Debate de precandidatas a vicegobernadora del peronismo
Mirada de cuatro mujeres militantes
Convocadas por Rosario/12, opinan sobre lo que se juega en las elecciones, resultados del gobierno y rol de la oposición.
Las cuatro son militantes políticas, muy conocidas por su trayecto de años. Obeid fue concejal de Santa Fe y hoy ocupa una banca en el Congreso. Frana pasó por la Legislatura y el Congreso y es ministra de Perotti. Quagliaro, vicepresidenta de Unidad Popular que integra el Frente Juntos Avancemos, con eje en el Partido Justicialista. Y Gómez Sáenz, ex concejal de Rosario, donde interpela a socialistas y radicales por su sociedad con el PRO, el “partido del endeudamiento histórico, la destrucción del trabajo y la timba financiera”.
-¿Qué se juega en estas elecciones?
Obeid: El futuro de nuestro país. Hay posturas extremas que llevan a la política a lugares impensados. En Santa Fe, eso se refleja en el frente de frente que su único objetivo es eliminar al peronismo, que no tiene propuesta de gobernabilidad ni compromiso con los ciudadanos mientras que en el seno del PJ hay una construcción generacional de militantes de 40 a 50 años, un escenario de renovación política con hombres y mujeres que ya estamos preparados para gobernar la provincia, que es un motor para el crecimiento de la Argentina.
Frana: Lo que se definirá es un modelo de provincia: de la inclusión, la generación de empleo de calidad y el desarrollo económico, que hoy son cruciales para el bienestar de los y las santafesinas y deben tener una especial mirada hacia los jóvenes y las mujeres. Nuestra forma es gestionar y dar respuesta a las demandas. Hacer las cosas, continuar las que funcionan bien y corregir las que haya que corregir. Estamos acostumbrados a gestionar construyendo consensos porque los grandes logros llegan cuando se los impulsa colectivamente y por eso, quien sienta que puede aportar a este proyecto tiene las puertas abiertas.
Quagliaro: En un escenario de tanta desigualdad, aumento de pobreza, escalada de violencia y retiro del Estado es imprescindible que no se restaure un proceso neoliberal como en 2015 de la mano de sus discípulos locales (Unidos para Cambiar Santa Fe). Ellos sólo saben de ajustes y achiques. Hace falta un Estado fuerte, con decisión para realizar cambios a fondo en función de las mayorías que sufren la inflación, la inseguridad y la vulneración de sus derechos. Es necesario que prevalezca una propuesta que ponga en primer lugar la necesidad de avanzar en un plan donde la desigualdad no sea lo que predomine. El problema de Santa Fe no son los pobres ni los trabajadores del Estado, es la distribución de la riqueza. Solo una Santa Fe sin miedo puede proponer trabajo, vivienda, educación, seguridad. Se puede lograr con un gobierno que estimule la participación y más democracia.
Gómez Sáenz: Hay muchos problemas que preocupan, pero la seguridad pública será el eje de la campaña, en las propuestas y en los antecedentes de cada candidato y candidata. Lo que se juega es la posibilidad de generar un quiebre de las políticas públicas en materia de seguridad. De un lado, están quienes por acción u omisión contribuyeron al aumento de la violencia, el narcomenudeo, el autogobierno de la policía, la complicidad con ese entramado. Del otro, estamos los que proponemos reformas profundas con el paquete de leyes que duermen en la Legislatura.
-¿Qué reivindica del gobierno provincial?
Obeid: Los aciertos que reconoce la sociedad: la Billetera Santa Fe, el Boleto Educativo urbano y rural, el Plan de Conectividad, las rutas transversales, los caminos rurales. El orden y la transparencia de las cuentas públicas, que es un ejemplo a seguir. Este no es sólo un resultado de este gobierno, ya en 2007 (el ex gobernador Jorge Obeid) entregó una provincia ordenada y transparente. El socialismo pidió una auditoría externa que le dio la razón (a Obeid) y después despilfarró los recursos (de un Fondo Anticíclico que había dejado el ex mandatario). El orden de las cuentas públicas es un camino a seguir.
Quagliaro: La obra pública, entre ellas el acueducto Santa Fe-Córdoba. El Boleto Educativo, la Billetera Santa Fe. Las políticas sanitarias durante la pandemia.
Gómez Saenz: Las obras que se hicieron en toda la provincia, el plan de conectividad (Santa Fe+Conectada) y las políticas de aliento al sector productivo y creación de empleos. El Boleto Educativo Gratuito como un nuevo derecho que consagra una política de estado tiene un valor altísimo.
Frana: Para evaluar el gobierno, es preciso recordar de dónde partimos y en qué contexto. Fue preciso sanear las cuentas públicas, pagar deudas y enfrentar una triple emergencia: alimentaria, energética e inflacionaria. Llegó la pandemia. Y después tres desafíos: la emergencia hídrica por la bajante del río Paraná, la emergencia agropecuaria por la peor sequía de la historia y la emergencia en seguridad que arrastramos desde hace muchos años. Asumimos el deber de gobernar cualquiera sea la situación, por eso lejos de poner excusas, hoy podemos rendir cuentas a la ciudadanía por la gran cantidad de obras y acciones que se llevaron a cabo. En infraestructura, Santa Fe tiene más de 2.000 obras en marcha, entre ellas seis acueductos, planes de saneamiento para los próximos 30 años en Rosario y Santa Fe y cuatro grandes gasoductos (Gran Santa Fe, Gran Rosario, Regional Sur y Centro II), que beneficiarán a 750.000 santafesinos y más de 13.000 pymes, grandes industrias e instituciones. Son obras históricas, trascendentales, que mejorarán la calidad de vida en toda la provincia. En infraestructura vial, hay 93 obras en marcha en los 19 departamentos (rutas transversales, puentes, caminos, trabajos de pavimentación). Ya se entregaron 10.200 viviendas y se construyen otras 10.153. Miles de familias accedieron a su primer hogar.
-¿Cuál sería su primera medida?
Obeid: La primera: el Procrear santafesino. Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner hicieron el Procrear, que cumplió el sueño de la casa propia de miles de argentinos y santafesinos. Vamos a generar un plan específico para Santa Fe. No me olvido que el gobierno de Macri impulsó un crédito para acceder a la vivienda que hoy es una pesadilla. El Procrear fue un sueño que se puede concretar y el Uva una pesadilla que se sufre día a día. La segunda medida: El peronismo creó la Secretaría de Discapacidad, el socialismo la pasó al Ministerio de Salud. La vamos a sacar de esa órbita y volverá a depender directamente del gobernador.
Frana: Un Plan de Seguridad eficaz, que sea producto del consenso de todas las fuerzas políticas y se transforme en política de Estado más una acción coordinada con el Estado nacional para hacer frente a delitos federales. Sabemos que en Rosario y Santa Fe la principal demanda es la seguridad, pero en el norte de la provincia aún falta agua potable, energía, gas y la conectividad de internet. Ya se construyen las redes trocales (acueductos, gasoductos, fibra óptica), pero resta la distribución domiciliaria.
Quagliaro: Dos medidas inmediatas. Una reforma policial integral: no hay posibilidades de bajar los niveles de violencia urbana de nuestra provincia sin terminar con el autogobierno policial. Y un plan integral de urbanización de los 410 barrios populares que existen en Santa Fe, según el RENABAP.
Gómez Saenz: Impulsar el paquete de leyes de seguridad (cajoneado en la Legislatura). No se puede esperar más tiempo. La ley de Seguridad Pública, la reforma policial y la reforma del Servicio Penitenciario son las herramientas que debe tener el próximo gobierno para solucionar el problema de la inseguridad.
-¿Qué faltó hacer?
Obeid: El comienzo del gobierno fue muy difícil (por la pandemia, las consecuencias de la guerra en Europa, la sequía), pero demostró lo que es gobernar y administrar las cuentas públicas en épocas de crisis. La otra demanda es la seguridad, sobre todo en Rosario y Santa Fe. Lo que faltó fue convocar a un acuerdo a todas las fuerzas políticas. Ahora, el gobernador propone un diálogo con los precandidatos (a sucederlo). Creo que es tarde, lo tendría haber hecho antes. El acuerdo político es necesario porque a esta crisis no la solucionará un gobierno, un partido o una persona sino que demanda una política de Estado.
Frana: La seguridad es el tema a resolver. Es un problema que no se inició hace tres o cuatro años, que está atravesado por el narcotráfico y potenciado por la vulnerabilidad social. Hay que trabajar a mayor escala en los lugares donde el Estado no ha llegado y generar acciones que permitan cuidar a nuestra gente. En una época donde abunda el descrédito a la política, donde el individualismo se hace cada vez más presente, otro gran desafío es sentir que pertenecemos, que somos parte de algo. El sentido de pertenencia es ese sentimiento de identidad que cada persona desarrolla con la comunidad en la que interactúa para alcanzar metas en común. Queda mucho por hacer. Santa Fe y nuestra gente tienen un gran potencial, las perspectivas son auspiciosas y las posibilidades casi infinitas.
Quagliaro: Además de las pésimas políticas de seguridad y educativas, lo que más resalto es que faltó democracia en sus instituciones y una participación activa de todxs los que integramos el Frente de Todos en las políticas de gobierno.
Gómez Saenz: Más decisión política ante la crisis de inseguridad, la crisis habitacional (todos sabemos lo complicado que es resolver el tema de la vivienda, ya sea propia o de alquiler) y la crisis de movilidad (en Rosario es un enorme problema el transporte de pasajeros). El gobierno podría haber hecho más en estos temas. Y en el plano político, se cerró sobre sí mismo y le negó participación a sectores del Frente de Todos que también ganamos las elecciones en 2019.
-El rol de la oposición. ¿Estuvo a la altura de su responsabilidad?
Obeid: No. Hicieron una alianza para ir en contra del peronismo. Los intendentes de Rosario y Santa Fe asumieron por el Frente Progresista, eran opositores de Cambiemos, y hoy son socios. Es una descripción, no un juicio de valor. Es el modus operandi de la oposición en Santa Fe y en el país: la violencia discursiva, la descalificación, el show. Una precandidata a gobernadora prometió que -si gana las elecciones- viene a vivir a la provincia. No lo puedo creer. Es para recordarla todos los días. Otra se puso un chaleco antibalas ante las cámaras de TV. Las acusaciones son: ‘vos sos narco y yo soy limpia’ también frente a la televisión como si fuera una notera y no una política que ante semejante denuncia debe ir a la justicia y decir con nombre y apellido quién está en complicidad con los narcos. Esa es la oposición en Santa Fe.
Quagliaro: Socialistas y radicales borraron su historia de un plumazo y decidieron ir de furgón de cola del macrismo. No podemos esperar nada bueno de eso. Han demostrado ser ineptos y además peligrosos. Hay que desmitificar su discurso del Estado gigante y bobo. Santa Fe, en el mapa nacional, es la cuarta provincia del país en tamaño de Estado e instituciones, con un Estado chico que no cubre las necesidades de sus habitantes.
Gómez Saenz: La oposición estuvo más preocupada en consolidar lo que ahora llaman “Unidos por cambiar”, que en trabajar en el ámbito legislativo para el conjunto de los santafesinos y las santafesinas. Fueron evidentes en el socialismo y el partido de Javkin las piruetas para explicar porqué se juntaron con el PRO, el partido del endeudamiento histórico, la destrucción del trabajo y la timba financiera. Salvo algunas excepciones, se dedicaron a entorpecer con una mezquindad que ya se está haciendo corriente en el juego democrático: el que gana gobierna y el que pierde pone obstáculos.
Frana: Hubo un buen nivel de institucionalidad y un clima de respeto. El diálogo nos permitió avanzar sobre hechos concretos: la defensa de San Javier y el acueducto Santa Fe-Córdoba. Cada vez que me convocaron (a la Legislatura) a dar explicaciones como ministra, asistí y rendí cuentas sin importar a qué partido pertenecían quienes me interpelaban. Sin embargo, en el transcurso de la gestión no obtuvimos el nivel de cooperación que hubiéramos deseado para poder aprobar leyes de urgencia como las de Seguridad, Conectividad y Emergencia Agropecuaria. Estoy convencida de que hay temas con los que no se puede hacer política, ni especular. Sí podemos tomarnos tiempo para discutirlos y encontrar consensos, pero nunca quedar de espaldas a lo que santafesinos y santafesinas necesitamos de manera impostergable.
MIL HOJAS
El ministro Tristán Bauer recorrió El Círculo
El histórico teatro de la ciudad luce radiante
A partir del subsidio recibido de Nación, El Círculo implementó restauraciones y mejoras que propiciaron la visita del ministro de Cultura junto a la vicegobernadora Rodenas, entre otros.
El Círculo está radiante y tiene explicación. Por un lado, gracias al trabajo de la comisión directiva que preside Guido Martínez Carbonell; por el otro y ligado a esta tarea, merced al subsidio recibido de Nación, mediante el cual se implementaron refacciones y mejoras: restauración del arco proscenio del escenario; ampliación del foso de orquesta; y agregado de un espacio anexo al Museo de Arte Sacro Barnes, que estará dedicado a la historia de la sala teatral. Todo solventado a partir del subsidio recibido por el Ministerio de Cultura de la Nación.
Por tal motivo, el sábado pasado la tradicional sala de la ciudad recibió la visita del Ministro de Cultura de Nación, Tristán Bauer, quien junto a la vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, Alejandra Rodenas, recorrieron las instalaciones del teatro acompañados por integrantes de la comisión directiva del teatro El Círculo y profesionales y los precandidatos a gobernador e intendente, Marcos Cleri y Roberto Sukerman, respectivamente. “Este trabajo que venimos desarrollando desde el Ministerio de Cultura, destinado al cuidado, protección y puesta en valor de nuestro patrimonio, nos parece importantísimo. Lo hemos hecho desde el momento que asumimos. De hecho, este programa que hemos diseñado no existía en el Ministerio, y atiende a salas y espacios culturales como éste. El Círculo tiene una particularidad; la historia, las tradiciones, la función social y su belleza arquitectónica, le dan características únicas”, refirió Bauer a Rosario/12.
“Hemos hecho una inversión de 27 millones de pesos para ampliar el foso, para que la orquesta pueda trabajar con mayor cantidad de músicos y de esta manera ampliar el repertorio. Hemos trabajado para el proyecto del museo, donde se va a contar la historia de este lugar, que nace hace tantos años y de la mano, fundamentalmente, de los inmigrantes y sus tradiciones musicales, que luego se fueron diversificando en distintas expresiones culturales y artísticas. Esa historia debe ser contada. Para mí es una felicidad encontrar un equipo como el que lleva adelante este teatro; este encuentro y trabajo en conjunto es una verdadera celebración de la cultura”, señaló el ministro.
Por su parte, Amadeo Lombardi, vicepresidente de la Comisión Directiva, en diálogo con este diario, destacó que “la mejora del foso –ahora situado por debajo del proscenio– permite una mayor comodidad y mayor cantidad de músicos, para una oferta de repertorio más amplia; además, el subsidio permitió el embellecimiento por restauración del proscenio, una de las partes fundamentales de todo teatro; y el museo añade otra actividad a este círculo que, más allá de ser un teatro lírico y ofrecer música sinfónica, ballet y espectáculos populares, también ofrece distintas posibilidades de la cultura; todo lo que enriquezca la cultura de la comunidad es bienvenido. Por todo esto, nuestro agradecimiento por el valiosísimo aporte que se ha hecho”.
Tres de los integrantes del equipo de restauración –Pablo Valdano, Alejandro Guaragna y Sergio Mateini, con la vista puesta en la cúpula interna, iluminada y preciosa– compartieron sus impresiones con Rosario/12: “Nos ocupamos del anillo perimetral, el plafón central y la pintura mural de (Giuseppe) Carmignani. Hay moldería volumétrica y pintura. Y nos permitió continuidad con el trabajo que habíamos hecho en el arco del proscenio, hace dos años, que también se restauró. Requería una limpieza y la recuperación de esa línea no se había tocado nunca”.
Los tres son egresados de la Escuela de Bellas Artes (UNR) e integran una cooperativa de trabajo dedicada a la conservación y restauración. “Nos hemos formado tanto en Rosario como en Buenos Aires, allí junto a Cristina Lanzellotti, quien estuvo encargada de la restauración de la sala en 2004, cuando se hizo el Congreso de la Lengua. El Círculo es uno de los lugares preferidos donde trabajar, porque podemos aplicar todos los soportes: madera, mármol, pintura, mural. Venimos de una formación netamente artística, todos somos pintores, dibujantes, escultores; y aplicar esa formación en la restauración tiene su condimento interesante. Nuestro criterio es el de la conservación del objeto, respetando su historia. Con la pintura mural hubo un trabajo complejo, porque hubo que homogeneizar lo original con lo que estaba deteriorado, y las intervenciones fueron hechas a partir de la lectura de quien hizo la pintura, sin alterar lo que pensamos como original”, comentaron.
Al momento de visitar el anexo del museo, espacios situados en las denominadas “catacumbas”, Irma Cardonnet y Silvina Scouzier, integrantes de la Comisión Directiva, explicaron al cronista que el nuevo lugar estará dedicado a “ilustrar la historia del teatro y la ciudad, donde poder mostrar las riquezas que el teatro tiene guardadas, referida a cantantes, músicos, obras, así como todo lo relativo a la vida social; todo organizado a partir de un guion, diseñado por profesionales. Es un gran esfuerzo por parte de todos los miembros de la Comisión Directiva, pero especialmente de su presidente, Guido Martínez Carbonell, de una mirada muy amplia y completa sobre lo que hay que hacer”.
En este sentido, la museóloga Margarita Manavella expresó que “acá siempre está lleno de proyectos, y sobre todo en lo referido al cuidado del patrimonio. El teatro es un viejito de más de cien años, cuando se termina de reparar una cosa se descompone otra; así que haber recibido esta ayuda es fantástico. Las visitas guiadas, en las cuales participo, son muy importantes, porque permiten que al teatro lo conozcan de todas partes de la provincia”.
Por su parte, la arquitecta Guillermina Sivack, añadía: “Esto es algo que Margarita viene soñando desde hace muchísimo tiempo; ella conoce la cocina del teatro, cómo funcionaba, y esto era algo que debía verse. Comúnmente se dice que nadie ama lo que no conoce, por eso, abrir el teatro y convertirlo en museo da una entidad distinta. De alguna manera, la ciudad se olvidó de retribuir su cariño al teatro, pero la única forma de lograrlo es a través del conocimiento. Es maravillosa una génesis así, porque es desde el amor”.
Fuente:Rosario12
Piden informes a Gobernación
"Basta de violencia", el pedido de las escuelas | Foto: Sebastián Granata
El diputado provincial Carlos del Frade solicitó información al gobierno santafesino sobre casos resueltos por ataques a entidades educativas ocurridos en los últimos 5 años en Rosario y la región. “Qué medidas se tomaron al respecto”, preguntó.
El legislador del Frente social y Popular elevó ala Cámara de Diputados un pedido de informes “de manera urgente” para conocer “cuántos hechos de amenazas y balaceras contra las escuelas públicas y privadas sucedidos en los últimos 5 años fueron resueltos y qué medidas se tomaron al respecto”.
En ese sentido, Del Frade también remarcó que “es necesario responder qué medidas tomaron las personas con responsabilidad en el control de armas, tanto en agencias estatales nacionales como provinciales, para restringir la circulación de las mismas en ese lapso”.
Tras expresar su apoyo la medida de fuerza que lanzaron los gremios docentes para este martes, el dirigente consideró “fundamental” conocer esos datos sobre ataques a escuelas, e interpretó que el hallazgo de un arma de fuego portada por un alumno de segundo año (según fuentes de la investigación) de la escuela técnica Nº 346, ubicada en Deán Funes al 7800, en Rosario “fue el factor determinante” para definir el paro y movilización por parte de los docentes.
El periodista convocó a que la huelga de docentes nucleados en los gremios locales Amsafé y Sadop sea “lo más multisectorial posible”, y adelantó su presencia en la movilización que se realizará este martes desde Plaza 25 de Mayo hacia la Plaza San Martín, frente a la sede local de Gobernación.
Lawfare a la santafesina
Sain pidió su sobreseimiento en la causa “espionaje” por inexistencia de delito. Investigar no es espiar; un gabinete no es una asociación ilícita. Querellantes con antecedentes y la figura del imputado desaparecido.
Los abogados defensores del ex ministro de Seguridad provincial Marcelo Sain, Hernán J. Martínez y Hernán Augusto Martínez, presentaron un planteo de excepción de falta de acción penal en la causa periodísticamente llamada de “espionaje” –aunque dos jueces dijeron ya que no existió tal delito–, al entender que no hay en la investigación del fiscal Ezequiel Hernández ninguna evidencia que permita determinar que las conductas desplegadas por el funcionario y su equipo se encuadren en un tipo penal. Básicamente, la presentación detalla en qué causas fueron investigados los ahora querellantes que se sintieron “espiados”; la enemistad manifiesta de los denunciantes con los denunciados; la inexistencia de secuestro de las “carpetas” publicitadas en medios de comunicación; la ausencia de denuncia sobre extorsiones, campañas sucias o uso político de la información recabada en la cartera de Seguridad; la “desaparición” de un imputado allegado al jefe de los Fiscales; y, lo más notable, las normas que facultan tanto al Organismo de Investigaciones como al Ministerio de Seguridad a producir información criminal como parte de sus competencias, incluso sin la existencia de una causa previamente formalizada. Algo así como que los funcionarios de la gestión Sain y el propio ministro, fueron imputados por hacer su trabajo. Pero no cualquier tarea, sino aquella que apuntó a círculos sociales y políticos que habitualmente no son objeto de interés persecutorio del sistema penal.
En síntesis, Sain y un grupo de sus colaboradores fueron imputados a fines del año pasado por asociación ilícita; violación a la ley de Inteligencia (espionaje); incumplimiento de los deberes; destrucción de documentos y malversación de fondos, con una pieza que exhibe un fárrago de “evidencias” que no fueron conectadas por el fiscal Hernández con los acusados, sino enumeradas en términos generales.
Los abogados defensores del ex ministro entienden que “de la descripción de los hechos imputados se desprende de manera palmaria y evidente la ausencia de encuadre típico, constituyendo la prosecución del presente proceso un claro dispendio de la actividad jurisdiccional”, por lo que pidieron que sus clientes –además de a Sain representan a otros tres acusados- sean sobreseídos por “inexistencia de delito”.
¿Y las carpetas?
La causa se inició por una denuncia vía correo electrónico del subjefe del OI, el tuitero bueno y ex funcionario del Frente Progresista Víctor Moloeznik, quien dio cuenta de que una empleada del Organismo le manifestó “una serie de hechos y circunstancias que podrían configurar tanto irregularidades administrativas como ilícitos penales”.
Esa empleada, quien declaró en el caso como “testigo reservada”, advirtió sobre la recopilación “ilegal” de información para ser utilizada con “fines políticos”.
Otro empleado del OI, que ingresó a la dependencia por su relación política con el ex ministro de Seguridad del Frente Progresista y hoy precandidato a gobernador, Maximiliano Pullaro, afirmó que el Organismo “se convirtió en una herramienta para armar carpetas”.
En la presentación de esta semana, los abogados de Sain plantean que en el allanamiento –que consideran irregular– realizado a las oficinas del Ministerio de Seguridad el 26 de noviembre de 2020 no se secuestró ninguna carpeta, de las “miles” que se ventilaron por la prensa.
Y que tampoco existe una sola denuncia de algún damnificado por el uso “con fines políticos” de información recabada por la cartera de Seguridad.
Sain se convierte así en el extraño caso de un poderoso espía que no utiliza la información que recaba ilegalmente, pero sus audios personales sí son publicados sin filtro por los medios de prensa del grupo cuyo accionista mayoritario sí había sido investigado, aunque se autopercibió “espiado”. Un fallido agente 007.
El escrito de los defensores del ex ministro puntualiza que ya existieron dos fallos judiciales que indicaron la inexistencia del delito de violación de la ley de Inteligencia nacional. Es decir, espionaje.
Uno fue el del juez de Cámara Sebastián Creus, dictado el 30 de marzo de 2022 en ocasión de levantar las reservas de las actuaciones –a las que no podían acceder los denunciados, lesionando su derecho de defensa-, quien sostuvo en su resolución: “No hay información brindada en los actos procesales en los que los fiscales han expuesto sus pretensiones que permitan siquiera afirmar con algo de suficiencia la tipicidad de estas conductas en los términos de la ley de Inteligencia nacional, dado que los tipos penales previstos en esa ley (artículos 42 a 43 ter), o se refieren a autores calificados (funcionarios que, permanente o transitoriamente, cumplen funciones en algunas de las entidades vinculadas a la materia de regulación de la ley -sistema de inteligencia nacional-, cosa que los funcionarios aquí imputados lejos están de esa categoría), o se refieren a la divulgación de información recabada dentro de la actividad propia de las agencias comprendidas en la ley”.
Además, agregó que si hubiese una afectación a esa norma, debería ser investigada por la Justicia Federal. “En este sentido, aunque se comprenda la utilización publicitaria de términos como «espionaje», en el contexto de intereses particulares proselitistas, no cabe duda que resulta una exageración”, sostuvo Creus, en lo que pareció una referencia al ex progresista Pullaro.
El 14 de abril de 2023, el también juez de Cámara Jorge Andrés, en ocasión de resolver una apelación sobre un conflicto de competencia (si la causa debía seguir en la Justicia ordinaria o tramitar en el fuero federal), sostuvo que “no es correcta la interpretación que efectúan los acusadores (por el fiscal Hernández), de que cualquier funcionario o empleado puede realizar las conductas prohibidas en el artículo 4 de la Ley 25.520 (de Inteligencia), sino sólo aquellos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional”, del cual están excluidos los funcionarios del Ministerio de Seguridad santafesino.
O sea, no puede incurrir en el delito “espionaje ilegal” quien no forma parte del Sistema Nacional de Inteligencia. Los abogados Martínez consideraron, entonces, que la conducta endilgada a sus clientes es “atípica” y, por lo tanto, deben ser sobreseídos por falta de acción penal.
Querellantes con antecedentes
El escrito también revela algo central, que había sido expuesto públicamente por los acusados pero sin detalles: que los querellantes en la causa de “espionaje” fueron investigados en causas formalizadas. En su cuenta de Twitter, Sain sintetizó lo que en el escrito se expresa en detalle.
“Todos y cada uno de los querellantes estuvieron involucrados en investigaciones penales. Así, a Pullaro se lo investigó en la causa Grupo Printing (CUIJ 21-08152482-0) y Casco (CUIJ 21-08435973-1) por desvío de fondos públicos”, dijo.
Gustavo Scaglione (accionista mayoritario del Multimedios La Capital y del grupo Televisión Litoral) y Nahuel Caputto (diario El Litoral, y socio de Scaglione) en la causa CUIJ 21-08492507-9, en el marco de la denuncia de la aseguradora El Triunfo de la ciudad de Mendoza, a raíz de la operación de compra del paquete accionario del diario de La Capital.
Los abogados Jorge Bedouret y Evelyn Andriozzi, también querellantes, fueron investigados en el CUIJ 21-08449056-0 vinculado a “paro policial” de septiembre de 2020, a cargo del fiscal Franco Carbone.
El ex jefe del Servicio Penitenciario Héctor Pirucho Acuña en el CUIJ N° 21-08449056-0, iniciado por una denuncia del personal sobre presuntas irregularidades en la cúpula y la relación de su ex secretaria en la Ansés con el ingreso de teléfonos a la cárcel de Coronda, desde un comercio que la mujer tenía frente al presidio.
Uno de los argumentos utilizados en la causa “espionaje” fue que la búsqueda de información de personas públicas en bases de datos abiertas y cerradas no habían sido solicitadas por fiscales en investigaciones formalizadas, es decir con número de CUIJ, que significa Clave Única de Identificación Judicial, que permite organizar y seguir las causas. “Y de paso, busquen qué pasó con todas esas investigaciones”, chicaneó Sain desde su cuenta de Twitter.
El escrito que pide el sobreseimiento de Sain y otros tres ex funcionarios del Ministerio de Seguridad durante su gestión, revela que ninguno de ellos realizó búsquedas en bases de datos, uno de los principales sustentos –aunque generalizado y no situado- de la acusación del fiscal Hernández. La famosa lista de 611 personas –físicas y jurídicas- sobre las que se habrían realizado averiguaciones.
“Del repaso de las diversas entrevistas formalizadas, se deduce que un número indeterminado de personas tenía acceso a las bases de datos que la Fiscalía trae a colación, mientras que Marcelo Saín y Germán Montenegro (secretario de Seguridad) no registran ningún acceso”, señalaron los defensores en la presentación.
“Por su parte, (María Agustina) Moulins registra escasos accesos, todos relacionados regularmente a la función que ejercía. Ninguno de mis defendidos tenía clave asignada personalmente”, agrega, y recuerda que las claves fueron gestionadas durante la gestión de… Maximiliano Pullaro.
Sain señaló en un posteo en Twitter que “no se utilizó la información recabada para otro fin que no sea la prevención del delito, y la cooperación con el MPA para su persecución. La información de los «espiados» que se «filtró» a la prensa salió de la propia Fiscalía que nos investiga. No de nosotros”.
Imputados de trabajar
Otro argumento empleado por los abogados Martínez para pedir el sobreseimiento de sus clientes, consiste en que la búsqueda de información y su procesamiento forman parte de las competencias del Ministerio de Seguridad y del Organismo de Investigaciones, en sus facultades de prevención e investigación de posibles delitos. Y agrega que, de acuerdo a las normas que los regulan, pueden hacerlo incluso “por iniciativa propia” y sin la existencia previa de una causa formalizada.
“La Ley Orgánica del Organismo de Investigaciones N° 13.459 establece la facultad de actuación por iniciativa propia, pudiendo realizar toda medida probatoria que no requiera presencia fiscal, entrevistar a testigos e incluso requerir a la policía la aprehensión, detención e incomunicación de personas”, señala el escrito
“De hecho, el artículo 252 del Código Procesal Penal de Santa Fe faculta al Organismo a intervenir en la Investigación Penal Preparatoria «por iniciativa propia, o cumpliendo órdenes del MPA»”, agrega.
Ello evidencia que la propia normativa faculta al OI a la producción de diligencias investigativas sin necesidad de la existencia de un CUIJ, que puede luego formalizarse (al iniciarse una investigación penal propiamente dicha) o no (por inexistencia de delito), abundaron los abogados defensores.
En relación al Ministerio de Seguridad, dijeron, “la Ley de Ministerios N° 13.920 establece dentro de la competencia primaria del Ministerio de Seguridad la de «entender en la producción y análisis de la información referida a la situación de las violencias y los delitos en el ámbito provincial, así como a la situación y desempeño de las instituciones del sistema de seguridad pública provincial”.
Reglamentando dicha ley, el gobernador creó mediante Decreto N° 92/2019 la Dirección de Producción y Análisis Criminal Estratégico (Dipace), que posee la siguiente competencia: “Entender en la producción y gestión del conocimiento criminal referido a los problemas delictivos desarrollados en el ámbito provincial, a los efectos de elaborar, planificar, diagramar y formular las estrategias y directivas en materia de investigación criminal”.
Entre sus funciones se encuentra la de “diseñar, formular y supervisar, los protocolos destinados a producir y obtener la información criminal en el ámbito provincial, así como a sistematizar y analizar la información criminal producida”.
También la de “elaborar los reportes de inteligencia criminal en sus distintos niveles, que sirvan de sustento básico para la formulación de las estrategias y operaciones policiales de investigación criminal”.
También señalan que “de la declaración de Betiana Odesti surge lo que ella denomina un contexto de informalidad, en el que las comunicaciones eran por Whats App, Drive o pen drive” entre miembros de los equipos de Seguridad de y del OI, y agrega que así procedían “incluso los fiscales”.
“El relato evidencia el supuesto de medidas investigativas preliminares, que se solicitan al OI (o incluso podían llevarse a cabo en el Ministerio de Seguridad, si bien sería menos frecuente) sin que exista una causa formalizada con un número de CUIJ, debido a que la Fiscalía o el órgano administrativo sigue una línea investigativa que no tiene entidad suficiente para formalizar una causa”, reseña el escrito.
Para agregar que “y es absolutamente posible (de hecho, ocurre reiteradas veces) que la medida arroje resultados negativos, y por ende, jamás se formalice una causa con número de CUIJ”.
Se suma Sain desde Twitter para aclarar entonces que “investigar para prevenir el delito no es «espiar». El problema se da cuando el delito es organizado e involucra a famosos personajes que ya todos conocemos. ¿No, Maximiliano Pullaro?”.
Sin documentos
Las publicaciones periodísticas que dieron cuenta de la destrucción de documentos con trituradoras de papel en el Ministerio de Seguridad, cuando el equipo de Sain había renunciado y dejaba sus oficinas, contribuyó a la construcción mediática de un posible delito.
Los propios funcionarios explicaron que efectivamente estaban eliminando papeles.
La conducta de destrucción de documentación que pudiera servir como prueba está tipificada en el artículo 255 del Código Penal. “No hay elemento alguno que indique la destrucción de un documento en los términos de la norma”, dice el escrito de los defensores, y recuerdan que en la acusación de Hernández “obra claramente la declaración testimonial de empleadas del Ministerio de Seguridad que manifestaron que los funcionarios habían presentado la renuncia, y por ende, debía dejar las oficinas limpias y ordenadas”.
Una de ellas fue María Victoria López, quien expresó que lo que se estaba destruyendo eran “borradores de resoluciones, proyectos observados, apuntes sobre trabajos realizados, copias duplicadas de informes, lo que descarté era documentación que no servía”.
En el mismo sentido, Graciela Palombo dice claramente que estaban con una trituradora. La ex funcionaria Nadia Schujman informa que “hicimos limpieza de papeles borradores, y de todo aquello que no servía.”
Para los abogados Martínez, “ello es coherente con el informe obrante a fojas 168 del legajo, suscripto por el entonces ministro de Seguridad Jorge Lagna, indicando que no obran actas de destrucción de documental en ninguna de las áreas del Ministerio”.
Asociados y desparecido
Tras una breve introducción sobre el delito de asociación ilícita –uno de los que se les achaca a todos los imputados-, los defensores señalan que “quienes integraban el Ministerio de Seguridad y el Organismo de Investigaciones resultan funcionarios y empleados de la provincia de Santa Fe, reunidos por el cumplimiento de una función pública, estructurados y organizados jerárquicamente por la normativa administrativa que rige cada uno de los órganos estatales”, y no una asociación ilícita. Sería descabellado pensar que se estructuró la plantilla del Ministerio, con personas que incluso ni se conocían, con un previo fin ilícito.
“No hubo finalidad delictiva, porque no hubo delito. Tampoco finalidad delictiva, sino función pública. No existieron roles, sino competencia administrativa”, señala el escrito, para agregar que “resulta curioso dónde se limita temporalmente y personalmente la asociación ilícita. En tiempos, comienza y termina con el ingreso y salida de Saín de cada uno de los organismos. Y en implicados, se produjo una exquisita selección que no encuentra otra motivación que no sea política”.
Esa última referencia tiene una explicación en la novedosa figura del imputado desaparecido, según la defensa.
“Un hecho paradigmático se ha producido con la silenciosa desvinculación de Sebastián Sánchez, imputado que sin ningún tipo de explicación «desapareció» al momento de la imputativa. El mencionado es hermano de Juan Sánchez, colaborador directo de Jorge Baclini, por entonces secretario general del Ministerio Público de la Acusación”.
Con esos argumentos acerca de la atipicidad de cada una de las conductas endilgadas como delitos a los ex funcionarios del Ministerio de Seguridad que se atrevieron a meter sus narices en sectores de poder local habitualmente intocables, los defensores solicitaron que sean sobreseídos por la inexistencia de delitos, al considerar que el caso “espionaje” fue una “causa armada” políticamente.
Justamente por ese condimento esencial, la ausencia de objetivo jurídico y la sobreabundancia de indicios sobre fines políticos y de autopreservación de cuota de poder, es que cuesta creer que un juez penal se anime a escribir el capítulo final de la novela de espionaje.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 10/06/23
Fein y García en Agroactiva
Las precandidatas a gobernadora Mónica Fein, y a diputada provincial, Clara García, visitaron la tradicional muestra agroindustrial que ya lleva 29 ediciones y que esta semana se desarrolló en Armstrong.
Las referentes de la lista Adelante, dentro del frente Unidos para cambiar Santa Fe, recorrieron la tradicional muestra en Armstrong: “Después de tres años de sequía sin apoyo de Perotti ni de la Nación, la gente del campo está atravesando una situación muy difícil”, coincidieron en un comunicado.
“Como en tantas otras oportunidades, venir a Agroactiva es ver todo el potencial agroindustrial de Santa Fe: en maquinaria, en tecnología y biotecnología, en ganadería. También en la capacidad emprendedora de los productores que, en una situación económica tan complicada y con una sequía sin precedentes, exigen tener un gobierno que los apoye, los acompañe y los tenga en cuenta para seguir creciendo y desarrollándose”, señaló Fein en declaraciones periodísticas.
“Hoy estamos en Armstrong pero quienes vivimos en Santa Fe y conocemos lo que pasa cada uno de los pueblos y ciudades que recorremos, entendemos las oportunidades que tiene Santa Fe cuando vuelva a tener un gobierno y se ponga nuevamente en marcha”, enfatizó.
En esa línea, la ex intendenta de Rosario agregó: “Estamos hablando de un sector que genera empleo y divisas genuinas para el país y que, de la mano de un equipamiento cada vez más moderno y de avances tecnológicos que no se detienen, tiene la posibilidad de aumentar aún más la producción y la creación de puestos de trabajo”.
Ambas dirigentes recorrieron distintos sectores de la muestra junto con el diputado nacional y precandidato a intendente de Rosario, Enrique Estévez; los diputados provinciales Pablo Farias y Lorena Ullieldin; la ex ministra de Producción de Santa Fe, Alicia Ciciliani; y el presidente de la Comuna de Alvear, Carlos Pighín.
En coincidencia con Fein, García comentó que “en diálogo con muchos empresarios de la agroindustria, reclaman una estabilidad económica que les permita proyectar, no tener inconvenientes para importar insumos, ofrecer financiamiento a sus clientes, que el dólar no los complique constantemente”.
Al respecto, añadió que “muchos de ellos están en Agroactiva para hacer negocios y después de tres años de sequía sin apoyo de (el gobernador Omar) Perotti ni de la Nación, la gente del campo está atravesando una situación muy difícil porque ahora le toca pagar las semillas, el fertilizante y otros insumos, los créditos que ya tomaron. Cambiar una máquina, o comprar una sembradora o una cosechadora nueva es prácticamente imposible. Nuestra propuesta como futuro gobierno es estar al lado de los productores, como lo hemos hecho cuando nos tocó conducir la provincia”.
En ese marco, la actual diputada provincial recordó el programa Equipar, que luego fue convertido en ley, que “permitía que muchos municipios y comunas adquirieran máquinas como muchas de las que están en esta muestra y dieran trabajo. Hay que volver a eso, a un gobierno comprometido. Miguel Lifschitz nos enseñó a no poner trabas a los productores, sino justamente a ayudarla con un estado inteligente”, concluyó.
En el marco de la inauguración de la muestra, Clara García junto al presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, Pablo Farias, hicieron entrega de un diploma de honor como ciudadano distinguido de la provincia a Luis Nardi, fundador de la muestra Agroactiva.
Fuente:RedaccionRosario
Estudiantes del Poli cortan la calle contra la inseguridad
La comunidad educativa sufre repetidos robos en las adyacencias a la institución de Pellegrini y Ayacucho. El alumnado hace sentir su reclamo con un mensaje.
Estudiantes del Instituto Politécnico Superior General San Martín realizan este lunes un corte de calle en Ayacucho y Pellegrini para visibilizar el reclamo por los hechos de inseguridad que sufren a diario y desde hace meses, tanto en cercanías del edificio como al interior del mismo. Exigen respuestas al ministerio de Seguridad y al gobernador Omar Perotti.
En una Asamblea Extraordinaria, el pasado viernes resolvieron realizar una sentada en forma de protesta “por los repetidos hechos de inseguridad sucedidos durante los últimos meses”, explicaron desde el Centro de Estudiantes y subrayaron que el reclamo “está dirigido a las autoridades de la seccional correspondiente, al gobernador de Santa Fe y al ministerio de seguridad de la provincia”.
“Roban en la parada de colectivos y cuando cruzás la calle para ir a comprar comida. Entró a la institución un chico con una navaja a robar el celular a un compañero del ciclo básico”, relató en Si989 Jazmín Dalmau, presidenta del Centro de Estudiantes.
En este marco, resaltó que si bien mantuvieron reuniones con las autoridades de la escuela, como son hechos que suceden por lo general afuera de la misma, no obtienen respuestas.
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