El juicio contra el exjuez y fiscal de la dictadura comenzaría en octubre
El juicio contra el ex juez federal Pedro Laurentino Duarte y el ex fiscal Victor Marcelo Ortiz, imputados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar, comenzaría en la segunda quincena de octubre, según informaron a LMNeuquén las partes querellantes. Desde las querellas señalaron que "esa es la idea" del Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén aunque no está fijada la fecha. De esta manera el tribunal juzgará, en la causa denominada Escuelita VIII, a los ex magistrados acusados de incumplimiento de deberes, omisión de justicia y prevaricato en más de 25 hechos.
Duarte
había sido designado juez el 8 de julio de 1976 reemplazando a Carlos Arias,
cesanteado por los militares. Antes de ser designado juez federal había sido
auditor del Cuerpo Profesional del Ejército con asiento en Bahía Blanca,
función que venía desarrollando desde 1961. En ese momento solicitó el retiro,
pero no la baja “a fin de conservar un vínculo espiritual con el Ejército”,
como consta en su legajo oficial. Recién en 1982 solicitó la baja. En tanto,
Ortiz fue designado fiscal el 15 de septiembre de 1976.
La
instrucción de la causa se inició en el año 2013 a partir de los diversos
testimonios que se escucharon durante los juicios por parte de los familiares
de víctimas de la dictadura o sobrevivientes de los centros clandestinos de
detención sobre presentaciones judiciales para conocer el destino de los
desaparecidos que habían sido secuestrados en la región.
El ex juez Pedro Duarte durante la audiencia preliminar realizada en junio pasado.
Tanto
Duarte como Ortiz fueron procesados por el juez federal de Neuquén, Gustavo
Villanueva. En el escrito de elevación a juicio, Villanueva precisó la
colaboración expresa que ambos prestaron en distintos casos que involucraron a
desaparecidos y víctimas de la última dictadura: Orlando Cancio, María Teresa
Oliva y su esposo, Enrique Esteban, José Méndez, Darío Altomaro, Susana Mujica,
Josefa Lépori de Mujica, Alicia Pifarré, Miguel Ángel Pincheira, Javier
Seminario Ramos, el del matrimonio de Raúl Metz y Graciela Romero (ambos
desaparecidos cuando ella estaba embarazada de cinco meses), Oscar Alfredo
Ragni, Arlene Seguel, César Giliberto, Mirta Tronelli y Carlos Cháves.
Cabe
señalar que el 6 de junio pasado se realizó una audiencia preliminar con las
declaraciones de la dirigente de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) de
Neuquén, Noemí
Labrune, y el abogado
Guillermo Correa, quien en ese entonces asesoró a familiares de
detenidos-desaparecidos. Esta audiencia preliminar fue solicitada por la
fiscalía y las querellas de la APDH y del Centro de Profesionales por los
Derechos Humanos (Ceprodh) en razón de la edad avanzada de los testigos.
Ante los
jueces que conforman el tribunal, María Paula Marisi, Alejandro Silva y Luis
Foglia, Labrune declaró durante más de tres horas donde recordó las gestiones
realizadas por la APDH y del obispo Jaime de Nevares tanto en el Comando de la
Sexta Brigada del Ejército como en el fuero judicial por la búsqueda de las
personas detenidas y desaparecidas.
La dirigente de la APDH de Neuquén, Noemí Labrune, y el abogado Guillermo Correa, quien durante la dictadura asesoró a familiares de detenidos-desaparecidos
Labrune señaló el trato “despreciable”
que les brindaba el juez Duarte a los familiares que acudían a la Justicia en
busca de información sobre el paradero de los detenidos-desaparecidos. Además precisó que el ex fiscal
Ortiz le respondió que "el sufrimiento físico acerca a Dios", cuando
la dirigente de la APDH se acercó a informarle que en el Comando del Ejército y
en el centro clandestino de detención “La Escuelita”, que funcionaba en los
fondos del Batallón de Ingenieros, estaban torturando a los detenidos.
El
presidente de la APDH, Walter Pérez, sostuvo que los testimonios brindados por
Labrune y Correa en la audiencia preliminar “dejaron al descubierto las
omisiones y la complicidad de Duarte y Ortiz que no dieron curso a los recursos
de habeas corpus ni a ninguna otra acción solicitada por los familiares de
detenidos desaparecidos”.
También
estaba prevista para el pasado 16 de julio las declaraciones de Inés
Rigo de Ragni y Oscar Ragni por las presentaciones que el matrimonio realizó ante la Justicia
desde el secuestro y la desaparición forzada de su hijo Oscar Ragni el 23 de
diciembre de 1976. La misma fue suspendida por la muerte del hijo menor del
matrimonio.
El
abogado Marcelo Medrano, en representación de la querella de la APDH, precisó
que a Duarte y Ortiz "se les imputan participaciones en privaciones
ilegítimas de la libertad y omisiones de deberes de funcionario público, es
decir delitos más vinculados a lo que no hicieron y debieran haber hecho, en
tanto, funcionarios y una participación directa en personas que fueron privadas
de la libertad y/o desaparecidas".
"También
esto está vinculado con los recursos de hábeas corpus presentados por
familiares de víctimas en un contexto que tiene que ver con el papel del Poder
Judicial federal en dictadura en la provincia de Neuquén y además imputaciones
concretas en relación a la forma en que tramitaban los hábeas corpus haciendo
de cuenta que no había dictadura en la Argentina", explicó.
En
Neuquén se realizaron desde el 2008 hasta 2021 siete juicios contra ex jefes
militares y de fuerzas de seguridad nacionales y provinciales por delitos de
lesa humanidad cometidos en la región durante la última dictadura militar. Esta
causa contra los dos magistrados es la primera en la provincia de Neuquén
"que tiene que ver con la imputación al comportamiento del Poder Judicial
en dictadura", destacó el abogado de la APDH.
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