21 de julio de 2023

ROSARIO - SANTA FE.

 


Pullaro tiene con el caso Casco una línea de conducta que mantiene

Policías como "víctimas de una injusticia"

El candidato a gobernador ya había defendido a los policías involucrados con la desaparición y muerte de Franco Casco cuando se desempeñó como ministro de Seguridad.

Por Jose Maggi
"Muchos deberían pedirle disculpas a esos policías", según Pullaro.

El candidato a gobernador Maximiliano Pullaro calificó ayer a los policías detenidos por el caso de la muerte de Franco Casco como "víctimas de una injusticia",  "a quienes habría que pedirles disculpas". Tras la polémica absolución de los efectivos -por parte de dos jueces mientras un tercero votó en disidencia- acusados por la desaparición y muerte del joven detenido en la seccional séptima, Pullaro se metió de lleno en el ojo de la tormenta : “La Justicia habló y habló con mucha claridad después de que seis años policías estén detenidos, en función de la mirada de la Justicia, injustamente. Cuando las causas se politizan, termina pagando gente inocente. Yo nunca opiné pero sí tuve mucho dolor porque hubo policías que estuvieron presos en cárceles federales”, dijo Pullaro tras ser consultado por el caso ayer por la mañana luego de presentar junto al candidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta y su compañero de fórmula Gerardo Morales su plan de seguridad en caso de resultar electos.

“A veces uno siente que se cometen injusticias sobre muchos ciudadanos en la provincia de Santa Fe. Por lo que sentenció, se cometió una injusticia contra los policías y muchos deberían pedirles disculpas a esos policías”, enfatizó Pullaro.

Este martes el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosario, después de un año y medio de audiencias y de haber evaluado las pruebas,  los jueces federales Eugenio Martínez Ferrero y Ricardo Moisés Vázquez absolvieron y devolvieron la libertad a los 19 policías y un civil que llegaron a juicio por el delito de desaparición forzada de persona agravada, entre otros, en el caso de Franco Casco. Mientras un tercer magistrado Otmar Paulucci fue tajante en su voto disidente y encontró responsables de la privación ilegitima de la libertad, torturas y muerte de Casco al jefe de la comisaría Diego Alvarez y dos subalternos, y culpales de encubrimiento a otros seis policías.

Cabe recordar que tres policías que fueron enjuiciados por el caso Casco, ocurrida en 2014 obtuvieron un ascenso en 2016 retroactivo al año del crimen. Así consta en el decreto 757 del 18 de abril de 2016, firmado por las autoridades de aquel entonces: el gobernador Miguel Lifschitz y el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro. Se trata de Enrique Nicolás Gianola Rocha, Pablo Andrés Siscaro y Daniel Augusto Escobar, a quienes se los acusa de encubrimiento agravado.

Estos dos últimos eran agentes adscriptos a la Unidad Especial de Asuntos Internos, acusados por haber ejecutado maniobras de encubrimiento del crimen junto a otros camaradas de esa dependencia. Ambos eran defendidos por abogados que estaban vinculados con el Ministerio de Seguridad y que, además, habrían cobrado sus honorarios con Fondos Reservados.

En tanto a los abogados a los que se les habría pagado con fondos reservados son José Manuel Alcacer y Lucas Peirone, socios en el mismo estudio jurídico y ex funcionarios políticos de la Secretaría de Control del Ministerio de Seguridad, tanto durante la gestión de Raúl Lamberto, como así también en la de Maximiliano Pullaro. De hecho, por esa causa fue imputado el ex secretario de Control de la Policía, David Reniero, quien se desempeñó en ese área del Ministerio de Seguridad cuando Pullaro, ex Frente Progresista, ahora en las filas de Juntos por el Cambio, era ministro. Por lo que en su doble rol, tuvieron acceso a información privilegiada como funcionarios de la cartera de seguridad y, a la vez, abogados particulares de los acusados.

Alcácer, además, fue defensor de Luis Alberto Paz, procesado como jefe de una asociación ilícita dedicada a la venta de drogas y lavado de dinero proveniente del narcotráfico cuando era socio en su estudio jurídico del abogado Peirone. Este a  su vez, fue defensor de Esteban Alvarado, condenado dos veces por estar al frente de una banda narco.

El tema, en aquel momento, llegó a la Cámara de Diputados: "Casco desapareció en octubre de 2014 y apareció muerto 22 días después en el río Paraná. ¿De verdad a al gobierno provincial (en ese momento del Frente Progresista) no le pareció inapropiado que dos abogados vinculados al Ministerio de Seguridad representaran a algunos de los policías acusados de su muerte?", se preguntó el diputado Leandro Busatto.

Fue tal el impacto de esa información, que el 18 de diciembre de 2018, días después de que se conociera esa situación, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, confirmó la renuncia como asesor de Peirone para "aventar cualquier duda".

Según el diputado Carlos Del Frade, Alcácer y Peirone "habían llegado de la mano de Ignacio del Vecchio, ex Secretario de Control en la gestión de Lamberto, un lugar reservado a los radicales que reportaban a Julián Galdeano dentro del partido".

 

BENEFICIADAS

Unas 47.600 Pequeñas y Medianas Empresas de Santa Fe se verán beneficiadas por las medidas de alivio fiscal que anunció el ministro de Economía Sergio Massa para el sector. Se estima que estas empresas generaron más de 339 mil puestos registrados en el sector privado del territorio santafesino, que viene acumulando meses de crecimiento ininterrumpido desde hace meses. En diálogo con Si 98.9, el subsecretario Pyme del Ministerio de Producción nacional, Tomás Canosa, dio a conocer esas cifras y sostuvo: “Las medidas tienen que ver con potenciar la actividad productiva, la prioridad tiene que ver con sostener y potenciar el nivel de actividad”. Las medidas anunciadas tienen que ver con el impuesto al cheque, el anticipo de Ganancias y el IVA; además de créditos a tasas subsidiadas.



Brilloni inauguró los inhibidores de señal en Piñero

Un freno al uso de los celulares

El Ministro de Seguridad presentó el sistema neutraliza la telefonía celular y lo calificó como "un salto cualitativo".

Piñero es la primera cárcel en poseer un sistema "único" en el país. . Imagen: Prensa Gobernación


"Es un salto cualitativo", aseguró el ministro de Seguridad Claudio Brilloni al dejar inaugurado el nuevo sistema de neutralización de la conectividad por telefonía celular en el penal de Piñero. Se trata de una tecnología para inhibición de señal de los aparatos y así evitar comunicaciones deliberadas de presos, sobre todo en relación a la polémica y reclamos en torno a la situación de aquellos señalados como de "alto perfil", que según diferentes investigaciones judiciales siguen operando desde los lugares de detención, para la comisión de hechos de violencia que vienen generando repercusión en los últimos meses. La idea es que el sistema se extienda a otras cárceles de la provincia.

Desde el Ministerio de Seguridad se indicó que se trata de un sistema pionero en el país, que fue desarrollado por el INVAP (empresa dedicada al diseño y construcción de sistemas tecnológicos complejos) con aparatología proveniente de Israel, país iniciador en el desarrollo de tecnología para la defensa y la seguridad.

Con el nuevo sistema de bloqueo de señal, la Unidad Penitenciaria Nº 11, en la localidad de Piñero, es la primera de la provincia en poner en marcha una implementación "única en el país", donde además ya funcionan otro tipo de tecnologías como son los body scanner y arcos detectores de metal en el control de ingreso de objetos -también en Las Flores y Coronda-, que ya arrojó resultados en más de un intento por entrar teléfonos celulares, y no solo de parte de visitantes, sino también de personal penitenciario y hasta de abogados particulares.

El ministro de Seguridad provincial estuvo este jueves en la inauguración del sistema que consiste en ocho antenas que emiten una señal de interferencia hacia la red celular y de datos dentro del predio. Las mismas irradian una onda que neutraliza la conectividad en el espacio que ocupa ese establecimiento, dependiente de la Dirección de Servicio Penitenciario santafesino, y cualquier teléfono que intente buscar señal encontrará esta inhibición.

Según explicó Brilloni, “el sistema anterior ya había quedado obsoleto por las nuevas tecnologías que van siendo incorporadas en materia de comunicación”, aclaró. En ese sentido, dijo que con "directivas expresas del gobernador" Omar Perotti y teniendo en cuenta que en investigaciones penales está "harto probado el vínculo entre las cárceles con el territorio, la gestión de colocación de inhibidores comenzó hace un año y medio, para que esté acorde a las nuevas comunicaciones como el 4G y otras". 

El sistema fue desarrollado por el INVAP, empresa ubicada en Bariloche y dependiente del gobierno de Río Negro, en base a tecnología israelí. "Esto implica una erogación de un millón de dólares", señaló el titular de la cartera de Seguridad provincial. Y agregó: “Ya pasada la etapa de prueba técnica, empezamos con la fase uno que es el inicio de la inhibición total en el interior de la cárcel de Piñero. Luego seguiremos con los penales de Las Flores, de Coronda, y del resto de las penitenciarías de la provincia de Santa Fe”, señaló el funcionario.

Con la nueva modalidad, van a tener "los controles artesanales por parte del personal al ingreso, a lo que se sumaron los scanner y estos inhibidores", detalló sobre la modalidad y sistemas disponibles. 

Según indicó Brilloni, las comunicaciones de los internos están "garantizadas" a través de "regímen de visitas y líneas telefónicas fijas en los pabellones". Al mismo tiempo, dijo que "si bien es cierto que en esta fase habrá momentos de paréntesis en el marco de la implementación, todavía se deben ajustar cuestiones desde lo operativo. El objetivo es que ningún interno que intente delinquir, con el exterior, tenga comunicación" para ello. 

El sistema se puede controlar de manera remota y están instalados de manera estratégica en el perímetro. Actúa sobre el predio de manera indiscriminada dentro de la unidad y no en el exterior. Frente a ello, se mantienen las líneas autorizadas a partir de un refuerzo de telefonía IP, internos, y también comunicación de handies por VHF.

Desde el gobierno provincial agregaron que, inicialmente, Invap realizó un relevamiento de campo donde dimensionó el sistema, haciendo simulaciones de coberturas de señal, para analizar qué potencia debían tener los equipos de inhibición. 

Luego de un análisis de mercado de distintos tipos de tecnologías se seleccionó a la empresa proveedora, proveniente de Israel, para trabajar sobre el diseño del equipamiento. Asimismo, Invap participó de testeos de fábrica en el lugar de origen y, finalizado el proceso de importación, comenzó con la instalación, configuración y puesta en marcha a cargo de ambas prestadoras.

Finalmente, se llevó adelante el proceso de instalación en lugares estratégicos para inhibir los sectores de interés, teniendo en cuenta la autonomía en el abastecimiento de energía eléctrica y el monitoreo interno y remoto.



Horacio Rodríguez Larreta y su plan de seguridad

Ejército, gendarmes y Táser

El precandidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) y jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, propuso en el mismo acto “una revolución de la seguridad en Argentina”, al lanzar sus 14 propuestas sobre esta problemática en la ciudad de Rosario, durante una actividad proselitista en la que estuvo acompañado por su compañero de fórmula, el gobernador jujeño, Gerardo Morales y postulante a la gobernación de Santa Fe Maximiliano Pullaro. “Se trata de lanzar medidas urgentes y estructurales para hacer una verdadera revolución de la Seguridad en la Argentina. Queremos recuperar la paz y tranquilidad para todos los ciudadanos. El miedo no es vida, dejaron avanzar las mafias de la droga, la violencia. Por eso venimos para abordar estos temas con medidas concretas, no discursos a los gritos, ni con slogans”, señaló Larreta.

Al exponer en un acto realizado en el Parque de las Colectividades de Rosario, el alcalde porteño consideró necesario, para lograr las metas que se propone, que “las fuerzas federales trabajen codo a codo con las provincias para combatir el narcotráfico”.

“Vamos a mandar al Ejército a cuidar nuestra soberanía. A blindar la frontera para que no entren drogas ni armas. Eso nos va a permitir liberar a 10.000 gendarmes y enviarlos a las zonas más calientes de la droga. A Rosario, a (el partido bonaerense de) San Martín, la zona oeste de conurbano y el sur de Córdoba”, aseguró.

Además propuso “crear un grupo de elite con mejores hombres y mujeres de todas las fuerzas, una suerte de FBI que controlaran las mafias de delitos complejos”.

“Vamos a impulsar y a aprobar en el Congreso la ley de extinción de dominio para sacarle los bienes a los narcos mientras se resuelve su condena. Vamos a construir módulos en cárceles con inhibidores de señal. No puede ser que desde allí se den ordenes. Las prisiones deben estar lejos de las grandes ciudades”, remarcó.

El precandidato presidencial dijo también que “con los diputados y senadores vamos a proponer y aprobar un nuevo código penal, ya que los delincuentes se modernizaron pero el código no”.

“Vamos a impulsar un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil entre 14 y 18 años para que los jóvenes nos sean usados como soldaditos para los narcos. Un chico que cometió un crimen no puede estar en la calle. Vamos a impulsar el sistema acusatorio federal y a promover juicios por jurados”, subrayó.

En cuanto al equipamiento de las fuerzas de seguridad, Larreta impulsará un “acuerdo con gobernadores para que los efectivos tengan como mínimo un año de entrenamiento”, y adelantó que dotará a los uniformados de ” chaleco antibalas, arma reglamentaria y pistolas Taser”, junto con “mejoras salariales, acceso a la vivienda y cobertura de salud”.

“Invito a todo los argentinos a que soñemos un país en paz donde los narcos no tengan cabida, donde los que rompan la ley vayan a la cárcel”, sintetizó.


Unas 200 denuncias más contra el financista Herrera

La estafa que es como un iceberg

El fiscal a cargo salió a ordenar el tropel de damnificados luego del fraude piramidal del expresidente del Rofex.

Luis Herrera, de 65 años, fue detenido en diciembre de 2021.

La estafa que perpetró el financista y expresidente del Mercado a Término de Rosario (Rofex), Luis Alberto Herrera, se convirtió en un asunto de interés público y obligó al fiscal que lo investiga a realizar una comunicación abierta para procurar calma al aluvión de damnificados que no paran de acumular denuncias contra el acusado. Ayer reveló que en los últimos meses se acumularon más de 200 denuncias contra Herrera y sus cómplices. Por eso la Fiscalía prepara una nueva tanda de audiencias imputativas, con más involucrados, para sumar a los ya 85 hechos delictivos probados por un monto superior a los 5 millones de dólares birlados a inversores que le habían confiado su dinero.

El fiscal Miguel Moreno, de la división Delitos Económicos de la Agencia de Delitos Complejos en el Ministerio Público Fiscal, divulgó ayer un mensaje en video en relación a la causa que se abrió en diciembre de 2021, con las primeras denuncias contra el financista y titular de la agencia de bolsa Fernández Soljan SA, quien gozara antaño de prestigio en la city rosarina. 

Después del inicio de la pesquisa, el equipo de Moreno estuvo 11 meses procesando las pruebas de una estafa colosal, inadvertida hasta entonces mas que por rumores que circulaban en el ámbito bursátil de la ciudad. Herrera quedó imputado junto con su esposa y dos de sus hijos en noviembre del año pasado por los delitos de estafa, administración fraudulenta, asociación ilícita y lavado de activos.

La Justicia confiscó diversos bienes de la familia que habrían sido adquiridos en simultáneo con la desaparición de los fondos que el expresidente del Rofex administraba.

Moreno pidió entonces prisión preventiva para los cuatro, pero la jueza Paula Álvarez se negó en primera instancia, y la Cámara de Apelaciones también. La imputación obedeció a 65 denuncias que revelaron 85 hechos de estafa. En general, consistieron en la captación de dineros de particulares con la promesa de generar dividendos a través de gestionarlos en la cartera de inversiones que invocaba Fernández Soljan y otras sociedades creadas a posteriori. Se trató, según la investigación, de una estafa piramidal urdida desde por lo menos 2017. En los primeros tiempos el dinero fluyó, hubo inversores que incluso pudieron hacer retiros parciales y totales de lo invertido, cobrar utilidades, pero luego la rueda se trabó y empezaron los problemas.

Después de la imputación en noviembre, aparecieron muchos más damnificados. Por eso Moreno reveló ayer: "Se agregaron más de 200 denuncias que nos lleva un tiempo importante procesarlas y comprobar los extremos que contienen como para probabilizar los hechos delictivos que se denuncian en ellas. Estas próximas imputaciones nos llevarán un tiempo, así que lo haremos por tandas de a 60 o 70 denuncias para hacerlas en un tiempo razonable y de manera procesable para el juez a cargo", dijo.

El fiscal procuró transmitir calma a las personas damnificadas que aparecieron tras la detención de Herrera y sus familiares. "A quienes denunciaron y aún no imputó esas denuncias debo decir que la Fiscalía estará actualizando información a medida que se avance en la investigación y lleguemos a cada caso", aclaró el funcionario del MPA.

Moreno intuye que en esos cuatro años la cantidad de inversores timados por el financista puede haber sido mayor de lo que hasta ahora se sabe. Por eso exhortó "a las personas que se consideren defraudadas por Herrera y las demás imputadas" a formular denuncia "a través de un abogado, vía Internet o en un Centro Territorial de Denuncias".

Al respecto, especificó las cuestiones que a la Fiscalía le interesa conocer en cada caso para avanzar mejor en la pesquisa: "Saber cómo llegaron a vincularse con Herrera o con la firma Fernández Soljan, y quién en esa estructura les ofreció el negocio en el cual decidieron invertir. Quiénes son las personas que recibieron el dinero del damnificado, y quiénes entregaron el dinero cuando el denunciante hizo un retiro. Quiénes son las personas que dijeron que había problemas financieros para poder entregar el dinero, y cuáles problemas invocaron para no poder hacerlo", enumeró el fiscal. Y por último, pidió saber "cuándo fue el ultimo contacto que el denunciante tuvo con esta gente ante los reclamos por el dinero no devuelto". Con todo eso, Moreno añadió la necesidad de que cada denunciante acompañe su relato con documentación de respaldo.

Herrera, de 65 años, fue detenido en diciembre de 2021 con su esposa y dos hijos, en un raid de allanamientos a sus propiedades en el barrio La Florida, Granadero Baigorria, Timbúes y Pueblo Esther. La estafa imputada hasta ahora probó un desfalco de 5 millones de dólares, 34 mil euros, más la evaporación de otros USD 700 mil de cuentas comitentes en la agencia Fernández Soljan.

Fuente:Rosario12


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