Relaciones peligrosas
El pedido de sanción a dos fiscales por sus dichos a una revista reaviva el
debate sobre la difícil convivencia entre el periodismo y los operadores del
Poder Judicial. No es lo mismo un trabajador de prensa que un empresario de
medios de comunicación.
El pedido de sanción a dos miembros de la Fiscalía Regional Segunda del Ministerio
Público de la Acusación (MPA) por sus dichos a la revista porteña Noticias, reabrió el
debate nunca saldado sobre la relación entre el periodismo y sus fuentes; el alcance
de las políticas de comunicación que se dictan las instituciones públicas; el derecho de
la ciudadanía al acceso a la información y el de la libre expresión de ideas y, en menor
medida pero igualmente importante, el de la concentración de la propiedad de los
medios de comunicación en pocas y poderosas manos. Algo que, sin duda, también
contribuye a lesionar el ejercicio pleno de la libertad de expresión y el acceso a una
información veraz, que no son derechos de las y los periodistas sino de todas y todos.
Las notas
El asunto salió a la luz a partir de un artículo publicado el domingo 2 de julio por el
periodista Hernán Lascano en el diario La Capital, titulado: “Sumarios a fiscales por
una nota periodística: el impacto sobre el oficio de informar”.
La nota da cuenta del proceso disciplinario iniciado por pedido del encargado de prensa
de la Fiscalía Regional Rosario, Sebastián Carranza, a cuatro fiscales que realizaron
declaraciones a la revista Noticias, a pesar de la advertencia en sentido contrario del
propio Carranza.
Se trata de los fiscales Matías Edery, Franco Carbone, Pablo Socca y Valeria Haurigot,
quienes participaron como fuentes identificadas en el artículo de Noticias del 11 de
marzo pasado titulado “Fiscales en peligro”, que da cuenta de la difícil tarea de realizar
investigaciones penales en el contexto de narcocriminalidad de Rosario.
El pedido de Carranza para que la Auditoría General de Gestión del MPA analice las
conductas de los fiscales se funda en su advertencia previa de que participar de esa
nota “no traería ningún tipo de beneficio” a la Fiscalía Regional, puesto que de algún
modo exhibiría la debilidad institucional ante el crimen organizado. Que, como repite
hasta el hartazgo el criminólogo Enrique Font, en Rosario es “desorganizado”.
El propio jefe de prensa del MPA en Rosario había rechazado el pedido de entrevistas
formulado por el periodista de Noticias, que lógicamente insistió en buscar los testimonios
en forma directa con los fiscales.
Según la publicación de Lascano, Edery y Carbone quedaron afuera del reproche porque
sus dichos a la revista fueron realizados con antelación a la advertencia del encargado
de Prensa.
Lo que molestó no pareciera ser la desobediencia de Haurigot y Socca en sí, sino el
contenido de sus declaraciones al medio de comunicación porteño.
“Los narcos están sacados. Tienen penas tan altas que condenarlos a 10 o 20 años más
les parece un chiste”, dice Haurigot en la nota, y agrega: “Es increíble. En las audiencias
se nos cagan de risa”. El reproche a Socca, por su parte, se centra en su declaración:
“No nos matan porque no quieren, no porque no pueden”.
El auditor del MPA, Leandro Mai, analizó el planteo de Carranza y sugirió una sanción
para ambos fiscales al entender que incurrieron en una “falta leve” que consistió en
“falta de prudencia y seriedad en las expresiones utilizadas”. La aplicación de la sanción
está ahora en manos de la fiscal regional, María Eugenia Iribarren, que promovió el
planteo del jefe de Prensa.
En este punto aparece una cuestión importante. Al menos en el caso de Haurigot, los
dichos publicados parecen haber sido realizados en una charla informal, habitualmente
conocida en la jerga periodística como off the record.
Su violación por parte de la revista, si así hubiese sido, constituye una falta ética grave.
Sobre todo si su transgresión no implica una revelación cuya publicación –por ejemplo–
permitiera salvar una vida o evitar un desastre. Arribar a la conclusión de que en Rosario
“los narcos están sacados” y “se cagan de risa” del poder sancionatorio del Estado es
posible con una mera lectura de la información publicada cotidianamente por los medios
de comunicación.
Temor e impotencia
Sancionar a fiscales por exhibir su humano temor o su comprensible impotencia luce
como un exceso, aunque esté entre las facultades del MPA dictar su política de
comunicación como mejor crea conveniente y que, en este caso, buscaba preservar su
autoridad institucional. Es decir, no mostrar una debilidad que es ostensible, y a cuyo
debate público no debería escapar.
Pero es legítima –aunque cuestionable- la decisión de Carranza de “no dar” una nota a
un medio cuando entiende que no es el momento adecuado. Pedir un castigo a dos
representantes de la Fiscalía por dichos que no pusieron en riesgo una investigación ni
boicotearon medidas procesales de un legajo es interpretable, para las y los trabajadores
de prensa, como una limitación al ejercicio de nuestro oficio.
Lo que expusieron los fiscales Socca y Haurigot es, en última instancia, las limitaciones
que posee el sistema penal para resolver el complejo problema de la criminalidad
desorganizada en Rosario, que claramente excede a sus facultades punitivas.
En octubre de 2021, Socca hizo pública esa impotencia, no en una entrevista periodística
sino en una audiencia oral y pública, cuando dijo: “No hay que investigar más a «Guille»
Cantero, hay que sacarle el teléfono. ¿Para qué quiero meter presa a gente que ya está
presa?”.
El planteo daba cuenta de esa complejidad: el jefe de la narcobanda “Los Monos” está
privado de la libertad desde mediados de 2013 –hace una década- y la mayor parte de
las condenas que lo sancionaron, que acumulan penas por un siglo, fueron dictadas
mientras estaba detenido y por delitos endilgados durante su permanencia en prisión.
Algo similar puede aplicarse a la banda dirigida –casi siempre- desde la cárcel por
Esteban Alvarado y a organizaciones delictuales de menor envergadura, cuya rusticidad
operativa e identitaria mancha de sangre algunos barrios populares de la ciudad, donde
sólo se escenifica la violencia de un negocio altamente rentable que también se juega en
decorados más elegantes.
Máxima apertura
Si bien el pedido de sanción va dirigido a dos fiscales del MPA, sus consecuencias se
enlazan con la tarea periodística, como se dijo antes.
El mensaje puede leerse como un intento de “amordazar” o reducir el contacto con la
prensa de los principales protagonistas del reformado sistema procesal penal santafesino,
una de cuyas publicitadas cualidades fue justamente la de sacar del ostracismo y la
oscuridad las decisiones jurisdiccionales antes circunscritas a los superpoderosos jueces
de instrucción.
Tras el conocimiento público del caso a través de la nota de Lascano, el Sindicato de Prensa
Rosario (SPR) y la Asociación de Prensa de Santa Fe solicitaron a través de un comunicado
la “máxima apertura para el trabajo periodístico”.
“Expresamos nuestra preocupación por el hecho que se conoció en relación con la nota
dada por fiscales de Rosario a un medio de comunicación de Buenos Aires y la posibilidad
de que los mismos fueran sancionados por esa acción”, dice el comunicado de las
entidades sindicales.
Y agrega: “Desde los gremios sostenemos que el principio de máxima apertura informativa
en el ámbito estatal es de vital importancia para toda la sociedad”.
A la vez, el SPR solicitó al director de prensa del MPA, Carranza, una reunión con la fiscal
regional Iribarren para tratar el asunto, en lo que concierne a la posible afectación de la
tarea periodística en la que redunda la sanción a Haurigot y Socca. “Entendemos que el
intercambio de opiniones aportará de manera constructiva al imprescindible diálogo que
siempre se mantuvo”, añade con amabilidad el sindicato rosarino.
También sostiene que pedirá una reunión con “la comisión directiva de la Asociación de
Fiscales respecto del comunicado emitido hoy (por el martes 4 de julio) en el que se
formulan consideraciones preocupantes respecto al trabajo periodístico que es
constitutivo de la libertad de expresión y el derecho a la información”. Ahí vamos.
Difícil convivencia
La Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPA emitió un comunicado en el que señala
su apoyo, respaldo y acompañamiento a Haurigot y Socca, y la emprende contra el
ejercicio de la tarea periodística de manera indiferenciada, llegando incluso a confundir a
Lascano con el accionista mayoritario del pulpo multimediático que conduce también el
diario La Capital, el financista Gustavo Scaglione, o con algún gerente del periódico.
El comunicado hace referencia a la difícil “convivencia” entre actores del Poder Judicial y
la prensa y señala que en el actual contexto de criminalidad de Rosario se “impone evaluar
otras cuestiones de suma importancia, tales como el impacto que sobre los mismos
delincuentes puede llegar a tener el acceso a cierta información, fortaleciendo la
proliferación de sus conductas e incluso develando debilidades que les permitan
perpetrarlas con mayor impunidad”.
¿Cantero o Alvarado necesitan conocer por la prensa que las y los fiscales sienten legítimo
temor ante su poder de daño, cuando quedó probado y sancionado con sentencias
condenatorias las instigaciones de balaceras a domicilios de jueces, inmuebles judiciales
y empleados técnicos del MPA?
En el mismo comunicado, la Asociación denuncia un incorrecto proceder de las y los
periodistas al afirmar que “padecemos a diario, supuestos de tergiversación y
descontextualización de declaraciones que efectuamos a la prensa, de publicaciones
incautas de comentarios hechos en «modo off», de frustración de investigaciones por
filtraciones y/o publicaciones que anticipan circunstancias que a la postre obstaculizan
las medidas de investigación, e incluso las tareas de persecución de las personas
sindicadas como autoras de actos criminales”.
La tergiversación y/o descontextualización de declaraciones, lamentablemente, no
pueden ser evitadas por las fuentes de información. Sí es dable un diálogo franco entre
los actores cuando eso ocurre. Aunque la libre circulación de ideas y miradas no implique,
necesariamente, “descontextualizar” dichos de funcionarios.
Lo mismo corre para la publicación de comentarios en off atribuidos a una persona –lo
cual es una clara falta ética-, cuya posibilidad de limitación está claramente del lado de
quien emite el off. Las y los periodistas sabemos que quebrar la confidencialidad de un
comentario hecho fuera de micrófono es una acción reprochable que se comete una sola
vez. La ruptura de la confianza impide una segunda oportunidad.
Así y todo, la difusión pública de estos asuntos es, también, una buena oportunidad para
la reflexión de las y los trabajadores de prensa acerca de los límites, alcances y efectos
de nuestra labor profesional. Dicho de un modo brutal, ninguna primicia vale poner en
riesgo bienes jurídicos de alta valoración comunitaria, como la vida o la integridad de las
personas.
De todos modos, en el caso de la nota de la revista Noticias, y en caso de que se tratase
de la violación de un off de los dichos de Haurigot, su publicación no puso en riesgo
investigación alguna ni medida procesal en trámite.
La Asociación sostiene que “fueron ellos mismos quienes se vieron sorprendidos y
fastidiados al ver la tapa de la revista Noticias y la forma en que fueron insertas en la
nota sus manifestaciones”.
Denuncia la violación del off the record e indica que los fiscales no tuvieron “la posibilidad
de prever cuál sería el producto final, las imágenes, el contexto y la impronta de la nota”.
Es lógico, sino serían editores periodísticos en vez de funcionarios del MPA.
Lascano no es Scaglione
La tentación de controlar lo que se publica en la prensa es tan antigua como los medios
por los que se propala información. Aun a riesgo de errores y usos cuestionables de la
misma, siempre es mejor garantizar los más altos estándares posibles de libertad para
su circulación y publicación en la prensa. Como cualquier otro derecho, el ejercicio de la
libertad de expresión no es absoluto y colisiona con otros de igual importancia, los que
definen sus siempre lábiles límites.
Uno de los elementos que afecta esa garantía, que la lesiona y la socava, radica en la
concentración sin restricciones de la propiedad de las empresas periodísticas en escasas
manos. Un límite que intentó colocar la demonizada Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual.
Haurigot, que cuando estaba en otra unidad de la Fiscalía Regional Rosario le tocó
investigar al gerente de un poderoso multimedio local involucrado en una trama
delictual, conoció esas consecuencias.
Uno de los últimos párrafos del comunicado de la Asociación de Fiscales pareciera
apuntar hacia allí, aunque mezcla niveles.
“Se corrobora que algunos medios de comunicación de la ciudad de Rosario de gran
alcance –dice-, tienen prohibido informar respecto a puntuales investigaciones penales
en trámite que por estrictas razones políticas –o de complicidad- le desfavorecen,
resultando ello una verdadera censura previa, consentida y no resistida por los propios
periodistas locales que hoy rasgan sus vestiduras en defensa de la mentada libertad de
expresión”.
El señalamiento generalizado a “algunos medios de comunicación” no permite advertir, si
como por pura especulación cree El Eslabón, las y los fiscales se refieren a Gustavo
Scaglione, el accionista mayoritario de Televisión Litoral, del Multimedio La Capital y de
varias empresas más del rubro, en Santa Fe y allende sus fronteras. Un poder de facto
cuya capacidad de participación y decisión en asuntos externos al mundo de la información
son cada vez más inocultables.
Tampoco queda claro si quien voluntariamente se rompe la indumentaria es el colega
Lascano, quien publicó una equilibrada nota sobre el asunto y no escapa al debate sobre
la función periodística y sus efectos.
Una pena que quienes no tienen “prohibido informar respecto a puntuales investigaciones
penales en trámite que por estrictas razones políticas –o de complicidad- le desfavorecen”
, no aprovechen esa oportunidad para un ejercicio pleno de la libertad de expresión.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 08/07/23
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