El 29 de diciembre de 2022 la Cámara de Casación Penal Sala 11, integrada por los jueces Mahiques, Yacobucci y Ledesma dictó Resolución en la causa CNU en la que prácticamente abrió la puerta a la libertad de la mayoría de los acusados cuya sentencia había dictado el Tribunal Penal Federal de Mar del Plata. Resolvió que no hubo asociación ilícita.

En este contexto, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la Pcia de Buenos Aires, querellante en esa causa, recurrió la sentencia sin ningún éxito hasta la fecha, por lo que decidimos presentarnos en queja ante la Corte Suprema de Justicia.

Para sorpresa de muchos, la presentación en queja sólo se puede hacer si se paga una tasa de Justicia que está en el orden de los $ 400.000, cifra que es de muy difícil acceso para un organismo como Familiares, que no cuenta con ningún tipo de financiamiento, más allá de los aportes como militantes.  Por eso, decidieron junto al resto de Organizaciones de DDHH denunciar lo actuado, la inmoralidad del cobro de esta tasa por parte de la Suprema Corte de Justicia y señalar una vez más quiénes eran los asesinos de la C.N.U. Asimismo están realizando una campaña pública para recaudar fondos.

“Después de largas idas y vueltas con el tribunal de Casación y la Corte de Nación, se logró revertir una situación que se daba con uno de los imputados, Fernando Otero, uno de los verdugos que integraban los grupos operativos de la CNU y que participó de la noche del “5×1”, entre otros hechos. Se lo había imputado por la desaparición y crimen de María del Carmen Maggi, de la que se lo absolvió y ahora estamos en la Corte discutiendo eso. Lo que planteaba Otero era tratar de obtener beneficios en función de una condena anterior que había tenido en una causa en San Juan por el homicidio del diputado Rojas. Él quería tomar todos los beneficios por lo que había pagado en aquella causa en la que fue condenado a prisión perpetua; es decir, unificar la condena y en función de eso obtener la libertad”, manifestó en diálogo con “el Retrato…” el abogado querellante César Sivo.

“A partir de esto se llegó entonces a un nuevo planteo para decir ‘no’ a esa unificación y que Fernando Otero volviera a estar detenido, quien había sido liberado con esa unificación que había pretendido, para empezar a cumplir entonces prisión preventiva hasta que quede firme la sentencia, pero en función de 25 años de los cuales lleva sólo 6“, agregó el letrado.

En este sentido, enfatizó: “Esto es relevante porque marca, entre otras cosas, que para este tipo de delitos hay ciertos beneficios que no corresponden. Lo que marcó la Corte, y esto me parece que es muy importante señalar, es que los que quisieron garantizarse la impunidad no se pueden beneficiar con las normas penales jugando con esta idea de decir: ‘como unos hechos eran del ’75 y los otros eran del 77, si me hubieran juzgado a tiempo, habría tenido una unificación. Si a los acusados no se los juzgó a tiempo es porque buscaron garantizarse la impunidad. En el primer momento, con las leyes de impunidad obtenidas mediante presión, y después, en el caso de Otero, con la fuga. Es decir, primero generaron las leyes para mantener la impunidad y no poder ser juzgados, y después se escaparon. Entonces, hicieron todo eso para garantizar la impunidad y ahora quieren tomar el premio de tener un hecho contemporáneo o cercano en el tiempo, buscar una unificación y decir que ya está cumplido”, dijo y agregó: “Estos beneficios no corresponden porque son delitos de lesa humanidad”.

Asimismo, Carlos Díaz, presidente de la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la provincia de Buenos Aires, dijo: “en Mar del Plata hubo testigos de la causa CNU que fueron demandados civilmente por los genocidas, la única causa de delitos de lesa en la que ocurrió esta aberración. Nosotros hemos mantenido, a pesar de todo y contra todas las adversidades, una coherencia y una perseverancia a la que no vamos a renunciar. La causa CNU, además de la demanda civil contra los testigos, es la única que hemos tenido en Mar del Plata y en la que fueron amenazados y amedrentados abogados y fiscales. Esta gente es peligrosa, no puede andar por la calle”.

Finalmente, agregó: “A nosotros nos falta alguien, un familiar. Y el amor a ese familiar y el amor con que ese familiar militaba es lo que a nosotros nos da la fuerza y la entereza para llevar esta lucha adelante“.

Fuente:ElRetratodeHoy