liliana Mazea, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos alegó que este delito era imprescriptible porque era cometido por funcionarios y violaba los derechos humanos, citando el caso Bulacio como ejemplo.

Testigos de la causa

Durante el juicio, la testigo Diana Kordon, médica psiquiatra y psicoanalista, recordó que conoció a Balbuena a través de su participación en el encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, donde convergen diversas organizaciones. Destacó que lo que más le llamó la atención fue su gran cumplimiento y responsabilidad en el desarrollo de las actividades. Diana mencionó que el espía solía llamarla temprano en la mañana para confirmar la organización de las actividades del día.

En la última audiencia del juicio, la Defensa presentó como testigo a Roberto Daniel Zagame, presidente de la Cámara de Transporte Escolar de la Provincia de Buenos Aires. Durante su testimonio, Zagame se refirió a su vínculo con Alejandro Sánchez y recordó que se relacionaba con la «División de Análisis» a través de la jefatura; que para cada movilización debían dar un aviso previo mediante una nota, para luego ser contactados.

Durante su testimonio, el perito Matías Castellani hizo referencia al trabajo en equipo que se llevó a cabo para elaborar el informe pericial en cuestión. Según Castellani, el informe constaba de 11 puntos de pericia muy específicos que debían ser abordados con rigurosidad. En su declaración, el perito señaló que el elemento número 1 no se podía leer y que el punto número 11 tenía una gran cantidad de elementos borrados, lo que llamó la atención del equipo.

En su testimonio, Javier Echavarría, quien formó parte de la División de Análisis, fue interrogado sobre los horarios discontinuos de los agentes y cómo estos se relacionaban con las necesidades de la dependencia.

Además fueron testigos de la causa Gabriel Solano, Oscar Castelnovo, María del Carmen Verdú, Carlos «Sueco» Lordkipanidse y Claudio Dellecarbonara.

Se esperan los alegatos de la Querella, la Fiscalía y los defensores, el próximo miércoles a las 14 hs.

Fuente: Red Eco

Amplio reclamo por la libertad de 

Lorena Torres y Martín Rodríguez

Por Resumen Latinoamericano, 20 de marzo de 2023.

Mendoza. Este lunes se realizó una conferencia de prensa en la explanada de la Casa de Gobierno, allí distintas organizaciones y referentes nacionales de la Unidad Piquetera exigieron la inmediata liberación de los militantes sociales detenidos Lorena Torres y Martín Rodríguez del Polo Obrero Mendoza. Luego de la conferencia anunciaron que tendrán una audiencia con funcionarios del gobierno provincial.

Desde el momento de las detenciones se realizaron protestas en Mendoza, donde las organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y partidos de izquierda reclamaron su libertad.

A días del 24 de Marzo, donde se cumplirán 47 años del golpe cívico, militar y genocida. Y donde una vez más seremos miles en las calles exigiendo «Memoria, Verdad y Justicia», se desarrolló una conferencia de prensa donde participaron referentes políticos, sindicales, sociales y de Derechos Humanos de Mendoza.

El martes pasado la Policía de Mendoza avanzó sobre la movilización convocada por la Unidad Piquetera, quienes exigían recortes en los planes por parte de la Ministra de Desarrollo Social de la Nación Tolosa Paz y se llevaron detenidos a 4 militantes del Polo Obrero, como también del FOL. Es un hecho gravísimo, donde aún dos de ellos continúan detenidos. Se trata de Martín Rodríguez y Lorena Torres del Polo Obrero de Mendoza.

En la conferencia de prensa realizada en la explanada de la Casa de Gobierno, Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, expresó «queremos que el Gobernador nos reciba y pedimos la libertad inmediata».

Gabriel Solano, dirigente nacional del Partido Obrero y diputado por la Ciudad de Buenos Aires, comentó: «mañana quedará claro cuando en toda la Argentina se movilice por la libertad de Martín y Lorena que es una lucha nacional. Responsabilizamos al gobernador Suarez. Mañana el juez decidirá si los compañeros quedan libres o detenidos, si la decisión fuese negativa sería un hecho de gravedad inusitada».

Por su parte, Guillo Pistonesi, dirigente nacional del PTS en el Frente de Izquierda, llevó el saludo de los diputados nacionales Nicolás del Caño, Alejandro Vilca y Myriam Bregman y denunció que «acá se está haciendo un laboratorio de la represión. Cornejo y Suárez opinan que son patroncitos de estancia, pero están equivocados porque la clase obrera no va a soportar una profundización mayor del ajuste. No vamos a cesar hasta lograr la libertad inmediata de los compañeros y el cese de las persecuciones».

Solidaridad de Nora Cortiñas, Nora Moyano y militante de Asociación Detenidxs Desaparecidxs:

Carta de Martín y Lorena desde la cárcel agradeciendo a toda la militancia que se está movilizando por su libertad.

Las organizaciones convocantes fueron Sitea, EPM ex Comisaría 7ma, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Asamblea Popular por el Agua, Asamblea de Las Heras por el Agua Pura, Arte por el Agua, La Dignidad Confluencia, MP la dignidad, Frente Popular Dario Santillan – Corriente Plurinacional, Polo Obrero, Movimiento Evita, CCC, Mtl rebelde, MAR, COR, Corriente peronista La Base. Frente de Izquierda Partido de los Trabajadores Socialista, Partido Obrero, MST, Montoneros Mendoza, PRT, PCR, PTP, Tribuna Docente. Asociación cultural y comunicacional La Mosquitera, Centro Cultural Solar de Ana. Biblioteca Popular Iverna Codina, Frente de Organizaciones en Lucha Nuestraamérica, Agrupación Malva «8 de Marzo». Unidad Popular Mza, Identidad Territorial Malalweche, Asamblea socioambiental de Guaymallén. Somos Barrios de Pie. Frente Popular Darío Santillan (Utep), Guardianes del arbolado, Grupo GAIA, Instituto de Capacitación Popular (ICP), Partido Socialista Auténtico, Frente Social Peronista, MTE. Asociación de Pequeños Productores (APEPRO), Pueblo Unido, Teresa Vive, Colectivo Por la Educación – COPLE, La Martinez Baca – Centro de Estudios Sociales, Politicos y Ambientales. Agrupación Luis Barahona de Malargüe, Ex presos e Hijos San Rafael, La Duarte, CEGI (Concejo Educativo de gestión indígena Mza), Foro por la democracia y la libertad de lxs presxs políticxs, Mza, Racimos Centro Cultural. Las Heras Viva, Xumek/RePad.

Fuente: La Izquierda Diario

En Córdoba, el espacio Ruka resiste 

al desalojo (video) / La solidaridad 

de Norman Briski

Resumen Latinoamericano, 20 de marzo de 2023.

Compartimos el registro de la jornada de lucha que realizamos ante la orden de desalojo. #Rukaresiste!!!

Espacio RUKA resiste: frenar el desalojo del trabajo genuino

  5 minutos de lectura

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10/03/2023

El pasado 15 de febrero llegó una intimación para que al término de 20 días hábiles (10 de marzo) se “desocupe” el predio donde funciona RUKA. Un espacio donde la agroecología y el trabajo comunitario sostiene a más de 20 familias.

Foto gentileza Ruka

‘Ruka’ (Casa en mapudungun) es un espacio interdisciplinario de encuentro que se viene construyendo desde el año 2021 cerca de Argüello. Surge como un proyecto de unidad productiva impulsado por la organización OLP Resistir y Luchar en la que su principal actividad es la producción agroecológica de verduras y hortalizas, que sostiene a varias familias, huerteros y militantes del espacio.

A su vez, dentro de ‘Ruka’, se viene construyendo de manera integral espacios de comunicación y de salud mental que acompañan los procesos de quienes habitan y trabajan allí. Con la premisa de que es importante encontrarse y sanar desde la grupalidad, entendiendo que la salud mental son y representan espacios de agroecología. Es así como se abre paso este proyecto de creación de nuevas dinámicas socio-políticas que buscan mejorar la calidad de vida en un contexto actual de tanta crisis.

Recuperar, sembrar y luchar.

Ante el inminente desalojo que dio curso el Juez Federal Hugo Vaca Narvaja (Quien también tiene en su prontuario el procesamiento a les 27 estudiantes de la UNC) desde El Resaltador dialogamos con compañeras, compañeros, militantes y artistas de OLP y nos comentaron sobre la situación actual y la recuperación que vienen haciendo del espacio:

“El proceso de recuperación fue lento, porque es un lugar con mucha historia, con muchas historias, a veces con estigmas  de ser “ocupa”, que se tiene acerca de quienes estamos y qué hacemos, habitando una tierra que aparentemente está abandonada. Fue un proceso de limpiar mucho la imagen del lugar.”

La tierra en disputa se trata de la casona de Tomás Garzón, un ex-gobernador de Córdoba de principios del siglo XX. Un predio que fue recuperado y abandonado con posterioridad  por la la misma entidad estatal que hoy demanda (Agencia de Administración de Bienes del Estado-AABE), siendo responsable del deterioro causado tanto del predio, como y sobre todo, en el patrimonio arquitectónico que se encuentra allí.

A su vez, en estos años, la provincia intentó rematar el lugar a vistas gordas del AABE, la entidad centralizadora que hoy amenaza con desalojar el trabajo genuino que se construye. Con una casa en ruinas, sobre una extensión de hectárea y media que ha sido el pulmón verde del barrio por años, la codicia de la especulación inmobiliaria crece mientras el trabajo comunitario cuida y recupera el lugar.

Si bien actualmente gran parte del territorio es ocupado con la huerta agregaron: “No solo trabajamos la tierra de forma agroecológica sino también desde la preservación de la flora y fauna nativa que se expresa en el lugar. Los espacios donde trabajamos fueron cambiando constantemente dependiendo de la temporada y las grupalidades que estamos ahí.”Desde que se encuentran en el espacio, la casona y el predio en su conjunto han comenzado a tener más vida. Dar respuesta a la crisis, generando trabajo de huerta que garantice una alimentación nutrida y saludable; posibilitando la reflexión grupal y alentando la creatividad y construcción colectiva se demuestra en los hechos desde las redes que se vienen gestando : “En ese proceso fuimos armando redes, ya sea desde otras organizaciones sociales, el INTA,y de espacios de lucha agroecológicos como es El MOCASE, y la Red de huertas comunitarias  urbanas de Córdoba que actualmente formamos parte”.

Foto gentileza Ruka

Urge frenar el desalojo

El poder judicial busca desalojar el espacio sin un relevamiento previo,  justificando la orden por hechos de hace 2 años: “según el expediente de la causa el Juez Vaca Narvaja determina esta acción como si ocupantes anteriores aun existieran acá, y es verdad que por el abandono este espacio fue mal usado y que traía problemas a la comunidad. pero eso hace 2 años atrás.”

Tanto la provincia como el estado nacional deben tomar nota que el espacio está recuperado por la comunidad y quienes trabajan allí. Que los productivos que se gestan en el predio son parte  del Programa Nacional de Inclusión Socio Productiva y Desarrollo Local y que al mismo tiempo genera un valor agregado en la comercialización de los productos que se cultivan. Una encrucijada contradictoria como enfatizan quienes sostienen el espacio, donde el mismo estado por un lado subsidia el trabajo de la casa  y por el otro  busca desalojarla.

(con información de El Resaltador)

Nora Cortiñas visitó al preso político

mapuche Facundo Jones Huala y 

resaltó la «gesta» de Esquel por la 

defensa del agua y el «No a la mina»

Resumen Latinoamericano, 20 de marzo de 2023.

La referente de Madres de Plaza de Mayo realizó varias actividades en el marco de los 20 años del plebiscito por el No a la Mina. Criticó el acto político organizado para el 24 de marzo.

Nora Cortiñas, referente de Madres de Plaza de Mayo “Línea Fundadora” llegó a la ciudad de Esquel para participar de distintas actividades en el marco de los 20 años del Plebiscito por el cual la ciudadanía dijo No a la minería.

Cabe destacar que en la pasada sesión del Concejo Deliberante, Nora Cortiñas fue declarada “visitante ilustre de la ciudad de Esquel” como una forma de “agradecimiento de las vecinas y vecinos por su trayectoria de ética y lucha al servicio de la democracia y la defensa de los Derechos Humanos”. 

Antes de las actividades previstas en la tarde de este lunes con la apertura del aniversario e inauguración de la muestra “20 años de pie”, la histórica referente de Madres de Plaza de Mayo visitó a Facundo Jones Huala quien se encuentra detenido en la Unidad 14 del Servicio Penitenciario Federal.

En diálogo con la prensa, Nora Cortiñas manifestó sentirse “orgullosa” por visitar la ciudad de Esquel y “estar en contacto con este pueblo que ya conocía por la gesta maravillosa de lograr defender el agua para toda la patria argentina. Es una gesta inolvidable.”

En cuanto a su visita al referente mapuche Facundo Jones Huala, expresó que en su momento se indignó mucho “porque cuando lo encontraron trataron de denigrarlo, en vez de conocer un poco más de lo que él había pasado”.

Norita Cortiñas entrando en la unidad 11 de la cárcel de Esquel a visitar al preso lonko Mapuche Facundo Jones Huala. Norita nos enseña solidaridad constantemente, y ahora a descolonizar , a apoyar las luchas de las Naciones Indígenas del estado opresor argentino. Estuvo con las mujeres presas Mapuche, en los diálogos, en las reivindicaciones en su ronda de la Plaza de Mayo. Norita no escucha ni atiende los racismos estructurales de un estado argentino, en su economía, en su cultura, en su educación, en sus medios descomunicacionales, en esta sociedad que no ve , no escucha y no siente el llamado de salvar la Pachamama, Mapu, Tierra, Lurra, que nos enseñan las culturas indígenas. Libertad a Facundo Jones Hueala, a las presas Mapuche y sus criaturas.

Críticas al acto político del 24 de marzo

Por otra parte, la cofundadora de Madres de Plaza de Mayo se expresó en contra de la movilización que está organizando La Cámpora en contra de la «proscripción» a Cristina Kirchner para el próximo 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

“No acepto que el 24 de marzo se use para una campaña política”, expresó Nora Cortiñas y agregó que “tuvimos logros porque estuvimos en la calle peleando 47 años y me indignaría salir por las calles y en vez de ver los carteles de esta lucha tengamos que ver una campaña política”.

Con la presencia de Norita quedó inaugurada la muestra «20 años de pie»

Con las emotivas palabras de la gran luchadora, se realizó la apertura oficial de las actividades por los 20 años del Plebiscito que le dijo No a la Mina en Esquel.

El acto comenzó con las emotivas palabras de la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas y siguió con los relatos de Mauro Millán, Marta Sahores y Silvia Gonzales. También contó con la musicalización de Arcos del Sur. 

En el marco del inicio del acto, el periodista Fito Alarcón recordó que aquel 23 de marzo de 2003, una vez finalizada la jornada del plebiscito, “la empresa minera en su comunicado dijo que se respetaría la voluntad del pueblo de Esquel y el proyecto quedaría en pausa”.

“Todos los años vemos que insisten y todos los años gana el pueblo de Esquel y gana la provincia del Chubut”, agregó y remarcó que “fue la comunidad unida la que dijo que no y la que sostiene la montaña de pie”.

Envio:ResumenLatinoamericano

URGENTE

Massa interviene Edesur por seis meses por "incumplimiento de contrato"

El ministro de Economía designó a Ferraresi como interventor "administrativo". Denunciará penalmente a los dueños.

20/03/2023

Sergio Massa anunció la intervención de Edesur por 180 días por "incumplimiento de contrato" tras los cortes que afectaron a cientos de miles de usuarios durante el verano.

El ministro de Economía designó a Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda y ex ministro de Vivienda, como el interventor administrativo. Ferraresi no tomará el control operativo de la empresa eléctrica sino que fiscalizará las inversiones, obras y mejoras del servicio.

"Las situaciones que les tocó vivir a miles de argentinos en los últimos 15 días no se pueden tolerar más", dijo el ministro en un mensaje desde el Microcine del Palacio de Hacienda, en el que estuvo acompañado por la secretaria de Energía, Flavia Royon; el secretario Legal y Administrativo, Ricardo Casal, y el interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello. 

La intervención se da cuando Enel, la empresa italiana controlante de Edesur, ya blanqueó sus intenciones de vender la compañía eléctrica. Como anticipó LPO, Mauricio Macri y Nicolás Caputo están detrás de la futura compra.

El Gobierno venía dando señales que anticipaban una posible intervención. La semana pasada, el Enre a cargo de Martello le pidió al Congreso que evalúe la quita de concesión a la distribuidora eléctrica. Luego, la secretaría de Energía ordenó al Ente que denuncie penalmente a todo el directorio de la empresa por malversación, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de personas, además de avanzar con la quita de la concesión.

Desde Enel confirmaron a LPO dos semanas atrás que luego de que finalice el verano, es decir en las próximas horas, se pondrá en marcha el proceso para vender la empresa. 

Durante toda la jornada se esperaban anuncios sobre Edesur por el anticipo que hizo al respecto Ariel Sujarchuk, secretario de Economía del Conocimiento. Sin embargo, Alberto Fernández se enteró pocos minutos antes del alcance real de la medida pocos minutos antes del anuncio. El propio Massa se lo comunicó. En Economía quería evitar las filtraciones de la Rosada.

Fuente:LaPolitica.online

III FORO MUNDIAL DE DDHH

Cristina participa en un encuentro del Grupo de Puebla junto a Evo Morales y Rafael Correa

El evento se realizará bajo la consigna "Voluntad popular y democracia", en el marco del III Foro Mundial de Derechos Humanos. Ernesto Samper y José Luis Rodríguez Zapatero también estarán presentes.

21/03/2023

  

Foto: Captura video

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner participará este martes en un encuentro organizado por el Grupo de Puebla, en el marco del III Foro Mundial de Derechos Humanos que se inició este lunes en Buenos Aires.

«El martes 21 en el Centro Cultural Kirchner vamos a participar, junto a queridos compañeros y compañeras de América Latina y Europa, del encuentro “Voluntad popular y Democracia. Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la Democracia”, organizado por el Grupo de Puebla», sostuvo la expresidenta a través de su cuenta personal de Twitter.

Fernández de Kirchner realizará el discurso de cierre, mientras que los exmandatarios Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), José Luis Rodríguez Zapatero (España) y Ernesto Samper (Colombia) encabezarán previamente mesas de debate.

También participará el jurista español Baltasar Garzón, cuya participación está ligada a uno de los objetivos del evento, que es «denunciar el lawfare (guerra jurídica) contra la expresidenta de la Nación argentina y entregarle un apoyo transversal», informaron los organizadores.

La exposición de la expresidenta, prevista para las 19, dará el cierre para una actividad en la que también está anunciada la presencia del coordinador del Grupo Puebla, Marco Enríquez-Ominami; el senador Oscar Parrilli (FdT-Neuquén); el diputado español Enrique Santiago (Unidas Podemos); su par hispano-argentino Gerardo Pisarello (Unidas Podemos-En Comú Podem), y el diputado Eduardo Valdés (FdT-CABA).

Según el texto de la convocatoria, el objetivo del encuentro será reflexionar y pensar acciones ante «la persecución político-judicial de la que (Cristina Kirchner) ha sido víctima desde 2015, que quedó de manifiesto con la reciente condena judicial en su contra», un párrafo que alude al veredicto de primera instancia dictado por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en el marco de la causa Vialidad.

Los detalles de la Jornada

La jornada lleva como título «Voluntad popular y democracia. Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia», y tendrá lugar en la Argentina como parte del III Foro Mundial de Derechos Humanos (FMDH 2023) que se realiza desde este lunes hasta el viernes 24 de marzo

La lista de expositores que participarán de la jornada del Grupo Puebla incluye también a la abogada brasileña del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (Clajud), Gisele Ribocom; la jurista hispanoecuatoriana Adoración Guamán, y la historiadora y comunicadora argentina Silvina Romano.

Durante el encuentro se presentará el libro «Objetivo: Cristina. El lawfare contra la democracia en la Argentina», editado de manera conjunta por la Escuela de Estudios Latinoamericanos y Globales (Elag), el Grupo Puebla, el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (Clajud) y el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).

Ese volumen reúne escritos de especialistas en Derecho de distintos países del mundo junto a expresidentes de América latina y España como el propio Garzón;el exjuez de la Corte Raúl Zaffaroni; la abogada brasileña Carol Proner, la exministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta; el ecuatoriano Virgilio Hernández Enríquez; la brasileña Larissa Ramina, junto a los exmandatarios Samper y Rodríguez Zapatero, entre otros nombres.

El Grupo de Puebla se define como «un espacio de reflexión e intercambio político» que agrupa a «líderes y lideresas progresistas que trabajan por el desarrollo integral de los pueblos latinoamericanos» y que permite «coordinar» y «articular» acciones en la región con la participación de tres presidentes en ejercicio y diez exmandatarios de América latina y España.

Aquí la programación completa del III Foro Mundial de Derechos Humanos

III FORO MUNDIAL DE DDHH

Cristina participa en un encuentro del Grupo de Puebla junto a Evo Morales y Rafael Correa

El evento se realizará bajo la consigna "Voluntad popular y democracia", en el marco del III Foro Mundial de Derechos Humanos. Ernesto Samper y José Luis Rodríguez Zapatero también estarán presentes.

21/03/2023

  

Foto: Captura video

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner participará este martes en un encuentro organizado por el Grupo de Puebla, en el marco del III Foro Mundial de Derechos Humanos que se inició este lunes en Buenos Aires.

«El martes 21 en el Centro Cultural Kirchner vamos a participar, junto a queridos compañeros y compañeras de América Latina y Europa, del encuentro “Voluntad popular y Democracia. Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la Democracia”, organizado por el Grupo de Puebla», sostuvo la expresidenta a través de su cuenta personal de Twitter.

Fernández de Kirchner realizará el discurso de cierre, mientras que los exmandatarios Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), José Luis Rodríguez Zapatero (España) y Ernesto Samper (Colombia) encabezarán previamente mesas de debate.

También participará el jurista español Baltasar Garzón, cuya participación está ligada a uno de los objetivos del evento, que es «denunciar el lawfare (guerra jurídica) contra la expresidenta de la Nación argentina y entregarle un apoyo transversal», informaron los organizadores.

La exposición de la expresidenta, prevista para las 19, dará el cierre para una actividad en la que también está anunciada la presencia del coordinador del Grupo Puebla, Marco Enríquez-Ominami; el senador Oscar Parrilli (FdT-Neuquén); el diputado español Enrique Santiago (Unidas Podemos); su par hispano-argentino Gerardo Pisarello (Unidas Podemos-En Comú Podem), y el diputado Eduardo Valdés (FdT-CABA).

Según el texto de la convocatoria, el objetivo del encuentro será reflexionar y pensar acciones ante «la persecución político-judicial de la que (Cristina Kirchner) ha sido víctima desde 2015, que quedó de manifiesto con la reciente condena judicial en su contra», un párrafo que alude al veredicto de primera instancia dictado por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en el marco de la causa Vialidad.

Los detalles de la Jornada

La jornada lleva como título «Voluntad popular y democracia. Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia», y tendrá lugar en la Argentina como parte del III Foro Mundial de Derechos Humanos (FMDH 2023) que se realiza desde este lunes hasta el viernes 24 de marzo

La lista de expositores que participarán de la jornada del Grupo Puebla incluye también a la abogada brasileña del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (Clajud), Gisele Ribocom; la jurista hispanoecuatoriana Adoración Guamán, y la historiadora y comunicadora argentina Silvina Romano.

Durante el encuentro se presentará el libro «Objetivo: Cristina. El lawfare contra la democracia en la Argentina», editado de manera conjunta por la Escuela de Estudios Latinoamericanos y Globales (Elag), el Grupo Puebla, el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (Clajud) y el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).

Ese volumen reúne escritos de especialistas en Derecho de distintos países del mundo junto a expresidentes de América latina y España como el propio Garzón;el exjuez de la Corte Raúl Zaffaroni; la abogada brasileña Carol Proner, la exministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta; el ecuatoriano Virgilio Hernández Enríquez; la brasileña Larissa Ramina, junto a los exmandatarios Samper y Rodríguez Zapatero, entre otros nombres.

El Grupo de Puebla se define como «un espacio de reflexión e intercambio político» que agrupa a «líderes y lideresas progresistas que trabajan por el desarrollo integral de los pueblos latinoamericanos» y que permite «coordinar» y «articular» acciones en la región con la participación de tres presidentes en ejercicio y diez exmandatarios de América latina y España.

Aquí la programación completa del III Foro Mundial de Derechos Humanos

Fuente:TiempoArgentino