En las primeras horas del 21 de agosto de 2003, el Senado sancionó la nulidad del Punto Final y Obediencia Debida, dos leyes que hasta ese momento habían bloqueado, junto a los indultos, la posibilidad de juzgar los crímenes de la última dictadura. Se cumplen 20 años de esas jornadas históricas que marcaron un hito en estos 40 años de democracia y que mostraron la voluntad política de un gobierno y de la mayoría de los partidos de terminar con años de impunidad.

La ley 25.779 fue una señal política explícita del cambio de época que venía y provocó que muchas causas por crímenes de lesa humanidad se pusieran en movimiento incluso antes de que la Corte Suprema resolviera la inconstitucionalidad de esas leyes en 2005.

El proyecto, que ya tenía aprobación de la Cámara de Diputados, había sido presentado por Patricia Walsh, legisladora del monobloque Izquierda Unida e hija del periodista y militante asesinado Rodolfo Walsh.

“Se cumplen 20 años y la bandera de los derechos humanos hoy creo que necesita ser defendida, resistida y levantada más que nunca, porque tenemos una coyuntura política donde el negacionismo ha logrado sacar muchos votos y candidatos como Javier Milei o Patricia Bullrich son realmente una amenaza para lo que son las conquistas de nuestra lucha en materia de derechos humanos”, señaló Walsh en diálogo con Tiempo.

Junto a los abogados Carlos Zamorano y Marcelo Parrilli, Walsh redactó el texto que declaraba “insanablemente nulas” las leyes 23.492 y 23.521, aprobadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y también los indultos del menemismo.

Antes del 12 de agosto de 2003, cuando se le dio media sanción, la diputada ya había convocado a dos sesiones extraordinarias, una en marzo de 2002 y otra en marzo de 2003, sin conseguir quórum para tratar su iniciativa. “Que esas bancas estuvieran vacías para mí era una cuestión inaceptable porque la mayoría de las víctimas, los desaparecidos, secuestrados, torturados, eran de identidad peronista”, recordó Walsh.

La llegada a la presidencia de Néstor Kirchner en mayo de 2003 cambió todo. Si bien ya se había abierto un camino judicial para la nulidad en 2001, con el fallo del caso “Poblete”, el gobierno decidió apoyar el proyecto de Walsh, que era también un reclamo de los organismos de derechos humanos.

“Yo misma le di el proyecto en mano a Kirchner en vísperas del 9 de junio del 2003. Me habían invitado a la Casa Rosada para un acto de homenaje a los fusilados de José León Suárez. Al principio dudé de ir, pero pensé que era la oportunidad para que el presidente conociera el proyecto. Pude decirle que las mismas razones por las cuales uno recuerda los fusilamientos son por las que recordamos el genocidio y las mismas por las que teníamos que anular la construcción de impunidad”, señaló la exdiputada.

A los pocos días, Kirchner bajó la orden a sus diputados y senadores de acompañar el proyecto, no sin rechazo de algunos sectores del peronismo. Como parte de esas negociaciones, se decidió quitar del proyecto los indultos de Carlos Menem y sólo dejar las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Dentro y fuera del oficialismo también cuestionaban la potestad del Congreso para anular leyes. Entre quienes lo sostenían públicamente estaba incluso el vicepresidente Daniel Scioli.

“Nos objetaban todo el tiempo que el Congreso no podía anular leyes y yo pensaba que la decisión era política y que tener que exportar genocidas para que se los juzgara en Europa porque nosotros no éramos capaces de tener justicia era una aberración tan grande que no admitía debate”, manifestó y añadió: “No logramos un consenso que nos permitiera avanzar con los decretos de Carlos Menem. Fue una victoria parcial, porque el bloque mayoritario del peronismo no aceptaba tocar la construcción de impunidad de Menem, pero fue una victoria al fin y una muy importante”.

Por último, destacó que una banca tan pequeña como la de Izquierda Unida, con una única diputada, “logró hacerse escuchar y representar una lucha enorme, probablemente la lucha más valiosa de la historia reciente de nuestro país, que es la lucha este por los derechos humanos”. “Me parece importante reivindicar esa pelea que dimos y explicar la importancia del voto. Cuando votamos hacemos algo a favor o en contra para que alguien ocupe esas bancas y me parece que llamar a no votar o a votar en blanco significa no haber entendido que algunas cosas las logramos ganando algunas bancas que expresan una lucha de millones de personas”, concluyó.

Dos sesiones históricas

Acompañado por una gran movilización de organizaciones de derechos humanos, el proyecto se trató el 12 de agosto en la Cámara Baja en una sesión que se extendió por ocho horas.

«Hoy es el día de la Reconquista, un día especial para la mayor parte del pueblo argentino. Creo que también es un día especial para las miles de personas que están en la Plaza (de los Dos Congresos), a metros de acá, esperando desde hace horas lo que yo también espero que seamos capaces de resolver: la nulidad absoluta e insanable de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida», arrancó Walsh su intervención en el recinto y finalizó: “Entendemos que el genocidio fue para desalentar toda forma de lucha, de solidaridad, de organización que pueda impedir hacer lo que se ha hecho: entregar absolutamente todo en nuestro país, el petróleo, los ferrocarriles, la salud, la educación y toda la larga lista de cosas que hemos perdido. Y claro, entre esas cosas que hemos perdido está la justicia. Entonces hoy, 12 de agosto, Día de la Reconquista, recuperemos en esta Cámara de Diputados y en este Congreso de la Nación el Poder Legislativo para resolver a favor de la justicia y en contra de la impunidad. Si lo hacemos podremos rendir homenaje a nuestros desaparecidos y recordar al maestro Alfredo Bravo, como nos comprometimos a hacerlo y hoy lo estamos cumpliendo”.

Junto al oficialismo, también acompañaron el proyecto un sector minoritario del radicalismo y el ARI de Elisa Carrió. Mientras que la mayoría del bloque de la UCR se abstuvo, al igual que Luis Zamora, quien explicó en su discurso que consideraba que se trataba de “una nueva maniobra” para despertar “ilusiones que luego no se van a cumplir”.

Por el rechazo se posicionaron sectores identificados con los militares, como el diputado Ricardo Bussi, hijo del genocida Antonio Bussi y hoy socio político de Milei en Tucumán, quien sostuvo un discurso repudiado por diputados, y los organismos presentes en el recinto.

El debate lo cerró el peronista José María Díaz Bancalari, jefe de la bancada oficialista. «El tiempo, que es el juez implacable de los hombres, determinará si este proyecto y sus consecuencias fueron nada más que un intento para alcanzar la verdad y la justicia o si representaron el inicio del camino para su logro», sostuvo y manifestó: «Venimos con una historia cargada de cicatrices, no lo voy a negar; pero voy a repetir una frase del presidente Kirchner: venimos con memoria pero sin rencores».

Una semana después se votó en el Senado. La última oradora en la madrugada del 21 de agosto fue la entonces hoy vicepresidenta Cristina Fernández: «Quisiera decir que hoy estamos haciendo un acto de reparación y reconstrucción institucional y moral de la Argentina. Cuando digo institucional me refiero a que no puede ser que los ciudadanos argentinos sigan viendo a sus instituciones como las que atentan contra los más elementales principios de convivencia y pacto social que nos debe animar a todos. Es moral porque no es cierto que el futuro se pueda construir barriendo la suciedad y poniéndola debajo de la alfombra. Esto no es cierto», argumentó. También se refirió a la lucha de las organizaciones de Derechos Humanos, que «llevaron su reclamo en paz durante muchísimos años».

«Siempre me pregunto qué hubiera hecho yo si uno de mis hijos hubiera desaparecido. Por eso, quiero felicitar a las organizaciones de Derechos Humanos por el ejemplo de tolerancia y de civismo que nos han dado a todos los argentinos», agregó.

Casi a las dos de la mañana, José Luis Gioja, presidente provisional del Senado, quien dirigía la sesión, contabilizó 43 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención. “Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley por amplia mayoría”, dijo el sanjuanino.

Apenas unos días después, el 2 de septiembre, el presidente Néstor Kirchner reglamentó la ley y la justicia comenzó a reabrir las causas por delitos de lesa humanidad. En 2005, la

la Corte Suprema de Justicia confirmó la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y también la validez de la anulación votada en el Congreso. Un año después, comenzaron los juicios por crímenes de lesa humanidad que aún hoy se realizan en todo el país.

Fuente:TiempoArgentino