Publicada el 23.06.2023
Comunicado en defensa de la Educación Pública
FIRMADO POR LAS RECTORAS Y RECTORAS DEL CIN
Con un comunicado denominado "La educación pública debe ser una prioridad de los próximos gobiernos", las Rectoras y Rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional -CIN- se expresaron durante el Plenario Extraordinario realizado en la Ciudad de Rosario este 20 de junio. A continuación se reproduce dicha declaración:
La educación pública debe ser una prioridad de los próximos gobiernos
Las rectoras y los rectores reunidos en la ciudad de Rosario, en el Monumento a la Bandera y
honrando a su creador Manuel Belgrano, manifestamos nuestra convicción en la educación pública como uno de los pilares básicos de la Nación argentina, siendo parte fundamental de su sello distintivo y su impronta más profunda desde los tiempos de su constitución y organización como país independiente. Fue el mismo Belgrano quien dio el ejemplo de este ideario al donar el reconocimiento monetario a sus esfuerzos como general para la construcción de cuatro escuelas en distintos puntos de nuestra geografía, al mismo tiempo que promovió la creación de diversas academias profesionales.
La instrucción pública argentina se desarrolló desde entonces, cuando pocos Estados del mundo
destinaban recursos y esfuerzos a educar al soberano, creando y fortaleciendo una identidad nacional que ofreció una plataforma de dignidad, crecimiento y posibilidad de ascenso social a todos los habitantes del suelo argentino. La Ley N° 1.420 de educación común, obligatoria y gratuita, sancionada en 1884, expresó con total claridad esta prioridad política que fue acompañada por una importante inversión en infraestructura educativa y, también, el destino de fondos para la formación de maestras y maestros.
En víspera de los cuarenta años del inicio de un periodo de construcción democrática ininterrumpido, y
frente a un nuevo proceso electoral de recambio de autoridades en todas las jurisdicciones del país, las rectoras y los rectores de universidades públicas nacionales y provinciales queremos expresar nuestra profundo convencimiento en que las dificultades que viene atravesando nuestro país desde hace décadas solo se podrán revertir con más y mejor educación pública para nuestras/os niñas y niños, adolescentes y jóvenes. Por el contrario, impulsar políticas excluyentes y mercantilistas que piensen en la educación como un bien transable del cual el Estado nacional pueda ser prescindente condena al país a incrementar las desigualdades, el atraso y la exclusión de vastos sectores sociales.
Es la educación pública la que tiene la potencialidad de igualarnos en derechos y en oportunidades,
formarnos como seres humanos y transformarnos tanto en nuestro entorno personal como social. No
habrá cambio perdurable que no se sustente en una educación pública que fomente principios, valores y los atributos del desarrollo y madurez de nuestra niñez y juventud. La educación pública genera las
condiciones de poder comprender y formar parte de un mundo cada vez más complejo y demandante en el cual el conocimiento se ha constituido no solo como el principal vector de cambios y transformaciones sino que hoy representa un factor de desarrollo en sí mismo.
Es por ello que consideramos a la educación como un bien social y un derecho humano fundamental, que el Estado tiene la responsabilidad indelegable de garantizar para todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que integran la sociedad. La educación pública contribuye de manera significativa con la cohesión e inclusión social, el resguardo de las condiciones irrenunciables de la vida en democracia, el pleno ejercicio de los derechos humanos, la convivencia social, la igualdad de género y un profundo respeto por el medio ambiente.
Porque es aquí donde se pone en valor, a través de la educación, el sentido de la cohesión social como un concepto orientador para avanzar hacia sociedades inclusivas, en las que se respeten y hagan efectivo tanto los derechos políticos como los derechos económicos, sociales y culturales. En ese sentido, la cohesión social representa un fuerte elemento de potenciación de la democracia, pues busca canalizar y asegurar el pleno ejercicio de la ciudadanía como condición democrática de la unión de la sociedad y de la autonomía de los individuos.
Por todo ello, reafirmamos una vez más que la educación pública debe ser considerada como una de las políticas de Estado más importante y consolidada por los sucesivos gobiernos de turno.
Propiciamos que su fortalecimiento y desarrollo sean un eje central en todos los programas y debates que se sucedan en esta etapa electoral, de tal manera que se encuentre presente de manera destacada en los diálogos de cada argentina y argentino de todas las ideas y de todas las expresiones políticas. Entendemos que la educación debe ganar mayor centralidad en la agenda pública de los próximos meses como parte de una alternativa primordial que contribuya significativamente a superar los niveles acuciantes de pobreza y marginalidad que no podrán ser resueltos solamente en términos económicos.
Para ello, proponemos que cada candidata o candidato exprese a la sociedad qué lugar considera que
ocupa la educación pública en sus preocupaciones, qué programas tiene para desarrollarla y cómo
fortalecerla. Los silencios en este tema pueden ser presagios de futuros ataques a esta columna vertebral de la Nación.
En estos 40 años de democracia, las universidades públicas han sido un claro ejemplo de institucionalidad, de construcción democrática, de destacada formación profesional con conciencia crítica y compromiso social. Desde las primeras horas de la instauración de la democracia en la Argentina, se comienza a transitar el camino de la reconstrucción de las universidades públicas sobre la base de los principios reformistas de 1918 con “el compromiso de restablecer el pleno ejercicio de la autonomía universitaria, el ingreso irrestricto y la gratuidad, garantizando la libertad académica como un modo de asegurar a la universidad su misión creadora” , tal como lo expresa el decreto N° 154, del 13 de diciembre de 1983, del Ejecutivo nacional, mediante el cual se iniciaba el camino para la normalización de las universidades públicas, quedando finalmente consagrados en la Constitución nacional los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades públicas.
Consecuentes con este posicionamiento histórico respecto a las universidades públicas, nuestros y
nuestras rectores y rectoras han manifestado, desde el momento mismo de la constitución del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que las universidades fueron y son parte fundamental en la construcción de la Nación.
Motores de su crecimiento intelectual y de su desarrollo social, cultural y económico. Ámbitos de debates, de generación de conocimientos, de transformación social. Un sistema que es fruto del esfuerzo y del aporte económico de toda nuestra sociedad, de las luchas de generaciones de estudiantes, que ha ido modelando a lo largo de la historia sus principios, sus valores y su extraordinario desarrollo institucional.
El compromiso que las universidades públicas han expresado y expresan para con la sociedad y el estado (de las cuales forman parte), se manifiesta todos los días a través de las numerosas y diversas acciones, prácticas, proyectos y programas de extensión y de vinculación tecnológica y de servicios, cuya articulación se plantea con el Estado en sus diferentes jurisdicciones y con las más diversas
organizaciones e instituciones de la sociedad civil y con alcance a todo el territorio nacional. Solo para
mencionar un ejemplo de este compromiso, fue el importante rol que tuvieron las universidades
nacionales durante la pandemia provocada por la COVID19 desde el primer momento de su declaración en 2020, donde aportaron solidariamente soluciones en investigación, docencia, extensión y cooperación a través de sus áreas de trabajo y estamentos.
Hoy podemos decir que el sistema universitario público es hijo de los valores de Reforma Universitaria de Córdoba: democracia y cogobierno, libertad de cátedra, extensión y compromiso social, autonomía y desarrollo del pensamiento crítico. Que a lo largo de los años, su amplitud y su mirada inclusiva, garantizan, fruto del decreto presidencial 337 de 1949, el ingreso a sus aulas sin ningún tipo de arancelamiento, no solo para toda nuestra juventud sino para toda persona que, a cualquier edad, sin ningún tipo de restricción por motivos de origen, etnia, culto, género, discapacidad, condición social o ideología política, pueda tener la oportunidad de acceder a estudiar, a crecer, a tener nuevas capacidades y oportunidades personales y, a la vez, mejorar y transformar su entorno social.
A su vez, nuestras casas de estudio son ámbitos de producción de conocimiento, de investigaciones
que transforman nuestra vida cotidiana y que representan la mayor parte de los procesos de
investigación que se llevan adelante en nuestro país, contribuyendo a la formación permanente de
nuevas y nuevos científicos que alumbrarán un futuro con más capacidades productivas, que
fortalecerán nuestra soberanía e independencia y que nos permitirán salir de las diciles condiciones
en que nos encontramos hoy.
Estamos muy orgullosos de lo realizado y por esto estamos absolutamente convencidos de que la
educación pública en todos sus niveles, con el sistema universitario público argentino en particular, es
patrimonio de toda la Nación y se encuentra a su servicio. Es parte inseparable de nuestra sociedad, fruto de sus esfuerzos, y una de las principales usinas de crecimiento y transformación. Somos conscientes de que no todo está bien, que existen múltiples aspectos que deben ser mejorados, que deberemos realizar las necesarias adaptaciones a sociedades en permanente cambio y estamos abiertos a ello, ya que esto forma parte de nuestros desvelos cotidianos.
Argentinas y argentinos, demos prioridad a la educación pública en todos sus niveles en los nuevos
tiempos que se avecinan. Vivimos en una sociedad donde la complejidad productiva y la velocidad de los cambios tecnológicos demandan políticas que jerarquicen la inclusión y la calidad educativa de todos los integrantes de nuestro país.
El fortalecimiento de este logro –el que mayor continuidad ha tenido en nuestra Nación en sus más de 200 años de vida independiente, que ha sido el sostén y el pilar de una sociedad integrada– es el que sostendrá la unidad y conformará la fuerza social, cultural y económica necesaria para transformar y proyectar nuestro país, durante este siglo XXI, en una de las naciones más respetadas y destacadas del mundo.
Junio 2023
Monumento a la Bandera
Rosario, Santa Fe, Argentina
Carlos Greco (Universidad Nacional de San Martín) - Víctor Moriñigo (Universidad Nacional de San Martín) - Jerónimo Enrique Ainchil (Universidad Nacional de San Antonio de Areco) - Daniel Vega (Universidad Nacional del Sur) - Jhon Boreo (Universidad Nacional de Córdoba) - Andrés Sabella (Universidad Nacional de Entre Ríos) - Guillermo Tamarit (Universidad Nacional del Noroeste
de la Provincia de Buenos Aires) - Marcelo Aba (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires) - Franco Bartolacci (Universidad Nacional de Rosario) - Agustina Rodríguez Saá (Universidad Nacional de los Comechingones) - Walter Panessi (Universidad Nacional de Luján) - Alfredo Alfonso (Universidad Nacional de Quilmes) - Enrique Mammarella (Universidad Nacional
del Litoral) - Rubén Soro (Universidad Tecnológica Nacional) - Magno Iluminado Ibáñez (Universidad Nacional del Alto Uruguay) - Sandra Torlucci (Universidad Nacional de las Artes) - Arnaldo Medina (Universidad Nacional Arturo Jauretche) - Luciano Filipuzzi (Universidad Autónoma de Entre Ríos) - Jorge Calzoni (Universidad Nacional de Avellaneda) - Ricardo Jorge Gelpi (Universidad de
Buenos Aires) - Oscar Alfonso Arellano (Universidad Nacional de Catamarca) - Germán Oestmann (Universidad Nacional del Chaco Austral) - César Alberto Salcedo (Universidad Nacional de Chilecito) - Graciela Di Perna (Universidad del Chubut) - Mariano Palamidessi (Universidad de la Ciudad de Buenos Aires) - María Beatriz Gentile (Universidad Nacional del Comahue) - Raquel Krawchik (Universidad Provincial de Córdoba) - Esther Lucía Sanchez (Universidad Nacional de Cuyo) - Jorge Baaglino (Universidad de la Defensa Nacional) - Daniel Galli (Universidad Provincial de Ezeiza) - Cesar Augusto Parmetler (Universidad Nacional de Formosa) - Flavia Terigi (Universidad Nacional de General Sarmiento) - Pablo Domenichini (Universidad Nacional Guillermo Brown) - Walter Wallach (Universidad Nacional de Hurlingham) - Adolfo Gustavo Scrinzi (Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo”) - Claudio Gabriel Lagrange (Instituto Universitario de la Gendarmería Nacional Argentina) - Leopoldo Fabián Vidal (Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina) - Marcela Carolina Calvo (Instituto Universitario Provincial de Seguridad) - Gabriel Unrein (Instituto Universitario de Seguridad de la Ciudad) - Enrique Font (Instituto Universitario de
Seguridad Marítima) - Armen Grigorian (Instituto Universitario Patagónico de las Artes) - Darío Kusinsky (Universidad Nacional de José C. Paz) - Mario Bonillo (Universidad Nacional de Jujuy) - Daniel Eduardo Martínez (Universidad Nacional de La Matanza) – María Ema Martin (Universidad Nacional de La Pampa) - Martín López Armengol (Universidad Nacional de La Plata) - Daniel Quiroga
(Universidad Nacional de La Rioja) - Ana María Jaramillo (Universidad Nacional de Lanús) - Diego Molea (Universidad Nacional de Lomas de Zamora) - Alfredo Lazzerei (Universidad Nacional de Mar del Plata) - Alicia Bohren (Universidad Nacional de Misiones) - Hugo Andrade (Universidad Nacional de Moreno) - Omar Larroza (Universidad Nacional del Nordeste) - Roberto Jesús Gallo (Universidad Nacional del Oeste) - Antonia Lidia Blanco (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco) - Hugo Santos Rojas (Universidad Nacional de la Patagonia Austral) - Carlos Gabriel Antonio Rodríguez (Universidad Pedagógica Nacional) - Rubén Andrés Ascua (Universidad Nacional de Rafaela) - Adriana Esther Cecilia López (Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz) - Marisa Rovera (Universidad Nacional de Río Cuarto) - Anselmo Torres (Universidad Nacional de Río Negro) - Daniel Hoyos (Universidad Nacional de Salta) - Tadeo Alberto Berenguer (Universidad Nacional de San Juan) - Héctor Rubén Paz (Universidad Nacional de Santiago del Estero) - Andrea Savorei (Universidad Provincial del Sudoeste) - Daniel Fernández (Universidad Nacional de Tierra del Fuego) - Martín Kaufmann (Universidad Nacional de Tres de Febrero) - Sergio Pagani (Universidad Nacional de Tucumán) - Luis Alberto Negrei (Universidad Nacional de Villa María) - David Rivarola (Universidad Nacional de Villa Mercedes)
Las rectoras y los rectores reunidos en la ciudad de Rosario, en el Monumento a la Bandera y
honrando a su creador Manuel Belgrano, manifestamos nuestra convicción en la educación pública como uno de los pilares básicos de la Nación argentina, siendo parte fundamental de su sello distintivo y su impronta más profunda desde los tiempos de su constitución y organización como país independiente. Fue el mismo Belgrano quien dio el ejemplo de este ideario al donar el reconocimiento monetario a sus esfuerzos como general para la construcción de cuatro escuelas en distintos puntos de nuestra geografía, al mismo tiempo que promovió la creación de diversas academias profesionales.
La instrucción pública argentina se desarrolló desde entonces, cuando pocos Estados del mundo
destinaban recursos y esfuerzos a educar al soberano, creando y fortaleciendo una identidad nacional que ofreció una plataforma de dignidad, crecimiento y posibilidad de ascenso social a todos los habitantes del suelo argentino. La Ley N° 1.420 de educación común, obligatoria y gratuita, sancionada en 1884, expresó con total claridad esta prioridad política que fue acompañada por una importante inversión en infraestructura educativa y, también, el destino de fondos para la formación de maestras y maestros.
En víspera de los cuarenta años del inicio de un periodo de construcción democrática ininterrumpido, y
frente a un nuevo proceso electoral de recambio de autoridades en todas las jurisdicciones del país, las rectoras y los rectores de universidades públicas nacionales y provinciales queremos expresar nuestra profundo convencimiento en que las dificultades que viene atravesando nuestro país desde hace décadas solo se podrán revertir con más y mejor educación pública para nuestras/os niñas y niños, adolescentes y jóvenes. Por el contrario, impulsar políticas excluyentes y mercantilistas que piensen en la educación como un bien transable del cual el Estado nacional pueda ser prescindente condena al país a incrementar las desigualdades, el atraso y la exclusión de vastos sectores sociales.
Es la educación pública la que tiene la potencialidad de igualarnos en derechos y en oportunidades,
formarnos como seres humanos y transformarnos tanto en nuestro entorno personal como social. No
habrá cambio perdurable que no se sustente en una educación pública que fomente principios, valores y los atributos del desarrollo y madurez de nuestra niñez y juventud. La educación pública genera las
condiciones de poder comprender y formar parte de un mundo cada vez más complejo y demandante en el cual el conocimiento se ha constituido no solo como el principal vector de cambios y transformaciones sino que hoy representa un factor de desarrollo en sí mismo.
Es por ello que consideramos a la educación como un bien social y un derecho humano fundamental, que el Estado tiene la responsabilidad indelegable de garantizar para todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que integran la sociedad. La educación pública contribuye de manera significativa con la cohesión e inclusión social, el resguardo de las condiciones irrenunciables de la vida en democracia, el pleno ejercicio de los derechos humanos, la convivencia social, la igualdad de género y un profundo respeto por el medio ambiente.
Porque es aquí donde se pone en valor, a través de la educación, el sentido de la cohesión social como un concepto orientador para avanzar hacia sociedades inclusivas, en las que se respeten y hagan efectivo tanto los derechos políticos como los derechos económicos, sociales y culturales. En ese sentido, la cohesión social representa un fuerte elemento de potenciación de la democracia, pues busca canalizar y asegurar el pleno ejercicio de la ciudadanía como condición democrática de la unión de la sociedad y de la autonomía de los individuos.
Por todo ello, reafirmamos una vez más que la educación pública debe ser considerada como una de las políticas de Estado más importante y consolidada por los sucesivos gobiernos de turno.
Propiciamos que su fortalecimiento y desarrollo sean un eje central en todos los programas y debates que se sucedan en esta etapa electoral, de tal manera que se encuentre presente de manera destacada en los diálogos de cada argentina y argentino de todas las ideas y de todas las expresiones políticas. Entendemos que la educación debe ganar mayor centralidad en la agenda pública de los próximos meses como parte de una alternativa primordial que contribuya significativamente a superar los niveles acuciantes de pobreza y marginalidad que no podrán ser resueltos solamente en términos económicos.
Para ello, proponemos que cada candidata o candidato exprese a la sociedad qué lugar considera que
ocupa la educación pública en sus preocupaciones, qué programas tiene para desarrollarla y cómo
fortalecerla. Los silencios en este tema pueden ser presagios de futuros ataques a esta columna vertebral de la Nación.
En estos 40 años de democracia, las universidades públicas han sido un claro ejemplo de institucionalidad, de construcción democrática, de destacada formación profesional con conciencia crítica y compromiso social. Desde las primeras horas de la instauración de la democracia en la Argentina, se comienza a transitar el camino de la reconstrucción de las universidades públicas sobre la base de los principios reformistas de 1918 con “el compromiso de restablecer el pleno ejercicio de la autonomía universitaria, el ingreso irrestricto y la gratuidad, garantizando la libertad académica como un modo de asegurar a la universidad su misión creadora” , tal como lo expresa el decreto N° 154, del 13 de diciembre de 1983, del Ejecutivo nacional, mediante el cual se iniciaba el camino para la normalización de las universidades públicas, quedando finalmente consagrados en la Constitución nacional los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades públicas.
Consecuentes con este posicionamiento histórico respecto a las universidades públicas, nuestros y
nuestras rectores y rectoras han manifestado, desde el momento mismo de la constitución del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que las universidades fueron y son parte fundamental en la construcción de la Nación.
Motores de su crecimiento intelectual y de su desarrollo social, cultural y económico. Ámbitos de debates, de generación de conocimientos, de transformación social. Un sistema que es fruto del esfuerzo y del aporte económico de toda nuestra sociedad, de las luchas de generaciones de estudiantes, que ha ido modelando a lo largo de la historia sus principios, sus valores y su extraordinario desarrollo institucional.
El compromiso que las universidades públicas han expresado y expresan para con la sociedad y el estado (de las cuales forman parte), se manifiesta todos los días a través de las numerosas y diversas acciones, prácticas, proyectos y programas de extensión y de vinculación tecnológica y de servicios, cuya articulación se plantea con el Estado en sus diferentes jurisdicciones y con las más diversas
organizaciones e instituciones de la sociedad civil y con alcance a todo el territorio nacional. Solo para
mencionar un ejemplo de este compromiso, fue el importante rol que tuvieron las universidades
nacionales durante la pandemia provocada por la COVID19 desde el primer momento de su declaración en 2020, donde aportaron solidariamente soluciones en investigación, docencia, extensión y cooperación a través de sus áreas de trabajo y estamentos.
Hoy podemos decir que el sistema universitario público es hijo de los valores de Reforma Universitaria de Córdoba: democracia y cogobierno, libertad de cátedra, extensión y compromiso social, autonomía y desarrollo del pensamiento crítico. Que a lo largo de los años, su amplitud y su mirada inclusiva, garantizan, fruto del decreto presidencial 337 de 1949, el ingreso a sus aulas sin ningún tipo de arancelamiento, no solo para toda nuestra juventud sino para toda persona que, a cualquier edad, sin ningún tipo de restricción por motivos de origen, etnia, culto, género, discapacidad, condición social o ideología política, pueda tener la oportunidad de acceder a estudiar, a crecer, a tener nuevas capacidades y oportunidades personales y, a la vez, mejorar y transformar su entorno social.
A su vez, nuestras casas de estudio son ámbitos de producción de conocimiento, de investigaciones
que transforman nuestra vida cotidiana y que representan la mayor parte de los procesos de
investigación que se llevan adelante en nuestro país, contribuyendo a la formación permanente de
nuevas y nuevos científicos que alumbrarán un futuro con más capacidades productivas, que
fortalecerán nuestra soberanía e independencia y que nos permitirán salir de las diciles condiciones
en que nos encontramos hoy.
Estamos muy orgullosos de lo realizado y por esto estamos absolutamente convencidos de que la
educación pública en todos sus niveles, con el sistema universitario público argentino en particular, es
patrimonio de toda la Nación y se encuentra a su servicio. Es parte inseparable de nuestra sociedad, fruto de sus esfuerzos, y una de las principales usinas de crecimiento y transformación. Somos conscientes de que no todo está bien, que existen múltiples aspectos que deben ser mejorados, que deberemos realizar las necesarias adaptaciones a sociedades en permanente cambio y estamos abiertos a ello, ya que esto forma parte de nuestros desvelos cotidianos.
Argentinas y argentinos, demos prioridad a la educación pública en todos sus niveles en los nuevos
tiempos que se avecinan. Vivimos en una sociedad donde la complejidad productiva y la velocidad de los cambios tecnológicos demandan políticas que jerarquicen la inclusión y la calidad educativa de todos los integrantes de nuestro país.
El fortalecimiento de este logro –el que mayor continuidad ha tenido en nuestra Nación en sus más de 200 años de vida independiente, que ha sido el sostén y el pilar de una sociedad integrada– es el que sostendrá la unidad y conformará la fuerza social, cultural y económica necesaria para transformar y proyectar nuestro país, durante este siglo XXI, en una de las naciones más respetadas y destacadas del mundo.
Junio 2023
Monumento a la Bandera
Rosario, Santa Fe, Argentina
Carlos Greco (Universidad Nacional de San Martín) - Víctor Moriñigo (Universidad Nacional de San Martín) - Jerónimo Enrique Ainchil (Universidad Nacional de San Antonio de Areco) - Daniel Vega (Universidad Nacional del Sur) - Jhon Boreo (Universidad Nacional de Córdoba) - Andrés Sabella (Universidad Nacional de Entre Ríos) - Guillermo Tamarit (Universidad Nacional del Noroeste
de la Provincia de Buenos Aires) - Marcelo Aba (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires) - Franco Bartolacci (Universidad Nacional de Rosario) - Agustina Rodríguez Saá (Universidad Nacional de los Comechingones) - Walter Panessi (Universidad Nacional de Luján) - Alfredo Alfonso (Universidad Nacional de Quilmes) - Enrique Mammarella (Universidad Nacional
del Litoral) - Rubén Soro (Universidad Tecnológica Nacional) - Magno Iluminado Ibáñez (Universidad Nacional del Alto Uruguay) - Sandra Torlucci (Universidad Nacional de las Artes) - Arnaldo Medina (Universidad Nacional Arturo Jauretche) - Luciano Filipuzzi (Universidad Autónoma de Entre Ríos) - Jorge Calzoni (Universidad Nacional de Avellaneda) - Ricardo Jorge Gelpi (Universidad de
Buenos Aires) - Oscar Alfonso Arellano (Universidad Nacional de Catamarca) - Germán Oestmann (Universidad Nacional del Chaco Austral) - César Alberto Salcedo (Universidad Nacional de Chilecito) - Graciela Di Perna (Universidad del Chubut) - Mariano Palamidessi (Universidad de la Ciudad de Buenos Aires) - María Beatriz Gentile (Universidad Nacional del Comahue) - Raquel Krawchik (Universidad Provincial de Córdoba) - Esther Lucía Sanchez (Universidad Nacional de Cuyo) - Jorge Baaglino (Universidad de la Defensa Nacional) - Daniel Galli (Universidad Provincial de Ezeiza) - Cesar Augusto Parmetler (Universidad Nacional de Formosa) - Flavia Terigi (Universidad Nacional de General Sarmiento) - Pablo Domenichini (Universidad Nacional Guillermo Brown) - Walter Wallach (Universidad Nacional de Hurlingham) - Adolfo Gustavo Scrinzi (Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo”) - Claudio Gabriel Lagrange (Instituto Universitario de la Gendarmería Nacional Argentina) - Leopoldo Fabián Vidal (Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina) - Marcela Carolina Calvo (Instituto Universitario Provincial de Seguridad) - Gabriel Unrein (Instituto Universitario de Seguridad de la Ciudad) - Enrique Font (Instituto Universitario de
Seguridad Marítima) - Armen Grigorian (Instituto Universitario Patagónico de las Artes) - Darío Kusinsky (Universidad Nacional de José C. Paz) - Mario Bonillo (Universidad Nacional de Jujuy) - Daniel Eduardo Martínez (Universidad Nacional de La Matanza) – María Ema Martin (Universidad Nacional de La Pampa) - Martín López Armengol (Universidad Nacional de La Plata) - Daniel Quiroga
(Universidad Nacional de La Rioja) - Ana María Jaramillo (Universidad Nacional de Lanús) - Diego Molea (Universidad Nacional de Lomas de Zamora) - Alfredo Lazzerei (Universidad Nacional de Mar del Plata) - Alicia Bohren (Universidad Nacional de Misiones) - Hugo Andrade (Universidad Nacional de Moreno) - Omar Larroza (Universidad Nacional del Nordeste) - Roberto Jesús Gallo (Universidad Nacional del Oeste) - Antonia Lidia Blanco (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco) - Hugo Santos Rojas (Universidad Nacional de la Patagonia Austral) - Carlos Gabriel Antonio Rodríguez (Universidad Pedagógica Nacional) - Rubén Andrés Ascua (Universidad Nacional de Rafaela) - Adriana Esther Cecilia López (Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz) - Marisa Rovera (Universidad Nacional de Río Cuarto) - Anselmo Torres (Universidad Nacional de Río Negro) - Daniel Hoyos (Universidad Nacional de Salta) - Tadeo Alberto Berenguer (Universidad Nacional de San Juan) - Héctor Rubén Paz (Universidad Nacional de Santiago del Estero) - Andrea Savorei (Universidad Provincial del Sudoeste) - Daniel Fernández (Universidad Nacional de Tierra del Fuego) - Martín Kaufmann (Universidad Nacional de Tres de Febrero) - Sergio Pagani (Universidad Nacional de Tucumán) - Luis Alberto Negrei (Universidad Nacional de Villa María) - David Rivarola (Universidad Nacional de Villa Mercedes)
Fuente: UNA
No hay comentarios:
Publicar un comentario