Denuncian que la Justicia jujeña
intimida con sentencias «exprés»
Por: Miguel Carrasco, Resumen Latinoamericano, 9 de julio se 2023.
Los fallos multan con hasta $ 2 millones a los manifestantes. En tanto, los comuneros mantienen los cortes y los docentes marchan.
La Multisectorial Contra la Reforma de la Constitución, integrada por gremios, pueblos originarios, organizaciones sociales y gauchas de Jujuy, denunció ayer la existencia de una «campaña pública de intimidación, extorsión y amenazas» llevadas a cabo por el gobierno de Gerardo Morales. Aseguran que la Justicia está aplicando sentencias «exprés» para multar a manifestantes cuyos nombres se difundieron públicamente.
«La Justicia de Morales intimida públicamente con sentencias exprés, sin derecho a defensa ni a la privacidad», denunciaron desde el espacio en alusión a ocho sentencias, con multas de hasta 2 millones de pesos, que dictó esta semana el Juzgado Administrativo Contravencional de Jujuy y difundieron los canales oficiales del gobierno local.
La Multisectorial afirmó que se trata de «otro acto de intimidación pública del gobierno de Gerardo Morales».
«Entre los manifestantes hay un joven con retraso madurativo al que le impusieron casi un mes y medio de trabajos comunitarios», agregó el comunicado.
En ese sentido, expusieron que se actuó «bajo procedimientos administrativos brevísimos» sin respetarse «garantías constitucionales como el debido proceso de defensa», ya que asesores legales de la Multisectorial «tuvieron serias limitaciones para acceder a los expedientes y tomar conocimiento de las pruebas en contra de sus defendidos».
Siguen las protestas
En tanto, el viernes, las comunidades indígenas agrupadas en el Tercer Malón de la Paz, quienes mantienen un corte de ruta a la altura de Purmamarca, ratificaron los bloqueos por tiempo indefinido.
Los comuneros mantienen cortes de ruta en la intersección de las rutas nacionales 9 y 52 a la altura de Purmamarca, además de otros bloqueos en las localidades de Maimará, Tilcara, Uquía, San Roque, Iturbe y Hornaditas. A ellos se suman los cortes en las localidades de Abra Pampa, La Quiaca, Susques, Cauchari, Coranzulí y Tusaquillas, todas en la Puna jujeña.
A través de un comunicado, los comuneros denunciaron que «el mal accionar del Gobierno está provocando grandes perjuicios a toda la provincia», y señalaron que «hasta el día de hoy, el Gobierno no se hizo responsable», de la situación generada con la reforma de la Carta Magna.
También exigieron que «se declare la nulidad de la nueva Constitución provincial», al tiempo que volvieron a rechazar el «procedimiento por el cual se realizó» la modificación del texto y objetaron su «contenido, puesto que viola los derechos indígenas». En ese sentido, reclamaron que se debata un «nuevo proyecto de ley sobre la necesidad de la reforma» de la Constitución provincial y que se respeten «los marcos normativos vigentes en la Constitución Nacional» como son «la consulta previa, libre e informada, según lo establecido por Organización Internacional del Trabajo (OIT)».
Marcha de docentes
Por otro lado, los docentes jujeños colmaron, una vez más, las calles del centro de San Salvador de Jujuy y la plaza Belgrano en una marcha de antorchas llevada a cabo en la noche del viernes. Los docentes reclaman que una mesa técnica que el gobierno jujeño hizo andar con funcionarios y gremialistas haga una nueva oferta salarial para volver a las aulas.
El reclamo docente estuvo en el inicio del conflicto social de Jujuy y sobre esta situación se montó el problema político generado con la reforma constitucional llevada a cabo en forma exprés por el gobierno de Morales. Así, el conflicto docente ya superó el mes de duración con reclamos de mejoras salariales y laborales.
Según consignó el medio local El Submarino, en la marcha de anteayer hubo participación de maestros y profesores tanto de San Salvador como del interior de la provincia. La movilización se dirigió al Complejo del Ministerio de Educación para respaldar a los maestros que mantienen allí un acampe. Mañana al mediodía se realizará una reunión por la paritaria sectorial y según los resultados el acampe podría levantarse.
«Nosotros seguimos luchando por un salario digno y le decimos no al descuento. Estamos todos concentrados y esperando la mesa técnica que se va a realizar el día lunes. Esperamos porque esto se va a determinar lo que va a ser la paritaria del día jueves próximo», dijo una docente a El Submarino.
FUENTE: Tiempo Argentino
La ultraderecha devora a sus
criaturas
Por: Ricardo Ragendorfer, Resumen Latinoamericano, 9 de julio de 2023.
Sus dirigencias incursionaron en una nueva forma de comunicación política: el contra marketing.
A Juan Carlos Blumberg, la política no le causó más que disgustos.
Fue durante el frío invierno de 2007 cuando el gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch –ya manchado por el crimen del maestro Carlos Fuentealba–, le propuso pelear por la gobernación bonaerense en la lista que encabezaba como candidato a presidente, y hasta supo ofrecerle una compensación crematística por el lucro cesante que las horas de campaña le quitarían a sus tareas de falso ingeniero. Las elecciones fueron el 28 de octubre.
Aquel día, Sobisch arañó el séptimo lugar con el 1,40% de los votos y Blumberg apenas obtuvo el 1,26 %.
Ya por la noche, en el desolado bunker partidario, Blumberg reclamó su estipendio. Pero, en vez de dinero, Sobisch le dio un cachetazo tan fuerte que fue a dar al piso. No es una metáfora: así concluyó el lazo entre ellos.
A más de tres lustros de semejante experiencia, el pobre Blumberg fue protagonista de otra desilusión: Javier Milei, por quien se sentía subyugado, le terminó por pedir miles de billetes verdes por una candidatura. Pero esta vez no se dejó timar y con su denuncia pública, junto a la de otros libertarios que anhelaban cargos electivos, puso al «León» –tal como a Milei le gusta que lo llamen– en el grave aprieto político y penal que lo envuelve actualmente. Lo que se dice «fuego amigo».
Hay quienes piensan que ello podría derivar en el desplome definitivo del hombre que vino a combatir «la casta». Un destino ingrato para quien, a través de su visión estrambótica del mundo, supo dejar una huella imborrable: el corrimiento hacia la derecha del discurso esgrimido por la oposición en su conjunto. Su signo más visible: la promesa, casi a coro, de gestionar –en caso de llegar al Sillón de Rivadavia– las peores calamidades para así obtener los votos de sus futuras víctimas. Una tendencia ya en pleno desarrollo e incluso naturalizada por esa imprecisa categoría sociológica denominada «la gente». Pero sobre este asunto no está todavía dicha la última palabra.
En medio de tal circunstancia, se viralizó un video de Franco Rinaldi, el influencer con discapacidad de Juntos por el Cambio (JxC) que encabeza la lista de precandidatos a legisladores porteños en la boleta de Jorge Macri (el pollo de Patricia Bullrich en la CABA). Allí, en tono de stand up, arremete contra la homosexualidad, vomita xenofobia y concluye con una pregunta: «¿Qué hago con la Villa 31?», para añadir la solución a boca de jarro: «Lanzallamas». Una hermosura de persona.
Pues bien, sus dichos merecieron un sobreactuado repudio de seres bien pensantes, como José Luis Espert (el profeta de «la bala y la cárcel»), Horacio Rodríguez Larreta (el profeta de la «represión inteligente») y Martín Lousteau (el profeta del «ajuste evolutivo»), quien incluso exigió su retiro del listado de candidatos.
¿Acaso Rinaldi había cometido el pecado de expresar sin disimulo todo lo que ellos realmente piensan y (aún) no se atreven a decir?
Por lo pronto, este «sincericidio» le valió ser acribillado por sus propios correligionarios. O sea, otra andanada de «fuego amigo».
Dicho sea de paso, se trata de una reciente modalidad del tiro al blanco, algunos de cuyos hitos bien vale refrescar: la advertencia de Elisa Carrió sobre el plan del macrismo de poner en marcha «un ajuste muy brutal, para el que habrá que reprimir, y por eso vamos a terminar en un juzgamiento por delitos de lesa humanidad». O la autocrítica de HRL sobre que «el modelo de Macri fracasó». O cuando Patricia Bullrich calificó a éste de «ventajero, oportunista deleznable y de una gran bajeza moral». O la vez que Miguel Ángel Pichetto describió a ésta como una «populista de derecha» (justo él). O las acusaciones de la precandidata bullrichista a gobernadora de Santa Fe, Carolina Losada, a su competidor en las PASO, Maximiliano Pullaro por –según ella– sus «vínculos con el narcotráfico». Un capítulo aparte merece el mismísimo Milei, quien –ya enlodado por su estafa piramidal con la venta de candidaturas– no vaciló en gatillar una ráfaga de acusaciones por Twitter que alcanzó a Augusto Rodríguez Larreta (el hermano menor del alcalde porteño), a Christián Coelho (el secretario de Medios de la Ciudad) y a Edgardo Cenzón (un ex funcionario bonaerense ligado a María Eugenia Vidal), a los que llama «recaudadores de coimas, repartidores de sobres y lavadores de dinero».
Sin ninguna duda, a todos ellos les asiste la razón.
Lo cierto es que, tanto al calor de la furiosa interna que divide a JxC como por el estilo belicoso de La Libertad Avanza (LLA), sus dirigencias han incursionado en una nueva forma de comunicación política que bien se podría denominar «contra marketing». Una suerte de autocrítica involuntaria en base a acusaciones cruzadas. Un juego de espejos que, en conjunto, refleja –más que las denuncias de sus enemigos «populistas», más que los descubrimientos del periodismo de investigación y hasta más que cualquier expediente judicial bien instruido– las miserias, las bajezas y las trapisondas de quienes circulan en las cúpulas de dichos espacios políticos.
Al igual que Saturno, la ultraderecha devora a sus criaturas. «
FUENTE: Tiempo Argentino
El FIT-U, entre el debate interno
y apuntar a los desencantados
Por: Verónica Benaim, Resumen Latinoamericano, 9 de julio de 2023.
Solano pide una polémica abierta con Bregman, quien sostiene que habría que apuntar “hacía afuera” y adentro del Frente.
Con dos fórmulas presidenciales el Frente de Izquierda comienza la campaña hacia las PASO. Las lista encabezada por Myriam Bregman-Nicolás del Caño y la de Gabriel Solano-Vilma Ripoll marcan sus diferencias.
El foco de la campaña de Solano, que encabeza Unidad de Luchadores y la Izquierda, está puesto en la propuesta que le hizo a su rival interna para abrir un debate público. «Es importante que ambos podamos, en un debate fraternal, dar a conocer nuestras propuestas, las caracterizaciones de cada uno y la estrategia de cada lista», explicó Solano.
Desde ese sector, comentaron a Tiempo que la principal diferencia con Bregman está vinculada a la construcción de la izquierda. «Nosotros creemos que no podemos ser furgón de cola del kirchnerismo y que debemos estar acompañando todas las luchas, particularmente de los más explotados, entre los que se destaca el movimiento piquetero», algo que, según las fuentes, «no comparte el PTS».
«El FIT-U tiene una gran responsabilidad –agregaron–. Los candidatos patronales vienen a reforzar un ataque contra el pueblo que ya se está llevando adelante. La rebelión en Jujuy tiene un alcance nacional. En este cuadro tenemos que poner en debate la estrategia de la izquierda, que debe ser un factor de organización y movilización popular. Nuestra obligación es darles a los trabajadores la posibilidad de escuchar un debate de estas características. Esperamos una respuesta positiva de Myriam Bregman y su partido».
Desde Unir y Fortalecer la Izquierda sostienen que la disputa es contra los candidatos de las otras fuerzas ya que la gente que sigue a la izquierda sabe cuáles son los debates internos. «El eje central para nosotros es ampliar el espectro del voto del FIT-U y no centrarnos en el debate interno», comentó uno de los armadores de la campaña de Bregman a Tiempo.
En ese sentido agregó que «hay que salir a conquistar a un sector de la sociedad que quedó descontento con la candidatura de Sergio Massa en Unión por la Patria, más la caída de Javier Milei y a aquellos que van por el voto en blanco».
Por esta razón ponen el foco en la pelea por reducir la jornada laboral a seis horas sin rebaja salarial, aumento de salarios y jubilaciones, enfrentar el acuerdo con el FMI, contra «el saqueo» y por los derechos de las mujeres y diversidades. Este último punto será fundamental debido a que Bregman es la primera mujer del FIT -U que encabeza una lista para competir por la presidencia de la Nación. «
FUENTE: Tiempo Argentino
Una historia repetida: El pueblo
jujeño defiende la soberanía
Horacio Rovelli / Resumen Latinoamericano, 9 de julio de 2023
En febrero de 1813, después de la victoria en la Batalla de Salta, el general Manuel Belgrano inició la segunda campaña al Alto Perú. Contaba con el apoyo de las distintas poblaciones del lugar comandadas por Manuel Ascensio Padilla y su esposa Juana Azurduy de Padilla, por una parte, por el coronel Ignacio Warnes, por otro lado, por el cura tucumano ldefonso Muñecas y por José Vicente Camargo en Chuquisaca, quienes con hondas, macanas, arcos y flechas enfrentaban a los españoles. Pero las tropas de Belgrano fueron vencidas por el bien armado ejército, bajo el mando de Joaquín de la Pezuela, en las Batallas de Vilcapugio y de Ayohuma.
Manuel Belgrano fue reemplazado en enero de 1814 por el general José de San Martín, quien, al percibir la imposibilidad de combatir de igual a igual con el bien pertrechado ejército realista, a los cuatro meses dejó ese frente, confiando en la resistencia de los pueblos del lugar, para encabezar la expedición por el cruce de Los Andes. No obstante, Buenos Aires no confiaba ni en el general Martín Miguel de Güemes ni en los originarios del Alto Perú y envió a José Rondeau [1].
Bartolomé Mitre, en su Historia de Belgrano y de la independencia argentina, escribe: “Cada valle, cada montaña, cada desfiladero, cada aldea, es una republiqueta, un centro local de insurrección, que tiene su jefe independiente, su bandera y sus termópilas vecinales, y cuyos esfuerzos aislados convergen sin embargo hacia un resultado general, que se produce sin acuerdo previo de las partes. Y lo que hace más singular este movimiento y lo caracteriza, es que las multitudes insurreccionales pertenecen casi en su totalidad a la raza indígena o mestiza, y que esta masa inconsistente, armada solamente de palos y piedras, reemplaza con eficacia la acción de los ejércitos regulares ausentes, concurriendo a su triunfo, con sus derrotas más que con sus victorias”.
Fue la heroica resistencia de las comunidades originarias, mestizos y criollos del lugar los que detuvieron el avance español, muriendo la mayoría de ellos con sus principales jefes en combates desiguales, mal armados y sin la pólvora suficiente.
Tal vez la muerte más emblemática es la de Manuel Ascensio Padilla, el 14 de septiembre de 1816, en la Batalla de La Laguna, quien —agotadas las municiones— peleó con su sable y fue malherido de una bala que lo derribó del caballo, en tierra. El coronel Aguilera lo hizo degollar y llevó su cabeza como un trofeo [2].
En noviembre de 1815, tras la derrota de Sipe Sipe y en plena retirada hacia Salta, Rondeau le escribió una carta a Padilla pidiéndole que hostilizase al enemigo y reconcentrase lo que había quedado dispersado: “oficiales y tropa rezagadas”, y que recogiera el armamento.
La enérgica respuesta de Padilla, que él mismo calificó como “reservada”, fue un documento en el que se expresaban las ideas de identidad de los caudillos del noroeste y sus sentimientos en contraposición a la “desconfianza rastrera” de Buenos Aires.
“Lo haré como he acostumbrado hacerlo en más de cinco años […] donde los [alto] peruanos privados de sus propios recursos […] sembrado de cadáveres sus campos, sus pueblos de huérfanos y viudas […], llenos los calabozos de hombres y mujeres que han sido sacrificados por la ferocidad de sus implacables enemigos, hechos y ludibrios del ejército de Buenos Aires, vejados, desatendidos en sus méritos […]; la infame conducta que con el mayor escándalo deshizo, rebajó y ofendió al virtuoso regimiento de Chuquisaca […]; la prisión de Centeno y Cárdenas por haber hostilizado a Goyeneche […]; la presión de mi persona por haber pedido refuerzos para hostilizar a Pezuela […]. El gobierno de Buenos Aires, manifestando una desconfianza rastrera, ofendió la honra de estos habitantes […]. El ejército de Buenos Aires con el nombre de “auxiliador” para la patria [Alto Perú] se posesiona de todos estos lugares a costa de la sangre de sus hijos y hace desaparecer sus riquezas, niega sus obsequios y generosidad. […] Y ahora que el enemigo ventajoso inclina su espada sobre los que corren despavoridos y saqueando [se refiere a Rondeau y su ejército], ¿debemos salir nosotros sin armas a cubrir sus excesos y cobardía? […] Pero esta confesión fraternal, ingenua y reservada [sic] sirva en lo sucesivo para mudar de costumbres, adoptar una política juiciosa, traer oficiales que no conozcan el robo, el orgullo y la cobardía […]. Todavía es tiempo de remedio, propenda V.S. a ello; si Buenos Aires defiende la América para los americanos y si no…
Dios guarde a V. muchos años.
Laguna, 21 de diciembre de 1815. Manuel Ascencio Padilla” [3].
La lucha continuó sin cuartel, pero los patriotas iban siendo vencidos uno a uno. De acuerdo con el libro de Bartolomé Mitre, de más de ciento dos caudillos que lucharon contra los realistas en la llamada “Guerra de Republiquetas”, para 1824 sólo quedaban nueve con vida.
La historia continúa
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un órgano consultivo de la OEA, con sede central en Washington, comunicó a través de una carta con fecha 17 de junio 2023 que “Argentina debe respetar estándares de uso de la fuerza provincial durante las protestas en Jujuy” y que poseían información sobre el “uso indebido de la fuerza en contra de personas en el contexto de las manifestaciones”. Y agregó que “la Oficina ha tomado conocimiento de que al menos 20 personas han resultado heridas, incluido un joven de 17 años que sufrió trauma ocular severo (perdió un ojo) y otra persona que habría sufrido un trauma craneal, supuestamente por uso de armas menos letales disparadas directamente en contra de la parte superior del cuerpo” [4].
La tierra jujeña tiene en sus entrañas abundantes minerales codiciados por las empresas multinacionales que, por la legislación argentina, pueden realizar minería a cielo abierto. Esto lleva a que sean tierras fiscales que los gobernadores licitan o venden al mejor postor, sin importarles que en la mayoría de ella estén asentadas las 420 comunidades originarias. Particularmente, lo que agudizó el avance violento y represivo del Estado hacia los territorios inhóspitos de Jujuy es el llamado oro blanco: el litio.
La salmuera que se bombea desde la base del salar deja un espacio vacío que se llena con el agua de los ríos que circulan por arriba, por la superficie del terreno. Esta agua es la que toma la gente, los animales y riega las pasturas que los alimenta. Esta agua potable, al romperse el equilibrio hidráulico por extracción de la salmuera, filtra hacia abajo, hacia la base del salar, se vuelve salada y se vuelve a extraer para llenar los piletones donde reposa por unos 18 meses, hasta que, por evaporación, se seca y deja ese polvo blanco llamado carbonato de litio.
Obviamente, esa agua superficial que se filtra hacia abajo del salar es el agua que deja de seguir su curso y llenar los acuíferos de la región, de la cual la población de toda la provincia se provee.
De los treinta y ocho proyectos mineros de litio que tiene la Argentina en diferentes estados de producción, hay tres que producen y exportan carbonato de litio: el proyecto “Fénix”, en el Salar del Hombre Muerto de Catamarca, controlado por la estadounidense Livent Corporation; el litio de la Reserva Olaroz–Cauchari en el extremo oeste de la provincia de Jujuy (en el departamento de Susques, en la Puna de Atacama), explotado por la Minera Exar S.A. (conformada por Livent Corporation, Ganfeng Lithium y JEMSE —Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado—), y el proyecto “Sales de Jujuy”, en el Salar de Cauchari-Olaroz operado por la australiana Allkem asociada con Toyota (Japón) y la estatal jujeña JEMSE.
Allkem y Livent se fusionan para crear NewCo, un productor líder mundial de productos químicos de litio. A final del 2023, cuando sea el cierre de la transacción, la australiana poseerá el 56 % y la estadounidense el 44 % de la nueva compañía.
La fusión significa la asociación de los grandes fondos de inversión financiera mundial. Los dos principales propietarios de acciones de Livent Corporation son BlackRock y Vanguard, y de Allkem, sus principales accionistas son las empresas bancarias y financieras JP Morgan (Estados Unidos) y HSBC (Reino Unido).
Esto explica por qué en la noche y la madrugada del 15 y 16 de junio 2023, cuarenta constituyentes radicales y peronistas, encabezados por el gobernador Morales, reformaron en tiempo exprés la Constitución de Jujuy. Seis convencionales del Frente de Izquierda y dos del Frente Justicialista [5] se retiraron de la Legislatura y denunciaron el montaje de la farsa por parte de las autoridades.
El ex juez Miguel Rodríguez Villafañe afirma: “Las ocho comisiones encargadas de trabajar las reformas concluyeron en menos de dos semanas su tarea y sus reuniones no fueron públicas, tampoco tuvieron registro taquigráfico, ni se dejó participar y aportar opiniones a representantes sociales y/o a ciudadanos/as. A su vez, el texto de la reforma tuvo muchas variaciones de último momento en algunos artículos importantes realizadas por el gobernador-convencional Gerardo Morales, sin mayor discusión” [6].
”Asimismo —prosigue en la nota Miguel Rodríguez Villafañe—, gran parte de los medios de comunicación de la provincia apoyaron lo que hacía el gobernador, con opiniones favorables. Tampoco informaban o trataban las cuestiones de fondo que se debían transparentar y discutir para conocimiento de la sociedad. Más en esto, hay que resaltar, que los medios más importantes de difusión eran de referentes de partido justicialista (PJ), que es la segunda fuerza política en la provincia. Así, el presidente del PJ en Jujuy, Rubén Rivarola, es el dueño del diario El Tribuno y Guillermo Jenefes, elegido presidente del bloque del PJ en la Convención, tiene la propiedad del canal 7 de televisión y de LW 8 radio San Salvador; LW5 radio Libertador, LRA Perico y FM Trópico”.
Y se apuraron en aprobar la reforma constitucional de la provincia porque los pueblos originarios bajaron de la Puna en defensa de sus tierras en el llamado “Tercer Malón de la Paz”. Afuera de la Convención Constituyente, miles de manifestantes se opusieron. La docencia arrastraba 10 días de paro y se movilizaba masivamente por el centro de San Salvador. El básico de una trabajadora de la educación jujeña no supera los 60.000 pesos por mes y gran parte de su salario está atado a arbitrariedades patronales disfrazadas de “presentismos”. Lucha que continúa como lo demuestra la manifestación del jueves 6 de julio 2023 de los docentes (a 31 días de iniciado el conflicto) en la ciudad de San Salvador de Jujuy, con el apoyo masivo de la población.
En paralelo, los pueblos originarios decidieron tomar las rutas y no dejar subir a nadie que represente a las empresas y son permanentemente amenazados y reprimidos por la policía de uniforme y de civil de la provincia.
El laboratorio represivo y extractivista que se pretende hacer en el norte del país tiene su primer gran escollo en la oposición misma del pueblo jujeño, que —como otrora— sin armas, resiste valientemente en defensa de su territorio y de sus derechos.
Derechos amparados en la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 17, que exige la consulta a los pueblos originarios y en el artículo 41, que exige que el Estado Nacional vele por el impacto ambiental [7]. Además, garantiza la aplicación plena y efectiva del Convenio 169 de la OIT, ratificado por Ley Federal 24.071, y posibilita declarar la nulidad de reforma inconstitucional, inconsulta, de despojo, saqueo y restricción de derechos adquiridos como trabajadores y pueblo jujeño, cese de represión y violencia institucional, liberación inmediata a todos los detenidos arbitrariamente y renuncia del gobernador Gerardo Morales.
A cambio de eso, en una amenaza a la población, el 4 de julio 2023, la Fiscalía del Estado de la provincia y el jefe de la Policía provincial, apoyándose en la reforma constitucional de Gerardo Morales, prevé una pena de 20 años de prisión por cortar rutas y accesos y de 25 años por la toma de tres policías infiltrados entre los manifestantes y por el incendio de la Legislatura de la provincia y de la de Humahuaca
Una vez más la dignidad y el patriotismo residen en el heroico pueblo jujeño. El robo, el orgullo y la cobardía residen, en cambio, en Gerardo Morales y los corruptos amanuenses de BlackRock y del JP Morgan.
Rondeau concentró sus tropas cerca de Cochabamba, en el llano de Sipe Sipe. Allí se enfrentaron los 3.100 soldados patriotas y sus nueve cañones (sin la colaboración de los voluntarios indios, despreciados por motivos raciales) contra los 5.000 realistas, armados con 23 cañones, bajo el mando de . La derrota de la , del 29 de noviembre de 1815, hizo que las Provincias Unidas del Río de la Plata perdieran para siempre a las provincias del Alto Perú y, cuando lograron su independencia de , en la Batalla de Ayacucho, el 6 de agosto de 1824, lo hicieron como un Estado independiente, y surgió la República de .
Juana Azurduy recuperó su cabeza unos días después, obligada a retroceder, fue lugarteniente del general Martín Miguel de Güemes y continuó la lucha después de la muerte de Güemes, el 17 de junio de 1821. El 14 de julio de 2009, la Presidenta Cristina Fernández ascendió post mortem a Juana Azurduy, del grado de a del
, p.139/140.
Nelson Mamani cae desplomado al suelo tras ser impactado por un gas lacrimógeno (disparado a la cabeza desde una distancia de 10 metros). Sobrevivió, pero las consecuencias sobre el resto de su vida son gravísimas. Al día 6 de julio 2023, las personas que habían perdido un ojo por el accionar de la policía de Jujuy sumaban cinco.
El presidente del bloque de constituyentes del Frente Justicialista fue Guillermo Jenefes, dueño del Canal 7 de Jujuy y de los principales canales de cable de la provincia. Y el presidente del PJ de Jujuy es Rubén Rivarola , dueño de El Tribuno, el principal diario de la provincia.
“Contextos institucionales inaceptables en Jujuy” , Miguel Rodríguez Villafañe, Cba24, 06/07/ 2023.
Art. 41, Constitución Nacional: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.
FUENTE: El Cohete a la Luna
Neuquén. Ya funciona la obra
del Comando Sur, mientras
subsisten dudas por la “base
yanqui”
Laura D´Amico / Resumen Latinoamericano, 9 de julio de 2023
Defensa Civil explicó que el galpón es de uso exclusivo de esa subsecretaría. La obra encendió la alarma de organizaciones sociales y de derechos humanos que en 2018 se agruparon en una multisectorial.
Una parte de la obra que el Comando Sur del Departamento de Defensa de Estados Unidos llevó adelante en la meseta neuquina, comenzó a ser usada como depósito de vehículos de Defensa Civil en marzo pasado. Se trata de una iniciativa que generó suspicacia en la población por la presencia del gobierno norteamericano en la puerta de entrada a Vaca Muerta, duda que fue alimentada por la escasa información oficial sobre el tema.
El subsecretario de Defensa Civil y Protección Ciudadana, Martín Giusti, explicó a 
que el galpón, que ya está finalizado, es de uso exclusivo de personal de Defensa Civil.
La presencia de un proyecto del Comando Sur norteamericano en la región encendió la alarma de múltiples organizaciones sociales y de derechos humanos que en 2018 se agruparon en la Multisectorial No a la base yanqui en Neuquén.
Las oficinas destinadas al Centro de Operaciones de Emergenciaaún no fueron inauguradas porque todavía falta hacer la instalación electrónica, sumado a que en marzo pasado les robaron el cable subterráneo y ahora tampoco cuentan con instalación eléctrica.
“Dos veces nos entraron a robar. Las denuncias están en la comisaría 21 del Parque Industrial. Robaron más de 200 metros de cable Sintenax que sale casi tres millones” de pesos, dijo Giusti.
Luego del último robo y para evitar nuevos episodios similares, comenzaron a usar el galpón para guardar los vehículos de Defensa Civil que estaban en el depósito de la calle Picún Leufú. Ahí están ahora las camionetas, el camión, una lancha, un carro para trasladar víveres, canoas, entre otros. “Todo lo que tengo ahí es propio, de Defensa Civil, no hay nada de Estados Unidos. Ellos hicieron las instalaciones, nada más”, reiteró el funcionario.
Agregó que “nosotros hemos estado cumpliendo horario de trabajo ahí arriba. Están los chicos que van al depósito y vienen a la oficina en calle Belgrano, y somos todos empleados del Estado que estamos trabajando en Defensa Civil. La guardia adicional que está ahí es de la policía y se paga. La luz la paga Defensa Civil, el agua lo paga Defensa Civil, el gas no porque no hay”.
“¿Tiene alguna injerencia el gobierno norteamericano en ese lugar?”, preguntó . “No. Yo tengo la llave de eso. Ellos no tienen nada”, respondió.
“Ahorrar el viaje”
El proyecto comenzó a diseñarse en 2006 y a ejecutarse en 2012, a partir de negociaciones entre el entonces gobernador Jorge Sapag y la embajada norteamericana en Argentina. Mediante el “Programa de Asistencia Humanitaria” que implementa Estados Unidos a través del Comando Sur, ese país lleva adelante una obra, que en este caso se calculó en dos millones de dólares, sobre tierras fiscales de la provincia, y envía elementos destinados a asistencia en materia de defensa civil.
“Esto surge a raíz de las inundaciones que hubo en el año 2006, de las que ahora tuvimos una réplica”, dijo Giusti en referencia al desborde del río Neuquén ocurrido dos semanas atrás. “Ellos vinieron a colaborar en el norte de la provincia y ofrecieron donaciones: carpas, catres, y dijeron que también donan edificios. El requisito era que el propietario tiene que ser Defensa Civil. Sapag gestionó, hizo los pedidos correspondientes como gobernador al embajador de Estados Unidos en Argentina”, siguió Giusti, que se incorporó al organismo en 2017.
Indicó que las carpas, catres y demás elementos que habían sido donados en ese entonces fueron usados en el terremoto de 2010 en Chile. “Ellos no vinieron, fuimos nosotros a ayudar a Chile con lo que ellos nos habían donado”, apuntó.
“Esto que hicieron acá lo han hecho en varias partes del mundo. Lo hacen con fines humanitarios para que, cuando sucede algo en algún país, ven qué es lo que tienen armado las Defensas Civiles para no venir ellos. Se ahorran el viaje”, argumentó.
Este año, una iniciativa idéntica fue inaugurada en la provincia de Chaco. Según publicaron medios locales en abril pasado, el gobernador Jorge Capitanich y el embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, visitaron el edificio de la dirección provincial de Defensa Civil, entregaron equipamiento y descubrieron una placa que conmemora los 200 años de cooperación entre Argentina y EEUU.
El gobernador Jorge Capitanich y el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, visitaron el edificio del Comando Sur en Chaco.
“Injerencia política y una posible injerencia militar”
Tras solicitar información al Poder Ejecutivo provincial y no tener ninguna respuesta, en 2020 integrantes de la multisectorial interpusieron una acción de amparo para que el gobierno de Neuquén dé información sobre el proyecto.
La titular del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia Nº5, Adriana Saralegui hizo lugar al pedido y reclamó información completa y detallada al gobierno provincial bajo apercibimiento. La provincia contestó por escrito información que surge de correos intercambiados entre el Poder Ejecutivo provincial y la embajada de Estados Unidos en nuestro país, un acta de entrega de bienes y certificados de donación.
Para Saralegui, esa respuesta fue insuficiente. En los considerandos de su sentencia, sostuvo que la información acompañada con la contestación de la demanda no era completa, por no incluir “ni los convenios celebrados, ni el contenido del programa o compromisos asumidos, condiciones y contrapartidas de la donación (…) ni los instrumentos legales suscriptos entre representantes del Gobierno estadounidense”.
En febrero de 2022, el gobierno provincial apeló en la Cámara Civil la sentencia de primera instancia argumentando que el acuerdo que se le exige mostrar no existe. La Cámara determinó que la provincia debía fundamentar en los días siguientes la existencia o no de esos acuerdos.
Uno de los impulsores del amparo, Lucas Arias, dijo a que no pudieron continuar con la instancia judicial por falta de fondos para pagarle a un abogado. Y sostuvo que “a nosotros nos parece un atropello que se haya hecho este acuerdo, teniendo en cuenta la historia que ha tenido esa potencia extranjera en la Argentina. Estados Unidos ha estado detrás de cada uno de los golpes de Estado que se dieron en Argentina. Los ha financiado, ha entrenado a esos militares para que secuestren torturen y lleven adelante una política en contra del pueblo argentino”, añadió.
Para Arias, lejos de llegar con fines humanitarios, “entendemos que viene a traer una injerencia política y una posible injerencia militar” y argumentó que “la provincia de Neuquén no necesita de esos recursos porque no es una de las provincias más pobres del país”.
Otra de las integrantes de la multisectorial, Laura Goitosolo, apuntó que “nosotros siempre dijimos que esto es una instalación extraterritorial de norteamérica que está disfrazada de ayuda humanitaria. Entonces con el pretexto de cuestiones climáticas, catástrofes ambientales, erupciones volcánicas, incendios u otro tipo de situaciones, el Ejército norteamericano le dona a Defensa Civil de la provincia esta instalación”.
Goitisolo detalló que Estados Unidos “tiene cuatro tipos de instalaciones para penetrar en los países y para pasar por encima de su soberanía” y que lo que hicieron en Neuquén “se encuadra en un Centro de seguridad cooperativa, donde no hay ninguna presencia norteamericana, donde generalmente se hace cargo el país anfitrión de administrarla”.
Para concluir, advirtió que “a estos centros los pueden transformar en una base militar, si lo necesitaran, en 48 horas. Y lo más llamativo es que está ubicada en un lugar estratégico, muy cerca de Vaca Muerta, donde vienen a proteger y controlar sus intereses económicos, y muy cerca de un aeropuerto internacional. Todo cierra”.
Por su parte, Giusti insistió: “Yo le plantee a los de la multisectorial que yo acepto que Estados Unidos no haga la donación del edificio, ¿ustedes me hacen el edificio? Ese fue mi planteo. Si ustedes me donan el edificio yo firmo ya que lo hago con ustedes”.
FUENTE: Va con Firma
Jujuy. Para esto era la Reforma:
Morales vendió parte de Finca El
Pongo a una Empresa China
Resumen Latinoamericano, 9 de julio de 2023
PARA ESTO ERA LA REFORMA: MORALES VENDIÓ PARTE DE FINCA EL PONGO A UNA EMPRESA CHINA.
El gobierno de Jujuy vendió tierras del estado en Perico a la empresa china Tsingshan Mining Development S.A, para manufacturar carbonato de litio. De acuerdo a la nueva constituciónAl ser tierras fiscales, el Estado provincial puede determinar destinarlas “a la producción”.
Mas info:
https://www.jujuydice.com.ar/…/para-esto-era-la-reforma…
FUENTE: Jujuy Dice
Jujuy. Multisectorial Contra la
Reforma Constitucional: “La
justicia de Morales intimida
públicamente con sentencia
express sin derecho a defensa
ni a la privacidad”
Resumen Latinoamericano, 9 de julio de 2023
La multisectorial contra la reforma, espacio de unidad integrado por sindicatos docentes, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas, comunidades indígenas, gremiales de trabajadores estatales y municipales entre otros, han emitido un comunicado conjunto sobre la reciente situación de amenazas por parte del gobierno que apunta a una persecución indiscriminada a cientos de personas.
Compartimos el comunicado:
“En otro acto de intimidación pública el Gobierno de Gerardo Morales publicó una lista de manifestantes con las multas que se les pretende aplicar por ser los supuestos responsables de algunas contravenciones ocurridas el 20 de junio pasado. El Juzgado Administrativo Contravencional de Jujuy dictó las primeras sentencias con multas millonarias. Entre los manifestantes hay un joven con retraso madurativo al que le impusieron casi un mes y medio de trabajos comunitarios (figura en la placa dentro del inciso 6).
La Justicia Contravencional de Jujuy, es una dependencia administrativa del Poder Ejecutivo a cargo del Gobernador Gerardo Morales y no pertenece al Poder Judicial. Bajo procedimientos administrativos brevísimos que violaron todos los derechos de los “denunciados”, este jueves pasado impuso multas millonarias sin respetar garantías constitucionales, como el debido proceso de defensa y el derecho personalísimo a la intimidad o privacidad. Los asesores legales de la Multisectorial contra la Reforma Constitucional tuvieron serias limitaciones para acceder a los expedientes y tomar conocimiento de las pruebas en contra de sus defendidos, los cuales conocieron las penas por los medios de prensa, de esta manera también se les vulneró el derecho a reserva o privacidad, dado que está expresamente prohibido publicar los datos personales de los supuestos culpables. Asimismo, es reprochable que antes de conocerse los fundamentos de las penas se elaboren campañas mediáticas de escrache que buscan intimidar a la población con los montos de las multas y estigmatizar a los manifestantes. Las multas serán apeladas y por ende no quedarán firmes.
Estos procedimientos bajo el Código Contravencional en Jujuy son complementarios (anticonstitucionalmente) a la Justicia Penal o a la Justicia Civil, es decir que por un mismo hecho un acusado puede sufrir dos procesamientos con penas diferentes, algo que viola un principio fundamental de nuestro derecho (Non bis in ídem) que prohíbe al Estado juzgar y castigar doblemente, dado que no puede haber sobre un mismo hecho o delito una sanción administrativa (multa) y una sanción penal (prisión).
Luego de la conferencia de comienzos de esta semana donde funcionarios del Gobierno de Gerardo Morales sin realizar ninguna autocrítica, se atribuyeron, ilegalmente, facultades judiciales y omitieron declarar que se iba a investigar la responsabilidades en el accionar de las fuerzas policiales que reprimieron el 17 de junio en Purmamarca, el 20 de junio en San Salvador y el 1 de julio en Humahuaca; represiones donde los efectivos cometieron intento de homicidio al disparar al rostro, donde hubo numerosos heridos graves entre los manifestantes y se realizaron detenciones ilegales, entre otros delitos que se documentaron a través de videos virales (la misma policía rompía vidrieras a su paso, golpeaba a personas en el piso y se infiltraba en las movilizaciones para generar desmanes, con el fin de desprestigiar una lucha genuina y justificar la represión.
Este jueves el Gobierno publicó las listas de manifestantes con las multas que les pretenden aplicar, de esta manera, continúan con la campaña pública de intimidación, extorsión y amenazas contra el conjunto de la sociedad, hundiéndose en el autoritarismo por violentar, permanentemente, el Orden Constitucional y la Democracia.
Frente a esa actitud gubernamental el pueblo tiene derecho a la Resistencia y a la Rebelión pacífica y continuada hasta que el autoritarismo retroceda y hasta que caiga una Reforma Constitucional viciada de nulidad y violatoria de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales, a los cuales la nación adhiere desde 1994.
MULTISECTORIAL CONTRA LA REFORMA CONSTITUCIONAL – 8 de junio del 2023″
#RadioPueblo #Jujuy #UneteALaLucha #ElPuebloUnidoJamásSeráVencido #arribalosderechosabajolareforma
Jujuy: El reclamo de los pueblos
originarios y la amenaza de Gerardo
Morales
Resumen Latinoamericano, 8 de julio de 2023.
Se profundizan los rechazos a la reforma constitucional, mientras el gobernador echa más leña al fuego.
Las comunidades indígenas agrupadas en el Tercer Malón de la Paz ratificaron en Jujuy los cortes de ruta por tiempo indefinido y denunciaron que “el mal accionar” del gobierno de Gerardo Morales “está provocando grandes perjuicios a toda la provincia”. El mensaje de los pueblos originarios -uno de los actores centrales del rechazo a la reforma constitucional en la provincia- se conoció después de que el gobernador y precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio (JxC) convocara al diálogo… pero avisando que no dará “ni medio paso para atrás”. En simultáneo, organismos de derechos humanos exigieron el cese del “delicado contexto de criminalización” contra la protesta social en territorio jujeño.
A poco más de un mes de iniciado el conflicto en Jujuy, las comunidades originarias difundieron una declaración donde señalaron que “hasta el día de hoy, el gobierno no se hizo responsable” de la situación generada con la reforma de la Constitución local. Reclamaron que “se declare la nulidad de la nueva Constitución provincial”, al tiempo que volvieron a rechazar el “procedimiento por el cual se realizó” la modificación del texto y objetaron su “contenido, puesto que viola los derechos indígenas”. En ese sentido, pidieron que se debata un nuevo proyecto y que se respeten “los marcos normativos vigentes en la Constitución Nacional”.
Las organizaciones indígenas también solicitaron el cierre de “las causas judiciales iniciadas a las personas que participaron en las distintas movilizaciones en pleno ejercicio de derecho a la protesta de forma pacífica”, y exigieron “el cese de la represión, persecución y amedrentamiento de las personas que participaron de las diferentes manifestaciones”. A la vez, pidieron la renuncia del gobernador Morales y de sus funcionarios Guillermo Corro (Seguridad) y Sonia Ochoa (Derechos Humanos), así como también del jefe de la policía jujeña, Horacio Herbas Mejías, “quienes ejercieron violencia institucional y abuso de autoridad en los violentos operativos de represión, dejando un importante saldo de heridos de gravedad y lesionados física y psíquicamente en toda la provincia”.
Los comuneros mantienen cortes de ruta en la intersección de los caminos 9 y 52 a la altura de Purmamarca, además de otros bloqueos en las localidades de Maimará, Tilcara, Uquía, San Roque, Iturbe y Hornaditas.
“Contexto de criminalización”
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos (Andhes) ofrecieron una conferencia de prensa junto a referentes de comunidades indígenas y reclamaron el cese del “delicado contexto de criminalización” contra quienes protestan contra la reforma de la Constitución local, y exigieron una respuesta de la Justicia Federal para “generar los mecanismos de protección necesarios” ante la continuidad de los reclamos.
“El derecho a ejercer la protesta en Jujuy atraviesa una seria crisis y en ese sentido el rol de la Justicia local viene mostrando deficiencias en cuanto a la dilación para resolver estos reclamos”, comentó Florencia Vallino, directora ejecutiva de Andhes. Vallino expresó preocupación por la actuación de la fuerza de seguridad local, “apuntando (con armas no letales) al rostro de las personas y generando lesiones oculares. Son muchos los casos, lo cual da cuenta de un patrón que se reitera y que preocupa profundamente”, remarcó.
En materia de acciones de protección de los manifestantes, Diego Morales, del CELS, recordó que está vigente un habeas corpus en la justicia federal. “Primero los jueces federales provinciales decidieron no intervenir, se declararon incompetentes, y hubo una orden de la Cámara de Casación que los obligó. En ese contexto, el habeas corpus tiende a proteger los derechos de aquellas personas que se están manifestando en rutas nacionales, como la 9 y la 52”, señaló el director de Litigio del organismo. Morales explicó que ahora se reclama a la Justicia Federal que “convoque a una audiencia y genere los mecanismos de protección necesarios” para “resguardar a las personas de los hechos de violencia institucional que ya se vienen dando en Jujuy”.
El referentes del CELS advirtió sobre un “profundo y lamentable proceso de persecución de referentes sociales, sindicales y comuneros”, en el que “las autoridades políticas y del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy ponen el foco en la necesidad de criminalizarlos”, mientras “no hay investigaciones en relación a la violencia policial”.
A su turno, Néstor Jerez, cacique del pueblo ocloya, y de la Asamblea Abierta de Pueblos Indígenas de Jujuy, reclamó “el cese de la represión, de la persecución y de las imputaciones que se están generando”. “Se están expresando los pueblos indígenas, los movimientos gremiales, sociales, de derechos humanos, todos estamos reclamando la nulidad de esta reforma por ser inconstitucional y violatoria de los tratados internacionales y de la Constitución Nacional”, agregó Jerez.
Raúl Sajama, de la comunidad Indígena Angosto el Perchel, de Tilcara, recordó que, antes de la sanción de la ley que convocó a la reforma constitucional, ya habían expresado formalmente que se debía cumplir con la consulta previa, que no ocurrió. La misma situación, agregó, se repitió durante las reuniones de la Convención Constituyente, cuando se presentaron varias comunidades y pidieron que “antes de aprobar el nuevo texto realicen la consulta a las 400 comunidades que hay en Jujuy”.
Leña al fuego
Lejos de buscar apaciguar el conflicto, el gobernador Gerardo Morales difundió un breve spot en el que avisó que no a dará “ni medio paso para atrás”. El precandidato a vicepresidente por JxC insistió en vincular la situación que sufre la provincia con un plan de sus opositores. Primero dijo que, desde 2015, cuando fue electo, tuvo que “desmantelar un Estado paralelo que comandaba Milagro Sala con la organización Tupac Amaru”, tras lo cual se generó una “gran transformación” en Jujuy y se logró la “paz”. “Esa es la primera de tres cosas que el gobierno de Fernández y Fernández no me perdonan”, acotó el mandatario, aludiendo al Presidente y la vicepresidenta. Como segundo punto, vinculó el conflicto con su decisión de “integrar una fórmula presidencial” con el propósito de “lograr una transformación en el país y que dejen de seguir destruyendo los sueños y proyectos de vida del pueblo”.
Morales defendió la reforma parcial de la Constitución (avanza en “generar nuevos y más derechos”, dijo) y volvió sobre la idea de un “intento de golpe de Estado” en su contra. “No se lo vamos a permitir”, sentenció. Allí fue cuando esbozó un “llamado” al diálogo, que pronto desconoció con sus propias palabras. “Convoco a las comunidades reales a dialogar para reafirmar nuestro compromiso de siempre por sus derechos. Insto a los violentos y delincuentes a deponer sus actitudes y hacerse cargo de las consecuencias”, amenazó. “Señor y señora Fernández, la nueva Constitución jujeña genera más derecho y les corta a ustedes la ruta de la violencia y la impunidad, y la del Estado paralelo, por eso los jujeños elegimos en las urnas repetidamente vivir en paz, no vamos a dar ni medio paso para atrás. Respeto a la Constitución y a la ley siempre, nunca más a la violencia y a la corrupción”, concluyó.
FUENTE: Pagina 12
Las contradicciones en la muerte
del soldado Córdoba y la denuncia
de la familia: «Nadie se suicida de
dos disparos en la cabeza”
Por: Federico Trofelli, Resumen Latinoamericano, 8 de julio de 2023.
Hace un mes encontraron a Pablo Córdoba (21) a cien metros de su puesto de guardia, con dos balazos en la cabeza. Desde el Ejército salieron a decir que fue un suicidio o un accidente. La querella lo rechaza. Su madre pide el cambio de carátula a Homicidio y asegura a Tiempo: “pudo haber estado en el lugar y momento equivocado, y vio algo que no debía”. Es el quinto soldado muerto en un año.
El 1 de junio, a unos 40 metros del mismo sitio donde casi tres décadas atrás fue asesinado Omar Carrasco, en la guarnición militar de Zapala, Neuquén, encontraron agonizando al soldado voluntario Pablo Córdoba, de 21 años. Es la quinta muerte en las FF. AA. en poco más de un año.
Tenía dos impactos de bala en la cabeza, presuntamente disparados con su propio fusil Fal. Uno ingresó por el mentón y salió por la frente; el otro atravesó la sien, de izquierda a derecha. La justicia mantiene la carátula como “muerte dudosa”. Desde el Ejército buscaron instalar la hipótesis de que se había suicidado. La familia está convencida: a Pablo lo mataron.
El juez federal Hugo Greca encabezó recién este viernes la inspección ocular en el lugar: 36 días después del hecho. De la reconstrucción participaron los primeros soldados que encontraron a Pablo, los que se sumaron después, enfermeras del hospital militar y personal de la ambulancia que lo trasladó al nosocomio de la ciudad, donde murió.
En la pericia estuvieron presentes la familia del joven, y también funcionarios judiciales y de criminalística de la Policía Federal que simularon, gracias a un voluntario que hizo las veces de Pablo, las diferentes posiciones de cómo estaba la escena de acuerdo a las perspectivas de los testigos, que fueron muy disímiles entre sí, según consideró la querella en cabeza del abogado Maximiliano Orpianessi, quien entre el viernes y el sábado solicitó una batería de nuevas pruebas.
“Se pronunciaron todas las contradicciones. Fue una suerte de careo. Unos dijeron que el Fal estaba separado del cuerpo, al costado; otros aseguraron que lo tenía sobre el cuerpo”, explica a Tiempo Orpianessi, apuntando a los testimonios de los soldados que aquella madrugada también estaban de guardia, al igual que la víctima, en otros puntos del cuartel. “Surgieron mayores inconsistencias de toda la mecánica que se dio hasta que lo subieron a la ambulancia y lo llevaron”.
Contradicciones
“Fue muy duro ver el lugar donde encontraron a mi hijo”, describe a este diario Natalia Uribe, la madre de Pablo, instantes después de la reconstrucción del caso. “Pudimos observar contradicciones más profundas que no habían surgido en un primer momento”, acota.
Natalia relata que Pablo entró a la guardia a las 8:30 del 31 de mayo en remplazo de una compañera: «Ese día no le tocaba a él”. A las 5:30 del 1 de junio, una patrulla pasó por el puesto donde él estaba. Fueron los últimos en verlo con vida.
Fuentes judiciales indicaron que cerca de las 6, los soldados que estaban a unos 150 y 300 metros de allí, aseguraron haber escuchado un solo estruendo. De acuerdo a esta versión, intercambiaron comunicaciones de radio para saber si estaban todos bien. El único que no contestó fue Pablo.
Ahí comenzaron a buscarlo. A la media hora lo encontraron malherido, unos cien metros alejado de donde estaba su puesto móvil. Si bien los guardias suelen trasladarse, según los propios testigos no van más allá de unos 30 metros sobre las calles principales. Nunca campo adentro.
La primera hipótesis que se deslizó desde la Guarnición Militar fue que el joven intentó matarse o que se trató de un accidente (algo descartado, el fusil no tenía fallas). Así le informaron al padre de Pablo, Juan José, que es suboficial en el mismo cuartel.
Con esa misma idea llegaron los agentes de la Policía Federal a la escena y descuidaron elementos que podrían ser claves: por ejemplo, esa madrugada se encontró solo una vaina; la otra fue levantada sugestivamente a los 10 días con un detector de metales.
«Vio algo que no debía»
El cargador estaba separado del fusil; de las 20 balas que tiene de capacidad, contenía 15. Si se suman las dos vainas encontradas, una bala entera en el suelo y otra en la recámara, faltaría un proyectil. Restan los resultados de pericias, como el análisis de los plomos, las vainas e información clave que pueda surgir de los dispositivos de Pablo para conocer su perfil: si tenía tendencia suicida o conflictos con alguien fuera como dentro del cuartel.
Pablo debía custodiar las inmediaciones de ciertos edificios como el casino de los suboficiales, controlar que no hubiera movimientos extraños. “Evidentemente, algo que no sé que es, nos están ocultando. Por eso el padre cree que pudo haber estado en el lugar y momento equivocado, y vio algo que no debía –analiza Natalia–. Estamos pidiendo que se cambie la carátula a homicidio. Nadie se suicida de dos disparos en la cabeza”.
“Él tiene una personalidad súper arriba, siempre alegre, atento, contento. Tenía sus enojos, como cualquiera, pero no es depresivo. De hecho –continúa–, unos días antes nos habíamos sentado a hablar por un problema de salud mío, y mientras yo lloraba él me agarra las manos y me dice ‘mamita, vos tranquila, vivís conmigo, no te olvides, no te va a faltar nada’; le ponía esa chispa a todo y no nos dejaba caer, siempre fue re compañero mío y de su papá”.
Las otras muertes en las Fuerzas Armadas
En poco más de un año murieron otros cuatro soldados en las Fuerzas Armadas. Lautaro Pilloud, de 21 años, cursaba el primer año de la carrera militar en el Ejército Argentino, cuando en marzo de este año murió en medio de las denominadas prácticas de «adiestramiento físico» en el Colegio Militar de la Nación, situado en El Palomar en el partido de Morón. La muerte del joven coincidió con una alerta naranja declarada por el Servicio Meteorológico Nacional por las altas temperaturas. Se estableció que en medio de la intensa práctica, el chico se descompensó y si bien fue trasladado al Hospital Militar Campo de Mayo, falleció de un paro cardíaco.
En octubre del año pasado, el cabo primero Jesús Ariel Cruz, perteneciente al Regimiento de Asalto Aéreo 601, ubicado en Campo de Mayo, fue encontrado muerto tras varias horas de búsqueda, en medio de una actividad de Adiestramiento Operacional en el Lago San Roque, provincia de Córdoba.
En junio de ese mismo año, el subteniente Marías Ezequiel Chirino, de 22 años, murió tras realizar un “ritual de iniciación” luego de haber bebido una cantidad importante de bebidas alcohólicas en el Grupo de Artillería N° 3 del Ejército Argentino, en Paso de Los Libres.
Casi un mes después de la muerte de Chirino, el cabo Michael Natanel Verón, de 26 años, debió ser intervenido quirúrgicamente como consecuencia de lesiones en la columna vertebral. Había recibido una brutal paliza tras un almuerzo de “iniciación” a la fuerza en la localidad de Apóstoles, provincia de Misiones.
FUENTE: Tiempo Argentino
Cuando el movimiento obrero
organizado echó a López Rega
Por: Carlos Javier Avondoglio, Resumen Latinoamericano, 8 de julio de 2023.
Se cumplen 48 años de la huelga general convocada por la CGT que puso fin al “reinado” del polémico ministro de Bienestar Social y la desastrosa gestión del titular de Economía, Celestino Rodrigo.
María Estela “Isabel” Martínez de Perón asume el mando del país luego de la muerte del caudillo popular el 1 julio de 1974. Desaparecida la figura que, con mayor o menor dificultad, lograba articular en un plano confluente las distintas expresiones del movimiento peronista, la violencia gana el centro de la escena como forma de dirimir las disputas y enfrentamientos internos. Los protagonistas de este recrudecimiento son, en primer orden, las organizaciones armadas, que instalado el peronismo en el poder no han conseguido adecuar su estrategia y sus ansias al liderazgo de Perón (al punto de abandonar el frente político gobernante para priorizar la vía militar y la clandestinidad), así como la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), el dispositivo parapolicial montado por los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas con la colaboración de sectores reaccionarios infiltrados en la gestión gubernamental. Este último grupo tiene su vértice en el hombre decisivo del entorno presidencial: el ministro de Bienestar Social José López Rega.
Tras el asesinato de José Ignacio Rucci en septiembre del ’73 –un hecho cuyo espesor histórico aún hoy es difícil de calcular- y de otros dirigentes significativos para la sustentabilidad del Pacto Social (acuerdo entre el empresariado y la CGT orientado a encauzar los objetivos políticos y económicos promovidos desde el gobierno), la conducción del movimiento obrero es reclamada por las 62 Organizaciones, a cuyo frente se halla el secretario general de la UOM, Lorenzo Miguel. Son los tiempos de la “Patria Metalúrgica”. Dicho nucleamiento brindará su apoyo a Isabel hasta las horas finales, no así a sus asesores.
En un principio, la nueva dirección del movimiento obrero realiza una transacción con el lópezrreguismo, apoyando su cruzada contra la llamada “infiltración marxista” y destrabando a cambio importantes reivindicaciones (como la Ley de Contrato de Trabajo), con la esperanza, a su vez, de obtener crecientes cuotas de poder e influencia en la dirección del país. En ese marco se produce, por un lado, el desplazamiento de ciertas autoridades afines al “peronismo revolucionario” -entre ellas varios gobernadores- y, por otro lado, el eclipse de audaces medidas esbozadas en el Plan Trienal, como la Ley Agraria, que ponía en entredicho el manejo discrecional de la tierra por parte de los grandes propietarios. Poco después, tiene lugar la caída del ministro de Economía José Gelbard, garante de las líneas directivas del mencionado Plan y última apoyatura del Pacto Social. Este hecho señala un quiebre, pues de allí en más la cartera de Hacienda es ocupada por hombres que, en mayor o menor medida, aplican medidas de ajuste y desregulación que contradicen el esquema de alianzas gubernamental. En ese marco no es difícil comprender que, hacia junio de 1975, los trabajadores organicen medidas de fuerza para torcer el rumbo de un gobierno empecinado en despilfarrar los grandes márgenes de apoyo popular con que cuenta.
Así, frente a un cuadro inflacionario y con serios problemas en el sector externo, los responsables del área económica que se van sucediendo –con la excepción de Antonio Cafiero- implementan las recetas típicas de la ortodoxia monetarista, entre ellas el techo a los incrementos salariales. Pero las paritarias establecidas por la ley 14.250 deben entrar en funcionamiento a principios del ’75, tras dos años de suspensión.
Luego de ciertos rodeos, y en un clima de fuerte conflictividad política y gremial (en marzo estalla el “Villazo”), se abordan las negociaciones. Los acuerdos –en torno al 38%- sobrepasan largamente las previsiones del gobierno y de los empresarios. En esta situación, Celestino Rodrigo asume el mando económico, con el propósito de desacelerar la escalada de precios e incentivar las inversiones. El nuevo ministro, en realidad, efectúa una política de “shock” pergeñada por su asesor Ricardo Zinn, hombre cercano a José Alfredo Martínez de Hoz y al Consejo de las Américas. Se trata de una megadevaluación que asesta un golpe devastador al bolsillo de las masas humildes y de los sectores medios. Este cimbronazo perdurará en la memoria colectiva bajo el nombre de “rodrigazo”.
Ante este panorama incierto, los gremios convocan nuevamente a paritarias y, demostrando su poderío, obtienen incrementos que van desde el 60% al 200%. El gobierno, viendo peligrar el Plan Rodrigo, coquetea con la posibilidad de no homologar los acuerdos. Rápida de reflejos, la UOM aposta 25.000 metalúrgicos en la Plaza de Mayo con la consigna “Gracias Isabel”, para condicionar la decisión de la presidenta. El 27 de junio, pese a una incómoda lluvia, nutridas columnas de trabajadores se vuelven a hacer presentes en la histórica plaza, esta vez en el marco de un paro nacional, el primero durante un gobierno peronista. Su repudio apunta al ministro de Bienestar Social y sus laderos. Sin embargo, por la tarde, el gobierno define su posición: las negociaciones quedan anuladas y se decreta un aumento sustancialmente menor.
El cinturón fabril del conurbano entra en ebullición, las coordinadoras interfábrica cobran protagonismo en diversos puntos del país. El ministro de Trabajo, Ricardo Otero (proveniente de la UOM), renuncia a su cargo. Frente a la indignación de las bases, la dirigencia sindical, a riesgo de verse rebasada, convoca a un paro de 48 horas para los días 7 y 8 de julio. Desahuciado, el gobierno accede a la homologación de los acuerdos. Algunos días después, el “Brujo” López Rega y Celestino Rodrigo renuncian a sus cargos. El movimiento obrero, incluso su dirigencia más contemplativa, se erige como el último reservorio del credo peronista, ajustando cuentas con quienes, en su nombre, pretendían desarrollar políticas antipopulares.
En ese punto del camino, la sinuosa concatenación de episodios deposita en la CGT la posibilidad de avanzar sobre los persistentes rastros de infiltración reaccionaria en el gobierno y abroquelar a las distantes piezas del frente nacional, desescalando los conflictos internos. Sin embargo, el movimiento trabajador carecerá de un proyecto global con la suficiente fuerza para darle aire al tambaleante gobierno y, poco a poco, retomar la senda de las grandes transformaciones. Esto se revelará trágico, ya que por entre medio de las imposibilidades y fracturas del campo popular se abrirá paso el plan genocida de las clases dominantes.
FUENTE: Tiempo Argentino
Candidato libertario intimida a
periodistas de Tribuna de
Periodistas
Por: Pedro Alejandro Ivanoff, Resumen Latinoamericano, 8 de julio de 2023.
De judicializaciones y mordazas en el “Far West, del Oeste.
Como consecuencia de mi investigación y nota en Tribuna de Periodistas, donde escribo desde el año 2003: https://periodicotribuna.com.ar/35231-un-empresario-insolvente-off-shore-es-candidato-libertario-de-milei-en-ituzaingo.html
El empresario Equiza enfureció y nos envió al Director Christian Sanz y a mí, dos cartas documento, como forma de intimidación, instándonos a rectificar las denuncias. Sería mejor que el candidato libertario le explicara al pueblo de Ituzaingó acerca de la veracidad de los documentos adjuntados a mi nota, como ser los cuarenta y un cheques rechazados, las empresas offshore en Panamá y Uruguay y la facturación falsa denunciada en AFIP (que son información oficial documentada y aquí no hay nada que rectificar).
Ex punteros libertarios me advirtieron que tenga cuidado, porque algunos candidatos a intendentes de La Libertad Avanza en zona oeste se manejan de forma mafiosa con sicarios y amenazas; Equiza es un hombre de armas llevar. Hace unos años tuvo que defenderse a tiros de una entradera nocturna en Barrio El Pilar, donde recibió tres balazos en el estómago, no sin antes matar a tiros a dos de los delincuentes intrusos.
Corrupción dolarizada y sexo rubio en la nueva casta libertaria
La Libertad Avanza es una bolsa de gatos, compuesta por pseudo anarquistas, ex menemistas o duhaldistas, radicales ofuscados, punteros pejotistas ardidos, ex jxc despechados, represores de los ’70, conspiranoicos, fascistas, actrices porno, conchetos virgos .coimeros, lavadores de activos, empresarios offshore, todos desesperados por candidaturas y con hambre de cargos públicos para practicar a full el nepotismo y el tráfico de influencias.
Se está revelando cada día una oscura trama de venta de candidaturas por U$S 50.000. El dirigente liberal Carlos Maslatón declaró ante el fiscal Ramiro González por este tema y citó como damnificados a Silvia Soria, de Avellaneda, a María Laura Montenegro, de General Pueyrredón, a Liliana Salinas de Entre Ríos y a Carlos Eguía, de Neuquén.
La lista de testigos continuará en Tribunales la próxima semana, con Juan Carlos Blumberg, Mila Zurbriggen, Rebeca Fleitas, el abogado Pablo Bonapelch, que incriminó al candidato a intendente libertario de Morón Ariel Diwan, como pagador de $300.000 semanales a Sebastián Pareja. Ya en febrero, la ex militante Mila Zurbriggen había denunciado a Milei por pedirle favores sexuales y sugirió también que hay un harén de selectas rubias en su entorno. Ex referentes libertarios fueron estafados, vejados y usados, fueron por lana y terminaron trasquilados. Y yo agrego, no sin culpas, y bien merecido, por complicidad.
Les advertí quién era Javier Milei en mi nota del 2020:
https://periodicotribuna.com.ar/28070-anticuarentena-libertarios-el-huevo-de-la-serpiente-amarilla.html El diagnóstico de ayer se convirtió en la patología de hoy: Milei es un fascista y un estafador, un cachivache peligroso, inflado por los multimedios hegemónicos de la derecha, y ahora expuesto por su propia tropa. La locura de Javier salió del closet al fin.
FUENTE: Tribuna de Periodistas
Las comunidades originarias temen
que la reforma profundice el
“extractivismo cultural”
Resumen Latinoamericano, 8 de julio de 2023.
Desde hace años los residentes de Quebrada y Puna alertan sobre un avance estatal sobre sus tierras, recursos naturales y tradiciones. La sanción de una nueva Constitución provincial que no contemplara sus intereses, significó una alarma más, cuyo rechazo se refleja en las protestas sobre rutas y caminos desde hace más de veinte días.
- Comunero de Tilcara teme que tras la modificación de la Constitución provincial se profundice “el extractivismo cultural”.
- Raúl Sajama sostiene que las protestas en rutas se detendrán cuando el gobierno recapacite sobre su avance sobre los derechos y leyes de mayor jerarquía.
Julio avanza pero el panorama heredado de su predecesor no mejora, la insatisfacción de gran parte de la opinión pública sobre la reformada Constitución provincial sigue plasmada en la lucha de trabajadores autoconvocados, sindicalistas, organizaciones sociales, comunidades originarias, entre otros miembros de la sociedad jujeña que fueron marginados de su tratamiento.
La cualidad de intransigencia que ha caracterizado al gobierno de Gerardo Morales no deja lugar al diálogo que procuran por ejemplo los comuneros de Quebrada y Puna. Aunque le pese al oficialismo, los causantes de los cortes de ruta no son precisamente quienes ejecutan la medida. “Esto lo han pergeñado los autores de la Constitución, ellos sabrán encontrar, si así lo desean el camino para volver a la tranquilidad, ya sea anulando o buscando la figura legal que corresponde”, interpreta en Sobremesa (Canal 2), el vicepresidente de la comunidad indígena Angosto El Perchel, Raúl Sajama.
De hecho para el entrevistado, la modalidad de protesta encuentra justificación en la propia Constitución Nacional Artículo 36 que reza “…Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo…”, entendiendo que ha sido el propio Estado jujeño en su afán de modificar la Carta Magna local quien violentó leyes de jerarquía superior.
La docena de cortes de ruta que informa constantemente la Secretaría de Seguridad Vial es una prueba “Una prueba de la falta de dialogo, no hay un ámbito donde podamos dar nuestras razones”, afirma Sajama, quien percibe la reciente conferencia oficial, encabezada por el Fiscal de Estado como una ratificación de la actitud prepotente a la que ha apelado el gobierno.
“Ante el avance del Estado sobre nuestros derechos, quedamos en un total estado de vulnerabilidad e indefensión, que hizo ayer uno de los funcionarios que han hablado, prácticamente nos han recitado el código penal. Quién se va a animar a defenderse, en esta provincia donde se vive con temor”
Pero esa sensación de peligro trasciende a los recursos como el agua o la tierra, para el referente tilcareño el atropello sobre los modos de vida tradicionales en las comunidades originarias no surgió con la reforma: la expropiación cultural, ha sido una proceder constante de la clase política, viendo en el patrimonio intangible una oportunidad de negocio, aún a costa de desvirtuar uno de los principales atractivos turísticos de la región.
“Esta política que liga cuestiones culturales a las económicas no está bien hecho. A las pruebas me remito, en el sábado de carnaval grande de este 2023 en la localidad de Uquía, un lugar emblemático, porque la propaganda es la base de la festividad en Jujuy, salen dos comparsas en ese día, no tuvieron ninguna invitación, algo que nunca ocurrió. Por los costos económicos que se le pretendía cobrar a cada familia que hacía las invitaciones. Los gastos con los que corren la familia los cubren ellos, de su trabajo y sudor surge el dinero para el asado, la bebida, contratación eventual de los músicos. Contra ese acto han surgido leyes de este gobierno por las cuales prácticamente se les restringe el ejercicio de los derechos culturales, que tenemos todos los ciudadanos”.
Además del ejemplo reciente, Sajama recordó que el actual ministro de Turismo y Cultura Federico Posadas, ya tuvo un traspié de este tipo cuando ocupaba idéntico cargo pero en la administración salteña de Juan Manuel Urtubey, durante el año 2011 cuando intentaron construir un hotel en la recóndita localidad de Nazareno, sin que produjera beneficio comprobable para los pobladores. En aquella ocasión el ex gobernador no pudo inaugurar el emprendimiento a su antojo, debiendo someter a un referéndum vía voto electrónico la decisión. Para sorpresa de muchos, el NO ganó, aún contra el aparato de propaganda política y dádivas.
Paradójicamente la nueva versión de la Constitución incluyó en su Artículo 114 el mecanismo de consulta popular, que bien podría ser ejecutado para consultarle al electorado si aprueba o no las modificaciones efectuadas:
1. Todo asunto de interés general para la Provincia puede ser sometido a consulta popular.
2. El electorado puede ser consultado por la Legislatura en el ámbito de su competencia, mediante consulta obligatoria y vinculante destinada a la sanción, reforma o derogación de una norma de alcance general. El Poder Legislativo convoca en virtud de ley que no puede ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo lo convertirá en ley y su promulgación será automática.
3. El Poder Ejecutivo o la Legislatura, dentro de sus respectivas competencias, podrán convocar a consulta popular no vinculante. En este caso el voto no será obligatorio.
“Hay temor al extractivismo cultural, un saqueo indiscriminado, apropiación de valores y prácticas para los occidentales significa dinero, para los locales es mucho más”
FUENTE: Jujuy al Momento.com
Otra semana que finaliza
con “marcha de antorchas”
en Jujuy
Resumen Latinoamericano, 8 de julio de 2023.
Como han establecido, docentes de capital y el interior realizan movilizaciones todos los viernes exigiendo mejoras de sueldos. Su protesta sigue firme y se mostraron esperanzados tras recibir la convocatoria a una mesa técnica salarial prevista para el lunes. “Esperamos una oferta superadora y así volver a las aulas”, remarcaron.
- Más de un mes de conflicto docente en Jujuy y los reclamos persisten.
- Este viernes se concretó una nueva “marcha de antorchas” con presencia de educadores de capital y el interior.
- En la misma se mostraron expectantes con lo que será la mesa técnica salarial del lunes.
Esta semana se cumplió exactamente un mes desde que los docentes jujeños decidieron ir a paro para exigir mejoras salariales.
En el “aniversario” que los propios educadores marcaron como un “mes triste” decidieron concretar una nueva Marcha de Antorchas por calles céntricas y confluencia frente a Casa de Gobierno.
La misma medida se replicó este viernes con gran participación de maestros y profesores no solo de capital sino también del interior.
Los trabajadores del área educativa se mostraron expectantes y esperanzados de conseguir soluciones en la mesa técnica salarial a la que fueron convocados para el día lunes. El encuentro entre ADEP y gobierno se concretará a las 11:00 en el Ministerio, previo al encuentro paritario previsto para el jueves.
Testimonio de docentes en la protesta:
“Nosotros seguimos luchando por un salario digno y le decimos no al descuento. Estamos todos concentrados y esperando la mesa técnica que se va a realizar el día lunes. Esperamos porque esto se va a determinar lo que va a ser la paritaria del día 13. Estamos más fuertes que nunca, con el apoyo de nuestras familias y de todo el pueblo y de muchos sindicatos también”, expresó una educadora de la Escuela N°257 “Provincia de Córdoba” de la ciudad de Palpalá.
“Nosotros abrazamos todo el acompañamiento y agradecemos de corazón que estén y tomen conciencia de lo que estamos pasando porque nos afecta a todos. Esto es para dar fuerzas, para unirnos más porque el pueblo ahora está gritando. Todos esperamos una respuesta que por el momento no se da, esperamos que algo toque ese corazón de piedra del gobernador ”, remarcó otra docente.
“Otra vez presentes para seguir con este reclamo que hacemos desde el 5 de junio. Hoy quizás tuvimos una pequeña luz al enterarnos que el día lunes tenemos una reunión y poner todas nuestras fuerzas en tener un mejor ofrecimiento y poder volver pronto a las escuelas. Hay dos versiones distintas y ambas nos señalan que vamos a tener descuentos de sueldo cuando cobremos este mes”, indicó una maestra más presente en la movida.
La marcha de antorchas en imágenes
FUENTE: Jujuy al Momento.com
Envio:RL
No hay comentarios:
Publicar un comentario