Boleto Educativo Gratuito en Rosario
Solo funciona con la SUBE
Finalizado el receso invernal, el programa que beneficia a más de 315 mil usuarios, entre estudiantes, docentes y asistentes escolares, vuelve a funcionar.
A partir de hoy se reanuda el uso del Boleto Educativo Gratuito (BEG) en la provincia con la particularidad de que en el Transporte Urbano de Rosario solo funcionará con la Tarjeta SUBE. De un total de casi 125 mil rosarinos y rosarinas que cuentan con el beneficio, el 65% completó el traspaso y podrá utilizar el beneficio sin inconvenientes. En el caso del 35% restante que todavía no realizó el trámite para pasar el BEG a la SUBE, no podrán contar con los dos pasajes gratuitos diarios hasta tanto no completen el traspaso. Desde el gobierno provincial aclararon que no hay una fecha límite para hacerlo y se podrá realizar en cualquier momento mediante tres simples pasos. Misma situación ocurre con el medio boleto estudiantil de la Municipalidad, que solo funcionará con la SUBE.
Finalizado el receso invernal, el programa del gobierno provincial que beneficia a más de 315 mil usuarios en Santa Fe, entre estudiantes, docentes y asistentes escolares, vuelve a funcionar. Si bien para las líneas interurbanas el sistema se venía utilizando sin inconvenientes con la Tarjeta SUBE, en Rosario el beneficio estaba asociado inicialmente con la tarjeta Movi para las líneas urbanas. Con el desembarco del plástico nacional en la ciudad, se inició un proceso para que todos los beneficiarios rosarinos que hicieron el trámite por primera vez del BEG y aquellos que lo renovaron para este año, puedan utilizarlo solamente en la SUBE. Por eso, desde hoy el beneficio solo funcionará con esa tarjeta nacional, quedando inhabilitado en las Movi que ya lo tenían registrado.
De acuerdo a los datos brindados a Rosario/12 por Juan Rober Benegui, director del programa Boleto Educativo Gratuito, del total de 124.491 beneficiarios que lo utilizan en el Transporte Urbano de Pasajeros de Rosario, el 65% completó exitosamente el traspaso y podrá utilizarlo sin inconvenientes en los colectivos rosarinos a partir de hoy. Por el contrario, el 35% restante, que equivale a unas 43.572 personas, entre estudiantes, docentes y asistentes escolares de los niveles inicial, primario, secundario, terciario y universitario, no podrán hacer uso del beneficio hasta que no realicen el trámite de traspaso de la Movi a la SUBE. En ese sentido, el funcionario provincial aclaró: “Lo más importante a destacar es que el traspaso no tiene fecha límite. Se puede hacer en cualquier momento, pero hasta tanto no se complete, el usuario que no lo hizo no va a poder hacer uso del beneficio”.
Para aquellos beneficiarios que todavía no realizaron el trámite correspondiente, Benegui explicó que se puede realizar mediante tres simples pasos. El primero es adquirir una tarjeta SUBE en alguno de los 471 puntos habilitados para su venta en la ciudad, que pueden encontrarse en el sitio web tarjetasube.sube.gob.ar. El segundo paso es registrar esa tarjeta a nombre de quien use el beneficio. Para eso, el registro se puede hacer virtualmente ingresando a argentina.gob.ar/sube. “Ahí les van a pedir algunos datos personales como número de trámite de documento, correo electrónico, entre otros”, mencionó el director del BEG. El trámite para personalizar la tarjeta también se puede hacer de forma presencial en alguno de los centros de atención BEG que hay en la ciudad: en todos los Centros Municipales de Distrito (Centro, Norte, Noroeste, Oeste, Sudoeste y Sur), en la sede de Gobierno (Santa Fe 1946) o en la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno (Cafferata 702).
Una vez personalizada la tarjeta solo queda un tercer paso presencial que es apoyar la tarjeta ya registrada en una Terminal Automática Sube (TAS), hasta que la pantalla de la misma indique que el beneficio está activo. Para encontrar la ubicación de las 30 Terminales que hay en la ciudad, se puede buscar la más cercana mediante el mapa que está disponible en la página web tarjetasube.sube.gob.ar. Vale mencionar que hay una TAS en cada facultad de la Universidad Nacional de Rosario, en Centros de Salud, en los distritos y en algunos bancos y centros culturales. Además, la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno cuenta con una que funciona las 24 horas. Concluido este último paso, el beneficio de los dos pasajes gratuitos diarios que otorga la provincia podrá seguir utilizándose en el transporte urbano.
Por su parte, desde mediados de junio la Municipalidad comenzó también con el traspaso del beneficio del medio boleto estudiantil de la tarjeta Movi a la SUBE. En este caso, los estudiantes rosarinos podrán acercarse con el DNI a cualquiera de los 6 puntos habilitados de la campaña de registración del sistema Sube (en los CDM Sur, Sudoeste, Oeste, Norte y Noroeste de 8 a 16 o en la Terminal de Ómnibus de 8 a 19), para migrar su beneficio. Pueden llevar una tarjeta Sube que tengan o adquirir una en el momento a precio bonificado de $200. En caso de no haber realizado la renovación para este ciclo lectivo, deben hacerla y obtener la aprobación antes de acudir a los puntos de registración. El trámite es totalmente online a través de rosario.gob.ar tanto para el medio boleto estudiantil como para el universitario.
MOCHILAS
Medianoche en el centro oeste de la provincia. Personal de la Policía de Seguridad Vial realiza controles de rutina por alcoholemia en el cruce de las rutas 2 y 39 en el departamento San Cristóbal. Detienen la marcha de una camioneta jeep pero el conductor acelera y emprende la huida. Sus dos acompañantes bajarán algunos metros después y correrán hacia un campo donde tiran dos mochilas. Los policías atrapan a los jóvenes bolivianos a la vera de la ruta y constatan que en el interior de los bolsos había casi 42 kilos de cocaína.
Cuestionamientos a la justicia federal
"Jueganpara la tribuna"
La diputada Bruera dijo que "el narcotráfico casi no pasa por los tribunales federales, siguen apuntando al narcomenudeo”.
A partir de un nuevo informe de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), que dio cuenta que en 2022 se iniciaron un 39% más de causas que en el 2021, la diputada provincial Matilde Bruera cuestionó que la mayoría de las causas de la justicia federal sobre drogas son por tenencia para consumo. “Esto pasa porque juegan para la tribuna. Yo lo he dicho más de una vez, el narcotráfico casi no pasa por los Tribunales Federales", sentenció la también abogada y ex defensora pública.
Los datos de la Procunar que dieron pie a las críticas de la legisladora indican que el 77% de las causas judiciales de 2022 fueron iniciadas por tenencia de estupefacientes para consumo personal. De acuerdo al informa, las mismas pasaron de 5.318 a 9.413, un valor similar al de 2018, cuando se relevaron 8.202. Al respecto, Bruera cuestionó que "a pesar de que ha sido declarado inconstitucional por un montón de jueces y hasta por la Corte Suprema, los Tribunales Federales siguen apuntando al narcomenudeo". En ese sentido, evaluó que las causas de tráfico que aparecen en esas estadísticas son menores y no de grandes bandas.
A partir de esto, la diputada provincial recordó su época como defensora pública: "En ese momento teníamos estadísticas y hacíamos ese análisis, sobre qué tipo de tráfico era el denunciado. Teníamos más del 85% de las causas federales de estupefacientes y eso es una prueba de qué tipo de tráfico, porque las grandes bandas buscan abogados particulares y no a la defensoría pública. Y ahora la persecución a los consumidores se va a acentuar”, analizó la también abogada, quien logró en el famoso caso Arriola, que la Justicia abandonara la persecución a consumidores. En ese sentido, durante su trabajo en la Justicia Federal, denunció que mujeres y niños que se encontraban en los bunkers de droga, eran víctimas de trata de personas
Metiéndose en la campaña electoral de Santa Fe, Bruera mencionó que “nosotros hemos escuchado al candidato a la gobernación, Maximiliano Pullaro, traer a la discusión de la desfederalización del narcomenudeo. Todo el mundo quiere dedicarse a perseguir al narcomenudeo y nadie persigue al narcotráfico”, apuntó. Siguiendo con su análisis, la legisladora peronista planteó: “Se han desfederalizado algunas causas concretas como la de Los Monos o la de Esteban Alvarado, que cae por un homicidio. Para mí, la causa de Los Monos debería haber transitado en los Tribunales Federales, pero son causas puntuales. En general los Tribunales Provinciales no intervienen en causas de tráfico de drogas”.
Por otra parte, Bruera se refirió al anuncio del gobierno nacional sobre las nuevas Fiscalías Federales que se van a instalar en breve y planteó: “Si se abren estas nuevas fiscalías que se prometen, es probable que haya algo más de recursos para la Justicia Federal, pero si no cambia la política criminal eso no va a servir, no va a alcanzar", sentenció. Además, agregó: "Si van a haber 15 fiscales más persiguiendo consumidores o pequeños vendedores sólo lograran tener más presos pero no terminar con el problema de fondo”.
La diputada provincial también se refirió al trabajo de la Policía en Santa Fe, indicando que “uno de los grandes problemas es la reforma policial porque la policía santafesina está muy corrompida". Relacionándolo con la discusión por el narcomenudeo, Bruera indicó: "Me causa gracia porque todos hablan de desfederalización del narcomenudeo y la Policía Federal acá no ha participado de la persecución del mismo salvo en raras excepciones. Acá quien maneja la persecución del tráfico de drogas es la policía provincial a partir de sus organismos, conformando organizaciones narcopoliciales”, concluyó.
Fuga y vaciamiento
Este lunes se cumplieron tres años del retroceso presidencial en la fuga y vaciamiento de Vicentin. El 31 de julio de 2020, la agencia Telam informaba que el presidente Alberto Fernández, a través de un mensaje de twitter, dejaba sin efecto el DNU 522 del mismo año que había dispuesto la intervención de Vicentin por sesenta días y el envío de un proyecto de expropiación de la empresa al Congreso de la Nación por considerarla de utilidad pública. Agregaba el Presidente que "el juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía. Ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019". Añadía que "no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo".
Tres años después de este retroceso político, el grupo Vicentin sigue debiendo 1.600 millones de dólares; no ha dicho una sola palabra de la fuga de 791 millones de dólares ente agosto de 2019 y enero de 2020; propone un pago a quince años y solamente por el veinte por ciento de la deuda; ha logrado el silencio del gobierno de Omar Perotti y de las bancadas socialista, radical, del PRO y sectores celestes en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Provincia de Santa Fe como también del senado santafesino; el juez Fabián Lorenzini ha vuelto a conceder plazos para los empresarios en un hecho más vinculado a la construcción de la impunidad que a la justicia; se ha logrado la casi total extranjerización del comercio exterior de granos en la Argentina, la principal fuente de riquezas del país y miles de trabajadores que dependen de las 33 empresas del grupo tienen más angustias que seguridades sobre su continuidad laboral, especialmente los que hicieron grande al consorcio en su cuna geográfica, el norte profundo de Santa Fe.
Diputado provincial por el Frente Amplio de la Soberanía.
Estudio sobre política pública de seguridad en Rosario
La tesis del comandante
El trabajo académico de un jefe de Gendarmería propone un programa de 6 años para reducir al 50 por ciento la tasa de homicidios.
Alejo Bonfiglio es comandante de la Gendarmería y acaba de publicar una tesis para la para la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad Austral sobre el despliegue de fuerzas de seguridad federales en Rosario. Su investigación se complementa con una propuesta de política pública de seguridad bajo un comando unificado a nivel nacional y un consejo provincial, dividir a la ciudad en seis sectores, cada uno de los cuales será asignado a una fuerza de seguridad. El programa -dice el gendarme- contempla una duración de "76 meses" para reducir "al 50 por ciento" la tasa de homicidios, heridos y robos.
La Universidad Austral -ligada al Opus Dei- dio a conocer el informe del alumno Bonfiglio, quien es además técnico superior en seguridad pública, licenciado en relaciones internacionales y especialista en inteligencia estratégica. "Desde el 2014, los despliegues de las fuerzas de seguridad y policiales federales en la provincia de Santa Fe han sido la herramienta elegida por las distintas administraciones nacionales para enfrentar la inseguridad. Pero el envío de efectivos no ha dado los resultados esperados", señala el comunicado de prensa.
Para Bonfiglio, comandante de la Gendarmería, esta medida debería enmarcarse en un plan estratégico más amplio, “que involucre a todos los niveles de gobierno”. "Elaboramos un programa que incluye la transferencia de capacidades al Gobierno provincial y el establecimiento de mecanismos de participación ciudadana”, explica.
Bonfiglio cuestiona que "temas claves como la reforma policial, la ampliación de las capacidades de la Justicia y de los respectivos ministerios públicos fiscales, el aumento de las plazas carcelarias, el incremento presupuestario destinado a seguridad, la modificación al régimen penal juvenil e inclusive cómo el Estado, desde sus respectivos niveles de gobierno, planifica recobrar su lugar perdido y cooptado por organizaciones delictivas, no figuran en ninguno de los compromisos suscriptos entre el gobierno provincial y el nacional". "Tampoco hubo objetivos cuantificables y verificables para reducir los índices de victimización, ni metas respecto a la sensación de inseguridad", agrega.
En su tesis, Bonfiglio detalla un programa de despliegue de fuerzas de seguridad y policiales, impulsado en coordinación y complementación con la policía provincial y bajo un comando unificado. “Deberán crearse dos estructuras: un comité a nivel nacional y un consejo de complementación a nivel provincial”, detalla. Rosario deberá dividirse en seis sectores, cada uno de los cuales será asignado a una fuerza de seguridad.
El programa, que contempla una duración de 76 meses, incluye metodologías para asignar recursos. Bonfiglio propone como objetivo final la reducción del 50 por ciento de la tasa de homicidios, la tasa de personas heridas por armas de fuego, la tasa de abuso de armas y la tasa de robos. “Las metas tienen que poder ser monitoreadas de forma permanente, pero no solo desde los distintos niveles del Estado, sino también desde la propia ciudadanía mediante una participación activa”, propone. Para esto, resalta la necesidad de crear “centros de monitoreo urbano, con presupuesto y empleados municipales, y vinculados con la labor policial, para garantizar una respuesta más efectiva. Otro aspecto clave para complementar el despliegue de fuerzas de seguridad es incrementar las capacidades de la policía de la provincia, a través de una mayor inversión en seguridad".
En 2021, Bonfiglio señala que la provincia de Santa Fe destinó el 7,72 por ciento del presupuesto a seguridad, un porcentaje muy por debajo de lo que asignaron otras provincias como Salta o Córdoba, que tienen una tasa de homicidios más reducida. “El presupuesto impacta directamente en los recursos que son destinados al pago de haberes, inversión en tecnología, recursos logísticos, infraestructura, capacitación, entre otros. Considerar los daños que genera el delito como costos nos permite desarrollar la justificación de la inversión en seguridad, en virtud de que los beneficios son mayores”, resalta Bonfiglio. “Es mucho más costoso mantener todo un sistema que persiga a quienes cometen delitos, que el trabajo que se puede hacer para evitarlo”, concluye.
Fuente:Rosario12
El Concejo tratará la regulación de la app
“En ninguna ciudad del mundo Uber se ha adaptado a la norma vigente”, afirmó Horacio Yannotti, titular del Sindicato de Peones de Taxis (SPT). Sobre la discusión en el Palacio Vasallo, agregó: “Pretendemos que se le exija a las aplicaciones lo mismo que los taxis”.
En la reanudación de la tarea legislativa en el Concejo Municipal tras el receso, las y los ediles que integran la comisión de Servicios Públicos volverán a debatir sobre la regulación de aplicaciones de transporte como Uber. Desde el gremio de choferes apoyan posibles medidas regulatorias, aunque desconfían que la empresa extranjera acate la norma.
“Me parece positivo que haya una regulación. Lógicamente, nosotros pretendemos que lo mismo que se le exija al taxi, también se le exija a las aplicaciones, tanto locales como extranjeras”, aclaró Yannotti, secretario general del SPT, aunque expresó sus dudas al respecto ya que “históricamente, en ninguna ciudad del mundo Uber se ha adaptado a la norma vigente”.
El dirigente sindical sostuvo que “por más que digan que esta ordenanza le viene como anillo al dedo a Uber, no es así”. Y agregó: “Nosotros somos conscientes de que para trabajar en un servicio público hay un montón de ordenanzas que cumplir, muchos reglamentos y no creemos que Uber se adapte a esto”.
De todas maneras, el referente de los trabajadores taxistas aclaró que “me parece bien que se legisle, e incluso modernizar algunas legislaciones que hay, porque estamos con ordenanzas que ya tienen más de 30 años”.
Escuelas santafesinas
Las escuelas santafesinas retornan este lunes a las clases, tras el receso de invierno. A las 17, en la capital provincial, los gremios docentes volverán a sentarse en la mesa paritaria para discutir salarios. Amsafé y Sadop Rosario ya adelantaron que pretenden ganarle a la inflación y alcanzar en esa negociaciones una cláusula de actualización de los sueldos.
La semana pasada el ministro de Trabajo de la provincia, Juan Manuel Pusineri, confirmó que este lunes se retomarán las negociaciones paritarias con los docentes y la administración pública. “En marzo se acordó que la convocatoria iba a suceder luego del receso escolar. Con el sector docente se estableció el 31 de julio como la fecha para el reinicio de la reunión”, precisó el funcionario.
Recordó que en el ámbito de la provincia las convocatorias son prácticamente simultáneas para todos los gremios. “La mecánica -dijo- implica en una primera ronda escuchar cuáles son las miradas, los objetivos y los intereses que plantean los representantes de los trabajadores. Una vez que se tienen esos elementos se empieza a estar en condiciones de hacer una oferta salarial”.
Pusineri repasó que en julio “ya está previsto un nuevo incremento del 8 por ciento en los haberes, que ya viene del acta paritaria que se firmó en el mes de marzo”. Para el funcionario la discusión paritaria estará centrada en lo que será el segundo tramo del año, esto es conocer “cuál es la expectativa que manejan los gremios” y tene en cuenta “la paritaria nacional y sobre la paritaria que se negocia en otras provincias”.
Eso sí, el ministro de Trabajo adelantó -a título personal- que si bien no se iniciaron las conversaciones la tendencia es “privilegiar acuerdos más cortos, trimestrales, cuatrimestrales; depende de los gremios, los sectores”, y que “es razonable que eso sea así en función que el nivel inflacionario está en los índices que estamos viendo”.
Qué dicen los gremios docentes
Amsafé provincial y Sadop Rosario ya adelantaron que van por un aumento salarial que le gane a la inflación y para eso quieren discutir también una cláusula de actualización de los sueldos docentes.
El secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, destacó que en la agenda del gremio docente público están los salarios y las condiciones de trabajo, como las titularizaciones docentes y las relacionadas con la implementación del Plan 25, entre otros temas. “Siempre con los mismos objetivos: poder mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje, más derechos para las trabajadoras y los trabajadores, y fortalecer la escuela pública”, indicó.
Respecto del punto clave de las paritarias que son los salarios docentes, el dirigente destacó: “Hay que debatir de qué manera encaramos la segunda etapa del año. Estamos pensando en dos líneas, una que tiene que ver con un incremento salarial, para recuperar el poder adquisitivo; pero también creemos que es importante en una economía tan inflacionaria, tan inestable como la que estamos atravesando, buscar alguna cláusula de actualización automática que nos dé la garantía de no perder ante la inflación”.
Y añadió: “Esperemos que haya voluntad política para que podamos acordar. Este es el objetivo con el que vamos los trabajadores. Nuestro objetivo es poder mejorar las condiciones de trabajo, poder mejorar el salario, poder mejorar la escuela pública”.
El secretario general del Sadop Rosario, Martín Lucero, anticipó que llegarán a la mesa paritaria con el pedido de un 50% de actualización en los salarios, además de una cláusula de actualización automática con la misma meta de no quedar detrás de la inflación.
“Con el sueldo de julio cobraremos en los primeros días de agosto el último tramo del aumento que acordamos: un 8 por ciento. Si hacemos un prorrateo de la inflación durante los primeros seis meses de este año, el promedio es un 8,5 por ciento, de modo que pediremos una cifra cercana al 50 por ciento y con cláusula gatillo, que fue lo mismo que pedimos a principios de año y terminó siendo beneficiosa porque evitó que los salarios perdieran poder adquisitivo de manera brusca”, señaló Lucero en declaraciones a LT8.
Fuentes: Santafe.gob.ar, Amsafé, Con la Gente
Aumento por más del 50% y cláusula gatillo, el planteo de docentes y estatales
Hoy se reanuda la mesa de discusión salarial entre la Provincia y el sector público. Empiezan los sindicatos de maestros y empleados provinciales. Quieren recuperar lo perdido por inflación y algo más. Para ello, exigirán reinstalar la actualización automática de aquí a fin de año.
Provincia y empleados públicos vuelven a reunirse este lunes en mesa paritaria. Desde las 11, los sindicatos estatales de ATE y Upcn, y los docentes nucleados en Amsafé, Sadop y AMET, tienen cita en Santa Fe para reanudar la negociación y discutir aumentos salariales que -anticiparon- se plantearán con fuerte incremento de arranque y reinstalación de cláusula gatillo para actualizar haberes de manera automática.
Para el caso de los maestros, tienen un piso de expectativa no menor a 50 por ciento de aumento para este segundo semestre, incluso hasta arriman un 60% como posibilidad para no solo empardar el ritmo inflacionario sino recomponer además el poder adquisitivo del sector.
Los estatales no adelantan números por ahora, pero sí coinciden unos y otros en que le pedirán al Ejecutivo que reinstale la cláusula gatillo, ante una economía recalentada por inflación y elecciones nacionales como telón de fondo.
En la Casa Gris, por ahora, se limitan a expresar deseos de que "los salarios puedan ubicarse por encima de la inflación, como hemos cumplido en 2021 y 2022". En lo que el Gobierno no confirma es en la posibilidad de replicar la cláusula de garantía. "Durante la primera parte del año hemos tenido una cláusula de actualización que funcionó y hemos llegado a fines del mes de julio sin ningún conflicto que tuviese como epicentro al salario. No descarto que podamos seguir utilizándolo en esta segunda parte del año. Vamos a ir a la negociación sin ningún tipo de preconcepto o dogmatismo. Todos los instrumentos posibles van a estar sobre la mesa y van a ser utilizados en función de los acuerdos que vayamos logrando a partir de las conversaciones que vamos a mantener”, ha dicho el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri.
Los trabajadores provinciales culminan esta semana los aumentos pactados a comienzo de año, y que totalizó un 49% en el semestre: 22% en marzo, 10% en mayo, y 8% en julio. Este último tramo es el que incorporarán al sueldo que cobrarán en estos días.
"La paritaria debe revalorizar el salario y no solo correr de atrás la inflación. Queremos superarla a fin de año, como logramos el año pasado. Así que el total del semestre tendrá que sumar entre 50 y 60% de aumento. Más cerca del 60 que del 50 si queremos mejorar el poder adquisitivo", avisó el secretario gremial de Amsafé, Paulo Juncos.
El plan de Amsafé es lograr algún margen extra por encima de la previsión inflacionaria, de manera de poder recuperar poder adquisitivo en la docencia. "Estamos pensando en un esquema de revisión de cláusula gatillo mensual o bimestral, hasta diciembre. Y que en cada tramo haya algún punto porcentual por encima de la evolución inflacionaria. Debemos pensar en cómo mejoramos el poder adquisitvo, no solo ir detrás de la inflación", planteó Juncos.
En la misma sintonía opinó Martín Lucero, titular de Sadop Rosario. "Creemos que el piso de incremento debe ser 50 por ciento en adelante, como para estimar el 8,3 u 8,5 de inflación mensual promedio", dijo. Y de la misma manera, también señaló la intención de "volver a pautar la cláusula gatillo, que opera como garantía. Si la economía se desmadra, no se pierde tanto", valoró.
Los estatales de ATE y Upcn serán los primeros en sentarse a la mesa paritaria, convocados para las 11 del lunes. El titular de ATE, Jorge Hoffmann, se abstuvo de precisar porcentajes de aumento pretendidos, y en cambio definió: "Vamos con la idea de llegar a fin de año con el salario que no esté por debajo del índice de inflación. Incluso unos puntitos más arriba aunque no nos alcance lo que hemos perdido en la administración anterior, pero al menos sostener el poder adquisitivo", dijo.
La provincia realiza controles periódicos en agencias de seguridad privada
Las empresas y el personal que prestan este servicio deben cumplir ciertos requisitos y contar con la habilitación correspondiente. El Ministerio de Seguridad trabaja en un proyecto de ley de avanzada para la actividad.
El gobierno de Omar Perotti, mediante la Dirección Provincial de Control de la Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad, realiza controles periódicos a las distintas agencias de seguridad privadas con el fin de constatar que cuenten con las habilitaciones correspondientes y que el personal que presta servicios esté registrado.
En la actualidad, esta actividad en la provincia de Santa Fe se encuentra regulada por la Resolución N°521/91 del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto. Allí se establecen los distintos requisitos que debe cumplir una empresa y su personal para prestar servicios de seguridad privada.
En ese marco, la mencionada Dirección es la encargada de controlar el cumplimiento de leyes, reglamentos y disposiciones institucionales dentro del sistema. Trabaja en la supervisión permanente del sistema y procedimientos de habilitación de los servicios prestados exclusivamente por personas autorizadas y homologadas para tal fin. Asimismo, se ocupa de las inspecciones diarias y de la aplicación del régimen de fiscalización y las sanciones.
En este sentido, el ministro de Seguridad de la provincia Claudio Brilloni, expresó que “es importante concientizar a la ciudadanía y usuarios de servicios de seguridad privada acerca de la importancia de verificar la habilitación de los servicios que se contratan, tanto de la empresa como del personal que destinarán al objetivo”.
Además, el director provincial de Control de la Seguridad Privada, Nicolás Zurcher, señaló que “los controles que se realizan desde la Dirección Provincial y sus secciones consisten en examinar previamente los antecedentes y aptitudes de los postulantes a vigiladores que presentan las diferentes empresas, como así también verificar que hayan pasado previamente por esa instancia de control”.
Los principales requisitos
Entre la documentación que deben presentar ante un requerimiento, cada empresa debe cumplir con los datos personales del titular y de todos los miembros, las sociedades deben estar inscriptas en el Registro Público de Comercio que corresponda a la jurisdicción, deben obtener la habilitación municipal del local comercial, presentar un reglamento interno vinculado a las actividades que la empresa llevará a cabo, donde figure un plan de instrucción o capacitación del personal, respeto a los Derechos Humanos, formación en primeros auxilios. Además, se debe presentar el logo que identificará a la empresa como así también el uniforme, el cual deberá distinguirse del que emplean las distintas fuerzas de seguridad públicas.
Asimismo, deberán contar con un seguro de responsabilidad civil, para poder obtener la autorización como vigilador de una agencia es necesario tener entre 18 y 65 años de edad, ser ciudadano argentino nativo o por opción, o en caso de ser extranjero contar con la categoría de residente permanente, no haber sido exonerado o cesanteado de una fuerza de seguridad en la que haya prestado servicios, o de la administración pública a nivel nacional, provincial o municipal.
Tampoco puede estar imputado en un proceso penal ni tener condena por delito doloso ni haber sido despedido de otra agencia de seguridad privada por hechos delictivos o reñidos con el servicio.
Se deben presentar certificados de aptitud psicofísica, y la empleadora debe acreditar la registración laboral del vigilador para poder obtener el alta administrativa del mismo. Una vez acreditados tales requisitos, el Ministerio de Seguridad otorgará una credencial identificatoria.
Al respecto, Zurcher indicó que “si detectamos vigiladores que no están habilitados, tratándose de una empresa que sí cuenta con la habilitación, se intima a la empresa a que lo habilite debidamente bajo apercibimiento de suspender la habilitación para funcionar. En caso de que se trate de una estructura que no cuenta con ninguna habilitación, también se hace la intimación a regularizar los servicios, y en caso de persistir en la negativa, se eleva la documentación a las fiscalías de faltas para que investiguen si la conducta encuadra en el artículo 61 del Código de Convivencia”.
“Esta normativa quedó desactualizada y por ello evidencia la imposibilidad para el organismo de control de aplicar sanciones efectivas (como las multas, que sólo pueden establecerse mediante una ley). Muchas veces para abaratar los costos, los usuarios contratan a particulares para que se desempeñen como vigiladores o serenos, sin un control previo de antecedentes penales y de aptitud para el servicio. Precisamente en esta circunstancia radica la importancia de llevar adelante fiscalizaciones en los distintos objetivos para poder verificar si las personas que se desempeñan como vigiladores cuentan con los requisitos mínimos para desempeñarse como tales”, agregó el funcionario.
“Por esto, el Ministerio de Seguridad trabaja en un proyecto de ley de seguridad privada de avanzada para abordar cuestiones como la regulación pormenorizada de los requisitos de habilitación, de su personal, del director técnico, de la capacitación y formación, seguridad privada con armas de fuego, régimen infraccional y de las sanciones aplicables entre las que figura la sanción de multa”, señaló Zurcher.
La regulación de los patovicas
Los agentes de control de admisión y permanencia (conocidos como “patovicas”) tienen una regulación normativa distinta a la de la seguridad privada. Así, la Ley Nacional de Espectáculos Públicos N°26.370 regula la habilitación del personal que realiza tareas de control de admisión y permanencia de público en general en eventos y espectáculos musicales, artísticos y de entretenimiento en general. A esa ley, la provincia adhirió mediante la sanción de la ley provincial N°13.205, y reglamentado la misma por el decreto provincial N°2146 de 2015.
En este caso, la habilitación otorgada tiene una vigencia de un año, y para renovarse deben presentarse nuevamente los certificados de antecedentes penales y de aptitud psicológica. Una vez presentada la documentación, el Ministerio de Seguridad concede a la persona su credencial que lo habilita a prestar servicios de control de admisión y permanencia.
Para más información, se pueden consultar los requisitos para las agencias, el personal y las habilitaciones correspondientes en la página web de la provincia https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/193495/(subtema)/93821. O contactarse al teléfono 342 450-5125, o vía mail a seagepri@santafe.gov.ar.
Fuente:RosarioPlus
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