El caso que reivindica Villarruel ya fue juzgado y no fue un crimen de lesa humanidad.

 

El caso que reivindica Villarruel ya 

fue juzgado y no fue un crimen de 

lesa humanidad

Por Daniel Satur, Resumen Latinoamericano, 5 de agosto de 2023.

El coronel Argentino del Valle Larrabure murió en 1975. Un año antes había sido secuestrado por el ERP, pero nunca se comprobó que lo hayan matado. Tras varios intentos frustrados de los sectores negacionistas por hacerlo pasar como un “crimen de lesa humanidad”, en 2018 la Cámara Federal de Rosario volvió a rechazar esa pretención y archivó la causa.

El acto convocado este lunes por Victoria Villarruel en la Legislatura porteña fue de absoluto negacionismo del genocidio y de contundente defensa de los genocidas. Pero la candidata a vicepresidenta de Javier Milei por La Libertad Avanza no es ingenua. Por eso presentó el hecho político como un evento para homenajear a víctimas del “terrorismo”. A secas, porque a las víctimas del terrorismo de Estado las detesta.

Villarruel hace una amalgama jurídica y una maniobra ideológica para dar vuelta la verdad e intentar tergiversar la historia. Por un lado, niega que haya habido 30.000 personas detenidas desaparecidas en Argentina. Por otro, afirma (sin pruebas ni inventarios) que las guerrillas que actuaron entre los años 60 y 70 del siglo pasado generaron 17.380 víctimas. Con esa premisa, junto a otros fanáticos, formó en 2006 el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv).

Tomando como base la alfonsinista teoría de los dos demonios, el Celtyv pretende que los militares y policías “caídos en combate” sean considerados judicial y socialmente víctimas de crímenes de lesa humanidad. Eso sí, para igualarlos a los crímenes cometidos desde el propio Estado (antes y después del 24 de marzo de 1976), Villarruel debe callar sobre las apropiaciones de cientos de niñas y niños, del arrojo de miles de personas vivas al mar, de las sesiones de tortura sistemática a las personas detenidas e, incluso, del robo de propiedades y bienes de las y los secuestrados, llenando los bolsillos de generales, almirantes, brigadieres y comisarios.

Esos crímenes, para ella, son apenas efectos colaterales de la heróica guerra contra el enemigo marxista que amenazaba a la Argentina occidental y cristiana.

Según denunciaron varios medios, autoridades de la Legislatura impidieron el ingreso de medios acreditados en el Parlamento porteño al salón donde Villarruel organizó el evento | Foto captura de Youtube

“A 40 años del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Memoria, Verdad y Justicia. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, decía la placa de mármol que no pasó desapercibida en el ingreso del salón. Ese consenso democrático básico era el que se estaba tensionando puertas adentro del Salón Dorado, en lo que parecía ser el fruto de un trabajo que la organización de Villarruel viene llevando adelante desde su creación en 2006, tomando el vocabulario de las luchas por los derechos humanos, pero transformándolo bajo el neologismo de la “memoria completa” (aunque, claro, sin gozar antes del aval de los votos a la activista devenida candidata, ni del aval institucional de una Legislatura). 

Lo que se escenificó (ahora con todas las cámaras y flashes encima) no es nuevo en las manifestaciones de esta organización: la construcción de la figura de “víctima del terrorismo” seleccionando casos emblemáticos —todos, previos al golpe de Estado—, la elaboración de datos y estadísticas propias de difícil contrastación. Con el pedido de “Verdad y Justicia” (omitiendo la idea de memoria, que ha sido transformada), se aboga por “los derechos humanos de todos”, por “las víctimas del terrorismo que fueron desaparecidas”. 

La agresión a los organismos

Victoria Villarruel se cuidó de no hacer mención alguna a la defensa de la familia militar de la que proviene y a la que defiende —mucho menos, a sus visitas a la cárcel a Jorge Rafael Videla, o al motivo por el cual Etchecolaz anotó su nombre en su agenda al momento del juicio en el que desapareció Jorge Julio López—. Pero avanzó, en cambio, en agresiones a los organismos de derechos humanos: “¿Quién podría oponerse al homenaje a víctimas inocentes, si no fuera porque es cómplice o parte de los que ponían bombas que asesinaban a estos inocentes?”, acusó. “Los que impiden que nuestro dolor sea recordado son los que tienen las manos manchadas de sangre de nuestros seres queridos. Los que monopolizan el recuerdo en nombre del comunismo, el marxismo, Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo, de una revolución que nadie les pidió”, abundó.   

La agresión se hizo más virulenta después del acto en el canal LN+, focalizada en Estela de Carlotto: “Carlotto ha sido un personaje bastante siniestro para nuestro país, porque con ese cariz de abuelita buena la realidad es que ha justificado al terrorismo, ha hecho política desde siempre, tiene a toda su familia colocada en el Estado. Puede sentir dolor por la muerte de su hija, pero tiene que contar que su hija era combatiente de Montoneros”, agredió sin acotación ni repregunta del periodista, que escuchaba asintiendo. 

Antes que ella, en el acto hablaron Lorenza Ferrari, Graciela Saraspe y Arturo Larrabure, tres familiares de víctimas de actos de terrorismo que se produjeron antes del golpe de Estado de 1976 (Larrabure es hijo de Argentino del Valle Larrabure, Mayor del Ejército secuestrado en 1974 por el ERP en la Fábrica Militar de Villa María). Entre el público resaltaron dos presencias: Delfina Wagner, la influencier libertaria vinculada a la organización del atentado contra Cristina Kirchner, y Ximena de Tezanos Pinto, “la vecina de Cristina”. También varios exmilitares, esposas y viudas de militares, que celebraron el encuentro al grito de “¡Viva la Patria!”.

“Quiero agradecer muy especialmente la presencia de las víctimas del terrorismo, que hace más de 40 años están sufriendo el dolor más indecible: que tu propio país te niegue”, inició Villarruel, y agradeció también a los integrantes de La Libertad Avanza presentes. “Muchos no pudieron estar porque el autoritarismo está afuera”, explicó, en referencia a la manifestación de organismos de derechos humanos.

El coronel Larrabure

La candidata a vicepresidenta realizó este lunes el acto de reivindicación del terrorismo de Estado presentando casos de supuestas víctimas del “terrorismo subversivo”. Uno de esos casos es el del coronel Argentino del Valle Larrabure. Junto a Villarruel, en la Legislatura estuvo Arturo Cirilo Larrabure, el hijo de quien en agosto de 1974 era subdirector de la Fábrica Militar ubicada en Villa María y fue secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) cuando éste había asaltado la planta.

El 23 de agosto de 1975, un año después de su secuestro, el cuerpo de Larrabure fue hallado en el que había sido su lugar de cautiverio. Estaba ahorcado. Los grandes medios repitieron la versión del Ejército según la cual el coronel tenía signos de tortura. Pero la autopsia determinó que Larrabure se suicidó, sin intervención de terceros y que al momento de morir estaba físicamente bien.

A su vez el empresario René Vicari, quien estaba secuestrado junto a Larrabure, relató tras ser liberado que cuando se halló el cuerpo del militar los militantes del ERP se encontraban sumamente nerviosos y movedizos e incluso alejaron todo tipo de elemento de las improvisadas celdas que “pudieran permitir otro suicidio”.

La investigación de las causas de la muerte estuvo a cargo del Juzgado Federal 1 de Rosario. Primero se intentó probar que se trató de un homicidio. Pero ni las pericias y los testimonios sirvieron a esa hipótesis. El proceso judicial terminó en 1983 con condenas de entre ocho y quince años de prisión contra varias personas acusadas del secuestro de Larrabure. Casi todas ya habían sido asesinadas o desaparecidas.

Organismos de derechos humanos en las afueras de la Legislatura | Foto Enfoque Rojo

Derecho y revés

Si bien es cosa juzgada y no puede hacerse un nuevo juicio por los mismos hechos, en 2007 Arturo Cirilo Larrabure decidió, junto al Celtyv , presentarse en el Juzgado rosarino para pedir la reapertura del expediente. La pretención era forzar a que el Poder Judicial fallara en favor de considerar ese supuesto crimen de la guerrilla como un delito de lesa humanidad, obligando a que se siga investigando. Contradiciendo al mismo derecho penal burgués que estudió la abogada Villarruel, se buscaba dar un nuevo golpe a la lucha por verdad y justicia.

Los herederos de los genocidas intentaban contrarrestar la sucesión de juicios contra genocidas que había habilitado la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final (de la UCR alfonsinista) y los indultos (del PJ menemista). Como se relata en otra nota, mientras Etchecolatz era condenado a perpetua y Jorge Julio López era desaparecido por segunda vez, desde los sectores progenocidio se buscaba amedrentar al movimiento de derechos humanos que encabezaba los juicios.

Pero a Larrabure hijo la jugada le salió mal. La causa tuvo varios movimientos y hubo un fiscal que casi acepta la invitación del Celtyv a cometer esa aberración jurídica. Hubo muchas discusiones sobre si la causa había o no prescripto. El caso llegó hasta la Procuración General de la Nación, que en su dictamen negó toda posibilidad de considerar crímenes de lesa humanidad las acciones guerrilleras. Finalmente la Cámara Federal de Rosario votó la ratificación del archivo de la causa.

En 2018 los Larrabure volvieron a insistir con su pedido. En marzo de ese año llegaron nuevamente hasta la Cámara Federal rosarina. En septiembre los camaristas Fernando Barbará, Aníbal Pineda, Jorge Gallino, Elida Vidal y José Toledo votaron por unanimidad que la causa no debe volver a abrirse.

No se puede negar

El fallo de la Cámara dice, entre otras cosas, que “la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de nuestro máximo Tribunal impone el rechazo de la imprescriptibilidad de los hechos que nos ocupan. En efecto, en primer lugar, no se ha acreditado que el hecho tratado fuera cometido como parte de un ataque sistemático contra la población civil en el marco de una política de Estado o con apoyo estatal, extremos que es crucial probar, por tratarse de elementos de contexto descritos en el art. 7 del Estatuto de Roma, que establecen las condiciones que debe reunir la comisión de alguno de los delitos que se enumeran en el artículo para constituir un crimen de lesa humanidad”.

Villarruel, Larrabure, el Celtyv y compañía intentan torcer la verdad histórica para ubicarse como víctimas. Pero buscando crímenes de lesa humanidad donde no los hay y recreando la nefasta teoría de los dos demonios, encubren su verdadero objetivo: reivindicar el genocidio y defender a capa y espada a quienes secuestraron, torturaron, desaparecieron, robaron bebés y saquearon casas y bienes.

Por eso este lunes, mientras el Celtyv reunía a representantes de la familia militar en una de las salas de la Legislatura porteña, afuera se produjo una importante concentración de repudio a semejante provocación fascistoide. Allí estuvieron diversos organismos de derechos humanos, sobrevivientes de la dictadura, hijas e hijos de desaparecidos (incluyendo nietas y nietos recuperados), organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y partidos de izquierda. La mayoría nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.

Allí estuvo Myriam Bregman, abogada del CeProDH, diputada nacional y candidata a presidenta por el Frente de Izquierda . Consultada sobre el evento convocado por Villarruel, dijo que “es importante contestarle con el repudio político, ellos hacen un acto, nosotros tenemos que demostrar que sus ideas nos siguen causando el mismo repudio de siempre”.

Bregman agregó que Villarruel hace muchos años “milita en esto, imaginate que aparece en la agenda de Miguel Osvaldo Etchecolatz, una agenda que fue secuestrada en uno de los allanamientos que pedimos en el año 2006”.

“Es una verdadera provocación como todo lo que hace Villarruel desde hace muchísimos años, como todo lo que hace Larrabure que la acompaña en esta charla. Dicen que quieren buscar la verdad, no hay ninguna verdad que tengan que buscar acá, la verdad nos la tiene que decir lo genocidas que ellos defienden, porque los genocidas son los que saben el destino de los 30.000 detenidos desaparecidos, son los que saben el destino de esos más de 400 jóvenes que fueron apropiados en la dictadura y que hoy continúan con la identidad cambiada”, sentenció la candidata del FITU . 

Fuente: La Izquierda Diario

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