Caravana de protesta contra
empresas que concentran la
industria de alimentos
Resumen Latinoamericano, 13 de junio de 2023.
Dirigentes y militantes del Movimiento Popular (MP) La Dignidad realizan este martes una «caravana de protesta» en las sedes de distintas empresas productoras de alimentos ubicadas en Capital Federal, en la que expresarán su rechazo al «alto precio de la comida para los argentinos», generado por los grandes grupos empresariales alimenticios, que concentran el sector.
La acción se inició a las 10 frente a la sede de Molinos Cañuelas, ubicada en Avenida de Mayo 560, y culmina a las 12 en la puerta de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), en Eduardo Madero 1220, donde los dirigentes del MP La Dignidad ofrecerán una conferencia de prensa, indicaron a Télam voceros del sector.
La movilización se desarrollará bajo la consigna «Caravana desde Molinos hasta la Asociación Empresaria Argentina en Puerto Madero. Para desandar el camino de la concentración».
Una vez iniciada la caravana en la empresa Molinos Cañuelas, la protesta se detendrá en la puerta de las empresas Ingenio Ledesma (Corrientes 400); Bimbo (Avenida Corrientes 330) y Aceitera General Deheza (Leandro Alem 815), para culminar en AEA.
«Luego de la crisis del 2001, el Consejo Empresario Argentino (CEA) pasaría a ser lo que hoy conocemos como Asociación Empresaria Argentina (AEA). Desde su formación se escudan en estas siglas quienes desde las sombras ejercen el poder real en nuestras tierras, atentan contra la democracia y destruyen cualquier posibilidad de desarrollo nacional», se expresó desde la organización de esta convocatoria a través de un comunicado.
El dirigente del MP La Dignidad Rafael Klejzer sostuvo que «estas empresas tienen como empleados a los jueces de la Corte Suprema, los medios masivos de comunicación y sus voceros, pero también a los políticos».
«Según el signo del Gobierno de turno -añadió- negocian y presionan para dolarizar sus ganancias, generando procesos inflacionarios y devaluatorios, para poder fugar los dólares que nos faltan, contrabandeando o enviando remesas a sus casas matrices».
Klejzer señaló que «en este momento de crisis económica, en el que han logrado que los trabajadores asalariados estén por debajo de la línea de la pobreza y que, en pocos años, el salario en dólares pasara de ser de los más altos en la región a estar entre los más bajos, sus ganancias en dólares siguen siendo exorbitantes».
«Vienen ganando la batalla por la puja distributiva en desmedro de los trabajadores. Son los responsables que los precios de los alimentos se estén volviendo inalcanzables mes a mes, generando más y más pobreza», concluyó.
Fuente: Tiempo Ar
Paro docente en Jujuy: los gremios
anunciaron plan de lucha para toda
la semana
Por Gabriela Tijman, Resumen Latinoamericano, 13 de junio de 2023.
Habrá permanencia en rutas, radios abiertas, cacerolazos y marchas de antorchas.
Los sindicatos docentes de Jujuy confirmaron la continuidad del paro por tiempo indeterminado que inició el lunes 5 y anunciaron un plan de lucha para toda la semana que incluye permanencia en las rutas, radios abiertas, cacerolazos y marchas de antorchas, para terminar el viernes con un paro provincial estatal con movilización. La recomposición salarial y el rechazo a la reforma constitucional impulsada por Gerardo Morales son los ejes de la protesta que ya alcanza a un amplio arco de sindicatos y organizaciones.
Los docentes de todos los niveles culminaron la semana pasada con una impresionante marcha de antorchas que iluminó las calles de San Salvador de Jujuy que se nutrió del apoyo de los estudiantes y sus familias, de sindicatos estatales y privados y organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos.
Bajo la consigna “Arriba los salarios, abajo la reforma”, esta semana arrancó con una nueva manifestación masiva en la capital provincial, bajo el rigor del frío y el aguanieve, en el marco de un paro provincial de todos los gremios estatales. Siempre con los docentes a la cabeza, marcharon los municipales, personal de salud, los universitarios, los bancarios, los músicos, los azucareros del Ingenio Ledesma, las comunidades originarias, el Polo Obrero, el FIT, la Agrupación HIJOS Jujuy y Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, entre muchas otras y muy diversas organizaciones.
Incluso familiares de policías se sumaron al reclamo de mejoras salariales, y los choferes de colectivos decidieron no acatar la orden que habían recibido para que no transportaran a docentes a los lugares de concentración.
Hubo además una movilización en la Casa de la Provincia de Jujuy de la Ciudad de Buenos Aires, convocada por el PO y el MST, donde denunciaron un «intento de Estado de sitio» de parte del gobernador Morales.
También este lunes, el Gobierno adelantó que volverá a convocar a los docentes a una reunión paritaria cuya fecha todavía no está confirmada. Mientras tanto, los dos principales sindicatos docentes, la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) y el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems), realizaron sendas asambleas en las que se decidió rechazar la propuesta salarial del Gobierno y continuar con el paro por tiempo indeterminado.
El plan de acción incluye permanencia al costado de las rutas el martes y miércoles, ollas populares, cacerolazos, radios abiertas y una marcha de antorchas para el jueves, cerrando la semana el viernes con un paro general con movilización con los demás sindicatos que acompañan el reclamo.
Además, el Cedems va a denunciar al gobernador Gerardo Morales por incumplimiento de los deberes de funcionario público “porque no está respetando la Constitución Nacional y la Constitución Provincial que todavía está vigente”.
Lo que comenzó hace un par de semanas como un reclamo sindical docente derivó en una expresión generalizada de rechazo a la reforma constitucional que está a punto de concretarse. El sábado último, la Convención Constituyente dio por terminadas las reuniones de Comisiones y entregó los borradores a la Comisión Redactora para que elabore el texto final. Pese a que la ley otorgaba un plazo de 90 días para la discusión, diversas fuentes cercanas al gobierno aseguran que Morales quiere proclamar la nueva Carta Magna el próximo martes 20 de junio, una fecha de alto simbolismo para Jujuy por conmemorarse la muerte de Manuel Belgrano. Incluso se hizo evidente una aceleración en las tareas de refacción del Teatro Provincial Mitre, donde se llevaría adelante la gala, con invitados especiales.
El rechazo a la reforma está centrado en el capítulo dedicado a la “paz social”, tal como lo presentó el oficialismo. Allí se le da rango constitucional a los lineamientos que ya están vigentes a través del Código Contravencional, prohibiendo las manifestaciones y cercenando el derecho a la protesta consagrado en la Constitución Nacional y los tratados internacionales suscriptos por la Argentina.
Sorpresivamente, el mismo viernes en que las imágenes de las antorchas comenzaban a viralizarse, el gobernador Gerardo Morales firmó el decreto 8464, que endurece multas y sanciones contra quienes participen de protestas sociales. Cabe preguntarse si no se trata de una maniobra alternativa, en caso de que el conflicto obligue a morigerar el capítulo represivo del proyecto constitucional.
El decreto de Morales
La firma del decreto 8464 el viernes pasado fue interpretada como una reacción/provocación ante la multitudinaria marcha de antorchas y su rápida difusión a través de las redes sociales y en medios de todo el país.
La norma, en rigor, modifica el Código Contravencional que está vigente desde enero de 2016 y que fue un instrumento clave en las políticas represivas de la gestión radical, a través de multas aplicadas a las organizaciones que manifiestan cortando calles o rutas y procesos semijudiciales a sus referentes.
En el texto se establecen los valores (“unidades de multa”, equivalentes a un litro de nafta, que hoy cuesta alrededor de 250 pesos) para “quienes permanezcan en espacios públicos, alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, causando temor en la población o limitando ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos”.
También ordena que la policía debe “intimar a los supuestos infractores para que desocupen el lugar en forma inmediata y permitan el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos”, y en caso de que los manifestantes no obedezcan, advierte el decreto, se podrá “dar intervención directa a la justicia penal”.
Finalmente, el decreto considera un agravante el hecho de que “el contraventor fuere un funcionario nacional, provincial o municipal”, y en ese caso se suma la inhabilitación para ejercer cargos públicos por hasta dos años. Y si se trata de un empleado público, una contravención reiterada será “causa suficiente de cesantía”.
Con el Código Contravencional vigente y este decreto de actualización, Morales tiene margen para modificar el texto propuesto para la nueva Constitución de Jujuy, en caso de que el conflicto social y los rechazos generalizados lo lleven a tomar una decisión de ese calibre.
En definitiva, fue con este Código con el que se encarceló a Milagro Sala el 16 de enero de 2016 y se la juzgó en diciembre de ese año a tres años y tres meses de proscripción por la “ocupación del espacio público y alteración del orden” durante el acampe y protesta realizado por la Red de Organizaciones Sociales durante 51 días en la plaza Belgrano de la capital jujeña entre diciembre y febrero de 2016.
Ese “juicio” fue declarado nulo en junio de 2017 por la justicia ordinaria. Pero la avanzada contra Milagro, la Tupac Amaru y las organizaciones sociales que podían obstaculizar el proyecto de Morales, ya estaba en marcha.
Foto: Edgardo Valera/Télam
Adhesiones al paro en Jujuy
En los últimos días, sobre todo luego de la difusión de la marcha de antorchas del viernes, se conocieron numerosas adhesiones a la lucha de los docentes y trabajadores estatales de Jujuy.
El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel difundió una Carta Abierta en la que afirma que “una reforma constitucional representa una responsabilidad y compromiso con todos los sectores de ese pueblo, por eso existe un tiempo prudencial para debatir, discutir y finalmente consensuar los artículos que se quieren reformar”, y advierte que “cuando ese debate tiene lugar en un tiempo récord, resulta al menos peligroso para el bien común y sospechoso a los fines políticos”.
“No se puede, cuando se habla de democracia, violar leyes que amparan derechos y hacerlo de espaldas al pueblo”, afirma.
En esta línea, rechaza la intención de prohibir la protesta a través de sanciones y persecuciones judiciales, lo que califica de “indignante”.
“En caso de que se apruebe velozmente esta reforma constitucional en Jujuy, no sólo se estarían violando derechos que los pueblos han conseguido con esfuerzo y lucha, sino lo que es peor, constituiría un pésimo precedente para el presente y futuro del sistema democrático”, asevera, y le dice a Morales que “todavía está a tiempo para rectificar su conducta y pasar a la historia como un dirigente que volvió sobre sus pasos al escuchar a su pueblo”.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) regional Jujuy manifestó su apoyo a la lucha docente y el repudio “al autoritarismo del gobierno de Morales en Jujuy”, advirtiendo que la reforma constitucional que impulsa el oficialismo “busca asegurar la suma del poder público al Ejecutivo”.
En el documento, la APDH enumera una serie de violaciones de derechos consagrados en la Constitución Nacional. Entre otros, menciona que “se cercena el derecho de las personas a circular libremente por las rutas provinciales a partir de órdenes emanadas del Ejecutivo a las fuerzas policiales”, a partir de numerosos casos de docentes a los que se les impidió continuar su viaje hacia la capital provincial en el transporte público, deteniendo a los colectivos y obligándolos a descender. “Asimismo, es pública la orden de prohibir al personal policial compartir en sus redes sociales apoyos a la lucha docente a riesgo de ser sumariados”, revela.
“Desde los comienzos del gobierno de Gerardo Morales en la provincia de Jujuy venimos denunciando la persecución a organizaciones sociales, que tiene como mayor ejemplo la prisión a Milagro Sala, líder de la organización social Tupac Amaru, en enero de 2016”, repasa la APDH, y recuerda que “existen innumerables ejemplos de militantes perseguidos con multas y encarcelamiento”.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) difundió un comunicado en el que exige aumento salarial para la docencia de Jujuy y rechaza “enérgicamente” el decreto 8464, del que aseguran “atenta de manera directa contra la Constitución Nacional”.
“Es una muestra más de que el Gobierno provincial de Jujuy lleva adelante una política autoritaria, antidemocrática y que viola el derecho a huelga de las trabajadoras y trabajadores”, afirman, y exhortan al Gobierno provincial “a que cese con esta política sistemática y antidemocrática contra las organizaciones gremiales y el conjunto de las trabajadoras y los trabajadores”.
La Central de Trabajadores Argentinos (CTA-A), que conduce Hugo «Cachorro» Godoy, denunció este lunes al gobernador Morales ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la “violación de convenios internacionales”, tras la firma del decreto 8464.
En la misma línea, la Asociación Bancaria, que conduce el diputado nacional (FdT) Sergio Palazzo, repudió el decreto que, afirma, pretende imponer “un cuasi estado de sitio”.
“La medida, que se ampara en garantizar el libre tránsito y circulación, procura en el fondo callar todas las voces de trabajadores y pueblo en general que no vayan en línea o simplemente no sean del gusto del gobernador y ‘sus políticas’”, plantearon.
Fuente: Tiempo Ar
Este miércoles, organizaciones
sociales realizarán un “acampe”
frente al Ministerio de Economía
Resumen Latinoamericano, 13 de junio de 2023.
Reclaman por contratos de cooperativas
Las distintas organizaciones sociales y políticas de izquierda que integran el denominado “Frente de Lucha” anunciaron para este miércoles un nuevo plan de acción callejero, con una movilización y “acampe de protesta” frente al Ministerio de Economía, en reclamo para que “se cumplan con los contratos con las cooperativas para la obra pública” en distintos puntos del país.
Esta protesta -organizada por el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el MTD Aníbal Verón, el Frente Popular Darío Santillán (FPDS), el Movimiento Resistencia Popular, la Federación de Organizaciones de Base y el MTR por la Democracia Directa- se realizará mañana a las 11, frente al palacio de hacienda, a metros de Plaza de Mayo.
Según informaron los distintos voceros de las organizaciones sociales a través de un comunicado de prensa conjunto, mañana “miles de trabajadores cooperativistas y de la economía popular acamparemos frente a las puertas del Ministerio de Economía y de Obras Públicas, para exigir el cumplimiento de todos los convenios de obras y productivos, como así también el acceso a la obra pública designado para las cooperativas”.
Esta jornada de protesta se desarrollará bajo el lema: “Acampamos en el Ministerio de Economía para que cumplan con los contratos de obras públicas y trabajo para las cooperativas”.
De esta forma, las organizaciones convocantes reclamarán el “cumplimiento efectivo de la asignación de obra pública, para todos los trabajadores cooperativistas; el pago de todos los convenios de obras y productivos parados, para continuar ejecutando obras y emprendimientos productivos en todo el país”.
Asimismo pedirán “respaldo y fomento al compre estatal a las producciones de las organizaciones; tierra para producir y para construir viviendas en todo el país; políticas públicas para el acceso a la tierra, para construir polos productivos, para trabajar la tierra, y para construir viviendas”.
Finalmente, las organizaciones piqueteras reclamarán “un aumento de la asistencia alimentaria de calidad y en buen estado, para las miles de familias que reciben un plato de comida en nuestros espacios socio-comunitarios”.
Jujuy: Después de las amenazas
de Morales, los gremios decidieron
seguir de paro
Resumen Latinoamericano, 13 de junio de 2023.
Dirigentes de diferentes sindicatos docentes de Jujuy conformaron la denominada “intergremial” para continuar con las medidas de fuerza y detener la reforma de la Constitución.
Afirmaron que buscan recomposición salarial acorde a las necesidades de cada sector y negociaciones conjuntas con los mismos.
En conferencia de prensa, el gobernador Morales pidió a los docentes jujeños que regresen a las aulas indicando que la oferta salarial realizada recientemente es la única posibilidad económica de mejoras que tiene el Ejecutivo.
En la misma ocasión dijo que si no se reactivaba el ciclo lectivo 2023 se descontarían los días de huelga al sector educativo.
Esto trajo el descontento de todos los sindicatos de trabajadores estatales cuyos dirigentes no solo decidieron formar la denominada “Intergremial”, sino que además anunciaron que continuarán las medidas de fuerza hasta recibir una oferta de recomposición salarial acorde a cada sector, se reabran paritarias conjuntas y se deje de lado la reforma constitucional impulsada desde el gobierno.
Fuente: Jujuy Al Momento
Apelarán el sobreseimiento de
Bullrich por operativo contra
comunidad mapuche
Resumen Latinoamericano, 13 de junio de 2023
Leftraru Nahuel, integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén y abogado de la comunidad Campo Maripe, explicó que apelarán el sobreseimiento de quien fuera ministra de Seguridad Patricia Bullrich y su jefe de gabinete Pablo Noceti en una causa por un operativo de Gendarmería en Loma Campana, en tierras de la comunidad mapuche.
“Es muy lamentable, por supuesto vamos a apelar. Creemos que hay probadas situaciones que ameritan el abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de Patricia Bullrich y Pablo Noceti y es contra ellos contra quienes vamos a presentar la apelación”, explicó Nahuel, representante de la comunidad afectada.
El fallo fue analizado como consecuente respecto al comportamiento que la Justicia Federal con las causas que involucran al macrismo. “Se está evidenciando lo que está pasando con la justicia en general y con la Justicia Federal en particular. Una clara parcialidad para proteger a un sector de la política partidaria Argentina” analizó el abogado.
En el 2017 cerca de 100 gendarmes pertrechados entraron por la fuerza en territorio de la comunidad mapuche Campo Maripe en Loma Campana Neuquén. Gendarmería allanó territorio comunitario sin orden del juez. La comunidad denunció violencia, amenazas y provocaciones. El argumento del allanamiento fue que se trataba de la custodia de un grupo de YPF que debían realizar trabajos. La Confederación Mapuche sostiene que no se trató de un caso aislado sino de un plan sistemático. 20 días después de lo ocurrido se realizó otra represión en el Lof de Cushamen en el que desapareció y luego apareció muerto Santiago Maldonado. Tiempo después en Mascardi, Bariloche, se desató otra represión bajo los ismos mandos que terminó con el crimen de Rafael Nahuel.
AUDIO:
Cuando la policía es parte crítica
de la ruta para denunciar las
violencias de género
Por Inés Hayes/ Paula Talento, Resumen Latinoamericano, 13 de junio de 2023.
¿Cómo opera la policía de la Ciudad en la ruta crítica de las víctimas que denuncian violencias de género? Conversamos con referentas barriales de la CABA y detectamos los principales obstáculos y negligencias que las fuerzas de seguridad despliegan. Entre el colapso y la falta de presupuesto, un breve punteo de los dispositivos que deberían funcionar, incluso dentro de la estructura policial.
Cuando las mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans, intersexuales y más (LGBTIQ+) toman la decisión de denunciar al agresor, el primer organismo estatal con el que se encuentran es la comisaría del barrio. Y allí, el primer obstáculo: la falta de formación policial para abordar estas temáticas, ya sea en cuestiones relativas a las normativas vigentes, procedimientos y protocolos como también en la manera de abordar –humanamente- a la persona que denuncia.
Una de las formas de sortear esta barrera es que la persona que denuncia no vaya sola a la comisaría, al menos es la manera más efectiva que la Red del Bajo Flores encontró en su contexto. “Hay más cabida cuando saben que hay asesoramiento, a la policía le falta formación con perspectiva de género porque no están capacitados para desactivar y correr al violento, decirle que no puede ingresar a la casa”, dice Griselda Galarza. También cuenta que hay demoras en la sustanciación de las exclusiones de hogar, medida que tiene que ordenar la Justicia pero que le corresponde garantizar a la policía. Un control que está ausente.
Galarza es docente, vicedirectora de la única escuela secundaria que hay en el Bajo Flores e integra, desde que se creó, la Red de docentes, familias y organizaciones del barrio. En 2015, la comunidad del Bajo Flores se organizó frente a la inacción de la policía y el estado que no daba respuesta para encontrar a las pibas que desaparecían. Galarza cuenta que “en relación a la policía tuvimos nuestro momento tensísimo que fue cuando no accedían a tomar las denuncias, sobretodo en lo relativo a las desapariciones de las pibas. Decían que tenía que pasar determinada cantidad de tiempo, que se habían ido con un novio, que ya iban a volver o cosas así. Mucha estigmatización y estamos hablando de niñeces de entre 13 y 17 años”. Sobretodo, dice Griselda, les pasó con las comisarías de su jurisdicción: la comisaría vecinal 4 B, en calle Quilmes y la comisaría vecinal 7 A que se encuentra sobre Bonorino, la ex 38.
“Lo primero que tenemos que hacer es ponernos al servicio de la compañera, ser sororas, escucharla, sostenerla, brindarle en ese momento en que ella está pasando la situación de violencia, o que atravesó, tratar de calmarla y ver la decisión que toma ella y siempre respetando la decisión de la compañera”, cuenta Felicita Zorrilla Servian, que acompaña denuncias de violencias de género en la zona de Barracas, en el barrio 21-24. La referenta coincide en la falta de formación policial en la temática y agrega: “No me gustó el accionar policial con respecto a una compañera que estábamos acompañando víctima de un intento de abuso sexual. La acompañamos junto con la madre. Ella tenía 19 años, lo que no me gustó son las horas eternas de espera que no terminan nunca, interrogatorio que se prolonga, insisten y revictimizan, qué va a pasar con la pericia, llevarla de un lugar a otro y lo peor fue subirnos a una camioneta con vidrios polarizados y traerla de nuevo a ella para que indique el lugar donde el agresor intentó abusar de ella, eso a mí me pareció muy cruel. Ella estaba reviviendo toda la situación”, cuenta. En sus palabras: “Institución no hay ninguna que nos acompañe. Acá en el barrio estamos en la desidia, no tenemos acompañamiento de ninguna institución. Y las acompañamos desde las organizaciones”.
En este sentido, Maka Barrera Veliz, de la organización Somos Fuego de la CTA en el barrio Mujica, cuenta que “las experiencias que tuvimos con la policía fueron malísimas siempre y hay mujeres que han sido violentadas. Tenemos policía cerca de la zona, pero las mujeres fueron humilladas y violentadas, maltratadas (por ellos) y los casos de violencia no se los toman muy en serio. Los destacamentos en sí no toman denuncias, directamente te derivan a las comisarías que están alrededor”.
En Barrio Fátima la situación es similar. Rosa Ortega, presidenta del barrio, cuenta que cuando decide hacer la denuncia, la persona se dirige al refugio que gestiona junto a otras compañeras, allí la asesoran y, si está decidida, la acompañan. “Muchas veces no se animan a denunciar porque no pueden salir de la casa o por los chicos y ahí las acompañamos nosotros. Hay mujeres que hacen la denuncia y tienen suerte, depende de quién les toque en la comisaría”, asegura. En Fátima, las denuncian deberían hacerse en la excomisaría 36 (actual comisaría vecinal 8 B), que en general no da respuesta. La policía suele referirlas a La Boca o, directamente a la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) que está en microcentro (Lavalle 1250). “Ellos no toman denuncias por violencia de género porque no tienen cómo atender esa parte”, asegura. Una vez que se hace la denuncia, desde el refugio llaman al juzgado para agilizar el trámite y acompañan como pueden a las denunciantes que, en general, están decaídas y tienen miedo”. Aunque, aclara, no hay personal suficiente para acompañarlas. Rosa resalta que las barreras para denunciar no solo se concretan en la distancia que tienen que recorrer sino también en la cantidad de trámites que deben que hacer. “Pedir botón antipánico, por ejemplo, es un trámite larguísimo y depende en qué situación se encuentre la mujer. Si hay abuso (a un niñe) es más rápido porque entra minoridad, en una semana se resuelve. Si es violencia de género lleva un mes o dos meses para resolver o tenés que denunciar directo a la fiscalía, es más rápido. Si es por comisaría, tarda siempre”. Como puede verse, el rol de la comisaría queda en segundo plano, en la experiencia de barrio Fátima es conveniente ir directo a la fiscalía. Las dificultades se multiplican cuando el Estado está ausente: es muy usual que ante la falta de contención, a la semana, la denunciante vuelva a la relación de pareja con el violento.
Rosa Ortega, de barrio Fátima, resalta que las barreras para denunciar las violencias de género no solo se concretan en la distancia que tienen que recorrer sino también en la cantidad de trámites que tienen que hacer.
El espacio gris de la burocracia jurisdiccional
El Decreto presidencial N° 864/2011 dice que el Operativo Unidad Cinturón Sur tendrá por objeto optimizar el servicio de seguridad ciudadana de un sector de la Ciudad de Buenos Aires considerado violento y conflictivo. Parte de la historia del traspaso de la seguridad del territorio porteño desde las fuerzas federales a las de la policía de la Ciudad puede leerse en este informe del Mapa de la Policía. Pero ¿quién, efectivamente, se hace cargo de lo que pasa en los territorios? En el Bajo Flores, cuenta Griselda, la policía de la Ciudad actúa sobre la periferia y gendarmería, adentro. “Ahí ya hay un quilombo. Si hacés la denuncia en la policía de la Ciudad, a la villa no entra. Fin del cuento”, dice.
En el libro “Mujeres Armadas”, Sabrina Calandrón relata una experiencia en un operativo en la madrugada de Villa Soldati en donde este tironeo entre la policía y gendarmería se encuentra a la orden del día. La policía golpea a un detenido en la comisaría y llama a gendarmería para que lo traslade, a lo que esta fuerza se niega. Mientras las discusiones entre las fuerzas siguen, el detenido no recibe asistencia médica. Los tironeos entre la policía de la Ciudad y las fuerzas federales contempladas en el Decreto cuentan con un trasfondo legal que frena la capacidad de accionar y presenta grises en donde los efectivos buscan cubrirse y desvincularse de responsabilidades. Y en ese gris quedan las organizaciones sociales y comunitarias.
En el Bajo Flores, cuenta Griselda Galarza, la policía de la Ciudad actúa sobre la periferia y gendarmería, adentro. “Ahí ya hay un quilombo. Si hacés la denuncia en la policía de la Ciudad, a la villa no entra. Fin del cuento”, dice.
Lo que debería funcionar
En este estado de situación ¿cómo deberían funcionar las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires en relación a este tipo de denuncias? Silvia Mercado es Comisario Inspector y está al frente del Departamento Familiar y de Género de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Según dijo a este medio, hay cuatro comisarías de Protección Familiar y de Género (norte/sur/este/oeste) que abarcan toda la Ciudad de Buenos Aires. “En todas las comisarías se reciben denuncias de violencia. Si es un hecho de abuso sexual, seguramente esa comisaría va a trasladar a la víctima al hospital o a estas comisarías con alguien del mismo género”, afirmó. Las cuatro comisarías tienen anexos, la de Lugano tiene el anexo en Zabaleta, la norte está a una cuadra del DOT y el anexo está en Chacarita “para que la víctima no se tenga que ir hasta la otra punta”, explica Mercado y menciona que en la sur hay mayor demanda.
“Cuando la víctima denuncia, se le toma la declaración y se consulta al juzgado, acorde a lo que diga es cómo se sigue con la denuncia. Si, por ejemplo, presenta lesiones, primero se hace que la asista la 137 que es la Brigada de Victimas contra la Violencia. Ahí la asiste un equipo interdisciplinario, hacen un informe para mandar al juzgado, la atiende un médico legista, se le da un botón antipánico”, explica Mercado. “El accionar después de la denuncia lo dirige la Justicia con el operador de género. Si hay peligro de vida se le pone una consiga en la puerta. Siempre se hace seguimiento durante 5 días, depende el tipo de denuncia, cada caso es diferente”, dice. Cabe mencionar que la línea 137 no recibe denuncias pero sí es un canal para que las víctimas de violencias de género obtengan información y acompañamiento.
En contraste con lo que se viene recabando en el presente informe, Mercado reseña que la policía de la Ciudad tiene un sistema aceitado en la temática por la experiencia de trabajo que acumula desde 2009. “En 13 años pasamos de una oficina chiquita con 8 personas a una Superintendencia. Somos pioneros en toda América con esta estructura de género que tiene esta policía. No hay otra con esta estructura de género”, aseguró.
La Superintendencia consta de dos grandes áreas de trabajo, una de asistencia y prevención y otra netamente policial que encabeza Mercado. “La primera sólo capacita dentro de la policía y también afuera, en escuelas primarias sobre bullying y en secundaria, sobre noviazgos violentos”, contó. Las capacitaciones policiales son permanentes a lo largo del año y prestadas por “psicólogas y abogadas, personal policial, que da estas capacitaciones y articulamos mucho con el gobierno de la Ciudad, con la Dirección General de la Mujer, nos capacitamos en trata, violencia en adultos mayores”, dice Mercado.
En relación a la recepción de denuncias por violencia de género, expresó: “El operador policial de género tiene que estar capacitado. No es lo mismo tomar la denuncia de una víctima de violencia de género que a una señora que le robaron la cartera. La toma de la declaración es de dos horas. El policía tiene que estar formado, obligatoriamente”. No obstante, reconoció que “esto no quiere decir que no haya gente que no está a la altura de las circunstancias. De la escuela de cadetes vienen con formación en género. El problema es con el policía viejo por un tema cultural y generacional”.
Ante la pregunta sobre si tienen protocolo de actuación ante este tipo de denuncias, Mercado responde que no tienen pero que sí cuentan con una guía de actuación que es la primera intervención del policía con la víctima para toda la Policía de la ciudad. Se llama Primera intervención del personal con la víctima. Aunque, según dice, no es de carácter público sino administrativa.
“El operador policial de género tiene que estar capacitado. No es lo mismo tomar la denuncia de una víctima de violencia de género que a una señora que le robaron la cartera. La toma de la declaración es de dos horas. Esto no quiere decir que no haya gente que no está a la altura de las circunstancias”.
Políticas sin capilaridad para las clases populares
Hay otros problemas más estructurales que inciden de forma directa en la imposibilidad de denunciar las violencias de género, uno de ellos es la ausencia de políticas públicas que den respuesta a los problemas reales. Las referentas consultadas coinciden en que conseguir cualquier tipo de subsidio para las denunciantes se convierte en un tramiterío inexplicable, una especie de vulneración de derechos dentro de otra. “Las políticas públicas, cuando no se capilarizan, o sea cuando vos te sentás en un escritorio y pensás una política pero no se materializa en la presencia del estado concreto con compañeras trabajando en el territorio, son políticas básicamente que están destinadas solo a una clase social, no son para las clases populares”, explica Griselda Galarza.
Pero no solo se trata de que las ayudas económicas existan y lleguen. También hay que combatir la precariedad que rodea a las políticas destinadas a atender las violencias de género en los barrios: no se poseen dispositivos estatales cercanos y suficientes en donde realizar las denuncias ni se forma a las personas que deben dar respuesta a estos requerimientos. En la mayoría de los casos, esos mismos funcionarios y funcionarias se encuentran realizando tareas en condiciones de insalubridad y mal pagas. No tienen las herramientas y mecanismos que para dar respuesta inmediata a la problemática como, por ejemplo, ofrecer alojamiento a la mujer que denuncia y a sus hijos. “Hay un abandono histórico del estado en relación a las políticas de cuidado y protección de derechos”, afirma Galarza.
Desde la Villa 20, Romina Ávila, abogada y coordinadora del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) también asegura que se necesitan con urgencia políticas públicas que generen trabajo genuino para las víctimas. “Terminan en situaciones graves por sostener vínculos violentos por el sometimiento económico con el agresor. Mientras no haya generación real y promoción de trabajo y un apoyo económico, va a seguir sucediendo. Las políticas tienen poco presupuesto, a las políticas las sostenemos los trabajadores y trabajadoras que realmente lo hacemos con mucho empeño, cariño y dedicación”.
Pero la precariedad no solo se vive en los dispositivos creados para afrontar las violencias de género en los barrios, hay una falta de reconocimiento estatal de los derechos mínimos de las personas que habitan los barrios de emergencia. Que los vecinos no cuenten con infraestructura adecuada y que deban trasladarse hasta el centro de la ciudad para radicar una denuncia también es violencia. Rosa Ortega, del barrio Fátima, trata de encontrarle la vuelta: “no sé si debería haber una comisaría, tendría que haber una cartera donde tomar la denuncia y llevarla donde corresponde o que en la comisaría haya un equipo de asistente social o psicóloga, que no te den vueltas de un lugar a otro. Y muchas veces quienes denuncian no pueden sostenerla (anímicamente) o por dinero. Deberíamos de tener en cada barrio un espacio donde denunciar y que te brinden acompañamiento. Trabajar con un equipo para evitar estos quilombos”.
Maka Barrera Veliz, desde su experiencia en barrio Mujica, cuenta que “muchas veces hemos sentido que las instituciones del Estado no acompañan como tendría que ser, porque te ponen muchas trabas en el camino. La mujer está siendo violentada y te mandan a tu casa de nuevo a que sigas corriendo peligro”.
Romina Ávila va más allá y afirma que el Poder Judicial es un eslabón importante frente a la lucha por la impunidad de los agresores, un eslabón que funciona muy mal. “No están preparados para acompañar a las víctimas”. Pero no solo ello, sino que las comisarías e inclusive las unidades de género no están preparadas para recibir estas situaciones. “No trabajan bien, son expulsivos y realmente asesoran mal y asesoran cuando no deberían. No conocen los territorios y las problemáticas y eso hace que funcionen mal las comisarías y las unidades de género. Haría falta un trabajo más articulado y mancomunado con las comisarías”, agrega.
No solo se trata de que las ayudas económicas existan y lleguen. También hay que combatir la precariedad que rodea a las políticas destinadas a atender las violencias de género en los barrios: no se poseen dispositivos estatales cercanos y suficientes en donde realizar las denuncias ni se forma a las personas que deben dar respuesta a estos requerimientos.
Al pie del colapso
Existen diversos dispositivos territoriales especializados donde las personas de los barrios populares acuden para atender las denuncias de violencias de género en la Ciudad de Buenos Aires cuando la comisaría no es una opción. Algunos de ellos son los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), la Asesoría General Tutelar, la línea telefónica 137, la Oficina de Violencia Doméstica (dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación – OVD) y ATAJO.
Las referentas barriales consultadas en este informe coincidieron en que la mayoría son de difícil acceso ya sea por la distancia en que se encuentran en relación a los barrios, la imposibilidad de dar una respuesta inmediata a una emergencia o porque se encuentran totalmente colapsados. “Hemos tenido pésimas experiencias con la OVD, siempre y cada vez, no hay equipo que tenga empatía. No saben cómo abordar la situación. Entiendo que están colapsados pero no justifica el trato hacia las mujeres del Bajo Flores que es pésimo: demoras de horas y horas y se suma que después no hay dispositivo donde derivarlas”, cuenta Griselda.
Dentro de la Ciudad de Buenos Aires, las víctimas que más acuden a la Línea 137 son de Villa Lugano y de Flores, así lo contó su coordinadora, Mariela Bañares. “Podría suponerse que se debe a la superpoblación de estos barrios como así también que en dichas zonas no existen las comisarías especializadas donde realizar las denuncias las 24 horas”. Según cuenta Bañares, “la Línea 137 recibe llamados de todo el país, alrededor de 30 llamadas por día, entre las que hay pedidos de orientación y asesoramiento como así también acompañamientos”. En el radio de la CABA, los equipos técnicos conformados por psicólogos y trabajadores sociales que atienden la línea son los que intervienen en los territorios mientras que en las provincias, se articula con otras instituciones. La cantidad de llamados aumentó de forma significativa con la pandemia, por lo que además del 137, la línea habilitó un número de Whatsapp: 113133-1000. “La intervención territorial no sólo tiene como eje la efectivización de la denuncia de las víctimas de violencias en el ámbito familiar y de las víctimas de delitos sexuales para la detención de los agresores, sino también la promoción del acceso a la justicia”, asegura.
Los testimonios brindados en este informe pretenden esbozar, apenas, un estado de situación cuyos datos concretos nunca fueron recabados por las instituciones públicas involucradas. No obstante, se trata de una fotografía actual de los obstáculos más prominentes al momento de emprender el camino sinuoso de la denuncia por violencia de género en la Ciudad y sobretodo, el rol y las responsabilidades que le caben a la policía.
Ilustración de portada: PanchoPepe
Fuente: Revista Crisis
Ninguna ley se hace en soledad:
una historia de los orígenes de la
Ley de equidad de género en
medios de comunicación en
Argentina
Por Agustina Paz Frontera/ Flor Alcaráz, Resumen Latinoamericano, 13 de junio de 2023.
Ninguna lamparita se enciende en soledad
El trayecto de esta iniciativa tiene decenas de bifurcaciones. Para contar su historia hay relatos institucionales y también íntimos que reconstruyen ese recorrido. Además está el momento tan inolvidable como epifánico en el que una compañera dice “¿Y si hacemos una ley?”. Para narrar el surgimiento de la idea, el corrimiento de nuestra imaginación hacia un lugar que no estaba en los planes ni en los deseos, hay que dar cuenta de la intimidad de LatFem. Buscar en los archivos de nuestros grupos de Whatsapp la conversación que fue el puntapié. Nos movía la bronca de reparar una situación injusta. Somos un equipo de profesionales y activistas feministas compuesto por periodistas, comunicadoras, escritoras, investigadorxs, fotógrafas, ilustradoras y diseñadoras que trabajamos juntas desde 2017. Pero antes de todo eso somos amigas. Todas trabajamos en medios tradicionales en la previa y durante el proceso en el que empujamos nuestro propio proyecto periodístico que es LatFem. Y casi a diario hacemos catarsis de lo que significa trabajar en los medios tradicionales, el museo vivo del patriarcado: los desplantes, las subestimaciones, los comentarios sexistas disfrazados de chistes, las narrativas arcaicas y poco representativas de la realidad, estar para la foto pero no en la conducción y hasta el desprecio que se traduce en maltrato.
Una radio en la que trabajaba una de nosotras presentó su nueva programación, la gráfica publicitaria mostraba en varias piezas a las nuevas y viejas figuras. Estaban ellas en las fotos pero ninguna como conductora en el anuncio de los nuevos programas. Era 2019, post Ni Una Menos y estábamos en la cresta de la marea verde, y no se anunciaban conductoras de una importante radio de la capital.
La pregunta que siempre late en el fondo de nuestra forma de intervenir en el campo mediático y cultural es ¿Quién habla? ¿Quién cuenta la historia? ¿Qué voces y qué cuerpos están autorizados a decir? ¿Cómo hacer que seamos más diversas esas voces?
En 2017 la campaña Faltamos en la radio, desarrollada por radialistas feministas, abrió la conversación en forma de denuncia. Dos años después, el reclamo se expandió a Faltamos en los medios. Esa campaña es un hito en la historia de la Ley de equidad de género en los medios y es también un ejemplo de construcción política: surgió de conversaciones en un grupo diverso y federal de comunicadoras feministas, que se había formado para contar el paro internacional feminista. En esa campaña convergieron una gran diversidad de medios, colectivos, representantes de todos los soportes mediáticos y de diversos territorios, una antesala del proceso de construcción del proyecto de ley que se dará en 2020. Antes, toda una genealogía de comunicadoras que lucharon por una comunicación igualitaria y no sexista. Antes también, otras legislaciones de diversos ámbitos: desde la Ley de cupo femenino en ámbitos de representación política, de 1991, hasta la Ley de paridad, de 2018. Las políticas argentinas habían logrado un marco legal para asegurarse su participación en política, ¿pero quiénes daban las noticias de ellas ocupando posiciones de poder? Si ellas pudieron, ¿por qué nosotras no?
Una trayectoria militante de feministas comprometidas con la comunicación y la participación hicieron de caldo de cultivo para que a una de nosotras se le prendiera la lamparita, pero ninguna de estas lamparitas de la osadía política se enciende en soledad.
Los medios de comunicación son un reservorio de los viejos valores y, salvo excepciones, no han modificado sus estructuras al ritmo de la revolución social que provocó el movimiento feminista. Tanto en radio, televisión, portales web como periódicos los principales periodistas son varones (cis), las pocas mujeres (30% según varios estudios) que hay ocupan roles secundarios y las personas trans y lesbianas visibles son siempre la excepción. Por eso, que en la radio de nuestra compañera no hubiera mujeres en la programación no sorprendía nada. En esa radio hubo un pequeño revuelo, que desencadenó uno un poco más grande en redes sociales y redacciones. Pusimos el asunto sobre la mesa: no estamos, faltamos. Faltamos en los medios.
La respuesta fue simple: no nos dimos cuenta. Claro, de eso se trata. Un poco en chiste, un poco desafiando las probabilidades surgió la pregunta: ¿Será que hay que construir una normativa para que las empresas de medios se den cuenta y tiendan a la paridad de género e incluyan a personas trans por ley como hicieron las políticas y las músicas? ¿Nos da la fuerza? Contábamos, por entonces, con varias aliadas feministas en el Congreso, el vínculo entre las políticas y las periodistas se había fortalecido durante 2018 en la primera discusión por la legalización de la interrupción del embarazo.
Construcción política
Entonces comenzó un camino de construir alianzas, comunicar la idea y elaborar el proyecto. En primer lugar, fue necesario luchar contra muchos prejuicios respecto a las políticas afirmativas, tanto dentro como fuera de los feminismos, tanto por parte de mujeres y diversidades como por parte de varones cis. Hubo que construir conceptualmente que este reclamo no era “meramente” simbólico y de reconocimiento sino que empujaba también verdaderas transformaciones redistributivas en el campo. Las dificultades de las mujeres, lesbianas y trans en el ámbito laboral de los medios de comunicación son homologables a las realidades de otros rubros, sin embargo, en este espacio tiene especial relevancia por el poder de los medios en la conformación y reproducción de valores y patrones socioculturales, de ahí la importancia de que haya representatividad y que las mujeres y diversidades simplemente consigamos un trabajo en medios.
Una vez decididas y en alianza con la Diputada Mónica Macha, organizamos tres encuentros federales virtuales con participación de colegas de medios privados, públicos, cooperativos y autogestionados que denominamos Foros, para colocarlos en la genealogía de la discusión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Participaron muchas, muchxs: comunicadoras de radio, TV, web y prensa gráfica; representantes de decenas de ciudades y pueblos de todo el país; delegadas sindicales, funcionarias del Estado nacional y provinciales, representantes de universidades y carreras de Comunicación. Esos encuentros, que sucedieron en pandemia, partían de una premisa muy simple: vamos hacia una ley de representación paritaria y cupo trans en los medios. ¿Qué, cómo, cuándo? Había que discutirlo todo.
Interseccionalidad
En el proceso de los Foros encontramos intervenciones que corrieron el eje del planteo inicial: la paridad en los medios. Si bien ya habíamos trabajado la inclusión del cupo trans, no habíamos aún desafiado el binarismo que encierra el término paridad. Ni habíamos llegado a hacernos preguntas que hoy denominamos “postparitarias”. ¿Qué tipo de mujeres son aquellas que exigimos sean representadas en los medios? ¿Qué tipo de mujeres son aptas para conducir programas periodísticos? ¿Son marrones, gordas, lesbianas visibles, o mujeres jóvenes, blancas, heterosexuales y de cuerpos estandarizados?
América Latina pasó de 29% de presentadoras en 2000 a 44% en 2015, una reducción de 15 puntos porcentuales en la brecha en 15 años. Pero ¿cómo se conforma ese incremento en la participación? El Global Media Monitoring Project (GMMP, por sus siglas en inglés) es el mayor estudio internacional de género en los medios de comunicación, con respecto a las mujeres presentadoras en televisión y a las reporteras, según el último informe de 2021, un 85% y 59% respectivamente se encuentran en el rango de edad entre los 19 y 49 años. Además, después de los 65 años desaparecen las mujeres de los programas periodísticos, tanto como reporteras como presentadoras. Entonces la pregunta es ¿solo pediremos que no haya un déficit en la representación con base en el género o incluiremos otras inequidades históricas, otras discriminaciones tan o más visibles que las basadas en el género?
Pasar de la denuncia a la acción siempre lleva desajustes como este. Si habíamos partido de una apuesta vinculada con la agenda de Beijing: aumentar la participación de la mujer, no importa qué tipo de mujer, los feminismos impusieron otra agenda. El Foro consensuó que era imprescindible en una ley feminista considerar las barreras de clase, de raza, de edad, de ubicación geográfica, de corporalidades como otros sesgos excluyentes, pero ¿cómo era posible pasar a la letra de la Ley un incentivo a la participación de personas racializadas, diversidades corporales y etarias, etc? ¿Cómo hacer para que todo eso pueda leerse dentro de una ley de “paridad de género en los medios”? Un equipo de LatFem, aliadas de diversas áreas y el grupo de asesores de la Diputada Macha escribimos un proyecto de ley sumamente ambicioso, que incorporaba la dimensión racial y de clase, que refería a las diversas inequidades que atravesamos que impiden a las grandes mayorías algo tan sencillo como ser “elegible” para trabajar en un medio de comunicación, más allá de la formación y la práctica laboral.
Del proyecto a la Ley
Durante 2020 se presentaron 3 proyectos similares en el Congreso. Para nosotras, en LatFem, que empujamos la iniciativa con nuestros modos aprendidos en las asambleas y la autogestión, encontrarnos con compañeras y compañeros de ámbitos muy diferentes, con otras trayectorias políticas y periodísticas, con otras formas de vida, que pensaron al mismo tiempo que nosotras en la urgencia y la oportunidad de crear una ley que volviera a poner a los medios, ese museo del patriarcado, en el ojo de la tormenta, y que lo hicieran con preguntas feministas (aun sin ser feministas muchxs de ellxs), fue una sorpresa y el signo de un acierto. No estábamos solas, nadie hace una ley en soledad.
El proyecto que finalmente se votó contiene algunos de los puntos trabajados en los encuentros o foros federales de comunicadorxs feministas que se desarrollaron de forma virtual entre junio y agosto de 2020, principalmente la inclusión del cupo trans y la aplicación de la normativa no sólo a medios públicos, sino también a privados. Pero desconoce otros, vinculados al fomento de la participación de personas indígenas y racializadas, una mención que hubiera sido vanguardista para un proyecto focalizado en género.
No serán todas feministas las personas que ingresen a los medios gracias a las puertas que abre esta ley, como no fueron todas feministas quienes accedieron al voto en 1947, pero una acción de este tipo es de por sí feminista, porque repara una desigualdad histórica en el acceso a la voz pública. La pandemia por COVID fue un período excepcional, en el que los medios de comunicación renovaron su relevancia y se convirtieron en el escenario para propiciar una transformación buscada y deseada por colectivos y organizaciones de comunicadoras desde hace decenas de años. En ocasiones, las demandas de la calle, las nuevas legislaciones y las transformaciones sociales confluyen en un camino antes impensado, es un destello de oportunidad que hay que cuidar y hacer valer. En 2023 se cumplirán dos años de la sanción y todavía estamos esperando su reglamentación.
Según el último análisis de 2021 de GMMP, si todo sigue igual, se necesitarán al menos 67 años más para cerrar la brecha promedio de igualdad de género en los medios de comunicación tradicionales a nivel mundial. Nos propusimos no esperar sentadas 67 años a que eso sucediera.
Fuente: LATFEM
Se filtra documento de YPF con
estrategias para «ridiculizar» la
protesta ambiental
Por ANRed, Resumen Latinoamericano, 13 de junio de 2023.
Se conoció un documento de YPF que revela estrategias comunicacionales para manipular y lograr la licencia social para la explotación petrolera off-shore. En el texto se recomienda a una estrategia que «rode los objetivos» y logre «desvirtuar la cuestión de fondo y ridiculizar los reclamos» del ambientalismo. La empresa de «bandera» busca contener la movilización y el rechazo que se dieron en ciudades de la costa atlántica a partir de la habilitación de la explotación petrolera en tres zonas que se ubican frente a las costas de Mar del Plata.
A pesar de contar con el apoyo del oficialismo y la oposición cuando se habilitó la explotación de hidrocarburos off-shore en el atlántico bonaerense, a través de la resolución 436/2021, el lobby petrolero encontró resistencia en la población. Conocidas fueron las asambleas y los movilizaciones llamados «Atlanticazos«, que mostraron que no hay licencia social para dicha actividad y los riesgos que implican.
Y es que existe una fuerte conciencia de preservar el ambiente a lo largo del país. Desde que asumió, el gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos), tuvo dos grandes reveses en términos de querer imponer el extractivismo. El primero fue el 2019, cuando una rebelión en Mendoza que se opuso a modificar la ley 7722 que abría las puertas a la megamineria. Luego, volvió a ocurrir en la provincia de Chubut, cuando una insurreción detuvo la «zonificación minera» que aunó a todo un pueblo en el «Chubutazo«.
El documento interno de YPF filtrado por @xrargentina es de carácter comunicacional y da por sentado que hay una negativa en la población a aceptar la explotación petrolera off-shore. Los términos que se utilizan se acercan al vocabulario de una operación militar contra la “subversión“, en una suerte de aislar, en este caso, a “la guerrilla ambiental” (como menciona el documento al grupo más activo, denominado “los detractores del proyecto”). En este sector, el más radicalizado, también estarían organizaciones ambientales, influencers y partidos de izquierda.
Del lado de la “aprobación del proyecto” (promotores) estan las petroleras, otras empresas interesadas y los funcionarios del Gobierno dispuestos a llevar adelante si hay licencia (Círculo Rojo). Para esto, el documento propone “consolidar” a estos formadores de opinión.
Luego plantea disputar a los otros grupos sociales con diferentes niveles de posicionamiento. Para imponer sus intereses al conjunto de la sociedad, se proponen: «1. convencer mediante cápsulas aparentemente imparciales, con tono periodístico o informativo 2. desgastar a quienes se oponen y a su mensaje 3. generar un clima de miedo al ridículo entre los opositores, ‘emparentándolos con los reclamos más descabellados’ 4. reconstruir una narrativa que tenga ‘víctimas y victimarios’ 5. ‘Ocupar el espacio de los detractores con una exigencia acorde a las necesidades’ «.
En otro pasaje, el documento también señala que «para debilitar a aquellos que movilizan en contra, debemos trabajar no solo sobre el contenido de lo que plantean sino también sobre la percepción del reclamo», dado que consideran que muchas personas se suman a estos reclamos por «moda, sentido de pertenencia o por suponer que están siendo parte de algo más grande y positivo para la sociedad».
Por eso, se proponen como misión «convertir esa moda en un miedo profundo de quedar en ridículo, empatándolo con los reclamos más descabellados y con las formas más incómodas». Como ejemplo de cómo funcionaría ese racionamiento, escriben: «Detener la contaminación suena bien, pero… ¿Quiero ser de esos chicos que le tiran salsa a un cuadro? ¿Soy de la izquierda que quiere matar al capitalismo?«.
En el mismo documento admiten que el rechazo a la explotación off-shore representa a un sector social muy importante y que un debate frontal sería desfavorable para las petroleras. Esto es una importante victoria de la resistencia de las comunidades organizadas. Por eso, las empresas petroleras, conscientes de los impactos socio-ambientales, buscan manipular a la opinión pública y construir un sector del ambientalismo adaptado a sus necesidades.
El Estado, a través de YPF, se está encargando de hacer el trabajo sucio para allanar el camino de la explotación off-shore a empresas transnacionales, en lugar de avanzar en una transición energética con fuentes renovables, que tienen una verdadera aceptación social. Solo miradas de cortoplazo, centradas en la rentabilidad privada pueden entender que la explotación fósil es una opción económica viable para un mundo en llamas.
*Lee el documento completo aquí
No es la primera vez
El documento interno de YPF para manipular la opinión pública no es el primero entre las empresas que buscan doblegar la resistencia de la población para avanzar con el extractivismo. En muchas oportunidades se conoció estrategias de comunición para debilitar a la protesta social, no solo desde las empresas interesadas si no también desde funcionarios de gobierno, que buscan obtener la licencia social muchas veces con vínculos estrechos con las transnacionales.
Uno de los casos resonantes fue en el 2020, cuando se conoció un documento de Yamana Gold (hoy Minera Gold Fields), la multinacional interesada en explotar los Nevados de Aconquija en Andalgalá, Catamarca. En el texto hacía referencia a un «plan de comunicaciones» para «operar» e «influir» en el marco regulatorio y hace «viable» el proyecto Agua Rica.
No hace falta recordar que los pobladores han resistido más de una década los embates desde las multinacionales y los gobiernos en todas las escalas. Las asambleas han padecido represiones y persecusión a cientos de sus participantes. En oportunidades, militarizando los pueblos, como fue en la represión del 15 de febrero del 2010.
El texto de Yamana Gold también divide en «promotores», «neutrales» y «detractores» a las asambleas y organizaciones sociales enfrentadas al proyecyo minero. Entre las recomendaciones, se mencionaban tácticas para acercarse a la población. A estas las llama, desde el lexico empresarial, «stakeholders», apuntando a grupos o individuos que puedan afectar al logro de los objetivos de la empresa.
Fuente: ANRed
Envio:RL
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