Yo sabía. Caso Franco Casco
La sentencia absolutoria del caso Franco Casco y la participación de Pullaro en
el sostén jurídico de algunos policías. El control remoto del MPA, los videos
desaparecidos y la mirada del juez que votó condenas, en minoría.
“Esto es Pullaro”, gritó en pleno bulevar Oroño una mujer a escasos segundos de que
el Tribunal Oral Federal en lo Criminal 2 (TOFC2) de Rosario diera a conocer el veredicto
absolutorio de los 18 policías acusados de desaparición forzada seguida de muerte en
el juicio seguido por Franco Casco, el joven bonaerense cuyo cuerpo apareció maniatado
en el río Paraná el 30 de octubre de 2014, después de haber sido visto por última vez
en la comisaría 7ma de esta ciudad. Se refería al diputado provincial de la UCR que
dos días antes había ganado por amplio margen las Paso de “Unidos para Cambiar
Santa Fe” y se perfila para ser el próximo gobernador. Unos minutos después, la
precandidata a gobernadora del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Carla Deiana,
escribió en su cuenta de Twitter: “Vergüenza el fallo de impunidad contra Franco Casco.
Empiezan a verse los alineamientos judiciales con los políticos protectores de los abusos
policiales”.
La primera parte del planteo es discutible, la segunda no. La sentencia dictada el martes
estaba prevista para el jueves anterior, el 13 de julio, pero ante la imposibilidad del
Ministerio de Seguridad de garantizar el operativo policial en los Tribunales Federales,
por tener al personal abocado al operativo electoral, se postergó para el 18. Es decir
que los votos de los jueces estaban escritos unos días antes de que el ex ministro de
Seguridad de Miguel Lifschitz se impusiera en los comicios del domingo 16. El intento
protector de la gestión Pullaro sobre algunos de los policías involucrados en el caso
Casco, aquellos pertenecientes a Asuntos Internos y acusados por encubrimiento,
quedó reflejado en una denuncia realizada en 2020 por el entonces ministro Marcelo
Sain, para que se investigara el uso de casi 1 millón de pesos de gastos reservados de
la cartera de Seguridad, con el fin de pagar la representación legal particular de los
agentes cuestionados penalmente. Que, para colmo, estaba a cargo de un abogado
que antes había sido asesor del Ministerio.
Cronologías
Así como la mujer que acompañaba a la familia Casco el día de la lectura del veredicto
relacionó directamente el contenido de la sentencia con el triunfo electoral de Pullaro, a
pesar de que estaba redactada desde antes de los comicios, un periodista ligado al
diputado radical escribió con mayúsculas en su cuenta de Twitter que “los derechos
humanos también valen para los policías”, y agregó en minúsculas que “es un disparate
lo que pasó aquí, de la mano de Sain, Nadia Schujman y toda esa flota de violadores de
DDHH en nombre de ellos”.
La segunda respuesta al posteo, realizada por otro periodista que se identifica como
peronista, no se preocupa tanto por los fundamentos como por el énfasis: “Pedazo de
sorete”, dice.
Cuando el cuerpo del joven Franco Casco apareció flotando en el río Paraná, el 30 de
octubre de 2014, Sain no era funcionario provincial ni mantenía contacto con Santa Fe.
Pullaro recién comenzó a consultarlo a él como asesor en materia de seguridad cuando,
a partir de fines de 2015, Lifschitz lo designó como ministro de esa cartera.
Sain asumió la dirección del Organismo de Investigaciones (OI) recién en 2019, luego
de ganar un concurso público, cuando todavía mantenía una relación cordial con Pullaro.
Lo que es probable que el periodista que celebró la absolución de los policías involucrados
en el caso Casco haya querido destacar, es que durante la gestión de Sain como ministro
de Seguridad y de Schujman como encargada de la Agencia de Control Policial (ACP, ex
Asuntos Internos), una auditoría detectó el gasto de $936.000 en pagos a un profesional
del derecho para patrocinar legalmente la defensa de un grupo de policías de esa dirección,
que habían sido involucrados en la investigación por la desaparición forzada seguida de
muerte de Franco.
Y fueron Sain y Schujman quienes, casi seis años después de la muerte de Casco,
presentaron una denuncia penal para que se investigara el uso de esos recursos, que
habían salido –de acuerdo a la auditoria- de la partida de gastos reservados de Asuntos
Internos.
Conflicto de intereses
Lo que tal vez motivó a la mujer a decir “esto es Pullaro”, cuando escuchó el contenido
de la resolución judicial del TOFC2, sea la causa que investigó el uso de gastos
reservados para pagar la defensa de los policías implicados en el caso Casco.
En agosto de 2020, tras la auditoría, Sain pidió al Ministerio Público de la Acusación
(MPA) que se investigue el pago de 78 mil pesos mensuales al abogado José Manuel
Alcácer para defender a cinco miembros de esa dirección en la causa Casco. Antes, el
letrado había sido asesor de la cartera de Seguridad, cuando la comandaba el socialista
Raúl Lamberto.
La auditoría en cuestión, cuyos resultados se conocieron en enero de 2020, detectó
que hubo un aumento de la partida “Gastos Reservados” a partir “del mes de octubre
del año 2017 y hasta septiembre del año 2018” por 78 mil pesos mensuales. Que, en
total, llegaron casi al millón de pesos.
“La existencia del suceso delictual ha quedado acreditada con el informe de fecha 2 de
Enero de 2020, en el cual la División de Administración y Finanzas de la Dirección
Provincial de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia, consignó que el aumento de
la partida de «gastos reservados» se incrementó a 78.000 mil pesos entre el mes de
octubre del año 2017 y septiembre del año 2018 para al pago de honorarios de abogados
del personal perteneciente a esta Unidad Especial que se encontraba involucrado en el
caso Casco de la ciudad de Rosario”, dice un párrafo de la denuncia.
El informe señala que “esto se dio a partir de una orden del Secretario de Control”. El
entonces titular de esa dependencia, David Reniero, fue imputado por peculado (uso de
recursos públicos con fines particulares) en julio de 2021 por el fiscal Ezequiel Hernández.
El abogado Alcácer fue designado asesor de la Secretaría de Control del Ministerio de
Seguridad el 14 de julio de 2014 por decreto del entonces gobernador Antonio Bonfatti y
cesó en sus funciones el 19 de octubre de 2015. En septiembre de 2015 fue designado
como asesor su socio en el estudio jurídico, Lucas Peirone, según la denuncia.
El texto recordaba que en aquél momento era “el abogado defensor de Esteban Lindor
Alvarado, cabecilla de una de las organizaciones narco criminales más importantes de la
región integrada por funcionarios policiales”.
No cuestionaba su libertad de ejercer libremente la profesión, sino que planteaba que
“de lo reseñado precedentemente se infiere que los abogados José Manuel Alcácer y
Lucas Peirone –socios en el mismo estudio jurídico y funcionarios políticos de la Secretaría
de Control del Ministerio de Seguridad– tuvieron acceso privilegiado a un cúmulo de
información extraordinariamente sensible mientras se desempeñaban como defensores
particulares, no sólo en la ya referida causa penal Casco, sino también en procesos
penales ligados a investigaciones de las organizaciones narcocriminales más importantes
que operaban en la ciudad de Rosario y la región”.
La denuncia la tomó el fiscal Ezequiel Hernández, quien llevó la investigación hasta la
jerarquía de Reniero, imputado, por lo que debería presumirse que se trató de una
decisión personal del funcionario, sin órdenes de superiores.
Buen mozo
Los vínculos del sector radical que lidera Pullaro y de fracciones del socialismo en el
armado del MPA no requieren comprobación. Varios funcionarios pasaron –concurso
mediante- de sus despachos a fiscalías y defensorías.
En marzo de 2019, cuando aún gobernaba el Frente Progresista, se conoció que por una
resolución del Fiscal General, Jorge Baclini, 195 personas pasaron del Poder Ejecutivo al
MPA.
En la lista había candidatos del Frente Progresista, militantes de su brazo universitario,
el Movimiento Nacional Reformista, y la hermana de María Victoria Tejeda, por entonces
precandidata a vicegobernadora en la fórmula con Bonfatti. La reacción pública que
generó la medida hizo que Baclini suspendiera esas designaciones sin concurso. El
Eslabón ya dio cuenta del copamiento de parte del Organismo de Investigaciones con la
militancia boina blanca pullarista.
Esta semana, en una entrevista radial, el ex ministro Sain recordó que en 2019, cuando
se hizo cargo del OI, participó de algunas comidas en la casa del entonces fiscal General
Baclini, de las que participaba el ahora candidato a gobernador del frente “Unidos para
Cambiar Santa Fe”.
“El íntimo amigo de Pullaro era el fiscal general Baclini, yo formé parte de ese grupo y vi
cuando hacían asados en el zoom de su casa Baclini, y el mozo encargado de repartir los
asados era Pullaro, con su equipo”, reveló, para señalar que “ahí no había división de
poderes”, que fue el motivo por el que él fue destituido del Organismo de Investigaciones.
“En los asaditos esos que yo estuve, varios, no había división de poderes, porque eran
todo lo mismo”, siguió Sain. “Pullaro es uno de los grandes manipuladores y controladores
del Ministerio Público de la Acusación, por eso no se lo investiga”, concluyó.
El veredicto
La sentencia del TOFC 2 del martes, en voto dividido, dictó la absolución de los 19 policías
procesados por el crimen de Franco Casco, a pesar de que la fiscalía había solicitado en
su alegato condenas para todos ellos, menos uno.
El fallo mayoritario, que dictó las absoluciones de todos los involucrados, fue firmado por
los jueces Eugenio Martínez y Ricardo Vázquez, quienes ordenaron la libertad de los
procesados que cumplen prisión preventiva.
El voto en disidencia del presidente del tribunal, Otmar Paulucci, se inclinó por la condena
a prisión perpetua de tres policías por la desaparición forzada seguida de muerte de
Casco, y de encubrimiento de otro grupo de miembros de la fuerza de seguridad.
La existencia de un voto disidente abre la puerta –con mayor énfasis- a la apelación del
fallo –que ya adelantaron el fiscal y la querella-, y muestra que la prueba reunida en el
debate admite diferentes valoraciones.
Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 25 de septiembre, por lo que es
imposible abrir juicio sobre su contenido. Por ahora sólo es pública la parte resolutiva.
Sin embargo, el juez Paulucci, que votó por la condena a prisión perpetua del jefe de la
seccional 7ma. de Rosario, Diego José Álvarez, al cabo Franco Zorzoli y a la agente
Romina Díaz, adelantó su posición en una entrevista con el programa “Trascendental” de
la radio LT8.
A su criterio, los tres mencionados “fueron las personas que lo detuvieron (a Casco), lo
llevaron, estuvieron a cargo de la tortura que se le impuso”.
El magistrado consideró además que el comisario Álvarez “era el responsable, fue el que
lo detuvo, no hay posibilidad de que no fuera partícipe de eso”.
Según la investigación, a fines de septiembre de 2014 Franco Casco arribó en tren a
Rosario desde la localidad bonaerense de Florencio Varela, para visitar a unos familiares.
El 6 de octubre se disponía a regresar a su domicilio, pero nunca llegó y sus parientes
comenzaron a buscarlo.
Allí difieren las dos teorías del caso, de la fiscalía a cargo de Fernando Arrigo y las
defensas de los policías involucrados en la causa, disidencia que se expresó en el
veredicto dividido dictado el martes 18.
La Fiscalía acusó a los policías de detener sin motivo a Casco la noche del 6 de octubre,
de mantenerlo arrestado en una habitación llamada “Jaulita” y de someterlo a golpes y
tormentos. Varias personas que estaban detenidas en el penal de la seccional declararon
que escucharon golpes y gritos de la víctima, y dijeron que luego fueron amenazados
por los policías. Uno de ellos contó que tiempo después, cuando salía de la cárcel de
Piñero, le pusieron un arma en la cabeza para que moderara sus dichos.
Mientras que la versión oficial de la policía, que sostuvieron sus defensores durante el
juicio oral, consiste en que Casco fue arrestado el 7 de octubre por el llamado de un
vecino al celular personal del comisario Álvarez, quien había visto a dos personas en
“actitud sospechosa”.
Los policías afirmaron que Casco se resistió y quiso golpearlos con un adoquín, y por eso
lo demoraron para averiguar sus antecedentes, pero que el mismo 7 fue puesto en
libertad.
El cadáver del joven de 20 años apareció maniatado y flotando en el río Paraná el 30 de
octubre, mientras que la última vez que se lo vio con vida fue en la seccional 7ma del
barrio Luis Agote.
“La pregunta es por qué lo detuvieron si no estaba haciendo nada ilegal. ¿Por portación
de cara, portación de gorrito, de color de piel?”, dijo el juez Paulucci.
La versión oficial
“La versión policial es que hubo resistencia a la autoridad y por eso lo llevan. Yo
interpreté que esa versión oficial era falsa y me remití al día anterior, cuando él salió de
la casa de su tía para ir a la estación de trenes para llegar a Retiro, donde lo esperaba el
padre”, abundó.
El presidente del tribunal sostuvo que la fecha de la detención es la clave del caso,
porque «si se cree en la teoría que el día 7 lo detuvieron en la forma en que dice el
personal policial, entonces hay que creer todo lo que dice el personal policial y se termina
en una absolución”.
“Para mí, el día 6 lo detuvieron ilegalmente”, dijo Paulucci, y por eso su voto se inclinó
por altas penas para los tres policías involucrados directamente, y por penas menores
para aquellos que, según entendió, encubrieron la desaparición forzada seguida de
muerte.
El magistrado también señaló que “fue desastrosa la instrucción” del caso, que se inició
en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que intentó retener la investigación hasta
que pasó al fuero federal.
“Muy mala instrucción que se inició en la Justicia provincial, y en este tipo de investigaciones
cuando las cosas no se aclaran rápido y en forma precisa, comienzan a perderse pruebas”,
sostuvo el juez, y dio detalles del video ofrecido por un vecino domiciliado frente a la
comisaría que fue ignorado por el fiscal provincial Guillermo Apanowicz, el primero que
tuvo a su cargo la investigación.
Por ese hecho, en su fallo en minoría, Paulucci pidió que se investigue la conducta del
fiscal del MPA.
El entonces titular del Servicio Público de la Defensa de Santa Fe, Gabriel Ganón,
coincidió en diálogo con El Eslabón que “la instrucción fue un desastre, porque cuando
se comprobó que este chico había estado detenido en la comisaría 7ma lo primero que
tenía que hacer el fiscal era pedir todas las cámaras de ese lugar, tomar declaración a las
personas que estaban detenidas, y no hizo nada de eso”.
“Al contrario, siguió avalando la posición policial de que se había ido con vida de la
comisaría y sostenía que los videos lo mostraban con vida, que eso era una prueba
fehaciente de que la policía no había tenido nada que ver”, rememoró.
Ganón señaló que “esa versión que instalaron y que Apanowicz hizo todo lo posible para
que así fuese, es lo que denuncia Paulucci: un vecino que le dice que tiene videos que se
ve quién entró y salió de la comisaría y eso nunca se agregó”.
El ex defensor agregó que “el video desapareció, seguramente lo hizo desaparecer
Asuntos Internos, y Apanowicz lo debe haber sabido y Baclini también, porque ellos dos
sostenían la versión policial”.
También puntualizó que el mismo fiscal exhibió conductas similares en la desaparición
del empleado municipal Gerardo Pichón Escobar en 2015 y de un joven llamado Valentín
Reales, en el barrio Cabín 9, un año después.
“Fue una investigación deficiente a propósito, como ocurrió en los otros casos. Lo que yo
veo es una manifiesta intencionalidad política”, concluyó Ganón.
La semana pasada, Pullaro habló sobre el tema: “Se cometió una injusticia contra los
policías y muchos deberían pedirles disculpas”, dijo, pero no se refirió a la víctima
directa del caso.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 22/07/23
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