Derogan la ley que prohibía trabajo
de mujeres en tareas consideradas
«masculinas»
Resumen Latinoamericano, 06 de julio de 2023.
Con 153 votos afirmativos, durante la madrugada se logró la derogación de una ley que estaba a punto de cumplir 100 años.
La Cámara de Diputados derogó esta madrugada por unanimidad una ley, vigente desde hace casi 100 años, que prohibían el trabajo a mujeres en actividades consideradas riesgosas o insalubres. Van desde labores en canteras o subterráneas, pasando por actividades de la industria portuaria y hasta el expendio de bebidas alcohólicas destiladas o fermentadas.
La Ley 11.317 -sancionada el 30 de septiembre de 1924- y su decreto reglamentario, del 28 de mayo de 1925, fueron derogados con 153 votos afirmativos, durante la extensa sesión de la Cámara baja realizada desde el mediodía de ayer hasta esta madrugada.
Las normativas prohibían también que menores de 12 años realizaran cualquier clase de trabajo, incluido trabajos rurales -una cuestión ratificada por varias convenciones internacionales-, pero contenía un capítulo específico sobre prohibición de tareas “peligrosas o insalubres” para mujeres y personas menores de 18 años, las que eran reservadas para varones.
Las tareas vedadas a las mujeres eran: actividades de carga y descarga de navíos; en canteras o trabajos subterráneos; en la carga o descarga por medio de grúas o cabrias; como maquinistas o foguistas; en el engrasado y limpieza de maquinaria en movimiento; en el manejo de correas; en sierras circulares y otros mecanismos peligrosos; y en la fundición de metales, y en la fusión y en el sopleo bucal de vidrio.
Las mujeres quedaban además excluidas de tareas que tenían que ver con el transporte de materias incandescentes; el expendio de bebidas alcohólicas destiladas o fermentadas en cualquier local o dependencia.
Una ley que discrimina
El trámite parlamentario se concretó pasada la 1.30 de hoy y la diputada del Frente de Todos (FdT) Vanesa Siley aclaró que en el dictamen que fue puesto a consideración de la Cámara baja se excluyeron las normas que están referidas a la prohibición del trabajo infantil.
“Tal vez, hace casi 100 años, tenía un fin loable prohibir el trabajo de mujeres en estas actividades, considerándolas insalubres, nocturnas o riesgosas. Pero la actualidad de hoy nos lleva a replantearnos esa cosmovisión o esos estereotipos patriarcales que trasladan al mundo laboral las discriminaciones que socialmente y estructuralmente vivimos y sufrimos las mujeres”, indicó la dirigente sindical en declaraciones a los medios de prensa acreditados en el Congreso.
En ese sentido, Siley aclaró que, si bien en determinadas ramas se fueron incorporando mujeres a tareas históricamente masculinizadas, “en la minería sigue siendo alegada esta norma para no contratar” personal femenino, algo que también se verifica en la industria marítima portuaria.
A su turno, la diputada chaqueña del FdT María Lucila Masin destacó que “la iniciativa fue construida a partir de la demanda de trabajadoras de la Empresa de Energía” de esa provincia.
La diputada del PRO Silvana Lospennato celebró que la iniciativa, consensuada entre los bloques del oficialismo y la oposición, haya sido tratada en el recinto y destacó la importancia de esta derogación como “un paso más en la igualdad”.
“El Banco Mundial identificó a esta ley en particular como una de las rémoras del derecho argentino que no permiten la igualdad real de trato a las trabajadoras y los trabajadores. Este es un paso más, pero todavía en materia de inserción económica de las mujeres, tenemos un largo camino por recorrer en nuestro país”, afirmó Lospennato.
En tanto, desde la agrupación Mujeres Sindicalistas se indicó que esta derogación “implica terminar con barreras en el acceso igualitario de distintas actividades, especialmente en zonas portuarias y de operaciones, donde actualmente se sigue alegando esta normativa para evitar incorporar mujeres en tareas que son bien remuneradas”.
En la sesión estuvieron presentes representantes de Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos (Apdfa), Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra), Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), Asociación de Mujeres en la Actividad Marítima, Fluvial y Lacustre (Amamfyl), ATE Nacional, ATE Santa Cruz, Puerto de Dock Sud, que celebraron la ampliación de derechos.
Fuente: Tiempo Ar
Facundo Jones Huala ha sido
sobreseído de todas las causas que
aún pesaban sobre él en Argentina
Resumen Latinoamericano, 6 de julio de 2023
Excelentes noticias!! Rumeke kvme wezugu!
El Logko Weicafe Facundo Jones Huala ha sido sobreseído de todas las causas que aún pesaban sobre él en Argentina!
Esperando la resolución para su extradición o no, en base al juicio que se llevará a cabo el próximo 27 de julio, le queda menos de un año para cumplir la condena que se le ha impartido. Esperamos también que el tribunal sea lógico y NO LO EXTRADITEN al vecino país de Chile, pues no tiene ningún sentido alejarlo nuevamente de su familia y territorio.
A continuación el comunicado público sacado hace pocas horas:
“Comunicado público:
El movimiento mapuche autónomo del puelmapu (m.a.p), a la nación mapuche y la opinión pública:
Comunicamos que nuestro peñi/lamuen Lonko Facundo Jones Huala, ppm, ha sido sobreseído de causas federales que también lo mantenían en prisión preventiva: intimidación pública, incitación a la violencia, atentado contra el orden constitucional, “sedición” , los cuales se enmarcan en “delitos políticos puros”, que solo han reafirmado la persecución política evidente al sector más duro del movimiento mapuche del puelmapu (resulta necesaria esta aclaración para los medios hegemónicos de comunicación y difamación de la lucha mapuche entre otros).
Solo queda por afrontar el nuevo juicio de extradición por pedido de Chile a realizarse el dia 27 de julio del 2023 en el escuadrón 36 de gendarmería nacional en Esquel – Chubut.
Nuestro peñi/lamuen ha manifestado la firme decisión de enfrentar con dignidad las consecuencias de la lucha y las resoluciones de la justicia enemiga al servicio del poder winka dominante, expresado en latifundio y empresas capitalista que invaden puelmapu. En el peor de los casos nuestro militante Facundo Jones Huala en menos de un año debe salir con condena cumplida en chile o argentina, esta vence el 26 de junio del 2024.
Hacemos un llamado a actuar con conciencia y en consecuencia a la línea política estratégica de recuperación territorial para reconstruir nuestro mundo mapuche como camino a la liberación nacional mapuche.
Nos han perseguido, judicializado, golpeado, calumniado en su tiranía colonialista pero a pesar de la represión, la cárcel, las balas, no nos han derrotado, no nos rendimos, no nos vendimos ni negociamos, hacerlo sería traicionar a nuestros muertos y nuestra línea política.
*Libertad y NO extradición de el Lonko Facundo Jones Huala*
*Libertad a todos los ppm Por territorio y autonomía para nuestra nación.*
*Amulepe taiñ weichañ!!!*”
COMPARTA, DIFUNDA, APAÑE!
Resistencia Xlamapu Esquel Trevelin
Anuncian que efectivos de la Policía
de la Ciudad portarán pistolas Taser
a partir del 17 de julio
Por Página 12, 06 de julio de 2023.
El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cumplirá con la promesa del ala dura del PRO en su campaña presidencial: la Policía de la Ciudad comenzará a utilizar pistolas táser a partir del 17 de julio. El anuncio lo realizó el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Eugenio Burzaco, este miércoles y precisó que 250 efectivos porteños portarán las armas eléctricas. Los organismos de derechos humanos denuncian que el uso desmedido de estas armas “no letales” puede causar la muerte.
“A partir del 17 de julio esta arma va a estar ya en uso en toda la Ciudad de Buenos Aires, especialmente estaciones de subte, terminales de ómnibus, colectivos y trenes“, anunció Burzaco en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP). Fue durante una jornada de capacitación de los policías que tendrán a su cargo el manejo de estas pistolas.
Aunque Burzaco mencionó que serán 250 efectivos los que portarán las armas, tanto el jefe de gobierno porteño como el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, habían anunciado que el total de armas que compró la Ciudad fueron 60. De Miguel lo confirmó este martes cuando anunció la compra de otras 30 pistolas y un llamado a licitación para la adquisición de otras 500.
La promesa del gobierno porteño tardó más de tres años en cumplirse desde el primer anuncio hecho por el vicejefe de porteño, Diego Santilli, en 2020, tras la muerte del oficial Juan Pablo Roldán en un caso excepcional por el ataque de un paciente psiquiátrico.
La ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich fogoneó el uso de las táser y llegó a comprar una partida de 100 armas antes de finalizar la gestión de Mauricio Macri, quien fue el primero en impulsar este tipo de armas “no letales” en su paso por la Ciudad de Buenos Aires con Jorge “Fino” Palacios al frente de la Policía porteña.
Burzaco confirmó que “se va a trabajar en binomios”, por lo cual se están “capacitando a 250 policías” y explicó que “un oficial disparará y el otro oficial tendrá la tarea de reducir al delincuente o a la persona que tuvo el brote psicótico”, citando el excepcional caso de 2020. Según el ministro porteño las armas adquiridas graban toda la secuencia de uso -en imágenes y en audio-, por lo que pueden verificarse posteriormente las condiciones de tiro.
El proceso de capacitación se llevó a cabo en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad, donde personal de la firma fabricante dispositivos entrenó a los instructores y luego se realizó un curso de tres semanas para capacitar a los 250 policías que saldrán a las calles. En ese tiempo, el jefe de gobierno porteño anunció en dos oportunidades la llegada de las táser a las calles porteñas como propaganda de campaña.
En el último acto con las táser como excusa, Larreta justificó la decisión al decir que “se están viviendo días de gran inseguridad” y que “la inseguridad cruzó todos los límites en muchos lugares del país”, a pesar de que sostiene que la Ciudad de Buenos Aires es la “ciudad más segura” de Latinoamérica.
Luego de aquel anuncio, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y organismos de derechos humanos reiteraron su crítica respecto del uso de “estas pistolas de descarga eléctrica que se promocionan como armas no letales pero en realidad son armas menos letales” y enfatizaron que su “uso desproporcionado” puede “ocasionar la muerte”.
El camino de las táser hasta las calles porteñas
En marzo de 2019 el Gobierno porteño comenzó el proceso licitatorio para adquirir 60 pistolas Taser, destinadas a la Policía de la Ciudad pero la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), quien debe autorizar la compra, no aprobó la llegada de esas armas argumentando que su uso ante situaciones que involucran a personas bajo efectos de sustancias o víctimas de padecimientos mentales fue desaconsejado por el propio fabricante.
El 14 de febrero de este año el asesinato de la oficial de la Policía de la Ciudad Maribel Nélida Salazar a manos de un hombre que le quitó su arma reglamentaria y le disparó dos balazos en la estación Retiro de la línea C de Subte reavivó la discusión.
“El enfrentamiento podría haber sido controlado con una pistola Taser. Hace dos años compramos 60 unidades, pero el gobierno kirchnerista las bloqueó”, tuiteó el entonces ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro en cruce con la entonces presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien, chicaneando al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, sugirió: “En vez de pedir permiso, usalas, punto. No le podés pedir permiso a un Gobierno que te dice que no a propósito”.
Las pistolas Taser, que provocan una descarga de 400 volts que inmoviliza durante cinco segundos a quien recibe el impacto, fueron definidas por el Comité contra la Tortura de la ONU como provocadoras de “un dolor intenso” y constituyen “una forma de tortura y en algunos casos puede causar la muerte”.
Finalmente, a fines de febrero de este año el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, confirmó la compra de 100 pistolas Taser para que sean utilizadas por “grupos de élite” de las fuerzas de seguridad, previo entrenamiento, y sostuvo que “seguramente” el Gobierno porteño también podrá utilizarlas.
“Esto nos permite que los grupos de élite empiecen a entrenar. Todavía no sabemos cuando; no las tenemos todavía. Hay que terminar el proceso pero no estamos muy lejos”, afirmó a la prensa.
A fines de marzo Larreta presentó la incorporación de las 60 pistolas que, luego de esperar varios meses la aprobación para ponerlas en funcionamiento, se lograron incluir al cuerpo de la Policía de la Ciudad y en esa ocasión dijo que “salvan vidas”.
Fuente: Página 12
Jujuy: Intentaron incendiar la sede
municipal de La Quiaca
Por Analía Brizuela, Resumen Latinoamericano, 06 de julio de 2023.
Un grupo de personas con el rostro cubierto, prendió fuego ayer a gomas y pallets de madera apilados en la vereda del edificio comunal. El intendente Blas Gallardo denunció que tanto la policía como la fiscalía provincial en La Quiaca no actuaron en tiempo y forma.
En la madrugada de ayer un grupo de hombres con el rostro cubierto generaron un incendio frente a la puerta de la sede comunal de La Quiaca, ubicada en la esquina de las calles Rivadavia y Pellegrini de esa ciudad jujeña que linda con el Estado Plurinacional de Bolivia. “Treinta personas desconocidas (…) cuando aún no había amanecido, intentaron incendiar el acceso principal al edificio municipal con neumáticos, sin expresar ninguna consigna”, denunció el intendente Blas Gallardo. “Nadie se adjudicó el hecho. Tampoco dejaron panfletos”, indicó luego el jefe comunal.
La gestión municipal de La Quiaca, que es de Unión por la Patria, está enfrentada al gobierno provincial del radical Gerardo Morales. El martes último el Concejo Deliberante expresó su rechazo a la reforma de la Constitución de Jujuy, que es resistida por la población de esa localidad con uno de los cortes de ruta más duros desde que comenzó la protesta social en la provincia.
Blas Gallardo recordó que cuando comenzó esa protesta solicitó a la Policía de Jujuy que se abstenga de despejar este corte que se mantiene sobre la ruta nacional 9. “Nosotros ya declaramos que estamos en contra de la reforma”, recordó; la comuna también repudió las represiones en Purmamarca el 17 de junio y en San Salvador el 20 de ese mes. “El gobernador Morales salió en mi contra, declarando en medios nacionales que yo entregaba dinero en camioneta. Enviamos una carta documento a la Gobernación de Jujuy y todavía esperamos respuesta”.
El intendente quiaqueño recibió la noticia del incendio en las puertas del edificio municipal a las 6.30 de la mañana, cuando el fuego se encontraba en sus inicios. Fue alertado por empleados municipales que realizaban tareas de limpieza en las oficinas comunales. Al abrir la puerta de acceso, ellos fueron los primeros en advertir la escena de gomas y tarimas de madera que ardían, cuando el humo ya ingresaba al edificio. El grupo de encapuchados advirtió la presencia de los trabajadores comunales y se retiró corriendo. Los empleados calcularon que era unas treinta personas y los describieron como “altos y corpulentos”. “Esa fisonomía no corresponde a gente de la Puna”, dijo Gallardo en conversación con este diario. “Cada vez que ocurre un robo o algún hecho delictivo, la gente suele alegar que se trata de vecinos del Estado Plurinacional de Bolivia. En este caso, las especulaciones fueron diferentes”, explicó.
“Desconocemos la motivación y el origen del hecho“, continuó el jefe comunal. “Nos llama la atención la falta de acción inmediata de la Policía de Jujuy, del ayudante fiscal o la propia fiscalía que no actuó de oficio“, añadió Gallardo, quien cuestionó a Luis Cavanna, ayudante fiscal regional en La Quiaca. El intendente dijo que hasta ayer, el representante del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy no se había contactado telefónicamente con él y tampoco se había presentado en la sede del municipio para recabar información u ordenar procedimientos. “No nos constan actuaciones del Ministerio Público”, insistió Gallardo, quien al cierre de esta edición no había recibido notificación oficial alguna. El Ministerio Público de la Acusación de Jujuy confirmó a este diario que no había ninguna actuación sobre el incidente.
“Nosotros estuvimos hasta el mediodía esperando la llegada del ayudante fiscal y del comisario. Nadie llegó. Decidimos con todo el gabinete recolectar imágenes de video y fotografías para brindar la información cuando llegue algún funcionario a solicitarla para iniciar una investigación”, insistió Gallardo. Añadió que realizará una presentación formal en los próximos días ante el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy.
Los primeros en alertar a la policía de La Quiaca sobre el fuego en la Municipalidad fueron vecinos. “Cuando llamé por teléfono a la policía de Jujuy, me informaron que se encontraban realizando tareas preventivas”, comentó Gallardo. Ese primer contacto con la Unidad Regional 5 transcurrió mientras el intendente iba al edificio. Cuando arribó los empleados estaban apagando las llamas que comenzaban a devorar las gomas y la madera de los pallets. “En ese momento, pregunté a un móvil (policial). Me explicaron que no tenían orden judicial para actuar”, dijo. “Al vecino que llamó, le dijeron lo mismo: que no tenían orden de acción”.
A la una de la tarde, el comisario de la Unidad Regional 5, Ángel Mamaní, informó a medios quiaqueños que la policía provincial fue alertada pasadas las 6 de la mañana sobre “una situación que se estaba por iniciar en inmediaciones del edificio municipal”. Relató que empleados municipales, vecinos y eventuales transeúntes informaron a la fuerza de seguridad que “se habían trasladado pallets de madera y neumáticos usados con una evidente intención de prender fuego en la vereda del edificio muncipal. La información inicial fue de un grupo de diez individuos con el rostro cubierto, no sabemos si por el frío de esa hora o por otra razón”, sostuvo.
Mamaní mencionó también que los elementos con los que el grupo de encapuchados intentó generar el incendio “fueron secuestrados por los efectivos policiales” y que la Seccional 17 de La Quiaca se encontraba “a la espera de una eventual denuncia de parte de algún funcionario del municipio”. Agregó que la Policía jujeña actuó de manera preventiva cuando fue alertada en la madrugada, y que el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy sería el encargado de caratular el hecho. “Sabemos que son distintos grupos los que pueden movilizarse de un lado al otro y estamos alertas”, deslizó al finalizar la rueda de prensa sin brindar otros detalles.
El martes último, el Concejo Deliberante de La Quiaca se pronunció en contra de la reforma de la Constitución de Jujuy. “Ratificamos la decisión del pueblo quiaqueño que rechaza la legitimidad de la reforma constitucional que promueve Gerardo Morales. Celebramos la iniciativa que coincide con la decisión de la sociedad jujeña de repudiar una Constitución que es contraria al interés general”, posteó la intendencia de La Quiaca en sus redes sociales.
Fuente: Página 12
150 personas imputadas y
recrudecimiento represivo en Jujuy
Por Indymedia Derechos Humanos, Resumen Latinoamericano, 06 de julio de 2023.
El Fiscal de Estado Miguel Rivas, que responde directamente al Ejecutivo provincial, anunció multas de 500 mil a 2 millones de pesos y hasta 25 años de cárcel por cortes de ruta, “escándalo en espacios públicos” y “reuniones tumultuarias”. Se criminaliza la manifestación colectiva, como en la última dictadura genocida. Gerardo Morales continúa atacando al pueblo de Jujuy que protesta contra su Reforma Constitucional.
El gobierno de la provincia redobló anoche, en conferencia de prensa, la apuesta contra las y los ciudadanos jujeños, con multas y penas vinculadas a las protestas salariales y contra la reforma constitucional en la provincia. Hasta la fecha hay “más de 100 procesos iniciados”.
“Las imputaciones contravencionales se han llevado adelante contra personas físicas y jurídicas. Hay ya más de 150 personas imputadas y se han sentenciado a cinco de ellas, cuyas multas van de los 500 mil a los 2 millones de pesos”, señaló anoche en conferencia de prensa el ministro de Seguridad de Jujuy, Guillermo Corro.
Los procesos iniciados están vinculados a los cortes de ruta que llevan más de dos semanas y las manifestaciones donde hubo represión policial, entre ellas, la del 20 de junio pasado, cuando el gobernador Gerardo Morales, precandidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta en Juntos por el Cambio (JxC), presidió la jura de la reforma en medio de protestas en distintos puntos de la capital jujeña.
“La policía de la provincia, a través del departamento contravencional, va a seguir con los trabajos cada vez que se corte las rutas y no se permita el paso, lo que implica que las sanciones se pueden repetir en las personas físicas o jurídicas”, acotó el funcionario sobre la sumatoria de multas, que “pueden llegar hasta los 2.500.000 pesos”.
La salvaje represión en San Salvador de Jujuy el 20 de junio pasado. Foto: Edgardo Varela.
El Estado será querellante criminal
Durante la rueda de prensa, el Fiscal de Estado de Jujuy, Miguel Rivas, señaló que hay denuncias ante el Ministerio Público de la Acusación y la justicia penal por “delitos en todo el territorio” desde el 17 de junio, fecha en la que tuvo lugar una primera represión policial, en el corte de ruta que aún llevan adelante comunidades originarias en el ingreso al poblado de Purmamarca, en la intersección de las rutas nacional 9 y 52 (el estado provincial no tiene injerencia por ser vías nacionales y no puede aplicar el código contravencional).
El funcionario aseguró que “se trata de acciones ilícitas, perpetradas por personas violentas, con una virulencia majestuosa, que realmente están atacando el orden constitucional”.
Además insistió en la versión conspirativa: “de ninguna manera se trata de hechos aislados, sino planeados y ejecutados por individuos violentos, organizaciones sociales y políticas”, dijo, y agregó que exigirá a los fiscales del MPA la inmediata detención “de los delincuentes”. También instó a fiscales federales de Jujuy.
Reiteró que el Estado será querellante criminal en la totalidad de los procesos penales, Rivas apuntó que se buscará que “se apliquen los montos mayores de penas previstas para cada delito”, tanto para los “autores materiales, cómplices e instigadores” y que pueden sumar “hasta 25 años de cárcel”.
En esta avanzada contra el derecho constitucional a la protesta de la ciudadanía jujeña, Rivas también planteó que “queremos embargar patrimonialmente a cada uno de los delincuentes violentos” y que “se les va reclamar por los daños y perjuicios producidos al Estado provincial”, que estiman en “una suma aproximada de mil millones de pesos”, ello referido a incendios que hubo en inmediaciones a la Legislatura y lesiones presuntamente sufridas por agentes de la policía en el operativo represivo del 20 de junio.
Del accionar de policías de civil infiltrados entre los manifestantes y grupos que atacaron comercios bajo órdenes de uniformados, registrados en fotos y videos en aquella jornada, Rivas no encontró oportuno realizar ningún comentario. Tampoco sobre los allanamientos y detenciones ilegales, ni de las múltiples denuncias de torturas y abusos en lugares de detención, que continúan provocando denuncias de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
El tono de Rivas a lo largo de su intervención reveló el nivel de persecución en contra de sectores de la oposición, pero también de la ciudadanía en general. “Golpe institucional”, “delincuentes”, “violentos”, “sedición”, “perseguir hasta las últimas consecuencias” fueron algunas de las frases que el funcionario repitió en varias oportunidades para tratar de deslegitimar el reclamo de la población.
La salvaje represión en San Salvador de Jujuy el 20 de junio pasado. Foto: Edgardo Varela.
Repudio de la APDH
Lo anunciado por el gobierno de la provincia de Jujuy generó expresiones de rechazo desde distintos sectores de la sociedad local.
“Cuando los organismos de derechos humanos hablamos de criminalizar la protesta, hablamos de esto. Defender las ideas, manifestarse, protestar, organizar debates y clases públicas en las arterias de nuestras ciudades no es atacar la democracia, por el contrario, es defenderla”, expresaron desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Jujuy.
“La democracia no es votar cada dos años, eso es solo la consecuencia, democracia es abrir el diálogo, escuchar al pueblo, rectificar medidas cuando fueron mal tomadas o implementadas, respetar las distintas formas de pensar y sobre todo agotar todas las instancias para lograr consensos. Detentar el poder y ejercerlo de modo autoritario no es democrático, por el contrario, con esa modalidad se avanza a pasos agigantados hacia una dictadura opresora”, agregaron a través de una publicación en las redes sociales.
Fuente: Indymedia
Jujuy: El rechazo a la reforma
constitucional se replica en
localidades del interior
Resumen Latinoamericano, 06 de julio de 2023.
Concejos deliberantes y comisiones municipales de muchas localidades jujeñas se expidieron con expresiones públicas contra la nueva Constitución provincial impulsada por el gobierno. Estas acciones siguen replicándose en busca de derogar la Carta Magna.
Cada vez más localidades piden el rechazo a la reforma.
Purmamarca, Tilcara, Maimará, Abra Pampa, La Quiaca, Libertador, Rinconada, Cochinoca, El Aguilar, son algunos sectores que se expresaron públicamente en contra de la nueva constitución provincial.
Desde la jura de la nueva Constitución, entre gallos y medianoche, la provincia se ha visto envuelta en incontables reclamos, manifestaciones y cortes de ruta que aún se mantienen vigentes.
Las expresiones de rechazo más fuertes se están registrando en el interior de Jujuy donde son cada vez más las localidades que a través de sus concejos deliberantes o comisiones municipales se expresaron públicamente contra la reforma constitucional.
Purmamarca, Humahuaca, Mainará, Tilcara, Abra Pampa, La Quiaca, Cochinoca, Rinconada, El Aguilar, Puesto del Marqués y Libertador General San Martín, son algunas de las ciudades y pueblos que ya se expidieron.
Libertador Gral. San Martín
Patricia Gutiérrez, presidente del Concejo Deliberante confirmó el rechazo a la reforma en una sesión con quórum propio y donde no se presentaron los ediles oficialistas. No solo se fundamentó el tema del litio sino también se remarcó que se trata de un problema político. Marcó claras intenciones del gobierno de privatizar servicios y criminalizar la protesta.
Maimará
Por pedido de los vecinos autoconvocados, el cuerpo deliberativo local votó (dos a favor, una abstención y una ausente) por el rechazo a la reforma.
Purmamarca
El Aguilar
Cabe señalar que en otros puntos de la provincia, la comunidad está presionando a sus concejales para que sigan en la misma línea.
Tal es el caso de Perico donde los vecinos movilizaron por las calles y protestaron a las afueras del edificio legislativo pero no consiguen la medida.
Idéntica situación se da en San Salvador de Jujuy donde pior mayoría del oficialismo, el Concejo Deliberante no se manifiesta. Cabe señalar que este fue un pedido de la Multisectorial integrada por gremios, organizaciones y comunidades aborígenes.
Este espacio señaló recientemente que “la nueva constitución es nula” y tienen pruebas para demostrarlo y exigir su derogación.
Expresiones de la Multisectorial:
- Cecilia Corregidor, referente de la organización CUBA MTR: “No estamos en estado de rebeldía, salimos a marchar pacíficamente en defensa de nuestra constitución provincial, no vamos a permitir volver a la época de la dictadura. La gente y los vecinos entendieron que la violación de los derechos no va a ser permitida con esta constitución. Damos a conocer a todos que estamos trabajando juntos”.
- Santiago Seillant, secretario del interior de SEOM: “Hay acciones muy importantes que vamos a dar a conocer, podemos decir que hay denuncias que dan cuenta de pruebas para decir que hoy la única constitución vigente es la del 83. Hoy la nueva Constitución es nula, en su momento vamos a dar a conocer con pruebas de la inconstitucionalidad. Estamos haciendo acciones en intendencias y comisiones municipales, para que se rechacen la reforma. El oficialismo pretende donde hay cartas orgánicas avalar esta constitución ilegítima e invalida. Van a querer llamar a convencionales municipales para que voten por esta reforma, algo que rechazamos”.
- Susana Ustarez de APOC: “Pudimos ver como amenazan y como están armando actuaciones y causas por un eventual golpe institucional y violencia. Queremos decir que esto de ninguna manera amedrenta a trabajadores y la prueba está en la multitudinaria marcha del pueblo que sigue expresándose. Basta de subestimar al pueblo. Esperamos que mediante el diálogo podamos recuperar la paz en nuestra provincia derogando esta constitución”.
Fuente: Jujuy al Momento
Jujuy: El Malón resiste
Por Resumen Latinoamericano, 06 de julio de 2023.
Las comunidades Indígenas exigen se Derogue la Reforma Constitucional y desmienten que haya una reunión con el gobernador en estos días, difundido por algunos medios que desinforman al pueblo jujeño y sostienen el cerco mediático.
El Tercer Malón de la Paz, que lleva veinte días del corte, después de haber recibido una violenta represión del gobierno, se informaron este martes que el gobierno inicio la denuncia y persecución al pueblo jujeño. Lo hizo mediante su Ministro de Seguridad Guillermo Corro y su Fiscal de Estado Miguel Rivas que difundieron por medios de comunicación afines, un extenso informe donde el gobierno hizo cuentas de denuncias al pueblo jujeño, notificando al pueblo por contravencionales y causas que han realizado a los ciudadanos que se expresaron manifestando en contra de la reforma Constitucional. Con este accionar del gobierno, no se resuelven las demandas de los pueblos originarios.
Hoy jueves continúa el corte total, y su modalidad es dejar pasar a personas con problemas de salud, ambulancias, y considerando ciertas particularidades. Este corte total está sujeto a modificaciónes, donde estarán difundiendo a los medios de comunicación.
Hoy muy temprano en Purmamarca, los pueblos originarios hicieron su ceremonia y saludo al Sol- Inty, esperando que el gobierno piense en todo el pueblo jujeño que reclama se Derogue la Reforma Constitucional y que en estos últimos días se sumaron declaraciones en contra de la reforma Constitucional dónde se sumaron diferentes municipios como Tilcara, Maimara, Humahuaca, Abra Pampa, La Quiaca y comisiones municipales de Rinconada, Pumahuasi, entre otras localidades.
A los pueblos y sociedad en general
El Malón Vuelve
El jueves 6 de julio, el 3º Malón de la Paz inició un corte total en el cruce de las rutas 9 y 52 en Purmamarca. El objetivo es: Abajo de la Reforma, Arriba las Wiphalas, Arriba los Derechos. Y la renuncia del gobernador.
Es posible la intervención de la gendarmería o de la policía provincial. Es el peor escenario. ¡NO MÁS SANGRE DEL PUEBLO INDIGENA!
Ya se inició la criminalización por parte del Estado, en voz del Fiscal de Estado. Las notificaciones empezaron a llegar a Purmamarca.
Mañana es fundamental hacer presencia, visibilizar, informar, dirigir la atención a Purmamarca. Son horas decisivas.
Es imperativo que los Gobiernos nacional y provincial se dispongan a dialogar con el 3º Malón de la Paz.
La lucha indígena de hoy anticipa el escenario de las luchas futuras del país, en defensa de los Derechos Humanos y de la Pacha, así como de la soberanía territorial y la libredeterminación de los pueblos.
Comunidades Indígenas siguen defendiendo sus territorios, ante la violación de derechos de pueblos originarios en Jujuy, donde la ONU (Organización de Naciones Unidas) y la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos), expresaron su preocupación por este accionar del gobierno de Gerardo Morales.
Fuente: Originarios Ar
Deuda FMI: postergan pagos de
vencimientos próximos hasta fin
de julio
Resumen Latinoamericano, 06 de julio de 2023.
El Gobierno tenía que realizar el primero de tres pagos este viernes. Desde el Palacio de Hacienda aseguraron que el cambio “es una facultad que tenemos de consolidar todos los vencimientos de un mes, en un solo día, lo mismo que hicimos en junio” y no implica un atraso.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que el Gobierno argentino postergó hasta fin de mes los pagos al organismo previstos para julio por un monto total de 2.600 millones de dólares, mientras continúan las negociaciones para reformular el acuerdo de facilidades extendidas firmado en marzo de 2022.
“Las autoridades (argentinas) han ejercido su derecho como miembro de agrupar tres recompras (pagos de capital) con vencimiento en julio y pagarlos a fin de mes, el próximo 31 de julio”, señaló a Télam una fuente del FMI.
La decisión de postergar los pagos hasta el 31 de julio, informó la fuente, fue oficializada este miércoles, a días del primer vencimiento de julio.
De acuerdo con el cronograma original, este viernes el gobierno debía afrontar el primer vencimiento, por 1.200 millones de dólares. El segundo y tercer vencimiento, que totalizan unos 1400 millones de dólares, estaban previstos para el 14 y 28. Ahora, los tres pagos serán abonados el 31 de julio.
La decisión de postergar los pagos al FMI, “es una facultad que tenemos de consolidar todos los vencimientos de un mes, en un solo día, lo mismo que hicimos en junio”, señalaron durante la víspera fuentes del Palacio de Hacienda. La posibilidad de consolidar los pagos previstos en un mismo mes, aclararon, está contemplada por el FMI y no implica un atraso.
Renegociación del acuerdo
Esta medida se tomó en medio del proceso de renegociación del acuerdo de facilidades extendidas firmado en marzo de 2022 que los funcionarios del Palacio de Hacienda mantienen de forma virtual con el staff técnico del organismo.
Se espera que en los próximos días, cuando las negociaciones estén en condiciones de ser cerradas, el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, y el jefe de Asesores de esa cartera, Leonardo Madcur, viajen a Washington.
El martes de esta semana también hubo novedades de parte del secretario de Finanzas, Eduardo Setti, quien confirmó que el Gobierno abonará en los próximos días alrededor de 1.000 millones de dólares de cupones de deuda reestructurada en 2020, conforme al cronograma establecido y como parte del compromiso de pago de las obligaciones de la deuda pública con acreedores privados.
Señales políticas al FMI
También hubo señales políticas al organismo internacional –que pide una devaluación y correcciones más drásticas en la economía argentina– del ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa.
En un doble movimiento, el tigrense empezó a exponer cómo el FMI condiciona el manejo económico del país y, en segundo lugar, comenzó a llevar a los barrios, mediante la figura del “tío vago”, una explicación clara de cómo el Gobierno de Mauricio Macri tomó el crédito y a dejar en claro que la idea del Gobierno es “sacarnos de encima a los que nos condicionan”.
Fuente: Página 12
Jujuy. Natalia Sarapura: De “india
amiga” a diputada de la republiqueta
que dirige Gerardo Morales
Verónica Azpiroz Cleñan * / Resumen Latinoamericano, 6 de julio de 2023
Cuando una ley nace injusta, el grito de rebelión es necesario. Inicio con esta afirmación de John Locke, al cual nadie podría tildar de petardista, para devolver a lxs relatores de las banderas del liberalismo político, el espejo donde mirarse.
Si nombrara a José Martí, Mariategui, Reinaga o a los líderes indígenas del levantamiento anticolonial como Tupac Amaru, Juana Azurduy o el tayta Quispe me tildarían de izquierdista o fundamentalista. Pero no. Les recuerdo el pensamiento político del padre del liberalismo, Locke, para afirmar que: ni en eso se encuadra la salvaje represión que el gobierno de Gerardo Morales perpetró contra el legítimo derecho a la rebelión de los pueblos originarios.
El interés afectado en Jujuy para las comunidades indígenas es nada más y nada menos que la permanencia en los territorios indígenas, su modo de reproducción de vida y el cuidado y resguardo del agua, de las cuatro aguas.
La Fiscalía de Estado de la provincia de Jujuy informó durante esta semana la planificación de causas que tienen preparadas para encarcelar y embargar los pocos, poquísimos bienes que las comunidades indígenas poseen si continúan practicando el derecho a la protesta.
No les basta reprimir, sino que ahora pretenden hacer arrodillar a los pueblos originarios: Pueblo atacameño, pueblo qolla, pueblo fiscara, pueblo ava guaraní, pueblo omaguaca, pueblo tilian, pueblo chicha, pueblo ocloya y pueblo qom que viven en Jujuy. Su plan es el despojo.
Creo que no podríamos llamar liberalismo político al pensamiento de Morales. Es más bien cercano al nacional socialismo de Hitler y Mussolini: la eliminación de la otredad, está vez no del pueblo judío, sino de todos los pueblos originarios que son parte de Jujuy.
Ayer, en la Cámara de Diputados de la Nación, pidió la palabra la wedding planner (organizadora de casamientos) de la puna jujeña Natalia Sarapura. Ayer indígena VIP del mundillo de la cooperación internacional, hoy india amiga. De estirpe radical devenida en showgirl cambiemita. Sorprendió al mundo panperonista su discurso en voz alta. Mostró su malestar: los indios se le rebelaron.
Ante la ilegal reforma constitucional que el gobierno provincial de Gerardo Morales (Visir de la Puna) realizó de manera express, es legítimo el levantamiento indígena.
A nosotrxs, no nos sorprendió su sobreactuación. Suponíamos que iba a entregar evidencia sobre el proceso de consulta, libre, previa e informada que había realizado la Asamblea Constituyente para obtener el consentimiento de las 400 comunidades indígenas para con el texto de la reforma. Pero no. No lo tiene. Las comunidades serán afectadas de manera negativa por la reforma constitucional, pero en su discurso lo niega.
Show desplaza evidencia. Era necesaria la sobreactuación porque no dispone de ningún documento administrativo que dé cuenta de que los pueblos originarios dieron el consentimiento para el texto final de la reforma constitucional. Dicho proceso tiene al menos tres etapas tal cual lo establece el Convenio 169 OIT, ratificado por el propio Congreso de la Nación. Por eso sostenemos que la reforma es ilegal. Y ella lo sabe. Lo enmascara produciendo una contraposición entre políticas filo peronistas y sus propias políticas radicales cambiemitas.
¡Qué error querida! Confundiste la tribuna a quién hablarle. Preferiste vestirte radical, que india. Preferiste las inversiones extranjeras, que la pachamama. Preferiste vender a tu madre, que defender a tus hermanxs. Preferiste el litio, que las cuatro aguas. Preferiste la banca radical, que la autonomía política. Preferiste el orden milico y balas, que las coplas y el maíz. Preferiste la persecución a las disidentes, que la conversación plural. Preferiste el poder judicial cómplice, que el pluralismo jurídico. Preferiste el discurso de barricada, que la argumentación con pruebas. No lo lograste: avergonzaste a tus ancestras.
* Tejido de Profesionales Indígenas
*Mapuche. Politicóloga
Jujuy. Pueblos Originarios.
Informe del Tercer Malón de la
Paz, en contra de la Reforma
Constitucional
Resumen Latinoamericano, 6 de julio de 2023
Informe elaborado por Originarios.ar
Tercer Malón de la Paz, en contra de la Reforma Constitucional
Comunidades Indígenas siguen defendiendo sus territorios, ante la violación de derechos de pueblos originarios en Jujuy, donde la ONU (Organización de Naciones Unidas)y el CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos), expresaron su preocupación por este accionar del gobierno de Gerardo Morales.
Las comunidades Indígenas exigen se Derogue la Reforma Constitucional y desmienten que haya una reunión con el gobernador en estos días, difundido por algunos medios que desinforman al pueblo jujeño y sostienen el cerco mediático.
El Tercer Malón de la Paz, que lleva veinte días del corte, después de haber recibido una violenta represión del gobierno, se informaron este martes que el gobierno inicio la denuncia y persecución al pueblo jujeño. Lo hizo mediante su Ministro de Seguridad Guillermo Corro y su Fiscal de Estado Miguel Rivas que difundieron por medios de comunicación afines, un extenso informe donde el gobierno hizo cuentas de denuncias al pueblo jujeño, notificando al pueblo por contravencionales y causas que han realizado a los ciudadanos que se expresaron manifestando en contra de la reforma Constitucional. Con este accionar del gobierno, no se resuelven las demandas de los pueblos originarios.
Hoy jueves continúa el corte total, y su modalidad es dejar pasar a personas con problemas de salud, ambulancias, y considerando ciertas particularidades. Este corte total está sujeto a modificaciones, donde estarán difundiendo a los medios de comunicación.
Este jueves 6, muy temprano en Purmamarca, los pueblos originarios hicieron su ceremonia y saludo al Sol- Inty, esperando que el gobierno piense en todo el pueblo jujeño que reclama se Deroge la Reforma Constitucional y que en estos últimos días se sumaron declaraciones en contra de la reforma Constitucional dónde se sumaron diferentes municipios como Tilcara, Maimara, Humahuaca, Abra Pampa, La Quiaca y comisiones municipales de Rinconada, Pumahuasi, entre otras localidades.
Fuente: Originarios.ar
En Jujuy llaman a nueva jornada
de protestas
Resumen Latinoamericano, 6 de julio 2023.
El presidente de la comunidad Ocumazo llamó a un corte de rutas total “hasta que se derogue la reforma constitucional”.
Organizaciones originarias argentinas convocaron este jueves a una nueva jornada de movilizaciones en Jujuy contra la reforma constitucional exprés e inconsulta impulsada por el gobernador y precandiato a vicepresidente por el derechista Juntos por el Cambio, Gerardo Morales.
El presidente de la comunidad aborigen Ocumazo en Humahuaca e integrante de la Asamblea del Tercer Malón de la Paz, Raúl Choquevilca, llamó a un corte de rutas total “hasta que se derogue la reforma constitucional”.
Como parte de los reclamos, el movimiento exige que se declare inconstitucional la reforma, el cese de la represión y persecución de los líderes comunales, así como la renuncia de Morales y de su ministro de Seguridad, Guillermo Corro.
“Mantenemos el espíritu de rechazo desde el primer momento. Tomamos las rutas como último recurso. No nos dejan muchos caminos para poder salir a reclamar la injusticia que están cometiendo”, apuntó Choquevilca.
De igual forma, el líder aborigen resaltó que las comunidades reclaman el fin a la explotación de litio tras la aprobación de una ley que promueve el desarrollo de nuevas producciones energética en territorios habitados por pueblos originarios.
“Esa ley es el preludio de lo que estamos denunciando, ese avasallamiento. Esta Constitución vendría a ser la síntesis de todos los atropellos que venimos denunciando. Estamos convencidos de que nuestra lucha es por el derecho a la vida”, subrayó.
Se cumple un mes de protestas
multitudinarias, represión y
denuncias de apremios en Jujuy
Resumen Latinoamericano, 06 de julio de 2023.
Mapa cronológico de una práctica estatal de otras épocas como bandera de campaña electoral.
El rápido tratamiento y aprobación de la reforma parcial de la Constitución de Jujuy, entre protestas multitudinarias, implicó en su proceso reiterados hechos de represión, allanamientos controvertidos, el armado de causas y detenciones cuestionadas por colectivos de derechos humanos, advirtieron abogados y defensores de manifestantes, al cumplirse este miércoles un mes del inicio de las protestas.
Encabezadas por los gremios docentes y estatales, las movilizaciones comenzaron el 5 de junio pasado en demanda de recomposición salarial para ambos sectores, pero casi de inmediato derivaron en rechazos al texto normativo de la nueva Constitución, cuya aprobación motivó el repudio absoluto de diversos sectores de la sociedad.
En un contexto de tensión permanente, los cuestionamientos fueron alcanzando de manera transversal a comunidades indígenas, sindicatos y organismos de derechos humanos, entre ellos Familiares de Detenidos y Desaparecidos, Hijos-Jujuy y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en DDHH y estudios sociales (Andhes).
Estas entidades, junto a otras instituciones de la sociedad civil, denunciaron la vulneración de sus derechos producidas por las modificaciones en los artículos de la Carta Magna provincial.
Una nueva marcha en la Jujuy de Morales
Una nueva marcha se llevó a cabo esta noche en las calles de la capital provincial con el objetivo de conseguir la aclamada «declaración de inconstitucionalidad» o la «anulación» de la reforma constitucional que ya rige en este territorio.
«A un mes de iniciada nuestra lucha, volvemos a iluminar las calles con nuestros reclamos por salarios dignos y derechos plenos», coincidieron diversos colectivos al formar una larga columna que marchó en la fría noche de San Salvador de Jujuy con antorchas y velas.
Entre los movilizados predominaba la consigna «arriba los derechos, arriba las wiphalas, abajo la reforma», para luego abogar por la «defensa de la democracia en Jujuy».
En paralelo a la marcha de antorchas, en otros puntos de la provincia se registraban al menos más de diez cortes de rutas nacionales y provinciales por parte de comunidades originarias, campesinos, productores, docentes y activistas.
Foto: Javier Corbalán / Télam
La génesis del autoritarismo en Jujuy
La Convención Constituyente de Jujuy aprobó en la madrugada del 16 de junio la reforma parcial de la Constitución, luego de suscribir el texto general y cada uno de los artículos con los votos de los representantes del Frente Cambia Jujuy, encabezados por el gobernador y precandidato a vicepresidente Gerardo Morales.
La aprobación también contó con el voto positivo de algunos representantes del Frente Justicialista, lo que abrió otra fuerte polémica en el peronismo de Jujuy.
La sanción del poder constituyente fue catalogado como «exprés» por varios sectores políticos y sociales, desde donde cuestionaron lo que definieron como una aprobación «entre gallos y medianoche».
Eso exacerbó el descontento y en esa misma jornada se inició un corte sobre la ruta nacional 9, en el acceso a la ciudad de La Quiaca, donde los movilizados soportaron temperaturas de hasta 10 grados bajo cero mientras mantenían el reclamo.
Entre los artículos más repudiados del texto constitucional se destaca el capítulo denominado «Derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica», que en uno de sus apartados ratifica «la prohibición de cortes de calles y cortes de rutas, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas».
Además, en ese capítulo se prohíbe expresamente «la ocupación indebida de edificios públicos en la provincia».
Foto: Edgardo Varela / Télam
En el articulado sobre tierras fiscales, capítulo rechazado por las comunidades indígenas, se establece que «la tierra es un bien de trabajo y de producción», por lo que «la ley regulará la administración, disposición y destino de las tierras fiscales susceptibles de aprovechamiento productivo».
Ese apartado remarca que en la regulación del suelo que figure en los catastros como propiedad del Estado se establecerán «regímenes de fomento que promuevan el desarrollo territorial y el interés socioeconómico de la provincia».
El mismo 16 de junio, en horas de la tarde, la policía de la provincia intentó avanzar con el desalojo de manifestantes que se encontraban reclamando sobre la ruta nacional 9 en la localidad de Abra Pampa, en la región de la puna, 216 kilómetros al norte de San Salvador.
El 17 de junio, indígenas apostados en el corte de las rutas 9 y 52 a la altura de la localidad de Purmamarca, en la quebrada de Humahuaca, sufrieron al menos cuatro hechos de represión a lo largo del día, lo que dejó como saldo múltiples heridos y detenidos.
Las víctimas de la represión
Misael Lamas, estudiante de 17 años, perdió uno de sus ojos al recibir un balazo de goma durante el operativo de la policía, denunciaron los miembros de la comunidad.
El 20 de junio, luego de una breve sesión de la Asamblea Constituyente que encabezó el propio Morales, se juró el nuevo texto normativo de la Carta Magna provincial.
La aprobación y jura desató una fuerte represión en la zona céntrica de la capital, sobre todo en las inmediaciones de la Legislatura.
Las calles céntricas fueron el escenario del avance policial que se extendió por más de cuatro horas con persecuciones, balazos de goma y detenciones que fueron denunciadas como «ilegales».
La jornada, que coincidió con el aniversario de la muerte de Manuel Belgrano en 1820, terminó con 170 heridos y al menos 60 detenidos.
Jorge Rodríguez, trabajador municipal, quedó tendido esa mañana en el suelo inconsciente y herido de gravedad al perder uno de sus ojos.
El pasado sábado, esta vez en la ciudad de Humahuaca, los alrededores del Concejo Deliberante fueron escenario de una manifestación en reclamo de que los ediles se pronunciaran contra la reforma constitucional.
Entrada la madrugada y luego de conseguir la resolución legislativa, un nuevo episodio de represión policial fue el desenlace de los reclamos.
Foto: Gentileza Jujuy al Momento
Joel Paredes, joven de 28 años, quien participaba de la protesta junto a la banda de música de la que forma parte, recibió un balazo de goma en la cara y perdió el ojo derecho.
A estos hechos se sumó el caso de un joven de 18 años con incapacidad motora que había sido arrestado el 20 de junio en el marco de la represión.
El 28 de junio fue nuevamente encarcelado, esta vez junto a su pareja adolescente de 17 años, tras un allanamiento «ilegal» y «sin orden judicial», denunció a Télam su abogada Alejandra Cejas, exdiputada provincial.
El joven detenido se llama Marcos Antonio Domínguez (18) y su pareja Belén Ontiveros (17), quienes según la denuncia de la letrada fueron detenidos en horas de la madrugada cuando efectivos policiales «ingresaron violentamente» al domicilio, ubicado en el barrio Coronel Arias de la capital.
Otra vez, contra Milagro Sala
El 29 de junio, efectivos policiales allanaron la vivienda de la dirigente social Milagro Sala en el barrio Cuyaya, en el marco de una causa derivada de las manifestaciones ocurridas en Jujuy.
El procedimiento fue dispuesto por el juez de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración, Rodolfo Fernández, con intervención del fiscal Diego Funes, quienes ordenaron secuestrar los celulares de los integrantes de la casa como también documentación vinculada a la Túpac Amaru, contaron allegados a la propia Sala, que cumple arresto domiciliario.
Ese mismo día, la docente y actriz jujeña Camila Müller denunció ante la Justicia ordinaria que fue agredida físicamente y amedrentada por tres personas encapuchadas que irrumpieron en su domicilio.
El episodio vivido por la actriz Müller fue denunciado como un acto de «violencia» y «persecución» y motivó el repudio de instituciones y colectivos de artistas, quienes responsabilizaron por lo ocurrido al gobernador Morales.
Foto: Juan Fernández
«No te hagas la revolucionaria, ya te tenemos junada», fue una de las expresiones que escuchó Müller tras el ingreso de desconocidos a su domicilio.
La artista relataría luego que las personas que entraron a su casa se retiraron del lugar sin llevarse nada, contaron a Télam allegados a la joven.
Otro de las agresiones denunciadas involucra a un joven jujeño que filmó con su celular el desplazamiento de un contingente de la policía en cercanías del domicilio del gobernador el pasado martes 20 de junio, mientras se aprobaba la reforma parcial de la Constitución provincial.
El joven, de 32 años y de quien se preserva su identidad, permanece detenido mientras su defensa reclama su inmediata libertad.
El individuo cumple prisión preventiva desde el viernes 26 de junio en la sede de la Brigada de Investigaciones ubicada en el barrio Chijra, en San Salvador.
La acusación contra el joven se valió de la filmación hecha con su celular de un grupo de efectivos que se desplazaba hacia al domicilio de Morales en un barrio de San Salvador, imágenes que luego se multiplicaron en sitios web y redes mientras ocurrían detenciones y ‘apremios ilegales’ en los alrededores de la vieja terminal de ómnibus.
Ayer, el fiscal de Estado de Jujuy, Miguel Rivas, indicó en una rueda de prensa que se «perseguirá» a quienes «hayan cometido ilícitos» durante las protestas y los cortes de ruta.
«Se trata de acciones ilícitas, perpetradas por personas violentas, con una virulencia majestuosa, que realmente están atacando el orden constitucional», sostuvo el fiscal, y añadió: «Se va a instar a que de forma inmediata se proceda a la detención efectiva de los delincuentes».
Además, informó que desde el ministerio público de la provincia se buscará que «se apliquen los montos mayores de penas previstas para cada delito».
El fiscal de Estado declaró incluso que «los autores materiales, cómplices e instigadores» de hechos que se consideren como delitos podrían recibir «hasta 25 años de cárcel» y no habilitó ninguna instancia de diálogo con los manifestantes, que ya llevan un mes de protestas en todo el territorio.
Fuente: Tiempo Ar
Envio:RL
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