Presentaron un informe sobre “fondos secretos” para la acción represiva de la dictadura
La secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó un informe sobre los fondos secretos de los servicios de inteligencia durante la última dictadura cívico militar que busca esclarecer "responsabilidades penales" en las causas judiciales vinculadas con los crímenes de lesa humanidad.
La cartera dirigida por Horacio Pietragalla Corti dio a conocer este lunes el documento realizado por el equipo de investigadores de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Nacionales en Materia de Derechos Humanos, que resulta “fundamental para entender cómo operaba el sistema de fondos secretos utilizados para hacer funcionar la maquinaria de inteligencia, que fue el cerebro de la dictadura”.
Según se informó, esta pesquisa logró dar cuenta de un mecanismo formal por el cual la dictadura destinó fondos reservados al Batallón de Inteligencia 601 y a Destacamentos de Inteligencia del país, y del sistema que implementó para fiscalizarlos, con inspecciones periódicas de la Jefatura II del Estado Mayor General del Ejército.
El informe tuvo su presentación oficial durante dos jornadas que se llevaron a cabo en la sede del Archivo Nacional de la Memoria del predio de la ex ESMA, donde el secretario Pietragalla Corti destacó “que los compañeros y compañeras de distintas áreas puedan encontrarse para compartir información, para capitalizar al máximo los recursos de la Secretaría y tratar de acelerar los procesos, porque en materia de juicios tenemos poco tiempo, las víctimas no pueden esperar”.
El informe se suma a otras 135 investigaciones realizadas por el ex Programa Verdad y Justicia, creado por el expresidente Néstor Kirchner en 2007 para dar apoyo y seguimiento de los juicios por crímenes de lesa humanidad que se llevan adelante en todo el país, en el marco de la segunda desaparición de Jorge Julio López.
La mayoría de estas investigaciones se centraron en el rol de la inteligencia militar durante el terrorismo de Estado: el Batallón de Inteligencia 601, su Central de Reunión y sus Grupos de Tareas y cada uno de los Destacamentos de Inteligencia (y sus Secciones) en las distintas zonas militares que dividían el país entre 1975 y 1983.
En diciembre de 1979, en el Boletín Reservado del Ejército se emitió una norma que modificaba “el empleo de los fondos de carácter secreto que se asignen para operaciones antisubversivas” y establecía que las rendiciones de cuentas, los libros y documentos contables “serán incinerados luego de cumplido el período mínimo de archivo de UN (1) año”.
Según esta información relevada, quedan en evidencia “las formas particulares y recaudos que se tomaban” para llevar adelante la asignación de fondos secretos, la contabilización y fiscalización de estos recursos, “a los fines de distribuir fondos para la “lucha contra la subversión”, indica el documento.
“Esta investigación se propone echar luz sobre los “fondos secretos”, sobre lo cual muy poco se sabe”, indica el informe que consta de 66 páginas.
El documento señala que “la información conseguida sigue siendo escueta. Sin embargo, este informe aporta nombres de varias de las personas, militares y civiles, encargadas de inspeccionar el uso de esos fondos, lo que permitiría abrir nuevas líneas de investigación”.
“Más allá de los nombres y funciones, lo que confirma este aporte es que los Destacamentos de Inteligencia y el Batallón de Inteligencia 601 disponían de estos “fondos secretos” y que los mismos eran inspeccionados por especialistas del servicio finanzas de la Jefatura II del Estado Mayor General del Ejército”, subraya.
Todos los informes fueron entregados a la justicia federal para contribuir en la investigación de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar y los aportes de los informes a los juicios han probado ser esenciales para el avance de los procesos penales.
En 2022 hubo sentencias condenatorias en la Mega Causa Campo de Mayo, en la causa conocida como “Vuelos de la muerte” y en la causa por los crímenes cometidos en el Regimiento de Infantería 6 de Mercedes, por citar algunos ejemplos recientes.
En todos ellos los informes aportados por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación resultaron claves para explicar el funcionamiento del aparato represivo y construir el camino hacia la atribución de responsabilidades penales de los imputados, indicaron.
“El impulso de los juicios de lesa humanidad es una política de Estado. Por ello, desde la Secretaría de Derechos Humanos seguiremos reforzando el trabajo de investigación especializada, como parte del Plan Estratégico para el Avance del proceso de justicia por los crímenes de Lesa Humanidad. Los juicios no pueden esperar, las víctimas tampoco”, señala el documento.
Fuente:ChacoDiaPorDia
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