TROPEL del 29.04.2023.

 

Sauzal Bonito, la tierra que tiembla: 

el fenómeno sísmico de la Patagonia

Por Veronica Bonacchi, Resumen Latinoamericano, 28 de abril de 2023.

Vaca Muerta era una tierra de oportunidades, el primer desarrollo de fracking en América Latina. Una veintena de empresas llegaron a perforar el suelo y fracturarlo día y noche. Debajo yacía una promesa descomunal: millones de metros cúbicos de gas, millones de barriles de petróleo, miles de millones de dólares. Cerca de ahí, en Sauzal Bonito, las oportunidades se convirtieron en un tembladeral. Sus habitantes sufren enjambres sísmicos que no tienen explicación.

Aquí, bajo esta tierra, hay riqueza. Tres kilómetros y medio por debajo de este suelo inhóspito y árido, en el norte de la Patagonia argentina, la promesa es descomunal.

Ahí abajo, lo que alguna vez fue un océano es ahora la segunda reserva de gas no convencional más grande del mundo y la cuarta de petróleo no convencional. Las cifras que exhiben los balances anuales suenan extraordinarias: millones de metros cúbicos de gas al día, millones de barriles de petróleo, miles de millones de dólares. Esa fortuna subterránea se llama Vaca Muerta, una formación sedimentaria del Jurásico de treinta mil kilómetros cuadrados que abarca, allá abajo, casi toda la provincia de Neuquén, pero también un poco de sus vecinas, Río Negro, La Pampa y Mendoza. Fue un geólogo estadounidense, Charles Weaver, el que la descubrió y le puso ese nombre aciago y sin razón en 1931, pero pasaron más de ochenta años antes de que la petrolera de bandera argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) confirmara su potencial. Ahora, más de veinte empresas, tanto nacionales como extranjeras, se dedican a perforar este suelo, lo fracturan día y noche, le inyectan agua y arenas y químicos a presión para sacarles el jugo a esas piedras prehistóricas, adormecidas 3 500 metros abajo.

Aquí arriba, sobre esta tierra y muy cerca de esos pozos, está Sauzal Bonito. Aquí, en este paraje rural, los números no son prodigiosos: 350 habitantes, 124 casas modestas, un puñado de chacras, una enfermera, cuatro mercados, la vida sencilla alrededor de una única calle de tierra. Aquí hay que comprar garrafas (tanques de gas) para cocinar, leña para calefaccionarse, porque no hay gas, y aunque a quinientos metros corre un río, la poca agua que sale de las canillas no se puede tomar. Aquí lo único que abunda son los sismos. Desde 2015, Sauzal Bonito se sacudió cuatrocientas veces, algo así como un episodio por semana. Pero los promedios pueden engañar: durante la pandemia de covid-19, que detuvo el mundo y el trabajo, en los yacimientos no hubo un solo movimiento; en cambio, en un solo día, el 9 de mayo de 2022, por ejemplo, aquí arriba la tierra tembló en 36 ocasiones.

Instalaciones petroleras en la zona de Vaca Muerta. Sauzal Bonito es un poblado se encuentra muy cerca de ahí. Imagen: Anita Pouchard Serra.

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La Ruta Provincial 17, que une puntos neurálgicos de la actividad hidrocarburífera de esta región, no descansa: la recorren camiones blancos; camionetas 4×4 blancas; combis, también blancas, que trasladan operarios. Casi no se ven autos particulares ni de otro color, y todos tienen la identificación de alguna empresa petrolera. Todos van y vienen, todo el día, todos los días, sin descanso. Aquí, bajo el área que atraviesa la Ruta 17, en el centro de la provincia de Neuquén, está el corazón de Vaca Muerta, y al corazón de Vaca Muerta se le hace cirugía mayor. Solo el año pasado se le hicieron 12 522 punciones.

El léxico de la actividad petrolera se parece al médico. Se dice punciones, fractura, estimulación, fluidos, inyectar. Se dice todo eso para decir que hay que llegar tres kilómetros y medio abajo, hasta la roca que tiene atrapado el petróleo o el gas. Y para eso hay que perforar la tierra, primero en forma vertical y luego en forma horizontal. Pero no solo. Como el petróleo y el gas que hay abajo no brotan naturalmente hacia la superficie, hay que punzarlos y estimularlos. Por eso se los llama no convencionales. Y por eso, también, necesitan que se les inyecten millones de litros de agua, con toneladas de arenas silíceas y químicos, para fracturar la roca, mantener abierta la grieta y que finalmente ese tesoro enquistado empiece a fluir.

Esa técnica se llama fracking. Y esa es la operación que el año pasado, en el corazón de Vaca Muerta, cerca de donde está el pueblo de Sauzal Bonito, se repitió 12 522 veces. Fue un récord.

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El paraje de nombre pintoresco es una sorpresa al final de un camino de ripio y vegetación achaparrada, un valle discreto a orillas del río Neuquén, que corre encajonado en mesetas a veces rojas, a veces grises. Parece un error en un desierto opaco; una línea verde en medio de la nada. Aquí no hay sombra ni rastro de los sauzales bonitos que a mediados del siglo pasado se supone que vio un policía llamado Gregorio Troncoso, quien le dio nombre al pueblo, inspirado en una obviedad que, al menos ahora, no es obvia. Lo que hay en Sauzal Bonito son alamedas. Pero esa es la menos inquietante de las paradojas.

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Arriba: Mabel Panero, dueña de un mercadito y de una casa derrumbada, donde posa para la foto. Desde hace unos meses tiene una casa antisísmica que le construyó el gobierno. Abajo: la antigua casa de Mabel Panero en Sauzal Bonito. Imágenes: Anita Pouchard Serra.

Desde hace unos meses, Mabel Panero vive enfrente de la que era su casa. De los restos de la que era su casa. Lo único que quedó en pie en ese sector es su mercadito, aunque está cerrado y vacío. Al lado, el lugar donde tenía la cocina comedor, el baño y las dos habitaciones en las que vivió con sus seis hijos y luego con sus nietos es una ruina. Solo quedan algunas paredes. Las de la habitación de los chicos, por ejemplo, que son color celeste. Una de ellas, de un lado aún tiene pegada una foto descolorida de Messi. Del otro exhibe una grieta larga con una fecha escrita en lápiz negro: 16-01-19. La fecha la anotó personal del gobierno de la provincia de Neuquén que vino a relevar los daños de uno de los sismos que se sintieron fuerte y agrietaron muchas casas. Pusieron un testigo sobre la rajadura para comprobar si había más temblores. Hubo once movimientos en una semana; después, quince en veintiséis horas; uno de magnitud 4.5. La casa no sirvió más, hubo que derribarla.

A Mabel el gobierno le construyó una vivienda antisísmica del otro lado de la calle, en un terreno más alto, más seco, sin árboles. Alrededor de su casa nueva todo es tierra arcillosa, salvo un cuadradito en el que crecieron algunas verduras y una flor. En mayo de 2022, después de una seguidilla de temblores y de algunas protestas que incluyeron cortes de ruta, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, anunció cincuenta viviendas resistentes a los movimientos. La de Mabel, entregada cinco meses después, es una de las dos que se han hecho hasta la fecha. Es imposible no verlas: son blancas, nuevas, de madera.

“Nosotros tuvimos hasta cuarenta movimientos en un día. Y cuando empieza, no sabés si salir corriendo, quedarte parada, gritar o llorar. En el último salí corriendo, porque fue lo que me salió hacer, y cuando me di cuenta, volví a buscar al bebé de mi hijo. El techo era todo polvillo. Yo pensé que se nos caía encima, y entonces me largué a llorar”.

A Mabel los sismos se le volvieron miedo, rictus apretado. Ella es una de las treinta personas que se atienden con la psicóloga que también puso a disposición el gobierno para que ayude a superar el terror incierto de no saber qué va a pasar ni en qué momento. La psicóloga vive a 43 kilómetros y viaja hasta aquí dos veces a la semana, los martes y jueves. “Cuando empezaron los sismos, el gobernador nos trató de locos. Acá hay gente que durmió en carpas o en el auto por miedo a que el techo se le cayera encima. Locos, nos decía. Uno puede estar loco, capaz dos. Pero ¿todo el pueblo va a estar loco?”, pregunta Mabel en su casa nueva, las paredes relucientes decoradas con cuadros que ella misma hizo en el taller de arte que dicta una vecina.

Lorena Sandoval nació en el paraje hace veintinueve años. Es una de las hijas de Mabel y vive al lado, en una vivienda prefabricada. Estuvo en el corte de ruta, junto con los vecinos. “El gobierno vino a enfriar un poco la situación haciendo dos casas, como la de mi mamá. Pero esto no va a parar. A los gobiernos y a las grandes empresas no tenemos cómo ganarles. A nadie le importa Sauzal”, dice Lorena, pelo rizado y bien corto, la voz suave en un cuerpo fuerte, alto, acostumbrado a cargar dos hijos y a limpiar las malezas que rodean su casa.

Tenía diecinueve años cuando Vaca Muerta empezó a ser lo que es ahora: una tierra de promesas transformada en el castigo de un tembladeral. El 28 de agosto de 2013, la Legislatura neuquina ratificaba por mayoría un convenio entre la petrolera nacional y la provincia, y avalaba así el “acuerdo YPF-Chevron”, un documento confidencial que fue revelado recién tres años después y mostró un entramado de empresas offshore para esquivar las denuncias que Chevron tenía en Ecuador, donde se la responsabilizaba de haber arrojado los desperdicios de la actividad hidrocarburífera en plena Amazonía, de haberlos incendiado después y de verter petróleo en Lago Agrio, lo que perjudicó a los treinta mil habitantes de la región. El caso terminó en la Corte de La Haya con un fallo a favor de Chevron, en 2018, que no pagó los 9 500 millones de dólares que le reclamaba Ecuador.

Aquí, en 2013, a 41 kilómetros de Sauzal Bonito y con YPF-Chevron en la línea de largada, se inauguró el primer desarrollo de fracking masivo en América fuera de Estados Unidos y Canadá, los dos países pioneros de la actividad. Ese fue el comienzo de Vaca Muerta. Las protestas de ese día tampoco ganaron: en las puertas de la Legislatura, mientras se aprobaba el convenio, la policía reprimió una marcha de organizaciones políticas, sociales y de comunidades mapuches que se oponían al acuerdo y al fracking. Hubo heridos y un docente internado con una bala alojada en el cuerpo. “No vamos a dejar que echen por tierra una perspectiva brillante”, dijo el entonces gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, considerado el “padre de Vaca Muerta”, hombre fuerte del Movimiento Popular Neuquino, la fuerza política creada por su padre en 1961 y que lleva gobernando la provincia desde entonces, con la interrupción de la dictadura militar. Como compensación por avalar el convenio, negoció con el gobierno nacional una suma millonaria para acompañar con obras el desembarco de la industria no convencional.

A unos pocos pueblos de la región las obras llegaron a cuentagotas. A Sauzal Bonito solo llegaron los temblores.

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El sol de la mañana cae como un telón pesado sobre la tierra gris. En medio del paraje, frente a la oficina comunal, hay un cartel: una madera tallada, apenas más arriba del suelo, que para el recién llegado dice “Bienvenidos a Sauzal Bonito”, y del otro lado, como despedida al que se va, un “Que Dios los vendiga [sic]” cincelado a mano.

Dos mujeres jóvenes rastrillan la tierra que rodea el cartel. Graciela Fuentes y Gladis Acuña nacieron y se criaron en este paraje, y ahora trabajan para la comuna, como la mayoría de los jóvenes que viven acá. Las dos recuerdan la primera vez que todo tembló. Fue en 2015. Graciela estaba en su pieza y sintió una explosión que hizo que se cayera la repisa. “Después te acostumbrás; si te gusta esto, te acostumbrás”, dice Gladis, y alza la vista para abarcar esto, Sauzal Bonito.

Acá todos recuerdan su primer sismo: dónde estaban (en la cama, en el baño, en la cocina), qué estaban haciendo (durmiendo, lavándose los dientes, viendo la tele), qué sintieron (una explosión, un zumbido, unas ondas bajo el piso, como si te chocara un camión). El resto —las otras 399 veces— es una maraña de fechas, intensidades, grietas, gritos, miedo, enojos y una palabra: horrible. Así dicen que es vivir entre sismos, horrible.

Lorena, como Graciela, Gladis y otros cien vecinos, integran un grupo de WhatsApp que se llama Sismos en Neuquén, en el que se avisan si pasa eso: si hay sismos en Neuquén. En el grupo también está la Red Geocientífica de Chile, que registra los movimientos desde el país vecino. El gobierno de la provincia no reconoce esa fuente, dice que no es oficial, que son aficionados. La primera explicación que les dio a los vecinos fue que el paraje está ubicado sobre una falla tectónica, la dorsal de Huincul, y que esa podía ser la razón de los temblores que comenzaron en 2015. Pero a mediados de 2019, después de las protestas, dispuso medir los sacudones. Para eso, firmó un convenio con el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), un organismo estatal que tiene su sede en una de las provincias con más terremotos de la Argentina, San Juan, y el 27 de junio de 2019 se instalaron dos sismógrafos: uno en Sauzal Bonito y otro a 41 kilómetros, ahí donde todo empezó.

El 30 de junio de 2019 —tres días después de instalado, cuatro años después de que comenzaran los temblores—, el instrumento recibió una señal y el gobierno de Neuquén publicó el primer informe oficial: fue un movimiento de intensidad 2.7 ocurrido a las 13:00 horas. Desde ese día, la provincia publica en su página web el “Informe semanal de sismicidad”, con el detalle de los temblores registrados, y cada semana repite que “se está gestionando en este momento la instalación de […] la red de sismógrafos (dieciséis equipos en la zona) y que permitirá contar con más y mejores datos”. Celeste Herrera, funcionaria del Ministerio de Energía, del que depende la actividad en Vaca Muerta, asegura que desde noviembre de 2022 ya son ocho los sismógrafos que están funcionando en la zona. Es lo único que dirá ese ministerio clave sobre lo que ocurre en Sauzal Bonito. Es lo único que dirá todo el gobierno de Neuquén sobre el paraje y las posibles causas de los temblores: que ya hay ocho sismógrafos.

Gerardo Sánchez, jefe de Investigaciones Sismológicas del Inpres, es uno de los encargados de seguir los movimientos del paraje. “Estamos muy lejos de poder decir que la actividad de las petroleras sea la causante”, dice el licenciado en Geofísica. Para que se pueda conocer el origen de los movimientos, dice, deberían estar funcionando los dieciséis sismógrafos que se están gestionando desde 2019. Y una vez que eso ocurra, “deberían medirse, durante un año más, o dos”. Para eso, entonces, falta.

Desde hace cuatro años, Javier Grosso, geógrafo de la Universidad Nacional del Comahue, estudia los sismos de Sauzal Bonito con obsesión. En el tráiler que montó cerca de su casa, a doscientos kilómetros del paraje, tiene mapas con marcas verdes y rojas pegados a las paredes, apuntes sobre el escritorio, material bibliográfico esparcido por ahí. Empezó a estudiarlos porque le sorprendieron la frecuencia, el lugar y un dato que lo hizo sospechar: que fueran tan superficiales. “Era un lugar en el que antes no había sismos. Hay una falla tectónica, es cierto, pero no estaba activa. Y lo más llamativo es que son sismos de una profundidad muy coincidente con la formación Vaca Muerta”, dice Javier Grosso y señala un mapa repleto de triangulitos verdes y rojos donde se superponen sismos y pozos de fracking. “Técnicamente, los temblores de Sauzal son de baja magnitud para sismicidad natural, pero para sismicidad inducida son de intensidad elevada”. La sismicidad inducida es aquella en la que interviene el hombre, que altera un equilibrio que existía hasta entonces. “Inyectan millones de litros de agua y miles de toneladas de arena, con una presión gigantesca. No hay forma de que eso no modifique el equilibrio preexistente. Por supuesto que hay lugares que son más sensibles, y por eso hay áreas de Vaca Muerta que tienen muchos pozos de fracking y no tiemblan”, asegura.

La relación entre el fracking y la sismicidad es materia de estudio, de polémica, de regulaciones. El fracking —prohibido en la mayoría de los países de Europa y practicado sobre todo en Estados Unidos, Canadá y China, pero también en México y Chile— está cuestionado en buena parte del mundo no solo porque aumenta la sismicidad, sino también por la cantidad de agua que necesita para las fracturas; por los químicos que se le agregan, una mezcla cuya composición no se da a conocer; por la posibilidad de que ese caldo contaminado se filtre en los acuíferos, y por la transformación del territorio que ocupan, que altera las economías regionales, la fisonomía de los pueblos, y los deja convertidos en una suerte de zona de sacrificio. En algunos lugares, como Alberta, en Canadá, u Oklahoma, en Estados Unidos, se usan semáforos sísmicos. “Un semáforo es un control, lo tenés que informar, pero podés seguir operando porque es menor; si genera un sismo de entre 2 y 3.9, tenés que informar y detener tu actividad durante 48 horas, y si tu actividad genera un sismo de magnitud mayor a 4, tenés que detenerte hasta que la autoridad autorice a empezar nuevamente. Entonces, las empresas vienen a hacer acá una actividad que allá está regulada. En ese sentido, no violan ninguna ley. Acá nada les prohíbe generar sismos”, dice Javier Grosso.

Imagen: Anita Pouchard Serra.

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Vaca Muerta, con sus treinta mil kilómetros cuadrados subterráneos, tiene, arriba, su propio mapa, una especie de rompecabezas marcado por las 46 concesiones a empresas nacionales y extranjeras que extraen el petróleo y el gas no convencionales. Cada empresa —YPF, Pan American Energy, Shell, Vista Oil & Gas, Pluspetrol, ExxonMobil, Chevron, Tecpetrol, etc.— tiene su área, y cada área, su nombre pintoresco, puro color local: Loma Campana, La Ribera, Bajada del Palo Oeste, Sierra Chata, Parva Negra, Bandurria Sur, Lindero Atravesado, Bajo del Toro, La Calera, Mata Mora, Coirón Amargo, Pampa de las Yeguas, Fortín de Piedra.

Sauzal Bonito queda exactamente frente a Fortín de Piedra, el área de la que Tecpetrol extrae 13% del gas que se utiliza en toda la Argentina. La empresa es de Paolo Rocca, la segunda fortuna del país, dueño también de la constructora Techint y de Tenaris-Siat, la firma que está fabricando los 48 000 caños para el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una de las obras más importantes del actual gobierno, con la que proyectan llevar el gas de Vaca Muerta a cada rincón del país. “Aquí […] tenemos gas para doscientos años, y el gas es la energía de transición que el mundo ha resuelto tener para ir camino a las energías renovables”, se entusiasmó el presidente Alberto Fernández, aquí, sobre Vaca Muerta, al pie del lugar donde comenzará a fluir el gas argentino el 20 de junio de 2023, según los anuncios.

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Margarita Pampinella y Mario Quintuman son los dueños de la otra casa antisísmica, blanca, nueva, de madera. Pero pasan buena parte del día afuera, a la sombra de un tinglado bajito, tomando mate, escuchando música en la radio, quemando bosta de caballo en un recipiente para ahuyentar a las moscas y mosquitos, envueltos en un humo gris, de olor ácido. En la entrada de su terreno hay una platea y una viga, únicos vestigios de que allí hubo una casa de adobe donde vivieron con sus diez hijos. Y también hay una pequeña huerta. Margarita está orgullosa: por fin logró que le diera unos zapallitos. “Ya había bajado los brazos”, dice su marido, y le pone una mano en el hombro, cariñoso. Margarita y Mario están enamorados desde el día en que se conocieron. Ella tenía catorce años, venía escapando de Buenos Aires y de una madre alcohólica. Soñaba con llegar a Bariloche, a la Patagonia más promocionada y verde de la Argentina, pero solo consiguió que la dejaran en Cutral Co, una ciudad chata en medio del desierto, con sus pozos de petróleo, y a cuatrocientos kilómetros de distancia del destino soñado. Era de mañana. Hizo dos cuadras por esa ciudad y se cruzó con Mario, diecinueve años, sonrisa pícara.

“Esa tarde nos juntamos y ya no nos separamos más”. Ella, que ahora tiene setenta, el pelo corto, los cigarrillos siempre cerca, lleva tatuado el nombre de su marido en el brazo derecho, las letras desparejas. Se lo hizo él. Él se tatuó un corazón en el izquierdo. Se vinieron acá hace veinticinco años, cuando el barrio de Cutral Co donde vivían se volvió peligroso. Ahora los hijos viven lejos. “Ninguno se vino a vivir acá. Bueno, uno vino, pero se fue enseguida porque acá no hay futuro, no hay trabajo”, dice Margarita mientras amasa un pan. La mayoría de los jóvenes que viven en el paraje son jornaleros, con sueldos de setenta dólares al mes. Solo unos pocos consiguieron trabajo en las empresas petroleras, pero en las tareas menos calificadas, alejados de los pozos. Los que logran entrar a la comuna, para hacer tareas administrativas, se llevan cuatrocientos dólares al mes. El resto trabaja en sus chacras o se dedica a criar animales.

Mario hizo un poco de todo: fue albañil, manejó una ambulancia en Cutral Co, trabajó en una fábrica de vidrio, en el petróleo. Ahora cuida parcelas con frutas y verduras que tiene cerca. Aunque se queja de lo que pasa en Sauzal Bonito, no quiere irse de acá.

Cuando el pan de Margarita haya leudado, él va a encender el horno de barro, afuera, al lado del tinglado. Dicen que es la única manera de hacer rendir los 166 dólares que cobran por la jubilación. Si prenden la cocina de la casa nueva, se gasta demasiado rápido el gas de la garrafa, que les cuesta diez dólares. En cambio, si lo alternan con la leña, les rinde un mes. La camionada de leña les suma otro gasto de 39 dólares, pero en verano les sirve para varios meses. “¿Cómo puede ser, no? De ahí sale el gas para el país, y nosotros con la garrafa al hombro”, dice Mario señalando ahí, el otro lado del río. ¿Cómo puede ser?, se pregunta, y esa —esa— es otra paradoja que aquí no tiene respuesta. Pero tampoco es la única.

Vaca Muerta es una expresión que llena la boca. Un concepto que se usa en los titulares de la prensa, en anuncios de campaña, en esperanzas. Un término que no dice nada, pero que puede decir mucho. Vaca Muerta puede decir cifra récord de producción de petróleo, soberanía energética, la promesa de más trabajo y de buenos sueldos, la posibilidad de exportar hidrocarburos en lugar de comprar en un mundo sacudido por la guerra. Vaca Muerta también puede decir lo contrario, por las mismas razones: emisiones de gases de efecto invernadero, unos sueldos que desequilibran el mercado inmobiliario y todos los demás, y también un paraje, Sauzal Bonito, donde no hay gas y hay sismos.

“De sismicidad nosotros no hablamos”, dicen desde Tecpetrol. En su área, que ilumina la noche de Sauzal con sus torres de perforación, al otro lado del río Neuquén, se hicieron 1 524 etapas de fractura el año pasado.

“Nosotros le decimos estimulación o fracturación hidráulica”, aclaran, cuidadosos con el lenguaje, y derivan las consultas al Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), un organismo integrado por las mismas compañías que explotan el suelo de Vaca Muerta.

Según el material del IAPG, la fracturación hidráulica es una operación inocua, aséptica, eficiente, que comienza cuando, desde una torre de perforación, baja el trépano, la herramienta encargada de perforar la tierra hasta tres mil metros de profundidad. A ese agujero profundo se le hace una doble y hasta una triple protección de cemento y acero para que no haya filtraciones que perjudiquen el medio ambiente. Una vez abajo, el trépano sigue su recorrido otros dos mil metros más, pero en forma horizontal. Allí, con otra herramienta que atraviesa el hierro y el cemento, se hacen orificios de no más de dos milímetros. Y entonces sí, desde arriba, comienza la estimulación hidráulica, que consiste en inyectar una mezcla de agua, arenas silíceas y una docena de aditivos químicos a una presión tan grande que, al llegar a los pequeños orificios, se abre camino y provoca la fractura de las piedras donde está encerrado el petróleo o el gas.

Esa misma operación —la perforación, la estimulación con agua, arenas y químicos, la fractura— se repite entre cinco y veintinueve veces más. Para cada etapa de fractura se inyectan, ahí abajo, veintidós toneladas de arenas silíceas y 1 500 metros cúbicos de agua con químicos. De acuerdo a un video del IAPG, 20% de ese líquido regresa a la superficie. “Esta agua de retorno o flowback contiene altos niveles de sales, cloruros y carbonatos, y debe ser tratada obligatoriamente para ser reutilizada […]. También puede ser reinyectada en formaciones profundas, a miles de metros de la superficie y de eventuales acuíferos de agua dulce, en pozos autorizados”, dice también.

Los pozos autorizados se llaman sumideros. Hay más de 140 en toda la provincia de Neuquén. El resto, los residuos sólidos y semisólidos, mezclados con el agua contaminada, son llevados a basureros petroleros, también dispersos por toda la provincia, incluida su capital. En 2020, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas denunció penalmente ese depósito —56 hectáreas a cielo abierto— por envenenamiento, adulteración o contaminación peligrosa para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera y el ambiente en general. Eso —la basura que deja el tesoro— cada vez ocupa más lugar.

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Salvo el ir y venir de los vehículos sobre la arteria de la Ruta 17, la actividad de Vaca Muerta no se ve. Los pozos, los yacimientos, el destino de todos esos camiones, camionetas, combis no están visibles a la vera de la ruta. Hay que girar por caminos de ripio, tomar desvíos laterales, andar sobre la meseta. Y desde ahí arriba, entre carteles que avisan que cuidado, que abajo hay un conducto por el que corre gas de alta presión, que no se puede excavar, desde ahí arriba sí se ve la transformación. En la superficie hay mecheros encendidos que queman gas, terrenos desmalezados, con enormes torres de perforación, una fila larguísima de caños a campo traviesa que en algún momento se unirán, se soldarán e irán bajo tierra, pero que ahora parecen un monstruo vertebrado, negro, amenazante.

A simple vista, Sauzal Bonito es un puñado de casas dispersas en un valle verde. Pero de cerca lo que se ve es que la calle única, larguísima, divide el pueblo entre los que viven al pie de la meseta árida y los que tienen una chacra (pequeña finca rural), con sus álamos y alguna plantación. A primera vista, ese es el mejor lugar. Pero los que viven de ese lado se quejan: ya no es tan verde. Los que cultivan cerezas pudieron venderle una parte al municipio para hacer dulce en la sala de envasado que se inauguró el año pasado y que emplea a cinco mujeres del paraje. Pero el resto, los que cultivan alfalfa, los que tienen nogales, verduras, los que crían animales, ven que todo languidece.

A quinientos metros de la única calle corre el río Neuquén, que más de una vez creció y se convirtió en inundación, cubrió casas, las dejó inservibles. Ahora es más bien escuálido y dejó al descubierto las rocas musgosas que antes eran su lecho.

Como Sauzal Bonito no tiene planta de tratamiento, el municipio reparte dos bidones de agua potable por casa al mes. Lo poco que sale de las canillas no se debería beber y se raciona el uso para que todos puedan, a ciertas horas del día, regar.

A primera vista, el tema de Sauzal son los sismos. Pero los vecinos también se movilizaron por el agua, hicieron un corte de ruta, exigieron obras. Eso fue el 8 agosto de 2021. Aún no tiene solución.

Andrés Durán, 52 años, expetrolero, tiene una chacra. Es mediodía y a esta hora corre un poco de agua en su acequia, así que aprovecha para distribuirla entre los frutales, dar de beber a los chivos, los conejos y los chanchos que cría. Hace calor. Bajo la parra apenas hay consuelo. Desde ahí se ven las dos casas de Andrés. Una de adobe, partida por dentro y por fuera; otra, más alejada, que es pura intención: dos paredes a medias, una pila de ladrillos, un poco de arena. Andrés es musculoso, parece acostumbrado al trabajo pesado. Estuvo veintiún años en la industria del petróleo y decidió dejarlo para “disfrutar un poco de la vida”. Pero, como muchos de los vecinos, oscila entre la resignación y el enojo. “Yo soñé este lugar, esta chacra es mi vida, y me cagaron el sueño”, dice.

Aunque es crítico del fracking, dice que el petróleo le permitió darse algunos lujos, que pudo comprar el departamento en el que ahora vive su exmujer, con su hija, en Neuquén capital, a 156 kilómetros. Aquí, en la chacra que soñó, no hay rastros de ese lujo. Los corrales están armados con partes de hierro, restos de resortes, algunas maderas. En la casa de adobe hay poca cosa: una mesa, una heladera, muchas grietas. Una tan grande que permite ver el cielo encendido del mediodía afuera.

“Antes de que empezaran los sismos teníamos una vida normal y ahora no podemos proyectar nada. Acá, la agresividad, la falta de empatía y de consideración con el lugar fue atroz. Y lo más grave es el discurso: a mí me dicen que sea patriota, que haga un esfuerzo, que de acá sale el gas para todo el país. Nos dijeron que de alguna manera esa riqueza nos iba a llegar, pero mirá, acá todo es una miseria”.

Fernando Wircaleo, presidente de la Comisión de Fomento de Sauzal Bonito, una versión del intendente a menor escala, llega a su oficina en una camioneta 4 × 4 que no es blanca, es gris. Es uno de los tres vehículos que fueron cedidos por YPF y Tecpetrol para que sean usados por las autoridades. Aquí, Fernando Wircaleo es la autoridad. Lleva pantalón azul, mocasines claritos, una remera verde agua con el logo de Yves Saint Laurent.

Tiene 35 años y es descendiente de los primeros habitantes del lugar. Su padre nació en Fortín de Piedra, el área que ahora es un reguero de pozos, de torres de perforación. “A mí, acá en el pueblo, me acusan, dicen que estoy a favor de las petroleras, y no es así: yo también tengo a mis hijos asustados, mi casa también se parte. Que hay coincidencia entre el comienzo de los temblores y la llegada de las petroleras, sí, eso lo puedo asegurar. Pero decir que son las petroleras las que los causan, no, no puedo decirlo porque yo no estudié para eso”, dice Fernando Wircaleo en su oficina de jefe comunal, con una foto enorme del gobernador de Neuquén detrás suyo.

Fernando Wircaleo es cauto. Asumió su cargo en diciembre de 2019 y quiere ser reelegido este año. Sabe que depende del gobierno central y también de los que lo votan. Entonces, quiere ser salomónico. Agradece la ayuda del gobierno provincial. Dice que le dieron una mano para achicar la desocupación. “Acá el que no trabaja en la comisión de fomento trabaja en las empresas, y el que no, es criancero o tiene su chacra”. Quejas, Fernando Wircaleo solo tiene dos. Una es el reporte de los sismos. “Eso es una media falta: nosotros no tenemos información de parte del Inpres. De Chile nos informan antes”. La otra es el rédito que deberían tener por estar aquí, en el corazón de Vaca Muerta. “El acompañamiento de las petroleras nos hace mucha falta, porque estamos en un lugar estratégico, y esto tendría que ser un embellecimiento total. Lamentablemente esa parte no se ve”, dice Fernando Wircaleo.

Lo que se ve en Sauzal Bonito es esto: una escuela primaria; un polideportivo que está a medio construir desde 2016; dos enormes tanques de agua abandonados en la puerta del municipio, esperando la obra de agua potable; una cancha de fútbol semiabandonada; una posta sanitaria que está cerrada porque la única enfermera está de licencia; un predio para jineteadas; una guirnalda de luces que decoran un paseo en el que no pasea nadie; un mirador de hierro, allá arriba de la meseta; una antena enorme; un salón donde ensaya el grupo infantil folklórico Sismito; gallinas y perdices que cruzan la calle; tierra reseca.

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Es una tarde de 38 °C y Noemí Painemil, 66 años, la voz que es un hilito, atiende el mercado más concurrido del pueblo. Tiene timbre, cámara de seguridad en la puerta y una chacra detrás que se reseca. “No hay mucha agua”, dice mientras intenta regar dos laureles que crecen en medio de la tierra gris. “Pero ¿vos viste las manguerotas allá en el río, un poco más lejos? Esas mangueras sacan agua para llevarla a las empresas. Es tremendo lo que pasa acá”, afirma con su voz cascada, producto de un carcinoma de garganta que logró superar. Las manguerotas, como ella las llama, efectivamente llevan el agua que necesitan las empresas para hacer fracking, menos de 1% del caudal del río Neuquén, según el gobierno provincial. Se ven turgentes, hinchadas, al costado de la ruta. Desde el río ascienden por la meseta dos serpientes oscuras.

“El año pasado estuvimos siete meses sin agua. Un camión del municipio nos repartía bidones. Siete meses, a quinientos metros del río. Esas empresas nos están jodiendo la vida”, dice, con su mate rosado rebosante de azúcar en la mano, mientras va y viene del almacén a la cocina. Entra mucha gente a comprar: sobre todo cerveza, pero también yerba, leche, cigarrillos.

Con su marido, Carlos Pérez, exhombre fuerte del sindicalismo petrolero, ahora jubilados, crían chanchos y gallinas y tratan de mantener los pocos árboles que les dan alguna alegría: unos almendros, algunos damascos y un parral con uvas todavía verdes que el hombre levantó al lado de la casa. Es su lugar favorito, su paraíso, lo llama él. A su sombra se sienta a tomar mate todas las tardes.

La casa de Noemí y Carlos es una paleta de colores vibrantes: verde musgo el comedor, rojo la cocina. Las grietas que dejaron los sismos resaltan en medio de la estridencia. “El último sismo me despertó. Abrí los ojos, y las paredes y las chapas se movían. Es horrible”.

Noemí está enojada. Tiene manchas en la piel y le dijeron que son producto del estrés. Ella es una de las que se movilizaron, que cortaron la ruta para reclamar, que fueron hasta Neuquén a pedir que hagan algo por ese paraje que antes estaba quieto y ahora se sacude. Pero reconoce que no lograron mucho. “Peleamos contra un monstruo. Estamos desamparados”, dice.

Carlos la escucha, ausente, mientras prepara su mate. Se disculpa y sale a dar de comer a sus animales. Está cansado de hablar del tema; si empieza, se enoja. Ahora quiere disfrutar su vida jubilado. Pero no puede contenerse, y entonces cuenta que vinieron a tentarlo para que vuelva a trabajar en el petróleo, pero que él a los pozos no vuelve ni loco. “Lo único que extraño del petróleo es el sueldo. Pero ¿quiere que le diga? Yo sé lo que dejamos en el campo, lo que ensuciamos, lo que contaminamos; yo sé que la tierra no se va a recuperar nunca más. Acá no hay vuelta de hoja. Yo sé que los temblores son por las fracturas. Que nos dejen de mentir”, dice Carlos, un rapto de furia, los ojos encendidos.

Después se queda inmóvil, sentado bajo su parral, el mate amargo en la mano. “¿Sabe por qué me da bronca? Porque yo soy feliz acá”, dice. Y acá, en este preciso momento, arriba de ese océano jurásico que es Vaca Muerta, todo está quieto y el atardecer es un prodigio. “Vea qué lindo, ¿no es un paraíso esto?”.

Esta historia sobre Sauzal Bonito y el fracking en la Patagonia se publicó en la edición impresa: «Cuando la Tierra habla».

VERÓNICA BONACCHI. Periodista argentina. Trabajó en el diario La Nación y actualmente es editora en el diario Río Negro, de la Patagonia. En esta edición escribió sobre el fenómino sísmico que sufre la comunidad de Sauzal Bonito, muy cerca de Vaca Muerta, el gran desarrollo de fracking de América Latina..

ANITA POUCHARD SERRA. Fotógrafa franco-argentina radicada en Buenos Aires. Sus temas de trabajo giran alrededor de la identidad, la migración, el territorio y los derechos de las mujeres, con un enfoque transdisciplinario. Su trabajo personal ha sido apoyado, entre otros, por la Biblioteca Nacional de Francia, el Pulitzer Center, el National Geographic Society’s Emergency Fund, Open Society Foundations y la International Women’s Media Foundation. Ha trabajado para medios internacionales y argentinos. Expuso en Photoville, la Bienal de Sharjah 15 y la Biblioteca Nacional de Francia. Es docente y conferencista de narrativa visual y fotoperiodismo en Estados Unidos, México y Argentina. En esta edición, fotografió esta historia sobre Sauzal Bonito y Vaca Muerta.

Fuente: Gato Pardo

Larreta tuvo que retroceder con la 

línea 0800-Hotton de los antiderechos

Por Resumen Latinoamericano, 28 de abril de 2023.

Luego de la rápida denuncia y alerta de las organizaciones de mujeres, de la diversidad sexual, de trabajadoras, estudiantiles, entre otras, la línea telefónica que iba a ser ejecutada por organizaciones evangelistas en los hospitales públicos de la Ciudad no podrá seguir operando y el servicio será brindado a través del Ministerio de Desarrollo Social. Ayer, hubo pañuelazo convocado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto frente a la Legislatura porteña.

Cyntia Hotton, reconocida antiderechos y presidenta del Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires, se quedó sin su 0800 VIDA, la línea de atención telefónica en hospitales públicos que bajo el argumento de servir para “asistir a mujeres con embarazos vulnerables”, supuestamente para aplicar la Ley de 1.000 días sancionada en 2020 junto con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, en verdad buscaba que esa línea sea atendida por 400 organizaciones evangelistas. Ese convenio había sido firmado con el Ministerio de Salud presidido por Fernán Quirós. A partir de ahora, la línea telefónica será atendida por personal del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad.

El convenio que se logró dar marcha atrás, era una intromisión de agrupamientos religiosos en el sistema público de salud, hecho repudiado por la Campaña por el Aborto, reconocidas escritorias, personalidades de la cultura, diputadas y también por sectores de trabajadoras y trabajadores como la Asamblea de Residentes y Concurrentes de CABA, la Comisión de Género de las trabajadoras del Hospital Durand, por mencionar algunos ejemplos. La juventud también se hizo oír, y empezaron a difundirse los comunicados de los centros de estudiantes, como en los casos de los Centros de Filosofía y Letras de la UBA y en el terciario porteño Joaquín V. González. Apenas se hizo público este convenio, la primera legisladora porteña en presentar un pedido de informes para que se conozca este convenio fue Alejandrina Barry del bloque PTS en el Frente de Izquierda.

El jueves por la tarde, la Campaña por el Aborto de CABA convocó un Pañuelazo frente a la Legislatura porteña, donde presentaron las más de 1500 firmas en repudio a ese convenio que finalmente dio marcha atrás luego del repudio que generó. Allí estuvieron presentes la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas luego de la ronda de los jueves, las y los diputados del Frente de Izquierda Alejandrina Barry, Mercedes de Mendieta y Gabriel Solano. También se acercaron las diputadas del bloque de Juntos por el Cambio Florencia Romano y Ana María Bou Perez que al defender las políticas de salud y de género en la Ciudad que habían sido cuestionadas en la declaración de la convocatoria a la actividad, no fueron muy aplaudidas durante la jornada. Además de las referentes históricas de la Campaña como Martha Rosenberg, Nina Brugo, Elsa Schvartzman, participaron agrupaciones como Pan y Rosas, Isadora, Juntas y a la Izquierda, Plenario de Trabajadoras, Las Rojas, entre otras, y se leyeron apoyos de distintos sectores. La actividad finalizó con la música del colectivo de percusión Talleres Batuka que plantearon la necesidad de seguir en las calles movilizadas por los derechos de las mujeres.

Fuente: La Izquierda Diario

Detienen al jefe de la DDI de 

Quilmes por varias causas de 

homicidio

Resumen Latinoamericano, 28 de abril de 2023.

Luis Zaracho fue apresado en la misma sede policial que dirigía. Es el cuarto detenido en la causa por el homicidio de Lautaro Morello y la desaparición de Lucas Escalante.

El jefe de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes fue detenido, acusado de encubrimiento en el marco de la causa por el homicidio de Lautaro Morello, cuyo cadáver fue hallado semicalcinado en la localidad de Guernica, y la desaparición de Lucas Escalante, de quien no se tienen noticias desde diciembre pasado. En ese momento, ambos se encontraron en Florencio Varela tras un partido de la selección Argentina en el Mundial de Qatar.

El comisario mayor Luis Zaracho se transformó así en el cuarto detenido que tiene la causa y quedó a disposición del fiscal Daniel Ichazo. La detención fue concretada por la Policía Federal en la sede de la misma DDI que Zaracho dirigía. El exjefe policial ahora imputado ya fue «desafectado» de sus funciones por el Ministerio de Seguridad bonaerense.

Zaracho quedó detenido imputado del delito de «encubrimiento calificado por ser el delito precedente grave y por su condición de funcionario público», ya que se lo acusa de haberle comunicado cuestiones relativas a la causa que estaba a su cargo al padre y tío de los dos primeros detenidos, el comisario mayor Francisco «Coco» Centurión, exjefe de Drogas Ilícitas de Quilmes. Al describir el hecho que le imputa, el fiscal señala que Zaracho «ayudó a Cristian Centurión y a Maximiliano Centurión (los primeros detenidos por el caso) a eludir la investigación y a sustraerse a la acción por el homicidio de Lautaro Morello y la desaparición de Lucas Escalante».

El fiscal agregó que «estando ya en conocimiento de la presencia de las víctimas en el domicilio de Cristian Centurión, mantuvo comunicaciones con (el comisario mayor) Francisco Centurión, padre y tío respectivamente de los imputados, previo a recibirle declaración testimonial a Cristian Centurión, quien ya había declarado horas antes en la Sede de la Comisaría Florencio Varela Cuarta y a Maximiliano Centurión». Para el fiscal, el comisario intentó «con dichas declaraciones, desvirtuar el curso de la investigación y entorpecer la misma durante el curso de la pesquisa que estuviera a su cargo«.

Por el homicidio de Lautaro y la desaparición de Lucas están presos Cristian y Maximiliano Centurión, hijo y sobrino, respectivamente, del comisario Centurión, acusados del delito de «homicidio doblemente agravado por alevosía y ensañamiento» en perjuicio de Morello. Luego, y también por encubrimiento, fue detenido el comisario Sergio Enrique Argañaraz, titular de la comisaría 4ª de Bosques.

También estuvo preso por falso testimonio, pero ya recuperó su libertad, otro policía que se desempeñaba en un área integrada con Interpol y era la mano derecha del comisario Centurión.

Lucas fue visto por última vez el viernes 9 de diciembre en la localidad de Bosques, Florencio Varela, cuando pasó a buscar a Lautaro para salir a festejar el triunfo de la Selección Argentina ante Países Bajos por las semifinales del Mundial de Qatar en un auto BMW, que al día siguiente apareció incendiado.

El cuerpo de Morello fue encontrado cerca de las 21.30 del jueves 15 a la vera de la autopista en construcción Buen Ayre, en Guernica, partido de Presidente Perón. De acuerdo con la investigación, el último destino en el que quedó acreditado que estuvieron Lucas y Lautaro fue la casaquinta del comisario mayor Centurión, en la localidad de Bosques. 

Días atrás, a pedido del fiscal Ichazo se realizó un allanamiento en esa casaquinta en la que fueron hallados rastros de sangre y restos de elementos quemados que, ahora, están siendo analizados.

El Banco Central de Argentina sube

la tasa de interés al 91 %, la más 

alta en 20 años

Por Resumen Latinoamericano, 28 de abril de 2023.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) subió este jueves de 81 % a 91 % la tasa de interés, una medida que pretende frenar el alza del dólar en los últimos días. 

La medida fue anunciada por el BCRA a solo una semana de haberla elevado de 78 % a 81 %, 300 puntos, después que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundiera el índice de inflación de marzo, que llegó a 7,7 % y acumuló así un 104,3 % interanual. 

Luego de varias jornadas de aumento sostenido, el dólar paralelo o ‘blue’, que se comercia por fuera del sistema bancario en Argentina, bajó su cotización y se vendió este jueves a 468 pesos, tras comenzar la semana en torno a los 490. 

Para alcanzar la estabilidad de la divisa, el Gobierno de Alberto Fernández intervino en el mercado del dólar financiero mediante ventas de bonos y reservas, lo que ayudó a aplacar la caída del peso en las plazas alternativas.

Fuente: RT

El 1° de Mayo en la Patagonia Rebelde 

entre los siglos XIX y XX: «Viva la 

revolución social» y «Abajo la 

autoridad»

Por Adrián Moyano* / Resumen Latinoamericano, 28 de abril de 2023

Fuente: Movilización en Santa Cruz antes de los fusilamientos.

En 1886, Chicago quedaba muy lejos de la Patagonia. Inakayal languidecía en el museo de La Plata, había gente cautiva en el campo de concentración de Valcheta y se contaban por miles las mujeres y hombres mapuches que, en condiciones de servidumbre, cimentaban las fortunas de los vencedores. En la región, el capitalismo se generalizó después de la Campaña al Desierto y como en cualquier otro lugar, al conformarse la clase dominante, simultáneamente creció la proletaria. Para 1892, la distancia con la ciudad estadounidense ya se había acortado: en vísperas del 1ro. de mayo, en los muros de Carmen de Patagones aparecieron carteles que decían «Viva el 1 de mayo», «Viva la Revolución Social» y «Abajo la autoridad». Desde ya, la Policía se encargó de retirar las leyendas y de paso, detuvo a dos militantes anarquistas.

Para el noreste de Chubut, se periodizó la emergencia de una clase obrera entre 1913 y 1922. Nada que ver con las narraciones todavía predominantes que dibujan un pasado idílico, ausente de conflictos y gestas pioneras/patronales heroicas. En 1909 se instaló en Trelew una fábrica de fideos que accionaba una máquina de vapor y en el mismo período, otra de hielo. Tres años después, inauguró la cervecería «La Argentina», propiedad de un empresario de origen alemán que producía la cerveza «Chubut». No por nada, también en 1913 se organizó el primer acto cuya finalidad fue conmemorar el 1ro de mayo.

El 1ro. de Mayo de 1918 en Comodoro Rivadavia.

El impulso corrió por cuenta de los obreros del ferrocarril y se concretó en Gaiman. El historiador Gonzalo Pérez Álvarez tomó como fuente la crónica con que El Avisador Comercial registró el histórico acontecimiento: «El número de manifestantes era de bastante importancia, saliendo en columnas bien formadas por las calles del pueblo, entonando el Himno de los Trabajadores y haciendo flamear pañuelos y banderas rojas. El espectáculo llamó la atención por ser la primera vez que esto acontecía en el Chubut».

Pero los trabajadores no se limitaban a brindar «espectáculos». En agosto de 1916, descarriló el tren que iba de Puerto Madryn a Trelew al ubicarse sobre las vías grandes piedras. Historiadores regionales adjudican el episodio a un «atentado» consecuencia de «luchas obreras». Según Matthew Jones, no era la primera vez que se producían sabotajes semejantes y los encuadró en los conflictos que periódicamente se suscitaban entre la compañía ferrocarrilera y los obreros del muelle.

Ante el avance proletario, la represión no se quedaba de brazos cruzados, porque cada 1ro de mayo incluía «despliegues de fuerzas policiales para mantener el orden en el desfile que siempre se organizaba después de los encendidos discursos que se pronunciaban en la plaza Independencia (Trelew), no siendo raro que algunos de los más entusiastas terminaran esa noche en algún calabozo de la Comisaría local», consigna el relato de Jones. Para mantener el orden capitalista, claro está.

Régimen policial

A principios del siglo XX, el norte de la Patagonia también se incorporaba con velocidad al mercado mundial, con énfasis en el esquema agroexportador. Los primeros conflictos estallaron en estancias de Maquinchao (1906) y en el puerto de San Antonio Oeste (1909), los dos en el Territorio Nacional de Río Negro. En 1905, la seccional Choele Choel de los ferroviarios se había plegado a una medida nacional y el tren dejó momentáneamente de circular, también por Neuquén. Incluso un año antes, peones se declararon en huelga y nadie cargó las toneladas de cuero y lana que esperaban en esa estación, «ocasionando importantes pérdidas a comerciantes y hacendados», según documentó el Departamento Nacional del Trabajo y celebró La Protesta

Hacia fines de la década de 1910, la FORA del V Congreso, es decir, la anarquista, impulsó un proceso de organización obrera en el Alto Valle del Río Negro. A mediados de 1914, un ejemplar de La Protesta reprodujo un informe remitido por trabajadores que abrían canales en Allen, quienes estaban «sujetos a un régimen verdaderamente policial dentro del cual los derechos del hombre y la libertad individual son letra muerte». La publicación también denunciaba: «aquí el que se enferma muere sin asistencia» y añadía que «se trabaja entre el lodo y con el agua hasta la rodilla. Se duerme en carpas miserables, en jergones húmedos exponiendo el cuerpo a cualquier enfermedad mortal: bronquitis, pulmonía o reumatismo».

Los órganos de prensa del sindicalismo revolucionario hacían otro tanto. En efecto, los que estaban vinculados a la FORA del IX Congreso también denunciaban las increíbles condiciones de explotación que afrontaban los peones del tendido férreo hacia Zapala. La Acción Obrera publicó un testimonio según el cual, «es célebre la brutalidad y soberbia de los directores del ferrocarril del Sud en lo que se refiere a su conducta para con los trabajadores». Pedía que nadie fuera «a hacerse explotar a Neuquén, pues es una vida que sólo pueden soportar los desgraciados y rudos rusos, armenios, sirios, turcos; los italianos y españoles no son admitidos por la compañía porque dicen que son muy exigentes».

El periodista y escritor Hernán Scandizzo halló en sus investigaciones que desde 1914, consta el envío de periódicos, libros, revistas y otros materiales de difusión anarquista a Contralmirante Cordero, Cipolletti y Allen. En rigor, la prensa de agitación circulaba en el Alto Valle desde comienzos de siglo, aunque de manera irregular y dirigida a suscriptores individuales. Inclusive, entre 1907 y 1908 funcionó en Fiske Menuko-General Roca una agencia de La Protesta.

A la luz de tales antecedentes, no puede llamar la atención que en 1912 se conmemorara por primera vez en Neuquén el Día del Trabajador. Para la prensa local, la actividad no tuvo demasiada trascendencia: «asistieron a un modesto lunch numerosos obreros con los que fraternizaron también varios de los no asalariados». En el acto hicieron uso de la palabra portavoces proletarios y el medio enfatizó que todo «terminó con el mayor orden, formulándose augurios para que la próxima celebración obrera asuma todas las proporciones de un acontecimiento social».

Gente de propaganda huelguista

En el sur de la Patagonia, la Federación Obrera de Río Gallegos se fundó el 13 de mayo de 1913. En su origen incidió considerablemente la Federación Obrera de Magallanes (FOM) que inclusive antes de esa fecha, se había preocupado por crear subsedes en jurisdicción santacruceña. En latitudes australes, el internacionalismo proletario fue un hecho, más que una consigna o aspiración, a tal punto que en el acta de fundación se estableció la hermandad entre ambas organizaciones y la comunidad de ideas. Si bien hubo gente socialista, fue el anarquismo la ideología que prevaleció desde el vamos.

Un conflicto de importancia se suscitó al año siguiente, cuando se detuvo a «setenta y ocho individuos mayoría agitadores y presuntos atacantes a la policía mano armada», según un telegrama que envió la gobernación al Ministerio del Interior. En 1915 se repitieron los acontecimientos, siempre en cercanías de la temporada de esquila, cuando se producían movimientos de trabajadores provenientes de Chile. A comienzos de ese año, una solicitud de estancieros de origen británico y alemán de la zona de San Julián, permite entrever -desde hoy- la tragedia que se abatió sobre las huestes obreras a partir de 1921. Los poderosos decían: «Los abajo firmados (sic) vecinos de ésta, pobladores con hacienda lanar viéndonos amenazados por instigadores al paro de trabajo si no se acude a pretensiones absurdas por gente de propaganda huelguista, lo que puede traer graves consecuencias a nuestras vidas y haciendas por este elemento, en su mayoría de mal vivir, venimos ante su Excelencia a pedir garantías por cuanto la única en darlo sería la policía […]» Seis años después, la persistencia de la solicitud se llevó por delante la vida de 1.500 peones.

Quien firma no pudo establecer con claridad cuándo se conmemoró el 1ro de mayo por primera vez en Santa Cruz, pero ya en 1910, la gobernación había recibido un pedido de tenor similar al de 1915. Es más, los firmantes ofrecían sus servicios para «el caso de que el orden público pudiera ser alterado en los festejos que proyectan los elementos obreros locales». Germen parapolicial que 10 años después, se contagiaría mortalmente y se hizo cuerpo en la Legión Patriótica.

En 1887, nadie o casi nadie supo en latitudes australes que George Engel, Adolph Fischer, Albert Parsons, August Spies y Louis Lingg perdieron la vida por desafiar a la trituradora capitalista estadounidense. Tampoco llegaron hasta aquí noticias sobre la suerte que corrieron Samuel Fielden, Michael Schwab y Oscar Neebe. Pero cinco años después a orillas del río Negro, el mismo que forzosamente cruzaron tantos y tantas mapuches para despedirse de su libertad, empezó a hablarse de Los Mártires de Chicago y del 1ro de mayo. A su influjo se organizó la clase obrera de la Patagonia, que también tiene historia y épicas. Merecen contarse.

*Escritor y periodista.

Notas

Para escribir el artículo consulté «Las huelgas en los canales (1917-1920). La organización obrera anarquista durante la construcción del Alto Valle», cuaderno de historia obrera de Hernán Scandizzo. También su blog terrapalabra.historiasencontradas

Otro tanto hice con el libro de Gonzalo Pérez Álvarez «Historia de la clase obrera en la Patagonia» (Ediciones Imago – 2020); y con el artículo «Análisis de los primeros conflictos obreros en la Patagonia austral», de Rosario Güenaga, disponible en http://estudiosamericanos.revistas.csic.es

Luis Ibarra Philemon tuvo a bien compartirme las páginas pertinentes de «Historia de la clase obrera en Santa Cruz. 1900-1946», de Miguel Auzoberría, Hugo Huenul, Elida Luque y Susana Martínez, volumen con el que no cuento.

FUENTE: El Extremo Sur

Golpe al bolsillo: por la elevada 

inflación, los salarios volvieron a 

caer en febrero

Por Resumen Latinoamericano, 28 de abril de 2023.

Los salarios subieron en promedio un 6 % en febrero en relación al mes anterior, quedando por detrás de la inflación, que fue del 6,6 %. El sector público fue el más rezagado, apenas creciendo 3,8 % en el mes. Lejos de recomponer lo perdido, los salarios siguen un 4,8 % por debajo de diciembre de 2019 y más de 20 puntos por debajo de 2015.

El Índice de Salarios que publicó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) arrojó una suba nominal de los salarios en febrero que quedó nuevamente por debajo de la suba de precios.

Los salarios subieron en promedio un 6 % en febrero en relación al mes anterior, mientras que la inflación (IPC) había sido del 6,6 % y los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas habían trepado un 9,8 %.

Los salarios del sector público fueron los más rezagados, apenas creciendo 3,8 % en el mes y 104,2 % interanual. Por su parte, el sector privado registrado tuvo una variación de 6,8 % respecto a enero y 99,3 % interanual, frente a una inflación de 102,5 % en el mismo período.

Por último, los asalariados del sector no registrado tuvieron una variación mensual de 7,1 % en sus salarios, que sin embargo no fue suficiente para alcanzar a la inflación anual, ya que sólo se incrementaron 80,5 % en los últimos doce meses.

Lejos de recomponer lo perdido, los salarios siguen un 4,8 % por debajo de diciembre de 2019 y más de 20 puntos por debajo de 2015.

De acuerdo a la Junta Interna de ATE-Indec, ningún trabajador debió ganar menos de $ 273.146 de bolsillo en febrero, muy lejos de la realidad de la mayoría trabajadora.

Frente a la inflación galopante que diluye los salarios y los ingresos de los sectores populares, el gobierno encabezado por Sergio Massa como ministro de Economía, buscan anclar los salarios e intentaron imponer un techo salarial para este año de un 60 %, lo que sería un golpe enorme al bolsillo. Muchas cúpulas sindicales ya están arreglando aumentos escalonados con esa pauta, mientras de conjunto las centrales sindicales continúan con la tregua con el gobierno, dejando pasar el ajuste.

El miércoles pasado, Massa se reunió con la CGT y movimientos sociales oficialistas para intentar – una vez más- poner en pie un pacto social que congele precios (y salarios) por 90 días.

No todos los sectores pierden ante esta crisis, la banca privada, las patronales del campo, y los empresarios, son parte de la lista de beneficiados por las concesiones del gobierno del Frente de Todos. Es necesario pelear por imponer a la CGT, las CTA y las conducciones sindicales, que rompan de inmediato la escandalosa tregua que sostienen con el Gobierno y las patronales y convoquen a un paro nacional y un plan de lucha.

Fuente: La Izquierda Diario

El plan es trabajar

Por Mariano Pagnucco, Resumen Latinoamericano, 28 de abril de 2023.

Autogestión, compañerismo y superación son los valores que comparten las cooperativas beneficiadas por el Potenciar Trabajo, el programa estatal que a fuerza de campañas mediáticas y prejuicios sociales quedó asociado a “los planeros”. Recorrimos el conurbano bonaerense sur para conocer las historias que no salen en los noticieros.

Para entender los odios argentinos hay que mirar la frontera. Allá, se supone, está el enemigo. En algún tiempo fue el indio; después, el gaucho. En esta era de multipantallas, la frontera (grieta) es el conurbano bonaerense y el enemigo un fantasma que recorre los hogares argentinos que miran la realidad desde la pantalla televisiva: los planeros.

Esa construcción en abstracto (una especie de ejército de zombies que pueden subsistir con un dinero estatal que representa la mitad de un salario mínimo) es la expresión de otra frontera y otra grieta. La del histórico trabajo asalariado, formal y con derechos, y una economía popular que nació como respuesta ante los agujeros del mercado y se ha consolidado como la única salida laboral para millones de personas. Por eso en la frontera, cada vez más difusa entre los bandos, hay odios.

“Llegué a la organización porque el sistema de trabajo me había cerrado las puertas, estuve tres años buscando», dice Érica (39).

“Acá hicimos un proceso de cambio de pensamiento, porque uno llega con un pensamiento individual de salir adelante y acá cambié la manera de pensar, de ver, de ser solidaria con mis compañeros, involucrarme, dar una mano”, dice Elisabet, 48 años, integrante de una cooperativa textil en Almirante Brown. Acá es una zona de casas bajas cercanas al barrio Don Orione de Claypole. Acá es, también, donde un dedo señala hacia una calle de tierra que se prolonga a lo lejos: “Unas cuadras para allá vivía Darío”.

Darío (Santillán) es frontera de espacio y de tiempo. Uno de los piqueteros asesinados en la Masacre de Avellaneda el 26 de junio de 2002. La bandera del Frente Popular que lleva su nombres y donde Elisabet y otras miles de compañeras sostienen tareas comunitarias todos los días: limpieza, cocina, educación, panadería, textil. Desde la militancia y trabajando en cooperativas (que en muchos casos perciben el Salario Social Complementario del plan Potenciar Trabajo), les hacen frente a los prejuicios y también al contexto de ajuste económico.

Imagen: Agustina Salinas.

Elisabet, que conoció a Darío en el territorio más de 20 años atrás, tuvo que atravesar su propia frontera de conceptos para situarse en una organización social. “Quienes venimos con una idea más egoísta, que traemos de nuestra familia, acá la cambiamos”, reconoce. En estos años incorporó los verbos contener, acompañar, compartir. “Que no piensen que somos piqueteros vagos y violentos, eso nos enseñó nuestro compañero Darío”.

Hay un objetivo claro para las cooperativas del Frente Popular Darío Santillán (FPDS) y otras agrupaciones territoriales que dan la pelea en los barrios periféricos y en las calles del centro porteño: el plan verdadero y deseable es trabajar.

Una economía popular que nació como respuesta ante los agujeros del mercado y se ha consolidado como la única salida laboral para millones de personas.

La marca del cooperativismo

El FPDS apostó en los últimos años por impulsar sus espacios productivos e incluso lanzó marcas propias: en panadería, el sello es Doña Ramona (en homenaje a la cocinera de la Villa 31 de Retiro fallecida durante la pandemia de Covid-19) y en el rubro textil, Kallpa. Esta palabra de origen quechua, que se traduce como “fuerza”, es una pista del empuje que trae el trabajo autogestionado por la organización como sostén económico para muchas personas expulsadas del mercado laboral.

En una habitación sencilla junto a un comedor comunitario donde también funciona un bachillerato popular, en el barrio El Cerrito (partido de Almirante Brown, conurbano sur), hay una ronda de mujeres alrededor de una larga mesa donde habitualmente se doblan y preparan las prendas textiles que produce el taller que allí funciona. Esta mañana vinieron compañeras de otros talleres (Lanús y Esteban Echeverría) para contar su experiencia cooperativa. Circula el mate y la palabra.

Imagen: Agustina Salinas.

Érica (39): “Llegué a la organización porque el sistema de trabajo me había cerrado las puertas, estuve tres años buscando. Acá me abrieron las puertas y encontré muchas cosas. Una de las primeras cosas que encontré fue contención y también muchas oportunidades para poder crecer, no sentir que no sos nada en un país donde te cierran las puertas por tener cierta edad”.

Ivana (40): “Yo coso hace mucho. A la organización llegué con algunos problemitas y me ayudaron. Cuando supieron que sabía coser me abrieron la puerta de la textil. Cuando vine por primera vez dije ‘éste es mi lugar’, porque amo coser, amo las máquinas, amo transformar las telas”. Es santiagueña y tiene tres hijxs a cargo. “Si yo fuera a trabajar en una fábrica, pierdo la oportunidad de estar con mis hijos, pero acá en la organización pueden venir mis hijos”.

Desde la militancia y trabajando en cooperativas (que en muchos casos perciben el Salario Social Complementario del plan Potenciar Trabajo), les hacen frente a los prejuicios y también al contexto de ajuste económico.

Pastora (50): “Yo soy extranjera, llegué a mis 19 años buscando nuevos horizontes, directamente al rubro textil”. Cuando se sumó al FPDS, hace seis años, tenía prejuicios: Sus prejuicios: “Había escuchado eso de que los piqueteros ganan todo gratuitamente, pero la realidad no es así. Cuando se abrieron los productivos yo me sumé a textil. Decían de los piqueteros que cortan la calle y perjudican, pero no era así. Cuando me sumé me di cuenta que no era así, ahora me gusta salir a la calle porque sé que con la lucha todo se consigue”.

Imagen: Agustina Salinas.

Romina (42): “De chiquita me gustaba coser y a los quince mi papá me regaló una máquina familiar. Con mis hermanas salíamos a vender por Solano la ropa que fabricaba él. A mí siempre me gustó la costura, las polleras que me gustaban me las hacía yo”. La primera vez que entró al taller de Lanús le dieron una máquina recta, que ella conocía bien, y resolvió el trabajo rápido. Sus compañeras bromeaban: “Y eso que le dimos la máquina más capichosa”.

Irma (53) destaca el rol de Mónica, una referenta textil de Lanús que falleció el año pasado: “Fue muy importante en nuestras vidas, nos tuvo paciencia y nos enseñó. La extrañamos”. Se emociona. “Yo no sabía nada de máquinas, aprendí pasando, mirando, haciendo trabajos de mano. Ella nos fue capacitando. Ahora tenemos nuestra marca, estamos contentas, juntas, seguimos aprendiendo”.

El FPDS apostó en los últimos años por impulsar sus espacios productivos e incluso lanzó marcas propias: Doña Ramona (panadería) y Kallpa (textil).

Rocío (38): “Toda mi vida quise aprender pero nunca tuve la oportunidad de tener una máquina”. Después de trabajar algunos meses en limpieza (“no pagaban nada”), se acercó a un taller de costura que daba Mónica. “Al principio no sabía prender ni una máquina”, confiesa, pero después quiso sumarse a la rama productiva. “En limpieza no me prestaban atención, me pasaban por al lado con desprecio. Acá nos ayudamos entre todas y colaboramos, siento que tengo mi lugar”.

Las tareas que asume el Frente se entrelazan: gracias a los bachilleratos populares, algunas compañeras aprenden a leer y a escribir o terminan el Secundario; gracias a las tareas de cuidado, pueden llevar a sus hijos al taller cuando no están en la escuela.

Imagen: Agustina Salinas.

Desde lejos no se ve

A Pablo “el Chino” Barbosa, uno de los coordinadores de las unidades productivas del conurbano sur, el sol le pega en la cara. A sus espaldas hay un mural que recuerda a Darío Santillán y Maxi Kosteki. “Las marcas surgen de un proceso de varios años de discutir un modelo de trabajo. El trabajo como lo conocimos hace 10 años está agotado y una porción muy grande de la población no va a ser absorbida ni reincorporada por el mercado. Nuestro desafío, además de sostener el esquema socio-comunitario, es pasar a una matriz de producción y pensar qué tipo de economía y de producción queremos”.

En los talleres textiles se trabaja de lunes a viernes, generalmente en turnos de cuatro horas que pueden variar en función de la demanda. Los meses más duros de la pandemia les tocó producir kits sanitarios (cofias, camisolines y cobertores de calzado). Recientemente fueron adjudicados en una licitación pública para producir guardapolvos escolares, pero la traba es un importador de EE.UU. que no trae la tela al país.

Pablo: “Queremos ir desarollando catálogos con los productos propios para salir a un nivel de mercado mayor al que tenemos hoy, salir del esquema comunitario para pasar a una matriz más productiva a mediana escala. Queremos salir con la marca propia que represente también el espíritu del cooperativismo tal como lo entendemos en el Frente y con los aportes de varios años de la economía popular”.

Imagen: Agustina Salinas.

Los cuatro polos textiles (Almirante Brown, Lanús, Esteban Echeverría y Lomas de Zamora) dan trabajo a unas 20 compañeras. La intención es sumar más gente y alcanzar la especialización, que cada taller se encargue de una tarea (corte, confección, terminación) para articular entre ellos y así fortalecer la marca: “Kallpa es producto del esfuerzo y de años de discutir y pensar nuestro rol en la economía popular y la vinculación con el mercado de trabajo. Kallpa expresa la iniciativa de un grupo de compañeras de entenderse parte de un proceso cooperativo que no solo jerarquiza las relaciones de producción, sino también un sentido de pertenencia a una organización, a una unidad productiva. Y está el espíritu del cooperativismo: que más allá de forjar una trabajadora o un trabajador, forja una conciencia colectiva”.

«Decían de los piqueteros que cortan la calle y perjudican. Cuando me sumé me di cuenta que no era así, ahora me gusta salir a la calle porque sé que con la lucha todo se consigue», reflexiona Pastora (50).

Dentro del taller siguen circulando el mate y la palabra, en un alto en el trabajo para la visita de Cítrica. Érica: “La palabra kallpa es fuerza, así que tenemos muchísima fuerza para seguir en este proyecto. Con esto pretendemos tener una economía autónoma, que no dependamos ni del Estado ni del Gobierno de turno ni de nadie. Simplemente queremos tener un plato de comida, una vivienda digna con nuestro trabajo. No le estamos pidiendo nada a nadie, simplemente una oportunidad”.

¿Por qué la estigmatización a quienes, como ellas, se benefician con el Potenciar Trabajo, que otorga a cooperativistas un ingreso mensual equivalente a la mitad del Salario Mínimo, Vital y Móvil (35 mil pesos en marzo)? Ivana: “Yo cambié la idea sobre los piqueteros, porque yo sí venía a trabajar, no sé porqué tienen la idea de que una cobra y no hace nada. Esta organización trabaja, cumple las horas de trabajo, produce. Nosotras hacemos textil, pero también hay panadería y otras tareas”.

Érica suma: “Nadie viene a ver las horas que estamos en la máquina cosiendo, nadie viene a ver a las compañeras que cocinan, nadie viene a ver a los compañeros de construcción, nadie viene a ver lo que realmente somos. Lo que circula es eso, que salimos a cortar la calle por un plan. Nosotros no salimos a cortar la calle por un plan, salimos a cortar para tratar de cambiar el sistema que nos oprime continuamente. ¿Cómo puede ser que a los 39 años no consiga trabajo porque soy vieja? Es ridículo”.

Fotografías: Agustina Salinas

Fuente: Revista Cítrica

Recomendaciones al Estado Argentino 

del Comité para la Erradicación de la

Discriminación Racial

Resumen Latinoamericano, 28 de abril de 2023

                                   CERD/C/ARG/CO/24-26

AVANCE VERSIÓN NO EDITADA      Distr. general

28 de abril de 2023

Original: español

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial

Observaciones finales sobre los informes periódicos 24° a 26°

combinados de la Argentina*

1.        El Comité examinó los informes periódicos 24° a 26° combinados de la Argentina,1

presentados en un solo documento, en sus sesiones 2965ª y 2966ª,2 celebradas los días 17 y

18 de abril de 2023. En su 2976ª sesión, celebrada el 26 de abril de 2023, aprobó las presentes observaciones finales.

A.    Introducción

2.        El Comité acoge con beneplácito la presentación de los informes periódicos 24° a 26° combinados del Estado parte y la información de actualización de los mismos. El Comité manifiesta su satisfacción por el diálogo abierto y constructivo que mantuvo con la delegación de alto nivel del Estado parte y agradece la información proporcionada durante el diálogo.

B.    Aspectos positivos

3.        El Comité acoge con beneplácito las siguientes medidas legislativas, institucionales y en materia de políticas adoptadas por el Estado parte:

a)        La creación del Programa Nacional Afrodescendencias y Derechos Humanos, en 2022;

b)       El decreto n° 138/2021, de 5 de marzo de 2021, que restituye la plena vigencia de la Ley Nacional de Migraciones, ley n° 25.871;

c)        La creación de la primera Mesa Interministerial de Políticas Públicas para la

Comunidad Afro en Argentina, en 2020;

d)       La resolución 230/2020 del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, de 22 de diciembre de 2020, que crea  la Comisión para el Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afroargentina;

e)        La creación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, en 2019;

f)        La resolución 1055/2019 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de

10 de octubre de 2019, que crea el Programa Nacional para la Aplicación del Decenio

Internacional de los Afrodescendientes;

*  Aprobado por el Comité en su 109º período de sesiones (11 – 28 de abril de 2023).

1   CERD/C/ARG/24-26.

2   Véanse CERD/C/SR.2965 y CERD/C/SR.2966.

g)       La Ley General de Reconocimiento y Protección de las Personas Apátridas, ley n° 27.512, de 17 de julio de 2019;

h)       La creación de la Mesa Interministerial de los Pueblos Indígenas, en 2017.

C.    Motivos de preocupación y recomendaciones

Recopilación de datos

4.        El Comité toma nota que se introdujo el criterio de autoidentificación étnico-racial de las personas pertenecientes a pueblos indígenas y afrodescendientes en el 11° Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas llevado a cabo en 2022 y que los resultados definitivos serán difundidos próximamente, así como de la campaña “Me reconozco” previa a la realización del  último censo.  No  obstante,  le  preocupa que,  a  pesar de  los  esfuerzos desplegados por el Estado parte, aún no se haya introducido dicho criterio de manera sistemática en la recopilación de datos que llevan a cabo las diferentes instituciones públicas, y en todos los niveles de gobierno, lo cual limita la posibilidad de generar datos e indicadores fiables sobre las necesidades de todos los grupos étnico-raciales de la población. El Comité lamenta la falta de estadísticas desagregadas e indicadores socioeconómicos que permitan evaluar las condiciones de vida y los progresos realizados en cuanto a la realización y disfrute de los derechos contenidos en  la Convención por parte de  los pueblos indígenas, los afrodescendientes, población gitana/romaní y otras minorías, así como de migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y personas apátridas (art. 2).

5.        Tomando  en  cuenta  su  recomendación  general  núm.  4  (1973)  sobre  la presentación de informes por los Estados partes, en lo que se refiere a la composición demográfica de la población, y sus anteriores observaciones finales,3 el Comité recomienda al Estado parte promover la recopilación sistemática de datos, incluyendo la variable étnico-racial, por parte de las instituciones públicas en todos los niveles de gobierno. Asimismo, solicita al Estado parte que en su próximo informe proporcione datos fiables, actualizados y completos sobre la composición demográfica de la población, así como indicadores de derechos humanos y socioeconómicos desglosados por origen étnico, género, edad, provincias, zonas urbanas y rurales y en particular sobre los pueblos indígenas, los afrodescendientes, población gitana/romaní y otras minorías, así como migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y personas apátridas.

Aplicación de la Convención

6.        El Comité toma nota que la Convención tiene jerarquía constitucional conforme al art.

75, inciso 22, de la Constitución del Estado parte. Sin embargo, lamenta que el Estado parte no haya proporcionado suficiente información sobre casos de aplicación directa de la Convención por sus tribunales (arts. 1 y 6).

7.        El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas apropiadas, entre otras mediante la capacitación periódica sobre las disposiciones de la Convención, a jueces, fiscales, defensores públicos, miembros de las fuerzas del orden y otros funcionarios públicos,  a  fin  de  garantizar  su  aplicación  sistemática  en  todas  las instituciones del Estado y en los diferentes niveles de gobierno. Le recomienda también redoblar sus esfuerzos para sensibilizar a la población, en particular a los grupos más expuestos a la discriminación racial, sobre las disposiciones de la Convención y sobre los mecanismos de denuncia y recursos judiciales y no judiciales de que disponen para hacer valer los derechos consagrados en la Convención. Asimismo, el Comité observa que, pese a que la estructura federal del Estado Parte puede hacer más difícil cumplir a cabalidad las obligaciones contraídas en virtud de la Convención en todo su territorio, el Gobierno Federal debe garantizar la aplicación de la Convención en la totalidad del territorio, y lo alienta a redoblar los esfuerzos a fin de velar por que las autoridades provinciales estén informadas de los derechos enunciados en la Convención y adopten las medidas necesarias para respetarlos.

Medidas legislativas

8.        El Comité toma nota de la información brindada por el Estado parte respecto a los proyectos de ley existentes para modificar la Ley Nacional de Actos Discriminatorios, ley n°

23.592, a fin de reconocer la orientación sexual y la identidad de género como motivos de discriminación. Sin embargo, preocupa al Comité que la legislación nacional no contenga todos los elementos previstos en los artículos 1 y 4 de la Convención (arts. 1 y 4).

9.        Tomando en cuenta sus observaciones finales anteriores,4 el Comité recomienda al Estado parte que, en el marco de los proyectos de reforma legislativa en curso, incorpore en la legislación nacional, una definición de discriminación racial que incluya todos los elementos del artículo 1, párrafo 1, de la Convención y que contemple los actos de discriminación directa e indirecta en todas las esferas del derecho y de la vida pública, así como las formas interseccionales de discriminación. Asimismo, le recomienda que tipifique como delitos los actos de discriminación racial y las acciones descritas en el artículo 4 de la Convención. El Comité remite al Estado parte a sus recomendaciones generales núm. 14 (1993) relativa al artículo 1, párrafo 1, de la Convención; así como núm. 7 (1985) relativa a la aplicación del artículo 4, núm. 15 (1993) relativa al artículo 4 de la Convención y núm. 35 (2013) relativa a la lucha contra el discurso de odio racista.

Defensoría del Pueblo y Defensoría del Público

10.      El Comité sigue preocupado porque desde el año 2009 el Estado parte no haya nombrado un Defensor del Pueblo. Le preocupa también los informes según los cuales el procedimiento de selección y nombramiento del Defensor aún no sea suficientemente claro, transparente y participativo. El Comité toma nota de la importante labor que desarrolla la Defensoría del Pueblo, pero lamenta la falta de información suficiente sobre los recursos humanos y financieros asignados a esta entidad . El Comité saluda el nombramiento de la Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual en junio de 2020, pero lamenta la falta de información suficiente sobre los recursos humanos y financieros asignados a esta institución (art. 2).

11.      Tomando en cuenta sus observaciones finales anteriores,5   el Comité:

a)      Urge al Estado parte a intensificar sus esfuerzos para lograr el nombramiento del Defensor del Pueblo, y le recomienda tomar las medidas necesarias para garantizar que el procedimiento de selección y nombramiento del Defensor sea suficientemente claro, transparente y participativo, asegurando que cumpla plenamente con los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de Paris), y atienda debidamente las recomendaciones del Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos;

b)       Recomienda al Estado parte tomar las medidas necesarias para fortalecer la asignación de recursos humanos y financieros a la Defensoría del Pueblo y a la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual a fin de que puedan llevar a cabo plenamente sus mandatos.

Marco institucional

12.      El  Comité  valora  la  labor  del  Instituto  Nacional  contra  la  Discriminación,  la Xenofobia y el Racismo (INADI), entre otros la elaboración periódica del Mapa Nacional de la Discriminación y la creación de la Comisión para el Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afroargentina en 2020. Toma nota también de la labor del Instituto Nacional de Asuntos  Indígenas (INAI),  tales  como  el  Programa Fortalecimiento Comunitario y  la mediación en los conflictos entre comunidades y otros actores sociales. No obstante, sigue preocupando al Comité:

4   CERD/C/ARG/CO/21-23, párr. 12; CERD/C/ARG/CO/19-20, párr. 15.

5   CERD/C/ARG/CO/21-23, párr. 15; CERD/C/ARG/CO/19-20, párr. 16.

a)        La intervención administrativa de INADI desde 2011, que podría limitar la independencia y capacidad de acción; la falta de recursos humanos y financieros suficientes asignados a esta entidad, a pesar del notable incremento presupuestario desde 2021, para llevar a cabo plenamente su mandato, en particular en las provincias y en las zonas remotas del país, así como el de la Comisión para el Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afroargentina;

b)       La falta de información suficiente sobre la participación plena y sistemática de personas indígenas en el INAI, incluido en el cargo de presidente, así como en el Consejo de Participación Indígena y en el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas; la limitada presencia del INAI a nivel provincial y en las zonas remotas del país con presencia de población indígena; y, la falta de recursos humanos, técnicos y financieros suficientes asignados al INAI para cumplir su mandato a cabalidad, en particular en cuanto al relevamiento de las tierras y territorios tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas (art. 2)

13.      Tomando en cuenta sus observaciones finales anteriores,6  el Comité insta al

Estado parte a:

a)       Continuar con las medidas destinadas a fortalecer el INADI, poniendo fin a la intervención administrativa de la institución; seguir incrementando los recursos humanos y financieros, a fin de que la institución, incluyendo la Comisión para el Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afroargentina, pueda llevar a cabo plenamente su mandato; continuar con la actualización del Mapa Nacional de la Discriminación con mayor frecuencia; y, seguir aumentando su presencia en todas las provincias y en las zonas más remotas del país;

b)       Tomar las medidas necesarias a fin de garantizar la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas, los afrodescendientes, otras minorías y los migrantes, en las instituciones que los representan o que trabajan en la lucha contra la discriminación racial, incluidos el INADI y el INAI; y dotar de recursos humanos, técnicos y financieros suficientes al INAI para cumplir su mandato a cabalidad, en particular respecto al relevamiento de las tierras y territorios tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas.

Planes nacionales en materia de derechos humanos y no discriminación

14.      El Comité toma nota del primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos (2017-2020), pero lamenta la falta de información en cuanto a los resultados de su implementación, en particular en materia de discriminación racial. Toma nota también de los esfuerzos desplegados para la elaboración del Plan Nacional contra la Discriminación, pero lamenta que a la fecha no se haya aprobado (art. 2 y 5).

15.      El Comité recomienda al Estado parte:

a)       Difundir los resultados de la implementación del primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos (2017-2020), en particular en lo relativo al impacto en la lucha contra la discriminación racial, y elaborar y adoptar un nuevo Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos;

b)       Redoblar sus esfuerzos a fin de concretar la adopción a la brevedad el Plan Nacional contra la Discriminación y asegurar que dicho plan incluya medidas de lucha contra la discriminación racial, el racismo y la xenofobia, así como la discriminación y el racismo estructurales;

c)        Garantice la activa y plena participación de los grupos más expuestos a la discriminación racial, en particular los pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, en la elaboración, el seguimiento y la evaluación de los avances y resultado final de los mencionados planes;

d)       Establecer  mecanismos  de  seguimiento  de  la  implementación  de  los referidos planes y la dotación de los recursos financieros adecuados para su efectiva implementación en todos los niveles de gobierno.

Programas y planes nacionales relativos a los afrodescendientes

16.      El Comité saluda la creación del Programa Nacional para la Aplicación del Decenio Internacional de los Afrodescendientes en 2019, la primera Mesa Interministerial de Políticas Públicas para la Comunidad Afro en 2020 y del Programa Nacional Afrodescendencias y Derechos Humanos en 2022. Sin embargo, le preocupa la información según la cual la aplicación efectiva las políticas públicas destinadas a garantizar la no discriminación y la protección de los derechos humanos de los afrodescendientes es limitada. Asimismo, lamenta que el Plan Nacional Afro aún no haya sido aún aprobado (art. 2 y 5).

17.      El Comité recomienda al Estado parte tomar las medidas necesarias a fin de garantizar la aplicación efectiva de las políticas públicas destinadas a garantizar la no discriminación y la protección de los derechos humanos de los afrodescendientes, incluyendo la dotación de recursos humanos, técnicos y financieros adecuados; el establecimiento de mecanismos de coordinación y seguimiento, así como la participación efectiva de personas afrodescendientes en el diseño, seguimiento y evaluación de dichas políticas, y  en las instituciones creadas a  tal fin. Asimismo, recomienda al Estado parte redoblar esfuerzos para lograr la pronta adopción del Plan Nacional Afro.

Discursos y delitos de odio de carácter racista

18.      El Comité toma nota de las medidas adoptadas para abordar los discursos de odio, entre otras la creación del Grupo de Estudios sobre Cultura de Odio en 2020, la Red de Estudios y Acciones contra los Discursos de Odio en 2022 y el Observatorio de Medios y Redes Sociales. Sin embargo, le preocupa los informes según los cuales se han profundizado los discursos de odio y xenofobia contra poblaciones históricamente vulneradas, en particular contra pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, incluido en internet y las plataformas sociales, y por parte de figuras y autoridades públicas nacionales y provinciales. Lamenta la ausencia de información sobre la aplicación efectiva de los agravantes por motivación racista u odio racial previstos en la legislación del Estado parte. Entre otros casos de violencia racial, preocupa al Comité la información según la cual, en el asesinato del joven de 18 años Fernando Báez Sosa, no se haya abordado suficientemente la dimensión racista de la violencia, pese a los testimonios presentados sobre insultos racistas pronunciados contra la víctima durante los hechos. Lamenta también la falta de información relativa a denuncias, investigaciones y sanciones contra los responsables de delitos de odio y violencia racista, y sobre las reparaciones otorgadas a las víctimas o a sus familiares, así como sobre la existencia de un sistema de registro y recopilación de datos sobre estos delitos a nivel federal y provincial (art. 4).

19.      El Comité recomienda al Estado parte que:

a)       Adopte las medidas necesarias para prevenir, condenar y combatir el discurso de odio racial contra pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, incluido en internet y las plataformas sociales, así como los proferidos por figuras públicas y autoridades nacionales y provinciales;

b)       Intensifique sus esfuerzos para impedir la proliferación de discursos de odio racial en internet y las plataformas de redes sociales, en estrecha colaboración con los proveedores de estos servicios, y con las poblaciones más afectadas por este tipo de discursos;

c)        Asegure que los casos de delitos y discurso de odio de carácter racista se investiguen exhaustivamente; que los responsables sean sancionados; que los agravantes previstos en  la  legislación nacional  por  odio  racial  sean  debidamente aplicados cuando corresponda; y, que se otorguen reparaciones a las víctimas o a sus familiares;

d)       Continúe, e intensifique, las campañas de sensibilización de la población destinadas a erradicar los prejuicios y estigmatización de las poblaciones históricamente vulneradas y a promover el respeto de la diversidad y la eliminación de la discriminación racial, incluido los delitos y discursos de odio racial;

e)        Adopte las medidas necesarias para garantizar el registro sistemático de los delitos y discursos de odio racial a nivel federal y provincial, incluido el establecimiento de un sistema de recopilación de datos sobre estos delitos, desagregados, entre otros, por origen étnico, nacionalidad y género de las víctimas.

Discriminación estructural

20.      El Comité valora el reconocimiento del Estado parte de la existencia del racismo estructural, que afecta principalmente a los pueblos indígenas, afrodescendientes y migrantes, y toma nota de las medidas adoptadas en el ámbito económico y social para combatir la pobreza y la desigualdad que afecta a estos grupos históricamente vulnerados, así como la adopción de algunas medidas especiales o afirmativas en beneficio de estas comunidades. Sin embargo, continúa preocupado por la persistente discriminación y racismo estructurales, así como la invisibilidad que enfrentan los pueblos indígenas, las personas afrodescendientes, y los no nacionales, entre ellos los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, que se manifiesta en los altos índices de pobreza y exclusión social, particularmente aquellos que viven en zonas rurales y remotas. Asimismo, le preocupa el impacto de la discriminación y racismo estructurales en el goce efectivo de los derechos establecidos en el artículo 5 de la Convención, principalmente el derecho a participar en el gobierno y en la dirección de los asuntos públicos; y los derechos económicos, sociales y culturales, en particular el acceso al empleo, el derecho a la alimentación, a la salud y a la educación (arts. 2 y 5).

21.      Tomando en  cuenta sus observaciones finales anteriores,7   y  a  la  luz  de  su recomendación general núm. 32 (2009) sobre el significado y alcance de las medidas especiales en la Convención, el Comité recomienda al Estado parte a adoptar las medidas especiales o de acción afirmativa necesarias, en todos los niveles de Gobierno, orientadas a eliminar la discriminación estructural que enfrentan los pueblos indígenas, las personas afrodescendientes y los no nacionales. El Comité recuerda que, con arreglo a la mencionada recomendación general, las autoridades federales son responsables de diseñar un marco para la aplicación coherente de medidas especiales en todo el Estado parte, que deberán concebirse y aplicarse sobre la base de consultas previas y la participación activa de las comunidades afectadas. Asimismo, el Comité recomienda al Estado parte:

a)       Redoblar sus esfuerzos para reducir los altos niveles de desigualdad y pobreza que afectan a los pueblos indígenas, las personas afrodescendientes y los no nacionales;

b)       Adoptar  medidas  efectivas  para  asegurar  la  plena  participación  de pueblos indígenas y personas afrodescendientes en los asuntos públicos y en la administración pública, tanto a nivel federal como provincial y local, y para promover su participación en cargos de decisión en el sector público y el sector privado;

c)        Tomar medidas adicionales para luchar contra la discriminación racial en el ámbito laboral, en particular contra personas indígenas, afrodescendientes y migrantes, y para mejorar el acceso de las personas pertenecientes a estos grupos al sector formal de la economía;

d)       Asegurar que las medidas adoptadas para luchar contra el hambre tengan un impacto concreto en las personas indígenas, afrodescendientes y migrantes, incluida la  reducción de  la  desnutrición infantil que afecta particularmente a  los pueblos indígenas;

e)        Incrementar  sus  esfuerzos  para  garantizar  un  acceso  igualitario  a servicios de salud de calidad y culturalmente apropiados a las personas pertenecientes

a  los pueblos indígenas, afrodescendientes y  migrantes, así como para  reducir la mortalidad materna e infantil en las comunidades indígenas;

f)        Adoptar medidas adicionales para luchar contra la discriminación racial en el ámbito educativo, en particular contra personas indígenas, afrodescendientes y migrantes, y para garantizar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de la educación a todos los niveles para los niños y niñas de estas comunidades, incluyendo medidas para fortalecer la educación intercultural bilingüe para comunidades indígenas.

Uso de perfiles raciales

22.      El Comité está preocupado por la persistencia de la práctica del uso de perfiles raciales por parte de las fuerzas policiales y otros agentes del orden, que afecta en particular a las personas pertenecientes a pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, resultando en muchos casos en violencia policial y, en algunos casos en la muerte de las víctimas. Lamenta la falta de información suficiente sobre la existencia de leyes a nivel federal y provincial que prohíban de manera explícita el uso de perfiles raciales. Asimismo, le preocupa las informaciones según las cuales el Estado parte no ha cumplido a cabalidad con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Acosta Martinez y otros Vs. Argentina, de fecha 31 de agosto de 2020, en el que la Corte ordenó, entre otras medidas, que el Estado incluya capacitaciones sobre el carácter discriminatorio que tiene el uso de perfiles raciales en la aplicación de las facultades policiales para realizar detenciones y sobre el impacto negativo que su utilización tiene sobre las personas afrodescendientes, y que implemente un mecanismo que registre las denuncias de las personas que aleguen haber sido detenidas de manera arbitraria, con base en perfiles raciales (arts. 2, 4 y 5).

23.      A la luz de su recomendación general núm. 36 (2020) relativa a la prevención y la lucha contra la elaboración de perfiles raciales por los agentes del orden, el Comité recomienda al Estado parte adoptar legislación que prohíba de manera explícita el uso de perfiles raciales por los agentes del orden, a nivel federal y provincial. Recomienda también que adopte las medidas necesarias para prevenir y erradicar la práctica del uso de perfiles raciales, incluyendo mediante la formación continua de los miembros de las fuerzas del orden en todos los niveles de gobierno, teniendo en cuenta la mencionada recomendación general; facilitando la denuncia y el registro de casos de uso de perfiles raciales; e investigando y sancionando a los responsables. Asimismo, le recomienda intensificar sus  esfuerzos  para  cumplir  plenamente  con  la  sentencia  de  la  Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Acosta Martinez y otros Vs. Argentina.

Uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del orden

24.      El Comité toma nota de las medidas adoptadas para abordar los casos de violencia policial y violencia institucional, entre otras la labor de la Dirección Nacional contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos y las medias de capacitación a los agentes del orden sobre el uso de la fuerza. Sin embargo, preocupa al Comité las numerosas alegaciones de violencia policial, incluyendo con resultado de muerte de la víctima, que tiene un  impacto desproporcionado en  personas pertenecientes a  pueblos indígenas, afrodescendientes y migrantes. Le preocupa también las informaciones sobre los obstáculos para acceder a la justicia, incluyendo discriminación, que con frecuencia enfrentan las víctimas o sus familiares y que los responsables suelen quedar impunes. Asimismo, le preocupa que no existan estadísticas unificadas, confiables y desglosadas por origen étnico de la víctima, a nivel federal y provincial, que permitan conocer la amplitud de este tipo de violencia (arts. 2, 4, 5 y 6).

25.      El Comité recomienda al Estado parte a adoptar las medidas necesarias, a nivel federal y provincial, a fin de prevenir actos de violencia policial e institucional, entre ellas agilizar la aprobación del proyecto de ley de Abordaje Integral de la Violencia Institucional por parte de Agentes Policiales en los Servicios de Seguridad y Penitenciarios, e implementar programas continuos de capacitación para los agentes del orden sobre el uso de la fuerza conforme a los estándares internacionales, incluyendo los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y las Orientaciones de las

Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos sobre el Empleo de Armas Menos Letales en el Mantenimiento del Orden. Le recomienda también tomar garantizar que todos los casos de violencia policial e institucional sean investigados, que los responsables sean sancionados y que se otorgue reparaciones adecuadas a las víctimas y sus familiares. Por último, le recomienda establecer un sistema de registro que permita generar, a nivel federal y  provincial, estadísticas unificadas, confiables y desagregadas, entre otros, por origen étnico, nacionalidad y género de las víctimas.

Libertad de reunión pacífica y defensores de derechos humanos

26.      El Comité está preocupado por los informes sobre el aumento de medidas e iniciativas legislativas a nivel provincial que restringen indebidamente el derecho de reunión pacífica de las minorías, en particular de los pueblos indígenas, como el Decreto 91/23 en Salta y una iniciativa legal en Jujuy para reformar la Constitución de la provincia y limitar la protesta social. También le preocupan las diversas alegaciones recibidas de uso excesivo de la fuerza por los agentes del orden y de empresas de seguridad privadas contra miembros de minorías étnicas, en particular contra pueblos indígenas que protestan en defensa de sus derechos. El Comité sigue preocupado por las alegaciones de actos de represalias, intimidación, amenazas y de recurso desproporcionado a procesos penales contra líderes y miembros de pueblos indígenas, afrodescendientes y migrantes que defienden sus derechos, así como  contra defensores de derechos humanos que abogan por los derechos de estos grupos. Le preocupa también las alegaciones de discursos que estigmatizan al pueblo mapuche y sus líderes como un grupo asociado al terrorismo, incluso por altos funcionarios provinciales (art. 5).

27.      El Comité recomienda al Estado parte que adopte todas las medidas necesarias para garantizar el ejercicio del derecho de reunión pacífica sin discriminación alguna por motivos de raza, color, linaje o ascendencia, u origen nacional o étnico, incluido a nivel provincial. También le recomienda investigar las denuncias de uso excesivo de la fuerza durante las protestas pacíficas, así como de represalias, intimidación, amenazas y recurso desproporcionado a procesos penales contra líderes y miembros de pueblos indígenas, afrodescendientes y migrantes que defienden sus derechos, así como contra defensores de derechos humanos que abogan por los derechos de estos grupos. Asimismo, le recomienda tomar medidas adecuadas para combatir la estigmatización y el prejuicio hacia los líderes y miembros del pueblo mapuche que buscan defender sus derechos.

Consulta y consentimiento libre, previo e informado

28.      El Comité toma nota de los esfuerzos emprendidos por el Estado parte, entre ellos la creación del Área de Fortalecimiento Comunitario y Consulta Previa, Libre e Informada como parte del INAI en 2021, así como medidas legislativas y mecanismos a nivel provincial relativos a la consulta previa. Sin embargo, sigue preocupando al Comité la falta de una normativa que regule los procedimientos de consulta con miras a la obtención del consentimiento libre, previo e  informado de  los  pueblos indígenas, y  de  mecanismos efectivos para llevar a cabo dichas consultas. También preocupa al Comité las alegaciones del impacto negativo de actividades extractivas y proyectos de infraestructura, turísticos y agroindustriales sobre los territorios, recursos y formas tradicionales de vida de los pueblos indígenas (art. 2 y 5).

29.      Tomando en cuenta sus observaciones finales anteriores,8  el Comité insta al Estado parte a adoptar una ley nacional que regule los procedimientos de consulta, con miras a obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, así como establecer mecanismos apropiados para llevar a cabo dichas consultas, y garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas en el desarrollo de la referida ley y  mecanismos de  consulta. Le  recomienda también asegurar que las medidas legislativas o administrativas, federales o provinciales, así como todos los proyectos de infraestructura y de explotación de recursos naturales, que puedan afectar a los pueblos indígenas, sean sometidos a procesos de consulta a estas comunidades, con miras a obtener su consentimiento libre, previo e informado. Asimismo, le recomienda

asegurar la participación efectiva de los pueblos indígenas en la elaboración del Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, y velar porque dicho plan refleje la importancia de proteger y respetar los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de actividades empresariales, y de contar con mecanismos eficaces y accesibles para remediar los daños que puedan ser causados a estas comunidades.

Propiedad comunitaria y desalojos de pueblos indígenas

30.      El Comité sigue preocupado por la falta de una normativa adecuada para garantizar la propiedad comunitaria de las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas, a pesar de lo dispuesto en el art. 75, inciso 17, de la Constitución del Estado parte, y de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia en el caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina. Si bien toma nota de las medidas adoptadas para cumplir con el relevamiento o demarcación territorial dispuesto por la ley n° 26.160, sigue preocupado por los limitados avances en el relevamiento y que no exista un mecanismo para la titularización de las tierras ancestralmente ocupadas por los pueblos indígenas, aunque algunas provincias han adoptado medidas para este fin, de acuerdo con lo informado por la delegación del Estado parte. Si bien saluda la homologación por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del acuerdo parcial alcanzado entre las comunidades de la Asociación Lhaka Honhat, le preocupa que aún no se haya dado cumplimiento a medidas importantes ordenadas por la Corte, entre ellas, la de adoptar medidas legislativas y/o de otro carácter para dotar de seguridad jurídica al derecho de propiedad comunitaria indígena. Le preocupa también la información recibida respecto a la aprobación de un proyecto de ley por la Cámara de Diputados de la provincia de  Mendoza,  el  29  de  marzo  de  2023,  que  indica  que  “los  mapuches no  deben  ser considerados pueblos originarios argentinos en los términos del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales” (art. 5).

31.      Tomando en cuenta sus observaciones finales anteriores,9  el Comité insta al Estado parte a adoptar las medidas legislativas y administrativas necesarias para garantizar el derecho de propiedad comunitaria indígena y establecer mecanismos eficaces para la titularización de las tierras ancestralmente ocupadas por los pueblos indígenas, a nivel federal y provincial. Le recomienda también redoblar sus esfuerzos para implementar la ley n° 26.160 y a fin de asegurar la pronta culminación del relevamiento de los territorios indígenas, incluyendo a  través del aumento de los recursos humanos, técnicos y financieros al INAI y al Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas. Asimismo, le recomienda intensificar las acciones encaminadas a dar cumplimiento cabal a las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Lhaka Honhat. De igual manera, insta al Estado parte a adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar el pleno respeto de los derechos consagrados en la Convención a todos lo pueblos indígenas en el Estado parte, incluido el pueblo Mapuche, en todos los niveles de gobierno, incluido a nivel provincial.

32.      El Comité sigue particularmente preocupado por el hecho que, a pesar de la vigencia de la ley 26.160 y sus prórrogas que suspende los desalojos de los pueblos indígenas, se sigan llevando a cabo dichos desalojos, así como por las diversas alegaciones de violencia policial contra comunidades indígenas en el marco de tales desalojos o en protestas contra los mismos, como han sido los casos de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi, que terminó con la muerte de Rafael Nahuel el 25 de noviembre de 2017; de la comunidad guaraní Cheru Tempa, en Salta, en julio de 2020; de la comunidad Tusca Pacha, del pueblo Kolla, en Jujuy, en octubre de 2020; de las comunidades Pueblos Tolombón y el Mollar, en Tucumán, en agosto de 2021 y febrero de 2022, respectivamente, entre otros casos reportados. Le preocupa también al Comité las informaciones que dan cuenta de actos de violencia contra comunidades indígenas por bandas armadas, en particular en las provincias de Santiago del Estero y Río Negro (art.5).

9   CERD/C/ARG/CO/21-23, párr. 21.

33.      Tomando en cuenta sus observaciones finales anteriores,10  el Comité insta al Estado parte a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que la ley 26.160 y sus prórrogas que prohíben los desalojos se apliquen íntegra y efectivamente en todo el territorio nacional. Le recomienda también redoblar sus esfuerzos para investigar la violencia policial en el marco de tales desalojos o en protestas contra los mismos, así como la violencia ejercida por bandas armadas, sancionar a los responsables, brindar reparaciones adecuadas a las víctimas, y prevenir y garantizar la seguridad de los pueblos indígenas contra actos violentos tanto por parte de funcionarios públicos como por actores no estatales.

Situación de mujeres indígenas, afrodescendientes y migrantes

34.      El Comité saluda la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades en diciembre de 2019 así como la adopción de las leyes n° 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y del decreto n° 476/21 que instauró el documento nacional de identidad no binario. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del Estado parte, sigue preocupando al Comité que las mujeres pertenecientes a pueblos indígenas, afrodescendientes y migrantes continúan enfrentándose a múltiples formas de discriminación en todas las áreas de la vida social, política, económica y cultural. Le preocupa en particular las diversas denuncias de abusos y violencia sexual que sufren mujeres y niñas indígenas por parte de varones criollos (“chineo”), en particular en el norte del país, como es el caso de mujeres y niñas del pueblo wichí en Salta. Le preocupa también las alegaciones relativas a la detención por parte de fuerzas de seguridad de siete mujeres indígenas y seis niños y niñas de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi, en la provincia de Río Negro, ocurrida el 4 de octubre de 2022, en el marco de un allanamiento y desalojo violento, quienes habrían estado comunicadas por al menos 72 horas, y cuatro de ellas seguirían detenidas (art. 2, 5 y 6).

35.      Tomando en cuenta sus observaciones finales anteriores,11  y a la luz de su recomendación general núm. 25 (2000) relativa a las dimensiones de la discriminación racial relacionadas con el género, el Comité recomienda al Estado parte que incremente sus esfuerzos para combatir las formas múltiples de discriminación que enfrentan las mujeres indígenas, afrodescendientes y migrantes, incluso mediante la incorporación de una perspectiva de género en todas las políticas y estrategias contra la discriminación racial,  a  nivel  federal y  provincial. Le  recomienda también adoptar las  medidas necesarias para prevenir los abusos y la violencia sexual contra las mujeres y niñas indígenas, afrodescendientes y migrantes, teniendo en cuenta la dimensión interseccional de este tipo de violencia y la necesidad de desarrollar políticas culturalmente pertinentes y con la participación de las mujeres y comunidades afectadas, así como para investigar, sancionar a los responsables y brindar reparaciones adecuadas a las víctimas, incluidos los casos contra las mujeres y niñas del pueblo wichí en Salta. Asimismo, le recomienda adoptar medidas para prevenir la criminalización de mujeres indígenas que reclaman por sus derechos y garantizarles un acceso efectivo a la justicia, el respeto de los derechos fundamentales y las garantías del debido proceso.

Situación de los migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y personas apátridas

36.      El Comité saluda la derogación de decreto n° 70/2017 por decreto 138/2021 de 4 de marzo de 2021, restableciendo plenamente la ley nacional sobre la migración, ley n° 25.781, así como la adopción de la ley general del reconocimiento y protección de las personas apátridas, ley n° 27.512. Asimismo, toma nota de las medidas adoptadas para facilitar la regularización de los migrantes, en particular de personas de origen senegalés, de países miembros del CARICOM, República Dominicana y Cuba. Sin embargo, el Comité está preocupado por:

10   CERD/C/ARG/CO/21-23, párr. 24; CERD/C/ARG/CO/19-20, párr. 20 y 26.

11   CERD/C/ARG/CO/21-23, párr. 36.

a)        La persistencia de la violencia policial contra los trabajadores migrantes, especialmente los vendedores ambulantes (“manteros”), en particular los de origen senegalés y haitiano;

b)       La vigencia de normas de distinción en el acceso a derechos y servicios básicos, en particular a nivel provincial;

c)        Las alegaciones de casos en los que las autoridades de migración no habrían registrado las solicitudes de asilo en las fronteras;

d)       Las  demoras en  la  resolución de  los trámites de  solicitud de  estatus de refugiado ante la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE);

e)        Las informaciones sobre el limitado acceso a los certificados de nacimiento y documentos de identidad que tienen las personas pertenecientes al pueblo Nivaclé en las zonas fronterizas de Argentina en Formosa, y el riesgo de apatridia que conlleva.

37.      Tomando en cuenta sus observaciones finales anteriores,12  y a la luz de su recomendación general núm. 30 (2004) sobre la discriminación contra los no ciudadanos, el Comité recomienda al Estado parte:

a)        Adoptar medidas eficaces para prevenir la discriminación racial y la violencia policial e institucional contra los trabajadores migrantes, así como para investigar, sancionar a los responsables y otorgar reparaciones adecuadas a las víctimas;

b)       Revisar las normas y prácticas, incluido a nivel provincial, que establecen distinciones discriminatorias en el acceso a derechos y servicios básicos entre nacionales y no nacionales, a pesar de lo establecido en la ley nacional sobre la migración, o hacia migrantes provenientes de países de fuera del Mercosur;

c)        Reforzar la capacitación a las autoridades de migración respecto sobre los derechos de los solicitantes de asilo y refugiados e investigar las alegaciones de casos en los que las autoridades de migración no hayan registrado las solicitudes de asilo en las fronteras;

d)       Brindar los recursos humanos, técnicos y  financieros adecuados a  la CONARE, a fin de, entre otros, hacer frente a las demoras en la resolución de los trámites de solicitud de estatus de refugiado;

e)        Adoptar las medidas necesarias, incluido a nivel provincial, a fin de garantizar el acceso de los miembros del pueblo Nivaclé a los certificados de nacimiento y documentos de identidad.

Denuncias de discriminación racial y acceso a la justicia

38.      El Comité observa que, según el “Mapa Nacional de la Discriminación 2019” del INADI, 72 % de la población encuestada manifestó haber experimentado discriminación, un aumento con relación al 65% de 2013; 93% percibe que se discrimina mucho o bastante en Argentina; 64% de las personas que pertenecen a un pueblo indígena, 62% de migrantes bolivianos y paraguayos y 57% de afrodescendientes han sufrido discriminación; casi un 60% de personas no sabe que es posible denunciar la discriminación judicialmente, y sólo 3% habían realizado alguna denuncia por discriminación. En ese contexto, el Comité lamenta la falta de información suficiente y detallada respecto de las denuncias relativas a actos de discriminación racial, discursos de odio y violencia racista y delitos conexos ante instancias judiciales u otras instituciones nacionales y provinciales, así como sobre el resultado de las investigaciones realizadas, las  sanciones impuestas y  las  reparaciones otorgadas a  las víctimas. El Comité toma nota de los proyectos de ley para incluir la inversión de la carga de la prueba en favor de las víctimas en la legislación nacional contra la discriminación, pero lamenta que aún no se haya adoptado. Preocupa también al Comité la información sobre actitudes de racismo y discriminación racial en el sistema judicial, así como sobre la falta de intérpretes, de defensores públicos bilingües, de especialistas en los sistemas tradicionales de

justicia de los pueblos indígenas y de formación de agentes del orden, defensores públicos, abogados, jueces y profesionales del sistema judicial sobre el derecho consuetudinario indígena (arts. 5 y 6).

39.      Recordando que la ausencia de denuncias no significa necesariamente que no haya discriminación racial, sino que puede ser indicativa más bien del escaso conocimiento de los recursos existentes, la falta de voluntad de las autoridades de enjuiciar a los autores de esos actos, la desconfianza hacia el sistema de justicia o el temor de las víctimas a sufrir represalias, el Comité recomienda al Estado parte que:

a)       Adopte la legislación que invierte la carga de la prueba en favor de las víctimas de discriminación, incluida la discriminación racial;

b)       Establezca un mecanismo de  recopilación de  datos estadísticos sobre denuncias de discriminación racial y delitos motivados por el racismo, a nivel federal y provincial;

c)      Reforzar las campañas de información pública sobre los derechos consagrados en la Convención y la legislación contra la discriminación, y sobre la forma de presentar denuncias de discriminación racial, dirigidas en particular a los grupos históricamente vulnerados;

d)       Facilite la presentación de denuncias de casos de discriminación racial y vele por que los diferentes servicios de policía reciban formación para poder reconocer y registrar denuncias de discriminación racial y delitos motivados por el racismo;

e)        Prevenir, identificar y sancionar actitudes de racismo y discriminación racial en el sistema judicial, aumentar el número de intérpretes y especialistas en los sistemas tradicionales de justicia de los pueblos indígenas, y promover la formación de agentes del orden, defensores públicos, abogados, jueces y profesionales del sistema judicial sobre el derecho consuetudinario indígena, los derechos de los afrodescendientes y migrantes, y la lucha contra la discriminación racial.

Racismo en el deporte

40.      El Comité observa que el Estado parte ha adoptado medidas para luchar contra el racismo y los discursos y delitos de odio racial en el deporte, entre ellos el Observatorio de la Discriminación en el Deporte, campañas de sensibilización, veedurías en espectáculos deportivos y convenios con instituciones deportivas. Sin embargo, le preocupa la persistencia de actos de discriminación racial y de discursos y violencia racista en el deporte, en particular en el fútbol (art. 4, 5, 6 y 7).

41.      El  Comité recomienda al Estado parte  redoblar los esfuerzos para aplicar plenamente sus iniciativas para la lucha contra la discriminación racial, el odio y la violencia racial en el deporte, en particular en el fútbol, y que desarrolle mecanismos para medir su impacto, involucrando y asegurando la  activa participación de las personas y comunidades más afectadas por estos actos. Le recomienda también adoptar medidas para asegurar que dichos actos sean debidamente investigados, que los responsables sean identificados y sancionados.

Educación y otras medidas para combatir los prejuicios raciales, la intolerancia y para abordar el legado de pasado

42.      El Comité toma nota de la contextualización brindada por la delegación del Estado parte relativa a la intencionalidad política que hubo en el país de borrar la historia  de la población afrodescendiente y de la población indígena, que estuvo acompañada de su exterminio, y posteriormente del negacionismo e invisibilización de estas comunidades, y que el Estado parte ha adoptado diversas medidas para poder revertir dicho proceso sistémico-estructural arraigado en la sociedad argentina mediante la educación, la cultura y la fiscalización. El Comité acoge con satisfacción el reconocimiento de las injusticias históricas y de las secuelas del legado del pasado y toma nota de las medidas adoptadas por el Estado parte, entre ellas la creación de la Comisión para el Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afroargentina, la Mesa Interministerial de los Pueblos Indígenas, el establecimiento del “Día Nacional de los/as afroargentinos/as y de la cultura Afro” en

conmemoración de María Remedios del Valle, y la creación de un Reconocimiento en su nombre. Si bien toma nota de estas medidas, el Comité lamenta la falta de información sobre iniciativas de amplio alcance relativas a las reparaciones por ese legado, que sigue alimentando el racismo, la discriminación racial y la discriminación estructural en el Estado parte, y socava el pleno disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales en condiciones de igualdad por todas las personas y comunidades en Argentina. Asimismo, preocupa al Comité la información según la cual la Ley de Educación Nacional, ley n°

26.206, omite la existencia de la población y la cultura afrodescendiente en el currículo escolar (arts. 2, 5 y 7)

43.      Recordando la importancia de la educación para combatir los prejuicios que conducen a la discriminación racial y para promover la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todos los grupos de la sociedad, según lo dispuesto en el artículo 7 de la Convención, así como la importancia de intensificar la lucha contra el racismo estructural que acecha en todas las instituciones de la sociedad, el Comité recomienda al Estado parte que:

a)     Desarrolle  e  implemente,  en  consulta  con  las  comunidades afrodescendientes e indígenas, lineamientos para combatir el racismo estructural e institucional, a nivel federal y provincial;

b)       Adopte leyes a nivel federal y provincial que establezcan la capacitación obligatoria para todas las personas que se desempeñan en la función pública sobre el racismo, la discriminación racial y los discursos y la violencia racista, como ha sido el caso de las denominadas “Ley Micaela” (ley 27.499) y “Ley Lucio” para la capacitación obligatoria en materia de género y violencias de género, y sobre derechos de la infancia y violencias contra niñas, niños y adolescentes, respectivamente;

c)        Establezca mecanismos de  diálogo con representantes de  los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes que conduzcan al establecimiento de instituciones dedicadas al estudio y elaboración de propuestas e iniciativas de amplio alcance relativas a las reparaciones por las injusticias históricas;

d)       Revisar la Ley de Educación Nacional y asegurar que las autoridades educativas nacionales y provinciales elaboren planes de estudio escolares de los niveles primario y secundario que incluyan la historia y los aportes de los afroargentinos a la construcción de la nación;

e)      Reforzar las medidas dirigidas a implementar las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes en 2019,13 incluidas las relativas a crear un instituto nacional de asuntos afroargentinos, afrodescendientes y africanos; abordar las cuestiones de las desigualdades y la invisibilidad de las personas afroargentinas desde la perspectiva de la justicia reparadora; establecer un museo de la cultura afroargentina y crear monumentos y sitios culturales que reflejen el legado de las personas afroargentinas y afrodescendientes.

D.    Otras recomendaciones

Ratificación de otros tratados

44.      Teniendo presente la indivisibilidad de todos los derechos humanos, el Comité alienta al Estado parte a que considere la posibilidad de ratificar los tratados internacionales de derechos humanos que todavía no haya ratificado, en particular aquellos cuyas disposiciones guarden una relación directa con las comunidades que puedan ser objeto de discriminación racial, como la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia y la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia.

13   A/HRC/42/59/Add.2.

Seguimiento de la Declaración y el Programa de Acción de Durban

45.      A la luz de su recomendación general núm. 33 (2009) relativa al seguimiento de la Conferencia de Examen de Durban, el Comité recomienda al Estado parte que, cuando aplique la Convención en su ordenamiento jurídico interno, haga efectivos la Declaración y el Programa de Acción de Durban, aprobados en septiembre de 2001 por la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, teniendo en cuenta el documento final de la Conferencia de Examen de Durban, celebrada en Ginebra en abril de 2009. El Comité solicita al Estado parte que en su próximo informe periódico incluya información específica sobre los planes de acción y demás medidas adoptadas para aplicar la Declaración y el Programa de Acción de Durban en el plano nacional.

Decenio Internacional de los Afrodescendientes

46.      A la luz de la resolución 68/237 de la Asamblea General, en la que la Asamblea proclamó 2015-2024 Decenio Internacional de los Afrodescendientes, y la resolución

69/16 de la Asamblea sobre el programa de actividades del Decenio, el Comité recomienda al Estado parte que prepare y aplique un programa adecuado de medidas y políticas en colaboración con las organizaciones y los pueblos afrodescendientes. El Comité solicita al Estado parte que incluya en su próximo informe información precisa sobre las medidas concretas adoptadas en ese marco, teniendo en cuenta su recomendación general núm. 34 (2011) sobre la discriminación racial contra afrodescendientes.

Consultas con la sociedad civil

47.      El  Comité  recomienda  al  Estado  parte  que  siga  celebrando  consultas  y ampliando su diálogo con las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la protección de los derechos humanos, en particular las que se dedican a la lucha contra la discriminación racial y las organizaciones que representan a los grupos más expuestos a  la  discriminación racial, en  relación con la  preparación del  próximo informe periódico y el seguimiento de las presentes observaciones finales.

Difusión de información

48.      El Comité recomienda que los informes del Estado parte se pongan a disposición y al alcance del público en el momento de su presentación y que las observaciones finales del Comité con respecto a esos informes se pongan a disposición también de todos los órganos del Estado encargados de la aplicación de la Convención en los ámbitos federal, provincial y  local, y  que se publiquen también en el  sitio web del  Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, de la Secretaría de Derechos Humanos, del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en los idiomas oficiales y otros idiomas de uso común, según proceda.

Documento básico común

49.      El Comité alienta al Estado parte a que presente una versión actualizada de su documento básico  común,  que  data  de  2014,  de  conformidad con  las  directrices armonizadas para la presentación de informes en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos, en particular las orientaciones relativas a la preparación de un documento básico común, aprobadas por la quinta reunión de los comités que son órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, celebrada en junio de 2006 (HRI/GEN/2/Rev.6, cap. I). A la luz de la resolución 68/268 de la Asamblea General, el Comité insta al Estado parte a que respete el límite de 42.400 palabras para estos documentos.

Seguimiento de las presentes observaciones finales

50.      De conformidad con el artículo 9, párrafo 1, de la Convención y el artículo 65 de su reglamento, el Comité solicita al Estado parte que facilite, dentro del plazo de un año

a partir de la aprobación de las presentes observaciones finales, información sobre su aplicación de las recomendaciones que figuran en los párrafos 11a (Defensoría del Pueblo y  Defensoría del Público), 15b  (Planes nacionales en materia de derechos humanos y no discriminación) y 33 (Propiedad comunitaria y desalojos de pueblos indígenas).

Párrafos de particular importancia

51.      El Comité desea señalar a la atención del Estado parte la particular importancia de las recomendaciones que figuran en los párrafos 23 (Uso de perfiles raciales), 29 (Consulta y consentimiento libre, previo e informado) y 35 (Situación de mujeres indígenas, afrodescendientes y migrantes) y le solicita que en su próximo informe periódico facilite información detallada sobre las medidas concretas que haya adoptado para aplicarlas.

Preparación del próximo informe periódico 52.      El Comité recomienda al Estado parte que presente sus informes periódicos 27° a 30° combinados, en un solo documento, a más tardar el 4 de enero de 2028, teniendo en cuenta las directrices relativas a la presentación de informes aprobadas por el Comité en su 71er período de sesiones (CERD/C/2007/1) y que en dicho documento se aborden todas las cuestiones planteadas en las presentes observaciones finales. A la luz de la resolución 68/268 de la Asamblea General, el Comité insta al Estado parte a que respete el límite de 21.200 palabras establecido para los informes periódicos.

La UTEP y la CTA-A realizarán el 1º

de Mayo una jornada en la avenida 

9 de Julio para rechazar el ajuste 

del FMI

Resumen Latinoamericano, 28 de abril de 2023.

1 de Mayo – Día del trabajador y la trabajadora

Esta viernes en conferencia de prensa la UTEP y la CTA Autónoma, anunciaron que este 1ero de mayo junto a más organizaciones sociales, políticas y sindicales confluirán en una jornada por el día del trabajador y la trabajadora para rechazar el ajuste que viene implementando el FMI sobre el conjunto de la clase trabajadora.

Esteban Gringo Castro, secretario general de la UTEP, señaló: “Este primero de mayo será una pequeña muestra de lo que va a ser la lucha que se viene cuando cualquier gobierno decida profundizar el ajuste. Estamos preparados porque tenemos la experiencia histórica”.

Y se refirió también a la emergencia alimentaria: “Hoy tenemos un serio problema en términos alimentarios en nuestros barrios, no está llegando la comida. Por un lado hay sectores que concentran la producción de alimentos y por otro lado el pueblo humilde que se organiza para dar de comer y no recibe los alimentos. El hambre es un crimen y pelearemos para que no exista mas en nuestro país”.

La semana previa al 1ero de mayo se estuvieron realizando múltiples asambleas en las unidades productivas y barrios populares de todo el país donde se definió exigir respuestas concretas hacia las y los trabajadores que no estamos dispuestos a retroceder en nuestros derechos mientras se siguen haciendo concesiones al FMI y la emergencia alimentaria se vuelve insostenible.

A las 14 hs. estará previsto un acto en las intersecciones de Av. De Mayo y 9 de Julio.

Ecos de la brutal represión de la policía de 

Salta a los trabajadores de Coca Cola 

/Múltiples muestras de solidaridad

Por Maira López, Resumen Latinoamericano, 28 de abril de 2023.

Hay 5 detenidos y varios heridos. Se habla de 300 despidos

Los trabajadores piden que el ítem de productividad, que actualmente otorga un plus del 16% a los salarios en base a la producción, se incremente al 65%. 

Desde hace días los trabajadores de la planta distribuidora de Coca Cola en Salta vienen pidiendo un incremento salarial justificado en la crisis social y económica que vive el país. Pero no solo no tuvieron respuestas a este pedido, sino que ante una protesta que llevan adelante en las puertas de la empresa, sufrieron una represión por parte de efectivos de la Policía de Salta e Infantería, que dejó 5 detenidos y varios heridos por balas de goma. 

Además, el Sindicato de Aguas y Gaseosas (SUTIAGA) aseguró que en represalia por las manifestaciones hubo 300 despidos en la planta de Salta, aunque los trabajadores aún no recibieron los telegramas de despido. 

El secretario general de SUTIAGA, Juan Carlos Ortega, relató a Salta/12 que desde la jornada del miércoles se incrementaron las medidas de fuerza y decidieron ubicarse en las puertas de la planta, ubicada sobre la avenida Paraguay de la capital salteña, para impedir la salida de los camiones con mercadería. «No estamos trabajando», ratificó Ortega, quien afirmó que la protesta generó malestar en la gerencia local y nacional. 

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Los trabajadores piden un incremento en el ítem de productividad, que es efectivo desde hace más de dos décadas y que actualmente otorga un plus del 16% a los salarios en base a la producción. La solicitud es que este plus se eleve a un 65%.

El Sindicato manifestó que la empresa tiene los recursos económicos para dar el incremento puesto que «se vendió bien en la pandemia» y ahora «le pedimos que nos ayuden», porque «el sueldo no alcanza». 

Pasadas las 18 de ayer, más de 100 efectivos policiales empezaron a tratar de desalojar a las personas que estaban ubicadas en las puertas de la planta. «Vino la Policía y hubo represión porque nos quisieron sacar y los chicos se sentaron. Ahí empezaron los forcejeos y se llevaron a 5 chicos detenidos», afirmó Ortega, quien aseguró que están a la espera de la liberación de sus compañeros.

Además, contó que en medio del forcejo, los policías empezaron a disparar balas de goma, lo que ocasionó heridas en la cara, brazos y piernas de algunos manifestantes. «Pedimos ayuda y esta fue la respuesta», lamentó el líder sindical. 

El jefe de prensa de la Policía de Salta, el comisario Miguel Velardez, informó a Salta/12 que «por disposición de la Fiscalía se debía intimar a los manifestantes que tenían que permitir seguir trabajando a la empresa ya que había conciliaciones anteriores», y «si no desistían había que liberar la puerta para que salgan los vehículos». Tras la negativa de los trabajadores, la fuerza de seguridad los desalojó. Velardez insistió en que fue «lo único que se hizo», señalando que «la gente aún sigue manifestándose, pero a un costado». 

Gran presencia policial pasadas las 22.

El secretario general de SUTIAGA reconoció que el martes la Secretaría de Trabajo de la provincia dispuso la conciliación obligatoria, lo que obliga a ambas partes a cesar con las diversas medidas de fuerza adoptadas, con el fin de establecer una mesa de negociación. «Sí, nosotros incumplimos y no hicimos lo que nos indicó el Ministerio de Trabajo», pero «ellos tampoco, porque despidieron», argumentó Ortega. 

Es que los trabajadores tomaron conocimiento de que se dio la orden de despedir a 300. «No nos han contestado, se han molestado. Estamos afuera, sin solución y con 300 despidos», afirmó el sindicalista. Dijo que las cesantías se debieron a que los trabajadores llevaron adelante una asamblea el miércoles y decidieron realizar un paro de actividades. «El paro los enojó y han despedido», insistió Ortega. Contó que esa decisión les fue comunicada por Sergio Giménez, director en el país de la multinacional de origen mexicano Arca Continental, la segunda embotelladora de Coca Cola más grande de América Latina.

Ortega indicó que pudieron saber que la empresa emitió 300 telegramas de despidos. Sin embargo, «los muchachos están acá, así que hasta ahora no tenemos un documento que lo diga, pero ellos nos han confirmado que son 300 los despedidos«. 

No es la primera vez que ocurren despidos en la multinacional. Uno de los casos más resonantes fue en 2016, cuando se enviaron 50 telegramas de despidos sin causa. La medida provocó una serie de protestas, la intenvención de la Secretaría de Trabajo y la marcha atrás de la empresa.

Ortega adelantó a este medio que no levantarán las medidas de fuerza. El pedido de la suba al ítem de productividad es lo único que se negocia desde la delegación de Salta, ya que esa posibilidad se generó durante el menemismo. «Muchos lo agarramos y lo instalamos en Salta», recordó Ortega.

El resto de las paritarias se cierra entre la Federación Argentina de Trabajadores de Aguas Gaseosas y Afines (FATAGA) y la Cámara Empresarial del Sector. Precisamente, ambas partes completaron a fines de marzo 2023, el acuerdo salarial correspondiente a 2022, en el que convinieron un aumento interanual del 132%. En concordancia a lo establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 152/91, se estableció que que el salario del sector será de $300 mil, compuesto por un básico de $200 mil, un adicional de $50 mil por presentismo y una asignación no remunerativa de $50 mil.

Solidaridad con Trabajadorxs de Coca Cola Salta

La Comisión Directiva de ADIUNSa repudia enérgicamente la represión perpetrada contra lxs trabajadorxs de Coca Cola FEMSA que reclamaban por mejoras salariales y contra despidos masivos en la empresa multinacional.

Hace poco más de 3 meses Coca Cola – FEMSA informó el aumento de ganancias a lo largo de 2022 en toda la región, especialmente en Argentina, a pesar de la inflación. De hecho, destaca que aumentaron sus ingresos -entre otros motivos- por sus “iniciativas de precio”. No resultan extraños estos resultados, si se tiene en cuenta que Coca Cola Company concentra alrededor del 78% de las ventas en el rubro (conformando un duopolio con Pepsico con casi el 98% de las ventas).

Queda en evidencia que las ganancias de empresas como las mencionadas no redundan en beneficios para sus trabajadorxs, y también que el “protocolo antipiquetes” impuesto por el gobierno provincial es una herramienta contra quienes luchan por sus derechos.

Como trabajadoras y trabajadores, la docencia universitaria sufre el deterioro de los salarios a manos de una inflación descontrolada. Estamos convencidos de que nuestra lucha por mejores ingresos y condiciones laborales va de la mano de los reclamos de lxs trabajadorxs como conjunto.

Rechazamos los cantos de sirena de quienes pretenden salir de la crisis actual quitando derechos a quienes vivimos de nuestros sueldos, o subordinando el trabajo de los argentinos a los intereses de un minúsculo y rico sector exportador.

Por eso, y a poco de conmemorarse el Día Internacional de lxs Trabajadorxs, expresamos fervientemente nuestra solidaridad con quienes luchan, y ofrecemos nuestra solidaridad en lo que esté a nuestro alcance.

• Por Aumento inmediato de salarios para lxs trabajadorxs.

• Reincorporación inmediata de todxs lxs despedids de Coca Cola FEMSA.

• Basta de represión contra lxs trabajadorxs.

• ¡Solidaridad entre los que luchan!

Por Comisión Directiva

• Diego Maita L. – Secretario General
• Jorge Ramírez – Secretario Gremial.

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Tras la represión, trabajadores de Coca-Cola Buenos Aires se solidarizan con los de Coca-Cola Salta

Trabajadores de la Agrupación Marrón de Coca Cola Femsa de Buenos Aires manifestaron su apoyo y solidaridad a los trabajadores de Salta que vienen peleando contra el ajuste en los salarios y fueron recientemente reprimidos por la Policía del gobernador Gustavo Sáenz.

Reproducimos a continuación la carta de los trabajadores de Coca Cola de Buenos Aires en solidaridad con los de Coca Cola de Salta, repudiando la represión y llamando a la intervención de la Federación Argentina de Trabajadores de Aguas y Gaseosas (FATAGA) a un paro nacional para que triunfe su lucha y las que se vienen dando en distintos puntos del país.

A los trabajadores de Coca Cola Salta:

La Agrupación Marrón de Coca Cola Femsa de Buenos Aires y la Comisión de Mujeres hacen llegar su solidaridad a los trabajadores de Coca Cola-Salta Refrescos, por la brutal represión sufrida el día jueves 27 de abril por los trabajadores y su familia, y las posteriores amenazas y amedrentamientos.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz reprimió con la Policía provincial a los trabajadores que están peleando por la reapertura de paritarias, la actualización del pago de horas extras y de un ítem de productividad, en el contexto de la crisis que licúa sus ingresos.

Los trabajadores cumplieron todos los pasos legales, aceptaron la conciliación obligatoria pero la empresa no se presentó en ninguna de las tres audiencias. Por eso decidieron ejercer su derecho al paro y se manifestaron pacíficamente en la puerta de la empresa.

Pero el Gobierno de Sáenz y la Secretaría de Trabajo a cargo de Alfredo Batule le dieron la espalda al legítimo reclamo de los trabajadores y actuaron en función de los intereses de la multinacional Coca Cola, mandando a la Policía a reprimir a la fábrica.

Los trabajadores responsabilizan al gerente Oscar Yañez y denuncian que, en medio de una reunión con delegados y con la presencia de tres funcionarios de la Secretaría de Trabajo, desde la empresa amenazaron respondiendo que «están todos despedidos». No han recibido hasta el momento telegramas al respecto, pero los trabajadores están alertas y en pie de lucha.

Por eso desde la Marrón repudiamos el ataque patronal, la represión de la Policía, y apoyamos la lucha de los compañeros de Salta.

Los reclamos de los trabajadores de la multinacional Coca-Cola se vienen dando en distintos puntos del país, como se vio con la pelea, con ocupación incluida, en la planta de Coca Cola de Córdoba. A la vez se viene expresando una bronca por abajo en distintas fábricas, en el marco de la profunda crisis y el ajuste a los salarios e ingresos en todo el país.

Es necesario un paro nacional de FATAGA para frenar los ataque patronales y la política represiva del Gobierno de Salta, y para que triunfen los trabajadores en sus legítimos reclamos.

• ¡Toda la solidaridad con los trabajadores de Coca Cola de Salta!
• ¡Paro nacional de FATAGA para que triunfen las luchas!

Agrupación Marrón y Comisión de Mujeres de Coca Cola Femsa, Bs. As.

Envio:ResumenLatinoamericano

Todo lo que dejó el acto de Cristina

28 abril, 2023

Cristina reapareció en La Plata y otorgó diversos mensajes políticos.

Evadió los pedidos a que sea candidata, elogió la labor de Sergio Massa, no se pronunció sobre la decisión de Alberto y apuntó los cañones a Milei.

Apenas iniciada su alocución, la vicepresidenta felicitó al gobernador de la PBA, Axel Kicillof, por la reinauguración del teatro: «Es especial estar en este lugar que recuperó el esplendor. Está hermosa Axel la Sala, hermosa», subrayó. El lugar adquiere un valor simbólico especial para la vicepresidenta: en ese lugar, Cristina Kirchner se lanzó como candidata a senadora en 2005, en 2007 anunció su candidatura presidencial y en 2009 allí mismo también presentó la Ley de Medios.

Ayer, sin embargo, a pesar de la alta expectativa en un sector de la dirigencia, evadió los pedidos a que sea candidata y no hizo ningún anuncio. En una exposición con subtextos propios, mensajes implícitos y recuentos sobre a qué dirigentes nombra o a quiénes evita, la vicepresidenta llevó adelante la «clase magistral» que dio inauguración a la Escuela Justicialista Néstor Kirchner. El título formal de la charla fue «La Argentina circular. El FMI y su histórica receta de inflación y recesión. Fragmentación política y concentración económica”.

La evasión a los pedidos de que sea candidata

«Tranquilos, paciencia, no se hagan los rulos», se anticipó Cristina cuando las dos mil personas que estaban en el Teatro Argentino comenzaron a pedir «Cristina presidenta». «Presidenta no, yo ya di todo», respondió tajante. Y luego agregó, contundente: «Yo ya viví y dí lo que tenía que dar», para sorpresa de algunos dirigentes que aún conservan la expectativa de que sea candidata.

Guiños a Massa y reconocimiento de su labor

En esta semana de disparada del dólar MEP y paralelo y la decisión de Sergio Massa de quebrantar el acuerdo con el FMI al vender dólares de las reservas para frenar la corrida cambiaria, se esperaba qué tipo de mención haría la vicepresidenta sobre el ministro de Economía.

La expresidenta dijo que el gran problema que tiene hoy la sociedad argentina es la inflación y destacó que para ella el acuerdo que se firmó es inflacionario. El error, detalló, es que se trata de «una política enlatada que se aplica con una receta monotemática a todos los países». «A partir de la firma del acuerdo se dispara la inflación porque se pierden herramientas centrales», expresó y remató: «Las políticas del FMI no han dado resultado en ninguna parte». En esa línea, dijo que es necesaria una revisión, como la que llevará adelante el ministro de Economía.

En otro elogio a Massa, subrayó que el miércoles «el ministro firmó un buen acuerdo con China para que lo que importemos de China lo paguemos con yuanes que tenemos del swap. Es necesario que abramos los ojos, están pasando cosas nuevas. No podemos tener la cabeza tan vieja y seguir discutiendo estupideces».

Una frase dirigida al presidente

La vicepresidenta no se refirió de forma puntual a la declinación de la candidatura de Alberto. Sin embargo, dio a entender que una parte de los problemas económicos que atraviesa el país tienen como origen malas decisiones del presidente y su equipo.

De esta manera, criticó que no hay reservas suficientes en el BCRA porque «una parte muy grande» se fue en pago a la deuda privada al comienzo del gobierno: «Eso se podría haber evitado. Se habrían enojado algunos, pero ese es el problema de querer gobernar y conformar a todos: finalmente terminás enojando a todos», disparó. Allí volvió a elogiar a Massa cuando lo «felicitó» porque usó las reservas para frenar la corrida, a contramano de lo que decía el acuerdo con el FMI.

Subir al ring a Milei, ¿polarización para llegar al ballotage?

La principal novedad del discurso de la vicepresidenta estuvo en el tiempo que le dedicó a criticar la idea de «dolarizar» la economía y sus críticas dirigidas a Javier Milei. Pocos minutos después de comenzada su alocución, Cristina subió al ring al candidato por la Libertad Avanza: dedicó largos minutos a cuestionar la idea que pregona Milei de dolarizar la economía y lo definió como un «discípulo» de Domingo Cavallo, el creador de la Convertibilidad en los 90′: «La convertibilidad fue una idea de un señor que luego fue ministro de Economía, un señor de ojitos claros, que después tiene también discípulos de ojitos claros que dicen que fue el mejor ministro, ahora con más pelo, aquel era calvo», en una clara referencia.

Y continuó: «No es causalidad que la única dirigente política que fue condenada, proscripta, inhabilitada e intentada asesinar es una sola», y fue de frente contra el slogan del dirigente libertario, «La casta tiene miedo»: «Esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo, ¿de qué? Si nunca te pasó nada, hermano. ¡Caraduras!». «Miedo tengo de que mis nietos puedan crecer en un país tan injusto y tan inequitativo», añadió.

«Cuando reflotan estas teorías que han sido muy dañinas, la verdad es que uno dice ¿es posible que 20 años después estemos discutiendo algo que sabemos que ya no funcionó y que explotó? ¿Qué nos pasa, compatriotas? No podemos tener una Argentina que vuelve sobre sus fantasmas y sobre viejos fracasos. No hay que volver para atrás para solucionar el presente y pensar el futuro», argumentó.

Las últimas encuestas concluyen que el ballotage es inevitable y que el segundo lugar para entrar se lo disputan el oficialismo y La Libertad Avanza. En este sentido, resulta sensato que la vicepresidenta focalice sus crítica a la opción con la cual pueden disputarse los votos para ganar el segundo lugar en las generales.

En una crítica a Milei, pero extendida también a Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, la vicepresidenta apuntó contra «los políticos que hacen cola para ir a los plenarios de los empresarios a decir cuánto le van a pegar a la gente»: «Es poco serio. Hacen competencia a ver quién es más malo, quién ajusta más», lanzó, en referencia al Foro Llao Llao que se realizó en un hotel de Bariloche, donde los empresarios más prestigiosos del país reciben a los políticos para conocer sus planes de gobierno.

El futuro

Con las probabilidades en baja de que se presente como candidata, aún algunos sectores conservan la esperanza y tratan de leer entrelíneas cada mirada que expresa la vicepresidenta sobre el futuro. «Cuando dije en Avellaneda que cada dirigente saque el bastón de mariscal, no lo decía para dárselo por la cabeza a otro compañero», señaló en referencia a las internas del oficialismo, «sino precisamente para poder ayudar a pensar una sociedad diferente y ver cómo podemos contribuir a un país más justo. Necesitamos un programa y ver cómo vamos a manejar nuestros recursos naturales», focalizó en la proyección del país al futuro,y añadió: «Tenemos que saber cómo manejar lo que se va a dar a partir del gasoducto Néstor Kirchner. Tenemos que saber que no hay salvaciones milagrosas. No creamos que porque tenemos Vaca Muerta nos va a salvar. Nos va a salvar el trabajo, la tecnología, la investigación, la redistribución del ingreso, una sociedad más justa», explicó.

La dirigencia en las gradas

Las presencias de funcionarios también denotan un mensaje comunicacional en sí mismo en la estructura peronista y el apoyo a la vicepresidenta.

Kicillof y Máximo Kirchner ocuparon los lugares privilegiados. Junto a ellos, en primera fila, se ubicaron la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moureau, la vicegobernadora Verónica Magario, el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, ministros bonaerenses y los intendentes Mayra Mendoza (Quilmes), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mariel Fernández (Moreno) y Juan Ustarroz (Mercedes), además de los ministros bonaerenses Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad); Julio Alak (Justicia) y Leonardo Nardini (Infraestructura), entre otros.

En las filas siguientes se sentaron funcionarios nacionales como el ministro del Interior, Eduardo «Wado» De Pedro; su par de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el de Defensa, Jorge Taiana; la presidenta de ANSES; Fernanda Raverta; el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini; el diputado Carlos Heller, Leandro Santoro y Gisela Marziotta, y el senador nacional Oscar Parrilli. También hubo fuerte presencia del sindicalismo: estuvieron el líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, y su par de la CTA, Hugo Yasky; además del secretario general del SUTEBA, Roberto Baradel. Otros dirigentes que participaron fueron el dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, el ex canciller Felipe Solá y el ex ministro de Asuntos Agrarios, Julián Domínguez.

También dijeron presente funcionarios nacionales como la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que llamativamente también fue mencionada en el discurso de Cristina y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. Del sector más cercano a Alberto también estuvo presente el diputado Leandro Santoro.

Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo también dijeron presente en el Teatro. En los palcos más cercanos al escenario estuvieron Estela Barnes de Carlotto; Herenia Sánchez de Viamonte y Taty Almeida, quienes se llevaron un saludo especial de la vicepresidenta.

Fuente:InformePolitico

CANDIDATOS Y CANDIDATAS

Toniolli: “Hay una frustración por izquierda y por derecha frente a la política en general”

El precandidato a gobernador por el Movimiento Evita, Eduardo Toniolli, compartió con El Ciudadano su diagnóstico de la situación del país, los problemas y los cambios más importantes que vio en la política argentina desde que empezó a militar hace más de veinte años

28 de abril de 2023 -  Candela Ramírez

Eduardo Toniolli elige una fecha fundacional: principios de los noventa, tenía 15 años y estudiaba en el Politécnico. Fue cuando se sumó a la militancia del centro de estudiantes de su escuela secundaria pero admite, ante la pregunta de El Ciudadano, que eligió esa fecha para dar un poco de formalidad a una vocación que se formó desde chico. Quizás porque creció entre militantes exiliados en Brasil y Francia, y fue testigo de sus conversaciones, preocupaciones y afectos. O porque, ya de regreso en la Argentina de los ochenta, fue de marcha en marcha a la par de los organismos de derechos humanos, de los que su madre, abuela y abuelo paternos fueron protagonistas. Quizás porque formó parte de Hijos —su papá fue desaparecido en febrero de 1977, un mes antes de que él naciera— o porque a principios de los 2000 formó parte del armado del Polo Social en Rosario cuando todavía la militancia social y política se practicaban como esferas separadas. De alguna manera, Toniolli siempre supo que su vida estaría atravesada por la política y desde el nacimiento del Movimiento Evita en 2005, o más específicamente desde el discurso que dio Néstor Kirchner el 25 de mayo de 2003, su militancia se volcaría definitivamente hacia el peronismo, la contienda electoral y la disputa de espacios de poder institucionales.

Su primera candidatura a un cargo fue en 2005 para el Concejo de Rosario, pero no logró conseguir una banca. Después pasó por distintas funciones: fue diputado provincial, concejal y, actualmente, es diputado nacional. En 2023 se postula por primera vez como precandidato a gobernador de Santa Fe. En diálogo con El Ciudadano comparte su mirada sobre los problemas actuales del país, cuáles son sus propuestas políticas y la alianza del justicialismo con Ciudad Futura en Rosario.

—En todo este tiempo, ¿cuál te parece que fue la mayor transformación en el modo de hacer política teniendo en cuenta los cambios tecnológicos?

—Donde hay un parteaguas en la historia y política argentina es en diciembre de 2001. El pueblo argentino hizo volar por los aires los pactos, en algunos casos implícitos y en otros explícitos, de gobernabilidad con los sectores del poder real de Argentina, que fueron los ganadores de la última dictadura cívico-militar. Porque hubo rupturas con la recuperación democrática pero también hubo continuidades que tienen que ver con que los intereses de esos sectores siguieron incólumes. Diciembre de 2001 significa una fractura en ese sentido, el pueblo argentino dice “no queremos más esto”, quizás sin saber qué quería demasiado para adelante.

Quien mejor recoge ese legado es Néstor Kirchner, que rompe con la idea de que uno tiene gobernabilidad siendo condescendiente con los poderes fácticos y económicos, para recuperar la idea de que la gobernabilidad es responderles a los que te pusieron en ese lugar a través del voto popular. Reconstruye la autoridad presidencial que estaba muy golpeada en ese momento y cierta idea del movimiento nacional incorporando, a través de distintas políticas públicas, distintas demandas que le fueron acercando los movimientos sociales.

En las prácticas cotidianas y en la forma de hacer política hay cosas que puedo percibir como un retroceso. La idea de lo inmediato que introduce la tecnología, de que importan más las formas que el contenido, llevó a la política a un desfiladero en el que para poder entrar en las casas de los argentinos y argentinas se necesita ser rápido, efímero, divertido e impactar.

La tecnología, que debería ser una herramienta para mejorar la forma de comunicación de quienes tienen algún rol institucional, en realidad es una herramienta a los fines del efectismo y lo espectacular, y obtura cualquier posibilidad de reflexión o de elaboración más profunda tan necesaria en este momento.

—La tecnología, al mismo tiempo, es una de las puertas de entrada a los más jóvenes, ¿existe una distancia entre la política tradicional y estas nuevas generaciones que se incorporan a la vida política?

—La política y lo institucional, en los últimos años, no han podido resolver o mejorar las condiciones de vida cotidiana de nuestros pueblos. Hay una frustración por izquierda y por derecha frente a la política en general. Son etapas. Llegamos a 2001 con una situación similar donde la salida provisoria terminó siendo una recuperación de la política en función de lo colectivo. No está todo escrito. No quiere decir que este escenario tan complejo derive en una reacción antisistema por derecha. Frente a eso la respuesta es conectar de verdad y eso exige más de quince segundos o de un minuto: exige poder percibir eso que corre por abajo.

Cuánto mejor sería la política si puede trasladar a la institucionalidad en contenido, en personas y en protagonismos todo lo que circula por abajo en nuestra sociedad que muestra que no está todo podrido y que es mentira que los pibes están en cualquiera o que en los barrios todo es narcotráfico, por nombrar algunos de esos lugares comunes que se instalan.

—Se habla mucho del crecimiento de un discurso antipolítica; ¿lo ves así? Si es así, ¿qué diferencias hay con lo que pasó en el estallido de 2001?

—Hay un largo ciclo en Argentina desde el Rodrigazo o desde la dictadura hasta hoy, en el cual el Estado perdió algo que era bien característico de acá: su capacidad de planificar la vida cotidiana de los argentinos y de definir un proyecto de país haciendo uso soberano de todos los recursos con los que Argentina contaba. Si para algo sirvió la dictadura es para romper con ese esquema. Aun habiéndonos recuperado post 2001 y con el proceso que se dio entre 2003 y 2015 no se recuperó ese rol de Estado empresario, ordenador y planificador de la vida de los argentinos.

Las crisis son cíclicas. Ese ciclo abierto desde marzo del 76, cuando la dictadura se propuso reprimarizar al país y destruir su industria nacional, hasta ahora muestra que cualquier conquista termina siendo provisoria. Las logradas entre 2003 y 2015, dos o tres decretos de Macri las hicieron pelota y nos llevaron a un retroceso brutal y al endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional.

Hay otro ciclo abierto: el de diciembre de 2001 que muestra que la lucha del pueblo argentino genera que cualquier intento de los sectores de la oligarquía y del poder concentrado por derrotar definitivamente al pueblo y a su expectativa de querer vivir mejor encuentre un límite. En 2017 Macri arrasó en las elecciones intermedias, quiso ir por todo y en diciembre se encontró con un cachetazo donde ganó en el Congreso la reforma previsional pero perdió en la calle y en la opinión pública, y empezó a perder las elecciones de 2019. Es un proceso muy complejo con idas y vueltas.

Por eso, en esa complejidad puede haber también una reacción antipolítica al ver que ni los sectores de privilegio económico ni quienes tienen una perspectiva más nacional o más progresista pueden mejorar las condiciones de vida. Genera una impugnación general. Si no podés mejorar las condiciones de vida de tu pueblo, te van a pasar la factura. La salida siempre es escuchar y entender que esos reclamos son válidos más allá de qué canal eligen para expresarse, porque ahí hay algo muy parecido a la verdad que hay que atender.

—¿Cuál es el principal desafío para la próxima gestión?

—El principal desafío es que a esta Argentina bifronte, que salió de la pandemia con muchos sectores productivos que han recuperado indicadores: la industria, la producción primaria, la industria del conocimiento. Muchos de ellos son sectores ligados al mercado exterior, que tienen la capacidad de generar divisas. Salieron porque hubo un Estado que decidió hacer un salvataje a las pymes pagando la mitad de los salarios. No fue por arte de magia sino porque hubo un proyecto de país o una gestión con una perspectiva productivista que dijo que hay que sostener esto. Por otra parte, hay una Argentina donde tenés trabajadores asalariados por debajo de la línea de pobreza, otros que pueden correr detrás de la inflación ahí nomás y un número importante, que es la mitad de la población económicamente activa, que no tiene salario pero sí tiene ingresos, que vive en la informalidad por fuera de cualquier sistema de seguridad social. Ésa es la Argentina que se tiene que atender con hincapié, sobre todo en los trabajadores, los sectores productivos, las pymes y la economía popular. Hay que intentar poner al Estado en función de esas necesidades y reconstruir cierto horizonte como hizo Néstor Kirchner y el movimiento nacional.

Para nosotros mejorar las condiciones de trabajo, de formalización, de integrar a los trabajadores de la economía popular al mundo de trabajo con derechos es una forma de reconstruir cierta idea de totalidad dentro del movimiento obrero.

Sin organizaciones abajo, sin reconstrucción de cierta idea de movimiento nacional, es muy difícil que esas transformaciones que a veces depositamos en un dirigente o una dirigenta se puedan llevar adelante. No hay transformaciones en las estructuras institucionales ni en la estructura económica sin un potente movimiento por debajo.

Perón era el hombre y sus circunstancias. Más allá de su genialidad individual, nace de un movimiento obrero en ascenso, sobre todo en el conurbano de las grandes ciudades que buscaba quien corone eso. Como decía el Martín Fierro: el gaucho que venga a mandar necesita por abajo ese poderoso movimiento transformador y de deseo de que los argentinos y argentinas vivamos mejor.

—Una cuestión urgente y una preocupación son los precios, sobre todo, en las góndolas. Más allá de las teorizaciones sobre qué puede pasar, ¿existe algo que se pueda hacer en lo concreto y a corto plazo para generar un poco de alivio?

—Hay una vieja discusión en torno a esto. Los acuerdos de precios y de controles son políticas que tienen un impacto a corto plazo. Desde nuestro espacio político entendimos que, a largo plazo, si no apostás a diversificar la oferta y te recluís en los famosos grandes formadores de precios terminás siendo rehén de ellos. Hay muchas cosas que se pueden hacer, incluso desde los gobiernos locales, para generar otros circuitos de producción, distribución, logística y comercialización de alimentos e indumentaria, que es lo que más impactó en la inflación. Hay que reproducir otra lógica paralela en la que vayamos a un esquema donde exista realmente la competencia. Desde la Legislatura provincial, pero también desde el Concejo de Rosario y ahora desde Nación hemos presentado distintas iniciativas en ese sentido. Hay que apoyarse en esa enorme riqueza productiva y laboral que tienen los argentinos en la base y que puede generar las condiciones para otras alternativas de producción, logística, reparto y comercialización.

—Una de las banderas históricas del peronismo es la justicia social. Desde 2019 es oficialismo en nación y provincia. ¿Te parece que el justicialismo sigue defendiendo esta bandera? ¿Representa hoy una defensa de los intereses populares? Si es así, ¿qué medidas dan cuenta de eso?

—Creo que el peronismo está en un momento muy difícil de Argentina, habiendo reingresado al FMI y endeudado brutalmente. Intentamos salir de esa crisis o por lo menos estabilizarla con una pandemia y una guerra de por medio. El peronismo afrontó esa situación con dos decisiones que dan cuenta de una preocupación por los sectores populares. Sin parar las máquinas, es decir, no con una perspectiva de enfriamiento de la economía, sino con las máquinas funcionando y con las chimeneas andando, mal o bien.

Y por el otro lado, haciendo todo lo humana e inhumanamente posible para no devaluar, que es lo que piden los sectores primarios exportadores. Está claro que se devalúa el dinero por la inflación pero ellos piden pulverizar en una sola medida administrativa el salario de los trabajadores y trabajadoras, y los ingresos de los que ni siquiera tienen salario. Eso no se hizo.

Estas dos cuestiones son un reflejo defensivo de los trabajadores y de los sectores populares. Algunos pueden decir que es poco, pero es la base mínima e indispensable para decir que estamos en este barco e intentamos resguardar eso. Por supuesto que para delante creemos que necesitamos mucho más, pero éste es el acto reflejo básico de una gestión peronista frente a esta situación.

—En Rosario se anunció que Ciudad Futura y justicialismo irán a una misma interna; ¿cómo ves esta estrategia?

—Todo lo que hace la comunidad o muchísimas organizaciones de nuestra comunidad, sociales, políticas, estudiantiles, gremiales, en su práctica cotidiana pueda trasladarse a la política. Es la idea. Es decir, que la política sea lo más parecida posible a nuestras prácticas cotidianas en el territorio.

Hoy con Ciudad Futura damos un pasito más en estos grandes acuerdos pero hablamos con un montón de otras organizaciones con las que trabajamos juntos. Por ejemplo, el registro nacional de barrios populares es algo que se terminó convirtiendo en ley pero nació como expresión de los movimientos populares queriendo hacer un registro de la situación en la que miles de barrios de nuestro país están con falta de acceso a los servicios básicos. Ese relevamiento lo hicimos en todo el país con un montón de movimientos sociales, organizaciones comunitarias, iglesias y en Rosario lo hicimos con los compañeros de Ciudad Futura y, sin embargo, nunca nos habíamos encontrado en la pelea electoral. Estos diálogos y puentes son un intento por reconstruir o armar en la política algo similar a lo que cotidianamente hacemos al seno de nuestro pueblo y nuestra comunidad.

Fuente:ElCiudadanoyLaRegion

Alberto Fernández y Sergio Massa compartieron un acto con gobernadores pero sin Kicillof

El Presidente y el ministro de Economía presentaron Plan Integral Argentina Irrigada, junto a mandatarios provinciales peronistas y aliados

VIERNES 28 DE ABRIL DE 2023

El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa volvieron a mostrarse juntos este viernes en un acto en el Centro Cultural Kirchner (CCK), junto a gobernadores, para presentar el Plan Integral Argentina Irrigada, destinado a mejorar el riego y auxiliar a la producción agrícola en el marco de grave sequía que atraviesa la Argentina este año. Sin embargo, llamó la atención la ausencia de Axel Kicillof. 

Según trascendió el mandatario bonaerense estaba invitado pero no pudo concurrir por cuestiones de agenda, actividades que ya tenía pautadas en San Andrés de Giles, Carmen de Areco y San Antonio de Areco. 

A pesar de la ausencia del mandatario bonaerense y en medio de una fuerte incertidumbre por las candidaturas, Massa consiguió su foto con los gobernadores entre los que estuvieron Raul Jalil (Catamarca), Arabella Carreras (Río Negro), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Mariano Arcioni (Chubut), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Oscar Herrera Ahuad (Misiones).

La imagen de Massa junto a los mandatarios provinciales el día después de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner elogiara el trabajo del ministro en el marco del swap con China y la intervención en el mercado financiero, hizo que los rumores alrededor de una posible postulación por parte del titular del Palacio de Hacienda volvieron a tomar fuerza. 

A su vez, en un gesto al kirchnerismo, el funcionario destacó las palabras que brindó ayer la ex presidenta en el Teatro Argentino de La Plata: “Ayer la escuchaba a la Vicepresidenta plantear ‘con cabeza nueva en un mundo nuevo’. Y efectivamente en este mundo cuando hablamos de comercio exterior miramos a nuestro socio principal regional Brasil como un competidor. Pero también como un aliado. Es así, mirar al mundo con una lógica distinta”.

Tweet de Casa Rosada

Durante el acto y en un guiño al campo, el ministro brindó detalles sobre el Plan que comprende la inversión de 2 mil millones de dólares para desarrollar y optimizar la infraestructura de riego en todas las provincias, al mismo tiempo que aseguró que la iniciativa generará 80.000 nuevos puestos de trabajo y "1.970 millones de dólares todos los años" como producción de economías regionales. 

"Esperemos que, gobierne quien gobierne, se entienda que, cuando hablamos de aumentar la superficie cultivable, de lo que estamos hablando es de cuánto trabajo argentino le vendemos al mundo, y esto también es distribución del ingreso", señaló adelantándose a un posible cambio de gestión en diciembre.

Por su parte, el gobernador Zamora consideró que el plan es de “vital importancia” y expresó: “Esto tiene que ver con el federalismo, arraiga, desarrollo económico y posibilidades de aportar desde el interior. Si bien venimos trabajando cada una de las provincias en modernizar el sistema, hubo mucho acompañamiento de la Nación para alcanzar convenios y que se concreten”. 

Luego, al cierre del acto, Alberto Fernández pidió "bajar tanto barullo en la política" para dedicarse a "construir” el “futuro" del país, y sostuvo que "los ciclos políticos pueden cambiar, pero lo que no cambia son las necesidad del pueblo". 

"Si queremos construir una economía pujante, capaz de producir alimentos para el mundo, capaz de potenciar la producción del litio, de llevar el gas de Vaca Muerta como energía para este momento (de transición), si somos capaces de sacar el cobre que está en la cordillera, si somos capaces que nuestra Patagonia construya el hidrógeno verde, entonces el futuro es nuestro”, concluyó. 

Fuente:Diagonales

Exclusivo: Losada graba spot el sábado y anuncia su candidatura la semana próxima

La Senadora evalúa si publica el video el lunes cuando Perotti presida la Asamblea Legislativa o lo pasa al martes.

POR FABRICIO NAVONE

(ROSARIO)

28/04/2023

Después de semanas de incertidumbres, la senadora Carolina Losada anunciará su precandidatura a gobernadora de Santa Fe por la nueva coalición, Unidos para Cambiar Santa Fe, la próxima semana a través de un mensaje en redes sociales que grabará este sábado y según pudo saber LPO de fuentes de su entorno, señalará su perfil de outsider aunque el contenido aún se está analizando.

De esta manera, la legisladora nacional hará pública su decisión de competir en las internas abiertas en el frente opositor donde deberá enfrentar al radical de Evolución Maximiliano Pullaro que hizo acuerdo con un sector del PRO, a la candidata de Pichetto Betina Florito y aún queda por definirse la socialista Clara García que ya deslizó sus intenciones de participar.

Lo que está en dudas aún es si subirá el video el lunes 1ro de mayo, mientras el gobernador Omar Perotti esté presidiendo la Asamblea Legislativa de apertura del 141 período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura santafesina con el objetivo de ganarse la agenda de ese día pero con el riesgo de quedar eclipsada con algún anuncio de parte del gobernador o por el contrario, esperar al martes o miércoles.

Luego de anunciar su postulación, Losada confirmaría su fórmula con el presidente del PRO, Federico Angelini

Lo cierto es que Losada ya tomó su decisión y competirá en la provincia de Santa Fe que, como adelantó este medio, cuenta con el apoyo de importantes empresarios locales y nacionales vinculados al Canal América y el multimedio La Capital con Gustavo Scaglione al frente. 

Es que según reconocieron a LPO dirigentes que se alinearon a la precandidatura de la senadora, la ansiedad empezaba a ganarle al optimismo y de esta manera, Losada llevará tranquilidad hacia adentro de su propia tropa. 

De hecho, esta semana comenzó circular el rumor de un supuesto pedido a Pullaro para que baje su candidatura aunque del entorno de Losada negaron que haya existido esa negociación. Por lo tanto, luego de blanquear su postulación, la ex periodista presentará la fórmula con el presidente provisorio del PRO, Federico Angelini, quien asumió tras la licencia que pidió Patricia Bullrich como autoridad partidaria. 

Por otro lado, el operador de Losada, el radical Julián Galdeano insiste en la estrategia para bajar al candidato de Milei en Santa Fe por temor a que le quite votos a la senadora, como adelantó este portal.   

Fuente:LaPoliticaonline