Caruana advierte sobre el plan de Milei para la salud pública
"No puede borrar la historia para el mercado"
El secretario de Salud y candidato a concejal aseguró que los recortes que plantea el libertario son "incompatibles con la garantía del derecho a la salud".
Leonardo Caruana -secretario de salud de Rosario y candidato a concejal por el Frente Amplio por la Soberanía- salio ayer fuertemente al cruce del "Proyecto Motosierra" destinado a bajar el gasto público y presentado por el candidato libertario Javier Milei. El médico sanitarista con mas de 30 años de experiencia dice que "una tarjeta de cobertura mínima para comprar servicios básicos en establecimientos privados, son espejitos de colores". Cualquier replanteo tiene que ser superador y no regresivo "negando la historia institucional argentina en términos de salud, educación y otros servicios públicos. Borrar instituciones como ministerios de un plumazo seguro no nos acerca (a la solución)". Y agregó que "borrar para que la ley del mercado determine qué queda en pie es desconocer absolutamente 50 años de historia de Carrillo, Maradona, Favaloro y miles de trabajadores/as. Las lógicas del mercado son incompatibles con la garantía del derecho a la salud cuando lo que está en juego es nada más y nada menos que la vida. La salud mental, las violencias, los consumos problemáticos e incluso las pandemias, sin sistemas que funcionen, no podrán tampoco resolverse individualmente".
En un extenso documento que distribuyó ayer Caruana explica que en Argentina tanto usuarios/as exclusivos de los servicios públicos, como las personas que utilizan los servicios privados porque tienen capacidad de pago o algún aseguramiento, son beneficiarios/as del sistema de protección de la salud estatal, en tanto, las prestaciones de alto costo que se ofrecen en todos los sectores están subsidiadas para garantizar cobertura, ya que de otro modo, las obras sociales y las empresas que complementan la oferta estatal, no podrían sostenerse". "Por otra parte -agrega- sabemos que en cuestiones de salud no existen seguros contra todo riesgo y lo que no está contemplado en las canastas de prestaciones es asumido por las redes públicas. Lo mismo ocurre en relación a las cuestiones de salud colectiva, que son exclusiva responsabilidad del Estado. Me refiero a las que tienen que ver con regular el ambiente, lo que comemos, con prevenir enfermedades, con llevar adelante campañas de vacunación, controlar epidemias, generar información sanitaria y todas las acciones que hacen al control de los riesgos de enfermar y morir de las poblaciones".
En otro tramo del texto, el médico no elude tampoco la autocrítica al decir que "no vamos a negar las enormes dificultades que existen a la hora de garantizar acceso y cobertura integral en los establecimientos asistenciales, especialmente en los públicos, que suelen estar sobre demandados y con ciertas carencias materiales, aunque la realidad es más compleja y las razones son múltiples". Así enumera que "algunas son externas al sector salud, porque hay problemas globales que impactan hoy en cada comunidad, como los cambios culturales, ambientales y epidemiológicos de los últimos tiempos que generan nuevas demandas sociales e incluso cambiaron los patrones de uso de los servicios de cuidado, algo que hoy está interpelando a todas las redes. Otras -agrega- son falencias propias de las instituciones estatales, como por ejemplo la excesiva fragmentación institucional; la desarticulación entre jurisdicciones nacional, provincial y municipal; la lentitud de adecuación de los establecimientos a las nuevas realidades; los ingresos de los trabajadores/as que obligan a doble y triple empleo y un modo de gestionar de algún modo desconectado de la realidad, que no puede reconfigurar las prácticas cotidianas para generar respuestas".
Sin embargo aclara que "todo esto, si bien nos obliga a repensar el sistema de salud en su totalidad, no le da credibilidad a la supresión de las instituciones del Estado en todos los niveles y su reemplazo por una tarjeta de cobertura mínima para comprar servicios básicos en establecimientos privados. Esos son espejitos de colores. Cualquier replanteo tiene que ser superador y no regresivo negando la historia institucional argentina en términos de salud, educación y otros servicios públicos. Borrar instituciones como ministerios de un plumazo, a lo que seguro no nos acerca, es a la adecuación de los establecimientos públicos a las nuevas realidades o a la posibilidad de repensar el sistema. Temas como la salud mental, las violencias, los consumos problemáticos e incluso las pandemias, que hoy tienen dimensiones planetarias, sin sistemas que funcionen, no podrán tampoco resolverse individualmente" remarca en forma contundente.
Concretamente, ante la propuesta de Milei en relación a los "voucher", Caruana deja claro que "no hay voucher de prestaciones que garantice derecho pleno, ni carnet que pueda garantizar el acceso a la salud de las y los ciudadanos. Y, en este sentido, es indispensable pensar las propuestas de Milei juntas, como una plataforma, porque quizás, podría no sonarnos tan mal que nos den un voucher que se cambie por prestaciones. El problema principal radica en cómo piensa Milei los problemas de salud y el Estado. Para él son problemas individuales en los que el Estado no tiene que intervenir más que transfiriendo recursos a través de dichos vouchers individuales. Pero el sistema no puede funcionar así sin colapsar y dejar a miles sin cobertura, porque justamente un sistema no funciona individualmente. Porque la estructura de atención, el acuerdo publico- privado para garantizar el acceso, en su propuesta, desaparecería".
Rápidamente Caruana da dos ejemplos carlos sobre la propuesta de Milei de quien recuerda "votó en contra de la atención de los bebés que nacen con cardiopatías congénitas, hoy la principal causa de muerte en menores de un año. Podemos pensar que es una enfermedad que solo es responsabilidad de quien la padece y, en todo caso, de su familia, si consideramos a las enfermedades como problemas individuales que cada uno debe resolver. Entonces allí no habría un Estado que prepare el sistema para atenderlos integralmente, garantizando contar con la tecnología para la detección precoz, tal como proponía la ley rechazada por Milei. Incluso me pregunto qué pasaría si el monto de cobertura no fuera compatible con los costos del tratamiento y la familia no tuviera capacidad de cubrirlo".
El segundo caso es la pandemia, que difícilmente alguien pueda aseverar que haya sido la última. "Imagínense -dice Caruana- si hubiéramos afrontado la pandemia como individuos sin Estado, nunca hubiera habido atención para todos, colaboración público privada, compra de respiradores y adecuación del sistema para garantizar la atención de cualquiera, nunca hubiera podido haber compra de vacunas, y menos aún desarrollo. Aprendimos que uno no se salva solo, la salida era colectiva o no se salía. Es justamente esa gran red de salud, la que permitió a Rosario no vivir escenas que sí tuvieron lugar en otras partes del mundo y lo que seguramente también está permitiendo que, en esta difícil realidad económica y social, la situación no sea aún peor", culmina el documento de Caruana.
BOLETO
"En estos tres años de vigencia, tratamos de mejorar y hacer el trámite cada vez más simple para que más santafesinos accedan al beneficio. Hemos llegado a los 320 mil inscriptos en toda la provincia y eso nos pone muy contentos. El aumento es producto de la necesidad económica y también se debe al empoderamiento por parte de la gente", dijo a El Litoral el director provincial a cargo del programa del Boleto Educativo Gratuito, Rober Benegui. El funcionario cree que "en el futuro ningún gobernador podrá venir a decir que hay que sacar o disminuir esta política. Pero es necesaria la ley, para que no haya discusiones sobre su continuidad o discontinuidad. Y para que haya ley es necesario lograr la mayoría en la legislatura".
Un fiscal federal contra la desfederalización del narcomenudeo
Respuesta punitivista contra perejiles
El fiscal federal de Santa Fe Walter Rodriguez salió al cruce frente a las propuestas de desfederalizar el narcomenudeo en la provincia, porque básicamente llenaría las cárceles de presos por delitos menores, separarían investigaciones en dos fueros distintos, y se harían de la mano de una policía que está cuestioanda.
Rodríguez criticó "las iniciativas de corte punitivista, que suelen pedir la presencia de más fuerzas federales en el terreno provincial, y que tienen por objeto poner en agenda la 'provincialización' de las investigaciones y enjuiciamientos sobre el 'narcomenudeo', sin reparar en los efectos nocivos que provocaría la monopolización de tareas en una policía provincial respecto de la cual se encuentra pendiente un serio proceso de reforma y profunda depuración".
Para el funcionario federal "el deslinde de investigaciones de menor cuantía respecto de aquellas complejas, atenta contra la lógica elemental que persigue el descubrimiento de la verdad, ya que -por ejemplo- toda organización dedicada al tráfico de drogas necesita la concatenación de actos para concretar uno de sus fines más importantes: poner el material prohibido en los centros masivos de consumo".
"Bajo esa premisa -agregó en un artículo de reciente publicación en una web de contenido judicial- una investigación fragmentada corre el riesgo de no comprender la real dimensión del caso concreto (pues la rotura de esa cadena de responsabilidades afectaría, a título ilustrativo, la correcta aplicación del agravante del artículo 11 inc. "c", y también, la adecuada apreciación del tipo penal que reprime la organización o financiación del artículo 7, ambos, de la ley 23.737), a lo que ahora agrego, tampoco serviría para diferenciar supuestos donde las estructuras delictivas se aprovechen de personas afectadas por consumos problemáticos".
En esa línea Rodríguez destaca que "además, este distrito en particular fue recientemente considerado por el Congreso Nacional al dictarse la ley 27.715 titulada 'Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal en la provincia de Santa Fe', lo cual indica que la falta de estructura judicial para afrontar las tareas que demanda la atención del 'narcomenudeo', ya no puede válidamente ser invocada para justificar el traspaso de la competencia".
Por último, el fiscal federal santafesino interpretó que "la multiplicación de detenciones preventivas que pretenden los reformistas del narcomenudeo, sólo provocaría un aumento de ya saturada población carcelaria de bajo perfil, lo cual no sólo sería imperceptible a los efectos del mejoramiento de las políticas públicas de seguridad en función de su relativa influencia, sino que además implicaría la ilusoria construcción de aparentes soluciones afianzadas a partir de una mayor eficacia del sistema sancionatorio, cuando en realidad en nada conmovería a las estructuras criminales que se retroalimentan de la mano de obra fácilmente sustituible, hecho que irremediablemente se agravará si se persiste con la idea de desatender obscenamente el financiamiento de todas las áreas neurálgicas ligadas al consumo problemático".
El fiscal Rodríguez identifica un conflicto entre el enfoque de salud y el castigo penal en el tratamiento de consumidores de drogas. En ese sentido, destaca la Ley 23.737, que establece medidas de seguridad curativas para quienes cometen delitos bajo la influencia de drogas y argumenta que esta mezcla de salud y penalización contradice el derecho a la autodeterminación y resalta la necesidad de considerar tratamientos adecuados y respetuosos de los derechos individuales. "Mi interés radica en despejar los motivos que justificarían la confusión del derecho de la salud con el derecho penal, y revisar aquellos aspectos por los cuales se pasa por alto la autodeterminación de quien circunstancialmente se encuentre afectado por consumos problemáticos de sustancias", destaca Rodríguez en una publicación en la revista especializada Pensamiento Penal.
Amsafé Rosario desobliga y moviliza este jueves
Escenario post devaluación
La
decisión del gobierno nacional de devaluar en el marcl de las negociaciones con
el Fondo Monetario Internacional; tras las elecciones primarias, abiertas,
simultáneas y obligatorias (Paso), hizo que muchos acuerdos paritarios quedaron
desactualizados en cuestión de días. Es lo que ocurrió con la suba que
acordaron Amsafé y el gobierno provincial, por lo que los docentes nucleados en
la seccional rosarina del gremio convocaron a una concentración en la puerta de
gobernación para el jueves, con desobligación de 10 a 14.30, para redefinir los
porcentajes y no perder con la inflación.
En
diálogo con LT8, el secretario general de Amsafé Rosario, Juan Pablo Casiello,
explicó que a pesar de que se cerró el acuerdo "hubo mucho debate" en
torno al mismo. Los números que resultaron de la asamblea provincial para
definir si se aceptaba o no la propuesta lo confirman: votaron más 30 mil
docentes, 15.075 se inclinaron por la aceptación y 14.861 por el rechazo.
"Si
hace dos semanas dijimos que el acuerdo era malo, si alertamos que íbamos a
perder con la inflación, hoy –después de la devaluación y la corrida de precios
que no para– tenemos que decir que el robo al salario en marcha es gravísimo.
Con este acuerdo, muy bueno para (el gobernador Omar) Perotti y muy malo para
la docencia, vamos a perder con la inflación todos los meses", ya se había
expresado Amsafé Rosario en un comunicado. Vale aclarar que esta seccional no
se alinea con la conducción general del sindicato docente que hasta ahora no se
pronunció al respecto, y tampoco se lo planteó al Ejecutivo provincial.
"Por el momento no", dijo una fuente gremial.
Distinta
fue la posición de ATE a nivel provincial. Su titular, Jorge Hoffman explicó
a Rosario/12: "Todavía no es el momento (de pedir
reapertura), sobre todo cuando por este mes y el mes que viene estaríamos por
encima de la inflación. Por ahora no, pero dada la imprevisibilidad de la
evolución de la economía no podemos descartarlo más adelante. Claro que en
octubre tenemos la cláusula gatillo".
Rosario acumula 179 homicidios en lo que va del año
Se sumaron cinco muertes en 72 horas
Hubo tres crímenes durante el fin de semana largo y además fallecieron dos hombres que estaban internados por heridas de bala.
Con un nuevo crimen cometido anteanoche en zona oeste, y la muerte de un hombre que había sido baleado en mayo pasado, el departamento Rosario sumó ayer 179 homicidios en lo que va del año. Alberto Nuñez, de 69 años, fue atacado pasadas las 20 del domingo y falleció más tarde en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, por una herida de bala en el tórax. La otra víctima que identificó el Ministerio Público de la Acusación (MPA) en las últimas horas fue Alejandro Cantero, de 39 años, que estaba internado hace tres meses, cuando fue baleado en Centeno al 2600. En rigor, hubo otras tres muertes violentas durante el fin de semana largo. Una de ellas fue la de Laureano Cardozo, el joven de 25 años asesinado el viernes por la noche mientras paseaba a su perra por Flammarión al 5100. Por el caso, familiares movilizarán hoy al Centro de Justicia Penal para reclamar justicia. "Pedimos que se nos unan todas las personas, quienes hayan pasado por esto, y los que no", dijeron.
La zona donde el domingo por la noche retumbaron los disparos que terminaron con la vida de Alberto, un chatarrero que vivía en Magallanes al 3300, suma tres homicidios en el último mes: el 22 de julio mataron a Daniel Pacheco, de 52 años, a 100 metros de la cuadra mencionada; cuatro días después, en Uruguay y Magallanes, dos personas en moto atacaron a tres amigos que estaban en la vereda, y el músico Fernando Espíndola, de 29 años, perdió la vida.
El MPA dio a conocer que cerca de las 20.15 ocurrió el hecho en el que Núñez terminó herido de bala en el tórax y fue trasladado por vecinos al Heca. Pasadas las 22, se dio aviso de su fallecimiento. En el lugar, el personal policial secuestró 5 vainas servidas que fueron enviadas a peritar. En tanto, según publicó La Capital, la vivienda hasta donde llegaron los tiradores con la excusa de comprar chapa, ya había sido blanco de balas en los últimos años.
Por otro lado, Fiscalía dio aviso de que en las últimas horas murió Alejandro Walter Cantero, de 39 años, quien había sido baleado en mayo. El hombre había llegado al Heca trasladado por personas que escucharon detonaciones y lo encontraron herido en la vía pública, con una lesión de arma de fuego en el cráneo. Desde entonces, hay medidas en curso para dar con los autores y establecer el móvil del ataque que ahora es investigado como homicidio.
Con esos dos casos, el fin de semana largo sumó cinco muertes por hechos de violencia: Rubén Coronel, de 35 años, murió el sábado a la noche en el marco de una pelea con un amigo; el viernes por la tarde, Nicolás Acedo, de 24 años, falleció como consecuencia de una balacera en la zona sudoeste; y esa noche, Laureano, de 25 años, fue baleado en Flammarión y Lamadrid. “Sacó a su perra a la puerta y pasó un auto que tiró por tirar al azar”, dijeron familiares a los que el muchacho había ido a visitar. Los disparos, según las primeras medidas, partieron desde un auto en movimiento.
Por este caso habrá una movilización hoy a la tarde. Según indicaron amigos y allegados en Canal 3, la marcha partirá a las 16.30 desde Arijón y Paraguay, para movilizar hasta Sarmiento y Rueda, donde funciona el Centro de Justicia Penal. Hasta allí llevarán el reclamo de “justicia”. La familia asegura que "no fue un ajuste de cuentas”, y lamentaron que "claramente fue una equivocación".
Centro de Justicia Penal
Movilización por Alan
Familiares de Alan Rivero, el joven que según denunció su familia fue atropellado por un patrullero en diciembre de 2021, convocaron a una movilización para reclamar "mayor celeridad de la justicia". Este miércoles harán una conferencia de prensa en el Centro de Justicia Penal, a partir de las 10. “A mi hijo lo asesinaron el 19 de diciembre de 2021, fue atropellado por un patrullero. Convocamos a esta movilización para pedir que comience el juicio”, dijo su madre en LT8.
Alan Rivero trabajaba en una heladería del casino, no tenía antecedentes penales y fue atropellado tras una salida con amigos. Según relataron en su momento los familiares, Alan viajaba en moto por Ovidio Lagos junto con varios amigos, y al ver el patrullero se adelantó, comenzando una persecución del patrullero hacia su moto puntualmente, publicó en su momento este diario. Los amigos que iban en otras dos motos los siguieron y filmaron luego del momento en que fue embestido en la zona de Lagos y Circunvalación.
Desde Fiscalía dijeron por aquellos días que la versión oficial hablaba de que el joven hacía pruebas de destreza con la moto cuando fue visto por un patrullero que comenzó a perseguirlo.
Frigoríficos
Alerta por la paralización
Tras las Paso y la devaluación
Amsafé Rosario se moviliza este jueves 24 para reclamar por la reapertura de la discusión salarial y en defensa de la escuela pública. Para concretar esta acción local, resolvió realizar cese de tareas entre las 10 y las 14.30 y concentrar frente a la sede local de la Gobernación (Santa Fe, entre Moreno y Dorrego). Además de sumar a otros gremios a la movida.
La concentración se resolvió en una reunión de delegadas y delegados departamental realizada el viernes 18 de agosto pasado, y que se dio “frente a la necesidad de recoger los planteos que recorrieron las escuelas luego de los resultados electorales y el nuevo ajuste al salario por la devaluación definido desde el lunes (14)”, según explican desde Amsafé Rosario, en un comunicado.
En ese encuentro del viernes pasado también se acordó “profundizar los debates en cada escuela para enfrentar las políticas planteadas en contra de la educación pública desde los sectores que se hicieron con la mayor cantidad de votos en las últimas elecciones nacionales y provinciales”.
“Con la preocupación principal puesta en la devaluación y el aumento de los precios, los planteos coincidieron en que la pérdida salarial que enfrentamos es gravísima y que es urgente reclamar la reapertura de la discusión salarial”, señalan en ese comunicado, y agregan que la preocupación también pasa por “las condiciones de trabajo, las condiciones edilicias y la defensa de las conquistas jubilatorias principalmente”.
A la concentración del jueves que viene, sumaron la propuesta de “impulsar jornadas gremiales en las escuelas para la siguiente semana (del 28 de agosto al 1 de septiembre) con materiales para profundizar los debates”.
Las delegadas y delegados resolvieron además “visibilizar la lucha del Tercer Malón por la Paz que se encuentra acampando en Buenos Aires contra la Reforma de Morales y en defensa de las reivindicaciones de los pueblos originarios, además de hacer un aporte económico en solidaridad con esta lucha”.
También “impulsar campañas de afiliación en todos los niveles y modalidades”.
La semana anterior, la Ctera ya había exigido al gobierno nacional que se llame a paritarias para revisar salarios, además de rechazar los ajustes y anulación de derechos que anuncia Milei en caso de un eventual triunfo electoral.
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Lesa humanidad
Los abogados defensores de los 17 genocidas imputados en la megacausa Guerrieri IV finalizaron sus alegaciones y se dio lugar a las últimas palabras de los acusados. Todos pidieron absoluciones y rechazaron pedidos de las querellas.
Una nueva jornada judicial de la megacausa Guerrieri IV en la que están siendo juzgados 17 genocidas comienza con la intervención del defensor José Luis Severín en esta mañana de agosto. Su alegación llega al octavo de los 12 puntos que había anticipado el lunes 7. El abogado edifica su exposición a partir de los aportes que su defendido ha hecho al juicio. Eduardo Costanzo es percibido como un traidor por los milicos por haber roto el pacto de silencio que los caracteriza. En su exposición, Severín enumera los datos útiles revelados por su cliente, tales como información sobre el destino final de ciertos cuerpos en los vuelos de la muerte.
El defensor define a Costanzo como delator y alega que quisieron atentar contra su vida en dos oportunidades, una para que no declarara. Pide que la condena, en caso de recaer, sea unificada con las de las megacausas anteriores y solicita el mantenimiento del arresto domiciliario, en contrapunto al pedido de la querella, que exigió cárcel común. La praxis victimizante para con el acusado reincide. Se apunta a su edad, a los múltiples problemas de salud que aqueja y hasta a una supuesta depresión de su esposa, a la que no está en condiciones de dejar sola, según la defensa.
Severín es claro: en caso de haber condena, prisión domiciliaria. Otro de sus pedidos es la nulidad parcial de las acusaciones formuladas. Rechaza las solicitudes de ampliación de imputaciones, así como las figuras de genocidio y de desaparición forzada. Sugiere la absolución de su defendido y, en tal caso, espera condenas a figuras básicas sin aplicación de los agravantes mencionados.
Llega el turno de Julio Agnoli, el abogado defensor del más provocador de los genocidas, Juan Daniel Amelong. La semana pasada había adelantado que sería breve su alegato, que ahora inicia con el foco puesto en los testimonios. Dice que no dieron datos propios del hecho porque no fueron aportados por “testigos en sentido estricto”, sino que los percibe como aportes de lo que les contaron o de lo que pudieron averiguar. Habla de un poder punitivo gradual y de un abuso de persecución, un discurso especular y cínico sobre lógicas propias de los militares. Se pregunta por qué todos los casos no se finiquitaron en “una sola Guerrieri” e indica que en el juicio hay falta de sustrato. En esa línea, advierte que los argumentos de la querella son “teorías sobre la participación”.
Agnoli cuestiona el desarrollo de la causa y acusa “pruebas trasladadas tomadas de otras causas”, agravio que repite con respecto a las sentencias. Señala que las acusaciones “no resisten análisis riguroso de lo sucedido”. Ahora, el defensor de Amelong increpa al tribunal al destacar que Costanzo no sostuvo en su declaración de esta causa la versión que había compartido en la génesis de esta serie de juicios. Sus comentarios son una extensión del notorio resentimiento que su defendido tiene para con el buchón. Se queja de que el delator haya estado dos años en cárcel común y 18 en prisión domiciliaria mientras a su cliente le tocaron 18 años en la cárcel y dos en su casa. Reniega de que el traidor del pacto de silencio militar haya llegado “por cualquier medio a la domiciliaria”.
El abogado rezonga de la “parcialización de declaraciones” y distingue “datos parciales” en ellas. En un síntoma ideológico, asevera que eso se debe a “la necesidad de recorte de los hechos que satisfaga un punto de vista”. Distingue, en el debido proceso, un “pie de igualdad a Videla” con los asistidos. Esboza su adherencia a la teoría de los dos demonios a la hora de catalogar de “lucha contra la subversión” al terrorismo de Estado perpetrado durante la dictadura cívico-militar-clerical.
Tal como otros abogados y hasta algunos genocidas han contado en esta causa, Agnoli recuerda que María Estela de Perón había prohibido a la agrupación Montoneros durante la democracia por considerarla subversiva. Demanda una mirada objetiva de la prueba producida en el juicio y se preocupa por las convicciones ideológicas de una fiscalía que, para él, cree solamente una parte. Al igual que sus colegas, expresa su solicitud de absolución de sus asistidos, identifica una falta de nexo de causalidad y hasta refuta lo sucedido en la denominada Masacre de las Verbenas, en Granadero Baigorria, a la que tilda de “misterio de las Verbenas”.
Para este defensor, las circunstancias no hilvanan una versión coherente y contempla las declaraciones disímiles de Costanzo. Repasa caso por caso y reivindica a su colega Gonzalo Pablo Miño. Además de la absolución a los imputados, Agnoli pretende desestimar la ampliación de las imputaciones por crímenes cometidos contra infancias durante la última dictadura, a los que considera atípicos y sin dolo mediante. Como no podría ser de otra manera, añade a la fila de rechazos el de la figura de genocidio y opta por la reclusión domiciliaria. Un planteo común entre los abogados defensores ha sido la inconstitucionalidad de la prisión perpetua para sus defendidos por la imposibilidad de que, en estos casos, la pena pueda perseguir su fin último, que es la reinserción social.
Siete de los genocidas decidieron compartir sus últimas palabras. Costanzo, que asistió al juicio de manera remota hoy, quiere expresarse en persona, así que lo hará dentro de dos semanas. El primero es Amelong, que escribió algunas páginas sobre pensamientos desordenados que tenía del juicio. No le perdona a Néstor Kirchner haber tenido la voluntad política de sumariar a militares genocidas y lamenta lo que le tocó vivir desde el 2003 a esta parte gracias a un gobierno que, según sus palabras, buscó un “enemigo débil” en las fuerzas armadas y de seguridad. Para el provocador, Kirchner “avasalló la Justicia” con procesos políticamente correctos.
No conforme con mostrar cómo tiene clavada la espina del kirchnerismo, ese modelo político que le hizo vivir el peor momento de su vida a Jorge Rafael Videla, el genocida se burla de cada testigo que brindó declaración testimonial y afirma que nadie aportó información, que se trató de una catarsis más que de un “aporte incriminante”. Sugiere una lectura ante las caras serias del resto de la audiencia. Él, sin embargo, no evitó la risa en más de una intervención de querellantes y de testigos. Asevera que las condenas sufridas por él y por su séquito se caracterizan por mentiras y por relatos. Evalúa el desempeño de la jueza Mariela Emilce Rojas y con tono soberbio aclara que, de todos modos, no va a intentar recusarla porque cree que nada cambiaría el resultado de lo que denomina “trámite de condena”.
Ahora, el militar condenado se dirige al tribunal: “Señores jueces, es la hora de ustedes”. Afirma haber acatado siempre la ley y reflexiona con que un misticismo similar al de los jueces es el de los militares. “Creemos que podemos hacer lo que corresponde siempre y tratamos de hacerlo”, sostiene. “A veces se cumple y a veces no”, agrega.
Rodolfo Isach agarra la posta para retomar su relato autovictimizante de portación de apellido y de persecución a su esposa durante el golpe de Estado. Pero en seguida se va por las ramas y la jueza lo interrumpe para enderezarlo. Ahora es Fariña el que alza la voz. Comparte la defensa de Miño y recomienda la lectura de un libro llamado Asalto a la Justicia. Interpreta que los juicios de lesa humanidad son y serán “nulos de nulidad absoluta”. Además, protesta por haber convivido con presos comunes que eran consumidores de drogas, aunque nada tenga que ver con estas imputaciones. Habla despectivamente de la actualidad y describe a los presos comunes como “monos y monitos”. Insta a tener cuidado con los jueces, con los políticos y, puntualmente, “con los Kirchner”.
Oscar Giai mete apenas un bocado. Es taxativo con que lo más importante son las pruebas y asume que confía en la “honorabilidad de los integrantes del tribunal”. El que nombra la causa también tiene algunas palabras. Se despega del Destacamento 121 y niega haber estado a cargo en el período en que los delitos fueron cometidos. Con impune hipocresía, dice: “Yo soy un preso político, un perseguido político”. Reflota la teoría de los dos demonios y la idea de la obediencia debida para justificarse: “Participé en una guerra”. Concuerda con lo expresado por su abogado y celebra que el poder militar haya intervenido en causas para generar “orden”. Celebra haber cumplido con los mandatos de los presidentes de facto y se rehúsa a considerarse criminal porque se cree un “soldado de guerra” que obedeció las órdenes de sus superiores.
Osvaldo Tebez cierra la jornada con una adhesión a los argumentos del abogado Miño. “También quiero Verdad y Justicia”, provoca, antes de quejarse de que hayan escrito mal su nombre en un expediente. El juicio retornará el lunes 28 de agosto. Es cuestión de semanas para que el tribunal federal delibere y comparta su veredicto.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 19/08/23
Piden tomar precauciones por fuertes ráfagas de viento
El martes depara una jornada de viento sostenido, con ráfagas intensas sobre las que conviene estar prevenido, según aconseja Defensa Civil.
Varias provincias se encuentran este martes bajo alerta amarillo y rojo por fuertes vientos, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Si bien en Rosario el temporal no se sentiría tanto, se esperan fuertes ráfagas, al menos hasta horas del mediodía. Recomiendan tomar precauciones.
"A las 3 de la madrugada comenzó el viento fuerte, superando los 45 kilómetros y se está sosteniendo. La máxima llegó a 59 kilómetros y se espera que toda la mañana sea con estas condiciones. Pasado el mediodía va a comenzar a disminuir lentamente la intensidad para ir mejorando", explicó en Sí 98.9 Gonzalo Ratner, director general de Defensa Civil.
Y agregó: “Si bien no es alerta, hay que mantenerlos cuidados. Asegurar todo lo que tengamos en casa que pueda ser desplazado por el viento, en balcones y terrazas. Tratar de evitar los lugares de abundante arbolado, no atravesar parques y circular con precaución. Evitar los traslados innecesarios”.
Balearon en la cabeza a una chica en un vecindario jaqueado por la violencia
La víctima tiene 17 años. Fue hospitalizada en grave estado tras recibir un disparo en el cráneo durante la madrugada, en Riobamba y Pedro Lino Funes. En los últimos días hubo un homicidio y una sucesión de balaceras
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