Memoria y justicia: juicio por los peones fusilados en las Huelgas Patagónicas
A lo largo del tiempo, Aurora López expresó: "No deseo recibir nada, solo anhelo tener los restos de mi padre para darle sepultura". Aurora falleció en 2019 a la edad de 94 años, sin lograr ubicar los restos de su padre, Alejo López.
Amalia Mercedes Carrizo, de 84 años, comparte recuerdos de su abuelo: "Mi abuelo era de estatura baja y tenía cabello crespo. A los 32 años trabajaba en la estancia Gauto. A pesar de su seriedad, tenía un lado juguetón y un gran sentido del humor". Carrizo no tuvo la oportunidad de conocer a su abuelo y su conocimiento sobre él era limitado.
"Mi abuela, Mercedes Campano, estaba embarazada de mi madre cuando lo mataron en diciembre. Mi madre nació el 18 de febrero. Ella nunca conoció a su padre, y cuando intentábamos indagar sobre lo sucedido, mi abuela se emocionaba hasta las lágrimas", relata desde Pico Truncado, al norte de Santa Cruz.
Fue gracias a la lectura del libro "La Patagonia Rebelde" de Osvaldo Bayer que su tío mayor, Alejo, se enteró de los acontecimientos. "Mi mamá sabía lo que el tío le contaba; se informaron sobre el tema a través de las palabras de Bayer. Ahí comenzó todo".
Hasta sus últimos días, Aurora mantuvo el deseo de encontrar los restos de su padre, quien junto a Facón Grande y otros huelguistas, fue ejecutado por el Ejército el 22 de diciembre de 1921 en una estancia situada a aproximadamente 3 kilómetros de Jaramillo.
"Cuando leí el libro escrito por Bayer, lloré durante tres días seguidos; hubo una crueldad extrema hacia ellos", reflexiona sobre los eventos que ocurrieron entre 1919 y 1921, cuando 1500 peones fueron fusilados.
Por la verdad
“Al comienzo de la gestión, una de las misiones fundamentales pedida por la gobernadora Alicia Kirchner para trabajar en Memoria, Verdad y Justicia fue que trabajásemos no solo en lo referido a la dictadura cívico-militar sino también en la masacre durante las huelgas entendiendo que, pese a haber sucedido en un contexto histórico democrático, el Estado, en manos del Ejército Argentino, violó los Derechos Humanos de los obreros”, recuerda Nadia Astrada, secretaria de Derechos Humanos de Santa Cruz.
Con este lineamiento la Secretaría llevó adelante una primera reunión en 2018 con activistas, encuentro que sería fundacional para la Mesa Provincial de Huelgas. “Fue un trabajo colectivo muy interesante, se abrieron mesas locales que se comprometieron con el reclamo de Justicia, Memoria y Verdad”, comenta.
Al año siguiente, se dispuso que el 7 de diciembre sea feriado provincial en conmemoración de los obreros fusilados. Finalmente, el 7 de junio de 2021, el Gobierno de Santa Cruz se presentó ante la Justicia Federal como querellante en la causa donde se solicita se declaren delitos de lesa humanidad a los fusilamientos. Posteriormente, la Secretaría de DD HH de la Nación y seis familiares de víctimas, con el acompañamiento de la senadora Ana María Ianni, se sumaron como querellantes.
El 12 de julio pasado, el fiscal federal de Caleta Olivia, Lucas Colla, viajó hasta Pico Truncado para tomarle declaración a Carrizo. María José Román, letrada patrocinante de la querella de familiares, manifiestó: “Por primera vez, estos hechos han sido denunciados en la Justicia, por lo cual esta investigación y la denuncia son históricas. Hasta ahora, estos hechos eran popularmente conocidos gracias a la investigación de Osvaldo Bayer y las investigaciones de expertos, el trabajo de las Mesas y de muchos activistas, pero nunca se había presentado una denuncia e iniciado una investigación penal preparatoria en sede judicial”.
Bajo la premisa de buscar la verdad, al inicio de su mandato, la gobernadora Alicia Kirchner planteó como una de las principales tareas abordar la Memoria, la Verdad y la Justicia. Esto implicaba no solo enfocarse en el período de la dictadura cívico-militar, sino también en la tragedia durante las huelgas. A pesar de que estos eventos ocurrieron en un contexto democrático, el Ejército Argentino, bajo el mando estatal, infringió los Derechos Humanos de los trabajadores, según recuerda Nadia Astrada, la secretaria de Derechos Humanos de Santa Cruz.
Siguiendo esta directriz, la Secretaría organizó su primera reunión en 2018 con activistas, una reunión que sentó las bases para la creación de la Mesa Provincial de Huelgas. "Fue un esfuerzo colaborativo muy enriquecedor. Se establecieron grupos locales comprometidos con la búsqueda de Justicia, Memoria y Verdad", comenta Astrada. Al año siguiente, se estableció el 7 de diciembre como feriado provincial en honor a los obreros fusilados.
Finalmente, el 7 de junio de 2021, el Gobierno de Santa Cruz se presentó ante la Justicia Federal como parte demandante en el caso que busca que los fusilamientos sean considerados crímenes de lesa humanidad. Más tarde, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y seis familiares de las víctimas, con el respaldo de la senadora Ana María Ianni, se sumaron como querellantes. El pasado 12 de julio, el fiscal federal de Caleta Olivia, Lucas Colla, viajó a Pico Truncado para obtener el testimonio de Carrizo.
María José Román, abogada representante de los familiares demandantes, comenta: "Por primera vez, estos sucesos han sido llevados ante la Justicia, lo que convierte a esta investigación y denuncia en un hito histórico. Hasta ahora, estos eventos eran conocidos en la sociedad gracias a las investigaciones de Osvaldo Bayer, la labor de expertos, las Mesas y la dedicación de numerosos activistas. Sin embargo, nunca antes se había formalizado una denuncia ni se había iniciado una investigación penal en un tribunal".
Por otro lado, aclaró que dado que los eventos ocurrieron hace 103 años, "esto implica que tanto las víctimas como los perpetradores ya no están vivos. Por lo tanto, no se puede imputar responsabilidad penal a los autores materiales del incidente. Dado que se trata de crímenes cometidos por el Estado, caen en la categoría de crímenes de lesa humanidad o genocidio, lo que los hace inmunes a la prescripción".
"Esta etapa implica un reconocimiento por parte de una sentencia judicial del derecho que tienen todas las personas y la sociedad en general a conocer la verdad completa, detallada y pública sobre los eventos pasados, sus circunstancias y las personas involucradas. Esto es parte del derecho a recibir reparación por violaciones de los Derechos Humanos". El principal desafío que enfrentamos es la resistencia por parte de los propietarios de las propiedades rurales para permitir la inspección de los terrenos. Debido a esta situación, estamos considerando citar a los propietarios de las propiedades rurales para que colaboren con la investigación.
El proceso sigue avanzando, con nuevas pruebas y testimonios. Además, el Equipo Argentino de Antropología Forense se ha comprometido a realizar la geolocalización de fosas comunes y a tomar muestras de sangre de familiares para llevar a cabo las comparaciones correspondientes. "Estoy muy emocionada, llena de entusiasmo. Lo que mi madre siempre quiso finalmente se cumplirá. No tengo palabras suficientes para agradecer a Ana María Ianni y a la Dra. Alicia Kirchner", dice Carrizo con emoción, confiando en que pronto podrá descubrir la ubicación de los restos de su abuelo y de los 1500 trabajadores asesinados por luchar por condiciones laborales dignas.
Fuente:ElDiario24.com
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