El lugar para los genocidas es la cárcel
El titular de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Rosario, Adolfo Villatte,
y el fiscal ad-hoc Álvaro Baella pidieron que sean revocadas las prisiones
domiciliarias a varios imputados en el juicio de la megacausa Guerrieri IV,
tras pedir penas de prisión perpetua para los dieciséis acusados, entre los
que se encuentran ex militares y ex policías del Destacamento de
Inteligencia 121 y de la delegación rosarina de la Policía Federal.
El lunes pasado, la fiscalía requirió que se revoquen estos beneficios para
los imputados, según consignaron fuentes de la Procuración General de la
Nación.
El Ministerio Público Fiscal fundó esta última solicitud en una resolución
dictada el pasado 7 de julio por la sala III de la Cámara Federal de
Casación Penal, que respondió a una orden de la Corte Suprema -que
intervino por una queja interpuesta por el MPF-, en la cual se resolvió
que debía dictarse una nueva resolución respecto de los ceses de prisión
dado que la situación procesal de los acusados había “variado significativamente”.
Por lo que la fiscalía solicitó su inmediata detención en una cárcel
dependiente del Servicio Penitenciario Federal para los imputados Oscar
Giai, Juan Carlos Faccendini, Juan Félix Retamozo y Osvaldo Tébez.
En una audiencia de alegatos realizada la semana pasada, la acusación
indicó que los acusados seleccionaron a sus víctimas “de acuerdo a la
definición de enemigo que proporcionaban las órdenes secretas de
exterminio”.
“Identificaban al blanco con anticipación y la tortura sistemática de
prisioneros les proporcionaba a los acusados la identificación de nuevos
blancos para secuestrar”, relataron.
Añadieron que, una vez en las salas de tortura, se obligaba a los prisioneros
a confeccionar una biografía personal, se confeccionaban legajos de
detenidos y organigramas con nombres de personas secuestradas, buscadas
y trasladadas con la indicación de destino final.
La fiscalía expuso también sobre la existencia de La Calamita, el centro
clandestino de detención en donde permanecieron cautivas varias de las
víctimas del juicio. El predio, ubicado en la localidad de Granadero
Baigorria, fue ocupado por militares entre 1976 y 1979 para ser utilizado
con aquellos fines en el plan represivo.
Fuente:RedaccionRosario
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