ENTREVISTA
“Cuando se niegan los hechos probados, estamos ante un debate político ideológico”
En su libro “Historia de la última dictadura militar:Argentina 1976-1983, la historiadora Gabriela Águila sepropone analizar desde nuevas perspectivas unos de losperíodos más trágicos de la historia del país
Las recientes declaraciones de algunos candidatos de derecha en la campaña electoral, junto con la viralización de comentarios negacionistas en redes sociales pusieron una vez más en el centro del debate público la discusión sobre las interpretaciones de nuestro pasado reciente.
En este contexto la aparición del libro “Historia de la última dictadura militar: Argentina, 1976-1983”, de Gabriela Águila propone incorporar los estudios producidos en las investigaciones de los últimos veinte años y renovar las perspectivas sobre historia reciente apelando a un lenguaje coloquial que interpele a públicos amplios.
El Suplemento Universidad de Página/12 conversó con su autora para recorrer el panorama de la discusión académica detrás del libro y pensar sobre el debate público actual.
Gabriela Águila es doctora en Historia por la Universidad Nacional de Rosario (UNR); profesora de Historia Latinoamericana Contemporánea en esa institución e investigadora principal del Conicet.
-¿Por qué aún no hay consensos sobre cómo interpretar el proceso histórico que derivó en la última dictadura?
-En la Argentina, el pasado reciente y su memoria se presentan como un territorio en disputa. Y esto no es una novedad de este tiempo. Es algo que viene sucediendo desde hace cuarenta años. Justamente porque es un tema que, lejos de ser estrictamente pasado, tiene vínculos muy evidentes con el presente. En particular, en el plano de la memoria social o de los procesos memoriales que se asocian a ese pasado de violencia política, represiva y de violaciones a los derechos humanos. Lo que ocurre en Argentina no es un caso único, comparte características con otros casos de sociedades que han atravesado pasados violentos de crímenes, represiones a escala masiva cuyos efectos sociales, individuales, y subjetivos, persisten. Son intergeneracionales y además se expresan en las memorias sociales y también en los debates públicos y políticos. Esto también ha tenido impacto sobre la investigación académica. El desarrollo de la historia reciente no puede separarse de un contexto sociopolítico favorable a la revisión del pasado, vinculados a procesos como las políticas estatales de memoria y el avance de las causas judiciales por delitos de lesa humanidad. Asimismo, no hay que perder de vista el mayor acceso a los archivos y formas documentales que no han sido exploradas.
-¿Cuáles son los principales avances en la investigación del periodo?
-En estos ultimo veinte años, lo primero que se advierte es la ampliación notable de las investigaciones sobre el pasado reciente y sobre la dictadura en particular. Esto contribuyó a una renovación, no solo de los estudios sino de las interpretaciones del periodo. Es una producción que se localiza en el campo de la historia, pero también de otras disciplinas sociales y que se caracteriza por plantear nuevas preguntas, por abordar nuevos temas, hasta el momento poco explorados y que en gran parte está fundada en un trabajo de archivo riguroso y exhaustivo.
Esto implica plantear nuevas escalas de observación. Hay una enorme cantidad de trabajos a escala local, regional o provincial que se han centrado en espacios muy poco analizados hasta no hace mucho tiempo atrás.
Se han multiplicado los trabajos sobre distintos actores sociales y políticos.
Desde los más clásicos de los partidos políticos en dictadura (que se han ampliado mucho en el último tiempo); los estudios más tradicionales sobre el movimiento obrero; los trabajos sobre los Derechos Humanos; las investigaciones sobre los jóvenes y el movimiento estudiantil, sobre el ejercicio de la represión estatal y el funcionamiento del régimen militar; sobre distintos colectivos y organizaciones. En definitiva, hay una renovación importante en la construcción de una historia social de la dictadura.
-¿Por qué la hipótesis de la guerra sigue teniendo tanta circulación publica?
- Las Fuerzas Armadas hablaban de lucha o guerra contra la subversión desde los años previos al golpe de Estado, y no solamente las Fuerzas Armadas sino una serie de sectores sociales y políticos que utilizaron esa categoría para definir el accionar represivo. Este siguió siendo un argumento muy fuerte hasta los últimos años del proceso e incluso durante los años posteriores. En particular en las causas judiciales donde los militares implicados fueron juzgados por violaciones a los derechos humanos. El argumento ahí era que hubo una guerra iniciada por las organizaciones de la izquierda armadas en la que las Fuerzas Armadas se vieron “obligadas a intervenir”. Esta interpretación explicaba y justificaba ese accionar, incluido los “excesos” cometidos en el cumplimiento del deber militar. Lo cierto es que lo sucedido no fue una guerra, ni un enfrentamiento entre ejércitos beligerantes, ni una guerra civil, sino como está contundentemente probado, tanto en la investigación académica como en la investigación judicial. Hubo una represión brutal implementada por las Fuerzas Armadas con las fuerzas de seguridad del Estado que monopolizaban el ejercicio de la violencia legítima, o definida como legitima, sobre grupos políticos armados que al momento del golpe de Estado ya habían perdido gran parte de su capacidad operativa.
Sin embargo, este argumento es, cada tanto, exhumado y reaparece en la escena política traído por sectores que por definición niegan o por lo menos relativizan los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas y de Seguridad por esos años. Además, articulan esta explicación con otros elementos como el cuestionamiento a la cifra de los desaparecidos o las víctimas de la guerrilla, como parte de una disputa político ideológico en el presente acerca del pasado, su memoria y sus sentidos. En definitiva, cuando se niegan los hechos probados, estamos ante un debate político ideológico.
-En el libro destaca que la violencia política no constituye la causa principal del golpe. ¿Cuáles serían las causas?
- A mí lo que me interesaba poner en cuestión en el libro son algunas interpretaciones sobre el golpe de Estado. Una de ellas es la que vincula el golpe con el incremento de la violencia política en el periodo previo. Muchas veces este argumento presentaba como parte de un mismo proceso de violencia la ejecutada por las organizaciones armadas y la represión implementada por las Fuerzas Armadas y de seguridad. Incluso equiparando ambas violencias. Esta interpretación aparece en el informe “Nunca Más” de la Conadep.
Registrar que se incrementó la violencia en los años previos al golpe no debe ocultar que esas formas de violencia tuvieron diferencias notables como en sus objetivos, en sus actores, en sus víctimas, en sus metas o en sus resultados. Se trata entonces de ejercicios de la violencia no equiparables.
No trato de minimizar el papel de la violencia política, pero sí de evitar explicaciones monocausales que restrinjan la centralidad que tienen otros elementos que intervienen en la gestación del golpe de Estado como pueden ser la crisis económica y sus efectos sobre los trabajadores, el creciente malestar social y los elevados niveles de conflictividad que preocupan al empresariado. Tampoco niego la crisis de representatividad de los partidos políticos, el descredito del gobierno de Isabel Perón, el papel político y la intervención de las Fuerzas Armadas. Todo eso compone un cuadro en donde la violencia política es un dato porque contribuye a dar forma al clima social y político del periodo, pero da cuenta de un tablero multicausal más rico y complejo.
-¿La cuestión del número de víctimas constituye una discusión académica o es estrictamente política?
- Evidentemente es una discusión política y una muestra de eso son las reiteradas manifestaciones y polémicas que periódicamente se instalan en el espacio público negando o relativizando los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas y de seguridad. La cuestión se vincula con un hecho muy específico que es la negación sistemática de la cantidad de muertos y desaparecidos que la propia dictadura militar, y más adelante los implicados junto con quienes los defienden, hacen del número.
Por otra parte, los organismos de derechos humanos han sostenido, desde los años finales del régimen militar y hasta la actualidad, la cifra de los 30.000.
Es una cifra calculada sobre la base de las denuncias realizadas en distintas instancias por la Conadep, entre 1983 y 1984, a las que se sumaban un estimado de víctimas no denunciadas. Como tal, la cifra es un cálculo estimado como resultado del accionar represivo que se ha mantenido por su significación simbólica, social y política hasta la actualidad. Incluso, superponiéndose a los números del “Nunca Más” o a la mayor cantidad de casos registrados en el Registro Unificado de Victimas del Terrorismo de Estado.
La virulencia del debate ha solapado el problema central, que es el de la cuantificación. En este sentido, considero que la cuestión es parte del mundo académico y no deberíamos tener que eludirla. Es decir, la cuestión hasta ahora se ha centrado en el número de la desaparición de personas, pero la cuantificación no puede ceñirse exclusivamente a las personas desaparecidas porque el ejercicio de la violencia estatal incluyó otros métodos y formas.
Los miles de asesinatos de personas identificadas, las cifras de los prisioneros políticos y de los exilios, los cientos de niños apropiados que padecieron la represión junto a sus padres; las miles de personas que pasaron por centros clandestinos de represión y sobrevivieron… Y me estoy refiriendo aquí a quienes sufrieron directamente la violencia represiva y no a los afectados indirectos como pueden ser los familiares de las víctimas.
Fuente:Pagina12
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