TROPEL del 08.07.2023.

 

Confederación Mapuche de Neuquen: 

Porque se constituyeron como 

querellantes contra el basurero 

petrolero Comarsa

Resumen Latinoamericano, 7 de julio de 2023

La Confederación Mapuce de Neuquén – Zonal XawvnKo se presentó como querellante en la causa penal contra el basurero petrolero Comarsa que se tramita en la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales de la Provincia de Neuquén.

Durante años hemos expuesto pública y judicialmente la contaminación que producen todos los basureros petroleros de la región, denunciando el manejo irregular de los voluminosos residuos que genera la industria del fracking y la ausencia de control de la Secretaría de Ambiente provincial.

Es por eso que presentarnos como querellantes es un paso más en esta lucha por la salud y el buen vivir, nos convocamos junto a la Asociación de Abogadas/os Ambientalistas y la Asamblea Por los Derechos Humanos de Neuquén, para sumar nuestra voz en esta causa, que esperamos pronto constituya avances significativos para enfrentar la impunidad ambiental.

Video:

#confederacionmapuche

#basurerospetroleros

#bastadecontaminarnos

Denuncia de la Gremial de Abogadxs 

sobre el caso de un trabajador que 

está detenido por graves acusaciones 

de la Embajada de Israel

Resumen Latinoamericano, 07 de julio de 2023.

LA EMBAJA DE DE ISRAEL ESTÁ UTILIZANDO LOS TRIBUNALES Y LAS FUERZAS FEDERALES PARA PERSEGUIR A UN SIMPLE TRABAJADOR POR SU PENSAMIENTO POLITICO Y SUS DENUNCIAS.

CRISTIAN DIAZ es un hombre sencillo, un trabajador de sol a sol de una metalúrgica en la zona Sur del Gran Bs As.
Vivía muy humildemente en Florencio Varela.

Es además un ferviente simpatizante de la causa palestina.
Tiene dos ahijados que viven en el infierno en que el Estado de Israel convierte a la Franja de Gaza y sobre todo en el exterminio masivo de sus niños y niños.

CRISTIAN ha denunciado incansablemente las atrocidades contra los palestinos.
Desde su individualidad, sin militancia orgánica concreta como no sean sus relaciones.

Sin embargo el Estado de Israel cuenta en la Argentina con las fuerzas federales y sobre todo con los Tribunales Federales como estructuras que no dejan pasar una sola cosa que ellos consideren que los afecte, aún que sea el simple vuelo de una mosca.

Así las cosas y ante el posteo de un flyr en su propia cuenta de Facebook se desata una casería impulsada por el Estado de Israel contra Cristian.

El primer Secretario y Jefe de Seguridad de la embajada pone en marcha toda su influencia y poderío ante la policía y jueces federales de Argentina.
Denuncia a Cristián nada más y nada menos que por sus opiniones, por su pensamiento o deseos.
Y se ensañan.
Le plantan oficiales federales de la División Antiterrorista a infiltrarse en su barrio y en su lugar de trabajo y finalmente lo allanan.

Obviamente en el allanamiento no encuentran nada, nada de nada.
Pero la simple opinión de César sobre el conflicto y las matanzas en Palestina son elementos suficientes como para allanar, detenerlo y someterlo a proceso penal por un delito inexistente, y sin la más mínima prueba.
Por si fuera poco se le dicta prisión preventiva por un hecho que admite la excarcelacion por lo exiguo de la pena.

Acá ponemos los fundamentos del juez Ariel Lijo para procesarlo y dictarle la prisión.
Y ponemos los fundamentos de la Defensa de la Gremial rechazando cada palabra del juez.

El escrito del Juzgado está hecho en un idioma muy difícil de entender.
Ellos hablan así, en difícil.
Para confundir.
Son una élite y actúan como tal.

Nuestro escrito está hecho para los jueces pero con ojos y cabeza puestos en todos y todas los que lo leerán.
Escribimos como hablamos, con sencillez y a modo de que todos lo entiendan.

Si quieren saber, verificar e informarse cómo la Justicia Federal argentina es utilizada por los poderosos del mundo, háganse un ratito, y lean nuestra apelación y fundamentos para rechazar con todo lo que dice el Juez.

Quienes crean que está causa es sólo contra Cristian se equivocaran.
Quienes piensen que los jueces federales no actúan y actuarán así en otras causa le erraran.
Quienes consideren que esto solo ocurre porque se trata del Estado de Israel también erraran porque está causa, como las de los mapuche (Winkul, Jones Huala y tantos otros) reflejan la verdadera cara, la esencia de la naturaleza de los Tribunales en las duras situaciones que vendrán.

Es como siempre décimos: es un grave error pedirle justicia a los injustos.

Y como siempre hacemos, no dejaremos esfuerzos por producir para alcanzar la libertad de César.
Los que puedan y quieran, vean la Defensa

INTERPONE RECURSO DE APELACIÓN CONTRA PROCESAMIENTO
APELA PRISION PREVENTIVA

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL DE INSTRUCCIÓN N°4

Sr. Juez:

MARIA DEL ROSARIO FERNANDEZ y EDUARDO SOSARES, (ambos de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina), con domicilios electrónicos constituidos en autos, defensores de CRISTIAN DIAZ, en causa: CCC 48888/2017, a V.S. decimos:

I.- OBJETO:

Que, en tiempo y forma, venimos a apelar el auto de procesamiento con prisión preventiva dictado el pasado lunes 3 del corriente, en orden a los delitos de intimidación pública (art. 211 CP) y a la figura prevista en el art. 3, último párrafo, ley 23592, en concurso ideal, solicitando se conceda el mismo en la forma de estilo (artículos 31, 311, 438, 450 sgtes. y cts., del CPPN).

II.-MOTIVACION- FUNDAMENTOS

En consecuencia venimos a exponer los motivos del presente a tenor de lo dispuesto en el artículo 438 in fine CPPN.
Partimos de la base que para esta Defensa Técnica la resolución que impugnamos releva una conducta irrelevante en términos de principios de lesividad, o lo que en la técnica del Derecho sería la ultima ratio del Derecho Penal, proporcionalidad, en relación al bien jurídico tutelado por el art 211 CP.
Dicho esto de forma mas coloquial para que lo entiendan muchos organismos y personas que leerán esto: la conducta de Diaz no molesta a nadie, no es algo que afecte a persona alguna. Y si llegado el caso alguien se sintiera afectado no es por la vía del Derecho Penal donde debe plantear su afectación.
Esto incluso puede advertirse en ocasión de formularse la imputación al Díaz en la ocasión del art. 294 del ritual, oportunidad en la que se le imputó realizar un posteo en internet, sin subsumir la conducta en ningún tipo penal.
En rigor, ésta fue la razón por la cual la defensa aconsejó a Díaz negarse a declarar, pues no quedaba claro de qué defendernos. La Defensa no está obligada a corregir la actividad defectuosa de la Instrucción, y no resulta igual defenderse de tipos penales que cuentan con elementos subjetivos diferentes, pues cada uno habilita defensas diversas (no es igual controvertir una imputación por incitación a cometer delitos, que por proferir ideas de odio racial, o intimidar a un número indeterminado de personas, o lo que dándole rienda suelta a la imaginación S.S. pueda llegar a imputar).
Para ser honestos intelectualmente debemos reconocer que la Instrucción estaba (y está) absolutamente huérfana de pruebas y elementos mínimos como actuar como lo hizo en la Instrucción, esto es : no establecer conducta penal.
La Instrucción hace lo que puede pero queda claro que por mas que lo intente no podrá cocinar sin fuego un locro para treinta personas. Y en efecto así queda la Instrucción: pagando
Es probable que la omisión de asignarle una significación jurídico penal al posteo en una red social se haya debido a que S.S. no tenía claro qué imputar, no entendía cabalmente si el posteo afectaba o no algún bien jurídico y qué calificación asignarle, algo habitual cuando se echa a andar el sistema penal por inercia o para quedar bien con actores que cumplen algún rol político relevante en la comunidad, tanto nacional como internacional, y en el presente caso estamos hablando nada mas y nada menos que el Estado de Israel quien en su legación argentina y por medio de su Jefe de Seguridad fue quien llevó a cabo esta descabellada denuncia contra un pobre tipo que es un simple laburante de sol a sol en una metalúrgica como está mas que probado en autos y a quien no se le conoce ni se ha acreditado ninguna militancia política como no sean sus ideas respecto a la actuación genocida del Estado de Israel en relación a los territorios palestinos ocupados desde hace décadas.
Si estamos a los terribles comentarios de periodistas de renombre, políticos/as que pueden ser los próximo presidente, o comentaristas racistas, xenófobos y odiadores seriales de gente pobre e inmigrante, el siempre flyer de Cristian Díaz no pasa de ser una humorada, pero así son las cosas cuando un Estado poderoso como Israel trae las cosas hasta estas playas persiguiendo a un humilde trabajador. Es como si utilizara un misil nuclear para dispararle a una hormiga. La actitud delatora y botona de la Embajada de Israel constituye eso y no mas y casi como que nos da vergüenza tener que defender a alguien de estas acusaciones.
Pero acá estamos, hasta acá nos trajeron.
Esto es moneda común cuando se invierte la inferencia que debe realizar un juez, y primero se decide que se va a perseguir penalmente a alguien para luego buscar a qué ropaje jurídico echar mano para “vestir” la decisión tomada de antemano.
En la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas a la que orgullosamente pertenecemos le llamamos a esto “derecho penal del enemigo”, que no es algo inventado por nosotros sino fruto de las discusiones y debates con muchas organizaciones de abogados hermanas de varios países de Nuestra América.
El art. 211 CP reza: “Será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos. Cuando para ello se empleare explosivos, agresivos químicos o materiales afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de prisión de tres a diez años”. Dado que se trata de un tipo penal de puro peligro abstracto, es de buena técnica jurídica ceñirse a la máxima taxatividad interpretativa, pues las interpretaciones extensivas en esta especie de figuras (constitucionalmente muy dudosas) corren el riesgo de atrapar semánticamente absolutamente todo, desde actos preparatorios a hechos irrelevantes, o una simple opinión o (lo reconocemos) quizás hasta una poco feliz forma de plantear un deseo, como es el caso bajo análisis.
Nótese que el tipo en cuestión hace hincapié en una ultra-intención muy específica y en la idoneidad de los medios utilizados para producir el resultado, el cual es intimidar a un número indeterminado de personas. Pensemos por ejemplo en quien da falsa alarma de bomba mediante un llamado anónimo para evitar que se lleve adelante una congregación partidaria en la que se va a decidir algo contrario a sus intereses, o en quien anuncia en un posteo que disparará con un arma automática a todos los simpatizantes de una parcialidad futbolística que asistan a determinado estadio ante una competencia final de un certamen, buscando crear una ventaja para uno de los equipos al no disputar el encuentro con público apoyando moralmente al rival; o alguien que al ver la llegada de una columna de manifestantes que se aproximan a una manifestación que bloqueara la vidriera de su comercio y mermará sus ventas decide disparar un arma con munición de fogueo (no constituiría abuso de arma por no dispararse ningún proyectil) esperando que el estruendo desconcentre a los manifestantes, del mismo modo que si alguien activara una sirena dispuesta en un pueblo para dar aviso de la inminencia de un huracán, logrando que quienes se encuentran en un evento se dispersen para concurrir a los refugios.. Estos ejemplos constituyen ejemplos claros de situaciones para las cuales sería de aplicación el art. 211 CP, y, de hecho, los dos primeros ejemplos no son casos de laboratorio, sino que ocurren todas las semanas de forma previa a algún encuentro futbolístico, cuando una parcialidad amenaza a la rival con agredirlos a la llegada o salida del estadio, y las falsas amenazas de bomba son aún más comunes.
Incluso aquellas frases de nuestra niñez que nos enseñaban padres y abuelos sobre la alarma falsa de “viene el lobo, viene el lobo”.
Sin ir mas lejos, algunos candidatos o funcionarios han dicho públicamente que si gana fulano o mengano “habrá un baño de sangre” y no hemos visto ninguna denuncia ni allanamientos cinematográficos como los producidos en autos. Sin contar con las investigaciones berretas y pintorescas de los espías federales antiterroristas sobre el trabajo y la casa de Díaz que se asemejaron mas al Superagente 86 que al Agente de Cipol o Misión Imposible.
Si van a imputar así a Díaz, no quiera saber Su Señoría o luego Sus Excelencias en lo que podemos transformarnos estos defensores hinchas ambos de Boca si nos vieran en la Popular alentando y despotricando contra nuestros rivales.
Ahora bien, pongamos al contraste estos ejemplos citados, donde existe clara ultra intención de intimidar con un medio idóneo, y el caso bajo análisis. Más allá de los problemas archiconocidos para reconstruir la subjetividad de una persona al momento de llevar adelante una acción, es indudable que las características de la misma nos pueden decir cual NO fue la voluntad del sujeto.
El posteo de Díaz relacionado con la realización del evento “BA celebra Israel” no amenaza con la producción de un mal determinado ni inminente, no utiliza una diatriba al estilo de una proclama política incitando a algún colectivo a emprender algún ataque concreto, no lo formuló en alguno de los grupos, blogs, ni perfiles oficiales de los organizadores del evento. Se trata de un comentario en su propio perfil, donde, asignando un tono quizás poco feliz y de tinte pretensiosamente jocoso, sugiere que ante la reciente muerte de niños en la franja de Gaza producto de los enfrentamientos entre Israel y Palestina podrían ocurrir sucesos similares a los que tuvieron lugar en Túnez, aclarando que no es su intención dar ideas a terceros ni incitar a ninguna acción.
Aquí entra en juego el concepto de BIEN JURÍDICO TUTELADO, que opera como una garantía, como un límite a la pretensión punitiva que parece anidar en el ADN humano, pues si esa esfera de tutela no se ve afectada entonces no estamos frente a un conflicto que habilite la entrada en funcionamiento de la maquinaria penal.
El bien jurídico tutelado por el art. 211 CP es la tranquilidad pública, en el sentido de no alterar el normal funcionamiento de la sociedad, no, como parece sostener S.S., en el sentido de reforzar la confianza o la fe que la comunidad tiene en el poder del Estado de neutralizar todo lo que pueda llegar a provocar zozobra, pues reforzar la fe en el Estado parecería una pretensión pseudoreligiosa autoreferente, no propia de un régimen como el nuestro.
Nos preguntamos ¿Los dichos de Cristian Díaz mermaron la concurrencia del público al evento “BA celebra Israel”? ¿El posteo de Díaz provocó la necesidad de reforzar el operativo de seguridad con más efectivos o más recursos? La respuesta es NO, o al menos no consta en el expediente que esto haya sido así. De hecho, en el anteúltimo párrafo de la página 2 del auto de procesamiento consta que “El acto se llevó a cabo y concluyó con normalidad”. Entonces no cabe más nada que agregar, pues es obvio que se trató de una acción intrascendente e irrelevante desde el principio de lesividad penal, pues no afectó ni mínimamente el bien jurídico que la norma protege. Por ende, la conducta es atípica, pues a la luz de casi todas las teorías del delito la existencia de lesión al bien jurídico tutelado por el tipo es un requisito para afirmar la existencia de un conflicto o pragma típico, constitutivo de los elementos de toda figura del Código Penal
¿Es probablemente el posteo de Díaz un comentario poco feliz? Esta defensa no justifica el posteo por mas que en efecto hemos sido durísimos críticos y denunciantes contra el Estado de Israel por la terribles matanzas (sobre todo de niños), los asesinatos alevosos contra hombres y mujeres perpetradas contra el Pueblo Palestino.
Personalmente creemos que sí, que fue poco feliz, no comulgamos con tratar livianamente ni en ningún tono alternativo a la seriedad absoluta la tragedia de la guerra, ni rozar la broma irrespetuosa del dolor y la sensibilidad de ninguna comunidad religiosa o etnica. Pero de la condena moral o social a procesar y encarcelar a un sujeto hay una distancia equivalente a la que existe entre el Estado democrático de Derecho y un régimen totalitario que persigue a todo aquel que no adhiera a la moral oficial o a las formas de pensar políticamente correctas.
Precisamente la zona de reserva del art. 19 CN y los tratados internacionales como el P.I.D.C.yP. que tutelan la libertad política y religiosa, adquieren importancia y sentido en casos como este. Nadie precisa garantías constitucionales ni derechos cuando piensa igual que el poderoso, es precisamente cuando se abreva en ideas políticamente incorrectas, y reputadas inmorales por las mayorías, cuando se precisa la tutela jurídica que proteja a esas minorías. ¿Esto implica proteger incluso a aquellos que griten a los 4 vientos la conveniencia de disolver el Estado de Derecho? La respuesta es SÍ, porque mañana pueden ser nuestras ideas las que sean reputadas como inconvenientes, y porque el Estado se reputa legítimo para ostentar el monopolio de la fuerza no solo porque muchos convalidaron un mecanismo de legalidad formal para darle nacimiento, sino porque debe conservar una superioridad ética respecto de aquellos a quienes juzga y gobierna, no puede “comerse al caníbal”. Por ende, si ostenta la fuerza porque tiene razón no debe vencer a quienes clamen por ideas horribles, debe convencer. Acallar la opinión de disidentes mediante el sistema punitivo equivale a la cancelación por la fuerza, lo que hacen los poderosos precisamente cuando no tienen razón.
Entendemos que en un sistema injusto de explotación y dominación como es el capitalismo, sus leyes (y a veces los Tribunales) se adecúan a tal sistema. Pero acá hablamos de sus propias leyes, sus propias garantías, su propia Constitución, de manera que justamente pedimos que se actúe coherentemente en relación a esa misma legislación.
La esencia de esta persecución penal es objetar hechos lícitos para invocar la posible (y aventurera) existencia de eventos hipotéticamente ilícitos. Esto claramente se advierte en el tratamiento de la prisión preventiva, donde, sin sonrojarse, el magistrado afirma tajantemente que a Diaz le corresponde la excarcelación.
No plantea que puede existir peligro de fuga ni entorpecimiento de actuaciones, es mas las menciona reconociendo que son las limitantes de la prisión preventiva.
Obra en autos arraigo y un trabajo de años por parte de Díaz en una empresa metalúrgica y maderera.
Pero en un pase de magia la Resolución que apelamos dice algo que no surge en autos, un invento una excusa para mantener a nuestro defendido encarcelado.
La Resolución afirma que Díaz debe seguir detenido porque quizás las pericias telefónicas permitan llegar a algo así como “otros elementos de una célula terrorista”, y su libertad provisoria podría permitirle darle avisos a todos estos talibanes imaginarios que viven en el mundo mental del redactor del escrito. Palabras más, palabras menos, todos leemos esto cuando leemos el punto VII del auto de procesamiento. Más allá que este tópico tendrá un tratamiento diferenciado, traer a colación las propias palabras del magistrado ilustra que Díaz no está sometido a proceso por la relevancia de lo que hizo, sino que está sometido a proceso para usar su cuerpo como medio para llegar a otros imaginarios miembros de una célula terrorista. Pero sobre todo Diaz está como está porque se metió con el Estado de Israel.
Esta intención del magistrado, la verdadera motivación del juez, transpira a lo largo de toda la resolución. Veamos.
Se ordenó un allanamiento con orden de detención por un posteo en redes sociales que no lucía como acto preparatorio de ningún delito en curso. Una vez allanado el domicilio, todos sabemos, se secuestran elementos que acreditan la participación del imputado en el hecho que es materia de investigación, pero en este caso se secuestraron elementos que lo único que prueban es lo que piensa el imputado, si es simpatizante o no de la causa Palestina por poseer banderines, si desea ser ciudadano Palestino porque se encontró una solicitud en trámite, si posee animadversión por el Estado de Israel, si existían pruebas de que se encontraba aprendiendo a hablar la lengua árabe, etc. Algo así como que se hubiese ingresado a una Unidad Básica para corroborar que quienes están adentro efectivamente piensan de un modo peronista.
A mayor abundamiento, se relevaron en el procesamiento posteos anteriores de Cristian Díaz que no iban dirigidos a intimidar a ningún público, ni a desalentar la concurrencia al evento “BA celebra Israel”, pero que sin duda alguna confirman las ideas políticas de nuestro asistido. Dice el fallo:
“Sumado a ello, se visualizaron diversas imágenes antisionistas, en contra del Estado de Israel, tales como una pisando su bandera, insertando un símbolo de rechazo, o incluso otra con la bandera siendo quemada. Asimismo, se observó al investigado en fotos de movilizaciones en apoyo al pueblo palestino, junto a una bandera de Palestina con la descripción “Intifada” -levantamiento popular contra una fuerza ocupante o Gobierno opresor en Oriente Próximo-.
Por otra parte, se detectó dentro de sus videos, contenido audiovisual referente a lo acontecido en el conflicto actual entre Israel y Gaza, en el cual, existe un enfrentamiento con misiles entre el estado israelí y la ciudad controlada por palestinos. Además, publicó varios comentarios respecto a asesinatos cometidos por los palestinos hacia los israelíes, donde el mismo expresó: “El números de ratas ajusticiadas aciende a tres en Tel Aviv?” y “Una rata se fue al infierno y 7 heridas por el fuego bendito que golpeó en su corazón” (sic) Por último, se destaca también una fotografía publicada el 20 de noviembre de 2022, en la cual se lo puede ver al investigado junto a una mujer, frente a la Embajada de Israel en Argentina, con la descripción: “Posando frente a la embajada sionista”.
Si Su Señoría o eventualmente Sus Excelencias de la Alzada concurrieran tres o cuatro veces al año a la Embajada del Paraguay, verían y oirían lo que muchos decimos, gritamos y denunciamos contra el Estado genocida del régimen del presidente Abdo Benitez y del Ejercito paraguayo que se vanagloria de secuestrar, torturar y asesinar a niñas de 11 años en el conflicto entre el Estado paraguayo y el campesinado.
Si los respetadísimos jueces concurrieran algunas veces a la embajada peruano verificarían lo que muchos gritamos hoy contra la Dictadura sangrienta de Dina Boluarte y antes contra gobiernos genocidas, aun cuando fueran elegidos por voto popular como el del Presidente Fujimori.
Ni hablar las movilizaciones a la embajada norteamericana durante decenas de años, y por supuesto a la propia Embajada Israelí. Los discursos de los oradores hacen aparecer las frases de Diaz como un cosa de risa.
Pero….., acá, este hombre burlo al Estado de Israel y eso no será perdonado, de manera que se buscará nomás células terroristas sin que nada del allanamiento ni de la investigación marquen su existencia.
Esto es relevado por el magistrado precisamente porque es de interés para corroborar la verdadera imputación, que no es otra que “pensar de una manera determinada”, pero que nada tienen que ver con el hecho que dio origen al proceso y el bien jurídico tutelado del art. 211 CP
La pregunta es ¿cuál es el problema con las ideas políticas de Díaz? ¿es un problema penal? Se presume que quienes tributan a ciertas causas y poseen prejuicios respecto de determinados pueblos son todos terroristas en potencia, así es como parece entenderlo la Instrucción. La resolución repite y repite lo que se secuestró en el allanamiento, pero no puede valorar las “pruebas” porque nada útil a la investigación surgió de ellas. Los comprobantes de western unión corresponden a cifras insignificantes, (además cual sería lo imputable en esto) poseer cuadernos con escrituras en árabe no es extraño si aparece al lado de un folleto de un curso de idioma árabe (estaba practicando), poseer banderas o papeles de una causa política solo prueba que fueron de interés para su lectura, posesión, o que incluso milita esas causas, pero de ningún modo esas pruebas potencian la posible intimidación pública del posteo que originó el allanamiento. Solicitar los movimientos migratorios de nuestro defendido es una clara medida dirigida a ver si tiene contactos con “otros miembros de la célula”, nada tiene que ver con el hecho por el cual se lo investigaba.

SOBRE LA INFRACCION AL ART. 3 LEY 23592

Respecto de la imputación por infringir el art. 3 de la ley 23592, en primer término, debe tenerse presente que el art. 3 de la Ley 23.592 establece que “serán reprimidos con prisión de un mes a tres años los que participaren en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma. En igual pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”.
Dado que se imputa a mi defendido la sección destacada del artículo, diremos que un tipo penal que nos prohíbe odiar es un tipo penal que prohíbe que nosotros poseamos un sentimiento, y es francamente inconstitucional, pues al amparo del art. 19 CN tenemos derecho a odiar a quien nos venga en gana.
Siempre y cuando esto no se traduzca en acciones que afecten derechos de terceros, los sentimientos e ideas del Sr. Díaz están exentas de la autoridad de los magistrados, cualquier otra inteligencia implica derogar el art. 19 CN. ¿Cuál sería el derecho de la comunidad judía vulnerado por los posteos de nuestro asistido? ¿el derecho a no ser odiados?, no existe tal derecho como no existe el derecho a ser amado.
Nosotros odiamos la explotación, la miseria, la dominación y sojuzgamientos que naciones poderosas ejercen sobre naciones débiles. Odiamos las empresas internacionales que saquean nuestros recursos naturales y bienes comunes. Odiamos que el 50 % de nuestra población esté bajo la línea de pobreza y la mitad sea indigente entre ellos 8 millones de niños. Obviamente si odiamos esto, odiamos a quienes producen estas acciones y situaciones de muerte.
Deberíamos ser punibles penalmente por ello??
Algunos de nosotros lo decimos a vos de cuello, incluso, como en este caso en nuestro trabajo de abogados.
Podríamos sustentar lo que acá decimos en caso que fuéramos citados a indagatoria y nos defenderíamos de la misma manera que defendemos acá a Cristian Díaz.
El punto es que entendemos que el simple odio carece de tipicidad.
De ningún modo puede tenerse por válido un procesamiento que se dicta sobre un hecho atípico por falta de relevancia jurídico penal de la conducta, por no existir lesión a bien jurídico alguno, y que se apoya en un tipo penal que nos prohíbe tener tal o cual sentimiento.

SOBRE LA PRISION PREVENTVA
Aquí nos encontramos con una total inversión del principio de inocencia, de las reglas procesales en la materia y de todos los principios rectores que surgen de los fallos que se han dictado en la materia desde el retorno de la democracia a la fecha. VEAMOS.
Conforme la imputación dirigida contra Díaz y las reglas del art. 316 del ritual , nuestro representado ni siquiera debió haber sido detenido luego del allanamiento, y mucho menos dictarse a su respecto el encierro cautelar. Es más, en cualquier otro caso (en que no interviniera el Estado de Israel por supuesto) el Juzgado habría citado por cédula o notificación al imputado, sin inteligencia ni infiltrados federales, sin patear puertas, sin parafernalia, simplemente se lo cita y no duden Señores Jueces que Diaz habría concurrido voluntariamente.
Pero no, acá no se trata de cualquier denunciante, y frente al Estado de Israel (quizás igual hubiera ocurrido si la denuncia hubiera provenido de la Embajada norteamericana) ni la policía ni los tribunales titubean y rápidamente tienen que armar el libreto cinematográfico que produjeron y luego “dibujar” lo que sea necesario para dar un ejemplo a semejante atrevimiento. No lo vamos a soltar, tanto para que aprenda como para que aprendan los demás que no hay que meterse con algunos en el barrio.
Las figuras imputadas concursan idealmente entre sí, por lo que Cristian, en el peor de los supuestos, recibiría una pena que oscilaría entre 2 y 6 años de prisión. No posee antecedentes de ningún tipo, por lo que, de ser condenado, es susceptible que la pena a aplicarle resulte de ejecución condicional. Su domicilio está acreditado en el expediente, sito en la calle Misiones 2857 de la localidad de Florencio Varela, y surge de las testimoniales de los propios policías abocados a las tareas de inteligencia que el imputado posee un trabajo regular, en la fábrica “Fortaleza Productos Metal y Madera”, a la cual concurre diariamente entre las 5:30 AM y las 17 hs.
Además, las reglas en la materia han progresado merced a los arts. 210, 221 y 222 del nuevo código procesal penal federal, por lo que el standard actual obliga al magistrado a descartar la idoneidad de medidas menos restrictivas de los derechos del imputado antes de pasar a contemplar la posibilidad de aplicar el encierro cautelar. Esto, huelga decirlo, implica un análisis concreto, donde se explique por qué no se aplica una forma morigerada de sujeción a proceso, lo cual no se satisface de ninguna forma manifestando simplemente …”es necesario destacar que las medidas de coerción establecidas en el artículo 210 del cuerpo legal en cuestión, que pueden ser solicitadas por el Ministerio Público Fiscal o la parte querellante y cuya eficacia debe descartarse previamente a disponer la prisión preventiva (detalladas en los incisos A a J de dicho artículo), de ningún modo resultan suficientes para neutralizar los riesgos descriptos.”. Este fue todo el sesudo análisis que el magistrado realizó antes de pisotear burdamente la garantía constitucional de Cristian Díaz a ser tratado como inocente hasta tanto una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada afirme lo contrario.
La verdadera razón que motiva al juez a dictar la prisión preventiva se encuentra en esta transcripción de la resolución impugnada: “…cabe destacar que la investigación se encuentra transitando un estado en el cual se encuentran en curso medidas de prueba, las cuales podrían derivar en otras, que a su vez permitirían develar mayores precisiones respecto a los hechos investigados, como así también la identidad de otras personas que podrían estar involucradas, además de su grado de participación, y demás pormenores del objeto de la causa. Entonces, de encontrase en libertad, el imputado podría influir negativamente en el resultado de las medidas ordenadas, viéndose comprometido el eficiente desarrollo de la investigación”
Las palabras traicionan lo que el juez no se atreve a decir abiertamente …”medidas de prueba, las cuales podrían derivar en otras, que a su vez permitirían develar mayores precisiones…también la identidad de otras personas que podrían estar involucradas”.
Es decir que aún no sabe lo que va a surgir de la prueba, pero podría llegar a surgir algo interesante, que fuera a su vez la pista que los lleve a recorrer otros caminos, donde quizás aparecerían nuevas personas……si este criterio fuera válido cada vez que la justicia secuestre un celular o una tarjeta de memoria micro SD se deberían dictar prisiones preventivas, pues siempre, en el plano de lo hipotético, podría llegar a ser que se encuentre algo de interés para la excursión de pesca, a ver qué se encuentra, con que prueba se lleva el juez por delante. Y en este caso en particular le importa al magistrado encontrar “otras personas que podrían estar involucradas” ¿en qué podrían estar involucradas? ¿en el posteo que se imputa? ¿esas otras personas ayudaron a Díaz a tipear el posteo en el teclado? ¿de qué forma podrían otras personas estar involucradas? Con los delitos que se imputan claramente NO, pues se circunscriben a un hecho concreto ya ocurrido en el tiempo y llevado a cabo por dos manos y un teclado. Claro, podría llegar a ser que Díaz fuera parte de una célula terrorista, cree el juez, y desea tirar de la piola hasta llegar a “desarmarla” y encerrar a los otros extremistas, porque el juez es de los que creen “que los que piensan así no andan solos” o algo por el estilo. Es hilarante y trágico al mismo tiempo que este sea el standard de la justicia federal de Comodoro Py, la buena noticia es que no se puede caer más bajo.
Razón por la cual Díaz está preso como por las dudas que una prueba lleve a otra que lleve a personas que piensan como él.
Algunos que llevamos años en la lucha contra los enemigos del género humano, contra los que explotan y saquean a la Humanidad, tenemos alguna experiencia para afirmar que ese razonamiento no proviene solamente de un juzgado, sino justamente de los poderosos, los que dan verdaderamente las directivas, lo que pretenden mantener cautelado a un pobre tipo, sea porque saben bien que está solo y su alma, que no milita orgánicamente en nada y por tanto jodámosle la vida todo lo que se pueda, o porque en efecto veamos si hay alguien detrás y también le afectamos su vida mientras lo investigamos.
Los compromisos internacionales que el Estado Argentino suscribe en materia de persecución del terrorismo no implican esto, son compromisos a destinar recursos, hombres y voluntad política para procurar evitar atentados, formar cuadros en la materia y contar con servicios de inteligencia abocados a la cuestión.
Esto es un mamarracho que, de ser convalidado, implicará un retroceso mayor que funestas doctrinas en materia de excarcelación que se hicieron celebres en los años recientes, y con estos razonamientos se podría empezar a meter preso por un par de años a todo aquel que pinte un grafiti con el símbolo de la anarquía, porque esos tampoco andan solos, y de sus celulares podrían surgir pruebas de interés también.
De hecho es lo que en muchos casos están haciendo funcionarios del Fuero Federal contra comunidades mapuche en la Patagonia Argentina. De hecho es lo que hacen funcionarios judiciales y policiales de la Provincia de Buenos Aires (solo para citar un ejemplo) cuando les arman causas a jóvenes pobres de barrios pobres o aplican el “gatillo fácil” sin piedad toda vez que consideran que esos jóvenes son potenciales enemigos de lo que fuere.
Si a esto destinamos recursos nunca se podrá brindar un servicio de justicia mínimamente digno, y los libros escritos sobre garantías constitucionales, principio de inocencia y reglas en materia de excarcelación podemos empezar a mudarlos a la sección “ciencia ficción” en las bibliotecas.

III. – PETITORIO
Por lo expuesto solicitamos:
A) Se tenga por presentado el Recurso de Apelación en legal tiempo y forma
B) Se tenga presente lo expuesto.
C) Se celebre audiencia oral a la brevedad para ampliar y mejorar fundamentos.
D) Se haga lugar a lo peticionado, se revoque el auto de mérito impugnado y se dicte el sobreseimiento respecto de Cristian Díaz
E) Subsidiariamente, se revoque el punto VII del resolutorio y se disponga la libertad inmediata de nuestro defendido-
Proveer de conformidad
SERA JUSTICIA

La insólita provocación del gobierno 

de Morales

Por Karina Micheletto, Resumen Latinoamericano, 07 de julio de 2023.

La Secretaría de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas de Jujuy denunció a los manifestantes ante la APDH.

El gobierno jujeño recurrió al organismo de derechos humanos denunciando “excesos en el derecho de protesta”. Desde la APDH rechazaron de plano el planteo: “Llamamos a escuchar las demandas populares, no a reprimirlas”.

Me dijeron que en el Reino del Revés
nadie baila con los pies
Que un ladrón es vigilante y otro es juez
Y que dos y dos son tres

María Elena Walsh

Todo vale en el reino de Morales cuando la estrategia trazada es mostrar ferocidad. Hasta salir a pedir apoyo en contra de las protestas del pueblo jujeño y en apoyo a la represión provincial… a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. No es broma y no es fake: la secretaria de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas del Gobierno de Jujuy, Marcela Infante, envió un pedido formal a la APDH para “poner en conocimiento y denunciar” “excesos en el derecho de protesta que provocan cortes de ruta nacionales y provinciales”, calificarlos de “acción ilegítima”, y pedir la “inmediata” intervención del organismo. La APDH respondió a lo que considera “una provocación más” señalando que viene apoyando, justamente, esos reclamos, porque “la reforma Constitucional llevada a cabo en Jujuy, implica un fortísimo retroceso en materia de derechos humanos, entre otras razones por la restricción al derecho a la protesta social, a la participación y a la manifestación y movilización pacífica”. Y recordando, de paso, que el Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos se pronunció en el mismo sentido en una carta que le envió al gobernador Gerardo Morales.

Lejos de buscarbsolucionar en estas tres semanas el conflicto, el gobierno jujeño parece apostar a una escalada, tras denunciar penalmente a quienes participaron de las protestas. Muchos y muchas de los que estuvieron detenidos hoy siguen recibiendo notificaciones y se acumulan las causas, a medida que se suman las contravenciones invocadas. Un caso entre muchos al que tuvo acceso Página/12: al joven Kevin Nahuel Llanos, de 23 años, lo liberaron con dos causas abiertas; ayer se enteró que tiene seis más, que van de resistencia a la autoridad y entorpecimiento del transporte público a “estorbo funcional” y “estragos”. Fue citado hoy al juzgado y no puede pagar por su defensa. 

El gobierno de Morales difunde las “más de cien causas” como propaganda, con la enumeración de multas que superan los dos millones de pesos y de las contravenciones aplicadas: Desórdenes públicos, escándalos públicos, omisión al ceder el paso a ambulancias, perjuicios a la propiedad privada o pública, reuniones públicas tumultuarias… A una “persona con retraso madurativo moderado”, la multan con 42 días de trabajo comunitario. 

Mientras en la provincia se intensifican los cortes de ruta como respuesta al centenar de causas que criminalizan la protesta, Morales es repudiado cuando sale en campaña como precandidato a vice de Horacio Rodríguez Larreta: el jueves en San Luis, ambos vivieron un momento incómodo cuando un grupo de manifestantes los recibió al grito de “Morales, vos sos la dictadura”. 

El jueves, por otra parte, la Multisectorial contra la reforma constitucional de Jujuy presentó un amparo colectivo ante el Superior Tribunal de Justicia para pedir la nulidad del procedimiento con el que se modificó la Constitución provincial.

Un trabajo descansado

En tierra jujeña no son pocos los que señalan, con ironía, que esta es tal vez la primera intervención pública notoria de la secretaria Marcela Infante –a la sazón, sobrina del vicegobernador de la provincia, Carlos Haquim— en la materia de la que versa su cartera, desde que asumió en 2018 –en Jujuy hay movilidad generacional, pero todo queda en familia: entre los varios Haquim desparramados en los poderes ejecutivo, judicial y legislativo, al jurar Marcela reemplazó en este cargo a una hermana del vice, Susana Haquim, que a su vez pasó a ser diputada provincial–. 

A Haquim sobrina nunca se la vio encarando ninguna acción concreta vinculada a la causa Ledesma, la más visible de su provincia, ni a causa de lesa humanidad alguna, ni a los reclamos de los pueblos indígenas. Por el contrario, recientemente su cartera fue denunciada penalmente por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación –junto a otros estamentos de gobierno– por la destrucción de un sitio de memoria cuando refaccionaron el Cabildo Histórico, a pesar de las advertencias judiciales previas. 

Derechos vulnerados

La nota que Infante envió institucionalmente a la APDH enumera los derechos que la secretaría considera vulnerados, al tiempo que solicita “la inmediata intervención y/o intercesión y/o mediación o colaboración activa en aras de garantizar el cumplimiento y goce de estos derechos”. 

Según la nota, se ve afectado el derecho a la salud, al transporte, al abastecimiento, también “al libre acceso a la identidad” (sic), porque debido a los cortes los niños que nacen no pueden ser anotados en el Registro Civil. También se reclama por los derechos “de niños, niñas y adolescentes que no pueden tener clases”, de “comerciantes, hoteleros y gastronómicos”, de “negocios que atienden al turismo, como las agencias de viaje y de transporte, pues la situación no invitaba a los contingentes de turistas”.

“La acción ilegítima de quienes cortan rutas nacionales y provinciales se convierten (sic) en excesivas”, dice la secretaria jujeña. 

“Nos sorprende el uso en la nota que nos dirigiese, de ciertos conceptos prejuiciosos y también la descalificación de quienes se vienen manifestando en ejercicio de derechos reconocidos inequívocamente. La expresión ‘excesos en el derecho de protesta’ y la consideración de que se enfrentan a conductas ‘ilegítimas’, provenientes de una Secretaría de Estado que debe velar por la defensa irrestricta de los derechos y garantías de todos y todas, es cuanto menos inexplicable”, responde la APDH. 

“Y déjenos decirle que en nada ayudan a la misión de descomprimir un conflicto de la envergadura que hoy mantiene en vilo a Jujuy y alerta a toda la sociedad argentina. Menos aún lo hacen las amenazas y la persecución penal que anuncian por estas horas”, agrega. 

“Llamamos a escuchar las demandas populares, no a reprimirlas”, concluye el texto.

“Es una provocación más”, sintetiza Guillermo Torremare, uno de los tres presidentes de la APDH, en diálogo con Página/12. La insólita situación obliga al juego de palabras: “Entendemos que es inverosímil que, después de 40 años de democracia, una funcionaria a cargo del área de derechos humanos de una provincia le pida a una organización de derechos humanos que cumpla el rol que debe cumplir el Estado: garantizar los derechos humanos”. “Todo esto se enmarca en una característica del gobierno de Gerardo Morales, la de la provocación como método”, concluye. 

Eduardo Tavani, también presidente de la APDH, estuvo en Jujuy cuando se desató la represión. Junto a la delegación de organismos de derechos humanos, pidieron ver al gobernador. Como le dijeron que estaba de viaje, pidieron ver a algún funcionario. Ni él, ni el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, ni ninguno de los que viajó fueron recibidos por Infante ni por funcionario provincial alguno. 

“Queremos enfatizar que esta es una gestión deplorable del gobierno de Jujuy, que debe resolver el tema desde sus políticas públicas. En lugar de eso le pasa el problema a las fuerzas de seguridad para que repriman y al poder judicial para que criminalice. La suya es la peor de las gestiones, no resuelve sino que agrava el tema”, expresa Torremare.

“También nos hemos dirigido al gobierno nacional planteándole que tiene que tener intervención en este tema, debe actuar para impedir esta escalada represiva, que creemos que va a continuar en el tiempo, se va a agravar”, agrega.

“Solicitar la intervención de la APDH para que se pronuncie en contra de las comunidades originarias que con una dignidad ejemplar están defendiendo su derecho a acceder a la tierra y el agua, es desconocer lisa y llanamente la función y la historia del organismo, algo típico de la mediocridad de los funcionarios de Gerardo Morales, quien a su vez viene pisoteando los derechos a la protesta social a fuerza de balazos y terror institucionalizado”, sostuvo la diputada nacional Carolina Moisés, involucrada en el reclamo que no se apaga en Jujuy a pesar de todas las amenazas y coacciones: “Abajo la reforma, arriba los salarios”.

Fuente: Página 12

Jujuy: La embestida judicial de 

Gerardo Morales profundizó los 

cortes de ruta

Juan Ignacio Provéndola, Resumen Latinoamericano, 07 de julio de 2023.

En respuesta a la decisión del gobierno provincial de impulsar penas de prisión y multas millonarias contra los manifestantes, distintas comunidades indígenas resolvieron interrumpir en forma total y por tiempo indeterminado la circulación vehicular en la ruta 9 en las localidades de Purmamarca, Maimará, Tilcara y el paraje San Roque de Humahuaca. El reclamo central sigue siendo que se dé marcha atrás con la reforma constitucional instaurada por Morales.

Tal como anticipó Página/12 en su edición de ayer, distintas comunidades indígenas decidieron finalmente profundizar algunos cortes de ruta como respuesta a la embestida judicial del gobierno de Jujuy, que anunció el avance de al menos cien causas judiciales que criminalizan la protesta con denuncias que pueden derivar en sanciones de hasta un millón y medio de pesos y veinticinco años de prisión como castigo a los “autores materiales, cómplices y instigadores” de los distintos focos de conflicto social. Las imputaciones son, concretamente, por las manifestaciones de rechazo a la fraudulenta reforma constitucional apadrinada por Gerardo Morales que derivaron en los acontecimientos sobre el acceso de Purmamarca el sábado 17 de junio, las adyacencias de la Legislatura provincial el martes 20 y la zona del Concejo Deliberante de Humahuaca el sábado 1º de julio (en los tres casos hubo una dura represión de la policía provincial, aunque sin consecuencias legales para las fuerzas de seguridad), además de los diferentes cortes efectuados en distintas rutas del territorio jujeño que también son motivo de acusaciones.

La nueva modalidad de protesta se aplicó simultáneamente en al menos cuatro cortes donde hasta la mañana del jueves se contemplaban algunas habilitaciones momentáneas al paso del tránsito, tal la modalidad general. Pero a partir de la amenaza anunciada por el ministro de Seguridad, Guillermo Corro, el fiscal de Estado Miguel Ángel Rivas y el procurador general, Sebastián Albesa (quienes, además, anticiparon que iban a impulsar una andanada de prisiones preventivas “por orden expresa del gobernador”), la nueva estrategia de los manifestantes es la de interrumpir de manera total la circulación vehicular en la ruta 9 a las alturas de las localidades de Purmamarca, Maimará, Tilcara y el paraje San Roque de Humahuaca. La medida fue tomada “por tiempo indeterminado”, una forma de dejar en claro que ni siquiera la batería de denuncias del gobierno provincial parece infundirles temor.

Si bien es inevitable el malestar que causa especialmente en los prestadores turísticos por los inconvenientes que generan los cortes (donde las pérdidas estimadas son millonarias y a ellas se suman numerosas cancelaciones de reservas de cara a las inminentes vacaciones de invierno), en Humahuaca los comerciantes decidieron cerrar sus locales este jueves y viernes para acercarse al corte de paraje San Roque. La audaz movilización no solo los privará de vender y recaudar durante dos días, sino que además los volverá susceptibles de ser perseguidos por el gobierno de Jujuy en su nueva embestida de denuncias a los participantes de este tipo de protestas.

Por otro lado, este jueves toma estado parlamentario el proyecto de creación la Comisión Especial Investigadora que los legisladores provinciales al servicio de Morales quieren crear únicamente para atender las manifestaciones del martes 20 de junio. “Deben investigarse los móviles políticos que auspiciaron a los violentos y desestabilizadores que atacaron nuestras instituciones”, dice el proyecto que solo fue firmado por los diputados de la UCR jujeña (pese a que en la conferencia de presentación habían asegurado que contaba con apoyo de los ediles del PJ).

En simultáneo se siguen provocando nuevas declaraciones contra la reforma constitucional de parte de distintos cuerpos legislativos del interior de la provincia. Los últimos en sumarse fueron Libertador San Martín, Cochinoca, Huacalera, Rinconada y Purmamarca, este en particular de gran carácter simbólico, ya que es en su acceso donde se inició el primer gran reclamo sobre la ruta, y justamente uno de los que decidió volver total el corte hasta tanto no obtengan una respuesta favorable del gobierno de Morales.

Todas estas declaraciones son acompañadas de argumentos que coinciden en señalar tres aspectos: la reforma no fue realizada con la prolijidad institucional que tamaña modificación amerita, las protestas sociales son legítimas por verse vulnerados sus derechos y el gobierno debe propiciar los canales de diálogo que sus propios voceros afirmaron tener en distintas declaraciones públicas.

El conflicto lleva un mes y dos días y solo una vez se acercó formalmente un representante jerárquico de la administración Morales a conversar a alguno de los nodos de protesta. Fue este jueves, en la zona del Predio Ministerial de San Salvador, donde distintos gremios docentes vienen realizando un acampe después de haber sido convocados y plantados por el ministro de Hacienda y futuro gobernador, Carlos Sadir. La cara la puso Teresa Bovi, titular de la cartera de Educación, aunque pidió no ser fotografiada ni filmada, quizás para que no quedaran registros del único anuncio formal que les hizo a los manifestantes: en el sueldo de junio que están por cobrar les serán descontados los días de paro.

Fuente: Página 12

Jujuy: Legislatura: “vista gorda” al 

rechazo a la reforma pero no a la 

Comisión Investigadora

Resumen Latinoamericano, 07 de julio de 2023.

Este jueves la Casa de Piedra volvió a sesionar. Uno de los proyectos que tomó estado parlamentario pretende inquirir sobre el ataque a la Legislatura el 20 de junio de este año. Mientras tanto los legisladores, en su gran mayoría, se muestran ajenos a todo lo que ocurre en rutas y caminos en materias de reclamo.

• Los legisladores, en su gran mayoría, se muestran ajenos a todo lo que ocurre en rutas y caminos en materia de reclamo.
• En una sesión que duró más de 3 horas, los diputados debatieron números proyectos de los cuales tomaron estado parlamentario 161.
• Unos de los que mayor controversia generó es el de la creación de “Comisión Especial Investigadora”.
• El mismo pretende inquirir sobre el “ataque a la Legislatura el 20 de junio de este año”.

Una hora después de la previsto, la mañana de este jueves la Legislatura volvió a sesionar y lo hizo tras varios meses de inactividad. Los 48 legisladores debatieron números proyectos de los cuales tomaron estado parlamentario 161, 6 de Resolución; 28 de Declaración y 4 de Solicitud de Informe. Unos de los que mayor controversia generó es el de la creación de “Comisión Especial Investigadora” que pretende inquirir sobre el Ataque a la Legislatura el 20 de junio de este año. Mientras en el recinto los tres bloques debatían algunos temas que en este contexto no son urgentes, en varios concejos deliberantes y comisiones municipales de la provincia se expidieron con expresiones públicas contra la vigente carta magna jujeña que aprobó el gobierno. Esto pone al descubierto que los legisladores en su gran mayoría se muestran ajenos a todo o que ocurre en rutas y caminos en materias de reclamo.

¿Qué facultades tendrá la Comisión?

Según expresa el proyecto de investigación impulsado por el Frente Cambia Jujuy la finalidad es el análisis, la evaluación y el esclarecimiento de los hechos y circunstancias del ataque a la Legislatura, el desarrollo de las acciones desplegadas para repeler el ataque por el Gobierno y el desempeño de las fuerzas de seguridad. Además, la Comisión estará integrada por nueve diputados, designados por el presidente de la cámara, respetando la pluralidad de representación. Tendrá un presidente y un vicepresidente, los cuales serán elegidos por la comisión. El quórum de la comisión se conforma con la simple mayoría de la totalidad de sus miembros. Las decisiones se adoptarán por mayoría de los presentes. 

Para el cumplimiento de su misión tendrá las siguientes facultades: solicitar a través de su presidente informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que se estime útil, a cualquier organismo público o a personas físicas o jurídicas públicas o privadas. En el caso de que la información sea solicitada a organismos públicos los funcionarios responsables deberán proporcionar la información dentro del término que se les fije. Al efecto, no se podrá oponer disposición alguna que establezca el secreto de lo requerido. Ordenar la citación de funcionarios públicos y tomar declaraciones testimoniales, las que serán prestadas por lo menos con la presencia de tres (3) miembros, y recibir toda manifestación verbal o escrita que le sea ofrecida sobre los hechos investigados, entre otros puntos. 

La Comisión Especial Investigadora concluirá su tarea con un informe final que deberá ser producido en un plazo no mayor a seis meses a partir de su conformación. En caso de ser necesario, y por decisión de la mayoría de sus miembros, su funcionamiento podrá prorrogarse hasta un plazo que no podrá exceder el año. Tanto los informes parciales como el informe final serán obligatoriamente públicos. Dictará su reglamento y funcionará en el ámbito del Legislatura, que proporcionará el personal técnico y administrativo necesario y el presupuesto correspondiente para su normal funcionamiento.

Las repercusiones

Durante el desarrollo de la sesión se abrió el debate en donde hubo álgidas discusiones entre el oficialismo y los sectores opositores respecto a la situación actual de la provincia. El oficialismo hizo hincapié, señalaron, a “enemigos inexistentes, no haciéndose cargo” de la aprobación de una constitución provincial a espaldas del pueblo. 

En diálogo con el diputado opositor, Emanuel Martín Palmieri sostuvo que uno de los debates entre los legisladores fue que la nueva carta magna generó el levantamiento del pueblo con un gobierno lejos de querer dialogar, consensuar y hacer no hacer caso al pedido de los docentes sobre sus salarios; las comunidades en sus tierras, el litio y el agua; como también a organizaciones que se hicieron eco del reclamo. 

Lejos de escuchar y darles una solución, el gobierno reprimió. 

Consultado sobre cuándo los legisladores prevén reunirse nuevamente para el tratamiento de la Comisión de Investigación remarcó que “mañana (viernes 7 de junio) deberían hacerlo pero entiende que “la Legislatura funciona como una escribanía de Gerardo Morales, por lo que estarán sujetos al mérito, conveniencia y a las necesidades de la campaña electoral del mandatario para saber cuándo volverán a sesionar”.

Fuente: Jujuy al Momento

Gerardo Morales fue escrachado 

en San Luis por comunidades 

originarias

Resumen Latinoamericano, 07 de julio de 2023.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la pasaron mal en San Luis. En una recorrida de campaña, los precandidatos a presidente y vice por Juntos por el Cambio tuvieron que finalizar actos de manera anticipada. Tanto en Villa Mercedes como en San Francisco del Monte de Oro, Morales fue insultado por manifestantes que llevaban banderas wiphala, carteles que pedían la liberación de presos, y cantaban «Morales, basura, vos sos la dictadura«.

En tanto, el Concejo Deliberante de la ciudad de San Luis emitió una declaración de repudio «por el abuso del uso de las fuerzas de seguridad llevada a cabo en la provincia de Jujuy por el gobernador Gerardo Morales contra manifestantes que se expresan en contra de las reformas de la Constitución provincial, atentando contra los principios fundamentales de derechos humanos y la Democracia».

Sin embargo, Morales redobló la apuesta al protagonizar un spot de campaña en el cual advierte que no dará «ni medio paso atrás». En el corto, Morales insistió con endilgar responsabilidades a Milagro Sala (presa desde 2016), aseguró que «esa es la primera de tres cosas que el gobierno de Fernández y Fernández no me perdonan» y señaló que «los últimos cuatro años» el presidente Alberto Fernández, cada vez que lo vio, le «pidió que indultara a Milagro Sala».

En ese marco, el postulante vicepresidencial remarcó la idea de un «intento de Golpe de Estado», referido a las presentaciones hacia la nulidad de la reforma constitucional y la intervención de la provincia. «No se lo vamos a permitir», sentenció el caudillo jujeño, para luego señalar la presencia de «personas extrañas» que vinieron «a generar hechos de violencia» y que luego «mintieron y movilizaron a las comunidades indígenas».

Fuente: Tiempo Ar

Actualización de cortes de ruta en 

Jujuy: la mitad son “por tiempo 

indeterminado” /La Multisectorial 

presentó amparo a la Corte Suprema 

para pedir la nulidad de la reforma

Resumen Latinoamericano, 07 de julio de 2023.

Son trece los caminos en el interior que permanecen bloqueados con modalidades de paso especiales. Siete de ellos no tienen horarios.

Este viernes, cierre de semana, se mantienen más de 10 cortes de ruta en localidades del interior. Cada uno de los bloqueos de paso tiene modalidades distintas para la transitabilidad.

Cabe señalar que actualmente casi la mitad de las medidas de fuerza pasaron a ser “por tiempo indeterminado”.

Actualización de los cortes de ruta (18:00):

• Ruta 66: transitable
• Ruta 34: transitable
• Rutas 9 y 52 Purmamarca: corte total por tiempo indefinido
• Ruta 9 Tilcara: corte total por tiempo indefinido
• Ruta 9 Uquía: corte total por tiempo indefinido
• Ruta 9 Paraje San Roque: corte total por tiempo indefinido
• Rutas 9 y 13 Iturbe: corte total por tiempo indefinido
• Ruta 9 Hornaditas: corte total por tiempo indefinido
• Ruta 9 acceso sur Abra Pampa: corte total con paso cada 3 horas
• Ruta 9 La Quiaca: corte total con paso cada 6 horas;
• Ruta 52 Susques: corte total con paso cada 8 horas
• Ruta 52 emplame Ruta 79: corte total con paso cada 2 horas
• Ruta 52 acceso Cauchari: corte total por tiempo indefinido
• Ruta 40 Coranzulí: corte total paso cada 6 horas

El espacio conformado por organizaciones sociales, comunidades aborígenes y sindicatos avanza en acciones para conseguir la derogación de la Carta Magna.

• Referentes de los sectores que integran la Multisectorial contra la Reforma anunciaron recientemente que presentaron un amparo pidiendo la nulidad de la nueva Constitución de Jujuy.
• En la ocasión exigieron suspender la aplicación del texto hasta que se resuelvan cuestiones de fondo y se garanticen derechos de comunidades aborígenes.

Integrantes del espacio conformado por gremios estatales, municipales, docentes, comunidades, organizaciones sociales y gauchos avanzarán con denuncias y pruebas que demuestran la inconstitucionalidad de la reforma y que las mismas serán dadas a conocer en el corto plazo.

Recientemente, acudieron al Concejo Deliberante de San Salvador para hacer uso de la banca 13 y exigir que los ediles se expidan sobre al respecto. Días más tarde anunciaron que avanzarán con denuncias y pruebas para demostrar que la nueva Carta Magna es nula. 

Cecilia Corregidor, referente de la organización CUBA MTR, sostuvo: “No estamos en estado de rebeldía, salimos a marchar pacíficamente en defensa de nuestra constitución provincial, no vamos a permitir volver a la época de la dictadura. La gente y los vecinos entendieron que la violación de los derechos no va a ser permitida con esta constitución. Damos a conocer a todos que estamos trabajando juntos”. 

A su vez, Santiago Seillant, secretario del interior de SEOM, indicó que “hay denuncias que dan cuenta de pruebas para decir que hoy la única Constitución vigente es la de 1983. La nueva Constitución es nula y daremos pruebas de la inconstitucionalidad. El oficialismo pretende avalar esta constitución ilegítima e invalida. Van a querer llamar a convencionales municipales para que voten por esta reforma, algo que rechazamos”. 

Fuente: Jujuy al Momento

Jujuy. Pueblos Originarios. 

Preocupación por presencia policial 

afuera de la casa de integrante del 

Tercer Malon / Comuneros desafían 

al gobierno y continúan con los 

cortes de ruta

Resumen Latinoamericano, 7 de julio de 2023

“En Abra Pampa hay policías afuera de mi casa, de mi pieza, donde vivo, donde alquilo y también están merodeando por Barrio Inti Raymi, que es un barrio donde hay dirigentes que están activamente participando en los cortes de Purmamarca”, alertó Jose Sajama, presidente de la Comunidad de Quenta e integrante del Tercer Malón por la Paz.

A través de una llamada telefónica con TeleSISA, José, que se encuentra en Aeroparque para regresar a Jujuy, nos contó que hace aproximadamente una hora le informaron que hay presencia policial en su domicilio. Se trata de ocho policías, una patrulla y dos motorizados.

Una comitiva con cuatro integrantes del Tercer Malón se encontraba en Buenos Aires desde el miércoles para cumplir con reuniones programadas de la anterior visita. Esta mañana, se reunieron con el bloque del Frente de Todos (FDT) para dialogar en torno al Convenio 169 de la OIT, que contó con la presencia de cuatro de sus diputados. La reunión concluyó con la propuesta de impulsar una multisectorial junto a organismos de derechos humanos para acompañar la dura situación que atraviesa Jujuy, para ello van a convocar a una audiencia el próximo 20 de julio. Además, se conformará una delegación de legisladores para viajar a la provincia.

Asimismo, se reunieron con Serpaj (Servicio Paz y Justicia de Argentina), donde los recibió Adolfo Pérez Esquivel, quien ratificó el acompañamiento e intervención como organismo de derechos humanos, quienes ya habían realizado presentaciones en organismos internacionales.

Terminadas las reuniones de la comitiva del Tercer malón, emprenden su regreso a Jujuy con la novedad no tan sorpresiva, pues no es novedad la situación de persecución policial que vive el pueblo jujeño por parte de Morales, que actúa como en la dictadura militar. No obstante, la preocupación es inevitable frente al nivel de asedió que busca coartar libertades. Mientras los municipios declaran su rechazo a la reforma “se acrecienta la persecución”, que vienen denunciando docentes, trabajadores y Comunidades Indígenas.

foto: Amalia Vargas

#TeleSISA

Comunicación con identidad

COMUNEROS DESAFÍAN AL GOBIERNO Y CONTINÚAN CON LOS CORTE DE RUTA

Las comunidades indígenas agrupadas en el Tercer Malón de la Paz, quienes mantienen un corte de ruta a la altura de Purmamarca, en la provincia de Jujuy, ratificaron hoy los bloqueos por tiempo indefinido y denunciaron que “el mal accionar” del Gobierno de Gerardo Morales, “está provocando grandes perjuicios a toda la provincia”.

Las expresiones del colectivo de nativos y nativas de diversos parajes jujeños se conocieron tras la difusión del spot de campaña política que lanzó el gobernador y precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio (JxC), Gerardo Morales.

El mandatario provincial, habló hoy en ese video sobre las sostenidas protestas en la provincia contra la reforma constitucional, en un mensaje en el cual convocó al diálogo, pero advirtió que no dará “ni medio paso para atrás”.

En ese contexto, los comuneros denunciaron, a través de un comunicado, que “el mal accionar del Gobierno está provocando grandes perjuicios a toda la provincia”, y señalaron que “hasta el día de hoy, el Gobierno no se hizo responsable”, de la situación generada con la reforma de la Carta Magna.

Más adelante exigieron que “se declare la nulidad de la nueva constitución provincial”, al tiempo que volvieron a rechazar el “procedimiento por el cual se realizó” la modificación del texto y objetaron su “contenido, puesto que viola los derechos indígenas”.

En ese sentido, reclamaron que se debate un “nuevo proyecto de ley sobre la necesidad de la reforma” de la Carta Magna provincial y que respete “los marcos normativos vigentes en la Constitución Nacional” como son “la consulta previa, libre e informada, según lo establecido por Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.

Entre los pedidos se destaca el “sobreseimiento de las causas judiciales iniciadas a las personas que participaron en las distintas movilizaciones en pleno ejercicio de derecho a la protesta de forma pacífica”, y exigieron el cese de la represión, persecución y amedrentamiento de las personas que participaron de las diferentes manifestaciones”.

Asimismo, insistieron en el pedido de renuncia del gobernador, Gerardo Morales y del titular de la cartera de Seguridad local, Guillermo Corro, como también del jefe de la policía jujeña, Horacio Herbas Mejías, “quienes ejercieron violencia institucional y abuso de autoridad en los violentos operativos de represión, dejando un importante saldo de heridos de gravedad y lesionados física y psíquicamente en toda la provincia”.

“El Gobierno tiene que responsabilizarse en cubrir la correspondiente atención medica de las víctimas de la represión”, agregaron para luego solicitar un “resarcimiento a los familiares por medio de pensiones vitalicias”.

También reclamaron el desplazamiento de su cargo de la ministra provincial de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, Sonia Ochoa, “por no representar las demandas y necesidades reales de las comunidades indígenas, siendo funcionales a sus propios intereses político-partidarios”.

Además resolvieron declarar “persona no grata” a la actual diputada nacional de JxC, Natalia Sarapura, quien se autoproclama originaria del pueblo kolla.

En otro orden reclamaron a jueces, fiscales e integrantes del poder judicial de la provincia de Jujuy y de la Nación que “tomen conciencia de la grave situación que atraviesa el pueblo jujeño y pedimos que cumplan con sus funciones y deberes de forma honrada y totalmente imparcial”.

Los comuneros mantienen cortes de ruta en la intersección de los caminos 9 y 52 a la altura de Purmamarca, además de otros bloqueos en las localidades de Maimará, Tilcara, Uquía, San Roque, Iturbe y Hornaditas.

A los que se suman los cortes en las localidades puneñas de Abra Pampa, La Quiaca, Susques, Cauchari, Coranzulí y Tusaquillas.

Seguimos en vivo! retransmitiendo desde originarios.ar

https://www.youtube.com/watch?v=FAHyiFU67Ng VIERNES 7 de Julio

19hs, transmisión vía Youtube

Te dio bronca la brutal represion a los pueblos originarios en Jujuy?

Estas harto del abuso de poder de las fuerzas de seguridad para apagar el derecho de protesta? Viste como usaron inhibidores de celulares para interrumpir las transmisiones en vivo?

No entendes por que le quieren quitar las tierras a los pueblos originarios en Jujuy? Para que las quieren? Entonces:

Conectate al zoom o al canal de Youtube del Tejido de Profesionales Indigenas.

InvitadXs del Tercer Malón de la Paz

SARA DIONISIO

NATALIA MACHACA

RAÚL CHOQUE VILCA

Abogado Constitucionalista EDUARDO BARCESAT

Tejido de Profesionales Indígenas

Argentina y Mekorot: el apartheid 

del agua

Por Martina Kaniuka, Resumen Latinoamericano, 07 de julio de 2023.

Detrás de los nuevos mecanismos de represión de la protesta, se encuentra el plan sistemático de Mekorot, la empresa israelí que somete a Palestina al Apartheid y busca – en el continente más rico en recursos hídricos – acostumbrarnos a que el agua y la tierra, nos cuesten más que un ojo de la cara.

Argentina es el sexto país en recursos hídricos del mundo y de la mano de Eduardo “Wado” de Pedro, Ministro del Interior, Mekorot -empresa estatal de agua de Israel– firmó una serie de “convenios de colaboración”. Fue en abril del año pasado, después de un intento fallido en 2011, cuando acordaron con Daniel Scioli, en ese entonces gobernador de Buenos Aires, el establecimiento de una planta potabilizadora de agua en La Plata, que fue rechazada socialmente en 2013.

Una comitiva oficial encabezada por De Pedro y diez gobernadores viajó a Israel, que le devolvió la gentileza un mes después, cuando junto a Malena Galmarini –presidenta de AySA– y diversos ministros y funcionarios se reunieron en la Casa Rosada.

Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan, Río Negro, Formosa, Santa Cruz y Santiago del Estero, son las ocho provincias argentinas que firmaron convenios, a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) con Mekorot, celebrados en el Centro Cultural Kirchner, el 13 de febrero de 2023, otra vez con De Pedro, ministros, gobernadores, Eylal Sela, embajador de Israel y Jitzhak Aharonovich, presidente de lacorporación.

Además del secretismo presente en los proyectos extractivistas, donde la discreción de la letra chica permite que las corporaciones se inmiscuyan en las poblaciones en profundidad, penetrando el tejido social a partir de actividades supuestamente culturales y educativas con fines de control (como YPF con el manual de ridiculización de las luchas contra los extractivismos para los medios); no hay registro de los lineamientos, ni de los compromisos que el gobierno asumió en nombre de la población, con una empresa que tiene por objetivo nada menos que el control del agua.

En Palestina, el apartheid también limita el consumo de agua: Israel controla todos sus afluentes a través de Mekorot, que recorta el suministro en verano, niega el acceso a las riberas del Jordán, militariza la zona y destina el 83% de los recursos hídricos a su abastecimiento, sometiendo a los palestinos a la sequía, al agua contaminada y cobrando el poco suministro que distribuyen en la zona a precios exorbitantes.

Mekorot fue denunciada por la ONU, el Comité Nacional Palestino, asambleas ecologistas y grupos parlamentarios a causa del apartheid, la violación de los derechos humanos, los crímenes de guerra cometidos contra el pueblo palestino y la profundización del modelo extractivista. Hoy tiene por principal objetivo la mercantilización del agua.

Con una planificación de largo plazo (entre 2030 y 2050) comenzarían por la evaluación de recursos hídricos, la reconducción y reutilización. Seguirían luego con la creación de patrones financieros para medir costos y empezar a cobrar el agua a los consumidores, modificando las leyes y los códigos provinciales de aguas y reordenando los usos y destinos de la infraestructura que actualmente existe en torno a su distribución.

Y, aunque los plazos mencionados oficialmente hablan de décadas, el proceso de modificación de las leyes y códigos provinciales de aguas y sus organismos de aplicación ya comenzó.

La provincia de San Juan es un ejemplo: luego de la firma del convenio, el mismo mes de septiembre del año pasado, comenzó la gestión del “Plan Maestro para la Conservación y Gestión del Agua”, cuyo objetivo es el de “hacer sostenible el uso del agua en contexto de escasez, en términos sociales y ambientales”. Pero ¿por qué habría que pensar en contextos de escasez de agua? En la misma web de la gobernación puede leerse la respuesta, en la sección de Energía: “la Provincia de San Juan viene trabajando en la búsqueda de hidrocarburos Convencionales como también No Convencionales (fracking) y, en función a la tasa de retorno (cuán rentable sea el proyecto) decidirán si movilizan el primer yacimiento no convencional del país”.

La implementación de cualquier tipo de extractivismo implica el desabastecimiento, la contaminación y la adulteración del cauce y curso normal del agua. Esta semana se cumplieron ocho años del derrame más grande de cianuro y mercurio en nuestro país. Ocho años sin otros culpables que la minera  Barrick Gold y los funcionarios que habilitaron la explotación en la zona. A pesar de todo, continúan desoyendo a los pueblos y bienviniendo los sobres del lobby extractivista y, si las corporaciones contaminan y convierten al agua en un bien escaso, ahora será Mekorot quien la distribuya, envase y cobre a las poblaciones que la necesitan para vivir. 

Fuente: Pelota de Trapo

Jujuy. Pueblos Originarios. «El 

gobierno traba los modelos de 

desarrollo elegidos por las 

comunidades indígenas»

Resumen Latinoamericano, 7 de julio de 2023

Foto: Susi Maresca.

Antonio Suárez vive en Abra Pampa, es parte del «Tercer Malón de la Paz» y de la Nación Kolla. Participa de los cortes de ruta en Jujuy y formó parte de la comitiva que se reunió con el Presidente. Explica por qué se mantienen los bloqueos y asambleas, exige el cumplimiento de los derechos indígenas y reitera el rechazo a la megaminería: «el agua vale más que el litio». Por Nahuel Lag (Agencia Tierra Viva).

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El cruce de las rutas nacionales 52 y 9 en Purmamarca, a 65 kilómetros al norte de San Salvador de Jujuy, es el núcleo de la resistencia de los pueblos originarios contra la reforma “inconstitucional” del gobernador Gerardo Morales. El cruce de rutas simboliza el punto de encuentro de las comunidades originarias del oeste  —Olaroz, Susques, Laguna Guayatayoc— y las del norte —La Quiaca, Abra Pampa, Humahuaca—, todas representadas en el Tercer Malón de la Paz. Antonio Suárez es malonero por la Nación Kolla, el 15 de junio llegó al cruce de rutas desde Abra Pampa, marchó hasta la capital el 16, vivió la represión del 17 de junio en Purmamarca y la persecución de los días posteriores. La semana pasada fue parte de la comitiva que viajó a Buenos Aires para alcanzar un petitorio al presidente Alberto Fernández en la Residencia de Olivos y este lunes celebró cuando el Concejo Deliberante de Abra Pampa declaró el rechazo a la reforma, algo que ocurrió también en Humahuaca el fin de semana.

“El gobierno de Morales quiere hacernos creer que la reforma es innovadora, que es un beneficio para nosotros, pero nosotros vemos, cada vez más, que va en detrimento de los territorios, de nosotros como pueblos y naciones preexistentes”, advierte Antonio y señala que Jujuy sigue en pie.

El “No a la reforma” retumbó desde el 23 de mayo, cuando juraron los constituyentes, encabezados por Morales, para una convención que resolvió en poco más de tres semanas lo que debía debatir en 90 días. El rechazo por el artículo que limita y criminaliza el derecho a la protesta —que Morales estrenó con un centenar de detenciones arbitrarias— fue lo primero denunciado por comunidades originarias, docentes y organizaciones sociales.

Sin embargo, los pueblos originarios cuestionan la “constitucionalidad” de la reforma en sí misma por incumplir el derecho a consulta, los artículos 36 y 50, sobre propiedad privada y derechos indígena —que el gobernador decidió poner a discusión el mismo día de la jura, de forma unilateral—, y otros que siguen vigentes como los 72, 74 y 75, que dejan en manos del Estado el manejo de los recursos naturales y la explotación del agua, con un enfoque netamente productivista y la explotación del litio como principal objetivo.

Por eso, en las rutas provinciales continúan, al menos, diez cortes de las comunidades originarias. “La decisión es sostener los cortes, se ha decidido en asamblea, estamos en diferentes rutas y no está dispuesto a salir ningún hermano ni hermana”, asegura en diálogo con Tierra Viva. Cuando habla de la decisión en asamblea se refiere a la que ocurre en cada comunidad, en cada corte y, en particular, la asamblea del Tercer Malón de la Paz que desde el 16 de junio se instaló en el cruce de las rutas 52 y 9, y funciona como referencia. “Hace décadas que no ve en Jujuy una movilización como la que protagonizó el Malón de la Paz”, asegura el comunero de Abra Pampa.

Foto: Susi Maresca.

La agenda mediática corrió la mirada de Jujuy luego de la represión. El gobernador Morales consiguió su objetivo de mostrarse como un dirigente de mano dura para ser nombrado como precandidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta y lo que queda es “el ninguneo de mostrarnos como piqueteros, de decir que no somos de aquí los que estamos en las rutas, que tenemos relación con Milagro Sala, que tenemos relación con la izquierda o con el kirchnerismo. Eso es un ninguneo y racismo por parte del gobierno provincial y los hermanos se enervan por eso. Si nos hemos sostenido, desde el día que salió la marcha del Malón de la Paz, es gracias a los hermanos y hermanas de las comunidades que nos respaldan”, describe Antonio sobre la profunda raíz comunal que tiene la protesta.

En las últimas horas esa respuesta local se hizo sentir en Humahuaca y en Abra Pampa, donde los Concejo Deliberante votaron una declaración de rechazo a la reforma constitucional por exigencia de la población. En Humahuaca ocurrió el viernes por la noche y fue en medio de un nuevo operativo represivo de la Policía de Jujuy, que volvió a apuntar a la cara de los manifestantes dejando herido en el ojo al joven Joel Paredes, como ocurrió en la jornada represiva del 17 de junio con Mijael Lamas.

“Hay bastantes ánimos, por lo que manifiestan hermanos y hermanas, de que se pueda replicar en muchas localidades”, asegura Antonio y explica que “es el conjunto de la población en La Quebrada y la Puna, que defiende el conjunto del territorio”. “Esta lucha se está haciendo cada vez más fuerte”, sentencia.

—Desde el inicio de las protestas el gobierno jujeño respondió con detenciones arbitrarias y persecución. ¿Qué garantías tienen hoy en la provincia quienes sostienen la protesta?

—Por parte del Estado y del Gobierno sentimos que no tenemos ninguna garantía. Al contrario, se continúan profundizando las intimidaciones, la persecución a través de contravenciones a los comuneros y a los referentes de las asamblea del Tercer Malón de la Paz en Purmamarca. No hay ninguna garantía. Desde que marchamos a San Salvador de Jujuy se sentía, aunque nosotros no lo tomamos en cuenta porque íbamos, como decíamos, por la paz. Al llegar a la capital ya veíamos más cantidad de policías de civil e infiltrados en nuestro malón. Cuando llegó la represión, muchos ya estábamos identificados, y en el día de la represión, en Purmamarca, iban directo en busca de los referentes. Hicieron búsquedas por los cerros. Muchos decidimos resguardarnos porque había policía de civil infiltrada.

—En los primeros días de represión tuvieron que esconderse por el peligro de sufrir detenciones arbitrarias…

—Cuando marchamos con el Tercer Malón estábamos al resguardo de las mujeres con las que marchábamos. Ellas se pusieron al frente, por decisión, esperando que no las fueran a reprimir, pero ocurrió lo contrario. Los referentes fueron detenidos y golpeados durante la represión y luego en el traslado a Alto Comedero. Desde ese momento, siguió la persecución. En la Quebrada de Humahuaca denunciaron el intento de secuestro de dos comuneros. A referentas comuneras de Abra Pampa, la Policía fue a buscarlas a sus casas e ingresó sin dar explicaciones. No las encontraron porque estaban en Purmamarca, pero ese es el tipo de intimidaciones que viven referentes y sus familias hasta el día de hoy.

—Otra de las denuncias graves contra el gobierno de Morales fue la utilización de camionetas sin identificar para hacer tareas de rastrillaje. 

—Cuando viajamos a Buenos Aires algunos hermanos llegaron a la nueva terminal de ómnibus de San Salvador y fueron intimidados por movimientos policiales y camionetas blancas de doble cabina sin patente que pararon ahí. Eso muestra a las claras cómo es el seguimiento que llevan adelante. La persecución continúa hasta el día de hoy. También con intervención de los celulares, el Gobierno abiertamente dice que tiene registro de los contactos de los comuneros con familiares, amigos y periodistas. Además de los inhibidores de señal que existen en Purmamarca, donde está la asamblea, y en los alrededores de la Casa de Gobierno y la Legislatura.

Foto: Susi Maresca.

—¿Estas denuncias las llevaron la semana pasada a la reunión que tuvieron con el presidente Alberto Fernández?

—Desde un primer momento se lo invitó al Presidente a que venga al territorio, que vea el conflicto de primera mano, cómo estamos resistiendo en los territorios y qué es lo que nos ha llevado a movilizarnos. Se elevó la nota con anterioridad y después ocurrió la invitación a la casa de Olivos.

—Tras la reunión que tuvieron en Olivos, el Ministerio de Justicia elevó un pedido a la Corte Suprema para que declara inconstitucional de varios artículos de la reforma, entre ellos, lo que van contra el Convenio 169 de la OIT, de consulta previa e informada, pero en el petitorio que presentaron va más allá. Le exigen al Gobierno que reglamente por decreto el proceso de consulta, en particular para los proyectos de explotación de litio. ¿Por qué?

—Vimos oportuno que el Presidente pueda escucharnos y mostrarle que en Jujuy existen tres protocolos de consulta hechos por las comunidades, que significó un proceso de años para poder elevarlo, pero tanto los gobiernos provincial como nacional y las empresas privadas sobrepasan esos protocolos de consulta en detrimento de los pueblos. A pesar de que la Argentina reconoce constitucionalmente el Convenio 169 de la OIT, queríamos marcar que existe trabajo hecho para reglamentar la consulta, para que pueda hacerse concreto y el gobierno nacional sea parte y se haga cargo.

—Uno de los argumentos de Morales para defender la reforma parcial de la Constitución de Jujuy era que venía a incorporar estos acuerdos y convenios internacionales. Y el día de la jura anunció que daba marcha atrás con los artículos 50 y 36, pero desde el Malón de la Paz marcaron que esto era insuficiente y mantienen el reclamo de nulidad de la constitución. ¿Por qué?

—El Convenio 169 de la OIT está ratificado desde 2001 por la Argentina, pero sabemos cómo se lleva a la práctica. El último conflicto fue en la comunidad de Lipán, que integra la cuenca de Laguna Guayatayoc y Salinas Grandes. Entonces, Morales habló de “consulta”, pero para él “consulta” significa una reunión en la que un comunero y dos o tres familias de la comunidad firmen el acta, aún sin estar de acuerdo. Desde el gobierno provincial eso es suficiente para llevar adelante cualquier emprendimiento, aunque sea violatorio de los protocolos de consulta. La consulta se trata de un proceso más largo, que no puede ser marcado por el gobernador sino por las comunidades afectadas. Nosotros decimos que no hay un “no” o un “sí”, lo que pedimos es que las consultas se lleven adelante y, hasta al momento, no hubo ni hay intención. El gobernador Morales dio marcha atrás en los artículos 36 y 50 como si fueran los únicos artículos que afectan a los pueblos originarios, pero si los pueblos originarios siguen en las rutas es porque el conjunto de la reforma nos afecta.

Foto: Télam.

—¿Cuáles serían los otros artículos?

—Siguen vigentes en la Constitución reformada el artículo que habla de los recursos naturales, el 74 sobre tierras fiscales, el artículo 75 sobre el uso del agua. Entendemos que esos artículos nos afecta de forma integral, sobre todo el del agua, que afecta a los que vivimos en el territorio y los que viven en la ciudad.

—También habla de una afectación al conjunto del territorio y las comunidades.

—Es bueno destacarlo. Por ejemplo, a nosotros como Nación Kolla nos quieren enmarcar dentro de un espacio territorial mínimo: determinado por mapeo, por programas. Pero la relación con el territorio es diferente, hay una relación constante con la urbanidad, con el ir y venir de la comunidad. El kolla está mucho más dolido con esta lucha, porque siente que no afecta solo un territorio sino toda una vida, ya esté en el territorio o en la urbanidad. El Tercer Malón ha fortalecido ese lazo, que el gobierno siempre ha pretendido romper. Es el conjunto de la población en La Quebrada y la Puna, que defiende el conjunto del territorio.

—¿Este lazo del que habla entre quienes viven en el territorio y en la urbanidad se refleja en el lazo que ha unido la lucha de los pueblos originarios con la de los docentes?

—Exacto. A diferencia de lo que pasaba hace veinte o treinta años atrás, tanto en La Quebrada como aún más en la Puna, ahora existen docentes con nuestra piel, de nuestra raza, de nuestra nación. Ahora son muchos, por eso, son los docentes los que se han plantado ante los gremios para marcar que no es solo una discusión salarial sino que el primer punto tiene que ser la nulidad de la reforma, luego se habla de la paritaria. Hay hermanos con docentes que trabajan en San Salvador de Jujuy, pero todos los fines de semana vuelven al territorio a cuidar sus animales, a sus llamas, no pierden esa relación con el territorio. Por eso esta lucha se está haciendo cada vez más fuerte.

—Morales sostiene que 150 comunidades firmaron a favor de la reforma constitucional, pero desde el Tercer Malón viene advirtiendo irregularidades en el funcionamiento del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) en la provincia y de los Consejos de Participación Indígena. ¿Cuál es la situación? 

—Los Consejos de Participación Indígena son una figura que ha creado el Estado para hacer el nexo entre las comunidades. Muchos son hermanos o hermanas representantes ante el Gobierno, pero para nosotros no son más que mensajeros, aunque el Estado los tome como representativos de toda una comunidad y algunos se atribuyen esa representatividad. Sabemos que algunos de ellos han tenido reuniones, han dado su aval a favor de la reforma. Por eso, en muchas de las asambleas recientes fueron desenmascarados y han sido sacados por no ser representativos. En la reunión en Olivos se le planteó al INAI que sean removidos de sus cargos, porque hace un tiempo considerable debieron ocurrir nuevas elecciones en los CPI. Respondieron que hasta diciembre no le da tiempo para resolver las nuevas elecciones. Morales habla de 150 comunidades que han firmado, pero pueden tomar como representativo a un hermano o hermano que es mensajero de 30 o 50 comunidades. Realmente no es así.

—¿Cómo impacta el mal funcionamiento del INAI en la provincia para una de sus tareas fundamentales como el relevamiento de tierras y entrega de títulos?

—Si ha sido difícil durante los gobiernos anteriores, durante el de Morales no se ha entregado ningún título de propiedad comunitaria. Muchos hermanos y hermanas tienen títulos de propiedad individual, mientras que solo el 30 por ciento de las comunidades cuentan con el título de propiedad comunitaria. Si los títulos individuales están en juego con esta reforma, mucho más los de propiedad comunitaria que aún no han sido reconocidos y figuran como tierras fiscales. Contra el gobierno de Morales existen denuncias de manipulación para realizar la entrega de títulos, pedidos para que las comunidades cedan parte de sus territorios, ricos en salares o lagunas, a cambio de conseguir el título. Mientras tanto, las comunidades que desde el gobierno provincial marcan como conflictivas sufren trabas burocráticas impuestas por la Secretaría de Pueblos Indígenas para que los hermanos no puedan llevar adelante sus emprendimientos productivos como por ejemplo, la producción de lana de vicuña.

—¿Cómo es eso? ¿Podría dar un ejemplo?

—Por ejemplo, a una comunidad de Laguna Guayatayoc le están poniendo trabas burocráticas, para trámites como el de contar con una cuenta bancaria, porque necesitan la certificación de la Secretaría de Pueblos Indígenas. La comunidad cría vicuñas, hizo la esquila y tienen el acopio, pero no puede vender. Son trabas para que sigamos sumisos a un poder, al gobierno o sigamos dependiendo de un Estado. Ese puede ser una ejemplo, como muchos otros, de las trabas que pone el gobierno de Morales para el desarrollo propio de las comunidades. Es el gobierno el que traba los modelos de desarrollo elegidos por las comunidades… 

Foto: Télam.

—El ejemplo de Laguna Guayatayoc es significativo, porque en esa cuenca las comunidades resisten el avance de la explotación de litio, mientras que comunidades vecinas en el salar de Olaroz han aceptado que se avance. ¿Cómo evalúa esa situación?

—Han aceptado ocho de diez comunidades en Olaroz. Allí nosotros tampoco creemos que haya ocurrido una consulta real, pero han aceptado. Sin embargo, con la movilización del Malón de la Paz, que sobrepasa el funcionamiento de los CPI y los comuneros, han salido a cortar las rutas en Susques en la propia puerta de la empresa Allkem. Eso visibiliza que no todos estaban tan cercanos a la posición del gobierno sino algunos referentes o dirigentes, no la mayoría de la población.

—Una de las consignas de la lucha contra la reforma constitucional es «vienen por el agua». ¿Cómo explicaría esto a quienes están en las ciudades y ven en el litio una oportunidad económica? 

—El agua vale más que el litio. En nuestra Puna siempre ha sido crítica la cuestión de la sequía. El 99 por ciento de las familias en los territorios viven de su ganadería, su vida depende de ello. Es una situación de sobrevivencia: hay zonas en las que se deben recorrer kilómetros y kilómetros para abastecerse de agua. Lo hacen trayendo agua desde lo más alto de los cerros. Hasta ahora, las comunidades regulan el uso del agua, se autogestionan a través de consejos con decisiones asamblearias, con esta nueva reforma está en peligro porque el artículo que regula el recurso del agua habla de licitaciones para el desarrollo de emprendimientos productivos como el litio. El agua viene de arriba, de los cerros, y ha sido cuidada por milenios por nuestros abuelos y queremos seguir cuidándola de la mejor manera. Si un turista puede venir a ver la la Quebrada, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad, o si puede visitar la Puna y encontrar sus paisajes como han sido históricamente; no es por falta de tecnología ni porque no queramos el desarrollo sino porque creemos que es la mejor manera para conservar el territorio para nuestros hijos. En esos territorios queremos seguir desarrollando nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra manera de vivir, nuestra relación con la Pachamama.

Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/el-gobierno-de-jujuy-traba-los-modelos-de-desarrollo-elegidos-por-las-comunidades-indigenas/

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