Los docentes paran en Rosario y protestan en toda la provincia
La violencia lesiona el derecho a estudiar
Amsafé Rosario y Sadop lanzaron un paro por 24 horas para el martes por las violencia en las escuelas. A nivel provincial los maestros protestarán en todo el territorio.
El ministro Brilloni habló del arma robada y el disparo a un alumno.. Imagen: Andres Macera
En el marco de la seguidilla de hechos de violencia en diferentes escuelas, Amsafé Rosario y Sadop lanzaron un paro por 24 horas para el próximo martes, en lo que será un nuevo reclamo por seguridad para las comunidades educativas que vienen siendo blanco de ataques y amenazas. La medida será con movilización desde la plaza 25 de Mayo a la plaza San Martín, frente a Gobernación. Al mismo tiempo, Amsafe provincial anunció que llevará adelante una jornada de protesta (sin paro de actividades) tanto por esos sucesos como por hechos de robo y fallas edilicias que no permiten dar clases en establecimientos de la provincia.
Luego de que este miércoles se realizara una movilización hacia la sede local del Minsterio de Educación, el último hecho en el que resultó baleado en el tobillo un nene de primer grado de la escuela José Ortolani, de Empalme Graneros, Amsafé Rosario resolvió un paro para el martes. También se suman los docentes de escuelas privadas nucleados en Sadop, con el lema "no queremos que nos acompañen, queremos que lo resuelvan".
Al mismo tiempo, Amsafé provincial organizó para el mismo día una "jornada provincial contra la violencia y en defensa de la vida" para reclamar "más derechos y más escuela pública", desde las 19 departamentales. Según aclararon, “no será un paro”, como se planteó desde Amsafe Rosario. Rodrigo Alonso, gremialista de Amsafe Santa Fe aseguró en Canal 3: “Entendemos que hay que empezar a exigir, no solamente el sector docente, medidas que garanticen la seguridad y la salud, pero también los procesos de aprendizaje”, y consideró que “se está vulnerando el derecho a la educación”.
Ante la última situación de violencia que dejó herido al niño de 6 años -quien se recupera-, este jueves tres escuelas, un jardín de infantes y un centro de salud permanecían cerrados ayer en el barrio Empalme Graneros, y según se indicó, se esperaba retomar el lunes. En tanto, se indicó que solo estaba en funcionamiento el comedor.
Por otro lado, el caso de la escuela Ortolani terminó con dos personas detenidas -que serán imputadas hoy en el Centro de Justicia Penal-, y a una de ellas se le secuestró un arma de la policía que estaba denunciada por robo, desde mayo pasado. Al respecto, este jueves el ministro de Seguridad Claudio Brilloni indicó que cuando sucede una situación de ese tipo, se debe hacer la denuncia por robo o extravío, y agregó: "Ahí entramos en un limbo. No hay registro de que alguien investigue sobre la pérdida de armamento", dijo a La Capital. "Corresponde iniciar una investigación pero no hay registro de que hayan investigaciones en curso tratando de dar con el paradero del arma", sostuvo. En ese sentido, indicó: "Estamos trabajando en este tema para iniciar las investigaciones con la misma impronta de trabajo que lo hacemos con un homicidio, un escruche o algún otro tipo de robo".
Mural
Esta semana, en tanto, se cumplieron tres meses del homicidio de Máximo Jerez, el nene de 12 años asesinado en una balacera en Empalme Graneros. Para recordarlo, allegados y vecinos pintaron un mural cerca del club Los Pumitas, donde el niño jugaba al fútbol. “En realidad él debería estar jugando con los chicos, pero bueno...”, lamentó Julio, el papá del nene, en Canal 3. “Lo que hicieron no tiene perdón de dios”, agregó.
Por el crimen fueron acusados Nicolás Torres, Maximiliano Oscar Castillo y Nicolás Ariel Castillo. Además, están imputados Alejandra Fabiana Rodríguez y sus hijos Gustavo Nicolás Borda y Esteban Ezequiel Marengo por encubrimiento, al haber ocultado el Honda Civic que fue usado en la balacera. Además, por las amenazas posteriores a la familia de la víctima, hay dos personas de la banda de Los salteños, condenadas en juicio abreviado.
CHOFERES
Valioso fallo en Rosario a favor del derecho a la salud
No siempre debe ser un negocio
Un juez obliga a Sancor Salud y al Estado a pagar un remedio de 2 millones de dólares para salvar a una niña.
La Justicia federal de Rosario ratificó por segunda vez en un mismo caso que el derecho a la vida y a la salud está por encima de todo. Al menos en lo que refiere a la situación de una niña que padece atrofia muscular espinal (AME) y que necesitaba de un medicamento costosísimo antes de cumplir los 2 años de edad. Eso fue el año pasado, y la jueza Sylvia Aramberri en ese momento dictó una medida cautelar para obligar a la prepaga Sancor Salud a costear el medicamento que le negaba a la pequeña afiliada a través de su grupo familiar. Y de manera solidaria, también obligó al Estado nacional a compartir el costo de ese medicamento.
El fármaco en cuestión, llamado Zolgensma, le fue aplicado a la paciente, Nina, que vive con sus padres y hermano en Roldán. Cuesta 2 millones de dólares, de allí la imposibilidad de que la familia lo afrontara de manera particular. Desde entonces la niña ha logrado mejoría de salud en el contexto de su patología. Pero faltaba una resolución de fondo, el recurso de amparo que le da validez a aquella cautelar de urgencia. Y eso fue lo que esta semana pronunció el juez federal n°1 Gastón Salmain (Aramberri subrogaba ese juzgado), a instancias de la acción de amparo que presentó la madre de la niña, con el patrocinio de la abogada Paula Minuchi.
La AME es una enfermedad genética que daña y mata las neuronas motoras. Es de las primeras causas de mortalidad infantil. Nina venía siendo tratada con otro medicamento, a través de punciones mensuales, que no proporcionaba la eficacia que sí su neurólogo y otros especialistas confieren en el Zolgensma, de una sola aplicación pero antes de los 2 años de vida. Nina los cumplió el 27 de abril de 2022, y gracias a la cautelar Sancor Salud (en rigor, Obra Social de Personal Asociado a la Asociación Mutual Sancor) tuvo que comprar el medicamento junto con la Superintedencia de Servicios de Salud, 60 y 40% respectivamente del costo.
El Zolgensma permite reemplazar el gen que falla y produce la AME, y habilita la recuperación de las neuronas motoras que la enfermedad degrada.
Mientras tanto, la beba está traqueotomizada, se alimenta mediante un botón gástrico porque sus músculos no tienen fuerza para deglutir, y duerme con asistencia respiratoria por la misma razón.
La prepaga del Grupo Sancor rechazó siempre el planteo, y alegó "la reticencia injustificada de la accionante de someterse a la evaluación interdisciplinaria que le fuera solicitada en reiteradas oportunidades". También argumentó que proveer ese fármaco pondría en riesgo el resto de sus prestaciones y su estabilidad financiera. El grupo Sancor dijo eso.
También el Ministerio de Salud de la Nación, a quien la abogada Minuchi incluyó en el amparo, quiso deslindarse de responsabilidad y se la endilgó por completo a la obra social, o al gobierno provincial en todo caso.
Tanto Aramberri como ahora Salmain valoraron opiniones médicas que insistieron con que "el tratamiento con Zolgensma es la única terapia modificatoria de la enfermedad disponible que actúa sobre la causa raíz de la atrofia muscular espinal". Y en ese marco, reforzó que "el Estado Nacional asumió compromisos internacionales explícitos encaminados a promover y facilitar las prestaciones de salud que requiera la minoridad y no puede desligarse de esos deberes".
El magistrado dictó este lunes la resolución de fondo con el eje puesto en que el recurso de amparo "es la vía procedente para tutelar los derechos contemplados en la Constitución nacional". Y al considerar "la gravedad de la enfermedad de la niña, la relevancia de contar con el medicamento indicado, y la relevancia de los derechos constitucionales en juego, la acción de amparo resulta la vía idónea".
Tanto la empresa demandada como el Estado nacional (con más razón aún, porque está obligado a hacerlo), pueden apelar el fallo y llegar incluso hasta la Corte Suprema. Eso, a pesar de que dos jueces distintos opinaron en el mismo sentido, favorable a la demandante.
El fundamento judicial señala que Nina tiene derecho a no privarse de "una respuesta terapéutica más moderna" que le deparen garantía de "una mejor calidad de vida y mayor posibilidad de sobrevida".
Sancor Salud quiso apegarse al Plan Médico Obligatorio (PMO), que no contempla el Zolgensma, pero el juez consideró que ese vademecum fija solo un piso, no un techo. Marcó Salmain que el PMO "necesita continua actualización conforme a necesidades sociales, descubrimiento de nuevas patologías, terapias o medicamentos".
Para el juez, la actitud de la obra social "colisiona con el derecho a la vida, a la salud y a gozar de los adelantos científicos que la medicina mundial incorpora diariamente con el fin de vencer los padecimientos que conllevan la enfermedad de la menor".
Por lo tanto, el fallo convalidó el recurso de amparo que deja firme la medida cautelar del año pasado que permitió salvarle la vida a la niña. "La niña ha tenido desde entonces una mejoría, gracias al criterio de la Justicia que ahora otro juez legitima al admitir la acción de amparo", valoró la abogada que presentó la demanda.
Otra condena para el intendente de San Carlos Centro
Por perseguir a trabajadores
Desde Santa Fe
El intendente radical de San Carlos Centro –que quiere ser reelecto- Juan José Placenzotti, sumó la segunda condena judicial en su mandato por la persecución política y ultraje a los trabajadores. En abril, la Cámara de Apelaciones en lo Laboral (Sala I) confirmó una sentencia del juez Jorge Raúl Candioti que lo condenó a retractarse y pedir disculpas porque llamó “patota municipal” a quince empleados del municipio que ejercían su derecho de huelga por salarios adeudados, en 2021. Y esta semana, la misma Sala confirmó otro fallo de la jueza María Victoria Acosta que lo condenó a devolverle al secretario general del sindicato, Andrés Martínez, los salarios de dos años y medio –más intereses- que le sustrajo después aquel conflicto de 2021. En ese lapso, “el dirigente gremial fue sometido a diversas persecuciones y violaciones de sus derechos”, denunció el abogado Juan Andrés Pisarello, que lo patrocinó en la demanda. La sentencia del martes –igual que la de abril- ordenó que las costas del pleito las pague el “vencido”, que es Placenzotti, con un fundamento que se entiende: “el hecho objetivo de la derrota”. Son dos condenas confirmadas por la Cámara, hasta ahora. Porque en el Juzgado de Acosta se tramitan más causas del “caso San Carlos Centro”, como le dicen en Tribunales a las “actitudes autoritarias” del intendente de la UCR que invierte dinero de los contribuyentes y sus votantes en perder juicios.
Martínez es secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales (SITRAM) desde 2015, y en 2019, fue reelecto por un nuevo período hasta 2023. Pisarello dijo que la escalada del intendente de San Carlos Centro contra el gremio tiene un “punto de inicio, que es una gran huelga del SITRAM, a comienzos de 2021”.
“Luego de eso –recordó el abogado-, Placenzotti desconoció el “estatus” del líder del sindicato, “dejó de pagarle el salario” y “se dedicó a ultrajar públicamente” a “militantes sindicales y trabajadores huelguistas”, a quienes estigmatizó en el propio portal del municipio y en medios locales como la “patota municipal”.
“Por estas publicaciones”, Placenzotti tuvo su primera condena. En mayo de 2022, el juez Candioti le ordenó retractarse y pedir disculpas a sus perseguidos y en abril de 2023, la Cámara de Apelaciones (Sala 1) confirmó la sentencia que “quedó firme” porque no fue recurrida por el condenado. “Un fallo histórico en materia de protección de derechos personalísimos de trabajadores sindicalizados en conflictos colectivos”, lo definió Pisarello.
La decisión de la Cámara tuvo incluso resonancia en la Legislatura, donde el diputado de la UCR Fabián Palo Oliver lo calificó: “Ejemplar fallo condenatorio para una familia que, permanentemente, lesiona los derechos laborales de las y los trabajadores municipales”, dijo el legislador. Juan José Placenzotti sucedió en la intendencia de San Carlos Centro a su padre, Jorge Placenzotti.
Pisarello dijo que después de la huelga de 2021, Placenzotti planificó el “desmembramiento” del SITRAM, que enfrentaba sus “actitudes autoritarias”. Y con “fundamentos precarios”, la Municipalidad de San Carlos “comenzó un proceso de exclusión de la tutela sindical sobre dirigentes del gremio”. “Así quedó al desnudo la visión del municipio de subvertirse a cualquier diálogo con la representación obrera y a neutralizar cualquier tipo de actuación gremial”. A eso, se sumaron “otras acciones del municipio contra los trabajadores que reclamaban por sus derechos”.
La segunda condena de Placenzotti es por la “retención indebida” de los salarios de Martínez. La jueza Acosta le ordenó devolverlos en octubre de 2022, en una sentencia que la Cámara de Apelaciones (Sala I) confirmó el martes pasado. “Cuando el municipio dejó de abonar el sueldo al secretario general de SITRAM (que pagó normalmente hasta la huelga del 2021) incurrió en ‘alteración del contrato que no encuentra prima facie respaldo legal que lo justifique”, comentó Pisarello al citar la sentencia.
La Cámara explicó que “existía una situación de hecho”: que Martínez ya tenía una “licencia gremial” y “percibía sus remuneraciones, pero sin que cambie esta circunstancia, su pago se interrumpió en el 2021”. "Es decir, después de la huelga”, apuntó el abogado. “Me faltó agregar que la Sala también ordenó que las costas del juicio deben ser asumidas por la Municipalidad de San Carlos Centro”, cerró Pisarello.
Dos condenas a perpetua y dos absoluciones por el femicidio de Rocío Vera
Una justicia que quedó en la mitad del camino
Familiares y organizaciones feministas cuestionaron el fallo por el asesinato de la niña de 14 años en 2020, en Reconquista.
El juicio por el abuso sexual y femicidio de Rocío Vera, la niña de 14 años asesinada en julio de 2020, en Reconquista, terminó ayer con dos condenas a prisión perpetua y dos absoluciones. Indignación, disconformidad y angustia fue lo que manifestaron tanto familiares como organizaciones feministas que acompañaron el caso desde el primer momento, y reclamaron "basta de justicia patriarcal". Durante el debate oral y público que juzgó a los cuatro acusados, quedó expuesta la violencia extrema con la que fue atacada la víctima en una casa abandonada, mientras se encontraba en estado de vulnerabilidad y embarazada de ocho semanas.
El tribunal de juicio integrado por Sergio Olivera, Gustavo Gon y Martín Gauna Chapero resolvió condenar a prisión perpetua a Leonardo Godoy y Pascual Fagundes, por los delitos de abuso sexual calificado por la comisión de dos o más personas y por intervención de menores de edad; además de femicidio con alevosía; mientras que en el mismo fallo fueron absueltos Juan Godoy y Brian Altamirano, quienes quedaron en libertad. Los dos sentenciados se suman a dos menores que fueron declarados responsables del hecho en abril pasado: uno de ellos como autor y otro como partícipe.
"Ya no queremos impunidad... adonde vayan los iremos a buscar", cantaron quienes esperaban el fallo afuera de los tribunales de Reconquista, ayer al mediodía. Desde la querella indicaron que si bien esperan los fundamentos del caso, apelarán la resolución, ya que habían solicitado la misma pena para los cuatro adultos acusados.
La descripción de los hechos que llegaron a juicio indica que la madrugada del 12 de julio de 2020, en una casa conocida como "despensa Santa Rita", los acusados avisaron a la víctima que sería abusada, y ella intentó resistirse. La víctima fue "golpeada y forzada” de manera brutal.
Los acusados son un grupo de hombres de entre 21 y 30 años que fueron imputados tres días después de los hechos y quedaron en prisión preventiva desde entonces. Los cuatro llegaron a juicio acusados por la violencia y sometimientos cometidos contra la adolescente y como coautores del femicidio. Fiscalía y querella hicieron el mismo pedido de penas. En el caso de los dos adolescentes, la causa tramitó en la Justicia de Menores.
Luego del sometimiento de aquella noche, el cuerpo de la joven fue encontrado al día siguiente en un descampado. La acusación fiscal indicó en su momento que todos los varones "se pusieron de acuerdo para llevarla a un pastizal lindero" -cuando estaba semi inconsciente-, donde continuó el ataque y donde perdió la vida por la brutalidad de los golpes recibidos.
En su alegato de clausura del miércoles pasado -previo a la sentencia-, la abogada Carolina Walker (querellante en representación de las asociaciones civiles Juanito Laguna, Democracia Directa y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, y por una de las hermanas de Rocío) señaló que "cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de una cuestión que se agrava día a día, hasta el punto que una mujer es asesinada cada 33 horas en nuestro país. Este 3 de junio se cumplieron 8 años del primer Ni Una Menos, aquella histórica movilización en todo el país a raíz del femicidio de Chiara Páez en Rufino. Y desde ese día a la fecha hubo 2209 femicidios en nuestro país, de acuerdo al Observatorio del Movimiento Mumalá Nacional. Y ¿qué quiero decir con esto? Que claramente algo está fallando, y esta causa es la muestra de eso".
Toniolli en los departamentos del norte
Políticas de arraigo para la agenda
El diputado nacional Eduardo Toniolli recorrió durante tres días los departamentos 9 de julio y San Cristóbal para presentar las listas locales que lo acompañan en su precandidatura a gobernador, y reunirse con pequeños productores, agricultores familiares y representantes de pymes. En ese marco, afirmó en declaraciones a la prensa que el norte santafesino “necesita políticas de arraigo y de reparación histórica”, pero que estas “solo podrán concretarse con una conducción política que tenga claro los reales intereses de la provincia y no los confunda con los del sector más concentrado de nuestra economía”.
Acompañado por el profesor Cristian Acosta, precandidato a senador por 9 de julio, Toniolli recorrió Tostado, Pozo Borrado, San Bernardo, Villa Minetti, Santa Margarita y Gato Colorado. En San Cristóbal visitó la cabecera departamental y las localidades de San Guillermo y de Ñanducito, junto a Antonella Cafaratti, productora agropecuaria y precandidata a senadora. En cada una de las localidades el diputado justicialista expuso las propuestas de “Un futuro sin miedo” -la lista que reúne al Movimiento Evita y a otras fuerzas aliadas-. Entre esas medidas destacan la propuesta de creación de un Ministerio de Producción y Arraigo, el impulso a una nueva Ley provincial de transporte automotor de pasajeros y la recuperación de los trenes de cercanía, y la decisión de asignar el 33% del presupuesto provincial a la educación.
Asimismo, Toniolli hizo especial hincapié en lo que definió como “el problema del norte santafesino”: “Los seis departamentos del norte han tenido un saldo migratorio negativo pronunciado durante los últimos veinte años, y las razones son bien sabidas: pésimos indicadores sociales, falta de infraestructura para la instalación de industrias que agreguen valor a la producción primaria y generen empleo, dificultades para el acceso a la educación superior, precariedad en materia de transporte y movilidad.”, señaló, y completó el diagnóstico afirmando que el problema es fundamentalmente político: “los productores locales, los agricultores familiares, las pymes, las cooperativas de trabajo, de producción y de servicios públicos, que son los actores que mueven la rueda económica en nuestro norte, tienen una influencia casi nula en la agenda política santafesina”.
“Hay demasiados dirigentes políticos que de un lado y del otro de la grieta hacen seguidismo de los intereses de las cerealeras, los agroexportadores y otros sectores concentrados, y tienen poco interés en escuchar a quienes con su esfuerzo cotidiano hacen grande a Santa Fe”, amplió Toniolli.
En ese sentido, el precandidato a gobernador consideró que “en vez de reiterar demagógicamente el reclamo de eliminación de las retenciones a la soja, como perro que mueve la cola tras el complejo oleaginoso, nuestra política provincial debería ponerse de acuerdo en, por ejemplo, algo que reclaman todos los gobiernos municipales y comunales sin importar su signo político: la vuelta del Fondo Sojero que les permitía hacer obras públicas en cantidad, hasta que fue eliminado por Macri en 2018”.
“Hemos presentado en el Congreso Nacional una iniciativa para recuperar ese fondo y crear además un Fondo Devolutivo, para que las provincias productoras de soja reciban además un 10% de las retenciones por la exportación de este producto y sus derivados. Esto permitiría financiar nuestro proceso de desarrollo propio, la infraestructura de transporte dañada, recomponer los recursos del suelo que son parcialmente renovables, y atender el pasivo ambiental resultante del modelo desarrollo agrario vigente”, remató Toniolli, que continuará con su recorrida provincial durante los próximos días visitando localidades de los departamentos Castellanos, San Lorenzo, Iriondo, General López y Rosario, acompañado por la diputada Lucila De Ponti, candidata a renovar su banca por el sector.
En el departamento San Lorenzo
Cleri y Rodenas, de recorrida
“Para profundizar la recuperación del empleo y la mejora de la capacidad adquisitiva de los salarios es fundamental el fortalecimiento de la educación apuntada a la innovación, las nuevas tecnologías y conocimientos”, dijo Marcos Cleri, al cabo de una recorrida por el departamento San Lorenzo que incluyó las visitas a las escuelas Primaria N°1332 "Roque Nosetto" y de Educación Técnica Profesional 477 “Combate de San Lorenzo” de su ciudad cabecera, en la que junto con la vicegobernadora y primera precandidata a diputada provincial Alejandra Rodenas dialogó con directivos, docentes y estudiantes a los que entregaron un kit con elementos para el armado de un robot.
“Queremos incentivar a los chicos y las chicas a que construyan un robot con el kit que les dejamos para que materialicen y acrecienten sus conocimientos de programación y robótica, trabajando en grupo, poniendo en valor todo lo que aprendieron, vinculando su conocimiento educativo con los nuevos y futuros modos de trabajo”, indicó el precandidato a gobernador de Unidad Ciudadana, que en la ciudad de San Lorenzo también visitó el Red Star Lawn Tenis Club y la Unión Vecinal Barrio Bouchard, acompañado por Rodenas, el precandidato a intendente Gustavo Volpe, la precandidata a concejal Rocío Herrera, el precandidato a concejal Daniel Machado y el Jefe de la Región Litoral Anses, Germán Bacarella, integrante de la lista para diputados provinciales de Unidad Ciudadana.
En Carcarañá, en tanto, Marcos Cleri y los precandidatos legislativos fueron recibidos por el intendente de la ciudad Miguel Ángel Vázquez, con quien recorrieron el Centro de Innovación Tecnológica "Guillermo Benito" construido y equipado gracias al programa del Ministerio del Interior Municipio de Pie, “a través de una gestión que realizamos junto al ministro del Interior Wado de Pedro y el subsecretario de Relaciones Municipales Tato Giles”, destacó el diputado nacional del Frente de Todos, que además visitó el Centro Municipal de Monitoreo de Videovigilancia de la localidad.
La recorrida incluyó también las ciudades de Fray Luis Beltrán, donde con el intendente Mariano Cominelli repasaron gestiones realizadas también ante el Ministerio del Interior, que permitieron al municipio adquirir un camión recolector y una retroexcavadora; y Capitán Bermúdez, donde con el intendente Daniel Cinalli “avanzamos en una mesa de trabajo donde visualizamos las necesidades más urgentes en la localidad y las proyecciones a mediano y largo plazo”.
Jóvenes
El Tribunal Electoral de Santa Fe aprobó a mediados del mes de mayo el voto joven en la provincia y cerca de 60 mil votantes entre 16 y 17 años podrán participar en los próximos comicios provinciales. Asimismo, la Corte Suprema provincial rechazó un pedido del partido País para que el máximo tribunal se “avoque” al tema y devolvió el expediente al Tribunal Electoral Provincial (TEP), que ya se pronunció dos veces a favor de que los adolescentes de entre 16 y 17 años puedan sufragar en las Paso locales
Paralelamente, en la Cámara de Diputados nuevamente dio media sanción a iniciativas presentadas por mi bloque, vinculadas a la participación de los jóvenes en los procesos electorales. Concretamente, aprobamos que los jóvenes sean candidatos a miembros comunales, intendentes y concejales a partir de los 18 años. Es la cuarta vez que lo hacemos y ahora se espera la decisión del senado provincial.
Reconociendo que los ciudadanos adquieren capacidad en relación a sus derechos y obligaciones a los 18 años, veo necesario actualizar la presente Ley para ampliar el goce pleno de los derechos políticos electorales a este sector, que particularmente se hallaba excluido del mismo. Así se contribuye a incorporar a las candidaturas locales a quienes tienen entre 18 y 21 años que, en nuestra provincia, se estiman en más de 300.000 personas.
Se debe recordar que el proyecto de ley que plantea la modificación de la edad para ser intendente o concejal a partir de los 18 años tuvo media sanción en los años 2010, 2016, 2021 y ahora nuevamente en 2023. Asimismo, para ser miembro de una Comisión Comunal se logró la media sanción en los años 2016, 2019, 2021 y se suma la aprobación reciente en 2023.
Ha sido comprobada la existencia de jóvenes dispuestos a participar en las realidades más inmediatas en las que se desenvuelven, es decir sus propias realidades locales. Es por ello que la exigencia de una edad mayor a la requerida en el vida civil y política no parece adecuada a las consignas constitucionales y democráticas de representatividad y participación, más si se tiene en cuenta que los Comunas de nuestra provincia resultan las organizaciones de gobierno de mayor proximidad a las personas, y, en consecuencia, con las cuales los ciudadanos se relacionan sin intermediaciones.
Gabriel Real
Diputado Provincial PDP
Fuente:Rosario12
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