Construcciones ilegales en el predio Puente 12: sobrevivientes y familiares se reunieron con autoridades
Cabe recordar que, en diciembre de 2020, 2.700 efectivos de la UTOI, fuerza que forma parte de la Policía Bonaerense, fueron asignados al predio; la Comisión realizó su primera denuncia en septiembre de 2021, cuando comenzaron a notar modificaciones en el espacio. Sin embargo, en abril de este año se llevó a cabo una reunión en el Juzgado Federal N° 3, a cargo de Daniel Rafecas, donde familiares y víctimas reclamaron “el resto del sitio y el cese de las construcciones”.
“Todas las partes, excepto el ministro (Sergio) Berni, fuimos convocadas. En un principio, el ministro de Seguridad bonaerense, y esto figura en las actas, se había comprometido a dejar el lugar siempre y cuando la provincia de Buenos Aires les otorgue otro para establecer a la UTOI”, explicó Alejandra Cravello, integrante de la Comisión Vesubio y Puente 12 e hija de Ricardo Cravello, desaparecido en el centro clandestino Puente 12, en comunicación con El1 Digital.
Asimismo, comparó a la situación de las construcciones con “una especie de urbanización no planificada, donde cada uno construye donde puede”. “En 2021, nos habían llegado planos de lo que ellos pensaban hacer: un edificio en una tira implantada sobre una gran excavación hecha por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). A raíz de nuestras denuncias, esa obra se paró, pero siguieron cementando, dividiendo y cambiando la morfología del lugar”, aseguró.
Es así como la UTOI ocupa la parcela donde funcionaba la antigua División Cuatrerismo, mientras que dos terceras partes de una parcela lateral donde estaban ubicadas las capachas (fosas abiertas utilizadas como crematorios clandestinos), es donde la EAAF realizó la mayoría de sus excavaciones. En 1986, dichos espacios fueron divididos en subparcelas y gran parte del espacio verde circundante fue declarado como reserva verde. Según Cravello, esa parte del predio “no fue cedida al Ministerio de Seguridad, pero fue tomada igual”.
“Se construyó una gran barraca para que pudieran dormir los efectivos, y como consecuencia, se ha hecho movimiento de suelos. Además, no se cumple con la orden de ‘no innovar’ dictada por un juez en 2013 ni el exhorto firmado en julio de 2022 donde se pidió la desafectación del lugar. Es como si se llevaran puestas las políticas de estado de memoria, verdad y justicia”, lamentó.
Decisión judicial
En este contexto, Cravello indicó que, durante la reunión, el juez Rafecas “se comprometió a reforzar la orden de no innovar y tomar algunas medidas extras”. “Consideramos importante la participación del EAAF en la reunión, porque ellos nos dieron la seguridad de que esas dos parcelas que en los ’70 pertenecían a la antigua división cuatrerismo, ya fueron exploradas en su totalidad”, destacó.
Además, planteó que “todo se trata de una decisión política”. “Lo que sucede es increíble, porque se llenan la boca promoviendo las políticas de Estado de Memoria, Verdad y Justicia, pero, por otro lado, acá no se estarían cumpliendo ninguna de esas cosas, da la sensación que funciona un estado paralelo”, afirmó.
Por último, aseguró que desde la Comisión seguirán recurriendo a la justicia: “Es la única herramienta que tenemos”. “Mientras sigamos detectando estas cosas, vamos a seguir denunciando. Ya encontramos muchas y, mientras tanto, seguimos sin tener ninguna respuesta por parte del ejecutivo provincial”, cerró.
Fuente:El1Digital
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